Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2011-00247-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2011-00247-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2011-00247-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 24 000 2011 00247 00
Demandante: Luis Alberto Zorro Sánchez
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio
Terceros con interés: Banco de la República y Ministerio de Justicia y del
Derecho
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Propiedad industrial. Cancelación por no uso de la
marca “JURISCOL” (nominativa) para identificar
servicios comprendidos en la clase 35 de la
Clasificación Internacional de Niza
La parte actora no acreditó el uso real y efectivo de la
marca objeto de cancelación
Decisión: Negar las pretensiones de la demanda
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_______ ______________________
Corresponde a la Sala decidir, en única instancia, la demanda que presentó el señor Luis
Alberto Zorro Sánchez en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho1
en contra de: (i) la Resolución núm. 20980 del 27 de agosto de 2004 “Por la cual se
decide una solicitud de cancelación por no uso” en el sentido de cancelar por no uso el
registro como marca del signo “JURISCOL” (nominativo) con certificado de registro núm.
105139, y (ii) la Resolución núm. 1919 del 27 de enero de 2011 “Por la cual se resuelve
un recurso de apelación” mediante la cual se revocó la Resolución núm. 7675 del 14 de
abril de 20052, dejando en firme la cancelación por no uso de la marca en cuestión.
Los mencionados actos administrativos fueron expedidos por la Superintendencia de
Industria y Comercio3.
I. ANTECEDENTES
I.1. LA DEMANDA
El 2 de junio de 2011, el actor presentó la demanda de la referencia, en nombre propio,
formulando las siguientes:
I.1.1. Pretensiones
1. Que se declara la Nulidad de la Resolución la Resolución (sic) No. 20980 del 27 de
agosto del 2004 por medio de la cual la, entonces, Jefe de la División de Signos Distintivos
de la Superintendencia de Industria y Comercio de la Superintendencia de Industria y
Comercio resolvió "Cancelar por no uso el registro de la marca nominativa JURISCOL,
registrada con el certificado 105139 a nombre de Luis Alberto Zorro Sánchez, para
distinguir publicidad y negocios; los servicios prestados por personas u organizaciones
1 De que trata el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo.
2 Mediante la cual se repuso la decisión inicial de cancelación por no uso de la marca “JURISCOL”.
3 En adelante SIC.
Radicado: 11001 03 24 000 2011 00247 00
Demandante: Luis Alberto Zorro Sánchez
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio
cuya finalidad es la ayuda en la explotación o dirección de empresas comerciales de
empresas industriales o comerciales; los servicios prestados por personas,
organizaciones o establecimientos de publicidad que se encargan esencialmente de
comunicaciones al público, de declaraciones o anuncios por todos los medios de difusión
y en relación con toda clase de mercancías o de servicios; los servicios que entrañan el
registro, la transcripción, la compilación, la transmisión o la sistematización de
comunicaciones escritas o de grabaciones, lo mismo que la explotación o la compilación
de datos matemáticos o estadísticos; los servicios de las agencias de publicidad, así como
servicios tales como la distribución de proyectos, directamente o por correo, o la
distribución de muestras así como publicidad relativa a otros servicios tales como los que
se refieren a los empréstitos bancarios o a la publicidad por radio; servicios comprendidos
en la clase 35 de la clasificación Internacional de Niza.
(...)"
2. Que se declara la Nulidad de la Resolución No.1919 del 27 de enero del 2011, por
medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la
Superintendencia de Industria y Comercio, al decidir los recursos de apelación
interpuestos, resolvió:
"ARTÍCULO PRIMERO. Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 7675 del
14 de abril del 2005, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos.
ARTICULO SEGUNDO. Cancelar por no uso el registro de la marca nominativa
JURISCOL, registrada con el certificado 105139 a nombre de Luis Alberto Zorro
Sánchez, para distinguir publicidad y negocios; los servicios prestados por personas
u organizaciones cuya finalidad es la ayuda en la explotación o dirección de empresas
comerciales de empresas industriales o comerciales; los servicios prestados por
personas, organizaciones o establecimientos de publicidad que se encargan
esencialmente de comunicaciones al público, de declaraciones o anuncios por todos
los medios de difusión y en relación con toda clase de mercancías o de servicios; los
servicios que entrañan el registro, la transcripción, la compilación, la transmisión o la
sistematización de comunicaciones escritas o de grabaciones, lo mismo que la
explotación o la compilación de datos matemáticos o estadísticos; los servicios de las
agencias de publicidad, así como servicios tales como la distribución de proyectos
directamente o por correo, o la distribución de muestras así como publicidad relativa
a otros servicios tales como los que se refieren a los empréstitos bancarios o a la
publicidad por radio; servicios comprendidos en la clase 35 de la clasificación
Internacional de Niza(...)”.
3. Que, como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordena a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, inscribir, nuevamente,
en el registro público de la Propiedad Industrial la marca nominativa JURISCOL, registrada
con el certificado 105139 a nombre de Luis Alberto Zorro Sánchez, para distinguir
publicidad y negocios; los servicios prestados por personas u organizaciones cuya
finalidad es la ayuda en la explotación o dirección de empresas comerciales de empresas
industriales o comerciales; los servicios prestados por personas, organizaciones o
establecimientos de publicidad que se encargan esencialmente de comunicaciones al
público, de declaraciones o anuncios por todos los medios de difusión y en relación con
toda clase de mercancías o de servicios; los servicios que entrañan el registro, la
transcripción, la compilación, la transmisión o la sistematización de comunicaciones
escritas o de grabaciones, lo mismo que la explotación o la compilación de datos
matemáticos o estadísticos; los servicios de las agencias de publicidad, así como servicios
tales como la distribución de proyectos, directamente o por correo, o la distribución de
muestras así como publicidad relativa a otros servicios tales como los que se refieren a
los empréstitos bancarios o a la publicidad por radio; servicios comprendidos en la clase
35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las
Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957.
Radicado: 11001 03 24 000 2011 00247 00
Demandante: Luis Alberto Zorro Sánchez
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio
4. Que, se ordena a la Superintendencia de Industria y Comercio, la publicación de la
sentencia que se dicte en este proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
PETICIÓN SUBSIDIARIA
Si por fundadas razones esa Honorable Corporación no accediere a la petición principal,
respetuosamente solicito, que, en subsidio,
1. Se declare la Nulidad parcial de la Resolución No. 20980 del 27 de agosto del 2004 por
medio de la cual la, entonces, Jefe de la División de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio de la Superintendencia de Industria y Comercio
resolvió cancelar totalmente, por no uso el registro de la marca nominativa JURISCOL,
registrada con el certificado 105139 a nombre de Luis Alberto Zorro Sánchez, por cuanto
no la dejó vigente para los siguientes servicios: negocios; los servicios prestados por
personas u organizaciones cuya finalidad es la ayuda en la explotación o dirección de
empresas comerciales de empresas industriales o comerciales"... comprendidos en la
clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las
Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, ya que dentro de ellos
se encuentran los servicios relacionados con la asesoría y consultoría en materia de
propiedad industrial (...)"
2. Se declare la Nulidad parcial de la Resolución No. 1919 del 27 de enero del 2011, por
medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la
Superintendencia de Industria y Comercio, al decidir los recursos de apelación
interpuestos, resolvió
"ARTICULO PRIMERO. Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 7675 del
14 de abril del 2005, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos.
Y en el ARTICULO SEGUNDO. Decidió Cancelar por no uso el registro de la marca
nominativa JURISCOL, registrada con el certificado 105139 a nombre de Luis Alberto
Zorro Sánchez, por cuanto no la dejó vigente para distinguir los siguientes servicios
"...negocios, los servicios prestados por personas u organizaciones cuya finalidad es
la ayuda en la explotación o dirección de empresas comerciales de empresas
industriales o comerciales" comprendidos en la clase 35 de la Clasificación
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por
el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, ya que dentro de ellos se encuentran los
servicios relacionados con la asesoría y consultoría en materia de propiedad
industrial.
3. Que, como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, inscribir, nuevamente,
en el registro público de la Propiedad Industrial la marca nominativa JURISCOL, registrada
con el certificado 105139 a nombre de Luis Alberto Zorro Sánchez, para distinguir los
siguientes servicios: "… negocios, los servicios prestados por personas u organizaciones
cuya finalidad es la ayuda en la explotación o dirección de empresas comerciales de
empresas industriales o comerciales" comprendidos en la clase 35 de la Clasificación
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el
Arreglo de Niza del 15 de junio de 1857, ya que dentro de ellos se encuentran los servicios
relacionados con la asesoría y consultoría en materia de propiedad industrial.
4. Que, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, la publicación en la
Gaceta de la Propiedad Industria, la sentencia que se dicte en el proceso en referencia.
I.1.2. Fundamentos de hecho
Como hechos relevantes de la demanda se observan los siguientes:
Radicado: 11001 03 24 000 2011 00247 00
Demandante: Luis Alberto Zorro Sánchez
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio
I.1.2.1. El 4 de junio de 2003, el Banco de la República promovió la cancelación por falta
de uso en contra de la marca “JURISCOL” (nominativa) para identificar servicios
comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. La marca en
mención se concedió bajo el registro núm. 105139.
I.1.2.2. Una vez fue admitida la solicitud de cancelación, la SIC mediante Oficio núm.
4735 ordenó la notificación por fijación en lista del 13 de junio de 2003 al solicitante, y de
manera personal al titular de la marca el 17 de julio de ese mismo año. Dentro del término
del traslado, este último presentó contestación a la solicitud de cancelación, para lo cual
aportó las pruebas que, en su consideración, lograban acreditar el uso de la marca
“JURISCOL”.
I.1.2.3. Mediante la Resolución núm. 20980 del 27 de agosto de 2004, la SIC canceló por
no uso el registro de la marca “JURISCOL” (nominativa) con certificado de registro núm.
