Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2010-00335-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2010-00335-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2010-00335-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
25 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de marzo de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00335-00
Referencia. Acción de nulidad
Actores: FLAVIO GONZÁLEZ USAQUEN Y OTROS
TESIS: EN EL TRÁMITE QUE SE DIO PARA LA EXPEDICIÓN DEL
ACUERDO NÚM. 022 DE 2009 NO SE VIOLÓ EL DERECHO DE
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD, NI SE DESCONOCIÓ EL DEBER
DE COORDINAR CON LAS ENTIDADES TERRITORIALES LA
DETERMINACIÓN DE LAS ZONAS DE RESERVA, NI TAMPOCO SE
DESCONOCIÓ EL DERECHO DE PROPIEDAD.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Los señores FLAVIO GONZÁLEZ USAQUEN, JOSÉ JOAQUÍN
PACHÓN PACHÓN, JUAN NEPOMUCENO RODRÍGUEZ CONEJO,
AMADEO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO BALLEN NIETO
y OSCAR HERNANDO OLAYA RINCÓN, mediante apoderado y en
ejercicio de la acción de nulidad, prevista en el artículo artículo 84 del
Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, presentaron
demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad del
Acuerdo núm. 022 de 18 de agosto de 2009, “Por el cual se declara
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como Reserva Forestal Protectora y Distrito de Manejo
Integrado (DMI) al Páramo de Guargua y Laguna Verde y se
adoptan otras determinaciones”, expedido por el Consejo Directivo
de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-, en
adelante CAR.
I.- FUNDAMENTOS DERECHO
En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la violación de los
artículos 1º, 2º, 25, 40, 44, 58, 64, 65, 79, 311, 313, numeral 7, y el
preámbulo de la Constitución Política; 1º, numerales 12, 13 y 14, de
la Ley 99 de 19931; y 3º, 4º, 6º, 7º, de la Resolución núm. 839 de
2003, expedida por la Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
Explicó el alcance del concepto de la violación, aduciendo, en síntesis,
lo siguiente:
. PRIMER CARGO: VIOLACIÓN DEL DEBER DE PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA.
1
“Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”.
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FALTA DE APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1º, 2º, 40, NUMERAL
2, Y 79 Y DEL PREÁMBULO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; Y
1º, NUMERALES 12, 13 Y 14, 2º, 23, 31, NUMERALES 3 Y 27, DE
LA LEY 99; Y 3º, 4º, 6º, 7º, DE LA RESOLUCIÓN NÚM. 839 DE
2003, EXPEDIDA POR LA MINISTRA DE AMBIENTE, VIVIENDA Y
DESARROLLO TERRITORIAL.
Señaló que la CAR violó el derecho de participación de la comunidad
en el trámite que dio a la declaratoria de Reserva Forestal Protectora
y Distrito de Manejo Integrado (DMI) al páramo de Guargua y Laguna
Verde.
Anotó que es una verdadera obligación del Estado asegurar la
participación de la comunidad, en lo relacionado con la declaratoria de
zonas de reserva.
Expresó que frente a la iniciativa de declarar como Reserva Forestal
Protectora y Distrito de Manejo Integrado al Páramo de Guargua y
Laguna Verde, se le suministró información falsa e incompleta a la
comunidad.
Explicó que existieron inconsistencias en la información, en relación
con los límites de la zona de reserva, tanto forestal como del Distrito
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de Manejo Integrado, y en cuanto a las cargas que se imponían, así
como a las distintas formas de intervención y su alcance.
Agregó que la comunidad se opuso de manera vehemente y
reiteradamente a la expedición del acto administrativo acusado; y que
se desconocieron los requerimientos de aquella.
.SEGUNDO CARGO: VIOLACIÓN Y DESCONOCIMIENTO DE LAS
COMPETENCIAS MUNICIPALES.
FALTA DE APLICACIÓN DEL PARÁGRAFO 4 DEL ARTÍCULO 31 DE
LA LEY 99, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 63, 64,
NUMERAL 8, 311 Y 313, NUMERAL 7, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA.
Adujo que si bien es cierto que de conformidad con el principio de
jerarquía normativa y la competencia, que le confiere el numeral 16 del
artículo 31 de la Constitución Política, es función de la CAR la
determinación de las zonas de reserva, no es menos cierto que dicha
actuación tiene que realizarse “en estrecha coordinación” con las
entidades territoriales.
Que no obstante lo anterior, la Junta Directiva de la CAR desconoció el
citado deber, especialmente, en lo relativo al Municipio de Tausa, que
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además es el más afectado en cuanto a la proporción del territorio, pues
gran parte del mismo quedó incluido en la zona de conservación, a pesar
de que ya se habían aprobado los planes de ordenamiento territorial
municipales, aceptados por la misma CAR, que verificaban la existencia
de tierras protegidas por su importancia ambiental.
.TERCER CARGO: VIOLACIÓN Y DESCONOCIMIENTO DE LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES.
Alegó que la expedición del acto acusado trajo como consecuencia la
violación o amenaza a los derechos fundamentales de aplicación directa
de las personas que viven en las zonas declaradas como de reserva,
incluyendo grupos de especial protección, como niños y ancianos, en
especial, el desconocimiento del derecho de la propiedad, pues una cosa
es gravar, en un cierto aspecto, un bien de un particular por su función
ecológica y otra, muy distinta, imponer tal nivel restrictivo que no se
puedan realizar de manera efectiva los atributos del derecho real de
dominio (uso, goce y disposición), así como el desconocimiento total del
medio de subsistencia ordinario y legítimo de los campesinos.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
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La CAR se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora, por
cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico.
Adujo que el acto acusado se expidió en total respeto de la normativa y
con el fin de proteger el ambiente; que los derechos subjetivos que los
actores manifiestan como móvil en su demanda no son susceptibles de
protección, a través de la acción de nulidad; y que la acción contencioso
subjetiva prevista para el efecto ha caducado, toda vez que el acto que
se demanda fue expedido el 18 de agosto de 2009, mientras que la
demanda fue presentada el 11 de mayo de 2010.
Que la demanda que dio lugar al presente proceso no contiene el
requisito relacionado con la presentación de “los fundamentos de
derecho de la pretensiones”.
Que aunque en la demanda aparece el título “NORMAS VIOLADAS Y
CONCEPTO DE SU VIOLACIÓN”, su contenido se redujo a enunciar y
transcribir una serie de normas constitucionales y legales, sin explicar el
concepto de violación.
Destacó que en tratándose de la pretensión de nulidad de actos
administrativos, los fundamentos de derecho deben no solo enunciar y
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transcribir las normas que la parte actora estima violadas, sino, ante
todo, precisar y explicar el concepto de violación, máxime cuando se
actúa mediante apoderado judicial.
Señaló que el concepto de violación es la parte más importante de la
demanda, pues delimita el campo de acción del juez, dado que, por
tratarse de una justicia rogada, el Juez Contencioso solamente puede
pronunciarse en la sentencia acerca de las normas y el concepto de
violación esgrimido por la parte actora, lo que, además, delimita el
alcance de la sentencia no estimatoria de las pretensiones.
Para el efecto, trajo a colación la sentencia de 7 de abril de 1999,
proferida por la Corte Constitucional2, en la que señaló que la exigencia,
que contiene el artículo 137 del CCA, cuando se demandan actos
administrativos encuentra su justificación en que los actos
administrativos constituyen la forma o el modo usual en que se
manifiesta la actividad de la Administración, con miras a realizar las
múltiples intervenciones en la actividad de los particulares, que en
2
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia de 7 de abril de 1999, núm. único de radicación D-2172 (No
se precisó el número de la sentencia, ni el Magistrado ponente).
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cumplimiento de los cometidos, que le son propios, autoriza el derecho
objetivo.
Que, además, dicha sentencia expresó que las razones por las cuales las
normas acusadas se estiman violadas deben ser expresadas, ya que el
ataque indeterminado y sin motivos no es razonable.
III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN
A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en
desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista,
probatoria y alegaciones.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL
MINISTERIO PÚBLICO
IV.1.- Vencido el plazo, dentro del lapso concedido para alegar en esta
instancia, la Procuraduría Delegada para la Conciliación
Administrativa3 en su vista de fondo, se muestra partidaria de que
3
A través de escrito de 31 de enero de 20223, el doctor ROBERTO AUGUSTO SERRATO
VALDÉS manifestó impedimento para conocer del presente asunto, por haber actuado como
Ministerio Público en el proceso de la referencia, el cual le fue declarado fundado mediante
auto de la misma fecha, por lo que, en consecuencia, se ordenó separarlo del conocimiento
del mismo.
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se denieguen las pretensiones de la demanda, arguyendo, en esencia,
lo siguiente:
Expresó que la Jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de
Estado ha considerado que el requisito previsto en el artículo 137 del
CCA, referente a que deben indicarse las normas violadas y explicarse
el concepto de violación, se entiende cumplido aunque a la explicación
ofrecida le falte claridad, sea incoherente, insuficiente o careza de
rigor, para lo cual trajo a colación la sentencia de 30 de agosto de
20124, proferida por la mencionada Sección.
Indicó que la demanda cuenta con un acápite denominado “NORMAS
VIOLADAS Y CONCEPTO DE SU VIOLACIÓN”, el cual dividió en tres
cargos, razón por la cual resulta evidente que la parte actora cumplió
con las exigencias del artículo 137 del CCA, indicando las normas
violadas y el concepto de violación.
Alegó, con respecto al primer cargo, que al observar las normas que la
parte demandante esgrime como violadas, ninguna de ellas se
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de agosto
de 2012, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 05001-23-31-000-2003-03921-01.
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encuentra relacionada en forma específica con la decisión cuestionada
por la CAR.
Sostuvo que la Resolución núm. 839 de 2003 tiene por objeto,
conforme a su artículo 1º, establecer los términos de referencia para
la elaboración del estudio sobre el estado actual y el plan de manejo
ambiental de los páramos, lo cual difiere del trámite que adelantó la
Administración para declarar como Reserva Forestal Protectora y
Distrito de Manejo Integrado al Páramo de Guargua y Laguna Verde,
regulado en la Ley 99, los decretos 2811 de 18 de diciembre de 19745,
1974 de 31 de agosto de 19896, 2855 de 25 de agosto de 20067 y las
resoluciones 703 del 25 de junio de 2003 y 769 de 5 de agosto de
2002, expedidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
Afirmó que el artículo cuarto de la parte resolutiva del acuerdo acusado
tuvo en cuenta la citada Resolución núm. 839 de 2003 para efectos de
establecer la participación de la comunidad y está en consonancia con
5
“Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente”, expedido por el Presidente de la República.
6
“Por el cual se reglamenta el artículo 310 del Decreto- Ley 2811 de 1974, sobre Distritos de Manejo
Integrado de los Recursos Naturales Renovables y la Ley 23 de 1973”, expedido por el Presidente de la
República.
7
“Por el cual se modifica el Decreto 1974 de 1989”, expedido por el Presidente de la República.
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el artículo séptimo de dicho acto demandado, que al referirse al
contenido del Estudio sobre el Estado Actual de Páramos y del Plan de
Manejo Ambiental, dispuso como uno de los puntos que debe incluir la
formulación de este plan, el diseño y ejecución de las estrategias de
gestión comunitaria e institucional.
Manifestó, frente a la violación de los artículos 1º, 13, 23, 31 de la Ley
99, que éstos no guardan una relación directa con el objeto del acto
administrativo, esto es, la declaratoria como Reserva Forestal
Protectora y Distrito de Manejo Integrado del Páramo de Guargua y
Laguna Verde.
Mencionó que en la Ley 99, en los decretos 2811 de 1974, 1974 de
1989, 2855 de 2006 y en las resoluciones 703 del 25 de junio de 2003
y 769 de 5 de agosto de 2002 no se encuentra prevista la
obligatoriedad de realizar consultas o concertaciones con la comunidad
para que pudiera adoptarse la decisión administrativa acusada.
Resaltó que en el Decreto 1974 se establece, en su capítulo VIII, la
participación de la comunidad en los distritos de manejo integrado de
los recursos naturales renovables, una vez declarados aquellos
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distritos, en la forma de asociaciones, conforme se dispone en sus
artículos 19, 20, 21 y 22.
Anotó que la Resolución núm. 769 de 5 de agosto de 2002, por la cual
se dictaron disposiciones para contribuir a la protección, conservación
y sostenibilidad de los páramos, establece la participación de la
comunidad en el plan de manejo ambiental, acorde con la Resolución
núm. 839 de 2003.
Que el Acuerdo núm. 028 de 29 de diciembre de 2000, por el cual el
Municipio de Tausa adoptó el Esquema de Ordenamiento Territorial,
señala, en su artículo 63, que la definición y delimitación del Distrito
de Manejo Integrado sería el resultado de la concertación con las
comunidades.
Que, en resumen, la normativa que regula el trámite para declarar
como Reserva Forestal Protectora y Distrito de Manejo Integrado al
Páramo de Guargua y Laguna Verde no prevé mecanismo alguno de
consulta o concertación, que deba agotarse para la expedición del acto
administrativo demandado.
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Que, no obstante ello, se acredita que la CAR de Cundinamarca llevó a
cabo un proceso de concertación y discusión de la iniciativa con la
comunidad, conforme al esquema de ordenamiento territorial de los
municipios, frente a la cual algunas personas se mostraron contrarias,
sin que pueda decirse que la negativa a la misma fuera unánime o
vehemente.
Señaló que, en tal sentido, la parte actora no acreditó que dicha
Corporación hubiere suministrado información falsa o incompleta en
relación con la iniciativa.
