Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2011-00418-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2011-00418-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2011-00418-00
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
18 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00
Referencia: Nulidad Relativa
Demandante: Lacy Distribution, Inc.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio
Tercero Interesado: Omar de Jesús Villegas Cadavid
Tema: REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Registrabilidad /
Requisitos de Registrabilidad / Primacía del Derecho
Comunitario / Notoriedad Marcaria / Principio de
Territorialidad / Protección de Registros
Extracomunitarios por eventos de Competencia Desleal
y mala fe/ Oposición Andina / Aplicación de la
Convención de Washington / Marca: «PRO TAPER»
(mixta)
SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial,
presentó Lacy Distribution, Inc., en adelante Lacy Distribution, a efectos de que
se declare la nulidad de la Resolución número 48068 de 25 de noviembre de 2008,
por medio de la cual, la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante
SIC, concedió el registro del signo «PRO TAPER» (mixto), para distinguir productos
comprendidos en la clase 12ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de
Niza, a favor del señor Omar de Jesús Villegas Cadavid.
I-. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo
de Estado1, el apoderado judicial de la sociedad Lacy Distribution, presentó
demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172
de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de
la SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
1 Folios 8 a 46.
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Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
«[…] 1. Declarar la simple nulidad de la Resolución No. 48068 de noviembre
25 de 2008, ejecutoriada el 02 de enero de 2009, emitida por la Jefe de la
División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio
dentro del expediente No. 08.044708, mediante la cual se resolvió la solicitud
de registro de la marca PROTAPER (mixta), clase 12 Int., solicitada por el señor
OMAR DE JESUS VILLEGAS CADAVID.
2. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Superintendencia de
Industria y Comercio, División de Signos Distintivos declarar la irregistrabilidad
o en subsidio la confundibilidad de los signos marcarios en conflicto y anule el
registro correspondiente a la marca PROTAPER (mixta) en la clase 12
Internacional.
3. Que se ordene a la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
Superintendencia de Industria y comercio, División de Signos Distintivos,
publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad
Industrial. […].» (subrayado y resaltado de texto original)
I.2. Los hechos
2. Manifestó que el señor Omar de Jesús Villegas Cadavid, el 2 de mayo de 2008
presentó ante la SIC, solicitud de registro del signo «PRO TAPER» (mixto), para
distinguir productos comprendidos en la clase 12ª del nomenclátor de la
Clasificación Internacional de Niza.
3.Expresó que el extracto fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial
número 333 de 31 de julio de 2008. Dentro del término legal, no se presentaron
oposiciones por parte de terceros.
4. Señaló que el 25 de noviembre de 2008, mediante la Resolución número 48060
la División de Signos Distintivos de la SIC resolvió conceder el registro número
368618 a la marca «PRO TAPER» (mixta), de titularidad del señor Omar de Jesús
Villegas Cadavid, para distinguir «accesorios para motos; manubrios, rines,
accutrax guadacadenas, protectores exosto, reposapies, platinas antibribrante,
tapones, manilaes, tapa válvulas (todos los productos son en aluminio)», productos
de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.
I.3.- Normas violadas y concepto de violación
I.3.1.- Normas violadas
5. Como normas violadas, señaló las siguientes:
• Artículo 72 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria
y Comercial, en adelante Convención de Washington.
2 «Artículo 7.- Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes
conforme a su legislación interna, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende
registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en
el adquirente o consumidor de los productos o mercancías a que se apliquen, tendrá el derecho de oponerse al
uso, registro o depósito, de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos
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• El artículo 136, literales a)3 y f)4 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
• Artículo 615 de la Constitución Política.
I.3.2.- Concepto de violación
6. Manifestó que se violaron los artículos 7 de la Convención de Washington, 136
literales a) y f) de la Decisión 486 de 2000, y 61 de la Constitución Política al
conceder el registro de la marca «PRO TAPER» (mixta), toda vez que el signo
carece de capacidad intrínseca y extrínseca para poder ser considerado como
marca, como quiera que reproduce un marca registrada previamente en otro país
miembro.
7. Indicó que las marcas mixtas «PRO TAPER»6 y «PROTAPER» se encuentran
registradas en Estados Unidos de Norteamérica, en adelante Estados Unidos,
desde el año 1991 y 2000.
