Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2011-00249-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2011-00249-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2011-00249-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
5 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00249-00
Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ
TESIS: ES PROCEDENTE LA CANCELACIÓN, POR NO USO, DEL
CERTIFICADO DE REGISTRO NÚM. 158182 DE LA MARCA
NOMINATIVA “JURISCOL”, PARA DISTINGUIR PRODUCTOS DE LA
CLASE 9ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA,
ORDENADA POR LA SIC, DADO QUE LA PARTE ACTORA NO PROBÓ
EL USO REAL Y EFECTIVO DEL CITADO SIGNO, EN LA CANTIDAD Y
MODO REQUERIDOS, DURANTE EL PERÍODO RELEVANTE.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el
señor LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ, actuando en nombre
propio y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a
obtener las siguientes declaraciones:
1ª. Son nulas las resoluciones núms. 4004 de 26 de febrero de
2004, “Por medio de la cual se decide una solicitud de
cancelación por no uso”; 22880 de 15 de septiembre de 2004,
“Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”,
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Actor: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ
expedidas por la jefe de la División de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio1; y 000756 de 21 de
enero de 2011, “Por la cual se resuelve un recurso de
apelación”, emanada del superintendente delegado para la
Propiedad Industrial de dicha entidad.
2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se niegue la
cancelación total del certificado de registro núm. 158182 de la
marca nominativa “JURISCOL”, para distinguir productos de la
clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza.
3ª. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la SIC la
publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso
en la Gaceta de Propiedad Industrial.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. El actor en la demanda señaló como hechos relevantes, en
síntesis, los siguientes:
1º: Que el 4 de junio de 2003 el BANCO DE LA REPÚBLICA solicitó
la cancelación total por no uso del registro de su marca nominativa
1
En adelante SIC.
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Actor: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ
“JURISCOL”, que amparaba productos de la clase 9ª2 de la
Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro
de las Marcas3.
2°: Agregó que una vez la SIC le corrió el traslado de ley, dio
respuesta a la acción de cancelación por no uso argumentando que sí
había dado uso real y efectivo del signo nominativo “JURISCOL”,
para identificar productos comprendidos en la clase 9ª de la
Clasificación Internacional de Niza.
3°: Que mediante la Resolución núm. 4004 de 2004 la jefe de la
División de Signos Distintivos de la SIC canceló por no uso el registro
de su marca nominativa “JURISCOL”, para distinguir productos
comprendidos en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza.
4º: Que contra la citada disposición interpuso recurso de reposición
y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera
confirmatoria. El primero de ellos, a través de la Resolución núm.
22880 de 2004, expedida por la jefe de la División de Signos
Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm.
2
La marca fue concedida para distinguir los siguientes servicios: “[…] Aparatos e instrumentos
científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de
medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos
para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos,
discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas
registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores;
extintores. […]”.
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En adelante Clasificación Internacional de Niza.
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000756 de 2011, emanada del superintendente delegado para la
Propiedad Industrial de dicha entidad.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Adujo que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los
artículos 165, 166, 167 y 170 de la Decisión 486 del 14 de
septiembre de 20004, de la Comisión de la Comunidad Andina; y 61
de la Constitución Política, dado que dicha entidad omitió dentro
del trámite administrativo decretar la totalidad de las pruebas que
daban cuenta del uso real de la marca “JURISCOL”, entre ellas, la
inspección por parte de los abogados de la SIC frente al software
que utilizaba en su oficina.
Indicó que, ante la omisión de la práctica de dicha inspección,
presentó en su momento ante la SIC el listado de los resultados
que arrojaba su software, que demostraba el uso constante de la
marca “JURISCOL”, en la clase 9ª de la Clasificación Internacional
de Niza, la que se utiliza para identificar la base de datos
“JURISCOL” y sus resultados, los cuales les entrega a sus
poderdantes y, con ello, estos identifican el origen empresarial de
tales documentos.
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En adelante Decisión 486.
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Manifestó que dadas las características especiales del software
“JURISCOL” y la información confidencial que contenía, protegida
por el secreto profesional, no lo presentó como prueba, pero sí
allegó oportunamente la solicitud para que se le realizara una
inspección administrativa.
Sostuvo que la SIC no valoró ni practicó en su totalidad las pruebas
allegadas y solicitadas en el trámite administrativo, pues, se repite,
no decretó la inspección administrativa a sus instalaciones, la cual
daría cuenta de las facturas empleadas y el software “JURISCOL”,
almacenado en su computador, el cual no puede ser exhibido en un
proceso de carácter eminentemente público como lo es la acción de
cancelación de una marca.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
II.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la
sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico
y de sustento legal para su prosperidad.
Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta
plenamente a derecho y a lo establecido en las normas vigentes en
materia marcaria y en la doctrina existente sobre ese asunto.
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Expresó que, de los documentos obrantes en el expediente
administrativo, era posible concluir que la marca “JURISCOL”, de
propiedad del actor, no había sido utilizada para los productos de la
clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, durante el
período relevante.
