Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2011-00173-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2011-00173-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2011-00173-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
13 de marzo de 2025
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Radicado: 11001 03 24 000 2011 00173 00
Demandante: KOUPREY S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación: 11001 03 24 000 2011 00173 00
Demandante: KOUPREY S.A.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO
Litisconsortes necesarios: KOIPE CORPORATION S.L. Y OTRA
Tesis: Es nula la resolución que negó el registro como
marca del signo “LA ESPAÑOLA” (mixto) para
identificar productos en la clase 29 de la
Clasificación Internacional de Niza, en tanto que
el signo cuestionado no se encuentra constituido
en una expresión que pueda engañar sobre la
procedencia geográfica de los productos que
distingue.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_________________________
La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad
KOUPREY S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho de que trata el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo
• CCA, con miras a obtener la nulidad de la resolución número 73372 de
28 de diciembre de 2010, mediante la cual se revocó la resolución número
22061 de 30 de abril de 2009, y en su lugar, (i) declaró fundada la
oposición presentada por la sociedad Koipe Corporation S.L., (ii) declaró
infundada la oposición presentada por la señora Lina María Facundo
Rincón, y (iii) negó el registro como marca del signo “LA ESPAÑOLA”
(mixto) para identificar productos comprendidos en la clase 29 de la
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Demandante: KOUPREY S.A.
Clasificación Internacional de Niza solicitada por la sociedad Kouprey S.A.,
expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.
I. ANTECEDENTES
I.1. LA DEMANDA
La sociedad Kouprey S.A., a través de apoderado judicial, presentó
demanda1 en la que formuló las siguientes:
I.1.1. Pretensiones
“3.1 Que se declare la NULIDAD de la Resolución No 73372 de diciembre
28 de 2010, contenida en el expediente 05 45779 expedida por el
Superintendente delegado para la propiedad Industrial de la
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, mediante la cual se
revocaron las resoluciones 22061 de abril 30 de 2009 y 11598 de febrero
15 de 2010, que habían concedido el signo LA ESPAÑOLA en clase 29 de
la Clasificación Internacional de Niza a favor del demandante y en
consecuencia se reestablezca el derecho concedido a mi mandante en
estas.
3.2. Que se ordene a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
realizar la anotación pertinente.
3.3. Que se ordene la publicación de la sentencia en la gaceta de la
Propiedad Industrial”.
I.1.2. Fundamentos de hecho
Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:
I.1.2.1. La sociedad Kouprey S.A. solicitó el registro como marca del
signo “LA ESPAÑOLA" (mixto) para identificar productos comprendidos en
la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que fue
radicada con el número 0545779 y publicada en la Gaceta de Propiedad
Industrial número 553 de 30 de junio de 2005.
1 Folios 28 a 44 del expediente físico de la referencia.
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I.1.2.1.1. Contra dicha solicitud de registro la señora Lina María Facundo
Rincón y la sociedad Koipe Corporation S.L. formularon oposiciones con
fundamento, respectivamente, en las causales de irregistrabilidad del
literal e) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486
de 2000.
I.1.2.2. Mediante la resolución número 22061 de 30 de abril de 2009, la
SIC declaró infundadas las oposiciones presentadas, y en consecuencia
concedió el registro como marca del signo “LA ESPAÑOLA” (mixto) para
identificar productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación
Internacional de Niza en favor de la sociedad Kouprey S.A.
I.1.2.3. La sociedad opositora presentó recurso de reposición y en
subsidio de apelación en contra de la resolución de concesión, insistiendo
en que el signo “LA ESPAÑOLA” constituye un término engañoso sobre la
procedencia geográfica de los productos, y similarmente confundible con
su marca previamente registrada “CARBONELL”.
I.1.2.4. Los recursos se resolvieron a través de la resolución número
11598 de 26 de febrero de 2010, que confirmó la decisión de conceder el
registro, y la 73372 de 28 de diciembre de 2010, mediante la cual se
revocó la decisión de concesión, y en su lugar, declaró fundada la
oposición de la sociedad Koipe Corporation S.L., finalizando entonces con
la negativa del registro solicitado.
I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
La parte actora estimó que el acto administrativo demandado es violatorio
de lo dispuesto en los literales i) y e) del artículo 135, y el artículo 172 de
la Decisión 486 de 2000.
Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente:
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I.1.3.1. Afirmó que el signo no pretende indicar el lugar de procedencia
de los productos, pues en realidad al observarlo en su integridad, es
posible evidenciar que evoca la figura de una mujer española, de manera
que no induce en error al público consumidor, máxime si se tiene que el
nombre de un país, siendo tan genérico, no lograría engañar al
consumidor.