Puntualizó que resulta claro que la CAR de Cundinamarca no puede
claudicar en el ejercicio de sus funciones por el descontento que
expresan algunas personas de la comunidad, debido a que las mismas
trascienden el ámbito local, además de estar en juego el derecho de
gozar de un ambiente sano.
Advirtió que el acto administrativo acusado, de acuerdo con las normas
que regularon la declaratoria de Reserva Forestal Protectora y Distrito
de Manejo Integrado, estableció la participación de la comunidad y de
las entidades territoriales, en la formulación y adopción del Plan de
Manejo Ambiental, por lo que, a su juicio, no está acreditada la
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violación de las normas jurídicas expuestas por la parte actora y, por
tal razón, el cargo por violación del derecho de participación no tiene
vocación de prosperidad.
Adujo, con respecto al segundo cargo, que en la Resolución núm. 2140
de 29 de diciembre de 2000, mediante la cual se declaró concertado el
esquema de ordenamiento territorial del Municipio de Tausa, le anunció
al mencionado ente territorial que aplicaría una categoría de
administración a esta zona y una de las opciones era el Distrito de
Manejo Integrado.
Expresó que dicha intención fue establecida por el mismo ente
territorial, en el Acuerdo núm. 028 de 2000, al indicar, en su artículo
63, que en el área rural, el Esquema de Ordenamiento Territorial
plantea la creación de un Distrito de Manejo Integrado.
Estimó que existió coordinación entre la CAR y el Municipio de Tausa,
en tanto que en el mismo Esquema de Ordenamiento Territorial se
estableció la creación de un Distrito de Manejo Integrado, cuya
declaratoria le corresponde, en virtud de los artículos 3º y 6º del
Decreto 1974 a la CAR, motivo por el cual este cargo tampoco tiene
vocación de prosperidad.
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Indicó, en lo concerniente al tercer cargo, que si existieron personas
afectadas con la expedición de acto demandado son estas las que han
debido acudir directamente ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, para solicitar, además de la nulidad del acto
administrativo, el restablecimiento del derecho y la indemnización de
los perjuicios causados, ya que no es este el alcance de la acción de
“simple” nulidad.
Anotó que la parte demandante tampoco precisó quiénes son los niños,
ancianos y titulares de derechos de propiedad que se ven afectados, ni
especificó sus circunstancias particulares, razón por la cual este cargo
resulta ser una mera especulación sin sustento.
IV.2.- Por su parte, los actores a través de escrito visible a folios 198
a 223, reiteraron los argumentos expuestos en la demanda, en el
sentido de que el Acuerdo núm. 022 de 18 de agosto de 2009 no
cumple con los requisitos constitucionales, legales ni reglamentarios en
materia de socialización; no se fundamenta en criterios técnicos; y
carece de validez, al afectar de forma injustificada o exagerada derechos
constitucionales de aplicación inmediata.
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IV.3.- La CAR, a través de escrito visible a folios 225 a 237, insistió
en los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, para
lo cual sostuvo que el acto acusado es un acto administrativo de
carácter generar, impersonal y abstracto, que se encuentra
debidamente motivado y fundado en los antecedentes respectivos de
los que se desprende justificación ambiental; que se expidió con total
respeto de la normativa y con el fin de proteger el ambiente; y que los
supuestos derechos subjetivos que los actores aducen como móviles
de la demanda, no son susceptibles de protección mediante el
contencioso objetivo de nulidad.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
De manera preliminar, debe ponerse de presente que en el texto de la
demanda aparecen relacionadas las normas que se estiman violadas;
y si bien solo respecto de algunas de ellas se explicó el alcance de su
violación, la Sala la estima suficiente para proceder a realizar el
examen de legalidad del acto acusado.
No puede perderse vista que en una acción de nulidad, que está en
juego el interés público de la comunidad, así como la garantía del
derecho de acceso a la administración de justicia, debe el Juez
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Contencioso Administrativo proceder con amplitud en la interpretación
de la demanda, en orden a ejercitar el control que tiene asignado.
Al efecto, la Sala trae a colación la sentencia de 24 de septiembre de
2009, proferida en el proceso de nulidad8, en la que, sobre la
imprecisión del concepto de violación, se dijo:
“[…] Sobre el particular, observa la Sala que la demanda
presenta en efecto un importante grado de precariedad en el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 137-4
del C.C.A, especialmente en lo que atañe a la explicación del
concepto de la violación, tal como lo pusiera de presente el
agente del Ministerio Público en su concepto. No obstante lo
anterior y a pesar de que el libelo radicado no puede calificarse
propiamente como un prototipo de buena técnica jurídica, no
puede soslayarse el hecho de que en su texto aparecen
relacionadas las disposiciones de rango constitucional
que la Asociación actora estima infringidas, y se exponen
además, aunque sea de manera vaga e imprecisa, algunas
explicaciones relativas a su violación. Esa circunstancia
constituye una razón más que suficiente para que se
proceda al examen de legalidad del acto cuestionado, a
partir de los cargos propuestos por la ASOCIACIÓN DE
PROFESIONALES DEL CAMBIO DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA,
pues al fin y al cabo el requisito establecido en el numeral 4°
del artículo 137 del C.C.A., se entiende cumplido con el hecho
de invocar una norma violada y expresar el concepto de su
violación, así éste sea incorrecto, ambiguo o impreciso. Por lo
mismo no hay lugar a declarar en el caso sub examine la
ineptitud de la demanda, tal como lo propone la DIAN y por lo
mismo la decisión que ponga fin a este proceso no podrá ser
inhibitoria […]” (Negrillas y subrayas fuera del texto)
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de
septiembre de 2009, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta núm. único de radicación1101-03-24-000-
2006-00198-00.
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En igual sentido, cabe mencionar, que en el caso bajo estudio, los
actores persiguen la nulidad de un acto administrativo de contenido
general, que comporta un interés superior y significativo para la
comunidad, el cual va aparejado con un afán de legalidad, por cuanto
dicho acto no crea derechos subjetivos en particular y sus
consecuencias afectan a cualquier persona que se encuentre dentro de
los supuestos de la disposición acusada, es decir, dentro del área del
sector del Páramo de Guerrero, denominado Páramo de Guargua y
Laguna Verde, que fue declarada como Reserva Forestal Protectora y
Distrito de Manejo Integrado.
De tal manera que el acuerdo demandado es enjuiciable a través de la
acción de nulidad, prevista en el artículo 84 del CCA, y no tuvo razón la
entidad demandada al sostener que no era susceptible de protección, a
través de dicha acción, de ahí que no se tenga en cuenta el presupuesto
de procedibilidad de la caducidad.
Ahora bien, el presente asunto se contrae a establecer la legalidad del
Acuerdo núm. 022 de 18 de agosto de 2009, “Por el cual se declara
como Reserva Forestal Protectora y Distrito de Manejo Integrado (DMI)
al Páramo de Guargua y Laguna Verde y se adoptan otras disposiciones”,
expedido por el Consejo Directivo de la CAR, por medio del cual se
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declaró como como Zona de Reserva Forestal Protectora y Distrito de
Manejo Integrado a un sector del Páramo de Guerrero denominado
Páramo de Guargua y Laguna Verde.
Precisado lo anterior, la Sala procede a resolver los cargos de la siguiente
manera:
En el primer cargo, se alegó que la CAR violó el derecho de
participación de la comunidad en el trámite que dio a la declaratoria
de Reserva Forestal Protectora y Distrito de Manejo Integrado (DMI)
al páramo de Guargua y Laguna Verde.
En tratándose del derecho de participación ciudadana, la Corte
Constitucional, en la sentencia T-123 proferida el 24 de febrero de
20099, señaló lo siguiente:
“[…] 3.- La participación ciudadana como derecho
fundamental
3.1.- Uno de los pilares de la Constitución de 1991 es el
reconocimiento del principio de participación democrática, que
9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, sentencia T 123 de 24 de febrero de 2009, M.P. Clara
Inés Vargas Hernández, núm. único de radicación T-2081246.
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inspira no sólo el ejercicio del control político sino que irradia
transversalmente diferentes esferas de la sociedad. Erigido
sobre la base del pluralismo, de la tolerancia, de la vigencia de
los derechos y libertades, este principio revaloriza el papel
del ciudadano en los procesos de toma de decisiones, a
la vez que le impone nuevas responsabilidades como
miembro activo de la comunidad.
La jurisprudencia de esta Corporación ha destacado su
importancia en reiteradas oportunidades. Así, por ejemplo, en
la Sentencia C-180 de 1994, MP. Hernando Herrera Vergara,
que examinó la constitucionalidad de la ley estatutaria sobre
los mecanismos de participación ciudadana, precisó lo
siguiente:
“El principio de participación democrática expresa no sólo un
sistema de toma de decisiones, sino un modelo de
comportamiento social y político, fundamentado en los
principios del pluralismo, la tolerancia, la protección de los
derechos y libertades así como en una gran responsabilidad de
los ciudadanos en la definición del destino colectivo”.
“El concepto de democracia participativa lleva ínsita la
aplicación de los principios democráticos que informan la
práctica política a esferas diferentes de la electoral. Comporta
una revaloración y un dimensionamiento vigoroso del concepto
de ciudadano y un replanteamiento de su papel en la vida
nacional”.
“No comprende simplemente la consagración de mecanismos
para que los ciudadanos tomen decisiones en referendos o en
consultas populares, o para que revoquen el mandato de
quienes han sido elegidos, sino que implica adicionalmente
que el ciudadano puede participar permanentemente en
los procesos decisorios no electorales que incidirán
significativamente en el rumbo de su vida […]”.
“En síntesis: la participación concebida dentro del sistema
democrático a que se ha hecho referencia, inspira el nuevo
marco sobre el cual se estructura el sistema constitucional del
Estado colombiano. Esta implica la ampliación cuantitativa de
oportunidades reales de participación ciudadana, así como su
recomposición cualitativa en forma que, además del aspecto
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político electoral, su espectro se proyecte a los planos de lo
individual, familiar, económico y social”10.
En el mismo sentido, en la Sentencia C-522 de 2002, MP. Jaime
Córdoba Triviño, la Corte destacó la proyección del principio
democrático y de la participación ciudadana en otros escenarios
en virtud de su carácter universal y expansivo. Dijo entonces:
“[D]e otra parte, es necesario puntualizar que la Constitución
Política de 1991 no restringe el principio democrático al ámbito
político sino que lo extiende a múltiples esferas sociales. El
proceso de ampliación de la democracia supera la reflexión
sobre los mecanismos de participación directa y especialmente
hace énfasis en la extensión de la participación de las personas
interesadas en las deliberaciones de los cuerpos colectivos
diferentes a los políticos. El desarrollo de la democracia se
extiende de la esfera de lo político en la que el individuo es
considerado como ciudadano, a la esfera social donde la
persona es tomada en cuenta en su multiplicidad de roles, por
ejemplo, como trabajador, estudiante, miembro de una familia,
afiliado a una empresa prestadora de salud, consumidor etc.
Ante la extensión de la democracia la Corte Constitucional ha
señalado que el principio democrático que la Carta prohija es a
la vez universal y expansivo. Universal porque compromete
varios escenarios, procesos y lugares tanto públicos como
privados y también porque la noción de política que lo sustenta
se nutre de todo lo que válidamente puede interesar a la
persona, a la comunidad y al Estado y sea por lo tanto
susceptible de afectar la distribución, control y asignación del
poder. Es expansivo pues porque ha de ampliarse
progresivamente conquistando nuevos ámbitos y
profundizando permanentemente su vigencia, lo que demanda
por parte de los principales actores públicos y privados un
denodado esfuerzo para su efectiva construcción”.
3.2.- La participación ciudadana se proyecta no sólo
como un estandarte del principio democrático, sino que
constituye a la vez un verdadero derecho de naturaleza
fundamental, según lo ha explicado de manera
insistente la jurisprudencia constitucional. En este
sentido la Corte ha precisado que “uno de los fines del
Estado Social de Derecho, es el derecho fundamental que
10
Corte Constitucional, Sentencia C-180 de 1994, MP. Hernando Herrera Vergara.
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tienen los ciudadanos a la participación no solamente
política, sino en todas las decisiones que los afecten,
como se desprende de la preceptiva de los arts. 2, 40-2,
79, 103 y 270 de la Constitución”11, entre otros.
[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).
La citada sentencia precisó que el derecho a la participación ciudadana
no tiene carácter absoluto e incondicionado y es susceptible de ciertas
restricciones, de la siguiente manera:
“[…] 4.2.- Con todo, la Sala debe llamar la atención en el
sentido que el derecho a la participación ciudadana (así
como sus efectos) no tiene carácter absoluto e
incondicionado, pues como todo derecho es susceptible
de ciertas restricciones. En este sentido, la Sentencia C-127
de 2004, MP. Alfredo Beltrán Sierra, precisó:
“[R]esulta relevante recordar que la participación, así como el
resto de los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución Política, no es un derecho absoluto, pues el mismo
admite modulaciones cuya precisión le corresponde al
legislador, a quien le compete a través de instrumentos
democráticos seleccionar entre las opciones normativas que
surgen de la Carta Política, las que desarrollen de mejor
manera el derecho en cuestión, sin que resulten irrazonables o
desproporcionadas”.
[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).
El citado pronunciamiento también aclaró que la participación de las
comunidades en la toma de decisiones en asuntos ambientales no
puede anular el derecho de gozar de un ambiente sano; debe ser
11
Corte Constitucional, Sentencia T-814 de 1999. Ver también las Sentencias C-089 de 1994, T-.473 de
2003 y C-127 de 2004, entre otras.
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armonizada con el reconocimiento efectivo de los demás derechos y
principios previstos en la Constitución Política.