Advirtió que sí hubo una adecuada valoración de las pruebas
allegadas para demostrar el uso de la marca objeto de cancelación;
y que a lo único que llevaban a concluir era que el señor ZORRO
SÁNCHEZ no había hecho uso efectivo de la marca “JURISCOL”.
II.-2. El BANCO DE LA REPÚBLICA, tercero con interés directo
en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la
demanda, por cuanto, a su juicio, carecen de fundamento legal.
Alegó que era al actor a quien le correspondía demostrar el uso de
la marca “JURISCOL”, para los productos que identificaba en la
clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza; y que ello no fue
efectuado, por cuanto ningún documento de los allegados hacía
alusión a productos tales como aparatos e instrumentos científicos,
náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control
(inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza, entre otros.
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Explicó que no se aportó ni una sola factura, orden de compra o
pedido, en el que el objeto de la operación comercial sea de los
productos identificados bajo la marca “JURISCOL”; y que todas las
pruebas aportadas lo único que identifican es un correo electrónico
en el que se ofrecen servicios jurídicos bajo la marca “ZORRO
HUERTAS” y “ZORRO SÁNCHEZ”, lo cual evidencia, a su juicio,
que nunca se han comercializado productos de la citada clase.
Expresó que bien lo estimó la SIC en los actos demandados cuando
determinó que los documentos allegados por el actor para
demostrar el uso de la marca cuestionada no demostraban que su
titular hubiese percibido ingreso alguno por concepto de la
comercialización de los productos que amparaba el registro objeto
de cancelación; y que ni siquiera había indicios que permitieran
inferir dicho uso.
Sostuvo que el actor únicamente ha hecho uso de la expresión
“JURISCOL” en un contexto privado, gratuito y limitado a los
miembros de su comunidad y alejado del ambiente de mercado y
comercio en los que se deben usar las marcas para productos y
servicios, en condiciones de publicidad externa y sujeto a la oferta
y la demanda.
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Alegó que dicho uso privado e interiorizado se puede equiparar a la
forma en la que múltiples organizaciones de carácter privado y no
comercial emplean diversas expresiones o signos para identificar
los sistemas de comunicación que establecen entre ellos, como por
ejemplo, boletines, gacetas, folletos, impresos o suplementos
informativos, sin que ello constituya uso a título de marca.
Que, por lo anterior, el actor claramente utilizaba la expresión
“JURISCOL”, para identificar su base de datos o para incluirla en
su correo o dirección electrónica, sin que ello implique la
demostración del uso de dicho registro, puesto que no fue nunca
exteriorizado ni puesto a disposición del público consumidor en el
mercado.
Indicó que varios de los medios de prueba allegados fueron
expedidos entre los años 1979 a 1999, por lo que se encuentran
por fuera del período relevante y, por lo tanto, no pueden ser
tenidos en cuenta a efectos de determinar el uso de la marca
objeto de cancelación.
Explicó que otros documentos aportados por el actor demuestran
únicamente el uso de una dirección electrónica
juriscol@latino.net.co o como una referencia por cable, mas no
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como una expresión que identifique productos que amparaba la
marca “JURISCOL” objeto de controversia; y que, además, debe
tenerse en cuenta que las direcciones de correo cumplen una
función muy distinta a la de las marcas, en cuanto su finalidad
radica en servir de medio de comunicación que agilice o facilite la
transmisión y manejo de datos.
Que, teniendo en cuenta lo anterior, la documentación allegada
solamente acredita que la firma Zorro Huertas & Zorro Sánchez
posee una cuenta de correo electrónico en la cual se incluye la
denominación “JURISCOL”.
III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN
A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario,
en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación
en lista, probatoria y alegaciones.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
IV.1- En esta etapa procesal tanto el actor, como la entidad
demandada, el tercero con interés directo en las resultas del
proceso y el Agente del Ministerio Público guardaron silencio.
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V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el
Tribunal, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de
la norma comunitaria, invocada como violada en la demanda,
concluyó5:
“[…] PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la
interpretación prejudicial en los términos solicitados en el
presente proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto
de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso
interno 11001032400020110024900, constituye un acto
aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de
la presente providencia judicial.
SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los
criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias
emitida en los procesos 426-IP-2022, la cual se encuentra
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5155
del 12 de abril de 2023 y 184-IP-2022, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5389 del 14 de
diciembre de 2023.
TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia
judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación
uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario
andino.
CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”.
VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
La SIC, mediante las resoluciones núms. 4004 de 26 de febrero
de 2004, 22880 de 15 de septiembre de 2004, y 000756 de 21
de enero de 2011, canceló totalmente, por no uso, la marca
5
Proceso 499-IP-2022.
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“JURISCOL” (nominativa), registrada con el certificado de
registro núm. 158182, cuyo titular era el señor LUIS ALBERTO
ZORRO SÁNCHEZ, para distinguir los siguientes productos de la
clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Aparatos e
instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos,
fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de
señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de
enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del
sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos
acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos
de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos
para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores […]”,
al estimar que no se demostró el uso real y efectivo de esa
expresión, en la cantidad y modo requeridos, teniendo en cuenta la
naturaleza de los productos que distingue y las modalidades bajo
las cuales se efectúa su comercialización.
