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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2010-00009-00

Fecha
13 de junio de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2010-00009-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de caducidad de la acción y de falta de agotamiento de la vía gubernativa formuladas por la SIC, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la resolución número 22065 de 30 de abril de 2009 “Por la cual se resuelve una solicitud de registro” que concedió el registro de la marca “LA ESPAÑOLA” (mixta) para distinguir productos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de la sociedad Kouprey S.A., expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las consideraciones expuestas en esta sentencia. TERCERO: Como consecuencia de la declaración anterior, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro número 380327 correspondiente a la marca “LA ESPAÑOLA” (mixta) para distinguir productos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de la sociedad Kouprey S.A. CUARTO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. QUINTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina. SEXTO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 38 Radicado: 11001 03 24 000 2010 00009 00 Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2010-00009-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

13 de junio de 2024

1

Radicado: 11001 03 24 000 2010 00009 00
Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., trece (13) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD RELATIVA
Radicación: 11001 03 24 000 2010 00009 00
Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO
Terceros con interés: KOUPREY S.A.S. y LINA MARÍA FACUNDO
RINCÓN

Tesis: Es nula la resolución que concedió el registro de la
marca “LA ESPAÑOLA” (mixta) para distinguir
productos comprendidos en la clase 29 de la
Clasificación Internacional de Niza en favor de
KOUPREY S.A.S., en tanto que resulta
similarmente confundible con la marca “LA
ESPAÑOLA” (mixta) para distinguir productos en
esa misma clase internacional, previamente
registrada por la sociedad Aceites del Sur COOSUR
S.A.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_________________________

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad
Aceites del Sur Coosur S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho de que trata el artículo 85 del Código
Contencioso Administrativo – CCA, interpretada por el despacho en el
auto admisorio1 como de nulidad relativa establecida en el inciso segundo
del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, con miras a obtener la nulidad
de la resolución número 22065 de 30 de abril de 2009 por la cual se

1
Folios 83 y 84 del expediente físico de la referencia. El expediente digitalizado se encuentra en el índice
número 86 en SAMAI.

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Radicado: 11001 03 24 000 2010 00009 00
Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A.

concedió el registro de la marca “LA ESPAÑOLA”2 (mixta) para distinguir
productos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza en favor
de la sociedad Kouprey S.A., bajo el certificado de registro número
380327. El acto administrativo comentado fue expedido por la División de
Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

La sociedad Aceites del Sur Coosur S.A., a través de apoderada judicial,
presentó demanda en la que formuló las siguientes3:

I.1.1. Pretensiones

“1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 22065 del 30 de abril de 2009 y
notificada el 27 de mayo de 2009 y 28 de julio de 2009, emitida por la División
de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del
expediente No.05-045.776, mediante la cual se concedió a favor de la sociedad
KOUPREY S.A. el registro de la marca LA ESPAÑOLA (mixta) en la Clase 29
internacional y se declaró infundada la oposición formulada por Lina María
Facundo Rincón.

2. Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho:

• Se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos
Distintivos declarar la confundibilidad de los signos marcarios en conflicto LA
ESPAÑOLA en clase 29 internacional solicitada por KOUPREY S.A. y LA ESPAÑOLA
en clase 29 internacional registro N. 388807 propiedad de Aceites del Sur Coosur
S.A., y vigente hasta el 22 de abril de 2012.

• Se declare que Aceites del Sur Coosur S.A. tiene legítimo interés para actuar
en este proceso, en su condición de titular de la marca LA ESPAÑOLA en la Clase
29 internacional, registro N. 388807 y vigente hasta el 22 de abril de 2012.

• Se anule el registro de la marca LA ESPAÑOLA en la Clase 29 internacional a
nombre de KOUPREY S.A.

3. Que se ordene a la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, publicar
la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.”

2
En su parte gráfica la marca lleva impresa la palabra “PRODUCTOS”.
3
Folios 54 al 79 del expediente físico de la referencia.

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Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A.

I.1.2. Fundamentos de hecho

Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:

I.1.2.1. Kouprey S.A. solicitó el registro como marca del signo mixto “LA
ESPAÑOLA” para identificar productos en la clase 29 de la Calificación
Internacional de Niza4, solicitud que fue radicada con el número 05-
045776 y publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial número 533 el
30 de junio de 2005.

I.1.2.2. La señora Lina María Facundo Rincón presentó oposición en contra
de la solicitud de registro mencionada, con fundamento en que el signo
cuestionado consistía en una referencia geográfica con lo cual induce a
error al consumidor.

I.1.2.3. Mediante la resolución número 22065 del 30 de abril de 2009, la
SIC declaró infundada la oposición formulada, y concedió el registro de la
marca mixta “LA ESPAÑOLA”, para distinguir productos en la clase 29 de
la Clasificación Internacional de Niza, en favor de Kouprey S.A. Contra
dicha decisión no se presentaron recursos.

I.1.2.4. La sociedad demandante Aceites del Sur Coosur S.A. es titular de
la marca “LA ESPAÑOLA” (mixta) para distinguir productos en la clase 29
de la Clasificación Internacional de Niza5, con certificado de registro
número 388807. La marca en comento fue concedida mediante resolución
número 34461 de 25 de octubre de 2001, la cual quedó en firme luego

4
Respecto de los siguientes productos de la clase 29: "CARNE, PESCADO, AVES Y CAZA; EXTRACTOS DE
CARNE; ESPECIALMENTE JAMON, MORTADELA, SALCHICHAS, SALCHICHONES, CHORIZOS, PASTELES Y
ROLLOS DE CARNE, PRODUCTOS EMBUTIDOS, PROCESADOS Y/0 MADURADOS DE CARNE, PESCADO, AVES Y
CAZA".
5
Los productos de la clase 29 amparados son: “ACEITES, GRASAS COMESTIBLES, CONSERVAS”.

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Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A.

de que, por sentencia de 30 de agosto de 20076, la Sección Primera del
Consejo de Estado declarara la nulidad de la resolución número 08908 de
20 de marzo de 2002, que había revocado la resolución de concesión y
denegado el registro de esa marca.

I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

La parte actora estima que el acto administrativo demandado transgredió
lo dispuesto en el artículo 134, en el literal a) del artículo 136 y en los
artículos 154 y 155 de la Decisión 486 de 2000.

Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente:

I.1.3.1. Advirtió que la SIC, al realizar el estudio de registrabilidad de la
marca acusada, no tuvo en cuenta el antecedente marcario que
constituye su marca mixta “LA ESPAÑOLA” registrada para identificar
productos en la clase 29.

Informó que solicitó el registro de la marca mencionada el 24 de julio de
1997, y que aquel fue concedido por orden dispuesta en sentencia del 30
de agosto de 2007 dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado,
a través de la cual se declaró la nulidad de la resolución 8908 de 20 de
marzo de 2002 que había revocado la decisión de conceder el registro de
la comentada marca.