Así, discurrió la Corte:
“[…] la jurisprudencia ha dejado claro que la
participación de las comunidades en la toma de
decisiones en asuntos medio ambientales “no puede
llegar al extremo de anular el derecho a gozar de un
ambiente sano”, por cuanto “este derecho está en
cabeza de todas las personas dentro del territorio
nacional”12. Por lo tanto, la participación ciudadana debe
ser armonizada con el reconocimiento efectivo de los
demás derechos y principios consagrados en la
Constitución.
La Corte es consciente de que la definición de competencias en
materias relacionadas con la protección del medio ambiente no
es una empresa fácil “precisamente debido a la imbricación de
intereses nacionales, regionales y locales en relación con un
mismo asunto”13, donde confluye no sólo el legislador, sino los
organismos técnicos especializados (como las CARs) y las
propias entidades territoriales.
[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).
En el presente caso, los actores estimaron que se violó el derecho de
participación de la comunidad en el trámite que dio a la declaratoria de
Reserva Forestal Protectora y Distrito de Manejo Integrado (DMI) al
páramo de Guargua y Laguna Verde, por cuanto no se aplicaron los
12
Corte Constitucional, Sentencia C-894 de 2003, MP. Rodrigo Escobar Gil. Ver también la Sentencia C-
535 de 1996.
13
Ídem.
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artículos 1º, 2º, 40, numeral 2, y 79 y del preámbulo de la Constitución
Política y 1º, numerales 12, 13 y 14, 2º, 23, 31, numerales 3 y 27, de
la Ley 99; y 3º, 4º, 6º, 7º de la Resolución núm. 839 de 2003,
expedida por la Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
los cuales son del siguiente tenor:
.CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
PREÁMBULO
EL PUEBLO DE COLOMBIA,
en ejercicio de su poder soberano, representado por sus
delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando
la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la
Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el
trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la
paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo
que garantice un orden político, económico y social justo, y
comprometido a impulsar la integración de la comunidad
latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente:
Constitución Política de Colombia
TITULO I.
DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
ARTICULO 1o. Colombia es un Estado social de derecho,
organizado en forma de República unitaria, descentralizada,
con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la
integran y en la prevalencia del interés general.
ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitución; facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida económica,
política, administrativa y cultural de la Nación; defender
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la independencia nacional, mantener la integridad territorial y
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger
a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y
de los particulares.
[…]
ARTICULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar
en la conformación, ejercicio y control del poder político.
Para hacer efectivo este derecho puede:
[…]
2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas
populares y otras formas de participación democrática.
[…]
ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de
un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de especial importancia
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).
.LEY 99
“[…] ARTÍCULO 1o. PRINCIPIOS GENERALES
AMBIENTALES. La Política ambiental colombiana seguirá los
siguientes principios generales:
[…]
12. El manejo ambiental del país, conforme a la Constitución
Nacional, será descentralizado, democrático, y participativo.
13. Para el manejo ambiental del país, se establece un Sistema
Nacional Ambiental, SINA, cuyos componentes y su
interrelación definen los mecanismos de actuación del Estado y
la sociedad civil.
14. Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán
teniendo como base criterios de manejo integral del medio
ambiente y su interrelación con los procesos de planificación
económica, social y física.
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TÍTULO II.
DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL SISTEMA
NACIONAL AMBIENTAL
ARTÍCULO 2o. CREACIÓN Y OBJETIVOS DEL MINISTERIO
DEL MEDIO AMBIENTE. Créase el Ministerio del Medio
Ambiente como organismo rector de la gestión del medio
ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de
impulsar una relación de respeto y armonía del hombre con la
naturaleza y de definir, en los términos de la presente ley, las
políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación,
conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el
medio ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo
sostenible.
El Ministerio del Medio Ambiente formulará, junto con el
Presidente de la República y garantizando la participación
de la comunidad, la política nacional ambiental y de
recursos naturales renovables, de manera que se
garantice el derecho de todas las personas a gozar de un
medio ambiente sano y se proteja el patrimonio natural
y la soberanía de la Nación.
Corresponde al Ministerio del Medio Ambiente coordinar el
Sistema Nacional Ambiental, SINA, que en esta Ley se
organiza, para asegurar la adopción y ejecución de las políticas
y de los planes, programas y proyectos respectivos, en orden
a garantizar el cumplimiento de los deberes y derechos del
Estado y de los particulares en relación con el medio ambiente
y con el patrimonio natural de la Nación.
[…]
TÍTULO VI.
DE LAS CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES
ARTÍCULO 23. NATURALEZA JURÍDICA. Las Corporaciones
Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter
público, creados por la ley, integrado por las entidades
territoriales que por sus características constituyen
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una
unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de
autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y
personería jurídica, encargados por la ley de administrar,
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los
recursos naturales renovables y propender por su desarrollo
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sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las
políticas del Ministerio del Medio Ambiente.
Exceptúase del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las
Corporaciones Autónomas Regionales, la Corporación
Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, creada por
el artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen
especial lo establecerá la ley.
[…]
ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercerán las siguientes funciones:
[…]
3) Promover y desarrollar la participación comunitaria en
programas de protección ambiental, de desarrollo
sostenible y de manejo adecuado de los recursos
naturales renovables;
[…]
27) Adquirir bienes de propiedad privada y los patrimoniales en
las entidades de derecho público y adelantar ante el juez
competente la expropiación de bienes, una vez surtida la etapa
de negociación directa, cuando ello sea necesario para el
cumplimiento de sus funciones o para la ejecución de obras o
proyectos requeridos para el cumplimiento de las mismas, e
imponer las servidumbres a que haya lugar, conforme a la ley;
[…]”.
. RESOLUCIÓN NÚM. 839 DE 2003
“[…] Artículo 3º. Definiciones. Para los fines de la presente
resolución, se adoptan las siguientes definiciones:
Estudio del Estado Actual de Páramos (EEAP): Es un
documento técnico base para la formulación del Plan de Manejo
Ambiental, que determina las condiciones ambientales y
socioeconómicas indicativas del estado actual de los páramos.
Plan de Manejo Ambiental de los Páramos (PMA):
Instrumento de planificación y gestión participativo, mediante
el cual, a partir de la información generada en el Estudio del
Estado Actual de Páramos (EEAP), se establece un marco
programático y de acción para alcanzar objetivos de manejo en
el corto, mediano y largo plazo.
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Artículo 4º. Objetivos del Estudio sobre el Estado Actual de
Páramos. El Estudio sobre el Estado Actual de Páramos (EEAP),
tiene como objetivos los siguientes:
1. Establecer una línea base biofísica, socioeconómica y cultural
de los ecosistemas de páramo en las jurisdicciones de las
autoridades ambientales, como referente para la gestión,
manejo y seguimiento de estos ecosistemas.
2. Realizar un diagnóstico y evaluación integral de los
elementos identificados en la línea base que permita
determinar el estado actual de los ecosistemas de páramo y
determinar las medidas de manejo para su conservación,
restauración y la orientación de usos sostenibles.
3. Obtener una zonificación ambiental para el ordenamiento y
establecimiento de las medidas de manejo para el uso
sostenible, conservación y restauración de los ecosistemas de
páramo y sus recursos asociados
[…]
Artículo 6º. Lineamientos metodológicos. La metodología para
el desarrollo tanto de los Estudios sobre el Estado Actual de los
Páramos (EEA P) como de los Planes de Manejo Ambiental
(PMA), deberá llevarse a cabo acorde con las características
particulares de cada área, considerando la integralidad y
relación existente entre los diferentes ecosistemas asociados al
ciclo hidrológico y las dinámicas del desarrollo socioeconómico
regionales, con énfasis en las áreas captadoras-almacenadoras
de la oferta hídrica en las cuencas altas, los humedales y las
estrellas fluviales.
[…]
Artículo 7º. Contenidos del Estudio sobre el Estado Actual de
Páramos y del Plan de Manejo Ambiental. Para los fines de la
elaboración del Estudio sobre el Estado Actual de
Páramos (EEAP) y del Plan de Manejo Ambiental de los
Páramos (PMA) del área de su jurisdicción, las
Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo
Sostenible, las autoridades ambientales de los Grandes
Centros Urbanos y de las creadas en virtud de la Ley 768
de 2002, y la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
deberán desarrollar la siguiente información:
1. Introducción
Indicará las características y alcances del EEAP, así como la
descripción general del contenido de cada uno de los capítulos
y anexos, especificando los procedimientos, materiales y
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métodos de recolección, procesamiento y análisis de la
información, así como de los sistemas de información
utilizados. Se identificarán las deficiencias de información y
limitaciones encontradas en la elaboración del EEAP.
Se relacionarán los profesionales (especialistas y
responsabilidades dentro del estudio), y las instituciones y
actores locales y regionales que participaron en el desarrollo
del EEAP.
2. Descripción general
2.1 Localización y delimitación general del páramo
Se indicará y analizará la configuración territorial de los
ecosistemas de páramo y se presentará esta información
contextualizada biogeográficamente y con relación a la división
político administrativa del área de jurisdicción (entidades
territoriales y autoridades ambientales).
Cuando se requiera, se complementará y actualizará la
cartografía de las áreas de páramo y se masificarán las mismas
utilizando la tecnología disponible para su localización
aproximada.
Se determinarán los límites aproximados del ecosistema y sus
áreas de influencia directa con las respectivas coordenadas
planas y geográficas de las áreas o polígonos que delimitan el
páramo.
2.2 Estimación de su extensión
Con base en la información anterior o el trabajo de campo, se
establecerá la extensión aproximada (en ha) de las áreas de
páramo, realizando una discriminación por municipio,
departamento, jurisdicción de la autoridad ambiental, y/o otras
categorías de manejo o protección del orden nacional, regional
y local.
2.3 Aspectos políticos, administrativos y legales
Se hará una breve presentación de las actuaciones llevadas a
cabo en cumplimiento de las políticas y normatividad existente
para los páramos o la relacionada con los mismos por parte de
las diferentes autoridades regionales y municipales, incluyendo
la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales
Naturales, UAESPNN, según sea el caso.
2. Marco conceptual y metodológico
Se presentará el enfoque metodológico que se siguió para la
elaboración del estudio acorde con los lineamientos de los
presentes términos de referencia.
3. Caracterización biofísica y socioeconómica
Se efectuará una descripción, caracterización general y análisis
de los siguientes aspectos:
3.1 Caracterización biofísica
3.1.1 Geomorfología y suelos: Se describirán las formas del
relieve terrestre característico en los páramos y se realizará
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una identificación de unidades geomorfológicas y edafológicas.
Se precisarán las áreas críticas según los diferentes grados de
probabilidad y estabilidad, espacializando las áreas con
procesos geomorfológicos activos actuales y potenciales y
unidades de amenaza natural.
Con el fin de determinar el estado actual de los suelos, se
considerarán las unidades cartográficas de suelo describiendo
brevemente sus características físicas, químicas y biológicas.
Se recomienda la toma de muestras si no se dispone de
información.
3.1.2 Clima: Tomando como base la disponibilidad de
información se realizará:
a) Distribución predominante temporal y espacial de
precipitación, temperatura, dirección y velocidad de vientos,
humedad relativa, radiación, brillo solar y nubosidad;
b) Clasificación y zonificación bioclimática basada en los
análisis de los elementos meteorológicos y la interpretación de
información proveniente de sensores remotos.
Se relacionarán las estaciones hidrometeoro lógicas instaladas
en los páramos y su respectiva ubicación geográfica.
3.1.3 Hidrografía e hidrología: Se describirá la red hídrica
detallando las cuencas, subcuencas y/o microcuencas
hidrográficas que cobijan el área de páramo; se caracterizará
de manera sucinta la morfometría hidrográfica y se ubicarán
nacimientos y cuerpos de agua.
Mediante el desarrollo de balances hídricos correspondientes a
los periodos climáticos que se definan, basados en la
correlación de la evapotranspiración potencial y retención de
humedad del suelo, se estimará la calidad, cantidad y
disponibilidad del agua, así como el índice de escasez.
Se identificarán los usos del recurso hídrico proveniente del
páramo, relacionados con el abastecimiento de acueductos
veredales, municipales y actividades agrícolas pecuarias u
otras relevantes (distritos de riego, sistemas de canalización,
etc.), y se cuantificarán las demandas de acuerdo con la
información disponible.
3.1.4 Fauna: Con el fin de establecer el estado actual de este
recurso, se identificarán las especies, los hábitat críticos y se
analizarán entre otros aspectos, su relación con respecto a la
anidación, reproducción, alimentación y refugio, enfatizando en
las de valor sociocultural, así como las endémicas y
amenazadas tomando como referencia la información oficial
que al respecto existe.
3.1.5 Flora y cobertura vegetal: Se identificarán las
coberturas vegetales presentes en el páramo, descritas en
función de la clasificación atmosférica de los páramos (húmedo
o seco), los pisos altitudinales de subpáramo (incluyendo el
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bosque alto andino), páramo, superpáramo y márgenes
hídricas, la fisiografía y tipos de suelo, entre otras.
La descripción de la vegetación contendrá aspectos
fisionómicos, de composición florística e información
fisiográfica y ecológica, así como la tipificación del grado de
intervención humana y otros aspectos que se consideren
importantes para su conservación de acuerdo con los niveles
de resolución trabajados.
Adicionalmente, se identificarán las especies de valor
sociocultural, económico, medicinal y/o artesanal, con especial
atención en las endémicas y amenazadas, tomando como
referencia la información oficial que al respecto existe.
Se hará estimación de cambios multitemporales de la cobertura
vegetal analizando procesos de fragmentación, y determinando
tendencias de transformación, de acuerdo con la información
disponible.
3.2 Caracterización Socioeconómica
3.2.1 Aspectos socioeconómicos
Se establecerán los asentamientos nucleados y/o dispersos, la
jurisdicción político-administrativa, relaciones de territorialidad
existentes en las áreas de influencia directa e indirecta del
páramo.