I.1.3.2. Explicó que España es particularmente conocido por los vinos, su
gastronomía, la moda, los deportes, la industria de armas y los productos
agrícolas, sin embargo, no por eso puede pensarse que cualquier tipo de
productos que se relacionen con dichas categorías provienen de ese país,
por cualquier alusión que se haga de aquel, y mucho menos por el uso
del gentilicio para los nacidos en esa región.
I.1.3.3. Sostuvo que, aunque el solicitante del registro objeto de estudio
no es oriundo de España, dicha particularidad no es suficiente para
deducir que el signo cuestionado resulte engañoso sobre el origen
geográfico de los productos que se pretenden identificar, pues en el
comercio es común que las empresas y sus marcas no tengan el mismo
origen, como pasaría con marcas nacionales que protegen productos
elaborados en china.
I.1.3.4. Informó que es titular de la marca “LA ESPAÑOLA” con certificado
de registro número 255113, respecto de la cual se presentó demanda2
de nulidad por parte de la sociedad Aceites del Sur S.A., con sustento en
las causales de irregistrabilidad de los literales h) e i) de la Decisión 344
de 1993. En igual sentido, es titular de “LA ESPAÑOLA” con certificado de
registro número 380327 también demandado3 por la sociedad
comentada, y “LA ESPAÑOLA” con certificado de registro número 258389,
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Proceso con radicado 2006-00044-00.
3
Proceso con radicado 2010-00009-00.
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igualmente demandado, sin embargo, sostuvo que en ninguna de esas
oportunidades se consideró que el signo resultara engañoso.
I.1.3.5. Agregó que el hecho de tener registros previos sobre la misma
marca “LA ESPAÑOLA” desde 1995, reduce la posibilidad de confusión en
el público consumidor, máxime si se considera que se acreditó a través
de encuestas que el 93% de los consumidores reconocen que los
productos de “LA ESPAÑOLA” son de origen colombiano. Agregó que,
poseer la titularidad de varios registros previos sobre la misma marca, le
otorga también una prioridad al registro cuestionado por encontrarse
consolidado el derecho sobre la marca para los mismos productos.
I.1.3.6. Se refirió a marcas colombianas como “SUIZO”, “LA FRANCESA”,
“LA ALEMANA”, “DROGUERÍA LA INGLESA”, “CAMISERÍA INGLESA”,
“COLEGIO NUEVA INGLATERRA”, “ÓPTICA ALEMANA” entre otras, que
evocan una región y no el país entero, pese a lo cual han sido concedidas
sin que se advierta riesgo de confusión o engaño en el consumidor.
I.1.3.7. Afirmó que la SIC no realizó, con el rigor requerido, el estudio
del apartado sobre signo engañoso, mientras que solo se refirió con
detalle a la ausencia de descriptividad del signo “LA ESPAÑOLA”. En tal
sentido, mencionó que la oficina nacional debe aplicar los mismos
criterios de evaluación del signo tanto en el supuesto de engaño como en
cuanto a la descriptividad; sin embargo, los actos no atendieron a dicha
exigencia.
I.2. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA
I.2.1. La SIC, por intermedio de apoderada judicial, contestó la demanda
así4:
4 Folios 96 a 116 del expediente físico de la referencia.
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Sostuvo que la expresión “LA ESPAÑOLA” acompañada del dibujo de una
mujer que realiza un baile típico de España como lo es el flamenco, puede
llevar al consumidor a asumir que el producto proviene de la Isla La
Española que ocupa una posición casi equidistante entre Cuba y Puerto
Rico, lo cual es suficiente para considerar que este signo es totalmente
engañoso, pues no se ha demostrado que el producto que se pretende
comercializar con el signo cuestionado sea proveniente de la mencionada
Isla.
Sostuvo que, contrario a lo mencionado por la actora, la partícula “LA” no
es suficiente para otorgarle distintividad al signo cuestionado, pues en
realidad aquella propicia la denominación engañosa, en la medida que a
partir del prefijo el consumidor asumirá que los productos provienen de
la Isla La Española.
Mencionó que, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española el adjetivo “ESPAÑOLA” tiene como significado “ser natural de
España o perteneciente o relativo a este país de Europa”, por lo que el
signo cuestionado puede ser indicativo de una región geográfica.