Al respecto, el actor alegó que la SIC omitió, dentro del trámite
administrativo, decretar la totalidad de las pruebas que daban
cuenta del uso real de la marca “JURISCOL”, entre ellas, la
inspección por parte de los abogados de la SIC frente al software
que utilizaba en su oficina.
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Indicó que, ante la omisión de la práctica de dicha inspección,
presentó en su momento en la SIC el listado de los resultados que
arrojaba su software que demostraba el uso constante de la marca
“JURISCOL”, en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de
Niza, la que se utiliza para identificar la base de datos “JURISCOL”
y sus resultados, los cuales les entrega a sus poderdantes y, con
ello, estos identifican el origen empresarial de tales documentos.
Por su parte, la SIC sostuvo que de los documentos obrantes en el
expediente administrativo era posible concluir que la marca
“JURISCOL”, de propiedad del actor, no había sido utilizada para
los productos de la clase 9ª de la Clasificación Internacional de
Niza, durante el período relevante.
Advirtió que sí hubo una adecuada valoración de las pruebas
allegadas para demostrar el uso de la marca objeto de cancelación
y que a lo único que llevaban a concluir era que el señor ZORRO
SÁNCHEZ no había hecho uso efectivo de la marca “JURISCOL”.
En igual sentido, se pronunció el tercero con interés directo en las
resultas del proceso, pues manifestó que era al actor a quien le
correspondía demostrar el uso de la marca “JURISCOL” para los
productos que identificaba en la clase 9ª de la Clasificación
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Internacional de Niza y que ello no fue efectuado, por cuanto
ningún documento de los allegados hacía alusión a productos, tales
como aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos,
eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de
medida, de señalización, de control (inspección), de socorro
(salvamento) y de enseñanza, entre otros.
Explicó que no se aportó ni una sola factura, orden de compra o
pedido, en el que el objeto de la operación comercial sea de los
productos identificados bajo la marca “JURISCOL”; y que todas las
pruebas aportadas lo único que identifican es un correo electrónico
en el que se ofrecen servicios jurídicos bajo la marca “ZORRO
HUERTAS” y “ZORRO SÁNCHEZ”, lo cual evidencia, a su juicio,
que nunca se han comercializado productos de la citada clase.
El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial
deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación
Prejudicial 499-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad
consultante debe remitirse al criterio interpretativo contenido en
las interpretaciones prejudiciales núms. 426-IP-20226 y 184-IP-
20227, en la que se interpretaron los artículos 165, 166, 167 y 170
de la Decisión 486.
6
Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5155 del 12 de abril de 2023.
7
Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5389 de 14 de diciembre de 2023.
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Así las cosas, el texto de las normas aludidas, es el siguiente:
Decisión 486.
“[…]
Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el
registro de una marca a solicitud de persona interesada,
cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese
utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su
titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada
para ello durante los tres años consecutivos precedentes a
la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La
cancelación de un registro por falta de uso de la marca
también podrá solicitarse como defensa en un
procedimiento de oposición interpuesto con base en la
marca no usada.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá
iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos
tres años contados a partir de la fecha de notificación de la
resolución que agote el procedimiento de registro de la
marca respectiva en la vía administrativa.
Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o
a algunos de los productos o servicios para los cuales
estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o
limitación de la lista de los productos o servicios
comprendidos en el registro de la marca, eliminando
aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese
usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o
similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre
que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o
caso fortuito.
Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra
en uso cuando los productos o servicios que ella distingue
han sido puestos en el comercio o se encuentran
disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y
del modo que normalmente corresponde, teniendo en
cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las
modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización
en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga
exclusivamente productos que son exportados desde
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cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en
el párrafo anterior.
El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en
que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos
que no alteren su carácter distintivo, no motivará la
cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la
protección que corresponda a la marca.
Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca
corresponderá al titular del registro.
El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas
comerciales, documentos contables o certificaciones de
auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la
comercialización de las mercancías identificadas con la
marca, entre otros.
[…]
Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la
oficina nacional competente notificará al titular de la marca
registrada para que dentro del plazo de sesenta días
hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los
alegatos y las pruebas que estime convenientes. Vencidos
los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina
nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del
registro de la marca, lo cual notificará a las partes,
mediante resolución.
[…]”.
Como ya se indicó, el debate esencial gira en torno a establecer si la
actora ha usado o no la marca “JURISCOL” (nominativa), para
distinguir productos de la clase 9ª de la Clasificación Internacional de
Niza, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud
de cancelación8, para lo cual se procederá a establecer el alcance
del uso de la marca y la prueba capaz de enervar la acción de
cancelación en la Decisión 486.
8
La solicitud de cancelación de la marca “JURISCOL” fue presentada el 4 de junio de 2003 por el
BANCO DE LA REPÚBLICA.
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Sobre este asunto, en la interpretación prejudicial traída a colación
en este proceso, el Tribunal precisó:
“[…] 1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no,
se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la
marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se
soporta en uno de los principios que inspira el derecho de
marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca
en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se
encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se
encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en
las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza
y la forma de su comercialización.