105139 y de titularidad de Luis Alberto Zorro Sánchez, que había sido concedida para
distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza4.
I.1.2.4. El titular de la marca “JURISCOL” (nominativa) formuló recurso de reposición y
en subsidio de apelación en contra de la decisión anterior. El primero de ellos fue resuelto
a través de la Resolución núm. 7675 del 14 de abril de 2005, en la que se revocó la
Resolución núm. 20980 del 27 de agosto de 2004, y en su lugar, se negó la cancelación
por no uso de la marca objetada.
I.1.2.5. El Banco de la República interpuso recurso de apelación en contra de la anterior
decisión, el cual fue resuelto mediante la Resolución núm. 1919 del 27 de enero de 2011.
En dicho acto la SIC revocó la Resolución núm. 7675 del 14 de abril de 2005, y finalmente,
canceló totalmente por no uso el registro de la marca objetada, con lo cual dejó en firme
la decisión adoptada en la Resolución núm. 20980 del 27 de agosto de 2004.
I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
La parte actora estimó que los actos demandados son violatorios de lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo 2, el artículo 29 y el artículo 61 de la Constitución Política, así
como los artículos 165 y 170 de la Decisión 486 de 2000.
Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:
I.1.3.1. Informó que, en decisiones previas, la SIC decidió una solicitud de cancelación
por no uso formulada en contra del registro de la marca “JURISCOL” (nominativa) con
certificado de registro núm. 107442 y en aquella oportunidad encontró que la marca había
sido usada para identificar servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación
Internacional de Niza, particularmente, para “servicios jurídicos”. Sin embargo, en el
trámite cuestionado, la autoridad administrativa ignoró la acreditación del uso del signo
en esa clase internacional.
4 Servicios de publicidad y negocios; . u (sic) organizaciones cuya finalidad es la ayuda a la dirección de
negocios o de funciones comerciales de empresas industriales o comerciales; los servicios prestados por
personas, organizaciones o establecimientos de publicidad que se encargan esencialmente de
comunicaciones al público, de declaraciones o anuncios por todos los medios de difusión y en relación con
toda clase de mercancías o de servicios; los servicios que entrañan el registro, la transcripción, la
compilación, la transmisión o la sistematización de comunicaciones escritas o de grabaciones, lo mismo
que la explotación o la compilación de datos matemáticos o estadísticos; los servicios de las agencias de
publicidad, así como servicios tales como la distribución de proyectos, directamente o por correo, o la
distribución de muestras así como publicidad relativa a otros servicios tales como los que se refieren a los
empréstitos bancarios o a la publicidad por radio.
Radicado: 11001 03 24 000 2011 00247 00
Demandante: Luis Alberto Zorro Sánchez
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio
I.1.3.2. El demandante señaló que, en sede administrativa, solicitó como prueba la
inspección por parte de los abogados de la SIC frente al software que utilizaba en su
oficina, pero la SIC manifestó que la prueba no era aceptable y que no podía practicarse,
sin sustentar de forma suficiente dicha tesis.
I.1.3.3. En ese escenario, afirmó que la autoridad interpretó equivocadamente el artículo
170 de la Decisión 486 de 2000 y olvidó que el régimen de propiedad industrial no exige
que las pruebas del uso de la marca sean únicamente documentales, lo cual condujo a
la vulneración del debido proceso.
I.1.3.4. Advirtió que la autoridad desconoció el derecho de propiedad intelectual, pues las
pruebas aportadas, al acreditar el uso parcial de la marca, impedían la cancelación total
de su registro. Además, con las decisiones acusadas se restringió el derecho de la titular
marcaria a favor de una entidad pública como lo es el Banco de la República.
I.1.3.5. Expuso que la SIC valoró indebidamente las pruebas aportadas para acreditar
tanto el uso de la marca como su notoriedad, las cuales cubrían el período comprendido
entre el 4 de junio de 2000 y el 4 de junio de 2003. Además, dijo que la entidad llegó a la
conclusión errada de que el uso probado no fue efectuado por el titular de la marca sino
por la firma de abogados Zorro Huertas & Zorro Sánchez, de tal manera que dejó de lado
que el nombre y firma del titular de la marca están vinculados sustancialmente a la marca
“JURISCOL”.
I.1.3.6. Explicó que, aunque el uso hubiese sido efectuado por un tercero como la firma
de abogados, las pruebas aportadas serían suficientes para deducir una tácita
autorización del titular al tercero, pues la norma aplicable habilita el uso de la marca por
parte de su titular o un autorizado sin que el permiso sea por escrito.
I.2. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA
I.2.1. El Banco de la República presentó contestación de la demanda, por intermedio de
su apoderado judicial, con sustento en lo siguiente5:
Sostuvo que no era procedente para la autoridad administrativa ordenar la práctica de las
pruebas pedidas por el titular de la marca, particularmente la solicitud consistente en una
inspección por parte de los abogados de la SIC frente al software que aquel utilizaba en
su oficina, pues acceder a ella implicaría una contravención del procedimiento
establecido en la norma supranacional, tal como lo ha entendido la oficina nacional y el
Consejo de Estado.
Bajo tal entendimiento, afirmó que debe considerarse que inadmitir una prueba solicitada
en esos términos no constituye “[…] una limitación de los medios de prueba, sino de la
oportunidad para allegarlos […]”, pues las disposiciones aplicables no contemplan una
etapa para la práctica de pruebas sino un plazo para aportarlas.
Señaló que el titular de la marca se encuentra en la obligación de probar que la ha usado
en el comercio; sin embargo, el uso que consiguió probar el titular de la marca en cuestión
se observa limitado a la inclusión de la denominación en una dirección y un correo
electrónico que figuran en los membretes de la papelería que utiliza, sin que ello acredite
que a través de la marca “JURISCOL” se han comercializado los servicios de la clase 35
internacional que identifica. Entonces, de ser cierto que se empleó la marca en el
5 Folios 578 a 595 del expediente físico de la referencia.
Radicado: 11001 03 24 000 2011 00247 00
Demandante: Luis Alberto Zorro Sánchez
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comercio, el titular bien pudo optar por aportar las facturas por la venta de los servicios,
pero no lo hizo.
Explicó que, aun cuando la norma supranacional no dispone una tarifa legal para probar
el uso de la marca, lo cierto es que el interesado debe presentar los medios de prueba
más idóneos para demostrarlo, siendo estos las facturas, los documentos contables o
certificaciones de auditoría, en las cuales se pueda observar la materialización de la
comercialización del producto o servicio, y a su vez permiten poner en evidencia el uso
serio, real y efectivo que exige la normatividad aplicable.
En ese escenario, afirmó que no obra en el expediente una sola prueba que permita
determinar la ocurrencia de algún tipo de acto de comercio asociado a la marca
“JURISCOL” para identificar servicios de publicidad y gestión de negocios comerciales
comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, durante la época
en la cual debía demostrarse el uso.
Reiteró que el uso de la denominación “JURISCOL” que logró acreditar el titular,
corresponde a un contexto privado, gratuito, limitado a los miembros de su comunidad y
alejado del ambiente de mercado y de comercio en el que se deben emplear las marcas
para identificar productos y servicios, en el que, además, debe advertirse unas
condiciones de publicidad y externalidad tales como oferta y demanda.
Por ello, adujo que el uso privado de la expresión se puede equiparar a la forma en la
que múltiples organizaciones de carácter no comercial emplean diversas expresiones o
signos para identificar los sistemas de comunicación que establecen entre ellos, los que
pueden ser boletines, gacetas, folletos, suplementos informativos, sin que constituya un
real uso de la expresión a título de marca.
Se pronunció respecto de cada una de las pruebas aportadas por la demandante,
concluyendo que algunas de ellas se encuentran por fuera del periodo relevante, otras
muestran únicamente la utilización de la expresión “juriscol” en la dirección del correo
juriscol@latino.net.co, la cual ha sido utilizada por la firma de abogados Zorro Huertas &
Zorro Sánchez y, particularmente, en cuanto a los avisos publicitarios de la mencionada
firma, manifestó que no evidencian que se hayan comercializado los servicios de la clase
35 a través de la marca cancelada, pues en ellos solo se observa el uso de la
denominación para referirse a la dirección cablegráfica.
I.2.2. La SIC, por intermedio de su apoderada judicial, contestó la demanda en los
siguientes términos6:
Afirmó que en desarrollo del trámite de cancelación por no uso del registro de la marca
“JURISCOL” para identificar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación
Internacional de Niza, se apreciaron y valoraron todas las pruebas aportadas por el titular
marcario tendientes a demostrar el uso de la marca en mención.
Señaló que la solicitud de la prueba de la inspección por parte de los abogados de la SIC
frente al software que el demandante utilizaba en su oficina fue legalmente inadmitida,
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486 de 2000, norma que
establece que es al titular de la marca a quien le corresponde aportar las pruebas de uso
de la marca objeto de cancelación. Además, las disposiciones aplicables no contemplan
una etapa para la práctica de pruebas sino un plazo para aportarlas.
6 Folios 598 a 616 del expediente físico de la referencia.
Radicado: 11001 03 24 000 2011 00247 00
Demandante: Luis Alberto Zorro Sánchez
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Así mismo, reconoció que se inadmitieron las siguientes pruebas: (i) los memoriales
presentados ante el INVIMA en los años 1995 a 1999, y (ii) el comprobante de registro
de la dirección cablegráfica ante Telecom, expedido el 13 de julio de 1979, pues se
encontraron por fuera del período relevante.
En cuanto a las pruebas en las que se observa la dirección de correo electrónico
juriscol@latino.net.co, utilizada en la papelería de la firma de abogados Zorro Huerta &
Zorro Sánchez, así como los avisos publicitarios en los que aparece la expresión “juriscol”
para referirse a la dirección cablegráfica, advirtió que aquellas no permiten determinar
que la marca “JURISCOL” se haya utilizado como un elemento identificador de los
servicios de publicidad y negocios en el mercado.