Además, señaló que el signo incorpora el artículo determinado femenino
“LA” y contiene una estructura gráfica consistente en la figura de una
mujer vestida con el traje típico español que simula un baile de ese país,
de manera que dicho aspecto gráfico resulta trascendente dentro del
signo, y produce efectos en el elemento nominativo solicitado, sugiriendo
en la mente del consumidor una idea relacionada con la expresión y una
mujer oriunda de España.
Agregó que el signo confunde al público en la medida que presenta un
aspecto gráfico relacionado con las comunidades de Murcia y Extremadura
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en España, y a su vez, se refiere a la Isla La Española, de modo que el
consumidor no sabrá cuál es la región a la que alude el signo.
Concluyó que el signo “LA ESPAÑOLA” engaña al consumidor quien, al
encontrarse con productos como aceites, grasas comestibles, conservas
y encurtidos, especialmente jamón, mortadela, salchichas, salchichones,
chorizos entre otros, estimará que dichos productos son de origen
español, idea que terminará influyendo en la decisión de adquirirlos o no,
pues España se caracteriza por ser un excelente productor de los
mencionados bienes. A lo anterior agregó que “[…] la negación del
registro era la única posibilidad que tenía la SIC de que el signo que
induzca a los consumidores a asociar erróneamente el origen de los
productos con la reconocida reputación de los aceites, chorizos, jamones
y embutidos españoles, al no estar limitada la cobertura para identificar
los productos de origen español, era no permitir su registro teniendo en
cuenta que no cumplía con estos parámetros […]”.
I.2.2. La señora Lina María Facundo Rincón, a través de curador Ad
Litem5, contestó la demanda en los siguientes términos6:
Se refirió a cada uno de los hechos de la demanda, y se opuso a la
pretensión de declarar la nulidad del acto que negó el registro del signo
cuestionado, en tanto que consideró que la SIC obró conforme a derecho,
presentó argumentos sólidos, y en realidad se trata de una cuestión de
procedimiento según el resultado.
Finalmente, mencionó que el signo cuestionado no resulta similarmente
confundible con la marca opositora “CARBONELL”, pues son diferentes en
cuanto a colores, figuras y denominaciones.
5 Oliverio Simón Diaz Diaz, designado a través de auto de 7 de abril de 2015, obrante a folio 89
del expediente físico de la referencia.
6 Folios 123 a 125 del expediente físico de la referencia.
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I.2.3. El Ministerio Público y la sociedad Koipe Corporation S.L. no
intervinieron en esta etapa procesal.
I.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO
PÚBLICO
Mediante auto de 8 de julio de 20167, se corrió traslado a las partes para
que presentaran alegatos de conclusión.
I.3.1. La actora reiteró los argumentos de su demanda8.
I.3.2. La SIC, los litisconsortes necesarios, y el Ministerio Público
guardaron silencio en esta etapa del proceso.
I.4. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación
prejudicial número 545-IP-20189, en los siguientes términos:
“La Sala consultante solicito la Interpretación Prejudicial de los Artículos
135 Literales i) y e) y 172 de la Decisión 488 de la Comisión de la
Comunidad Andina los cuales únicamente se interpretará el Artículo 135
Literales i) y e) de la Decisión antes mencionada por ser pertinentes.
No se llevará a cabo la interpretación Prejudicial del Artículo 172 al no ser
materia de controversia la naturaleza de la acción de nulidad […]”.
En dicha interpretación, el Tribunal Andino emitió su criterio y concepto
en torno a los siguientes temas: 1) Signos conformados por
denominaciones descriptivas. 2) Irregistrabilidad de signos engañosos. 3)
Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones.
7 Folio 240 del expediente físico de la referencia.
8 Folios 241 a 251 del expediente físico de la referencia
9 Folios 273 a 280 del expediente físico de la referencia.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
II.1. EL ACTO ACUSADO
Se solicita la nulidad de la resolución número 73372 de 28 de diciembre
de 2010 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación” en el sentido
de revocar la resolución número 22061 de 30 de abril de 2009, y en su
lugar, (i) declarar fundada la oposición presentada por Koipe Corporation
S.L., (ii) declarar infundada la oposición presentada por Lina María
Facundo Rincón, y (iii) negar el registro del signo “LA ESPAÑOLA” (mixto)
para identificar productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación
Internacional de Niza, solicitada por Kouprey S.A.10.