[…]
1.5. El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión
486 establece que, para que proceda la acción de
cancelación por falta de uso tiene que darse en los tres
años consecutivos precedentes a la fecha en que se
inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años
inmediatamente anteriores a la presentación de la
acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el
titular haya usado la marca en algún momento durante esos
tres años para que no proceda la cancelación del registro por
falta de uso.
[…]
2.15. Resta señalar que se desprende de lo establecido en el
primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, que para
que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la
ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en
los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se
inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar
dicha acción, basta que el titular de la marca acredite
que en cualquier momento dentro de dicho período usó
la marca en los términos explicados anteriormente.
[…]” (Destacado fuera de texto).
En consecuencia, para determinar el uso de una marca debe
demostrarse que esta haya sido utilizada de manera real y
efectiva en cualquier momento de los tres años inmediatamente
anteriores a la presentación de la acción de cancelación.
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Y para probar el uso real y efectivo de una marca debe
verificarse que los productos o servicios que ella distingue han sido
puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado
bajo esa denominación, en la cantidad y modo pertinentes, de
conformidad con su naturaleza y la forma de su
comercialización.
En relación con la cantidad de los productos o servicios
comercializados, es del caso traer a colación la sentencia de 15
de diciembre de 20179, en la que esta Sección señaló lo siguiente:
“[…] Y con relación a la cantidad de los servicios y
productos comercializados, el Tribunal señaló:
“2.6.1 La cantidad del producto o servicio puesto en
el mercado del modo en que normalmente
corresponde con la naturaleza de los productos o
servicios: Este punto es fundamental para determinar el
uso real, ya que unas pocas cantidades de un
producto que se comercializa masivamente no es
prueba del uso real y efectivo de la marca. En este
sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez
Competente, en su caso, deberán determinar si las
cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del
producto son meramente simbólicas y no demuestran el
uso real de la marca.
2.6.2. La cantidad del producto o servicio puesto en el
mercado del modo en que normalmente corresponde
con las modalidades bajo las cuales se efectúa su
comercialización: Para determinar el uso real y
efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se
comercializan los productos y servicios que amparan.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
diciembre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-03-24-
000-2009-00624-00.
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Actor: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ
[…]
2.8. El elemento cuantitativo para determinar la existencia
del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en
términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el
producto o servicio de que se trate y con las
características de la empresa que utiliza la marca.
Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de
capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la
demostración de que en un año se han efectuado dos o tres
ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado
precio, hace que ese número de operaciones tenga
nivel comercial.
2.9. En cambio, no podría decirse que exista
comercialización real de un producto como el maíz, por el
hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el
mercado tres bultos del grano con la denominación de la
marca que pretende probar su uso.”
[…]
Al respecto, vale la pena precisar que, en el presente caso, al
tratarse de una marca que protege servicios de la Clase 43
Internacional, como son los de “bar, restaurante, cafetería y
taberna”, la demostración de que en un mes o un período
muy corto se prestaron los mismos, no resulta ser
suficiente para acreditar su uso, pues la naturaleza de
estos servicios conlleva que se comercialicen con frecuencia
y no esporádicamente […]”. (Destacado fuera de texto).
Por consiguiente, para verificar el uso real de una marca es
fundamental determinar la cantidad del producto o servicio puesto
en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la
naturaleza del producto o servicio, ya que pocas cantidades de un
producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso
real y efectivo de la marca.
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Precisamente, en la interpretación prejudicial traída a colación en
este proceso, el Tribunal frente a la prueba capaz de enervar la
acción de cancelación en la Decisión 486, señaló:
“[…] 2.2. La carga de la prueba del uso efectivo de una
marca corresponde siempre a su titular por lo que
resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a
efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso.
2.3. Al respecto, el artículo 166 de la Decisión 486 plantea los
supuestos bajo los cuales, se entiende que la marca se
encuentra en uso, conforme a continuación se detalla:
a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han
sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles
en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo
que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la
naturaleza de los productos o servicios y las modalidades
bajo las cuales se efectúa su comercialización en el
mercado.
b) Cuando distinga exclusivamente productos que son
exportados desde cualquiera de los países miembros,
según lo establecido en el párrafo anterior.
c) El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma
en que fue registrada solo en cuanto a detalles o
elementos que no alteren su carácter distintivo.
2.4. En el presente caso, nos detendremos a analizar el
primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o
disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la
cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe
hacernos la pregunta a qué se refiere – o quiso referirse – la
norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el
comercio de una cantidad de productos marcados, en tal
medida, que corresponda a la naturaleza de dichos
productos.
2.5. En primer lugar, se debe tener presente que la norma
bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii)
disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero
de ellos podemos entender a que los productos han sido
materia de venta o comercialización y por el segundo a
aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos
para su comercialización efectiva.
2.6. Cuando la autoridad competente analiza el uso
efectivo de una marca, es usual que se encuentre en
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alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si
la comercialización de una cantidad de productos
acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva
disponibilidad de una cantidad de estos también sirve
para acreditar dicho uso, en función a las pruebas
aportadas.