Siendo así, concluyó que el titular de la marca “JURISCOL”, sin motivo justificado, no hizo
uso de su marca en el período comprendido dentro de los 3 años consecutivos
precedentes a la fecha de inicio de la actuación de cancelación.
Finalmente, se refirió a la presunta notoriedad de la marca “JURISCOL” objeto de
cancelación, señalando que las pruebas aportadas tampoco permiten inferir el
cumplimiento de los requisitos exigidos para el reconocimiento de la marca bajo dicha
prerrogativa.
I.2.3. El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal.
I.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
Mediante auto del 15 de diciembre de 2025, se corrió traslado a las partes para que
presentaran alegatos de conclusión7; sin embargo, dentro del término no hubo
pronunciamiento alguno8.
I.5. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina9 emitió la interpretación prejudicial10 núm.
288-IP-2015, en la cual dio aplicación a la doctrina del acto aclarado, indicando que existe
un criterio consolidado en cuanto a los artículos 165, 166, 167 y 170 de la Decisión 486
de 2000.
Al respecto, se pronunció con relación a: (i) la cancelación por falta de uso de una marca;
(ii) la legitimación y oportunidad para adelantar un trámite de cancelación; (iii) la falta de
uso de la marca; (iv) las causales de justificación para el no uso de la marca; (v) los
efectos de la cancelación de la marca por no uso; y (vi) la prueba del uso de una marca.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
II.1. LOS ACTOS ACUSADOS
Se solicita en este proceso la nulidad de la Resolución núm. 20980 del 27 de agosto de
2004 “Por la cual se decide una solicitud de cancelación por no uso” y la Resolución núm.
1919 del 27 de enero de 2011 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, mediante
las cuales se decidió la cancelación por no uso de la marca “JURISCOL” (nominativa)
7 Índice 88 del expediente de la referencia en SAMAI.
8 De conformidad con el informe secretarial de 2 de febrero de 2026.
9 En adelante TJCA.
10 Folios 801 al 813 del expediente de la referencia en SAMAI.
Radicado: 11001 03 24 000 2011 00247 00
Demandante: Luis Alberto Zorro Sánchez
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para identificar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de
Niza, con certificado de registro núm. 105139. Los actos administrativos acusados fueron
expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio.
II.2. LA NORMATIVA APLICABLE
De conformidad con la demanda, la contestación y la Interpretación Prejudicial emitida
por el TJCA, las normas aplicables son los artículos 165, 166, 167 y 170 de la Decisión
486 de 2000, cuyo texto es del siguiente tenor:
Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud
de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en
al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona
autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se
inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca
también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos
con base en la marca no usada.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación
antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la
resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía
administrativa.
Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o
servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o
limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca,
eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se
tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió,
entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.
Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o
servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles
en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde,
teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las
cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que
son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el
párrafo anterior.
El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en
cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la
cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la
marca.
Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del
registro.
El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos
contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la
comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.
[…]
Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente
notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles
Radicado: 11001 03 24 000 2011 00247 00
Demandante: Luis Alberto Zorro Sánchez
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contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime
convenientes.
Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente
decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes,
mediante resolución
Al respecto, conviene precisar que aun cuando los artículos 166 y 167 en mención no
fueron invocados como normas vulneradas por las decisiones administrativas, lo cierto
es que su análisis sí incumbe a este asunto, pues el debate se encuentra en determinar
si procedía la cancelación total por no uso de la marca “JURISCOL” (nominativa)
concedida para identificar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación
Internacional de Niza, lo cual exige considerar cuándo se entiende que la marca se
encuentra en uso, así como la carga de la prueba del uso.
II.3. PROBLEMAS JURÍDICOS
De conformidad con la demanda y sus contestaciones, la Sala deberá resolver los
siguientes cuestionamientos:
Le corresponde a la Sala determinar si son nulos los actos administrativos que decidieron
la cancelación total por no uso de la marca “JURISCOL” (nominativa) que había sido
concedida para identificar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación
Internacional de Niza con certificado de registro núm. 105139.
Para el efecto, resulta necesario establecer si el titular de la marca “JURISCOL”
(nominativa) con certificado de registro núm. 105139, acreditó su uso real, efectivo y
continuado en el mercado en el periodo comprendido entre el 4 de junio de 2000 y el 4
de junio de 2003.
Dilucidada dicha cuestión, la Sala decidirá si los actos administrativos acusados vulneran
los artículos 165, 166, 167 y 170 de la Decisión 486 de 2000, así como el inciso segundo
del artículo 2, el artículo 29 y el artículo 61 de la Constitución Política.
II.4. EL ANÁLISIS DEL ASUNTO
II.4.1. El demandante señaló que acreditó el uso real y efectivo de su marca, pero que la
SIC incurrió en los siguientes vicios:
(i) valoró indebidamente tanto las pruebas que presentó para tal fin, como aquellas que
demostraban la notoriedad de la marca, pues consideró de manera errónea que procedía
la cancelación total por no uso de aquella, cuando en realidad, los elementos aportados
demostraron, por lo menos, un uso parcial;
(ii) se equivocó al determinar que el uso probado lo efectuó la firma de abogados Zorro
Huertas & Zorro Sánchez más no el titular de la marca, e ignorar que la mencionada
firma, en todo caso, se encontraba autorizada de manera tácita para emplear la marca
“JURISCOL”;
(iii) inadmitió de forma indebida la solicitud de prueba que presentó en sede
administrativa, relativa a que se realizara una inspección por parte de los abogados de
la SIC frente al software que el demandante utilizaba en su oficina.
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Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio
(iv) dejó de lado que en el trámite de cancelación de la marca “JURISCOL” con certificado
de registro núm. 107442, la SIC encontró probado el uso de esa marca para servicios
comprendidos en la clase 42, particularmente los de naturaleza jurídica.
Por su parte, la SIC consideró que las piezas aportadas con la contestación que presentó
el titular de la marca objeto de cancelación fueron examinadas en sede administrativa;
sin embargo, algunas de ellas fueron inadmitidas como prueba porque no correspondían
al periodo relevante para acreditar el uso de la marca, y las demás no lograron probar el
uso real y efectivo de la marca sino una mera utilización de la denominación “JURISCOL”
para referirse a los canales de comunicación de la firma de abogados de la titular, tales
como, su correo electrónico y dirección cablegráfica. Además, señaló que el titular no
aportó pruebas sobre la invocada notoriedad.
Finalmente, advirtió que la prueba de inspección estuvo bien inadmitida porque la carga
de la prueba radica sobre el titular de la marca, quien debe aportar los elementos que
hagan falta para acreditar el uso.
A su vez, el tercero respaldó la conclusión según la cual las pruebas aportadas no
permiten la acreditación del uso real y efectivo de la marca “JURISCOL” por parte de su
titular, pues muchas de ellas se encuentran por fuera del periodo relevante, y otras
únicamente prueban el uso de la denominación en un ámbito privado, esto es, en el
membrete de la papelería utilizada por la firma de abogados, sin que de ellos sea posible
concluir que se utilizó efectivamente la marca en el comercio.
II.4.2. Sobre el asunto en controversia, en la interpretación prejudicial emitida para el
presente asunto por el TJCA, se precisó lo siguiente:
[…] La Oficina Nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de
persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiera utilizado en al
menos uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, por su titular, por un
licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos
precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.
Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite de cancelación respectivo. Lo
anterior quiere decir que, para poder adelantar el trámite, el solicitante deberá demostrar
un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por
la oficina nacional competente.
De la anterior transcripción, se destaca que para determinar que, en efecto, se usó en el
mercado una marca, debe acreditarse que dicha utilización se ha efectuado en forma
real, efectiva y continua dentro del término de los tres años inmediatamente anteriores a
la presentación de la acción de cancelación.
Adicionalmente, quien pretenda la cancelación de una marca deberá contar con un
interés para promover la acción y formularla dentro de los 3 años siguientes a la decisión
que concedió el registro de la marca que será objeto de la cancelación.
Sin perjuicio de dichas previsiones normativas, la Sala no ahondará en consideraciones
adicionales sobre estos últimos presupuestos, por cuanto no fueron objeto de debate en
el proceso. En esa medida, basta con señalar que el Banco de la República promovió la
acción de cancelación por falta de uso ante la SIC el 4 de junio de 2003, y que en la
solicitud manifestó su intención de remover un obstáculo para obtener el registro de una
marca11. De ello se desprende que se encuentra acreditado el interés legítimo en
11
Folio 33 del anexo 1 del expediente del expediente de la referencia en SAMAI.
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promover la solicitud de cancelación, así como la oportunidad para adelantar el trámite,
pues esta se inició transcurridos más de 3 años desde que se expidió el acto
administrativo que concedió el registro de la marca que se pretende cancelar, lo cual
ocurrió el 18 de junio de 198412.
En la misma interpretación, el TJCA señaló que “[…] el concepto de uso de la marca,
para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas:
el principio de uso real y efectivo de la marca”.
Así, la jurisprudencia comunitaria ha sostenido que la acreditación del uso real y efectivo
de una marca deberá analizarse de manera correspondiente a los productos o servicios
que aquella distingue, con el fin de determinar si estos se encuentran disponibles en el
mercado bajo la marca en comento, y particularmente, en la cantidad y modo pertinentes
en atención a su naturaleza y su forma de comercialización.
En punto de la puesta a disposición o su disponibilidad en el comercio, el TJCA sostuvo
lo siguiente:
4.5. En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2
supuestos de uso; (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el
primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o
comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado
listos para su comercialización efectiva.