II.2. LA NORMATIVA APLICABLE
De conformidad con la demanda, las contestaciones y la Interpretación
Prejudicial emitida para el caso sub examine por el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, las normas aplicables al presente caso son los
literales e) e i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, cuyo tenor
literal es el siguiente:
"Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
[…]
e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en
el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la
procedencia geográfica, la época de producción u otros datos,
características o informaciones de los productos o de los servicios para los
cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones
laudatorias referidas a esos productos o servicios;
[…]
10 Mediante resolución 15968 de 28 de marzo de 2011, la SIC accedió a la revocatoria directa del
artículo cuarto de la resolución aquí demandada, modificándola en cuanto al solicitante de la
marca, con ocasión de la transferencia que realizó la sociedad Kouprey S.A. a la señora Isabel
Cristina Salazar Gómez.
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i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular
sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las
características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o
servicios de que se trate; […]”.
El Tribunal de Justicia prescindió de la interpretación del artículo 172 de
la Decisión 486 de 2000, en tanto que el debate propuesto por las partes
no aborda la procedencia de las acciones especiales dispuestas en la
norma comunitaria en comento. En consecuencia, la Sala no abordará el
estudio de la normativa mencionada.
II.2.1. Cuestión Previa
De manera previa a abordar el asunto que compete, la Sala pone en
consideración que la actora invocó como norma violada el literal e) del
artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, el cual fue interpretado por el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Sin embargo, de los argumentos que sustentan la demanda se observa
que el debate propuesto se concentra en desvirtuar la razón por la cual la
SIC negó el registro como marca del signo “LA ESPAÑOLA” en el acto
demandado, esto es, la determinación según la cual se trataba de una
expresión engañosa, es decir, que el signo estaba incurso en la causal de
irregistrabilidad del literal i) ibidem.
Lo anterior es así, pues en el acto demandado se concluyó que el signo
cuestionado no se encuentra conformado exclusivamente por
denominaciones descriptivas, ya que incluye una parte gráfica y porque
la expresión “LA ESPAÑOLA” no responde a la pregunta ¿cómo son? los
productos que pretende distinguir dicho signo. Por esta razón, en el acto
demandando se determinó que el signo “LA ESPAÑOLA” no estaba incurso
en la causal del literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, que prohíbe
el registro como marca de un signo que sea descriptivo de los productos
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que pretende identificar. La conclusión anotada, consignada en el acto
demandado, es favorable para los intereses de la demandante y es por
esa razón que la accionante no la discute en la demanda de la referencia.
En el contexto anotado, la Sala ratifica la consideración adoptada en el
acto administrativo acusado en virtud de la cual se concluyó que el signo
cuestionado no es descriptivo de los productos comprendidos en la clase
29 del nomenclátor internacional, pues “[…] si bien la expresión “LA
ESPAÑOLA” puede ser indicativo de una región geográfica, es evidente
que el signo solicitado incorpora al inicio el artículo determinado femenino
“LA” y contiene una estructura gráfica consistente en la figura de una
mujer vestida con el típico traje español y que simula un baila de dicho
país, estructura que no solo se presenta como significativa y trascendente
del signo solicitado, sino que además produce efectos frente al elementos
nominativo del signo solicitado, vinculando al consumidor con la idea de
“LA ESPAÑOLA” como la mujer oriunda de España que hace parte del
diseño […]”.
En consecuencia, la Sala se concentrará en el estudio de la causal de
irregistrabilidad prevista en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486
de 2000, partiendo de la premisa que el signo “LA ESPAÑOLA” no es
descriptivo de los productos que pretende distinguir, tal como fue
reconocido en el acto acusado y teniendo en cuenta que la demandante
no refuta dicha conclusión, en tanto va en línea con sus intereses.
II.3. PROBLEMA JURÍDICO
De conformidad con la demanda y sus contestaciones, la Sala deberá
resolver los siguientes cuestionamientos:
La Sala deberá determinar si el signo “LA ESPAÑOLA” (mixto) para
distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación
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Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de
irregistrabilidad prevista en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486
de 2000, por resultar engañoso respecto del origen geográfico de los
productos que pretende distinguir el signo cuestionado.
Dilucidado lo anterior, la Sala deberá establecer si es nula, por violación
de normas superiores, la resolución número 73372 de 28 de diciembre de
2010, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.