Sobre dicho trámite marcario, informó que, aunque la concesión del
registro se ordenó en sentencia de 30 de agosto de 2007, solo hasta el
mes de octubre de 2009 la SIC dictó auto ordenando dar cumplimento a
la comentada providencia judicial.

6
Consejo de Estado; Sección Primera; M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Radicado 11001 03 24 000
2002 00316 01; Actor: Aceites del Sur S.A.

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Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A.

I.1.3.2. Explicó que, en cualquier caso, para la fecha en que se expidió el
acto administrativo que concedió el registro marcario cuestionado, a
saber, el 30 de abril de 2009, la acción de nulidad contra la resolución
que concedió el registro de su marca ya había sido decidida mediante
sentencia de 30 de agosto de 2007, por lo tanto, la SIC debió considerar
dicho registro en el estudio de registrabilidad del signo acusado.

I.1.3.3. De otra parte, señaló que presentó acción de cancelación por no
uso contra el registro marcario número 255113 correspondiente a la
marca mixta “LA ESPAÑOLA” de titularidad de Kouprey S.A., y que aquel
se resolvió cancelando parcialmente la marca, por lo tanto, consideró que
tiene derecho preferente respecto de la expresión en comento. En
relación con aquel registro marcario, informó también que promovió
acción de nulidad contra la resolución que concedió su registro, la cual no
había sido decidida al momento de presentar la demanda de la referencia.

I.1.3.4. Sostuvo que entre las marcas “LA ESPAÑOLA”7 (mixta) que
distingue productos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza
de Kouprey S.A., y “LA ESPAÑOLA”8 (mixta) registrada para identificar
productos en la misma clase internacional de su titularidad, existen
semejanzas que harían que el consumidor considere erróneamente que
se trata de una misma marca, o que comparten origen empresarial.

I.1.3.5. Explicó que las marcas enfrentadas: i) presentan coincidencias
en la secuencia de vocales, longitud y número de silabas, así como raíces
y terminaciones; ii) comparten pronunciación; iii) evocan la misma idea,
generando la misma impresión global en el consumidor; y iv) muestran
semejanzas en cuanto a su aspecto gráfico.

7
Certificado de registro número 380327.
8
Certificado de registro número 388807.

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I.1.3.6. Adujo que entre los productos amparados por las marcas
confrontadas existe conexidad toda vez que los mismo se encuentran en
la misma clase 29 internacional, y resultan complementarios e
intercambiables entre sí. En consecuencia, el signo cuestionado carece
de la distintividad necesaria para ser registrado como marca.

I.2. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

I.2.1. La SIC, a través de apoderado judicial, contestó la demanda en los
siguientes términos9:

I.2.1.1. En primer lugar, puso de presente que la sentencia de 30 de
agosto de 2007 proferida por el Consejo de Estado a la cual aludió la
demandante, fue notificada por esa corporación el 12 de agosto de 2009,
fecha en la cual la SIC ya había expedido la resolución 22065 de 30 de
abril de 2009 demandada, por lo que el fundamento legal de dicho acto
se encuentra ajustado plenamente a derecho.

I.2.1.2. Sostuvo que las marcas confrontadas encuentran diferencia en
su aspecto gráfico, pues en el caso de la cuestionada se trata de una
bailarina de danza española, mientras que la de la demandante lleva
impresa la imagen de una mujer recolectora. Adicionalmente, señaló que
el término empleado común, bien puede sugerir el origen o procedencia
del producto, lo cual resulta más evidente si se observa que uno de los
signos está acompañado de la expresión “aceite de oliva” en su parte
gráfica, producto que tiene origen y tradición europea.

I.2.1.3. Afirmó que resulta inconducente y extralimitado fundamentar
una oposición mediante la reivindicación de exclusividad de una expresión
no monopolizable, como lo es “LA ESPAÑOLA”.

9
Folios 104 a 109 del expediente físico de la referencia.

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I.2.1.4. Finalizó diciendo que no se encontró cumplido el primer
presupuesto de irregistrabilidad relativo a la similitud susceptible de
generar confusión en el consumidor y que, en ese orden, resulta
irrelevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación
entre los productos que distinguen las marcas confrontadas.

I.2.1.5. Adicionalmente, formuló las excepciones de falta de agotamiento
de la vía gubernativa y caducidad de la acción propuesta.

I.2.2. La sociedad Kouprey S.A., a través de apoderado judicial, contestó
la demanda de la siguiente manera10:

I.2.2.1. Sostuvo que la demandante erró al invocar el artículo 134 de la
Decisión 486 de 2000, pues aquella norma no se refiere a la distintividad
de los signos como requisito para ser registrables sino a la capacidad, en
general, para ser considerado como marca, por lo tanto, solicitó que se
descartara dicha imputación contra el acto. Respecto del literal a) del
artículo 136 ibidem, dijo que la SIC lo aplicó en debida forma.

I.2.2.2. Informó que solicitó, de manera previa a la marca cuestionada,
el registro como marca del signo “LA ESPAÑOLA” para distinguir productos
en la clase 29 internacional, y que a dicha solicitud se opuso la
demandante con el argumento de que el signo era engañoso por la
indicación de origen que pretendía presentar; sin embargo, el registro
solicitado fue concedido el 4 de octubre de 2002 y se le asignó el
certificado de registro número 255113.

I.2.2.3. Señaló que la demandante intentó acción de cancelación de la
marca en comento, sin embargo, su solicitud fue resuelta de manera

10
Folios 110 a 120 del expediente físico de la referencia.

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negativa. Además, dijo que contra esa misma marca la demandante
promovió demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, la cual se
tramitó bajo el radicado 2006-00044.

I.2.2.4. Sostuvo que la demandante se equivoca al considerar que su
marca, la cual fue solicitada el 24 de abril de 1997, y negada en definitiva
en marzo de 2002, puede ser oponible al registro marcario que se discute,
pues desconoce que la marca “LA ESPAÑOLA” con certificado de registro
número 255113 se encuentra vigente y fue solicitada por Kouprey S.A.
con anterioridad a la marca de titularidad de la actora.

I.2.2.5. Afirmó que la marca cuestionada y la registrada bajo el número
255113 son idénticas, solo se diferencian en cuanto a los productos
reivindicados, y que como las dos son de titularidad de Kouprey S.A.,
entonces, no hay afectación a un tercero.

I.2.2.6. Con todo, señaló que no tiene reparos respecto del parecido entre
la marca cuestionada y la del demandante, en tanto que son idénticas,
salvo la parte gráfica; sin embargo, aclaró que la marca de la demandante
con certificado de registro número 388807 no debió ser concedida porque,
de manera previa a ese hecho, se encontraba vigente la marca idéntica
“LA ESPAÑOLA” con certificado de registro núm. 255113 de titularidad de
Kouprey S.A.

I.2.3. La señora Lina María Facundo Rincón, por intermedio de curador
ad litem designado para tal efecto11, contestó la demanda12 afirmando no
oponerse a las pretensiones, pues desconoce los hechos; por lo tanto, se
allanó a lo dicho en la demanda.