8. Afirmó que la marca «PRO TAPER» (mixta) – con la sigla «PRO» con las letras
dispuestas en forma vertical- cuenta con registro, además, de los referidos en
Estados Unidos, en Australia7, Brasil8, Chile9, México10, Nueva Zelanda11 y
Venezuela12. Adicionalmente, aseguró que la marca «PRO TAPER» (mixta) – con
la sigla «PRO» con las letras dispuestas en forma horizontal- cuenta con registro,
además de los mencionados en Estados Unidos de Norteamérica, en Suráfrica13,
en el país en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o
intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados
Contratantes, de la marca en que se funde la oposición y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y
aplicándose a productos o mercancías de las misma clase, y, en consecuencia, podrá reclamar para si el
derecho de usar preferente y exclusivamente o la prioridad para registrar o depositar su marca en el país en
que se trate siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta convención.»
3 «Artículo 136- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […]
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero,
para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca
pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]»
4 «Artículo 136- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […]
f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo
que medie el consentimiento de éste; […]»
5 «ARTICULO 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que
establezca la ley.»
6 Marcas registradas en Estados Unidos de Norteamérica:
MARCA FECHA DE SOLICITUD EXPEDIENTE CERTIFICADO
PRO TAPER JUN-3-1991 74171944 1740563
PRO TAPER ABR-7-1998 75467458 1740563
PROTAPER JUL-17-2000 76091394 2664044
PROTAPER MAR-21-2008 76687946 3694505
7 1 registro marcario de 26 de abril de 2005.
8 2 registros marcarios, ambos de 21 de agosto de 2007.
9 1 registro marcario de 30 de diciembre de 2004.
10 3 registros marcarios, uno del 11, otro del 19 y el último del 30 de noviembre de 2004.
11 1 registro marcario de 3 de febrero de 2005.
12 1 registro marcario de 19 de junio de 2006.
13 3 registros marcarios, dos de 4 de septiembre y uno de 15 de octubre de 2008.
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Venezuela14, Argentina15, Brasil16, Canadá17, Ecuador18, Comunidad Europea19,
México20 y Nueva Zelanda21.
9. Aseguró que ambas marcas fueron reproducidas de manera idéntica por el señor
Omar de Jesús Villegas Cadavid, quien solicitó la marca «PRO TAPER» (mixta) en
el año 2003 (con la sílaba «PRO» en disposición vertical) y, cuando la demandante
realizó el cambio de dirección de la sílaba «PRO» (al ponerla de manera horizontal),
el señor Villegas Cadavid solicitó exactamente la misma marca con la misma
distribución, orientación de las letras y colores que la marca «PRO TAPER» (mixta),
registrada previamente en Estados Unidos, en algunos países de Asia, África y de
Suramérica.
10. Adicionalmente, con la marca cuestionada se pretenden identificar los mismos
productos de la clase 12 que los que ya distingue la marca de titularidad de la
sociedad demandante alrededor del mundo.
11. Señaló que, como consecuencia de ello, y de la aplicación de los literales a) y f)
del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la SIC no podía haber registrado un
signo idéntico a una marca previamente registrada y, que, además, infringía el
derecho de propiedad industrial de la parte actora.
12. Adicionalmente, resaltó que el signo «PRO TAPER» (mixto) registrado por el
señor Omar de Jesús Villegas Cadavid, desde el punto de vista ortográfico, fonético
y gráfico es idéntico a la marca previamente registrada «PRO TAPER» (mixta) por
la sociedad demandante, para distinguir productos de la clase 12 del nomenclátor
internacional, por lo que dicha coincidencia, puede inducir a error al público
consumidor. En ese orden de ideas, concluyó que la marca «PRO TAPER» (mixta)
carece de aptitud distintiva.
13. Es por ello, que consideró que la SIC erró en su análisis, esto es, al otorgar el
registro sin respetar los derechos que sobre la marca ostenta la sociedad
demandante, con base en la Convención de Washington.
14. Adicionalmente, resaltó que la SIC vulneró lo dispuesto en el artículo 7 de la
Convención de Washington, del cual hacen parte Colombia, Estados Unidos y
México, al ignorar la notoriedad de la cual goza la marca «PRO TAPER» (mixta) en
Estados Unidos para la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.
14 3 registros marcarios, uno de 21 de abril, y dos de 23 de junio de 2008.
15 3 registros marcarios, dos de 16 de agosto y uno de 21 de noviembre de 2007.
16 2 registros marcarios, ambos de 22 de abril de 2008.
17 1 registro marcario de 29 de abril de 2008.