4.6. Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que
se encuentre con alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la
comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si
la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso,
en función a las pruebas aportadas.
4.7. Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas
directas o indirectas que ofertó al mercado —que ofreció a los consumidores— los bienes
o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que
tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las
ventas o transacciones que hubiera realizado. (Destacado fuera del texto original).
Ahora bien, en la mencionada interpretación prejudicial también se recordó el criterio
según el cual la carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre
a su titular, así:
1.11. En este contexto, procede señalar que, de conformidad con la disposición prevista
en el Artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba acerca del uso de la marca
corresponde a su titular, y que el uso en cuestión podrá probarse mediante facturas
comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la
regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo.
El ordenamiento comunitario no establece el procedimiento para presentación y
verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar
regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la
legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas.
Además, se precisó que el artículo 165 de la Decisión 486 establece de forma no taxativa
las causales de justificación para el no uso de la marca, a través de las cuales se logra
enervar el ejercicio de la solicitud cancelación por no uso. Tales eventos son los
relacionados con la fuerza mayor y el caso fortuito.
12 Resolución 12733 de 18 de junio de 1984, visible en el folio 53 del expediente de la referencia en SAMAI.
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II.4.3. Precisado lo anterior, la Sala descenderá al estudio de las pruebas allegadas con
el expediente administrativo, así como las aportadas en sede judicial, con el propósito
de determinar si la actora ha usado de manera real y efectiva la marca “JURISCOL”13
(nominativa) para identificar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación
Internacional de Niza, durante el periodo relevante constituido por los 3 años anteriores
a la solicitud de cancelación, esto es, entre el 4 de junio de 2000 al 4 de junio de 2003.
De las pruebas relevantes allegadas tanto en sede administrativa como en la presente
instancia judicial, a través de las cuales se pretende acreditar el uso de la marca
“JURISCOL”, se observan las siguientes aportadas por su titular:
• Documentos que corresponden a los antecedentes administrativos de las Resoluciones
números 20980 del 27 de agosto de 2004 y 1919 del 27 de enero de 2011, demandadas en
el presente asunto.
• Once (11) copias de memoriales presentados ante el INVIMA en relación con algunos
expedientes de registro sanitario, por el señor Luis Alberto Zorro Sánchez, entre el 30 de
marzo de 1993 y el 17 de agosto de 1999. Los mencionados memoriales contienen como
membrete la información de la firma de abogados Zorro Huertas & Zorro Sánchez,
particularmente la dirección cablegráfica “JURISCOL”.
• Treinta y cuatro (34) copias de memoriales presentados ante el INVIMA en relación con
algunos expedientes de registro sanitario, por el señor Luis Alberto Zorro Sánchez, entre el
30 de junio de 2000 y 19 de junio de 2003. Tales memoriales contienen como membrete la
información de la firma de abogados Zorro Huertas & Zorro Sánchez, de manera particular
la dirección de correo electrónico juriscol@latino.net
• Copia de la certificación emitida por el INVIMA el 9 de octubre de 2003, en la que consta
que en los memoriales que han sido presentado por el señor Luis Alberto Zorro Sánchez
ante dicha autoridad, cuentan con un membrete en el que aparece inscrita la expresión
“JURISCOL”.
• Copia del comprobante de registro de la dirección cablegráfica emitido por el Ministerio de
Comunicaciones - Vicepresidencia de Operaciones - TELECOM del 13 de julio de 1979, en
donde consta el registro para tales efectos del “seudónimo” JURISCOL, a favor del señor
Luis Alberto Zorro Sánchez.
• Copia del memorial de 24 de mayo de 1982, enviado por el señor Luis Alberto Zorro
Sánchez al señor Carlos Lemos Simmonds en su calidad de Ministro de Relaciones
Exteriores. En el mencionado documento se observa el membrete que contienen
información sobre la firma Zorro Huertas & Zorro Sánchez, particularmente la dirección
cablegráfica “JURISCOL”.
• Copia del memorial de 25 de mayo de 1982, enviado por el mencionado Ministro al señor
Luis Alberto Zorro Sánchez. En dicho documento no se avizora mención alguna a la
denominación “JURISCOL”.
• Copia de la Resolución núm. 06212 del 11 de septiembre de 1984, a través de la cual la
SIC concedió el registro como marca del signo “JURISCOL” (nominativo) para identificar
productos comprendidos en la clase 16 del Decreto 755 de 1972, a favor del señor Luis
Alberto Zorro Sánchez.
13
Certificado de registro núm. 105139.
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• Copia del certificado de registro núm. 105139 que corresponde a la marca “JURISCOL”
(nominativa) concedida para identificar servicios comprendidos en la clase 35 del Decreto
755 de 1972, de titularidad del señor Luis Alberto Zorro Sánchez.
• Copia de la Resolución núm. 27734 del 30 de junio de 1994, mediante la cual la SIC
concedió el registro como marca del signo “JURISCOL” (nominativa) para productos
comprendidos en la clase 9 del Decreto 755 de 1972, con certificado de registro núm.
158182, a favor del señor Luis Alberto Zorro Sánchez.
• Cuarenta y dos (42) copias de memoriales presentados por el señor Luis Alberto Zorro
Sánchez ante la SIC, entre los años 1986 y 1999, en los que se observa el membrete con
información de la firma de abogados Zorro Huertas & Zorro Sánchez, particularmente la
dirección cablegráfica “JURISCOL”.
• Dieciséis (16) copias de memoriales presentados por el señor Luis Alberto Zorro Sánchez
ante la SIC, entre el 1 de junio de 2000 y 25 de enero de 2003 en los que se observa el
membrete con información de la firma de abogados Zorro Huertas & Zorro Sánchez,
particularmente la dirección de correo electrónico juriscol@latino.net.co.
• Diecisiete (17) copias de poderes otorgados al señor Luis Alberto Zorro Sánchez, entre
1991 y 2002, documentos en los que se observa el membrete con información de la firma
de abogados Zorro Huertas & Zorro Sánchez, particularmente la dirección de correo
electrónico juriscol@latino.net.co., y la dirección cable gráfica JURICOL.
• Copia de certificación del 14 de octubre de 2003, emitida por el señor Jairo Valderrama en
su calidad de gerente del Directorio Telefónico de Bogotá, a través de la cual hace constar
que en los avisos publicitarios del señor Luis Alberto Zorro Sánchez se incluyó la expresión
“JURISCOL”, y que tales publicaciones se han efectuado desde la edición de 1995 hasta la
fecha de emisión del documento.
• Veintidós (22) copias de avisos publicitarios en el Directorio Telefónico de Bogotá
ediciones de los años 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995,
1996, 2000, 2001, y 2002, en las que se observa la información de contacto de la firma de
abogados Zorro Huertas & Zorro Sánchez, particularmente la dirección cablegráfica
“JURISCOL” y el correo electrónico juriscol@latino.net.co.
• Copia del documento denominado “AIPPI ASSOCIATION INTERNATIONALE PPUR LA
PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE – DIRECTORY OF AIPPI OFFICERS”
autenticado el 20 de febrero de 2004, en el aparece la información del señor Luis Alberto
Zorro “lawyer” en la firma de abogados Zorro Huertas & Zorro Sánchez, particularmente la
dirección cablegráfica JURISCOL.
• Copia del documento denominado “INTA International Trademark Association –
MEMBERSHIP DIRECTORY” ediciones 1999 – 2000 y 200-2003 autenticado el 20 de
febrero de 2004, en el aparece la información del señor Luis Alberto Zorro Sánchez en la
firma de abogados Zorro Huertas & Zorro Sánchez, particularmente la dirección de correo
electrónico juriscol@latino.net.co.
• Copia del documento denominado “DIRECTORIO ACPI – ASOCIACIÓN COLOMBIANA
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL” emitido el 30 de junio de 2000, en el que se observa el
nombre del señor Luis Alberto Zorro Sánchez identificado como ex presidente ACI, y el
correo electrónico juriscol@latino.net.co.
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• Copia de la certificación emitida por la Universidad Pontificia Javeriana el 9 de octubre de
2003, a través del cual se hace constar que, desde febrero de 2002 y a la fecha de emisión
del documento, se envía la correspondencia electrónica al señor Luis Alberto Zorro a través
del correo electrónico juriscol@aolpremium.com y juriscol@latino.net.co.
• Seis (6) copias de los documentos emitidos entre el 6 y el 14 de octubre de 2003, por los
señores Edgar Villamizar Marulanda, Luis Eduardo Ortiz Maluendas, Andrés Gutiérrez
Borda, Clara Ines Álvarez Giraldo, Mónica Wolf de Camhi, Jaime Alberto Mesa P., y
Fernando Bazzani Rozo, a través de los cuales se hace constar que el señor Luis Alberto
Zorro Sánchez ha usado en la papelería de su oficina, tarjetas personales, y correos
electrónicos la denominación JURISCOL desde el año 1983, incluyendo el periodo
comprendidos entre el 2000 y 2003.
• Copia de la certificación del 10 de octubre de 2003, emitida por el Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a través del cual se hace constar que la
entidad mencionada le envía correos electrónicos al señor Luis Alberto Zorro Sánchez a
través de los canales juriscol@latino.net.co y juriscol@aolpremium.com, desde el mes de
julio de 2002 y hasta la fecha de emisión del documento.
• Copia de la certificación del 10 de octubre de 2003, emitida por el Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a través del cual se hace constar que la
entidad mencionada le envía correos electrónicos al señor Luis Alberto Zorro Sánchez a
través de los canales juriscol@latino.net.co y juriscol@aolpremium.com, desde el mes de
julio de 2002 y hasta la fecha de emisión del documento.