11
Designación efectuada mediante auto de 7 de abril de 2015, el cual obra a folio 161 del expediente físico de
la referencia.
12
Folios 169 y 170 del expediente físico de la referencia.

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I.2.4. El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal.

I.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO
PÚBLICO

Mediante auto de 23 de marzo de 201813, se corrió traslado a las partes
para que presentaran alegatos de conclusión.

I.3.1. La SIC reiteró los argumentos planteados en la contestación de la
demanda14.

I.3.2. La sociedad Kouprey S.A. reiteró los argumentos planteados en la
contestación de la demanda15. Adicionalmente, informó que la demanda
de nulidad con radicado 2006-00044 fue decidida mediante sentencia de
4 de junio de 2015.

I.3.3. La demandante ni el Ministerio Público se pronunciaron en esta
etapa del proceso.

I.4. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación
prejudicial núm. 5-IP-201716, en los siguientes términos:

“B. NORMAS A SER INTERPRETADAS
1. La Corte consultante solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 134, del
Literal a) del Artículo 136, y de los Artículos 154 y 155 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina.

2. No procede la interpretación de los Artículos 134, 154 y 155 de la Decisión 486
de la Comisión de la Comunidad Andina toda vez que no es materia controvertida

13
Folio 222 del expediente físico de la referencia.
14
Folios 223 a 227 del expediente físico de la referencia.
15
Folios 228 a 232 del expediente físico de la referencia.
16
Folios 199 a 22 del expediente físico de la referencia.

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qué signos son aptos para constituir una marca, ni los derechos que otorga al
titular el registro de una marca.

3. Por lo tanto, solo se interpretará el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión
486, y, de oficio, el Literal e) del Artículo 135, el segundo párrafo del Artículo 151
y el Articulo 172 de la misma normativa, toda vez que los signos descriptivos, la
conexión competitiva y la nulidad de registro de una marca son materias
controvertidas.”

En dicha interpretación, el Tribunal Andino emitió su criterio y concepto
en torno a los siguientes temas: 1) La nulidad de registro de marca. 2)
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión
directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica,
conceptual o ideológica y grafica o figurativa. Reglas para realizar el
cotejo de signos. 3) Comparación entre signos mixtos. 4) Conexión
competitiva entre productos de la clase 29 de la clasificación Internacional
de Niza. 5) Signos conformados por denominaciones descriptivas. La
marca débil. 6) Autonomía de la oficina nacional competente para emitir
sus resoluciones.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

II.1. EL ACTO ACUSADO

Se solicita en este proceso la nulidad de la resolución número 22065 de
30 de abril de 2009 “Por la cual se resuelve una solicitud de registro” en
el sentido de conceder el registro de la marca mixta “LA ESPAÑOLA” para
identificar productos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de
Niza en favor de Kouprey S.A., expedida por la Superintendencia de
Industria y Comercio.

II.2. LA NORMATIVA APLICABLE

De conformidad con la demanda, las contestaciones y la Interpretación
Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la

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norma aplicable al presente caso es el literal a) del artículo 136 de la
Decisión 486 de 2000, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en
el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios,
o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda
causar un riesgo de confusión o de asociación.

[…]”

Adicionalmente, el Tribunal andino interpretó de oficio el literal e) del
artículo 135, el inciso primero del artículo 151 y el artículo 172 de la
Decisión 486 de 2000, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

[…]

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el
comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia
geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones
de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o
indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o
servicios;

[…]

Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican
las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo
de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones
vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no
determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados
expresamente.

Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud
de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro
de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los
artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier
persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido
en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera
efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la
fecha de concesión del registro impugnado.

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Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños
y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que
hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos
o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad
únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la
marca.”

En este punto valga señalar que los argumentos de la demanda se dirigen
a señalar, principalmente, que los signos confrontados son similarmente
confundibles, por lo tanto, la Sala se concentrará en dilucidar si existió la
alegada vulneración del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de
2000 y, en consecuencia, no resulta pertinente el análisis de los artículos
134, 154 y 155 de la Decisión ibidem invocados por la demandante al no
ser aplicables al caso concreto y de acuerdo con lo determinado por el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación
prejudicial rendida para este trámite.

II.3. PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con la demanda y sus contestaciones, la Sala deberá
resolver los siguientes cuestionamientos:

En primer lugar, atendiendo a la contestación de la demanda presentada
por la SIC en virtud de la cual formuló la excepción de caducidad, le
corresponde a la Sala establecer si en el presente caso operó el fenómeno
de la caducidad de la acción de nulidad relativa presentada en contra de
la resolución que concedió el registro de la marca “LA ESPAÑOLA” (mixta)
para identificar productos en la clase 29 de la Clasificación Internacional
de Niza, en favor de Kouprey S.A.

Así mismo, en atención a la excepción formulada por la SIC con la cual
pretende advertir que la demandante debió presentar los recursos

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ordinarios procedentes en sede administrativa contra la resolución de
concesión de registro de la marca cuestionada, la Sala deberá resolver si
en asuntos de propiedad industrial, es procedente el requisito de
procedibilidad de la demanda según el cual debe agotarse la vía
administrativa de manera previa al ejercicio del medio de control de
nulidad relativa.

En caso de que las respuestas a los anteriores interrogantes sean
negativas, corresponde a la Sala resolver si entre la marca “LA
ESPAÑOLA” (mixta) para identificar productos en la clase 29 de la
Clasificación Internacional de Niza de titularidad de Kouprey S.A. y la
marca “LA ESPAÑOLA” (mixta) registrada para esa misma clase en favor
de Aceites del sur COOSUR S.A., se configura la causal de irregistrabilidad
prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000,
disposición que exige la comprobación de dos requisitos: i) la semejanza
determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o
similitud entre los productos que se pretenden proteger con las marcas
enfrentadas, al punto de poder causar confusión en aquél.

Dilucidado lo anterior, la Sala deberá establecer si es nula, por violación
de normas superiores, la resolución número 22065 de 30 de abril de 2009
“Por la cual se resuelve una solicitud de registro” en el sentido de conceder
el registro de la marca “LA ESPAÑOLA” (mixta) para distinguir productos
en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de la
sociedad Kouprey S.A., expedida por la Superintendencia de Industria y
Comercio.

Si la respuesta al anterior interrogante es afirmativa, corresponde a la
Sala determinar si hay lugar a ordenarle a la SIC que anule el certificado
de registro número 380327 correspondiente a la marca “LA ESPAÑOLA”

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(mixta) para distinguir productos en la clase 29 de la Clasificación
Internacional de Niza de la sociedad Kouprey S.A.

II.4. EL ANÁLISIS DEL ASUNTO

II.4.1. De la caducidad de la acción

La SIC formuló la excepción de caducidad con fundamento en que la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho caduca al cabo de 4
meses contados a partir del día siguiente al de la notificación del acto
demandado, y que como la resolución acusada quedó ejecutoriada el 4 de
agosto de 2009 y la demanda se presentó vencido dicho término,
entonces operó el fenómeno de la caducidad.