Se estimará el total de población municipal, veredal y la
asentada en el ecosistema de páramo y sus áreas adyacentes,
así como su población itinerante, analizando su crecimiento, la
distribución por edades y organización comunitaria. En cuanto
a la problemática social se presentarán las condiciones
generales de vida como vivienda, salud, educación, servicios
públicos y empleo, entre otros aspectos.
Se reconocerá y analizará la dinámica económica relacionada
con las actividades productivas diferenciando: principales,
complementarias y de subsistencia, sistemas de producción
empleados, volúmenes de producción y flujos de mercado.
Se caracterizará culturalmente la población, identificando las
diferentes etnias y grupos humanos, se evaluarán los
diferentes niveles de arraigo, identidad y sentido de
pertenencia de la población con respecto al ecosistema, sus
tradiciones organizativas y religiosas, entre otras.
Se analizará la presencia institucional existente en las áreas de
influencia, teniendo en cuenta programas en ejecución,
recursos destinados y cobertura, para la formulación e
implementación del Plan de Manejo Ambiental.
3.2.2 Uso del suelo
Se identificarán los diferentes tipos de usos actuales del suelo
indicando el área aproximada en hectáreas por municipio, y
resaltando aquellos que generan mayores impactos
ambientales sobre el ecosistema. De acuerdo con la
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información disponible, se estimarán cambios multitemporales,
con el fin de determinar tendencias.
Se identificará histórica y culturalmente la población en relación
con sistemas de producción y tecnologías tradicionales o
tecnificadas empleadas en las áreas de páramo, teniendo en
cuenta además, la evaluación de dichos sistemas de producción
y las amenazas que ellos ocasionan en estas áreas.
3.2.3 Tenencia de la tierra
Con la información catastral existente y la obtenida a partir de
muestreos representativos a nivel veredal, se identificarán
cualitativa y cuantitativamente los tipos de tenencia de la tierra
(propiedad privada, colono, posesión, aparcería, arriendo,
entre otras) y su distribución municipal y veredal por rangos de
superficie en hectáreas. De manera particular se realizarán
análisis tendientes a determinar la relación entre los patrones
de tenencia de tierras y sus efectos en la degradación de los
ecosistemas. Igualmente, se incluirá la afectación legal del
territorio por declaratorias ambientales de orden nacional,
departamental o municipal.
4. Evaluación
A partir de la línea base establecida se evaluarán las principales
características del ecosistema, identificando sus
potencialidades y las restricciones para los diferentes usos,
haciendo énfasis en aquellas limitaciones que permitan
mantener la estructura ecológica de soporte y garanticen la
permanencia y/o mejoramiento de los procesos biológicos,
geomorfológicos e hidrológicos. Esta evaluación debe ser
integral y abordada desde una aproximación ecológica y
sociocultural, en un contexto nacional, regional y local.
Dentro de los procesos que deben ser objeto de evaluación y
sintetizados en el diagnóstico se encuentran, entre otros, los
siguientes:
La condición del ecosistema respecto a su biodiversidad en
términos de fauna y flora característica y el potencial de
conectividad que regula los intercambios biológicos y
energéticos necesarios para mantener o restaurar su estructura
ecológica.
La regulación hidrológica entendida como el papel del
ecosistema en la circulación regional del agua, asegurando su
calidad, cantidad y disponibilidad, para las poblaciones del área
de influencia directa e indirecta del páramo.
La condición del ecosistema respecto al control de procesos
morfogenéticos, los movimientos en masa, los flujos
torrenciales y/o otros fenómenos similares que pueden afectar
la funcionalidad misma del ecosistema y de las poblaciones
humanas de sus áreas de influencia directa e indirecta.
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La condición del ecosistema respecto a algunos valores
socioculturales tanto de poblaciones del área de influencia
directa como indirecta (valor escénico y de identidad cultural,
recreativo, educativo, religioso, entre otros).
Las tendencias y formas de poblamiento (núcleos
consolidados, dispersos, infraestructura educacional,
bocatomas, vías y telecomunicaciones), así como las
tendencias de los sistemas productivos y extractivos
(agropecuaria, industrial, minera, recreacional).
A manera de síntesis, se cualificarán los bienes y servicios
ambientales directos e indirectos (funciones, productos y
atributos) que ofrece el ecosistema, así como sus usos
potenciales sostenibles en sus áreas adyacentes, información
que servirá de base para emprender acciones tendientes a la
valoración económica.
De manera particular se identificarán los factores de deterioro
y evaluarán los impactos ambientales ocasionados por los
patrones de poblamiento, tenencia de la tierra y las prácticas
productivas y extractivas que se desarrollan tanto en las áreas
de influencia directa y adyacentes al páramo, así como las
amenazas ocasionadas por agentes externos naturales y
humanos sobre los ecosistemas y la población en general.
Finalmente, se identificarán y evaluarán los conflictos de uso
de los recursos naturales existentes entre los diferentes actores
que tienen injerencia en el manejo del ecosistema, que
igualmente sirvan de base para el proceso de ordenamiento y
zonificación.
5. Zonificación y ordenación ambiental de los páramos
La zonificación y ordenación deberán realizarse con un enfoque
ecosistémico, es decir, partiendo del reconocimiento del
conjunto de relaciones y procesos ecológicos y
socioeconómicos presentes en estos ecosistemas. En este
sentido, la zonificación ambiental resultante deberá incorporar
los principios y criterios que orienten la formulación de acciones
y medidas de conservación y restauración, de tal manera que
permitan, trazar las pautas o directrices generales para la
planificación y la reglamentación del uso y manejo de los
recursos naturales en el ecosistema de páramo.
Para ello se integrará y relacionará toda la información
generada en desarrollo de la caracterización, diagnóstico y
evaluación y se procederá a configurar áreas, espacios y zonas
social, económica y ambientalmente homogéneas, sobre las
cuales se definirán las reglamentaciones de uso, y se formulará
el conjunto de programas, proyectos y acciones de manejo
para el ecosistema.
A partir de lo anterior se establecerán unidades de zonificación,
así:
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Conservación: Zonas de alta importancia ambiental o
fragilidad ecológica, en la cual se contribuirá al mantenimiento
de la estructura y función de los ecosistemas de páramo, así
como al mantenimiento de sus recursos naturales renovables y
bellezas escénicas resultantes del proceso de evaluación.
Restauración: Zonas modificadas o transformadas, aun con
alto grado de degradación. Ecológica, en la cual se llevará a
cabo el restablecimiento de la estructura y función del
ecosistema, dando prioridad a la recuperación de sus atributos
estructurales y funcionales deteriorados por causas naturales o
humanas.
Uso o utilización sostenible: Zonas en las cuales se podrán
llevar a cabo actividades productivas de manera sostenible de
acuerdo con los resultados de la evaluación, de tal forma que
no implique riesgos en el mantenimiento de la estructura y
funcionalidad del ecosistema, dado su carácter de protección
especial consagrado en la Ley 99 de 1993.
En las unidades de zonificación resultantes se deberán
establecer los usos y las restricciones de acuerdo con las
siguientes definiciones:
Uso principal: Es el uso deseable cuya destinación
corresponde a la función específica de la zona, y ofrece las
mejores ventajas o la mayor eficiencia desde los puntos de
vista ecológico, económico y social.
Usos compatibles: Son aquellos que no se oponen al principal
y concuerdan con la potencialidad, la protección del suelo y
demás recursos naturales conexos.
Usos condicionados: Aquellos que por presentar algún grado
de incompatibilidad con el uso principal y ciertos riesgos
ambientales previsibles y controlables para la protección de los
recursos naturales renovables, están supeditados a permisos o
autorizaciones previas y a condicionamientos específicos de
manejo por parte de las autoridades ambientales.
Usos prohibidos: Aquellos incompatibles con el uso principal
de una zona y con los propósitos de conservación ambiental o
de planificación; por consiguiente entrañan graves riesgos de
tipo ecológico y/o para la salud y seguridad de la población. Por
tanto, no deben ser practicados ni autorizados por la autoridad
ambiental.
El diseño y elaboración del mapa de zonificación ambiental
estará basado en la integración de la información de mapas
temáticos generados en la caracterización biofísica y
socioeconómica, así como los resultantes en el proceso de
diagnóstico y evaluación, los cuales deben ser integrados en un
Sistema de Información Geográfica, GPS, para establecer las
diferentes zonas de manejo ambiental.
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Para el caso de páramos declarados bajo categorías de
protección del orden regional y local que cuenten con una
zonificación, se harán las equivalencias con las zonas o
categorías incluidas en los presentes términos de referencia.
Para el caso de la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, la zonificación se
adelantará teniendo en cuenta el Decreto 622 de 1977, y se
hará la equivalencia con las zonas o categorías incluidas en los
presentes términos de referencia según su pertinencia.
6. Plan de Manejo Ambiental
Para la formulación del Plan de Manejo Ambiental se tomará
como base la información consignada en desarrollo de los
numerales anteriores, correspondientes al Estudio sobre el
Estado Actual de Páramos (EEAP), así como el marco del
Programa Nacional para el Manejo Sostenible y Restauración
de Ecosistemas de la Alta Montaña Colombiana: Páramos".
6.1 Definición de objetivos de manejo
Con base en los resultados del Estudio sobre el Estado Actual
de Páramos (EEAP), se formularán los objetivos generales y
específicos que guiarán la gestión y el manejo del ecosistema
en el corto, mediano y largo plazo.
6.2 Estrategias, programas, proyectos y acciones enfocados a
la protección, conservación, uso sostenible y restauración de
los páramos
Se procederá a identificar y proponer estrategias, programas y
perfiles de proyectos ambientalmente viables a corto (3 años),
mediano (4 a 6 años) y largo plazo (7 a 10 años) enfocados a
la conservación, restauración y uso sostenible de los páramos
y a dar cumplimiento a los objetivos de manejo del ecosistema.
Los programas y perfiles de proyecto que se deriven del Plan
de Manejo Ambiental (PMA), deberán precisar: objetivos,
alcances, etapas de ejecución, criterios de diseño, recursos
humanos, equipos y materiales necesarios, cronograma de
ejecución y presupuesto.
6.3 Estrategias de gestión comunitaria e institucional
En el proceso de formulación del Plan de Manejo
Ambiental, se implementarán estrategias de
participación de las comunidades asentadas, así como de
la población que se beneficia indirectamente del
ecosistema, con el fin de lograr su compromiso y participación
en la ejecución del mismo. Igualmente, se diseñarán e
implementarán estrategias de participación y gestión de
las instituciones relacionadas con la formulación y
desarrollo del Plan de Manejo Ambiental, en especial de
las entidades territoriales a través de los planes de
ordenamiento territorial y de los planes de desarrollo en
los niveles departamental y municipal.
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6.4 Estrategia financiera
Se presentarán los costos de ejecución del Plan y se definirá
una estrategia financiera y de gestión para su ejecución a corto,
mediano y largo plazo, identificando las fuentes de financiación
del mismo y los mecanismos para su autosostenibilidad.
6.5 Esquema de evaluación y seguimiento de la ejecución del
plan de manejo
Se presentarán los mecanismos necesarios para la coordinación
y ejecución del Plan de Manejo Ambiental y se identificarán los
indicadores para su evaluación y seguimiento que garantice su
implementación y ajuste en el corto, mediano y largo plazo […]”
Como se observa en los textos de las normas citadas como violadas,
éstas establecen que se debe garantizar la participación de la
comunidad en las decisiones que les afecta y en especial, en el manejo
ambiental.
Específicamente, en los artículos 2º y 31, numeral 3, de la Ley 99, se
señala, respectivamente, que el Ministerio del Medio Ambiente
garantizará la participación de la comunidad, en la política
nacional ambiental y de recursos naturales renovables, de
manera que se garantice el derecho de todas las personas a
gozar de un medio ambiente sano y se proteja el patrimonio
natural y la soberanía de la Nación y que la CAR ejercerá como
función la de promover y desarrollar la participación comunitaria en
programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de
manejo adecuado de los recursos naturales renovables.
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Sin embargo, no se advierte que dichas normas dispongan un
mecanismo de participación de la comunidad, que deba agotarse en el
trámite de la declaratoria de Reserva Forestal Protectora y Distrito de
Manejo Integrado (DMI).
En el numeral 6.3 del artículo 7º de la Resolución núm. 839 de 2003,
antes transcrito, se indica que en el proceso de formulación del Plan de
Manejo Ambiental de Páramos se implementarán estrategias de
participación de las comunidades asentadas, así como de la población
que se beneficia indirectamente del ecosistema.
El referido Plan de Manejo Ambiental debe elaborarse con posterioridad
a la aprobación de la declaratoria de un Distrito de Manejo Integrado
de los Recursos Naturales Renovables (DMI), esto es, dentro de los 18
meses siguientes a la aprobación de esa declaratoria, conforme lo
dispone el numeral 3 del artículo 6º del Decreto 1974; lo que quiere
decir que la normativa hace alusión a la implementación de estrategias
de participación con la comunidad, pero en una etapa posterior a la
declaratoria de Reserva Forestal Protectora y Distrito de Manejo
Integrado (DMI).
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En el caso sub lite, el Acuerdo demandado garantizó o aseguró el
derecho de participación de la comunidad, en cumplimiento a la citada
disposición de la Resolución núm. 839 de 2003, cuando al efecto, en
sus artículos cuarto y séptimo, estableció lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO CUARTO: La Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca CAR formulará y adoptará el
Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal
Protectora y del Distrito de Manejo Integrado del
Páramo de Guargua y de Laguna Verde atendiendo lo
establecido en la Resolución 0839 de 2003, emanada del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y con
la participación de las entidades territoriales y la
comunidad, conforme a lo previsto en Decreto 1974 de 1989.