18 1 solicitud de registro marcario de mayo 19 de 2010.
19 1 registro marcario de 7 de junio de 2007.
20 3 registros marcarios, uno del 21 de julio, otro del 26 de julio y el último de 25 de agosto de 2006.
21 1 registro marcario de 14 de diciembre de 2006.
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15. Adujo que la marca demandada no es susceptible de ser registrada, pues se
estaría permitiendo que un tercero se aprovecha del buen nombre de la marca
«PRO TAPER» (mixta) de titularidad de la sociedad Lacy Distribution.
16. Argumentó que de permitirse la coexistencia de las marcas en conflicto, se
violaría de manera flagrante, el derecho prioritario que tienen su marca de
conformidad con la Convención de Washington.
II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS
AL PROCESO
II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO-.
17. El apoderado judicial de la entidad demandada22 adujo que con la expedición del
acto administrativo acusado no se incurrió en violación alguna de las normas
contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina ni
de la Convención de Washington, pues los mismos se ajustaron plenamente a
derecho y a lo establecido en las mismas.
18. Manifestó que si la parte demandante consideraba que el signo «PRO TAPER»
(mixta) solicitado por el señor Omar de Jesús Villegas Cadavid, era similar a sus
marcas, debió haber hecho uso de la oposición andina, en los términos que la ley
tiene previsto para ello. Sin embargo, adujo, la sociedad Lacy Distribution eligió no
hacerlo, por lo que no corresponde ahora, en sede judicial, revivir términos que han
fenecido.
19. Recordó que los derechos marcarios de otros países, no se extienden a países
diferentes de donde se tiene tal registro, puesto que el derecho al uso exclusivo de
una marca está dado por el registro que de la misma se hace ante la oficina nacional
competente de cada país y se circunscribe en dicho territorio. Explicó que, por tal
motivo, debe hacerse uso de la herramienta de la oposición andina, cuando se crea
tener un mejor derecho.
II.2. INTERVENCIÓN DEL TERCERO CON INTERÉS – Señor Omar de Jesús
Villegas Cadavid-.
20. El apoderado judicial del tercero con interés directo en las resultas del proceso
precisó que la marca cuya registrabilidad se cuestiona en la demanda, tuvo un
proceso de registro en el que no se presentaron oposiciones, por lo que la SIC, le
otorgó el registro. Aseguró que la parte demandante debe probar las afirmaciones
que realizó en el escrito demandatorio, pues parte de la premisa de que su marca
es conocida en todo el mundo, lo cual no se puede simplemente señalar sin tener
sustento fáctico para ello.
22 Folios 128 a 138 del Cuaderno 1 del Expediente.
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21. Adujo que la parte actora tampoco demostró el uso de la marca en alguno de los
países miembros de la comunidad andina. Así mismo, indicó que el argumento de
la parte demandante relativo a la presunta vulneración del literal f) del artículo 136
de la Decisión 486 de 2000, está desconociendo que en Colombia no pueden
derivarse derechos de autor de una marca, pues ésta no tiene un componente
artístico y para su uso exclusivo, la norma establece el registro marcario.
22. De otra parte, destacó que no existe pruebas de un mejor derecho que tenga la
parte demandante sobre el signo «PRO TAPER» (mixta). Por el contrario, en el
expediente sobra evidencia que acredita que quien ostenta el derecho sobre dicha
marca es el señor Omar de Jesús Villegas Cadavid y no, la sociedad actora.
III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA
23. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial
381-IP-2016 de 9 de marzo de 2017, en la que se exponen las reglas y criterios
establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación
son aplicables al asunto bajo examen. Al respecto consideró que las normas sujetas
a interpretación prejudicial eran los artículos 136, literales a) y f), y 224 de la
Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, para lo cual señaló
lo siguiente:
“[…] 1.10. De la interpretación del literal f) del Artículo 136, encontramos que
esta prohibición de registro contiene dos supuestos: (i) que consistan en un
signo que infrinja el derecho de propiedad industrial; y, (ii) que consistan en un
signo que infrinja el derecho de autor de un tercero.
1.11. Es menester advertir que sólo será objeto de impedimento al registro como
marca las obras que se encuentren protegidas por el derecho de autor, dada la
característica de “originalidad” es decir, aquellas que no sean copias de otras.