En primer lugar, la Sala considera importante señalar que para estudiar
la ocurrencia o no del fenómeno de caducidad en el presente caso se hace
necesario traer a colación las acciones procedentes en materia de
propiedad industrial, particularmente en cuanto a registros marcarios, de
conformidad con la normativa andina y la jurisprudencia aplicable.

Al respecto, la Sección Primera del Consejo de Estado, se ha referido a
los diferentes tipos de acciones que se pueden ejercer sobre los actos
administrativos que resuelven las solicitudes de registros marcarios
indicando que:

“[…]

En virtud de lo anterior, esta Sección ha reconocido que en el derecho colombiano
existen tres tipos de pretensiones sobre la validez del registro marcario, las cuales
corresponden a las de nulidad absoluta y de nulidad relativa consagradas en el
referido artículo 172, y la de nulidad y restablecimiento del derecho cuando se
deniega el registro marcario, y se pretenda además que se indemnicen los daños
y perjuicios causados con el registro, así lo señaló en sentencia de 15 de
septiembre de 2011:

(…)

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Igualmente, en esta normativa, se mantiene la posibilidad de la formulación de
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 85
del C.C.A., en tratándose de actos administrativos que nieguen el registro
marcario solicitado, la cual deberá interponerse dentro del término de cuatro (4)
meses contados a partir del día siguiente al de la notificación de la decisión
respectiva […]”17.

Con base en lo anterior la Sala reitera que se encuentran disponibles tres
acciones para controvertir la legalidad de los actos administrativos que
deciden el registro de marcas, veamos:

i) La acción de nulidad absoluta cuando se pretenda la nulidad
del acto administrativo que concede el registro de una marca
en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer
párrafo y 135 de la Decisión 486;

ii) La de nulidad relativa cuando se pretenda la nulidad del acto
administrativo que concede el registro de una marca con
infracción de lo dispuesto en el artículo 136 ibidem o cuando
se hubiere efectuado de mala fe; y

iii) La de nulidad y restablecimiento del derecho que procede
para conseguir la nulidad del acto administrativo que: i)
niega el registro como marca de un signo, o ii) cancela el
registro de una marca.

Pues bien, sea lo primero decir que, a pesar de que la demanda fue
presentada por la actora en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, fue interpretada por el despacho como de
nulidad relativa mediante el auto admisorio de la demanda, en tanto que
con ella se pretende la nulidad del acto administrativo que concedió el
registro de la marca mixta “LA ESPAÑOLA” de propiedad Kouprey S.A.,

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 15 de
septiembre de 2011, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-
2004-00155-01.

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con fundamento en la alegada transgresión del literal a) del artículo 136
de la Decisión 486 de 2000. En consecuencia, es claro que la acción
admitida por el despacho resulta ser la procedente para el presente
asunto.

Así las cosas, el inciso segundo del literal a) del artículo 172 de la Decisión
comunitaria referida prevé que la acción de nulidad relativa prescribe a
los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro
impugnado.

En ese orden, se advierte que la SIC profirió la resolución número 22065
mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta “LA
ESPAÑOLA”, para identificar productos de la clase 29 de la Clasificación
Internacional de Niza en favor de Kouprey S.A., el 30 de abril de 2009.
Por su parte, la demanda que aquí se analiza fue presentada el 4 de
diciembre de 2009, esto es, dentro del plazo de cinco años señalado en
la norma comunitaria para su formulación oportuna.

En consecuencia, es claro que en el presente asunto no operó el fenómeno
jurídico de la caducidad, por lo que se declarará no probada la excepción
propuesta por la SIC.

II.4.2. Del agotamiento de la vía gubernativa para acceder a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo en materia de
propiedad industrial

La SIC formuló la excepción que denominó “falta de agotamiento de la vía
gubernativa respecto de la resolución 22065 de 30 de abril de 2009
acusada” en virtud de la cual pone en consideración que la demandante
no intervino en sede administrativa, con lo cual se inobservó el texto del
inciso 1 del artículo 135 del Código Contencioso Administrativo.

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En primer lugar, debe recordarse que, aunque la actora formuló su
demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, al pretenderse la nulidad del acto que concedió el registro de
una marca por violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486
de 2000, el despacho interpretó dicha demanda como en ejercicio de la
acción de nulidad relativa.

En ese orden, como quiera que se trata de una demanda que discute la
legalidad del acto administrativo que concedió el registro de un signo
como marca, esta Sección ha sostenido de antaño18 que el requisito de
agotamiento de la vía gubernativa de que trata el artículo 135 del Código
Contencioso Administrativo no resulta exigible.

Lo anterior guarda sustento en la previsión que se encuentra en la norma
procesal comunitaria en virtud de la cual se habilitó a cualquier persona
para formular demandas en ejercicio de la acción de nulidad relativa en
atención al carácter público de que se encuentra revestida dicha acción.
Al respecto, valga recordar el contenido del inciso segundo del artículo
172 de la Decisión 486 de 2000, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud
de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro
de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los
artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de
cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se
hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando
éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años
contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […]”. (destacados
de la Sala).

18
“Tampoco es de recibo la excepción de inepta demanda por falta de agotamiento de la vía gubernativa, pues
tal exigencia sólo es de forzoso cumplimiento en los casos en que se niegue el registro de una marca, evento
en el cual el solicitante, antes de acudir en acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante esta
jurisdicción, deberá agotar previamente la vía gubernativa.” Consejo de Estado; Sección Primera; Sentencia
de 18 de junio de 2004; M.P. Olga Inés Navarrete Barrero; Radicación: 11001-03-24-000-2000-06484-01;
Actor: Industria Licorera y Embotelladora del Norte.

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El texto de la aludida norma desarrolla las acciones judiciales que
proceden en contra de los registros de marca que han sido concedidos en
contravención de las normas comunitarias. Particularmente, en cuanto a
la acción de nulidad relativa, la disposición comunitaria prevé que aquella
puede ser promovida por la autoridad nacional o a solicitud de cualquier
persona cuando se encuentre que el registro marcario se concedió en
contravención de lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión en comento
o cuando se hubiera efectuado de mala fe.

En otras palabras, quien presenta una demanda en ejercicio de la acción
de nulidad relativa en contra de un acto administrativo que concedió el
registro de una marca en las circunstancia descrita con anterioridad, no
debe acreditar haber participado en sede administrativa ni haber
presentado los recursos procedentes contra las decisiones
administrativas, en tanto que la norma procesal comunitaria habilitó, a
cualquier persona, la posibilidad de acceder a la jurisdicción en aras de
obtener la nulidad del registro de marca.

En efecto, el requisito para acceder a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo será obligatorio en materia de propiedad industrial,
únicamente, en tratándose de demandas de nulidad y restablecimiento
del derecho que se promueven para discutir la legalidad de los actos que
niegan el registro de un signo como marca o de aquellos que han
cancelado su vigencia.