[…]
ARTÍCULO SÉPTIMO: La Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca formulará y adoptará el Plan de
Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Protectora y
del Distrito de Manejo Integrado del Páramo de Guargua
y de Laguna Verde atendiendo lo establecido en la Resolución
0839 de 2003, emanada del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial, con la participación de las entidades
territoriales y la comunidad, y en él se determinará
técnicamente la zonificación correspondiente, de acuerdo al
Decreto 1974 de 1989 […]” (Las negrillas y subrayas fuera de
texto).
Ahora, la Sala pone de presente que el Acuerdo núm. 022 de 18 de
agosto de 2009 acusado, “Por el cual se declara como Reserva
Forestal Protectora y Distrito de Manejo Integrado (DMI) al Páramo de
Guargua y Laguna Verde y se adoptan otras disposiciones”, fue expedido
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por el Consejo Directivo de la CAR, conforme se deja traslucir en su
encabezamiento, en uso de las siguientes facultades:
“[…] en especial las contenidas en los artículos 27, literal
g y 31, numeral 16 de la Ley 99 de 19993; 310 del
Decreto 2811 de 1974; el artículo 6º del Decreto 1974 de
1989; el artículo 1º, parágrafo 2º del Decreto 2855 de
2006, y el artículo 24, numeral 7 de la resolución 703 de
25 de junio de 2003, por la cual el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial aprueba los estatutos de
esta Corporación[….]”.
Las anteriores normas disponen:
.LEY 99
“[…]
ARTÍCULO 27. DE LAS FUNCIONES DEL CONSEJO
DIRECTIVO. Son funciones del Consejo Directivo de las
Corporaciones Autónomas Regionales:
[…]
g. Aprobar la incorporación o sustracción de áreas de que trata
el numeral 16 del artículo 31 de esta ley;
[…]
ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercerán las siguientes funciones:
[…]
16) Reservar, alinderar, administrar o sustraer, en los
términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos,
los distritos de manejo integrado, los distritos de
conservación de suelos, las reservas forestales y parques
naturales de carácter regional, y reglamentar su uso y
funcionamiento. Administrar las Reservas Forestales
Nacionales en el área de su jurisdicción.
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[…]”(Las negrillas y subrayas fuera de texto).
.DECRETO 2811
“[…] Artículo 310. Teniendo en cuenta factores ambientales
o socioeconómicos, podrán crearse distritos de manejo
integrado de recursos naturales renovables, para que
constituyan modelos de aprovechamiento racional.
Dentro de esos distritos se permitirán actividades económicas
controladas, investigativas, educativas y recreativas.
[…]”.
.DECRETO 1974
“[…] PROCEDIMIENTOS PARA LA DECLARACIÓN DEL
DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO DE LOS RECURSOS
NATURALES RENOVABLES (DMI)
Artículo 6º: Para declarar un Distrito de Manejo Integrado de
los Recursos Naturales Renovables (DMI) la Entidad
Administradora procederá de la siguiente manera:
1. Elaborará un Estudio Preliminar que contemple los siguientes
temas:
a. Verificación del cumplimiento total o parcial de los requisitos
exigidos por el artículo quinto del presente Decreto, en el
espacio de la biosfera preclasificada para constituirse como
Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales
Renovables (DMI).
b. Propuesta de delimitación, ordenamiento territorial y
zonificación preliminares.
c. Análisis y caracterización de la ocupación poblacional y de la
tenencia de la tierra en la zona propuesta.
d. Análisis de los planes Regionales de desarrollo y de los
aspectos particulares del Plan Nacional de Desarrollo que se
relacionen con el Distrito de Manejo Integrado de los Recursos
Naturales Renovables (DMI) a crearse.
e. Plan de actividades para el otro plazo que oriente y organice
las actividades institucionales y sociales durante la etapa
inmediatamente posterior a la declaración del Distrito de
Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables (DMI).
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f. Términos de referencia para la formulación del Plan Integral
de Manejo, los cuales contemplarán un estimativo de costos
para la elaboración de éste.
2. Expedirá el acuerdo de declaratoria de los Distrito de
Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables
(DMI), el cual deberá ser aprobado por el Gobierno Nacional a
través de los Ministerios que tengan participación e injerencia
en el ordenamiento y Plan Integral de Inversiones, o del
Departamento Nacional de Planeación, según el caso.
3. Dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a la
aprobación de la declaratoria de un Distrito de Manejo
Integrado de los Recursos Naturales Renovables (DMI)
elaborará el correspondiente Plan Integral de Manejo, de
conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Sexto del presente
Decreto, el cual someterá a la aprobación de su Junta Directiva.
Parágrafo: De no ser expedido el Plan Integral de Manejo
dentro del término previsto en el numeral cuarto del presente
artículo, y hasta tanto éste no se expida, se continuará
aplicando el Plan de Actividades para el corto plazo.
5. Remitirá el Plan Integral de Manejo, debidamente aprobado,
a la Dirección General de Planificación del Ministerio de
Agricultura para su consideración, trámite ante el
Departamento Nacional de Planeación y CONPES y
posteriormente aprobación del Gobierno Nacional. […]” (Las
negrillas y subrayas fuera de texto).
.DECRETO 2855
“[…]
Parágrafo 2°. Le compete al Consejo Directivo de la
corporación expedir el Acuerdo de aprobación de la declaratoria
de un DMI y del plan integral de manejo correspondiente.
[…]”.
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.RESOLUCIÓN 703 DE 25 DE JUNIO DE 25 DE JUNIO DE 200314
“[…]ARTÍCULO 24. FUNCIONES DEL CONSEJO
DIRECTIVO. Además de las previstas por la ley, el Consejo
Directivo tendrá las siguientes funciones:
[...]
7. Aprobar la incorporación o sustracción de áreas de que trata
el numeral 16 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
[…]”.
Y en los considerandos del Acuerdo núm. 022 demandado, también
se señalan como fundamento para su expedición el parágrafo 2º del
artículo 3º de la Resolución número 769 de 5 de agosto de 200215 y
los artículos 204 del Decreto 1974 y 310 del Decreto 2811, de la
siguiente manera:
“[…] Que el artículo 3º, parágrafo 2º de la Resolución número
769 de 5 de agosto de 2002, expedida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, “Por la cual se
dictan disposiciones para contribuir a la protección,
conservación y sostenibilidad de los páramos”, señala que las
autoridades ambientales, previo estudio sobre el estado
actual de los páramos, identificarán los que deben ser
incluidos bajo alguna categoría o figura de manejo
prevista en la legislación ambiental vigente, y
procederán a su declaración.
Que de conformidad con el artículo 204 del Decreto 1974 de
1989, se entiende por área forestal protectora la zona que debe
ser conservada permanentemente con bosques naturales o
14
“Por la cual se aprueban los Estatutos de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR.”,
expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
15
“Por la cual se dictan disposiciones para contribuir a la protección, conservación y sostenibilidad de los
páramos”, expedido por el Ministro del Medio Ambiente.
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artificiales, para proteger estos mismos recursos u otros
naturales renovables.
En el área forestal protectora debe prevalecer el efecto
protector y solo se permitirá la obtención de frutos secundarios
del bosque.
Que el artículo 310 del Decreto 2811 de 1974, Código Nacional
de Recursos Naturales, consagra la posibilidad de crear
distritos de manejo integrado teniendo en cuenta factores
ambientales o socioeconómicos que constituyan modelos de
aprovechamiento racional, con el objeto de permitir al interior
de los mismos actividades económicas controladas,
investigativas, educativas y recreativas.
[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).
De las normas antes transcritas, que sirvieron de fundamento al
Acuerdo acusado, se colige que el Consejo Directivo de la CAR, tiene
como función la de aprobar la incorporación de las reservas forestales
y, en especial, expedir el acuerdo de declaratoria como reserva forestal
de los páramos, previo estudio sobre el estado actual de los mismos,
así como expedir el acuerdo de declaratoria de los Distritos de Manejo
Integrado de los Recursos Naturales Renovables (DMI).
Asimismo, se establece que para dicha declaratoria de los DMI, se debe
elaborar un Estudio Preliminar, en el cual se comprendan los siguientes
temas:
“[…] a. Verificación del cumplimiento total o parcial de los
requisitos exigidos por el artículo quinto del presente Decreto,
en el espacio de la biosfera preclasificada para constituirse
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como Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales
Renovables (DMI).
b. Propuesta de delimitación, ordenamiento territorial y
zonificación preliminares.
c. Análisis y caracterización de la ocupación poblacional y de la
tenencia de la tierra en el zona propuesta.
d. Análisis de los planes Regionales de desarrollo y de los
aspectos particulares del Plan Nacional de Desarrollo que se
relacionen con el Distrito de Manejo Integrado de los Recursos
Naturales Renovables (DMI) a crearse.
e. Plan de actividades para el otro plazo que oriente y
organice las actividades institucionales y sociales
durante la etapa inmediatamente posterior a la
declaración del Distrito de Manejo Integrado de los
Recursos Naturales Renovables (DMI).
f. Términos de referencia para la formulación del Plan Integral
de Manejo, los cuales contemplarán un estimativo de costos
para la elaboración de éste […]” (Las negrillas y subrayas fuera
de texto).
Lo anterior pone en evidencia que el citado procedimiento para la
declaración del Distrito de Manejo Integrado (DMI) no prevé un
mecanismo de participación de la comunidad, que deba agotarse para
dicha declaratoria.
Al respecto, se debe señalar que si bien es cierto que el artículo 6º,
numeral 1, literal e), del Decreto 1974 indica que se debe realizar un
plan de actividades que oriente y organice actividades sociales, (que
involucra la participación de la comunidad), también lo es que esa
disposición de manera precisa prevé que ese plan se debe realizar en
la etapa inmediatamente posterior a la declaración del DMI y no antes,
razón por la cual queda claro que las normas que sirvieron de
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fundamento al acuerdo acusado no disponen que deba agotarse un
mecanismo de participación, previo a esa declaratoria.
No obstante que no se encuentra una norma que disponga de manera
específica que se deba agotar un mecanismo de participación
ciudadana, previo a la declaratoria de Reserva Forestal Protectora y
Distrito de Manejo Integrado (DMI), la Sala considera que sí existió
participación de la comunidad en dicho proceso previo.
En efecto, en el expediente obra el Acta núm. 920 de 28 de mayo de
200516, de la sesión extraordinaria del Consejo Directivo de los
municipios de Cogua y Tausa, en la cual participaron 150 personas,
entre ellas, la Directora General de la CAR, el Subdirector de
Patrimonio Ambiental, el Jefe de la Oficina Territorial Sabana Norte y
Almeidas, los Alcaldes municipales de Cogua, San Juan de Río Seco,
Tausa y Zipaquirá, un representante de la Gobernación de
Cundinamarca y líderes comunales de las diferentes veredas de los
entes territoriales en mención y miembros del Comité de Verificación
del Pacto por la Transparencia, suscrita por JOSÉ ROZO MILLAN y
FELIPE IGNACIO BARRIGA CONTRERAS, Presidentes del Consejo
16 Folios 26 a 44 del C. Principal.
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Directivo y LILIANA GONZÁLEZ BARRIGA, Secretaria del mismo, cuya
convocatoria tuvo por objetivo presentar el resultado del trabajo
realizado por la Conservación Internacional17, respecto de la zona
conformada por el territorio de los municipios de Cogua, Zipaquirá,
Tausa y Carmen de Carupa, con el fin de identificar los valores
ambientales del Páramo de Guerrero.
En dicha Acta consta lo siguiente:
“[…] Señala que en la actualidad se encuentra en estudio y
análisis por parte del Consejo Directivo un proyecto de acuerdo
para determinar la viabilidad de declarar como zona de reserva
forestal el Páramo de Guerreo, el cual tiene como sustento
principal el estudio realizado por Conservación Internacional.
Aclara que hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión
por cuanto se ha considerado fundamental oír
previamente las inquietudes de la comunidad.
[…]
2.- Análisis proceso declaratoria Páramo de Guerrero
(Municipio Cogua)
El señor Presidente del Consejo Directivo doctor José Rozo
Millán cede el uso de la palabra al Subdirector de Patrimonio
Ambiental de la Corporación quien procede a realizar la
respectiva presentación con apoyo de un mapa para ubicar el
Páramo de Guerrero el cual se encuentra localizado dentro de
los municipios de Cogua y Zipaquirá.
[…]
Señala que igualmente se adelantó un trabajo con la
comunidad mediante diferentes talleres y se logró obtener
una caracterización socioeconómica de la región, de la
17
La CAR celebró un convenio de cooperación con la firma consultora Conservación Internacional, el cual
se ejecutó durante los años 2000 y 2002, para definir la delimitación de la zona objeto de protección.
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estructura de la tenencia de la tierra y de la composición de las
familias ubicadas en el sector.
[…]
Por otro lado, manifiesta que en cuanto a la delimitación es
muy importante contar con la participación de la
comunidad mediante espacios de concertación.
[…]
Realizadas las aclaraciones correspondientes se da paso a las
intervenciones de la comunidad.
Señala que es importante tener en cuenta que el Consejo
Directivo ha considerado importante escuchar a la
comunidad antes de tomar cualquier decisión.
[…]
El señor Presidente doctor José Rozo Millán señala que las
inquietudes planteadas por la comunidad serán
analizadas por este cuerpo colegiado para tomar la
respectiva decisión. Señala que esta parte de la sesión ha
concluido y que posteriormente el Consejo Directivo se
trasladará al municipio de Tausa con el fin de analizar el tema
relacionado con la declaratoria del Páramo de Guagua y Laguna
Verde.