2.7. Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de
esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que
ofertó al mercado -que ofreció a los consumidores- los bienes
o servicios (en adelante productos) identificados con su
marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto
al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las
ventas o transacciones que hubiera realizado.
2.8. Debe tenerse en cuenta que el sentido de los establecido
en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular
de una marca que, si bien diligentemente publicita,
promociona y pone a disposición de potenciales clientes o
consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los
resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve
reflejado en una gran cantidad de productos comercializados.
2.9. Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165
de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que
probar haber tenido éxito comercial en su negocio para
acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento
cuando nos detenemos a analizar el primer parágrafo del
Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se
entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los
productos que ella distingue han sido puestos en el comercio
o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca.
[…]
2.12. En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el
comercio del producto como en lo referido a que el producto
se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo
del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la
prueba de uso de la marca va a depender de la
cantidad y del modo que normalmente corresponde y
las modalidades bajo las cuales se efectúa su
comercialización en el mercado.
[…]
3.2. La carga de la prueba en el trámite de cancelación
de la marca por no uso corresponde al titular del
registro de la marca objeto de cancelación y no al
solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto
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en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde
al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo
apercibimiento que se cancele dicha marca.
3.3. El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado
enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que
pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese
sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos
los medios de prueba permitidos en la legislación
nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá
evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el
régimen probatorio aplicable. […]” (Destacado fuera de
texto).
Precisado lo anterior, la Sala se referirá a las pruebas allegadas al
expediente, con el objeto de analizar si el actor ha usado la marca
nominativa “JURISCOL”, para distinguir los productos para los
cuales fue concedida, esto es “[…] Aparatos e instrumentos
científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos,
cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de
control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza;
aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o
imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos;
distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo
pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el
tratamiento de la información y ordenadores; extintores […]”, de la
clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, durante los tres
(3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación,
es decir, en el período comprendido entre el 4 de junio de 2000 y el
4 de junio de 2003, a efectos de establecer si los actos
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administrativos acusados se ajustan a la legalidad requerida en la
Decisión 486.
De las pruebas allegadas, para demostrar el uso de la marca
nominativa “JURISCOL”, que distinguía productos de la clase 9ª de
la Clasificación Internacional de Niza, en los tres (3) años
inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, por la SIC,
se destacan las siguientes:
• Copia autenticada del comprobante del registro de dirección
cablegráfica expedida por la vicepresidencia de operaciones de
TELECOM, de fecha 13 de julio de 1979, en la que consta el
registro de un seudónimo “JURISCOL” a favor del señor LUIS
ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ. 10
• Oficio núm. DM 471 de 25 de mayo de 1982, en la cual el
entonces Ministro de Relaciones Exteriores avisa recibo del Oficio
núm. 1592 de 24 de mayo de ese año, en la cual figura la expresión
“JURISCOL” después de su dirección y teléfono.11
10
Folio 78 del Anexo núm. 1.
11
Folios 79 y 80 del anexo núm. 1.
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• Certificados de registro de las marcas “JURISCOL” núms. 108290,
107442, 105139, 158182, para amparar productos y servicios de las
clases 9ª, 16, 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.12
• Copia de diferentes formularios de registros de marcas, así como
de distintos memoriales en trámites de registro de marcas, en los
expedientes núms. 0136077, 0136078 y 0172555, en los que el
señor LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ obró como apoderado de
las solicitantes y en los que dichos documentos obra el membrete
“JURISCOL”.13
• Copias de diferentes poderes otorgados por varias sociedades a
favor del señor LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ, en los que
aparece el membrete con la expresión “JURISCOL”, para trámites
de registro de propiedad industrial ante la SIC, así como ante el
Instituto Nacional para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -
INVIMA-.14
• Memoriales radicados por el actor en diferentes trámites de registro
y renovación de marcas ante la SIC y el INVIMA, radicados en los
12
Folios 81 a 86 del anexo núm. 1.
13
Folios 87 a 209 del anexo núm. 1.
14
Folios 210 a 272 del anexo núm. 1.
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años 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, en
los que aparece el membrete con la expresión “JURISCOL”.15
• Copias del Directorio Telefónico de Bogotá, particularmente de sus
páginas amarillas, en las que figura una pauta publicitaria de la firma
de abogados ZORRO HUERTAS & ZORRO SÁNCHEZ, en las que se
advierte la expresión “JURISCOL”, en los años 1982 a 200216:
• Certificación expedida por PUBLICAR, de fecha 14 de octubre de
2003, en las que certifica que la firma ZORRO HUERTAS & ZORRO
SÁNCHEZ ha figurado en el Directorio Telefónico de Bogotá D.C.,
desde la edición de 1995 hasta la fecha de su expedición, así17:
15
Folios 210 a 272 del anexo núm. 1.
16
Folios 294 a 339 del anexo núm. 1.
17
Folios 289 a 293 del anexo núm. 1.
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• Copia del documento titulado “INTA – International Trademark
Association – Membership Directory 2002-2003” en el que aparece lo
siguiente18:
-Certificación expedida por el director del Instituto de Bioética de la
Pontificia Universidad Javeriana, de fecha 9 de octubre de 2003, en
la que informa que la correspondencia electrónica que el Instituto
18
Folios 356 a 358 del anexo núm. 1.