• Copias de mensajes enviados por la SIC, la Intellectual Property Services Office S.A.,
Diseños MaKrisma International, El Tiempo, entre otros remitentes, al señor Luis Alberto
Zorro Sánchez, a través de las direcciones juriscol@latino.net.co y
juriscol@aolpremium.com entre el 11 de diciembre de 2002 y el 30 de abril de 2003, en los
que se informan asuntos varios.
• Copia de formato de suscripción del 11 de septiembre de 1997, en el que consta que el
señor Luis Alberto Zorro Sánchez se suscribió a los servicios de correo electrónico de la
empresa Latino.net para utilizar el “login: juriscol”.
• Copia de la Resolución núm. 2386 del 27 de enero de 2011, a través de la cual la SIC
canceló parcialmente el registro de la marca nominativa “JURISCOL” con certificado de
registro núm. 107442.
• Copia de la Resolución núm. 55731 del 26 de septiembre de 2012, mediante la cual se
conservó la vigencia del registro como marca del signo “JURISCOL” (nominativo) para
distinguir “servicios jurídicos” comprendidos en la clase 42 internacional.
• Copia de la Resolución núm. 57580 del 28 de septiembre de 2012, que concedió el registro
como marca del signo “JURISCOL” (mixto) para distinguir servicios en la clase 42
internacional.
• Copia de la Resolución núm. 35196 del 29 de noviembre de 2011, que negó el registro
como marca del signo “JURISCOL” (nominativa) para identificar servicios comprendidos en
la clase 42 internacional, solicitado por el Banco de la República.
• Copias de las Resoluciones núms. 48592 del 14 de septiembre de 2011, y 56835 del 27
de septiembre de 2012, mediante las cuales se confirmó la Resolución núm. 35196 del 29
de noviembre de 2011.
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II.4.3.1. Pues bien, la Sala estima que las pruebas relacionadas, aportadas por el titular
de la marca objeto de cancelación, no pueden ser consideradas como demostrativas del
uso durante el período relevante de la marca “JURISCOL” (nominativa) con registro de
certificado núm. 105139, inicialmente concedida para distinguir servicios comprendidos
en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, y en cualquier caso, ni para los
“servicios jurídicos” a los que se refiere el actor, por las siguientes razones:
II.4.3.1.1. En primer lugar, la Sala advierte que la parte actora aportó una gran variedad
de elementos probatorios que pretenden acreditar hechos ocurridos por fuera del periodo
relevante para acreditar el uso real y efectivo de la marca “JURISCOL” (nominativa), esto
es, entre el 4 de junio de 2000 y 4 de junio de 2003.
Tales pruebas son específicamente: (i) las 11 copias de memoriales presentados ante el
INVIMA entre el 30 de marzo de 1993 y el 17 de agosto de 1999, (ii) la copia de la
certificación emitida por TELECOM del 13 de julio de 1979, (iii) las copias de las
comunicaciones entre el actor y el Ministro de Relaciones Exteriores del 24 y 25 de mayo
de 1982, (iv) las copias de los memoriales presentados ante la SIC entre los años 1986
y 1999, los poderes otorgados al actor entre 1991 y 1999, (v) la copia de la suscripción
del actor a la empresa Latino.net del 11 de septiembre de 1997, (vi) así como los avisos
publicitarios en las ediciones de los años 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990,
1991, 1992, 1995 y 1996.
En consecuencia, los documentos aportados no consiguen acreditar el supuesto de hecho
requerido para enervar la solicitud de cancelación por no uso presentada por el Banco de
la República, pues como se advirtió, todos ellos pretenden convalidar hechos acaecidos con
anterioridad al 4 de junio de 2000, de manera que se encuentran por fuera del periodo
relevante para el presente asunto.
Conviene recordar que el periodo relevante corresponde a los 3 años anteriores a la
formulación de la solicitud de cancelación por no uso promovida, de tal manera que, para el
presente asunto, como la solicitud en cuestión se presentó el 4 de junio de 2003, el periodo
en el que corresponde demostrar el uso real y efectivo de la marca “JURISCOL”
(nominativa) en el mercado, es desde el 4 de junio de 2000 y hasta la fecha en que se radicó
la solicitud mencionada.
La conclusión anterior fue también adoptada por esta Sección en un caso análogo, en el
que se encontró que el señor Luis Zorro Sánchez no consiguió acreditar el uso real y efectivo
de la marca “JURISCOL” con certificado de registro núm. 158182 para identificar productos
comprendidos en la clase 9 internacional, durante el periodo relevante en ese caso, pues,
entre otras consideraciones, algunas de las pruebas no acreditaban hechos ocurridos
durante dicho periodo. En esa oportunidad la Sección señaló lo siguiente14:
En primer lugar, se advierte que las fechas de expedición de varios de los documentos
allegados, tales como: i) el comprobante del registro de dirección cablegráfica expedida por
el la Vicepresidencia de operaciones de TELECOM; ii) el Oficio núm. DM 471 de 25 de mayo
de 1982; iii) los memoriales radicados por el actor en diferentes trámites de registro y
renovación de marcas ante la SIC y el INVIMA, presentados en los años 1995, 1996, 1997,
1998 y 1999; iv) las copias del Directorio Telefónico de Bogotá, particularmente de sus
páginas amarillas, en las que figura una pauta publicitaria de la firma de abogados ZORRO
HUERTAS & ZORRO SÁNCHEZ, en las que se advierte la expresión “JURISCOL”, en los
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de diciembre
de 2024, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, rad: 11001-03-24-000-2011-00249-00, Actor: Luis Alberto
Zorro Sánchez.
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años 1982 a 1999; v) el contrato suscrito con la compañía LATINO NET S.A. de fecha 11 de
septiembre de 1997, en el que se acordó la asignación del correo electrónico
juriscol@latino.net.co; y vi) el formato de suscripción por parte del señor LUIS ALBERTO
ZORRO SÁNCHEZ al servicio de internet VIA LATIN NET S.A., de fecha 11 de septiembre
de 1997, se encuentran por fuera del marco temporal dentro del cual se debía demostrar el
uso de la marca objeto de controversia, esto es, entre el 4 de junio de 2000 y el 4 de junio de
2003. (Destacado de la Sala).
II.4.3.2. En segundo lugar, respecto de las declaraciones suscritas entre el 6 y el 14 de
octubre de 2003, por los señores Edgar Villamizar Marulanda, Luis Eduardo Ortiz
Maluendas, Andrés Gutiérrez Borda, Clara Ines Álvarez Giraldo, Mónica Wolf de Camhi,
Jaime Alberto Mesa P. y Fernando Bazzani Rozo, la Sala encuentra que no resultan
suficientes para acreditar la disposición en el mercado de los servicios de la clase 35 bajo
la marca “JURISCOL” (nominativa).
Lo anterior es así, pues aunque en dichas declaraciones se hizo constar que el señor Luis
Alberto Zorro Sánchez ha usado la marca objeto de cancelación desde el año 1983,
incluyendo el periodo comprendido entre el 2000 y el 2003, como resultado del empleo de
el membrete que incluye la denominación “JURISCOL” en la papelería de su oficina, tarjetas
personales y correos electrónicos, lo cierto es que tales afirmaciones, per se, no le
demuestran a esta Sala la forma en la que el titular utilizó la marca mencionada para
comercializar los servicios de la clase 35, tampoco deja ver la puesta a disponibilidad,
cantidad y forma de los servicios en el mercado.
Entonces, los mencionados documentos únicamente consiguen comprobar que el titular
incluyó la nominación “JURISCOL” en su papelería de uso privado, sin que aquellos
correspondan, por ejemplo, a facturas o respaldos contables que indiquen que, dentro del
periodo relevante, el titular comercializó, en forma real y efectiva, los servicios incluidos en
la cobertura del registro bajo la marca “JURISCOL” (nominativa).
Particularmente, esta Sala logra advertir que la nominación “JURISCOL” en los membretes
de la papelería del señor Luis Zorro Sánchez en realidad se encuentra contenida en la
dirección del correo electrónico juriscol@latino.net.co, sin que ello constituya el uso real y
efectivo de la marca “JURISCOL” (nominativa) para identificar los servicios comprendidos
en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
En ese escenario, conviene señalar que, como se observa de otras pruebas que serán
objeto de valoración más adelante, el membrete de la papelería utilizada se encuentra
acompañado del título “ZORRO HUERTAS & ZORRO SÁNCHEZ Abogados”, lo cual
genera una impresión global de la forma en la que se presentan los servicios
comercializados por el titular, que a su vez permite determinar que es esta última frase la
que se encuentra ligada a la oferta de las asistencias jurídicas en el mercado, no así el
simple uso de la nominación “juriscol” en su correo electrónico.
Adicionalmente, conviene traer a colación las consideraciones adoptadas por esta Sección
en el asunto previo mencionado anteriormente, en el que se analizaron declaraciones
análogas emitidas por terceros, y se advirtió lo siguiente:
En segundo lugar, se observa que las declaraciones suscritas por los señores EDGARD
VILLAMIZAR MARULANDA, RAFAEL BERNAL GUTIÉRREZ y LUIS EDUARDO ORTIZ
MALUENDAS, se tratan de unas exposiciones que por sí solas no constituye prueba de
su dicho, habida cuenta que sus afirmaciones requerían de pruebas adicionales que las
soportaran.
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En efecto, aunque en dicho documento los citados señores afirman que el señor ZORRO
SÁNCHEZ ha hecho uso de la marca “JURISCOL”, no allegaron pruebas que sustentaran
sus afirmaciones, máxime si se tiene en cuenta que dichas certificaciones no se
encuentran respaldadas por facturas u otros documentos idóneos que aporten certeza
sobre la información allí consignada[15].