Los Miembros del Comité de Verificación del Pacto por la
Transparencia informan a la comunidad que han tomado
atenta nota sobre las intervenciones realizadas, y que
harán el respectivo seguimiento a las solicitudes realizadas
durante la audiencia.
3.- Análisis proceso declaratoria Páramos de Guargua y
Laguna Verde (Neusa)
Continúa la sesión del Consejo Directivo en Neusa, con
presencia de aproximada 300 personas de la comunidad.
Posteriormente cede el uso de la palabra al Subdirector de
Patrimonio Ambiental para que realice la correspondiente
presentación.
El Subdirector de Patrimonio Ambiental procede a ubicar la
zona propuesta para ser declarada como área de reserva
forestal. Señala que la Conservación Internacional realizó una
investigación sobre el área de Guargua y Laguna Verde y
propuso proteger las áreas que son hábitat de especies de
fauna y flora endémica o amenazadas, nacimientos de agua y
cuerpos de agua entre otras.
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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00335-00.
Actores: FLAVIO GONZÁLEZ USAQUEN Y OTROS
[…]
Continúa con la presentación el Subdirector de Patrimonio
Ambiental quien señala que para realizar la declaratoria se han
tenido en cuenta diferentes criterios de orden ecológico, de
conservación y protección, de recreación al aire libre, turísticos,
de conservación y protección, de recreación al aire libre,
turísticos, socio económicos. Manifiesta que mediante la
declaratoria se busca incluir áreas que desde los
esquemas de ordenamiento territorial fueron ya
declaradas áreas de protección. Afirma que así mismo se
realizaron recorridos de campo, talleres y socialización
con la comunidad.
[…]
A continuación manifiesta que la categoría que se propone
aplicar es la de reserva forestal protectora […], aclara, sin
embargo que esto no significa que realizada la declaratoria no
se pueda adelantar actividades de agricultura o ganadería por
cuanto se deben respetar los derechos adquiridos.
[…]
Posteriormente señala que se ha propuesto desarrollar un Plan
de Manejo el cual se encuentra conformado por varios
Programas, Subprogramas y Proyectos.
[…]
El señor Presidente del Consejo Directivo manifiesta que
agotadas las intervenciones de las autoridades locales se
procede a escuchar las intervenciones de la comunidad.
[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).
Lo anterior demuestra, contrario a lo alegado por los actores, que
previamente a la declaratoria de Reserva Forestal Protectora y Distrito
de Manejo Integrado (DMI) del páramo de Guargua y Laguna Verde,
las autoridades administrativas ambientales garantizaron el derecho
de participación de la comunidad, pues en la citada Acta quedó
plenamente probado que los ciudadanos intervinieron a fin de exponer
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sus opiniones antes de que se tomara la decisión señalada en el acto
demandado.
Ahora, la Sala no estima que a la comunidad se le haya suministrado
información falsa o incompleta. Por el contrario, la citada acta pone de
manifiesto que en la referida sesión extraordinaria del Consejo
Directivo, las entidades ambientales suministraron información cierta,
la cual corresponde a lo quedó plasmado en igual sentido en el acuerdo
acusado.
En el acta se indicó lo siguiente:
“[…]El Subdirector de Patrimonio Ambiental procede a ubicar la
zona propuesta para ser declarada como área de reserva
forestal. Señala que Conservación Internacional realizó una
investigación sobre el área de Guargua y Laguna Verde y
propuso proteger las áreas que son hábitat de especies
de fauna y flora endémica o amenazadas, nacimientos de
agua y cuerpos de agua entre otras.
[…]
Continúa con la presentación el Subdirector de Patrimonio
Ambiental quien señala que para realizar la declaratoria se han
tenido en cuenta diferentes criterios de orden ecológico, de
conservación y protección, de recreación al aire libre, turísticos,
de conservación y protección, de recreación al aire libre,
turísticos, socio económicos. Manifiesta que mediante la
declaratoria se busca incluir áreas que desde los
esquemas de ordenamiento territorial fueron ya
declaradas áreas de protección.
[…]
A continuación manifiesta que la categoría que se propone
aplicar es la de reserva forestal protectora […], aclara, sin
embargo que esto no significa que realizada la declaratoria no
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se pueda adelantar actividades de agricultura o ganadería por
cuanto se deben respetar los derechos adquiridos.
[…] (Las negrillas y subrayas fuera de texto).
Posteriormente señala que se ha propuesto desarrollar
un Plan de Manejo el cual se encuentra conformado por
varios Programas, Subprogramas y Proyectos.
[…]”.
En consonancia con lo expuesto en la Sesión en referencia, en el
Acuerdo núm. 022 demandado, se dispuso:
“[…] CONSIDERANDO
[…]
Que el artículo 13, numeral 4º del Acuerdo 028 de 29 de
diciembre de 2000, por medio del cual se adoptó el
Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de
Tausa, incluyó las zonas de páramo dentro de los ecosistemas
estratégicos, y en el numeral 6, literal a) se señala que dadas
las condiciones particulares de los páramos y subpáramos en
Tausa, por su extensión y población allí asentada, y de acuerdo
al proceso de formulación y concentración con la comunidad,
se acoge el Distrito de Manejo Integrado de páramo
definiendo predio a predio las zonas de reserva, protección,
conservación, recuperación y producción.
Que el artículo 27, literal a) del Acuerdo 22 de 21 de
septiembre de 2000, por medio del cual se adopta el Plan
Básico de Ordenamiento Territorial del PBOT del
Municipio de Cogua, incluye dentro de las áreas de
protección y conservación de los recursos naturales a
nivel rural a los páramos, los cuales son definidos como
“áreas ecológicas y bioclimáticas referidas a regiones
montañosas por encima del límite superior del bosque alto
andino” (artículo 532).
Que el artículo 6º, literal b) del Acuerdo señala que el Páramo
de Guerrero y Guargua constituye un lugar estratégico para la
producción de agua para el consumo de más de 15 entes
territoriales, incluido el Distrito Capital.
Que el artículo 49 del Acuerdo 012 de 28 de octubre de
2000, por medio del cual se adoptó el Esquema de
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Ordenamiento Territorial del Municipio de Carmen de
Carupa define las zonas de páramo y subpáramo como
zonas de protección ambiental, que tienen como finalidad
exclusiva la protección de los suelos, el agua, la flora, fauna,
diversidad biológica, recursos genéticos y otros recursos
naturales renovables.
Que el artículo 21 del Acuerdo 012 de 12 de julio de
2000, por medio del cual se adoptó el Plan de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Zipaquirá
define el sistema ambiental primario- ecosistemas
estratégicos- componente general como el conjunto de áreas
que conforma ecosistemas y constituyen el soporte ecológico y
ambiental del territorio municipal y regional de las cuales
hacen parte las reservas forestales declaradas, los
páramos, los subpáramos y los bosques Altos Andinos, y
señala en un parágrafo que el municipio adelantará las
gestiones pertinentes ante las autoridades ambientales para
que las zonas de manejo especial en concordancia con los
planes ambientales municipales sean declarados como Distrito
de Manejo Integrado sujetos al Decreto 1974 de 1989.
[…]
Que de acuerdo con los resultados de dichas
consultorías, se determinó que dadas las características
físicas y socioeconómicas del área global denominada
Páramo de Guerrero, es conveniente crear una zona
protegida al interior de la misma, en razón del grado de
alteración del medio natural y el avanzado nivel de
intervención antrópica, especialmente en la cuenca alta
del río Guandoque, de enorme importancia para el
abastecimiento de agua, ya que allí se surte de agua el
acueducto regional de Sucuneta, que beneficia a 124.000
personas, y en forma indirecta por descarga al embalse del
Neusa, de donde se surte la empresa de acueducto de Bogotá
y el acueducto regional de Cogua, Zipaquirá— Nemocón.
Que es importante proteger este páramo por los
siguientes aspectos:
-La mayoría del área está por encima de los 3.400 m.s.n.m., e
incluye importantes áreas de los ecosistemas de páramo y
bosque altoandino, que sirven de hábitat a muchas
especies de flores y fauna en el mundo.
• Dentro de la zona delimitada, se incluyen áreas
declaradas como zonas de protección o conservación por
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los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios
de Cogua, Tausa, Carmen de Carupa y Zipaquirá […]
-El área tiene una especial importancia hidrológica e
hidrogeológica, representada por los humedales de agua y
zonas de recarga de acuíferos; por lo tanto, es prioritario
proteger las cuencas hidrográficas superiores, de las
cuales dependa el agua para abastecer a los acueductos
veredales y municipales de la región.
[…]
ACUERDA:
ARTÍCULO CUARTO: La Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca CAR formulará y adoptará el Plan de
Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Protectora y
del Distrito de Manejo Integrado del Páramo de Guargua
y de Laguna Verde atendiendo lo establecido en la Resolución
0839 de 2003, emanada del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial y con la participación de las entidades
territoriales y la comunidad, conforme a lo previsto en Decreto
1974 de 1989.
PARÁGRAFO PRIMERO: El Plan de manejo Ambiental de que
trata el presente artículo deberá contener los objetivos,
programas y proyectos a desarrolla en la Reserva Forestal
Protectora y en el Distrito de Manejo Integrado, con el fin de
lograr un uso racional del mismo y garantizar la conservación
y defensa de los recursos naturales renovables existentes en la
zona.
[…]
ARTÍCULO SÉPTIMO: La Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca formulará y adoptará el Plan de
Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Protectora y
del Distrito de Manejo Integrado del Páramo de Guargua
y de Laguna Verde atendiendo lo establecido en la Resolución
0839 de 2003, emanada del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial, con la participación de las entidades
territoriales y la comunidad, y en él se determinará
técnicamente la zonificación correspondiente, de acuerdo al
Decreto 1974 de 1989.
[…]
ARTÍCULO OCTAVO: De conformidad con la Constitución
y la ley, se respetarán los derechos adquiridos con
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arreglo a la normatividad vigente, sobre los predios de
propiedad privada que conforman el Distrito de Manejo
Integrado de que trata el presente Acuerdo.
[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).
Y en relación con las presuntas inconsistencias en la información de los
límites de la zona de Reserva Forestal Protectora y Distrito de Manejo
Integrado, alegadas por los actores, la Sala debe precisar que ésta
corresponde a lo definido en un convenio de cooperación celebrado por
la CAR, para establecer la delimitación de la zona objeto de protección
del Acuerdo demandado.
En efecto, para definir la delimitación de la zona objeto de protección,
previamente a la declaratoria de esa zona, la CAR celebró un convenio
de cooperación con la firma consultora Conservación Internacional,18
el cual se ejecutó durante los años 2000 y 2002. Dicho Convenio fue
objeto de complementación y arrojó como resultado un estudio sobre
el área denominada globalmente Páramo de Guerrero.
Dentro de esa zona delimitada, se incluyeron áreas que habían sido
declaradas como zonas de protección o conservación por los Planes de
18
Así se puso de presente en la Resolución núm. 2140 de 29 de diciembre de 2000, “Por la cual se declara
concertado y aprobado el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tausa” (folio 22 del C.
Principal).
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Ordenamiento Territorial de los municipios de Cogua, Tausa, Carmen
de Carupa y Zipaquirá, y varios predios, que fueron adquiridos por
dichos municipios en el marco del referido convenio, el cual tenía como
objetivo principal dar cumplimiento a lo señalado en al artículo 111 de
la Ley 99 de 1993, respecto de la protección de zonas de importancia
estratégica para el abastecimiento de acueductos municipales,
conforme consta en los siguientes considerandos del acuerdo acusado:
“[…] CONSIDERANDO
[…]
Que la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca CAR celebró un convenio de cooperación
para definir la delimitación de la zona objeto de
protección del presente Acuerdo, ejecutado durante los
años 2000 y 2002, el cual fue objeto de
complementación y arrojó como resultado un estudio
sobre el área denominada globalmente Páramo de
Guerrero.
Que de acuerdo con los resultados de dichas
consultorías, se determinó que dadas las características
físicas y socioeconómicas del área global denominada
Páramo de Guerrero, es conveniente crear una zona
protegida al interior de la misma, en razón del grado de
alteración del medio natural y el avanzado nivel de
intervención antrópica, especialmente en la cuenca alta
del río Guandoque, de enorme importancia para el
abastecimiento de agua, ya que allí se surte de agua el
acueducto regional de Sucuneta, que beneficia a 124.000
personas, y en forma indirecta por descarga al embalse del
Neusa, de donde se surte la empresa de acueducto de Bogotá
y el acueducto regional de Cogua, Zipaquirá— Nemocón.
Que es importante proteger este páramo por los siguientes
aspectos:
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-La mayoría del área está por encima de los 3.400 m.s.n.m, e
incluye importantes áreas de los ecosistemas de páramo y
bosque altoandino, que sirven de hábitat a muchas especies de
flora y fauna únicas en el mundo.
-Dentro de la zona delimitada, se incluyen áreas
declaradas como zonas de protección o conservación por
los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios
de Cogua, Tausa, Carmen de Carupa y Zipaquirá, y
existen varios predios que fueron adquiridos por dichos
municipios en el marco del convenio suscrito entre
estos, la Gobernación de Cundinamarca y la CAR, el cual
tiene como objetivo principal dar cumplimiento a lo
señalado en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, respecto
de la protección de zonas de importancia estratégica para el
abastecimiento de acueductos municipales.
[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).