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envía desde el mes de febrero de 2000 hasta la fecha de su
expedición se ha realizado a través de las direcciones electrónicas
juriscol@aolpremium.com y juriscol@latino.net.co19.
-Certificación expedida por el señor EDGARD VILLAMIZAR
MARULANDA, de fecha 6 de octubre de 2003, en la que da fe de lo
siguiente:20
“[…]
[…]”.
• Certificación expedida por el señor RAFAEL BERNAL GUTIÉRREZ,
actuando en calidad de director del Centro de Arbitraje y Conciliación
de la Cámara de Comercio de Bogotá, de fecha 10 de octubre de
2003, en la que certifica que dicho Centro le envía correos
electrónicos a la dirección juriscol@latino.net.co, desde el mes de
julio de 2002 hasta la fecha de su expedición.21
19
Folio 363 del anexo núm. 1.
20
Folio 364 del anexo núm. 1.
21
Folio 365 del anexo núm. 1.
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-Certificación expedida por el señor LUIS EDUARDO ORTIZ
MALUENDAS, de fecha 9 de octubre de 2003, en la que da fe de lo
siguiente:22
“[…]
[…]”.
• Copias de correos electrónicos recibidos por la dirección electrónica
juriscol@latino.net.co, de fechas 3 de octubre y 11 de diciembre de
2000; 30 de enero, 27 de marzo, 23 de mayo, 1o y 27 de junio, 9 de
julio, 17 de agosto y 25 de septiembre de 2001; 7 y 16 de marzo, 2,
5 y 22 de abril, 7 de mayo, 20 y 21 de junio, 17 y 24 de julio, 3 y 26
de agosto, 12, 16, 21 y 26 de septiembre, 18 de noviembre y 9 de
diciembre de 2002; 12 de febrero y 16 y 30 de abril de 2003.23
22
Folio 366 del anexo núm. 1.
23
Folios 367 a 403 del anexo núm. 1.
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• Formato de suscripción por parte del señor LUIS ALBERTO
ZORRO SÁNCHEZ al servicio de internet VIA LATIN NET S.A., de
fecha 11 de septiembre de 1997, en la que figura lo siguiente: 24
“[…] Para uso exclusivo login: JURISCOL […]”.
• Copia del contrato suscrito con la compañía LATINO NET S.A. de
fecha 11 de septiembre de 1997, en el que se acordó la asignación
del correo electrónico juriscol@latino.net.co25.
De las pruebas antes relacionadas, la Sala estima que el actor no
demostró el uso de la marca “JURISCOL” (nominativa), para
distinguir productos de la clase 9ª de la Clasificación Internacional de
Niza, durante el período relevante, por las siguientes razones:
En primer lugar, se advierte que las fechas de expedición de varios
de los documentos allegados, tales como: i) el comprobante del
registro de dirección cablegráfica expedida por el la Vicepresidencia
de operaciones de TELECOM; ii) el Oficio núm. DM 471 de 25 de
mayo de 1982; iii) los memoriales radicados por el actor en
diferentes trámites de registro y renovación de marcas ante la SIC y
el INVIMA, presentados en los años 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999;
iv) las copias del Directorio Telefónico de Bogotá, particularmente de
24
Folios 409 a 411 del anexo núm. 1.
25
Folio 412 del anexo núm. 1.
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sus páginas amarillas, en las que figura una pauta publicitaria de la
firma de abogados ZORRO HUERTAS & ZORRO SÁNCHEZ, en las
que se advierte la expresión “JURISCOL”, en los años 1982 a 1999;
v) el contrato suscrito con la compañía LATINO NET S.A. de fecha
11 de septiembre de 1997, en el que se acordó la asignación del
correo electrónico juriscol@latino.net.co; y vi) el formato de
suscripción por parte del señor LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ
al servicio de internet VIA LATIN NET S.A., de fecha 11 de
septiembre de 1997, se encuentran por fuera del marco temporal
dentro del cual se debía demostrar el uso de la marca objeto de
controversia, esto es, entre el 4 de junio de 2000 y el 4 de junio de
2003.
En segundo lugar, se observa que las declaraciones suscritas por
los señores EDGARD VILLAMIZAR MARULANDA, RAFAEL
BERNAL GUTIÉRREZ y LUIS EDUARDO ORTIZ MALUENDAS, se
tratan de unas exposiciones que por sí solas no constituye prueba
de su dicho, habida cuenta que sus afirmaciones requerían de
pruebas adicionales que las soportaran.
En efecto, aunque en dicho documento los citados señores afirman
que el señor ZORRO SÁNCHEZ ha hecho uso de la marca
“JURISCOL”, no allegaron pruebas que sustentaran sus
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afirmaciones, máxime si se tiene en cuenta que dichas
certificaciones no se encuentran respaldadas por facturas u otros
documentos idóneos que aporten certeza sobre la información allí
consignada26.