Sobre este asunto, conviene traer a colación la sentencia de esta Sección de 29 de
octubre de 2020[16] en la que se expresó lo siguiente:
“[…] 60. La Sala considera que la declaración extrajudicial presentada por James
McCormick, consiste en un documento que, por sí solo, no constituye una prueba
idónea para demostrar lo afirmado en ella, es decir, no es suficiente para demostrar
la existencia del contrato de licencia entre la parte demandante y Harbor Wholesale
Ltd., ni la comercialización que esta última hizo de la marca BASS en el periodo
relevante, de manera que requiere de pruebas adicionales que soporten las
afirmaciones contenidas en la declaración. Sin embargo, si bien el señor James
McCormick aportó una serie de documentos con el fin de soportar lo afirmado en su
declaración, la Sala considera que los mismos no son suficientes para demostrar el
uso de la marca BASS en el mercado andino.
[…]
67. En relación a esta declaración extrajudicial, la Sala observa que se trata de una
declaración hecha por un empleado de la parte demandante, específicamente, el
presidente de BASS Retail Group, una división de la parte demandante. En este
sentido, ocurre lo mismo que con la declaración de James McCormick, comoquiera
que la declaración de Scott H. Orenstein consiste en afirmaciones que por sí solas no
constituyen prueba de su dicho, de manera que requieren estar sustentadas por
material probatorio adicional. […]”
II.4.3.3. En tercer lugar, para esta Sala: (i) las 34 copias de memoriales presentados ante
el INVIMA en relación con algunos expedientes de registro sanitario, por el señor Luis
Alberto Zorro Sánchez, entre el 30 de junio de 2000 y 19 de junio de 2003, (ii) la copia de la
certificación emitida por el INVIMA el 9 de octubre de 2003, (iii) las 16 copias de memoriales
presentados por el señor Luis Alberto Zorro Sánchez ante la SIC, entre el 1 de junio de 2000
y 25 de enero de 2003, (iv) los poderes otorgados al titular de la marca objetada en el año
2002; (v) la copia de certificación del 14 de octubre de 2003, emitida por el Directorio
Telefónico de Bogotá; y (vi) las copias de los avisos publicitarios en el Directorio Telefónico
de Bogotá ediciones 2000 al 2002, no son suficientes para acreditar el uso real y efectivo
de la marca objeto de cancelación “JURISCOL” (nominativa) para identificar los servicios
comprendidos en las clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
Al respecto, conviene señalar que los mencionados documentos no reflejan una puesta a
disposición de los servicios comprendidos en la cobertura del registro objeto de cancelación,
no indican cantidades, ventas efectivas, así como tampoco incluyen información contable
sobre los dividendos adquiridos como resultado de la comercialización de los servicios
objeto de análisis bajo la marca “JURISCOL” (nominativa).
Entonces, los mencionados documentos únicamente dan fe de que la papelería utilizada
por el titular de la marca objetada incluye la información de contacto de la firma de abogados
Zorro Huertas & Zorro Sánchez, particularmente la dirección cablegráfica “juriscol” y el
15 Al respecto, ver sentencia de 29 de octubre de 2020. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001-03-
24-000-2013-00200-00.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de octubre
de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2013-00200-00.
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correo electrónico juriscol@latino.net.co. Sin embargo, como se indició, no acreditan la
efectiva comercialización de las asistencias a través de la marca “JURISCOL” (nominativa)
tampoco permiten determinar que los servicios ofertados por la firma de abogados en
mención hayan sido dispuestos en el comercio bajo la marca en cuestión.
Si bien, esta Sala no desconoce que el titular de la marca ha utilizado papelería en la que
se observa el empleo de la denominación “JURISCOL” coincidente con la marca
cuestionada, se hace necesario reiterar que dicha utilización se ubica como recurso
tecnológico para identificar los canales de comunicación dispuestos por la firma de
abogados Zorro Huertas & Zorro Sánchez para sus clientes, esto es, en las direcciones
cablegráficas y de correo electrónico de las que se ha valido la mencionada firma y el señor
Luis Zorro Sánchez, sin que ello acredite de forma cierta que el titular de la marca
cuestionada utilizó la marca “JURISCOL” (nominativa) en el comercio para identificar las
asistencias jurídicas que oferta en el mercado.
Contrario a lo dicho, de la disposición de los elementos en la papelería es posible considerar
que la expresión que encuentra una relación directa con la oferta de servicios jurídicos y
asistencias comerciales es “Zorro Huertas & Zorro Sánchez”, quedando como un simple
recurso informativo el empleo de la nominación “JURISCOL” en los canales de
comunicación dispuestos por la firma.
Bajo ese contexto, la Sala destaca que los criterios para acreditar el uso real y efectivo
de la marca en el comercio exigen, entre otros presupuestos, que el signo distintivo objeto
de cancelación haya sido utilizado en condiciones que permitan el cumplimiento efectivo
de la función esencial de las marcas, esto es, su capacidad distintiva intrínseca.
Por consiguiente, el simple empleo de una nominación coincidente con la marca objeto
de cancelación no constituye, por sí mismo, un uso real y efectivo de esta. Para que ello
ocurra, dicho signo debe encontrarse dispuesto en el comercio de tal forma que permita
al consumidor identificar y asociar los servicios que se ofertan con la marca como un
indicador de su origen empresarial. Lo dicho guarda correspondencia con el criterio del
TJCA, según el cual la realidad y efectividad del uso “[…] se desprende del propio
concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos
productos y servicios que se ofertan en el mercado […] es decir, no se puede pensar que
una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin
que cumpla su función distintiva […]”17.
Pues bien, las apreciaciones sobre las mencionadas pruebas también fueron adoptadas
en el asunto análogo previamente mencionado. En dicha oportunidad, esta Sección se
refirió a los memoriales radicados por el actor ante la SIC y el INVIMA, así como los
poderes a él otorgados, destacando lo siguiente:
En tercer lugar, la Sala estima que los diferentes documentos, tales como: i) los
certificados de registro de las marcas “JURISCOL”; ii) los memoriales radicados por el
actor en distintos trámites ante la SIC y el INVIMA; y iii) los poderes otorgados por varias
compañías a su favor no son prueba de la comercialización de la marca “JURISCOL” en
los Estados Miembros de la Comunidad Andina, en tanto no informan sobre las ventas de
los productos de la clase 9ª amparados bajo esa marca. Tampoco constituyen prueba de
una actividad publicitaria de la marca efectuada por la parte demandante en la Comunidad
Andina ni una puesta a disposición de los servicios bajo la marca en esta región.
En efecto, los citados documentos no dan cuenta de la cantidad del producto, identificado
con la marca “JURISCOL”, que fue puesto en el comercio o que estuvo disponible en el
17
Proceso 426-IP-2022.
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mercado, elemento que resulta fundamental para determinar el uso real, conforme lo exige
la norma comunitaria.
Cabe precisar que no basta con la mera intención de usar la marca para que su uso sea
considerado real y efectivo, sino que este debe materializarse mediante la prueba de la
venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos
de comercio.
Así lo precisó el Tribunal, en la interpretación prejudicial rendida dentro del Proceso 276-
IP-2016:
“[…] Sobre el principio del uso de la marca, éste deberá ser real y efectivo, de manera
que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no
simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que, dada la
finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba
de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como
verdaderos actos de comercio […]”.
Particularmente, en cuanto a los avisos publicitarios en los que se observa la
denominación “JURISCOL”, esta Sala considera que ellos no reflejan una verdadera
actividad publicitaria de la marca “JURISCOL” nominativa, pues tal como sucede con los
demás documentos analizados, el empleo de la nominación únicamente cumple el propósito
de informar a los clientes de la firma “Zorro Huertas & Zorro Sánchez” los canales de
comunicación dispuestos por la mencionada firma de abogados. Entonces, en realidad, no
se utilizó la marca objeto de cancelación para identificar las asistencias comprendidas en
su cobertura, para disponer los servicios en el comercio, ni para publicitarla.
Tan es así que puede considerarse, razonablemente, que la expresión ligada a la prestación
de los servicios por parte del señor Luis Alberto Zorro Sánchez, es en realidad “Zorro
Huertas & Zorro Sánchez”, más no la denominación “JURISCOL”, como lo pretende hacer
ver el actor. Lo anterior se advierte con facilidad de las siguientes imágenes18:
II.4.3.4. En lo que respecta a (i) los documentos que constituyen los antecedentes
administrativos de los actos acusados, (ii) las copias de la Resoluciones números 06212
del 11 de septiembre de 1984 y 27734 del 30 de junio de 1994, a través de las cuales la SIC
concedió el registro como marca del signo “JURISCOL” (nominativo) para identificar
productos comprendidos en las clases 9 y 16 del Decreto 755 de 1972, (iii) la copia del
certificado de registro núm. 105139 que corresponde a la marca “JURISCOL” (nominativa)
concedida para identificar servicios comprendidos en la clase 35 del Decreto 755 de 1972,
y la (iv) copia de la Resolución núm. 2386 del 27 de enero de 2011, a través de la cual la
SIC canceló parcialmente el registro de la marca nominativa “JURISCOL” con certificado de
registro núm. 107442, la Sala encuentra que tampoco son elementos probatorios que
permitan demostrar que el titular de la marca estudiada la utilizó en forma real y efectiva,
18 Imágenes obrantes a folios 336, 337 y 342 del expediente físico de la referencia.
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dentro del periodo relevante, para comercializar los servicios comprendidos en la clase 35
del nomenclátor internacional.
Sobre estos documentos, la Sala pone de presente que, por un lado, se trata de actos
administrativos a través de los cuales la autoridad competente decidió asuntos de registro
y cancelación de marcas que son ajenas a la que se analiza en esta oportunidad judicial.
Por ello, no solo no constituyen elementos de prueba del uso que debe acreditar el titular
de la marca “JURISCOL” (nominativa) con certificado de registro núm. 105139, sino que en
nada aportan a la discusión propuesta por los extremos procesales.