Aunado a lo anteriormente expuesto, la Sala debe destacar que en los
considerandos del acto acusado quedó claramente establecido que la
decisión de declarar como Reserva Forestal Protectora y Distrito de
Manejo Integrado al Páramo de Guerrero denominado Páramo de
Guargua y Laguna Verde obedeció a la necesidad de conservar las
áreas de especial importancia ecológica y proteger los recursos
naturales, a saber:
“[…] Que de acuerdo con los resultados de dichas
consultorías, se determinó que dadas las características
físicas y socioeconómicas del área global denominada
Páramo de Guerrero, es conveniente crear una zona
protegida al interior de la misma, en razón del grado de
alteración del medio natural y el avanzado nivel de
intervención antrópica, especialmente en la cuenca alta
del río Guandoque, de enorme importancia para el
abastecimiento de agua, ya que allí se surte de agua el
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acueducto regional de Sucuneta, que beneficia a 124.000
personas, y en forma indirecta por descarga al embalse del
Neusa, de donde se surte la empresa de acueducto de Bogotá
y el acueducto regional de Cogua, Zipaquirá— Nemocón.
Que es importante proteger este páramo por los
siguientes aspectos:
-La mayoría del área está por encima de los 3.400 m.s.n.m., e
incluye importantes áreas de los ecosistemas de páramo y
bosque altoandino, que sirven de hábitat a muchas especies de
flores y fauna en el mundo.
• Dentro de la zona delimitada, se incluyen áreas declaradas
como zonas de protección o conservación por los Planes de
Ordenamiento Territorial de los municipios de Cogua, Tausa,
Carmen de Carupa y Zipaquirá, y existen varios predios que
fueron adquiridos por dichos municipios en el marco del
convenio suscrito entre estos, la Gobernación de Cundinamarca
y la CAR, el cual tiene como objetivo principal dar cumplimiento
a lo señalado en al artículo 111 de la Ley 99 de 1993, respecto
de la protección de zonas de importancia estratégica para el
abastecimiento de acueductos municipales.
-El área tiene una especial importancia hidrológica e
hidrogeológica, representada por los humedales de agua y
zonas de recarga de acuíferos; por lo tanto, es prioritario
proteger las cuencas hidrográficas superiores, de las
cuales dependa el agua para abastecer a los acueductos
veredales y municipales de la región.
-Forman parte de área sectores que por su topografía y
posición altitudinal son potenciales generadores de procesos
erosivos, y por lo tanto es conveniente la prevención y el
control de los mismos.
[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).
En conclusión, la Sala considera que no se violó el derecho de
participación de la comunidad, en tanto que los ciudadanos sí fueron
escuchados, con antelación a la declaratoria de la Reserva Forestal
Protectora y Distrito de Manejo Integrado del páramo de Guargua y
Laguna Verde.
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Cabe advertir que si en el acuerdo demandado no quedaron plasmados
todos los requerimientos y las observaciones propuestas por algunos
ciudadanos, con anterioridad a su expedición, ello no puede ser
entendido como violación a su derecho de participación, habida cuenta
que este derecho no tiene carácter absoluto e incondicionado, ni puede
anular el derecho de gozar de un ambiente sano y está supeditado al
respeto de los preceptos constitucionales, que propenden por
garantizar la prevalencia del interés general de la comunidad, el cual
está encaminado a conservar las áreas de especial importancia
ecológica19 y proteger los recursos naturales20, conforme lo precisó la
Corte Constitucional, en la sentencia T-123 de 2009, antes citada.
En otras palabras, la decisión de la CAR, adoptada a través del
Acuerdo núm. 022 de 2009 acusado, no podía estar condicionada
por la voluntad de ciudadanos con intereses particulares ni anular el
derecho de gozar de un ambiento sano y el deber del Estado de
conservar las áreas de especial importancia ecológica, so pretexto de
garantizar el derecho de participación de la comunidad, el cual debe
19
Artículo 79 de la Constitución Política
20 Artículo 80 de la Constitución Política
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ser armonizado con el reconocimiento efectivo de los demás derechos
y principios previstos en la Constitución Política.
Por tal razón, la Sala estima que el cargo en estudio no tiene vocación
de prosperidad.
El segundo cargo, se refiere a que la Junta Directiva de la CAR
desconoció el deber de coordinar con las entidades territoriales la
determinación como Reserva Forestal Protectora y Distrito de Manejo
Integrado del Páramo de Guerrero denominado Páramo de Guargua y
Laguna Verde, especialmente, en lo relativo al Municipio de Tausa, dado
que, a juicio de los actores, es el más afectado en cuanto a la proporción
del territorio, pues gran parte del mismo quedó incluido en la zona de
conservación, a pesar de que ya se habían aprobado los planes de
ordenamiento territorial municipales, aceptados por la misma CAR, que
verificaban la existencia de tierras protegidas por su importancia
ambiental.
Sobre el particular, la Sala debe señalar que en manera alguna la CAR,
al expedir el acuerdo demandado, desconoció el deber de coordinar con
las entidades territoriales la determinación de las zonas de reserva.
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Actores: FLAVIO GONZÁLEZ USAQUEN Y OTROS
En efecto, la mencionada Corporación para declarar como Reserva
Forestal Protectora y Distrito de Manejo Integrado, las zonas
correspondientes del citado Municipio, además de considerar los
aspectos de índole ecológico, ecosistémico e hidrológico, tuvo en
cuenta lo señalado en el Esquema de Ordenamiento Territorial del
Municipio de Tausa, adoptado mediante el Acuerdo núm. 028 de 29 de
diciembre de 2000, en su artículo 13, numerales 4 y 6, literal a), como
se puso de presente en el siguiente Considerando del Acuerdo núm.
022 acusado:
“[…]Que el artículo 13, numeral 4º del Acuerdo 028 de 29 de
diciembre de 2000, por medio del cual se adoptó el Esquema de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Tausa, incluyó las
zonas de páramo dentro de los ecosistemas estratégicos, y en el
numeral 6, literal a) se señala que dadas las condiciones
particulares de los páramos y subpáramos en Tausa, por su
extensión y población allí asentada, y de acuerdo al proceso de
formulación y concentración con la comunidad, se acoge el
Distrito de Manejo Integrado de páramo definiendo predio a
predio las zonas de reserva, protección, conservación,
recuperación y producción.
[…]”.
Dicho esquema de ordenamiento territorial fue concertado entre la CAR
y el mencionado Municipio, conforme consta en la Resolución núm.
2140 de 29 de diciembre de 2000, “Por la cual se declara concertado y
aprobado el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de
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Tausa”, suscrita por el Director General de la CAR 21, en la cual se
observa que se propusieron varias zonas de protección o de
conservación y las posibles categorías, según la definición de las zonas
de conservación y protección, que se encuentran establecidas en el
Acuerdo núm. 16 de 1998 “Por el cual se expiden los determinantes
ambientales para la elaboración de los planes de ordenamiento
territorial municipal”.
Para el efecto, se realizaron sesiones de concertación los días 10 de
mayo, 3 de agosto y 7 de noviembre de 2000, con el objeto de revisar
y aprobar los asuntos ambientales en los planes de ordenamiento
territorial, de conformidad con el artículo 24 de la Ley 388 de 18 de
julio de 199722.
Como se puso de presente anteriormente, para definir la delimitación
de la zona objeto de protección, previamente a la declaratoria como
Reserva Forestal Protectora y Distrito de Manejo Integrado al Páramo
de Guargua y Laguna Verde, la CAR celebró un convenio de
cooperación con la firma consultora Conservación Internacional, el cual
21
Folios 3 a 25 del C. Principal.
22
“Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
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se ejecutó durante los años 2000 y 2002 y fue objeto de
complementación.
Cabe mencionar que el citado estudio arrojó resultados sobre el área
denominada globalmente, Páramo de Guerrero, y estableció
lineamientos para la aplicación de una categoría de administración a
estas zonas (Distrito de Manejo Integrado), lo que permitiría al
Municipio desarrollar una estrategia y orientar una política de
protección y ocupación sostenible y controlada de áreas intervenidas.
Dentro del proceso de concertación, como consta en la citada
Resolución núm. 2140 de 29 de diciembre de 2000, “Por la cual se
declara concertado y aprobado el Esquema de Ordenamiento Territorial
del Municipio de Tausa”, el Municipio tuvo conocimiento del citado
estudio realizado por Conservación Internacional, para definir la
delimitación de la zona objeto de protección, y reconoció que los
resultados de dicho estudio llevarían a establecer mejores criterios de
equilibrio con los patrones de ocupación y alternativas
socioeconómicas, que además permitirían replantear áreas de
crecimiento actual, por opciones planificadas para albergar los nuevos
hogares de los habitantes del Páramo y no permitir nuevas
construcciones de vivienda en sus parcelas.
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El Municipio en mención planteó la importancia de la política de
proteger y conservar las zonas de Páramo y Subpáramo, en especial,
aquella de influencia de nacimientos de quebradas de la estrella
hidrográfica. Además, se comprometió a incluir dentro del Proyecto de
Acuerdo del Esquema de Ordenamiento Territorial una estrategia para
el fomento de la protección de las zonas de Páramo y Subpáramo, que
se complementaría con disposiciones normativas de responsabilidad
municipal, particularmente de la Unidad Municipal de Asistencia
Técnica Agropecuaria, así como una disposición, en la cual se señalaría,
como mínimo: Uso en áreas de Páramo y Subpáramo sin intervenir y
Uso en áreas de Páramo y Subpáramo intervenidas.
En igual sentido, el referido ente territorial se comprometió a
establecer un artículo en el Proyecto del Acuerdo del Esquema de
Ordenamiento Territorial sobre la congelación de la actividad minera
en áreas de Páramo y a atender las normas superiores sin detrimento
del beneficio general y de los ecosistemas estratégicos.
Bajo el anterior contexto, se logra poner de presente que la CAR
cumplió con el deber de coordinar con el Municipio de Tausa la
determinación como Reserva Forestal Protectora y Distrito de Manejo
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Integrado del Páramo de Guerrero denominado Páramo de Guargua y
Laguna Verde, previamente a la expedición del Acuerdo acusado.
En efecto, respetó el principio de coordinación, que se caracteriza por
el ejercicio armónico de las competencias entre las entidades del
Estado, en tanto dicho acto administrativo deja traslucir que la CAR
tuvo en cuenta lo señalado por el Municipio de Tausa, en el Acuerdo
núm. 028 de 29 de diciembre de 2000, por medio del cual se adoptó el
Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tausa, y que el
mismo fue el resultado de un proceso de concertación, realizado entre
la CAR y el ente territorial, en el cual este último tuvo una participación
activa, como se demuestra en la Resolución 2140 de 29 de diciembre
de 2000, “Por la cual se declara concertado y aprobado el Esquema de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Tausa”.
Por consiguiente, este cargo tampoco está llamado a prosperar.
El tercer cargo es el relativo a que la expedición del acto acusado trajo
como consecuencia la violación o desconocimiento del derecho a la
propiedad de los inmuebles (uso, goce y disposición), así como el
desconocimiento total del medio de subsistencia ordinario y legítimo de
los campesinos, de las personas que viven en las zonas declaradas como
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de reserva, incluyendo grupos de especial protección, como niños y
ancianos.
Para resolver este cargo, la Sala debe poner de presente que mediante
el Acuerdo núm. 022 de 2009 acusado se declaró como Zona de
Reserva Forestal Protectora a un sector del Páramo de Guerrero
denominado Páramo de Guargua y Laguna Verde, localizado entre los
municipios de Cogua, Tausa y Carmen de Carupa.
Asimismo, se declaró como Distrito de Manejo Integrado a cinco (5)
sectores del referido Páramo de Guerrero, comprendidos entre la línea
del polígono de la reserva forestal del citado Acuerdo acusado y
aproximadamente la cota de los 3000 metros sobre el nivel del mar
ajustada a los límites prediales, localizados entre los municipios de
Cogua, Tausa y Carmen de Carupa y Zipaquirá, y delimitado conforme
a la línea formada por la unión de los anexos 2, 3, 4, 5, 6 y en los
planos anexos al acto acusado, con una extensión distribuida así:
Sector uno (8915 hectáreas), Sector dos (1148 hectáreas), Sector
tres (585 hectáreas), Sector cuatro (9196 hectáreas), Sector cinco
(6663 hectáreas).
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De conformidad con el artículo 204 del Decreto 2811, se entiende por
área forestal protectora la zona que debe ser conservada
permanentemente con bosques naturales o artificiales, para proteger
estos mismos recursos u otros naturales renovables.
En dicha área forestal protectora debe prevalecer el efecto protector y
solo se permitirá la obtención de frutos secundarios del bosque.
Y según el artículo 206 ibídem, el área de reserva forestal es la zona
de propiedad pública o privada reservada para destinarla
exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilización
racional de áreas forestales productoras, protectoras o productoras -
protectoras.
A su turno, el artículo 2º del Decreto 1974, disposición vigente para la
época de expedición del acto acusado, señala que debe entenderse por
Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales (DMI) un
espacio de la biosfera que, por razón de factores ambientales o
socioeconómicos, se delimita para que dentro de los criterios del
desarrollo sostenible se ordene, planifique y regule el uso y manejo de
los recursos naturales renovables y las actividades económicas que allí
se desarrollen.
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Y el artículo 310 del Decreto 2811, dispone:
“[…] Teniendo en cuenta factores ambientales o
socioeconómicos, podrán crearse distritos de manejo
integrado de recursos naturales renovables, para que
constituyan modelos de aprovechamiento racional.
Dentro de esos distritos se permitirán actividades económicas
controladas, investigativas, educativas y recreativas […]” (Las
negrillas fuera de texto).
Como se puede observar, la declaración de una región o zona, en este
caso, de los indicados sectores del referido Páramo de Guerrero, como
Reserva Forestal Protectora y DMI, se realiza para proteger los bosques
naturales o artificiales u otros recursos naturales renovables y por
razón de factores ambientales o socioeconómicos, a fin de ordenar,
planificar y regular el uso y manejo de los recursos naturales
renovables y las actividades económicas que allí se desarrollen,
respectivamente.