Sobre este asunto, conviene traer a colación la sentencia de esta
Sección de 29 de octubre de 202027 en la que se expresó lo
siguiente:
“[…] 60. La Sala considera que la declaración
extrajudicial presentada por James McCormick,
consiste en un documento que, por sí solo, no
constituye una prueba idónea para demostrar lo
afirmado en ella, es decir, no es suficiente para
demostrar la existencia del contrato de licencia entre la
parte demandante y Harbor Wholesale Ltd., ni la
comercialización que esta última hizo de la marca BASS en
el periodo relevante, de manera que requiere de
pruebas adicionales que soporten las afirmaciones
contenidas en la declaración. Sin embargo, si bien el
señor James McCormick aportó una serie de documentos
con el fin de soportar lo afirmado en su declaración, la
Sala considera que los mismos no son suficientes
para demostrar el uso de la marca BASS en el
mercado andino.
[…]
67. En relación a esta declaración extrajudicial, la Sala
observa que se trata de una declaración hecha por un
empleado de la parte demandante, específicamente, el
presidente de BASS Retail Group, una división de la parte
demandante. En este sentido, ocurre lo mismo que con la
declaración de James McCormick, comoquiera que la
26
Al respecto, ver sentencia de 29 de octubre de 2020. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001-
03-24-000-2013-00200-00.
27
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octubre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001-03-24-000-
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declaración de Scott H. Orenstein consiste en
afirmaciones que por sí solas no constituyen prueba
de su dicho, de manera que requieren estar
sustentadas por material probatorio adicional. […]”
(Destacado fuera de texto).
En tercer lugar, la Sala estima que los diferentes documentos,
tales como: i) los certificados de registro de las marcas
“JURISCOL”; ii) los memoriales radicados por el actor en distintos
trámites ante la SIC y el INVIMA; y iii) los poderes otorgados por
varias compañías a su favor no son prueba de la comercialización
de la marca “JURISCOL” en los Estados Miembros de la
Comunidad Andina, en tanto no informan sobre las ventas de los
productos de la clase 9ª amparados bajo esa marca. Tampoco
constituyen prueba de una actividad publicitaria de la marca
efectuada por la parte demandante en la Comunidad Andina ni una
puesta a disposición de los servicios bajo la marca en esta región.
En efecto, los citados documentos no dan cuenta de la cantidad del
producto, identificado con la marca “JURISCOL”, que fue puesto
en el comercio o que estuvo disponible en el mercado, elemento
que resulta fundamental para determinar el uso real, conforme lo
exige la norma comunitaria.
Cabe precisar que no basta con la mera intención de usar la marca
para que su uso sea considerado real y efectivo, sino que este debe
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materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición
de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos
de comercio.
Así lo precisó el Tribunal, en la interpretación prejudicial rendida
dentro del Proceso 276-IP-2016:
“[…] Sobre el principio del uso de la marca, éste
deberá ser real y efectivo, de manera que no basta
con la mera intención de usarla, para que aquél sea
real y no simplemente formal o simbólico. En el
régimen andino se considera que, dada la finalidad
identificadora de la marca, su uso deberá materializarse
mediante la prueba de la venta o de la disposición de los
bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos
de comercio […]” (Destacado fuera de texto).
En cuarto lugar, la Sala advierte que: i) los correos electrónicos
recibidos por la dirección electrónica juriscol@latino.net.co, de fechas
3 de octubre y 11 de diciembre de 2000; 30 de enero, 27 de marzo,
23 de mayo, 1o y 27 de junio, 9 de julio, 17 de agosto y 25 de
septiembre de 2001; 7 y 16 de marzo, 2, 5 y 22 de abril, 7 de mayo,
20 y 21 de junio, 17 y 24 de julio, 3 y 26 de agosto, 12, 16, 21 y 26
de septiembre, 18 de noviembre y 9 de diciembre de 2002; 12 de
febrero y 16 y 30 de abril de 2003; ii) el documento titulado “INTA –
International Trademark Association – Membership Directory 2002-
2003”; iii) la certificación expedida por PUBLICAR, de fecha 14 de
octubre de 2003; y iv) la certificación expedida por el director del
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Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Javeriana,
únicamente demuestran el uso de un correo electrónico que contiene
la expresión “JURISCOL”, sin embargo, no prueban que durante el
período relevante la marca objeto de controversia haya sido usada,
teniendo en cuenta que como lo indicó el Tribunal en el interpretación
prejudicial traída a colación en este proceso: “[…] para que proceda
la acción de cancelación por falta de uso tiene que darse en
los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se
inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años
inmediatamente anteriores a la presentación de la acción
[…]”.
Adicionalmente, los referidos medios probatorios no indican, por
ejemplo, el significativo volumen de ventas respecto de productos
identificados con la marca “JURISCOL” o la inversión en publicidad
que la parte demandante hubiere realizado para promocionar
productos distinguidos con la señalada marca, aspectos necesarios
para demostrar el uso real y efectivo de esta última.
En quinto lugar, la Sala estima que de las diferentes pautas
publicitarias en el Directorio de Bogotá, en sus páginas amarillas,
en los años 2000 a 2001, lo único que se advierte es que
corresponden a publicidad de la firma “ZORRO HUERTAS &
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ZORRO SÁNCHEZ”, sin que ello conlleve a concluir que se estaba
publicitando la marca “JURISCOL” para productos tales como
aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos,
eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de
medida, de señalización, de control (inspección), de socorro
(salvamento) y de enseñanza, entre otros.