Por lo tanto, en el presente asunto la Sala encuentra que no resultaba
necesario que la demandante presentara los recursos procedentes contra
la resolución 22065 de 30 de abril de 2009, de manera previa a promover
la demanda que discute su legalidad para que aquella se encontrara
debidamente presentada. En consecuencia, se declara no probada la
segunda excepción propuesta por la SIC.

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II.4.2. Del cargo de nulidad invocado por la demandante

En el presente caso la parte actora consideró que la SIC vulneró lo
establecido en el literal a) del artículo 136 la Decisión 486 de 2000, al
momento de expedir el acto acusado.

Pues bien, la norma comunitaria es clara al señalar que, cuando el signo
cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca
previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un
tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto
de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación
empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Esta norma
busca evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que
pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra
la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia,
afectando además los derechos de propiedad industrial previamente
consolidados o adquiridos por un tercero.

El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre
los signos, de que el consumidor, al adquirir un producto, piense que está
adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene
un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión
indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el
consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que entre el productor de
éste y otra empresa existe una relación o vinculación económica. Para
establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar
si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí
como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y
tener en cuenta la situación de los usuarios, que variará en función de los
productos o servicios de que se trate.

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En ese orden la Sala al momento de realizar la comparación de las marcas
en conflicto debe tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de
signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino: (i)
la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que
conforman el conjunto marcario, es decir, cada uno debe analizarse con
una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva
e ideológica; (ii) en la comparación se debe emplear el método del cotejo
sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que el
consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en
diferentes momentos; (iii) se debe enfatizar en las semejanzas y no en
las diferencias, pues son las semejanzas las que pueden generar el riesgo
de confusión o asociación; y (iv) al realizar la comparación es relevante
tratar de ubicarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera
es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el
consumidor.

Ahora bien, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde
diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia
de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de
confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces
o terminaciones; fonético, que ocurre cuando, al ser pronunciados, los
signos tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros
elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las
raíces o terminaciones); e ideológica, que se produce entre signos que
evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o
parecido conceptual de los signos.

Igualmente, es pertinente hacer las siguientes precisiones en torno a las
reglas de comparación entre signos mixtos, calidad que tienen los signos
enfrentados en este asunto, conforme a lo expresado en la interpretación
prejudicial citada. Al efecto, se tiene que, al momento de realizar el

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cotejo, corresponde identificar el elemento predominante en las marcas
confrontadas, teniendo en cuenta que, por lo general, aquel resulta ser el
denominativo, en tanto que las palabras tienen mayor recordación en la
mente del consumidor.

En ese orden y en cuanto a la conexión competitiva, debe analizarse el
grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparen
las marcas, para de esta forma establecer la posibilidad de error en el
público consumidor, de conformidad con los criterios sustanciales
necesarios para que concurra tal conexión, como lo son: i) grado de
sustitución, ii) complementariedad, y iii) posibilidad de considerar que los
productos o servicios provienen del mismo empresario.

II.4.1. El caso concreto

II.4.1.1. Para efectos de determinar si la marca concedida incurre en la
causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la
Decisión 486 de 2000, la Sala deberá, en primer lugar, establecer si hay
identidad o semejanza entre las marcas en conflicto que puedan generar
error en el público consumidor. De cumplirse con este requisito, deberá
evaluarse si existe conexión competitiva entre los productos que los
signos distinguen o pretenden distinguir.

Adicionalmente, el texto de la norma comunitaria en comento prevé que
se configurará la causal de irregistrabilidad de un signo que sea
similarmente confundible con uno previamente solicitado para registro o
concedido con anterioridad a un tercero.

II.4.1.2. En este punto se detendrá la Sala pues existe discrepancia entre
las partes en cuanto a si la marca “LA ESPAÑOLA” con certificado de
registro número 388807 de titularidad de la demandante se encontraba
registrada para el momento en que se concedió la marca cuestionada “LA

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ESPAÑOLA” con certificado de registro número 380327 de titularidad de
Kouprey S.A.

Pues bien, para dilucidar dicha cuestión resulta preciso poner en
consideración las siguientes circunstancias de hecho que se advierten de
las pruebas que reposan en el expediente de la referencia:

Lo primero que se observa es que el 24 de julio de 1997 la sociedad
Aceites del Sur S.A. solicitó el registro como marca del signo “LA
ESPAÑOLA” para distinguir productos en la clase 29 de la Clasificación
Internacional de Niza, a la cual se le asignó el radicado número 97042052.

El registro marcario solicitado fue concedido mediante resolución
número 34461 de 25 de octubre de 2001, contra la cual se presentó
recurso de reposición y en subsidio de apelación que fueron resueltos por
resolución número 01123 de 25 de enero de 2002 que confirmó la decisión
recurrida y concedió el recurso de apelación, y resolución número
08908 de 20 de marzo de 2002 en virtud de la cual se revocó la
primera decisión, y se negó el registro de la marca solicitada por la
sociedad Aceites del Sur S.A..

Así mismo, se advierte que la sociedad Aceites del Sur S.A. presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto que
negó el registro como marca del signo “LA ESPAÑOLA” para la clase 29
internacional, trámite judicial que finalizó con la sentencia de 30 de
agosto de 200719 a través de la cual la Sección Primera de esta
Corporación declaró lo siguiente: (i) la nulidad de la resolución número
08908 de 20 de marzo de 2002, y (ii) la firmeza de la resolución número
34461 de 25 de octubre de 2001 que concedió el registro como marca del
signo mencionada, así como de la resolución número 01123 de 25 de
enero de 2002 que confirmó dicha decisión.

19
Consejo de Estado; Sección Primera; Sentencia de 30 de agosto de 2007; M.P. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT
PIANETA; Radicado: 11001 0324 000 2002 00316 01; Actor: ACEITES DEL SUR S.A

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La comentada providencia fue objeto de solicitudes de nulidad procesal y
aclaración de sentencia que fueron resueltas por auto de 10 de
diciembre de 2008 mediante el cual se despacharon desfavorablemente
tales pretensiones.

Por su parte, la solicitud de registro marcario que es objeto de esta
demanda se presentó el 12 de mayo de 2005 y fue concedido a través
de la resolución número 22065 de 30 de abril de 2009.

Con todo lo anterior, para la Sala resulta claro que la solicitud de registro
marcario formulada por la demandante respecto del signo mixto “LA
ESPAÑOLA” para distinguir productos en la clase 29 de la Clasificación
Internacional de Niza se presentó de manera previa al estudio de
registrabilidad que hiciera la demandada sobre el signo cuestionado que
fue solicitado por el tercero con interés en este proceso para registro como
marca hasta el 12 de mayo de 2005, siendo decidido por acto
administrativo expedido el 30 de abril de 2009.

En consecuencia, desde el 24 de julio de 1997, fecha en la cual la
sociedad Aceites del Sur S.A. presentó la solicitud de registro como marca
del signo “LA ESPAÑOLA” para distinguir productos en la clase 29 de la
Clasificación Internacional de Niza, la actora podía hacer oponible su
registro ante cualquier solicitud marcaria similarmente confundible con la
suya que se hubiese presentado con posterioridad a dicha fecha, en tanto
que la norma comunitaria prevé como causal de irregistrabilidad que
exista un signo similarmente confundible con una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero.