Sobre este asunto, es necesario precisar que, dentro de las zonas
delimitadas, declaradas como reservadas, no sólo se comprenden
terrenos de propiedad estatal o pública, sino de propiedad privada, en
virtud de lo previsto en el artículo 206 del Decreto 2811.
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Frente al citado artículo 206, la Sección Primera, en la sentencia de 5
de noviembre de 201323, puntualizó que la constitución de áreas
reservadas no impide la propiedad particular de bienes inmuebles
dentro de la misma, sino que limita el derecho al goce sobre los
mismos, de la siguiente manera:
“[…] Del artículo citado resulta evidente que pueden coexistir
bienes de propiedad pública y privada dentro de las reservas
forestales, pues la constitución de este tipo de áreas no
impide la propiedad particular de bienes inmuebles
dentro de la misma, sino que limita el derecho al goce
sobre los mismos, habida cuenta de que sólo podrán
destinarlos al establecimiento o mantenimiento y
utilización racional de áreas forestales productoras o
protectoras, según sea el caso. […]” (Las negrillas y subrayas
fuera de texto).
Ahora, en cuanto al derecho de propiedad privada, debe tenerse en
cuenta lo preceptuado por el artículo 43 del Decreto 2811, que es del
siguiente tenor:
“[…] El derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función
social, en los términos establecidos por la Constitución
Nacional y sujeto a las limitaciones y demás
disposiciones establecidas en este código y otras leyes
pertinentes […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de noviembre
de 2013, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 250002325000200500662 03.
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De lo anterior, resulta claro para la Sala que los particulares pueden
ser propietarios de los recursos naturales renovables, no obstante, ello
no indica que esta titularidad deba ser entendida en términos
absolutos, esto es, que el particular pueda usar, gozar y disponer de
ellos como a bien tenga, toda vez que la propiedad debe ejercerse no
sólo con función social sino ecológica, lo que implica que su uso,
aprovechamiento, conservación y destinación, debe someterse a la
normativa que regule la materia, así como a los principios básicos
previstos en la Constitución Política, como lo son el desarrollo
sostenible, la protección de las riquezas naturales de la Nación y el
derecho de los colombianos a gozar de un ambiente sano.
Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia C-126 de 1º
de abril de 199824, explicó que, en efecto, los artículos 4° y 43 del
Código de Recursos Naturales reconocen y garantizan la propiedad
privada sobre los recursos naturales renovables, cuando esta fue
adquirida con justo título y de acuerdo con la Ley, no obstante, ese
derecho de propiedad se encuentra sujeto a las restricciones necesarias
24
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia de 1º de abril de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero,
núm. único de radicación D- 1794.
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para la protección del medio ambiente y asegurar su desarrollo
sostenible. Al respecto, la Corte sostuvo lo siguiente:
“[…] 36- Conforme a lo anterior, la Corte concluye que los artículos
4º y 43 el Decreto 2811 de 1974 demandados son válidos ya que
hacen parte de un estatuto encargado de regular los recursos
naturales renovables y se limitan a reconocer y garantizar la
propiedad privada sobre recursos renovables, cuando ésta ha sido
adquirida con justo título y de acuerdo a la ley. En efecto, como ya
se mostró, la Carta autoriza el dominio sobre los recursos renovables,
aunque, como es obvio, debido a la función ecológica que le es
inmanente (CP art. 58), ese derecho de propiedad se encuentra
sujeto a las restricciones que sean necesarias para garantizar la
protección del medio ambiente y para asegurar un desarrollo
sostenible (CP arts 79 y 80). Además, esa misma función ecológica
de la propiedad y la primacía del interés general sobre el particular
en materia patrimonial (CP art. 58) implican que, frente a
determinados recursos naturales vitales, la apropiación privada
puede en determinados casos llegar a ser inconstitucional.
Igualmente la Corte considera que, con esos mismos fundamentos
constitucionales, el Estado puede también legítimamente convertir en
bienes de uso público determinados recursos renovables
considerados de utilidad social, aunque, como es obvio, y teniendo
en cuenta que la Carta reconoce la propiedad privada adquirida con
arreglo a las leyes, en tales eventos es deber de las autoridades
reconocer y expropiar los dominios privados que se hubieran podido
legalmente consolidar.
Como vemos, el cambio de paradigma que subyace a la visión
ecológica sostenida por la Carta implica que la propiedad privada no
puede ser comprendida como antaño. En efecto, en el Estado liberal
clásico, el derecho de propiedad es pensado como una relación
individual por medio de la cual una persona se apropia, por medio de
su trabajo, de los objetos naturales. Esta concepción fue legitimada,
desde el punto filosófico, por autores como Locke, para quien el
trabajo es necesario para que el ser humano subsista, pues sólo de
esa manera puede satisfacer sus necesidades materiales, por lo cual
se entiende que, por medio del trabajo productivo, la persona se
apropia del bien sobre el cual ha recaído su labor, con lo cual saca
ese objeto del estado originario en que todos los recursos naturales
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pertenecían a todos25. A su vez, la economía política clásica, de
autores como Adam Smith, defendió la idea de que esa apropiación
individualista era socialmente benéfica ya que permitía una armonía
social, gracias a los mecanismos de mercado. Sin embargo, con la
instauración del Estado interventor, esa perspectiva puramente
liberal e individualista de la propiedad entra en crisis, con lo cual el
dominio deja de ser una relación estricta entre el propietario y el
bien, ya que se reconocen derechos a todos los demás miembros de
la sociedad. Es la idea de la función social de la propiedad, que implica
una importante reconceptualización de esta categoría del derecho
privado, ya que posibilita que el ordenamiento jurídico imponga
mayores restricciones y cargas a la propiedad, al decir de Duguit,
como la propiedad reposa en la utilidad social, entonces no puede
existir sino en la medida de esa utilidad social26. Ahora bien, en la
época actual, se ha producido una “ecologización” de la propiedad
privada, lo cual tiene notables consecuencias, ya que el propietario
individual no sólo debe respetar los derechos de los miembros de la
sociedad de la cual hace parte (función social de la propiedad) sino
que incluso sus facultades se ven limitadas por los derechos de
quienes aún no han nacido, esto es, de las generaciones futuras,
conforme a la función ecológica de la propiedad y a la idea del
desarrollo sostenible. Por ello el ordenamiento puede imponer
incluso mayores restricciones a la apropiación de los recursos
naturales o a las facultades de los propietarios de los mismos, con lo
cual la noción misma de propiedad privada sufre importantes
cambios.
Es por ello que, en los fundamentos 14 y 18 a 21 de esta sentencia,
la Corte precisó que los imperativos ambientales de la Carta obligan
a repensar el alcance de muchas de las categorías jurídicas
tradicionales del derecho privado. Sin embargo, esa necesaria
reconceptualización del dominio privado sobre los recursos naturales
renovables a la luz de la Constitución ecológica no hace en sí misma
inconstitucional la apropiación privada de tales recursos, en
determinados casos y bajo ciertas condiciones, pues la Carta
expresamente reconoce la propiedad adquirida con arreglo a las
leyes. Por ello, la Corte procederá a declarar la exequibilidad de esas
disposiciones, en el entendido de que ellas deben ser interpretadas
tomando en cuenta la función ecológica de la propiedad […]”.
25
Ver John Locke. Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil. Capítulo 5, párrafos 28 y ss.
26
Ver León Duguit. Traité de Droit Constitutionnel. Paris: Boccard, Tomo III, p 664.
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Por lo tanto, si bien es cierto que en los casos de zonas declaradas
como de reserva, subsiste la propiedad privada, también lo es que ella
está afectada a la finalidad de interés público o social propia de área
de reservas forestales, afectación que implica la imposición de ciertas
limitaciones o cargas al ejercicio de dicho derecho, acordes con dicha
finalidad, esto es, que solo podrá ser destinada para el establecimiento
o mantenimiento y utilización racional de áreas forestales protectoras,
a efectos de garantizar la protección del medio ambiente y los recursos
naturales y asegurar un desarrollo sostenible.
Además, es del caso señalar que la declaración de áreas como reserva
forestal conlleva la consecuente limitación de otros derechos, entre
ellos, el ejercicio de la libertad económica, con el fin de evitar el
agotamiento de los recursos naturales y del medio ambiente y, por
ende, propender por la conservación o preservación de los mismos,
conforme lo sostuvo la Sección Primera en la sentencia de 14 de mayo
de 201527, en la que al efecto adujo:
“[…] Así pues se tiene que la normatividad existente a
nivel nacional para la protección y regulación de las
áreas destinadas al uso de reserva forestal, establece
que dichas áreas se declararon con el fin de evitar el
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de mayo
de 2015, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2003-00942-01.
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agotamiento de los recursos naturales. Esto conlleva la
consecuente limitación de otros derechos, entre ellos, el
ejercicio de la libertad económica que ve condicionada la
destinación de los usos del suelo a usos urbanísticos, por
lo que puede representar el aprovechamiento o
desarrollo de una actividad económica.
Es así como, el artículo 47 y el capítulo I del Título III del
Decreto Ley 2811 de 1974, dada su importancia para la
conservación de los recursos naturales, regula lo que debe
entenderse por área de reserva forestal, en los siguientes
términos:
“ARTICULO 47. Sin perjuicio de derechos legítimamente
adquiridos por terceros o de las normas especiales de
este Código, podrá declararse reservada una porción
determinada o la totalidad de recursos naturales
renovables de una región o zona cuando sea necesario
para organizar o facilitar la prestación de un servicio
público, adelantar programas de restauración,
conservación o preservación de esos recursos y del
ambiente, o cuando el Estado resuelva explotarlos.
Mientras la reserva esté vigente, los bienes afectados
quedarán excluidos de concesión o autorización de uso a
particulares.
(…)
CAPÍTULO I
DE LAS ÁREAS DE RESERVA FORESTAL
Artículo 206.- Se denomina área de reserva forestal la
zona de propiedad pública o privada reservada para
destinarla exclusivamente al establecimiento o
mantenimiento y utilización racional de áreas forestales
productoras, protectoras o productoras-protectoras.
Artículo 207.- El área de reserva forestal solo podrá
destinarse al aprovechamiento racional permanente de
los bosques que en ella existan o se establezcan y, en
todo caso, deberá garantizarse la recuperación y
supervivencia de los bosques.
En el caso, previamente determinado, en que no existan
condiciones ecológicas, económicas o sociales que permitan
garantizar la recuperación y supervivencia de los bosques, el
concesionario o titular de permiso pagará la tasa adicional que
se exige en los aprovechamientos forestales únicos.
[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).
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Sin embargo, para la Sala tales limitaciones o restricciones al derecho
al goce de la propiedad particular de bienes inmuebles y de otros
derechos, entre ellos, el ejercicio de la libertad económica, no implican
el desconocimiento de esos derechos de los habitantes de las zonas
afectadas, habida cuenta que son necesarias para garantizar la
protección, conservación o preservación del medio ambiente, asegurar
un desarrollo sostenible y, por ende, evitar el agotamiento de los
recursos naturales y del medio ambiente.
Máxime, si se tiene en cuenta que el acto administrativo acusado, en
su artículo octavo, de manera específica, señaló que se respetarán los
derechos adquiridos con arreglo a la normatividad vigente, sobre los
predios de propiedad privada que conforman el DMI, de la siguiente
manera:
“[…]
ARTÍCULO OCTAVO: De conformidad con la Constitución
y la ley, se respetarán los derechos adquiridos con
arreglo a la normatividad vigente, sobre los predios de
propiedad privada que conforman el Distrito de Manejo
Integrado de que trata el presente Acuerdo […]” (Las negrillas
y subrayas fuera de texto).
Ello, en virtud de lo previsto en el artículo 47 del Decreto 2811, que
establece que se podrá declarar como reservada una porción
determinada o la totalidad de recursos naturales renovables de una
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región o zona cuando sea necesario para adelantar programas de
conservación o preservación de esos recursos y del ambiente, sin
perjuicio de derechos legítimamente adquiridos por terceros.
En este orden de ideas, la Sala observa que el Acuerdo núm. 022 de
2009 acusado no desconoció los derechos de propiedad de los
inmuebles de las personas que viven en las zonas declaradas como
Reserva Forestal y Distrito de Manejo Integrado del Páramo de
Guargua y Laguna Verde, pues la limitación al derecho al goce sobre
los mismos, así como al ejercicio del derecho de la libertad económica,
en el sentido de que solo podrán destinarlos para garantizar la
protección del medio ambiente y recursos naturales y asegurar un
desarrollo sostenible, esto es, para proteger los bosques naturales o
artificiales u otros recursos naturales renovables, se encuentra acorde
a la Constitución Política y a la normativa que regula dicho asunto,
conforme se expuso en precedencia y según lo previsto en los artículos
43, 47, 204, 206, 207 y 310 del Decreto 1811 y 2º del Decreto 1974,
antes transcritos, los cuales sirvieron de fundamento para la expedición
del citado acto administrativo, amén de que este, de manera expresa,
estableció que se respetarán los derechos adquiridos sobre los predios
de propiedad privada que conforman el DMI.
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En consecuencia, el cargo en estudio tampoco tiene vocación de
prosperidad.
En conclusión, la Sala considera que no se violaron las normas legales
invocadas por los actores, razón suficiente para que se mantenga la
presunción de legalidad que ampara el Acuerdo acusado, por lo cual no
se accederá a las súplicas de la demanda, y así se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las súplicas de la demanda, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: El contenido de la presente providencia, publíquese en la
página web del Consejo de Estado.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala, en la sesión del día 25 de marzo de 2022.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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