Por otro lado, los antecedentes administrativos de los actos acusados, particularmente las
resoluciones que concedieron en un primer momento el registro de la marca sobre la que
se discute su cancelación por no uso, únicamente ilustran lo acaecido en el marco del
trámite de concesión de la mencionada marca.
Además, en cuanto a la resolución que decidió en un asunto distinto al aquí cuestionado, la
cancelación parcial del registro de la marca nominativa “JURISCOL” con certificado de
registro núm. 107442, no incumben al presente asunto en tanto que, lo allá decidido
corresponde a un examen de la realidad fáctica y jurídica ventilada en ese trámite
administrativo, así como a la valoración particular del material probatorio aportado por su
titular en esa oportunidad, conclusiones que no pueden ser trasladadas en forma alguna al
caso de la referencia.
II.4.3.5. En quinto lugar, esta Sala encuentra que (i) la copia del documento denominado
“AIPPI ASSOCIATION INTERNATIONALE PPUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE – DIRECTORY OF AIPPI OFFICERS” autenticado el 20 de febrero de
2004, (ii) la copia del documento denominado “INTA International Trademark Association –
MEMBERSHIP DIRECTORY” ediciones 1999 – 2000 y 2002-2003 autenticado el 20 de
febrero de 2004, (iii) la copia de la certificación emitida por la por la Universidad Pontificia
Javeriana el 9 de octubre de 2003, (iv) copia del documento denominado “DIRECTORIO
ACPI – ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL” emitido el 30 de
junio de 2000, (v) la copia de la certificación del 10 de octubre de 2003, emitida por el Centro
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, y (vi) copia de los
mensajes enviados por la SIC, la Intellectual Property Services Office S.A., Diseños
MaKrisma International, El Tiempo, entre otros remitentes, al señor Luis Alberto Zorro
Sánchez, no constituyen prueba del uso real y efectivo de la marca objeto de cancelación.
Lo anterior es así porque los mencionados documentos no demuestran la puesta a
disposición de los servicios, su cantidad en mercado ni las ventas causadas a través de la
marca mencionada, así como tampoco enseñan una inversión en publicidad efectuada por
su titular.
Para esta Sala los relacionados únicamente prueban que el señor Luis Alberto Zorro
Sánchez ha dispuesto como canal de notificaciones y comunicaciones diversas las
direcciones de correo electrónico denominadas juriscol@latino.net.co y
juriscol@aolpremium.com, sin que ello permita verificar que el empleo de la denominación
“JURISCOL” coincidente con la marca cuestionada, se efectuó con la finalidad de identificar
los servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, y mucho
menos permite considerar que a través de aquella se comercializaron en forma real y
efectiva los servicios amparados con el registro marcario en mención.
Nuevamente, el empleo de la nominación “JURISCOL” corresponde a un ámbito privado de
su titular y con efectos meramente informativos sobre los canales de comunicación que
tiene a su disposición en el desarrollo de actividades tanto personales como comerciales.
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Sin embargo, ello no da cuenta de la puesta a disposición de las asistencias de la clase 35
en el mercado a través de la marca cancelada “JURISCOL” (nominativa) con certificado de
registro núm. 105139.
En este punto de la valoración, resulta pertinente recordar las conclusiones adoptadas por
esta Sección en el asunto análogo traído a colación en las consideraciones anteriores, que
se relacionan con el presente asunto por tratarse de varios documentos igualmente
apreciados por esta Sala, así:
En cuarto lugar, la Sala advierte que: i) los correos electrónicos recibidos por la dirección
electrónica juriscol@latino.net.co, de fechas 3 de octubre y 11 de diciembre de 2000; 30
de enero, 27 de marzo, 23 de mayo, 1o y 27 de junio, 9 de julio, 17 de agosto y 25 de
septiembre de 2001; 7 y 16 de marzo, 2, 5 y 22 de abril, 7 de mayo, 20 y 21 de junio, 17
y 24 de julio, 3 y 26 de agosto, 12, 16, 21 y 26 de septiembre, 18 de noviembre y 9 de
diciembre de 2002; 12 de febrero y 16 y 30 de abril de 2003; ii) el documento titulado
“INTA – International Trademark Association – Membership Directory 2002-2003”; iii) la
certificación expedida por PUBLICAR, de fecha 14 de octubre de 2003; y iv) la certificación
expedida por el director del Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Javeriana,
únicamente demuestran el uso de un correo electrónico que contiene la expresión
“JURISCOL”, sin embargo, no prueban que durante el período relevante la marca objeto
de controversia haya sido usada, teniendo en cuenta que como lo indicó el Tribunal en el
interpretación prejudicial traída a colación en este proceso: “[…] para que proceda la
acción de cancelación por falta de uso tiene que darse en los tres años consecutivos
precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años
inmediatamente anteriores a la presentación de la acción […]”.
Adicionalmente, los referidos medios probatorios no indican, por ejemplo, el significativo
volumen de ventas respecto de productos identificados con la marca “JURISCOL” o la
inversión en publicidad que la parte demandante hubiere realizado para promocionar
productos distinguidos con la señalada marca, aspectos necesarios para demostrar el uso
real y efectivo de esta última.
II.4.4. En esos términos, los elementos de prueba allegados por el titular de la marca
“JURISCOL” (nominativa) con certificado de registro núm. 105139, no consiguen
acreditar el uso real y efectivo de la mencionada marca en el comercio, para identificar
los servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
Particularmente porque ninguno de ellos demuestra la puesta a disposición de los
servicios a través de la marca mencionada, en la forma y cantidades pertinentes de
conformidad con su naturaleza, así como tampoco ponen de presente las cifras
conseguidas por concepto de ventas ni la inversión de publicidad de la marca.
En consecuencia, el titular de la marca “JURISCOL” (nominativa), concedida para
identificar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza,
con certificado de registro núm. 105139, no cumplió la carga que le corresponde relativa
a demostrar el uso y real efectivo de la mencionada marca. Al respecto, es pertinente
recordar que el TJCA se ha referido a la mencionada carga probatoria, en el siguiente
sentido19:
3.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la
prueba del uso en el trámite de cancelación corresponde al titular de la marca objeto de
la referida cancelación y no al solicitante; es decir, corresponde al titular de la marca
probar el uso real y efectivo, bajo apercibimiento de que se cancele dicha marca.
19
Proceso 426-IP-2022.
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3.2. El mencionado artículo 167 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los
medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese
sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos
por la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente deberá evaluar todas
las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.
En ese orden, si bien el titular se encontraba en la posibilidad de aportar documentos
diferentes a los que se refiere el artículo 167, en los que se observan por ejemplo las
facturas y demás documentos contables, lo cierto es que la carga se incumplió no por el
hecho de haber allegado elementos probatorios distintos a aquellos, pues es claro que
no existe una tarifa legal para acreditar el uso real y efectivo de la marca, sino porque,
como quedó evidenciado, el material recaudado por el titular fue insuficiente para
comprobar que su marca fue efectivamente utilizada en el comercio para identificar
servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
Por esa razón, la Sala considera que con la expedición de los actos acusados no se
vulneraron los artículos 165, 166, 167 y 170 de la Decisión 486 de 2000, así como
tampoco el inciso segundo del artículo 2, el artículo 29 ni el artículo 61 de la Constitución
Política, pues en ellos se adoptó la acertada decisión de cancelar totalmente por no uso
la marca con certificado de registro núm. 105139, atendiendo a que su titular no allegó
los elementos probatorios suficientes para tener por cumplidos los criterios que
constituyen el uso de una marca en el comercio, esto es, el empleo en forma real y
efectiva del signo distintivo, de conformidad con la naturaleza de los servicios que
pretende identificar.
Adicionalmente, la SIC sí valoró las pruebas aportadas por el titular, y fue a partir de su
examen que arribó a la conclusión de cancelar totalmente por no uso la marca objeto de
análisis, lo que, si bien desfavorece los intereses del actor, no constituye una ausencia o
indebida valoración del material probatorio recaudado.
Finalmente, conviene precisar que más allá de cuestionarse si el presunto uso de la
nominación “JURISCOL” la efectuó la firma de abogados Zorro Huertas & Zorro Sánchez,
a través de una autorización tácita, como lo propone el actor, lo cierto es que ninguna de
las pruebas demuestra un uso real y efectivo de la marca objeto de cancelación, de tal
modo que la discusión en cuanto a la autorización que el titular de la marca le otorgó a la
firma de abogados en mención, deviene irrelevante.
II.4.5. Por otra parte, el actor afirmó que la SIC dejó de lado que en el trámite de
cancelación de la marca “JURISCOL” con certificado de registro núm. 107442, se había
encontrado probado el uso de esa marca para servicios comprendidos en la clase 42,
particularmente los de naturaleza jurídica.
Además, el actor aportó: (i) la Resolución núm. 55731 del 26 de septiembre de 2012,
mediante la cual se conservó la vigencia del registro como marca del signo “JURISCOL”
(nominativo) para distinguir “servicios jurídicos” comprendidos en la clase 42
internacional; (ii) la Resolución núm. 57580 del 28 de septiembre de 2012, que concedió
el registro como marca del signo “JURISCOL” (mixto) para distinguir servicios en la clase
42 internacional; (iii) la Resolución núm. 35196 del 29 de noviembre de 2011, que negó
el registro como marca del signo “JURISCOL” (nominativo) para identificar servicios
comprendidos en la clase 42 internacional, solicitado por el Banco de la República; (iv)
y las Resoluciones núms. 48592 del 14 de septiembre de 2011, y 56835 del 27 de
septiembre de 2012, mediante las cuales se confirmó la Resolución núm. 35196 del 29
de noviembre de 2011.