Si la respuesta al anterior interrogante es afirmativa, corresponde a la
Sala determinar si hay lugar a ordenarle a la SIC que conceda el registro
como marca del signo “LA ESPAÑOLA” (mixto) para identificar productos
comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
II.4. EL ANÁLISIS DEL ASUNTO
II.4.1. De la causal de irregistrabilidad del literal i) del artículo
135 de la Decisión 486 de 2000
El literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 supone la
prohibición general sobre el registro como marca de un signo, que se
configura con la posibilidad de que aquel induzca a engaño al consumidor
o a los medios comerciales respecto de la procedencia geográfica, la
naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o
aptitudes para el empleo de los productos o servicios que pretenda
distinguir.
En dicho sentido se refirió el Tribunal comunitario en la interpretación
prejudicial que emitió para el presente asunto, veamos:
“2.4. Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con
la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que este
se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de
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una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el
motivo que impide su registro, el cual es que el signo engañoso no cumple
las funciones propias del signo distintivo, ¡toda vez que en lugar de indicar
e! origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de
calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios
comerciales o al público consumidor o usuario, y de este modo enturbia
el mercado […]”.
Así mismo, en cuanto al engaño que debe concurrir para que se encuentre
configurada la causal de irregistrabilidad en mención, el Tribunal explicó
lo siguiente:
“El engaño se produce cuando un signo provoque en la mente del
consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien
o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la
aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a
error […]”.
Finalmente, en la Interpretación Prejudicial emitida, se recordó que “[…]
la prohibición de registrar signos engañosos, […] se dirige a precautelar
el interés general o público; es decir, del consumidor […]”. A lo anterior
es necesario agregar que el engaño debe advertirse directamente de la
naturaleza de los productos y/o servicios en cuestión, de manera que el
signo no resulta engañoso por sí mismo, sino que debe existir una relación
entre la supuesta indicación engañosa del origen geográfico y las
características y naturaleza de los productos y/o servicios que el signo
identifica11.
II.4.1.2. La demandante funda su cargo de nulidad en el hecho
consistente en que, contrario a lo que sostuvo la SIC en el acto acusado,
el signo “LA ESPAÑOLA” para identificar productos en la clase 29 de la
Clasificación Internacional de Niza, en realidad no induce al consumidor a
pensar que los productos comercializados son de origen español, pues lo
cierto es que se trata de una empresa colombiana que comercializa los
11 Esta Sección acogió la consideración que aquí se reitera en oportunidad anterior. Al respecto
consultar: Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia
de 23 de mayo de 24; M.P. Oswaldo Giraldo López; radicado: 11001 03 24 000 2011 00147 00;
Actor: TROLLI IBERICA S.A. Y MEDERER GMBH.
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Demandante: KOUPREY S.A.
productos bajo ese signo, por lo que no resultaría posible generar una
verdadera confusión en cuanto al origen geográfico de los productos.
Adicionalmente, aduce que la expresión no refiere directamente al país de
España, sino que evoca la figura de una mujer oriunda de esa región, sin
embargo, esto último no sería suficiente para afirmar que se trata de un
indicación geográfica en cuanto al origen de los productos.
Por ello, resulta del caso traer a colación los productos para los cuales se
solicitó el registro como marca del signo “LA ESPAÑOLA” (mixto), los
cuales corresponden a la clase 29, y particularmente son los siguientes:
“CARNE, PESCADO, AVES Y CAZA; EXTRACTOS DE CARNE; FRUTAS Y
LEGUMBRES EN CONSERVA, SECAS Y COCIDAS; JALEAS Y MERMELADAS,
HUEVOS, LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS; ACEITES Y GRASAS
COMESTIBLES; CONSERVAS Y ENCURTIDOS; ESPECIALMENTE JAMÓN,
MORTADELA, SALCHICHAS, SALCHICHONES, CHORIZOS, PASTELES Y
ROLLOS DE CARNE, PRODUCTOS EMBUTIDOS, PROCESADOS Y/O
MADURADOS DE CARNE, PESCADO, AVES Y CAZA”.
Por su parte, el signo como fue solicitado para su registro como marca se
encuentra constituido de la siguiente manera:
(mixto)
Para identificar productos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza
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Como se observa, los productos amparados con el registro de marca
cuestionado responden a la naturaleza de alimentos de consumo masivo
de la canasta familiar, y cumplen la finalidad de proporcionar apoyo
nutricional a las personas, de tal manera que la naturaleza y finalidad de
dichos productos no guardan relación directa con la engañosa indicación
geográfica que se dispuso en el acto acusado, es decir, que aquellos son
de origen español, en tanto que los alimentos allí descritos, los cuales
pueden catalogarse en: (i) productos de origen animal lácteos y cárnicos,
así como (ii) productos vegetales frutas, legumbres y conservas de estos,
bien pueden ser originarios de cualquier parte del mundo, y no
exclusivamente de España.