Adicionalmente, la Sala pone de presente que el acto que inicialmente
había negado el registro de la marca “LA ESPAÑOLA” de la sociedad
Aceites del Sur S.A. fue demandado ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, por lo cual la autoridad judicial competente dictó sentencia

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en virtud de la cual declaró su nulidad, quedando en firme la decisión de
la administración de conceder el registro del signo comentado, lo cual
ocurrió también con anterioridad a la fecha en que se solicitó el registro
de la marca aquí cuestionado.

Finalmente, en relación con el argumento de la SIC relativo a que la
notificación de la sentencia que declaró la nulidad del acto que había
negado el registro de la marca de la aquí demandante se realizó con
posterioridad a la expedición de la resolución 22065 que concedió el
registro de la marca cuestionada, la Sala advierte que dicha circunstancia
no tiene relevancia en este estado del proceso, en tanto que la realidad
que se advierte es que Aceites del Sur S.A. formuló su solicitud de registro
marcario mucho antes de que se expidiera dicha resolución, y que la
norma comunitaria la habilita para hacer oponible su solicitud ante otra
que considere similarmente confundible ya sea en sede administrativa o
a través de las acciones judiciales procedentes, como la que se estudia
en esta providencia.

Por todo lo dicho, es dable afirmar que la sociedad demandante sí solicitó
y consiguió el registro de su marca “LA ESPAÑOLA” con anterioridad a la
fecha en la cual se expidió el acto que concedió el registro de la marca
cuestionada, por lo tanto, resulta procedente el cotejo de las marcas a la
luz de la causal de irregistrabilidad invocada por la demandante, a saber,
la dispuesta en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

II.4.1.3. Para el efecto, resulta pertinente analizar la naturaleza de los
signos enfrentados, conforme se expone a continuación:

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MARCA MIXTA CUESTIONADA20

Certificado de registro número 380327
Para identificar productos en la clase 2921

MARCA MIXTA DE LA DEMANDANTE22

Certificado de registro número 388807
Para identificar productos en la clase 2923

Visto lo anterior, lo primero que la Sala encuentra es que se trata de
marcas mixtas, por lo tanto, corresponde identificar el elemento
predominante en aquellas, teniendo en cuenta que, por regla general
resulta ser el nominativo, pues las palabras son las que generan mayor
impacto y recordación frente a los consumidores. En tal sentido, la Sala

20
La imagen fue tomada de la página 3 de la resolución número 22065 de 30 de abril de 2009, la cual obra
en el índice número 86 del expediente de la referencia en SAMAI. Valga señalar que la marca cuestionada fue
solicitada con un elemento nominativo “LA ESPAÑOLA” y con una gráfica en la que se leen las palabras
“PRODUCTOS LA ESPAÑOLA”.
21
Los productos de la clase 29 amparados son: "CARNE, PESCADO, AVES Y CAZA; EXTRACTOS DE CARNE;
ESPECIALMENTE JAMOIV, MORTADELA, SALCHICHAS, SALCHICHONES, CHORIZOS, PASTELES Y ROLLOS DE
CARNE, PRODUCTOS EMBUTIDOS, PROCESADOS Y/0 MADURADOS DE CARNE, PESCADO, AVES Y CAZA".
22
Imagen tomada del folio 58 del expediente físico de la referencia. Valga señalar que la marca cuestionada
fue solicitada con un elemento nominativo “LA ESPAÑOLA” y con una gráfica en la que se leen las palabras
“ACEITE DE OLIVA LA ESPAÑOLA”.
23
Los productos de la clase 29 amparados son: "“ACEITES, GRASAS COMESTIBLES, CONSERVAS”.

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encuentra que es la parte nominativa de los signos es la que predomina,
en consecuencia, convendrá aplicar las reglas de cotejo previstas para las
marcas de naturaleza nominativa.

Ahora bien, como el cotejo de las marcas se realizará respecto de su
elemento nominativo, la Sala pone de presente que dicho elemento
corresponde únicamente a la expresión en común “LA ESPAÑOLA”, de
conformidad con la solicitud de registro que se presentó para cada una de
ellas, y sus correspondientes certificados de registro; así, la expresión
“PRODUCTOS” que se observa en la cuestionada y “ACEITE DE OLIVA” de
la demandante, no fueron indicadas como explicativas de las marcas y
adicionalmente se advierte que dichas expresiones resultarían ser
genéricas para los productos de la Clase 29 de la Clasificación
Internacional de Niza, por lo tanto, no deberán ser tenidas en cuenta al
momento de realizar el cotejo marcario.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en la interpretación
prejudicial rendida para este proceso se procederá a verificar si en las
marcas en conflicto se encuentran partículas de uso común, genéricas o
descriptivas que deban se excluidas al momento de hacer el
correspondiente cotejo marcario.

En ese orden, la Sala advierte que el radical “LA” contenido en ambas
marcas, es de uso común y débil para la fecha en que se negó el registro
y para la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo en
principio debería excluirse del cotejo, como se ve del resultado de la
consulta que se relaciona a continuación24

24
El resultado de la consulta realizada se encuentra visible en el siguiente vínculo:
https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=638526757754990448
En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC
el 24 de agosto de 2020.

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Radicado: 11001 03 24 000 2010 00009 00
Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A.

Expediente Marca Certificado
00013455 LA ROJITA 232979
00026578 LA ALQUERIA 250738
00029986 LA REINA 428232
00033191 LA VACA ANITA 232493
00085772 LA ROMANELLA 276027

Adicionalmente, la Sala considera que la partícula “LA” corresponde a un
artículo definido como femenino singular, de manera que ayuda a
especificar al sustantivo que lo acompaña, razón por la cual también
resulta inapropiable de manera exclusiva.

De otra parte, se advierte por la Sala que la expresión “ESPAÑOLA”
contenida en ambas marcas, deberá ser tenida en cuenta al momento de
realizar el cotejo marcario, puesto que la misma no es uso común, ni
descriptivo para la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, por
cuanto, no es una indicación geográfica, toda vez que la misma no
describe el origen geográfico de los productos que ampara, sino que es
un adjetivo, que describe a una persona, en este caso femenina, que es
de España en ambas marcas25.

De otra parte la Sala evidencia que la expresión “ESPAÑOLA” en las
marcas en controversia no alude directa ni indirectamente a las
características, cualidades o efectos de los productos comprendidos en la
clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, que protegen dichas
marcas, ni tiene incidencia alguna sobre los mismos, por cuanto no está
identificando el lugar de procedencia de los productos que ampara, ni
significa o insinúa en lo más mínimo que tenga algún vínculo con las
características de los productos que pretenden identificar.