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Sobre el particular, esta Sala considera que no era obligación de la autoridad
administrativa atender las consideraciones adoptadas en el trámite de cancelación por
no uso de la marca con certificado de registro núm. 107442, así como tampoco en los
demás expedientes administrativos relacionados con la concesión, negación o
cancelación de registro marcarios consistentes en la nominación “JURISCOL”, pues el
análisis allá efectuado obedece a las pruebas recaudadas en ese asunto, así como a un
periodo relevante particular, de manera que lo allá dicho en nada repercutía en la
decisión adoptada por la SIC respecto de la marca objeto del presente asunto.
Adicionalmente, conviene señalar que la Resolución núm. 55731 del 26 de septiembre
de 2012, mediante la cual se conservó la vigencia del registro como marca del signo
“JURISCOL” (nominativo) para distinguir “servicios jurídicos” comprendidos en la clase
42 internacional, fue anulada por esta Sección mediante sentencia del 29 de mayo de
202520. En dicha oportunidad, se encontró que las pruebas aportadas por el titular de la
marca objetada “[…] resulta[ron] insuficientes para acreditar que con esta se
individualizaron, promocionaron y comercializaron en el mercado los servicios
comprendidos en la clase 42 del nomenclátor internacional […]”.
Sin perjuicio de lo anterior, resulta pertinente recordar que los asuntos de propiedad
industrial se rigen por los principios de autonomía e independencia, a partir de los cuales
la oficina de marcas puede apartarse de las decisiones que han adoptado otras oficinas
de marcas de la comunidad, sobre registros o cancelación de marcas, como incumbe en
el presente caso.
Incluso, el resultado del examen que corresponda efectuar a la oficina nacional puede
distanciarse de consideraciones previamente adoptadas por esa misma autoridad, pues
se ha reiterado que los exámenes deben corresponder a la realidad fáctica y jurídica de
cada caso particular.
Es por lo anterior, que las copias de las resoluciones emitidas en trámites administrativos
independientes, las cuales fueron allegadas por el titular de la marca objeto de
cancelación, de ninguna forma prueban el uso real y efectivo de la marca “JURISCOL”
objeto de este examen. Esta conclusión se predica respecto de (i) la Resolución núm. 55731
del 26 de septiembre de 2012, (ii) la Resolución núm. 57580 del 28 de septiembre de 2012,
(iii) la Resolución núm. 35196 del 29 de noviembre de 2011, (iv) así como las Resoluciones
núms. 48592 del 14 de septiembre de 2011 y 56835 del 27 de septiembre de 2012, mediante
las cuales se confirmó la Resolución núm. 35196 del 29 de noviembre de 2011.
Ello, por cuanto los actos administrativos traídos como prueba únicamente demuestran las
decisiones adoptadas por la oficina nacional en cada uno de los asuntos de su
conocimiento, atendiendo a las particularidades de cada caso, las cuales, como se advirtió
previamente no tienen incidencia alguna en el asunto de la referencia.
Además, el examen de los mencionados actos administrativos escapa de la órbita del sub
examine, pues si la intención del actor es cuestionar su legalidad, debe promover para ello
las acciones judiciales que tienen a su disposición.
II.4.6. Adicionalmente, el actor sostuvo que la SIC inadmitió de forma indebida la solicitud
de prueba que presentó en sede administrativa, relativa a que se llevara a cabo la
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 29 de mayo
del 2025, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, rad. 11001-03-24-000-2013-00118-00, demandante:
Ministerio de Justicia y del Derecho.
Radicado: 11001 03 24 000 2011 00247 00
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inspección por parte de los abogados de la SIC frente al software que utilizaba en su
oficina.
Al respecto, conviene señalar que la SIC no vulneró las normas invocadas por el actor,
al descartar por improcedente la práctica de la prueba de inspección solicitada por el
titular de la marca objeto de la cancelación, pues si bien la norma supranacional aplicable
no exige una tarifa legal para acreditar el uso de la marca en el comercio, lo cual sugiere
que el actor puede aportar cualquier elemento probatorio que permita demostrar el uso
real y efectivo de la marca, lo cierto es que tampoco dispone de un término para la
práctica de las pruebas.
En ese escenario, es razonable considerar que el rechazo de la práctica de la prueba
solicitada, contrario a constituir una vulneración de las normas supranacionales, el
debido proceso y/o los derechos de propiedad intelectual del titular de la marca objeto
de cancelación, representa un ejercicio prudente de los principios de la función
administrativa, particularmente los de celeridad y economía procesal.
Por ello, en la Resolución núm. 20980 del 27 de agosto de 2004, la SIC consideró
descartar por improcedente la solicitud de inspección formulada por la actora, con
sustento en los siguientes argumentos:
Pruebas solicitadas que se rechazan por improcedentes
Al respecto es importante anotar que en el trámite de cancelaciones no existe una
fase probatoria como tal, y por lo mismo, no es factible para las partes solicitar la
práctica de pruebas distintas a las allegadas al expediente dentro del término de
contestación de la demanda, siendo sobre estas que se realizará el análisis
probatorio y serán la base de la decisión correspondiente (art. 170 Dec. 486). Por
lo tanto, resulta improcedente la solicitud de realizar una inspección a las oficinas
del señor Luis Alberto Zorro Sánchez, titular de la marca.
Sobre la improcedencia de la inspección, es oportuno recordar las conclusiones
adoptadas en el asunto previo que resolvió esta Sección y que ha sido mencionado en
esta providencia, en la que se consideró, entre otras razones, la siguiente:
Al respecto, cabe señalar que la entidad demandada, mediante la Resolución acusada
núm. 4004 de 2004, frente a la improcedencia de decretar la prueba de inspección
solicitada, sostuvo lo siguiente:
“[…] Pruebas solicitadas que se rechazan por improcedentes:
Al respecto es importante anotar que en el trámite de cancelaciones no existe una
fase probatoria como tal, y por lo mismo, no es factible para las partes solicitar la
práctica de pruebas distintas a las allegadas al expediente dentro de la contestación
de la demanda siendo sobre éstas que se realizará el análisis probatorio y serán la
base de la decisión correspondiente (art. 170 Dec. 486). Por lo tanto, resulta
improcedente la solicitud de realizar una inspección a las oficinas del señor Luis
Alberto Zorro Sánchez, titular de la marca. […]”.
Y, además, si el actor consideraba que el alegado software que tenía en su empresa
denominado “JURISCOL” se encontraba sometido a reserva y a secreto profesional, por
el carácter de la información que éste manejaba, bien pudo allegar las pruebas que
demostraran el uso de éste y solicitarle, asimismo, a la SIC, que dichos documentos
fueran sometidos a reserva o que se les diera un carácter confidencial; sin embargo, no
lo hizo.
Radicado: 11001 03 24 000 2011 00247 00
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Por el contrario, lo que en este caso ocurrió fue que el actor no aportó suficientes pruebas
que evidenciaran que sí había dado un uso real y efectivo a la marca “JURISCOL”, para
identificar productos de la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza.
II.4.7. Finalmente, el actor señaló que la SIC no valoró las pruebas que había aportado
para acreditar la notoriedad de su marca “JURISCOL”.
Para la Sala, el argumento del actor sobre la ausencia de valoración de las pruebas de
notoriedad aportadas no tiene vocación de prosperidad, pues de la revisión de los
argumentos adoptados en los actos administrativos acusados, lo que se advierte es que
la autoridad administrativa sí valoró las pruebas aportadas, pero a partir de ellas
consideró que no era posible declarar la notoriedad de la marca “JURISCOL”.
Al respecto, en la Resolución núm. 1919 del 27 de enero de 2011, a través de la cual la
oficina nacional dejó en firme la cancelación total por no uso de la marca “JURISCOL”
para identificar servicios en la clase 35 internacional, tras valorar cada una de las pruebas
aportadas, se encontró que “[…] no permiten inferir el grado de reconocimiento que
tienen la marca en el sector pertinente, por cuanto que son pruebas que acreditan el
reconocimiento y uso del signo en servicios que no tienen relación con los servicios
amparados en la clase 35 internacional […]”. Por ello, la SIC determinó que “[…] las
pruebas no acreditan ni el uso de la marca ni la notoriedad de la misma […]”.
Así las cosas, para esta Sala la autoridad administrativa sí analizó los elementos
probatorios que el titular de la marca objeto de cancelación aportó en sede administrativa,
tan es así que descartó algunas debido a su improcedencia, presentando un sustento
fáctico y jurídico suficiente.
II.4.8. CONCLUSIÓN
Por todo lo anterior, es posible colegir que los actos administrativos acertaron al concluir
que la marca “JURISCOL” (nominativa) para identificar servicios comprendidos en la
clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, no fue usada en forma real y efectiva
en el comercio, de tal modo que había lugar a su cancelación total por no uso.
Ello en tanto que su titular no aportó los elementos de prueba suficientes para acreditar
el efectivo uso de la marca cuestionada en el comercio, dentro del periodo comprendido
entre el 4 de junio de 2000 al 4 de junio de 20003.
Así las cosas, esta Sala encuentra que los actos administrativos acusados no vulneran
los artículos 165, 166, 167 y 170 de la Decisión 486 de 2000, así como tampoco el inciso
segundo del artículo 2, el artículo 29 ni el artículo 61 de la Constitución Política.
II.4.9. SOBRE COSTAS
Finalmente, tras analizar la conducta asumida por las partes de acuerdo con lo indicado
en el artículo 171 del CCA, en concordancia con los artículos 361 y 365 del CGP 21, la
Sala concluye que no se configuran los presupuestos normativos allí previstos, por lo que
no se condenará en costas a la parte demandante.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
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Aplicables al asunto caso por la remisión del artículo 267 del CCA.
Radicado: 11001 03 24 000 2011 00247 00
Demandante: Luis Alberto Zorro Sánchez
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio
FALLA
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: SIN CONDENA en costas, por las razones expuestas.
TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la
Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que,
una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que
haya lugar.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 9 de
julio de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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