Adicionalmente, la Sala advierte que, aunque el signo cuestionado se
encuentra conformado por una denominación y una gráfica que evoca a
una mujer proveniente de la región de España, lo cierto es que aquello no
se traduce en una sugerencia directa en cuanto al origen geográfico de
los productos, pues en realidad se trata de una expresión que identifica a
un sujeto, particularmente, a una mujer, que junto con su aspecto gráfico
da lugar a pensar que pertenece a una cultura en partícula. Sin embargo,
se reitera, ello no alcanza a sugerir en el consumidor una indiciación
geográfica de elaboración de los productos, simplemente se trata del uso
de un personaje ficticio para denominar un signo, tal como pasaría con
denominaciones como “de la abuela”, “la muñeca”, o cualquier otra que
se valga de un personaje femenino con características particulares para
identificar productos en el comercio.
En este punto, valga traer a colación la consideración reciente de esta
Sección12 en relación con la expresión “LA ESPAÑOLA”, oportunidad en la
cual se consideró que aquella no corresponde a una indicación geográfica,
y que se prohíja en esta oportunidad, veamos:
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de
junio de 2024, C.P. Oswaldo Giraldo López radicado número: 11001 03 24 000 2010 00009 00.
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“[…] De otra parte, se advierte por la Sala que la expresión “ESPAÑOLA”
contenida en ambas marcas, deberá ser tenida en cuenta al momento de
realizar el cotejo marcario, puesto que la misma no es uso común, ni
descriptivo para la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, por
cuanto, no es una indicación geográfica, toda vez que la misma no
describe el origen geográfico de los productos que ampara, sino que
es un adjetivo, que describe a una persona, en este caso femenina,
que es de España en ambas marcas.
De otra parte la Sala evidencia que la expresión “ESPAÑOLA” en las marcas
en controversia no alude directa ni indirectamente a las características,
cualidades o efectos de los productos comprendidos en la clase 29 de la
Clasificación Internacional de Niza, que protegen dichas marcas, ni tiene
incidencia alguna sobre los mismos, por cuanto no está identificando el
lugar de procedencia de los productos que ampara, ni significa o
insinúa en lo más mínimo que tenga algún vínculo con las características
de los productos que pretenden identificar.
Con base en lo anterior se puede establecer que la mención o lectura de
la expresión “ESPAÑOLA” no describe directa o indirectamente la
calidad, cantidad, ingredientes, valor, funciones, ni cualquier otra
característica de los productos comprendidos en la citada clase 29, ya que
su significado no informa sobre alguna de las mismas, ni siquiera su lugar
de procedencia, pues para llegar a tal conclusión, se requeriría que
su denominación insinuara su lugar de fabricación. Así, ante la
pregunta ¿cómo es?, no puede decirse que la respuesta sea que la
expresión “Española” esté haciendo alusión alguna a características de los
productos de la clase 29, que amparan, ni de la designación de las
finalidades de los mismos que pretenden distinguir, pues, conforme se dijo
anteriormente, la citada expresión se refiere es a una persona, en
femenino, que es de España, pero no en sí a los productos […]”.
(destacado de la Sala).
Pues bien, para la Sala es claro que un consumidor promedio que desea
adquirir productos de la canasta familiar como huevos, lácteos, cárnicos,
frutas y legumbres, no llegará de forma intuitiva a la consideración de
que dichos productos comercializados bajo el signo “LA ESPAÑOLA”
provienen de la región de España, y muchos menos como lo propone la
demandada en su contestación, de la Isla La Española que es por mucho
poco conocida, como sí pasaría si la denominación del signo cuestionado
incluyera directamente la palabra “España” a partir de la cual se estaría
ante una indicación geográfica porque menciona de manera directa el
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nombre de un país, tal como sucede en aquellos casos en los que se ha
incluido la referencia “Paris” o “Milán”.
En gracia de discusión, un consumidor podría encontrar una relación entre
los productos comercializados por la actora y el origen español, a partir
de un ejercicio mental elaborado que incluya conocimientos previos sobre
las características y calidad de los productos de esa región, pero ello es
poco probable cuando se trata de un consumidor medio al que se le
presume normalmente informado y razonablemente atento13, cuyo nivel
de percepción es variable en relación con la categoría de bienes, que para
este caso no son otros más que aquellos de consumo regular y ordinario
en los hogares.