25
La tesis enunciada se corresponde con postura adoptada por esta Sala frente a la expresión “La Española”
en la clase 29 en sentencia de cuatro (4) de junio de dos mil quince (2015), dictada en el proceso con radicado:
11001-03-24-000-2006-00044-00, Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ.

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Demandante: ACEITES DEL SUR COOSUR S.A.

Con base en lo anterior se puede establecer que la mención o lectura de
la expresión “ESPAÑOLA” no describe directa o indirectamente la calidad,
cantidad, ingredientes, valor, funciones, ni cualquier otra característica de
los productos comprendidos en la citada clase 29, ya que su significado
no informa sobre alguna de las mismas, ni siquiera su lugar de
procedencia, pues para llegar a tal conclusión, se requeriría que su
denominación insinuara su lugar de fabricación. Así, ante la pregunta
¿cómo es?, no puede decirse que la respuesta sea que la expresión
“Española” esté haciendo alusión alguna a características de los productos
de la clase 29, que amparan, ni de la designación de las finalidades de los
mismos que pretenden distinguir, pues, conforme se dijo anteriormente,
la citada expresión se refiere es a una persona, en femenino, que es de
España, pero no en sí a los productos.

II.4.1.4. Pues bien, de acuerdo con los lineamientos trazados por el
Tribunal y del análisis de las marcas confrontadas, la Sala considera que
en el presente caso es indudable que entre los vocablos “ESPAÑOLA” y
“ESPAÑOLA” existe identidad ortográfica y fonética, que por ser tan
obvia no requiere mayor análisis.

II.4.1.5. En cuanto a la similitud conceptual o ideológica, se tiene que
esta hace referencia a la idea o concepto que evocan los signos, de
manera que se configura si los signos evocan una idea semejante o
idéntica. En ese orden, la Sala observa que la palabra “ESPAÑOLA”, según
el diccionario de la Real Academia Española significa: “[…] 1. adj. Natural
de España, país de Europa […]”26. Por lo tanto, la Sala advierte que se
presenta una identidad de tipo conceptual entre las marcas en disputa.

II.4.1.6. Así las cosas, la Sala concluye que se cumple el primer supuesto
del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en cuanto a la

26
Resultado disponible en el siguiente vinculo:
https://dle.rae.es/espa%C3%B1ol?m=form consulta realizada el 28 de mayo de 2024.

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existencia de identidad entre la marca cuestionada la previamente
registrada por un tercero.

II.4.1.7. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar
el segundo supuesto de la norma comunitaria, esto es, la conexión
competitiva entre las marcas enfrentadas.

Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de
noviembre de 201827, trajo a colación los criterios expuestos por el
Tribunal, así:

“[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la
Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una
misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre
los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de
que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a
categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase
de Clasificación Internacional de Niza.

b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización,
así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la
tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la
misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos,
entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes
distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de
una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de
tiendas especializadas en combinación con otros criterios.
Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla
general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de
distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de
fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud.

c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad
de los productos.

En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta
otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los
consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las
mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los
consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el

27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre
de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-
00314-00.

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uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el
otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en
consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en
cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este
podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta
claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una
mayor demanda en el otro. Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución,
entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes,
sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de
distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [...]”.

Sobre este asunto, la Sala precisa que, a fin de verificar la conexidad
entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos
criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no
se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito
de establecer dicha conexidad.

En el caso de estudio, la marca cuestionada “LA ESPAÑOLA” (mixta)
distingue los siguientes productos en la clase 29 de la Clasificación
Internacional de Niza: “[…] CARNE, PESCADO, AVES Y CAZA; EXTRACTOS
DE CARNE; ESPECIALMENTE JAMON, MORTADELA, SALCHICHAS,
SALCHICHONES, CHORIZOS, PASTELES Y ROLLOS DE CARNE,
PRODUCTOS EMBUTIDOS, PROCESADOS Y/O MADURADOS DE CARNE,
PESCADO, AVES Y CAZA […]”.

Por su parte, la marca previamente registrada “LA ESPAÑOLA” (mixta)
distingue los siguientes productos en la clase 29 de la Clasificación
Internacional de Niza: “[…] ACEITES, GRASAS COMESTIBLES,
CONSERVAS […]”.

De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva,
pues al comparar los productos que reivindica la marca cuestionada y
aquellos que distingue la marca de la demandante, además de que se
encuentran en la misma clase internacional, resulta evidente que
presentan una misma finalidad, en tanto que se trata de víveres que se

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utilizan para distintas preparaciones alimenticias, de modo que también
se dirigen al mismo sector de consumo, esto es, principalmente hogares
y establecimientos de comercio dedicados al servicio de alimentación.

De este modo, se advierte también que los productos comparten canales
de publicidad pues se promocionan por los mismos medios: radio,
televisión, e internet, así como canales de comercialización pues se
ofrecen, generalmente, en tiendas de barrio y supermercados.
Adicionalmente, se observa que son productos complementarios en la
medida que comparten finalidad, por lo que el consumidor al momento de
adquirir uno, puede encontrarse en la necesidad de adquirir otro,
entonces, por ejemplo, al comprar uno de los productos de origen animal
de la marca cuestionada, hallará preciso conseguir aceites u otras grasas
para su preparación.

Así las cosas, al existir similitud entre las marcas confrontadas así como
una evidente relación entre los productos que distinguen, debe concluirse
que los mismos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque
podrían generar riesgo de confusión y/o asociación que llevaría al
consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo
origen empresarial o que los empresarios tiene alguna relación de tipo
comercial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la sociedad
Kouprey S.A.

Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en
la sentencia de 5 de febrero de 201528, indicó lo siguiente:

“[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su
interpretación prejudicial allegada, indicó:

“… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor
al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión

28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de
2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00.

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directa), o que piense que dicho producto tiene un origen
empresarial diferente al que realmente posee (confusión
indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor,
que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el
productor de dicho producto y otra empresa tienen una
relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008,
publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca:
SHERATON).
(…)
Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no
distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio
identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa
apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le
ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe
identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la
marca registrada o un signo previamente solicitado para
registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione
y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente
solicitado[…]” (resaltados fuera de texto).

Con todo lo dicho, en aplicación de los principios prior tempore, potior
iure e in dubio pro signo priori, deben protegerse la marca mixta “LA
ESPAÑOLA” previamente solicitada por la demandante y concedida a su
favor con el certificado de registro número 388807. Así lo ha señalado el
Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales:

“[...] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad
o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los
signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional
competente impida el registro del signo posteriormente solicitado. Todo esto en
aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior
tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”).
[...]”.29

En consecuencia, se encuentran cumplidos en su totalidad los
presupuestos de que trata la causal de irregistrabilidad marcaria
dispuesta en el literal a) del artículo 136 de 2000. Por lo tanto, se impone
declarar la nulidad del acto administrativo que concedió el registro como
marca del signo “LA ESPAÑOLA” para distinguir productos en la clase 29
de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Kouprey S.A.