Por lo tanto, las pruebas aportadas resultan insuficientes para
demostrar el uso real y efectivo de la marca “JURISCOL”
(nominativa), que distinguía productos de la clase 9ª de la
Clasificación Internacional de Niza, en tanto no demuestran que dichos
productos se encontraban puestos en el comercio o disponibles en
el mercado bajo esa denominación, de conformidad con su
naturaleza y la forma de su comercialización.
En otras palabras, la carga de la prueba en el trámite de
cancelación de la marca, por no uso, le correspondía al actor, en su
condición de titular del registro y, como tal estaba obligado a
demostrar “[…] de manera transparente e inequívoca, que se ha
hecho uso de la marca de manera pública, acreditando por medio
de hechos la utilización en el ámbito mercantil de los productos o
servicios amparados por ella […]”, por lo menos en los tres (3) años
inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, a través de
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los medios de prueba enunciados en el artículo 167 de la Decisión
486, o con cualquier otro medio de prueba permitido por la
legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación28.
Y lo anterior lleva también a precisar que los medios de prueba
listados en el artículo 167 de la Decisión 486 sí son enunciativos y no
taxativos; sin embargo, ello no quiere decir que la entidad
demandada, a través de los actos acusados, no le haya dado valor
probatorio a los documentos allegados para demostrar el uso de la
marca cuestionada durante el trámite administrativo o que por el
hecho de haberle rechazado por improcedente la inspección
solicitada, -al haber sido solicitada de manera extemporánea, ya que
lo fue con posterioridad a la presentación del escrito de contestación
de la acción de cancelación por no uso-, no se haya valorado la
totalidad de las pruebas aportadas.
En efecto, el artículo 170 de la Decisión 486 prevé un plazo exacto
de 60 días para que el titular de la marca presente los alegatos y las
pruebas que estime convenientes para demostrar el uso; sin
embargo, esta norma no habilita de ninguna manera para que
posterior a ese plazo se puedan allegar o solicitar la práctica de
pruebas adicionales a las ya presentadas.
28
Así lo ha sostenido la Sala, entre otras, en sentencia de 15 de diciembre de 2017 (Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García
González, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2009-00624-00).
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En efecto, dicho artículo dispone lo siguiente:
“[…] Artículo 170.- Recibida una solicitud de
cancelación, la oficina nacional competente notificará al
titular de la marca registrada para que dentro del plazo
de sesenta días hábiles contados a partir de la
notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que
estime convenientes.
Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la
oficina nacional competente decidirá sobre la
cancelación o no del registro de la marca, lo cual
notificará a las partes, mediante resolución. […]”
(Destacado fuera de texto).
Al respecto, cabe señalar que la entidad demandada, mediante la
Resolución acusada núm. 4004 de 2004, frente a la improcedencia
de decretar la prueba de inspección solicitada, sostuvo lo siguiente:
“[…] Pruebas solicitadas que se rechazan por
improcedentes:
Al respecto es importante anotar que en el trámite de
cancelaciones no existe una fase probatoria como tal,
y por lo mismo, no es factible para las partes solicitar
la práctica de pruebas distintas a las allegadas al
expediente dentro de la contestación de la demanda
siendo sobre éstas que se realizará el análisis
probatorio y serán la base de la decisión
correspondiente (art. 170 Dec. 486). Por lo tanto,
resulta improcedente la solicitud de realizar una
inspección a las oficinas del señor Luis Alberto Zorro
Sánchez, titular de la marca. […]”. (Destacado fuera de
texto).
Y, además, si el actor consideraba que el alegado software que tenía
en su empresa denominado “JURISCOL” se encontraba sometido a
reserva y a secreto profesional, por el carácter de la información que
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éste manejaba, bien pudo allegar las pruebas que demostraran el
uso de éste y solicitarle, asimismo, a la SIC, que dichos documentos
fueran sometidos a reserva o que se les diera un carácter
confidencial; sin embargo, no lo hizo.
Por el contrario, lo que en este caso ocurrió fue que el actor no
aportó suficientes pruebas que evidenciaran que sí había dado un
uso real y efectivo a la marca “JURISCOL”, para identificar
productos de la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza.
De allí que tampoco se advierte vulneración alguna al artículo 61 de
la Constitución Política.
Así las cosas, la Sala concluye que no se violaron las normas
alegadas como vulneradas por la parte actora, por cuanto se
demostró en el proceso que la entidad demandada estudió y aplicó
correctamente la normativa andina, así como los criterios
establecidos por el Tribunal, al cancelar la marca “JURISCOL”
(nominativa), identificada con el certificado de registro núm.
158182, bajo la titularidad del señor LUIS ALBERTO ZORRO
SÁNCHEZ, para amparar productos de la clase 9ª de la
Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se
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mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los
actos administrativos acusados.
En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el
artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad
Andina.
TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente,
previas las anotaciones de rigor.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 5 de
diciembre de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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