Es por todo lo anterior que esta Sala encuentra que le asiste razón a la
demandante en cuanto a que el signo que solicitó para registro como
marca “LA ESPAÑOLA” para identificar productos en la clase 29 de la
Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en la causal
de irregistrabilidad del literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de
2000, en la medida que aquel no posee la identidad de ser engañoso para
el comercio o el público consumidor en relación con el origen geográfico
de los productos, en consideración a la naturaleza y finalidad de aquellos.
Por otra parte, conviene señalar que esta Sección, en oportunidad
anterior14, se pronunció en relación el signo “LA ESPAÑOLA” para
identificar productos comprendidos en la clase 29 internacional 15, y la
supuesta posibilidad de que aquella engañe al público consumidor en
13 Proceso 43-IP-2021.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de
junio de 2015, M.P. María Elizabeth García Gonzalez, radicado número 11001-03-24-000-2006-
00044-00.
15 Los productos que identifica esa marca son los siguientes: “Frutas y legumbres en conserva,
secas y cocidas; jaleas y mermelada; huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas
comestibles; conservas; encurtidos.”
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relación con los productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional
de Niza, en el siguiente sentido:
“[…] Al confrontar la marca registrada en favor del tercero interesado, con
las definiciones que anteceden, estima la Sala que la marca “LA
ESPAÑOLA” no es una indicación geográfica, toda vez que la misma
no describe el origen geográfico de los productos que ampara, sino que
es un adjetivo, que describe a una persona, en este caso femenina, que
es de España.
Observa, además, que el referido signo no alude directa ni indirectamente a
las características, cualidades o efectos de los productos comprendidos en la
Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, que protege dicha marca, ni
tiene incidencia alguna sobre los mismos.
En otras palabras, el signo “LA ESPAÑOLA” no está identificando el lugar
de procedencia de los productos que ampara, ni significa o insinúa en lo
más mínimo que tenga algún vínculo con las características de los
productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
A este respecto, vale la pena aclarar que la mención o lectura de la expresión
“LA ESPAÑOLA” no describe directa o indirectamente la calidad, cantidad,
ingredientes, valor, funciones, ni cualquier otra característica de los
productos comprendidos en la citada Clase 29, ya que su significado o
traducción al español no contempla o informa sobre alguna de las mismas,
ni siquiera su lugar de procedencia, pues para llegar a tal conclusión, se
requeriría que su denominación insinuara su lugar de fabricación, pues ante
la pregunta ¿cómo es?, no puede decirse que la respuesta sea que “LA
ESPAÑOLA” esté haciendo alusión alguna a características de los productos
de la Clase 29, que ampara, ni de la designación de las finalidades de los
mismos que pretende distinguir, pues, conforme se dijo anteriormente, la
citada expresión se refiere es a una persona, en femenino, que es de
España, pero no en sí a los productos.
De otra parte, la actora sostuvo que se violó el artículo 135, literal h) de la
Decisión 486 de 2000, que corresponde al artículo 82, literal h) de la
Decisión 344, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que dicho signo
puede engañar al público consumidor en relación con la procedencia
geográfica de los productos que ampara.
Sobre el particular, conviene tener en cuenta los siguientes apartes de la
citada Interpretación Prejudicial, a saber:
“El literal h) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena, establece la irregistrabilidad de los signos
que puedan engañar a los medios comerciales o al público en
general. Sobre esta prohibición el Tribunal se ha manifestado de
la siguiente manera:
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“Se trata de una prohibición de carácter general que se configura
con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin
necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada
prohibición se desarrolla a través de una enumeración no
exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que
impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las
funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de
indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se
refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas
circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor
o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”. (Proceso 82-
IP-2002. Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2002,
publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 891,
de 29 de enero de 2003).
Asimismo, el Tribunal ha sostenido que:
“(…)”
“El Tribunal advierte que el engaño en cuanto al lugar de
procedencia podría generar error respecto a las características y
calidad del producto o servicio respectivo. Un consumidor al
pensar que determinados productos o servicios provienen de un
lugar determinado, podría asumir que estos reúnen las mismas
características y especificaciones de los realmente originarios de
dicho territorio...” (Las negrillas fuera de texto)
De acuerdo con los criterios antes expuestos por el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina y los razonamientos que anteceden, cabe resaltar
que si el signo “LA ESPAÑOLA” no es descriptivo de alguna de las
características o propiedades de los productos de la Clase 29 de la
Clasificación Internacional de Niza, no puede, ni podría engañar, ni
inducir en error al público consumidor, sobre su procedencia
geográfica y empresarial, como tampoco acerca de sus
características, cualidades, modo de fabricación o aptitud para el
empleo de los productos de la referida clase, como en efecto, lo
predica la norma comunitaria.