29
Interpretación prejudicial 59-IP-2001

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II.4.1.8. Finalmente, la sociedad Kouprey S.A. en su contestación de la
demanda señaló que también es titular de la marca mixta “LA ESPAÑOLA”
para distinguir productos en la clase 29 internacional con certificado de
registro número 255113, la cual fue solicitada con anterioridad a la fecha
de la solicitud y registro de la marca que pretende hacer valer en este
proceso la parte actora y que, en consecuencia, no se puede advertir la
afectación de derechos de terceros, por cuanto la primera solicitud del
registro de la marca mixta “LA ESPAÑOLA” y la marca mixta “LA
ESPAÑOLA” para la misma clase, objeto del presente estudio, son de
propiedad del tercero con interés.

La Sala advierte que, en efecto, la sociedad Kouprey S.A. es titular de la
marca mixta “LA ESPAÑOLA” con certificado de registro número 255113,
y que consultado el sistema para la propiedad industrial de la SIC30 se
encontró que la solicitud para su registro se presentó el 15 de febrero
de 1995, siendo concedida mediante resolución número 26028 de 20 de
agosto de 2002 y, de igual manera se pudo comprobar que esa solicitud
marcaria fue previa a la solicitud y registro de la marca mixta “LA
ESPAÑOLA” para clase 29 presentada por la demandante, pues esto
último ocurrió el 24 de julio de 199731

No obstante, la Sala considera que la circunstancia descrita no logra
desvirtuar la afectación que le resulta a la sociedad Aceites del Sur S.A.
con la expedición del acto administrativo objeto del presente estudio,
puesto que, la solicitud y registro de la marca mixta que está siendo
demandada fue presentada el 12 de mayo de 2005, esto es, con

30 El resultado de la consulta puede apreciarse a través del siguiente link:
https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=638526557932858075 La consulta
en aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de
Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020.
31 El resultado de la consulta puede apreciarse a través del siguiente link:
https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=638526800180728276 La consulta
en aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de
Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020.

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posterioridad al registro marcario de la marca mixta de propiedad de la
actora.

De este modo, resulta indiscutible que la actora resultó perjudicada con
el registro de la marca “LA ESPAÑOLA” para la clase 29 en favor de
Kouprey S.A. mediante el acto aquí demandado, puesto que, se trató de
un signo idéntico registrado con posterioridad a la solicitud y registro de
la marca que es opositora en la presente litis, encuadrándose en la causal
de nulidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la decisión 486
de 2000, como se determinó supra.

Sobre este punto se advierte entonces, en primer lugar, que la demanda
se presentó únicamente en contra del acto que concedió el registro
marcario número 380327 de Kouprey S.A., por lo tanto, lo que
correspondía, y en esa manera lo hizo esta Sala, era verificar si la
solicitud marcaria presentada por la sociedad Aceites del Sur S.A. fue
previa a aquella que dio lugar al acto acusado, lo cual quedó demostrado
supra al momento de identificar las marcas en conflicto.

Así pues, no resulta relevante, para este caso en particular, el hecho de
que la solicitud de registro marcario número 255113 de Kouprey S.A. se
hubiese formulado con anterioridad a la solicitud marcaria presentada por
la actora, como quiera que dicha discusión debió ser planteada por el
tercero con interés en el escenario judicial que estudió la legalidad del
acto administrativo que concedió el registro marcario en favor de la
demandante. Por lo tanto y en gracia de discusión se podría considerar
que la controversia relacionada con la anterioridad entre los registros
marcarios números 255113 de Kouprey S.A. y 388807 de la demandante
daría como resultado la eventual anulación del registro de la marca de la
aquí demandante por haber sido solicitado con posterioridad a la primera
de ellas; sin embargo, no hay lugar a emitir dicha conclusión en esta

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instancia judicial como quiera que la legalidad del acto administrativo a
través del cual se concedió el registro de la marca de la actora no es el
objeto de este litigio.

Por último, para la Sala no resulta viable considerar que la obtención de
un registro de marca, per se, otorgue derechos que puedan ser
extensivos a otras solicitudes o registros marcarios, como lo pretende la
sociedad Kouprey S.A. con el argumento que pone de presente, es decir,
la anterioridad de la solicitud del registro número 255113, como quiera
que, en principio, cada registro de marca le otorga a su titular derechos
de exclusiva respecto del signo cobijado por su registro. En este punto,
valga recordar que la autoridad nacional goza de autonomía para emitir
sus resoluciones, de manera que le corresponde efectuar el examen de
registrabilidad para cada solicitud marcaria de su conocimiento en
atención a las particularidades de cada caso, como así lo sostuvo el
Tribunal de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida
en el asunto de la referencia, veamos:

“El Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó
en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e
independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro.
Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la
normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como
el Capítulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula
el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas
nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de
registrabilidad.

Es preciso destacar que la referida autonomía se manifiesta tanto en relación con
decisiones emanadas de otras oficinas de registra de marcas (principio de
independencia), como en relación con sus propias decisiones.
[…]
6.9 Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en
cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar
el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en
caso no hubiesen sido presentadas oposiciones. En consecuencia, la autoridad
nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de
fondo para conceder o denegar el registro. En caso sean presentadas
oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una
de ellas, así como de la concesión o de la denegación del registro solicitado.

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6.10 Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es
de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las
decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación
con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido
de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada
caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las
oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho
procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos
idénticos o similares.

6.11 No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites
a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones,
sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de
hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo
en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Adicionalmente, los
límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran
establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para
defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.
[…]
6.13 Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente
en materia de Propiedad Intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar
íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de
determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc.,
dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se
realicen.”

Por todo lo anterior, los argumentos planteados por el tercero con interés
no desvirtúan los vicios de nulidad advertidos por esta Sala en relación
con el acto administrativo aquí demandado.

II.4.2. CONCLUSIÓN

Así las cosas, el examen efectuado le permite concluir a la Sala que, entre
las marcas cotejadas y los productos que distinguen existe similitud que
genera riesgo de confusión y/o asociación en el consumidor, y por
consiguiente no resulta posible su coexistencia pacífica en el mercado. Por
lo tanto, es claro que el acto acusado vulneró lo dispuesto en el artículo
136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

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FALLA:

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de caducidad de
la acción y de falta de agotamiento de la vía gubernativa formuladas por
la SIC, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la resolución número 22065 de 30
de abril de 2009 “Por la cual se resuelve una solicitud de registro” que
concedió el registro de la marca “LA ESPAÑOLA” (mixta) para distinguir
productos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza en favor
de la sociedad Kouprey S.A., expedida por la Superintendencia de
Industria y Comercio, por las consideraciones expuestas en esta
sentencia.

TERCERO: Como consecuencia de la declaración anterior, ORDENAR a
la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro número
380327 correspondiente a la marca “LA ESPAÑOLA” (mixta) para
distinguir productos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza
en favor de la sociedad Kouprey S.A.

CUARTO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio
publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la
Propiedad Industrial.

QUINTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128
de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

SEXTO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente.

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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Con aclaración de voto

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad
y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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