En consecuencia, al no existir un riesgo de confusión con relación a los
productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, ni con sus
propiedades, es claro para la Sala que la expresión “LA ESPAÑOLA” resulta
ser lo suficientemente distintiva para distinguir, identificar e individualizar
en el mercado los productos que ampara, permitiendo su selección por parte
del público consumidor.
Por tal razón, no es necesario referirse a las pruebas allegadas por el tercero
interesado, con el objeto de demostrar la distintividad adquirida o
sobrevenida, teniendo en cuenta que la referida expresión goza de su propia
distintividad ab initio […]”. (Destacado de la Sala).
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En ese orden, esta Sala prohíja el criterio de la Sección según el cual la
expresión “LA ESPAÑOLA” de ninguna forma podría ser engañosa para los
medios comerciales y/o el público consumidor, pues al encontrarla en el
mercado no se llegaría a la conclusión intuitiva de que los productos de la
canasta básica familiar, como lácteos, cárnicos, huevos, frutas, legumbres
y sus encurtidos, los cuales comercializa la actora, provienen de la región
de España.
II.4.1.3. En consecuencia, la Sala colige que el signo “LA ESPAÑOLA”
(mixto) para identificar productos en la clase 29 de la Clasificación
Internacional de Niza, no se encuentra incursa en la causal absoluta de
irregistrabilidad de que trata el literal i) del artículo 135 de la Decisión
486, en la medida que aquella no provoca en la mente del consumidor
una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza de los bienes de la
canasta básica familiar que se comercializan bajo esa denominación, así
como tampoco respecto de sus características o procedencia geográfica.
Por lo anterior, hay lugar a acceder a las pretensiones de la demandante
y declarar la nulidad del acto administrativo que negó el registro como
marca del signo “LA ESPAÑOLA” (mixto) para identificar productos en la
clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, y consecuencialmente,
ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio que conceda el
registro como marca, solicitado por la sociedad Kouprey S.A.16
II.4.1.4. Ahora bien, ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado
anteriormente, la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados
16 La actual titular de los derechos sobre la solicitud de registro es la señora Isabel Cristina Salazar
Gómez, de conformidad con lo establecido en la resolución número 15968 de 28 de marzo de
2011, en consideración a la revocatoria directa del artículo cuarto de la resolución aquí
demandada, a través de la cual se modificó el solicitante de la marca, con ocasión de la
transferencia que realizó la sociedad Kouprey S.A. a la mencionada señora Salazar.
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en la demanda, criterio consolidado por esta Sección y adoptado en otras
ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201617.
II.4.2. SOBRE COSTAS
Por otra parte, tras analizar la conducta asumida por las partes de acuerdo
con lo indicado en el artículo 171 del CCA, en concordancia con los
artículos 361 y 365 del CGP18, la Sala concluye que no se configuran los
presupuestos normativos allí previstos, por lo que no se condenará en
costas a la parte demandante.
II.4.3. SOBRE PODERES
La Sala tiene por bien presentada la renuncia del poder conferido a la
abogada LAURA GOMEZ RIVERA, como apoderada de la parte
demandada, el cual obra a folios 261 a 271 del expediente físico de la
referencia, por haber cumplido las exigencias de que trata el artículo 76
del CGP.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la resolución 73372 de 28 de
diciembre de 2010 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”,
expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de
febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00457-00.
En dicha providencia se dijo: “[…] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en
contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los
relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos
de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos [.]”
18 Aplicables al asunto caso por la remisión del artículo 267 del CCA.
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SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración anterior, ORDENAR a
la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder el registro como
marca del signo “LA ESPAÑOLA” (mixto) para distinguir productos
comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza,
solicitado por la sociedad Kouprey S.A., en los términos señalados en la
parte considerativa de esta providencia.
TERCERO: SIN CONDENA en costas, por las razones expuestas.
CUARTO: TENER por bien presentada la renuncia del poder conferido a
la abogada LAURA GOMEZ RIVERA, como apoderada de la parte
demandada, el cual obra a folios 261 a 271 del expediente físico de la
referencia, por haber cumplido las exigencias de que trata el artículo 76
del CGP.
QUINTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128
de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
SEXTO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Aclaración de voto
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Demandante: KOUPREY S.A.
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley.
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