1.12. Por lo tanto, en el caso específico, para aplicar la causal de
irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal f) de la Decisión 486, se deberá
considerar si el diseño de la marca PRO TAPER de propiedad de LACY
DISTRIBUTION, INC., resulta protegible por la figura del derecho de autor como
obra artística y a partir de ello verificar si respecto de los productos que intenta
amparar en el mercado, el signo registrado PRO TAPER (mixto), ocasionaría
en el público consumidor un riesgo de confusión.
[…] 2.2. conforme se desprende de esta disposición [art. 136 de la Decisión
486], no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones
careza de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente
cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de
asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el tribunal en
múltiples Interpretaciones Prejudiciales.
[…]
2.7. En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante
que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en
conflicto desde los distintos tipos de semejanza que puedan presentarse, para
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de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de
confusión y/o asociación.
[…]
3.2. De conformidad con lo anterior, bajo el régimen común contenido en la
Decisión 486, un signo calificará como notoriamente conocido si es reconocido
como tal en cualquiera de los Países Miembros. El artículo 224 debe leerse de
forma sistemática con el artículo 136 literal h), acarreando las siguientes
consecuencias:
a) En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean
notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros, frente a una
solicitud de registro de la marca también en cualquiera de los Países Miembros,
de un signo que sea susceptible de generar riesgo de confusión, asociación,
dilución y uso parasitario.
b) No se protege a los signos notoriamente conocidos en países
extracomunitarios cuando simplemente se argumenta su notoriedad. Sin
embargo, no se negará la calidad de notorio de un signo por el solo hecho que
no se encuentre registrado o en trámite en el País Miembro o en el extranjero.
3.3. No obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el
principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la
transparencia en el mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto, la protección
de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios es posible, de
configurarse actos de competencia desleal por confusión con una marca
notoriamente conocida y por aprovechamiento de la reputación ajena
(parasitismo), de conformidad con lo establecido en el Artículo 225 de la
Decisión 486; así como cualquier otra circunstancia que permita inferir la mala
fe al solicitar el registro en relación a la marca notoriamente conocida en
territorio extracomunitario.
3.4. De conformidad con los criterios señalados precedentemente, se deberá
determinar el carácter notorio de la marca PROTAPER (mixta), en los Estados
Unidos, tal como lo afirma su titular. […]».
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
24. Mediante auto de 4 de agosto de 2017, se corrió traslado a las partes,
intervinientes y al Ministerio Público para presentar alegatos de conclusión, la parte
demandante y el tercero interviniente reiteraron en esencia sus argumentos. El
Ministerio Público y la SIC no se pronunciaron en esta etapa procesal.
V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1.- Competencia
25. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así
como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en
el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201923, la Sección Primera del Consejo de Estado
es competente para conocer del asunto de la referencia.
23 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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V.2.- El problema jurídico
26. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la apoderada de
la parte demandante en contra de la Resolución número 48068 de 25 de noviembre
de 2008, a través de la cual la SIC concedió el registro del signo «PRO TAPER»
(mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 12 del nomenclátor de
la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor Omar de Jesús Villegas
Cadavid.
V.3.- normatividad aplicable
27. La parte actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la SIC
concedió el registro del signo en comento desconociendo los artículos 136, literales
a) y f) de la Decisión 486 de 2000, 7 de la Convención de Washington y 61 de la
Constitución Política.
28. La apoderada de la parte demandante invoca como casuales de irregistrabilidad
las consagradas en los literales a) y f) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000,
las cuales disponen lo siguiente:
«[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo
uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular
cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda
causar un riesgo de confusión o de asociación. […]
f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el
derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;
[…]».
29. Igualmente, la parte actora alegó la vulneración del artículo 7º de la Convención
de Washington, del siguiente tenor:
«Artículo 7.- Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los
Estados Contratantes conforme a su legislación interna, que tenga
conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o
depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir
confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías
a que se apliquen, tendrá el derecho de oponerse al uso, registro o depósito,
de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales
establecidos en el país en que se use o pretenda registrar o depositar dicha
marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía
conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados Contratantes,
de la marca en que se funde la oposición y que ésta se usaba y aplicaba y
continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de las misma
clase, y, en consecuencia, podrá reclamar para si el derecho de usar preferente
y exclusivamente o la prioridad para registrar o depositar su marca en el país
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en que se trate siempre que llene las formalidades establecidas en la
legislación interna y en esta convención.»
30. Igualmente, señaló que se había desconocido el artículo 61 de la Constitución
Política, que determina:
«ARTICULO 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y
mediante las formalidades que establezca la ley.»
31. Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con el propósito de
resolver el presente asunto, indicó que, adicionalmente, debía tenerse en
consideración el artículo 224 de la Decisión 486 de 2000, en consonancia con el
literal h) del artículo 136 ibidem, que dispone:
«Artículo 224- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que
fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente,
independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho
conocido.»
V.4.- El caso concreto
32. La parte demandante consideró que la SIC erró al conceder el registro de la
marca «PRO TAPER» (mixta) en la clase 12 de la Clasificación Internacional de
Niza al señor Omar de Jesús Villegas Cadavid, por desconocimiento de los literales
a) y f) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, del artículo 7 de la Convención
de Washington y el artículo 61 de la Constitución Política. Adicionalmente, alegó
que debía protegerse su marca «PRO TAPER» (mixta) que era conocida alrededor
del mundo y que contaba con registro en varios países, entre ellos, Estados Unidos
de Norteamérica, desde 1991.
33. Previo a resolver, la Sala considera pertinente hacer alusión a los siguientes
conceptos: i) primacía del Derecho Comunitario Andino; ii) principio de territorialidad
en materia marcaria; iii) protección de la notoriedad de una marca en países
extracomunitarios; y, iv) competencia desleal y mala fe.
V.4.1. Aplicación del Derecho Comunitario Andino
34. La parte demandante hizo alusión en su escrito a la vulneración de normas
contenidas en la Convención de Washington, por lo cual resulta necesario analizar
la aplicación de las normas de la Comunidad Andina frente a otras normas del
derecho internacional en materia marcaria.
35. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación
Prejudicial 381-IP-2016, allegada a este proceso, indicó:
«7.2. El principio fundamental del Derecho Comunitario Andino es el principio
de la “Primacía del Derecho Comunitario Andino”, el mismo que encuentra su
apoyo en otros principios propios del derecho de la integración, los de: “Eficacia
Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, “Aplicación Inmediata del
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Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico
Andino”.
7.3. Este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia la prevalencia de
la que goza el ordenamiento comunitario andino respecto de los ordenamientos
jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho
internacional, en relación con las materias que regula el orden comunitario. En
este marco, ha establecido que, en caso de presentarse antinomias entre
el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países
Miembros, al igual que entre el derecho comunitario y las normas de
derecho internacional, prevalece el primero24. […]» (Resaltado fuera de texto
original)
36. En la misma línea, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la
Interpretación Prejudicial 30-IP-201425, resaltó que uno de los principios para dar
aplicación del Derecho Comunitario Andino, es el de la Autonomía del
Ordenamiento Jurídico Andino. Dicho principio reza que el ordenamiento
comunitario no deriva del ordenamiento jurídico de los Países Miembros, sino del
Tratado Constitutivo de la Comunidad, y, por lo tanto, no deriva ni se encuentra
subordinada su aplicación «al ordenamiento interno, de origen internacional» de los
Países Miembros.
37. En ese sentido, explicó el Tribunal de Justicia que «los tratados internacionales
que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, […], no vinculan a la
Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante
que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países
Miembros y terceros países u organizaciones internacionales»26. (Resaltado fuera de
texto original)
38. En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la
pluricitada Interpretación Prejudicial 30-IP-2014, determinó que el Juez Consultante
debe atender los criterios que se esbozan por parte de dicho Tribunal para resolver,
dándole prevalencia al Derecho Comunitario Andino sobre las demás normas
internacionales27. En tal virtud, dando aplicación a la jurisprudencia comunitaria, la
Sala, para el análisis de los argumentos expuestos en la demanda en el presente
caso, tendrá en cuenta la normatividad de la Comunidad Andina.
V.4.2. Principio de territorialidad en materia marcaria
39. Respecto del principio de territorialidad en materia marcaria, la jurisprudencia de
la comunidad andina28 ha indicado, que de conformidad con lo dispuesto en la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, «los derechos de propiedad
24 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 23-IP-2012, de 23 de
agosto de 2012, p:6; y del Proceso 30-IP-2014 de 10 de septiembre de 2014, p. 8.
25 Interpretación Prejudicial 030-IP-2014 de 10 de septiembre de 2014, solicitada por el Consejo de Estado
dentro del proceso 11001-03-24-000-2010-00452-00.
26 (Proceso 01-AI-2001. Sentencia del 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial 818, de 23 de julio
de 2002)
27 «[…] 35. Por lo anterior, corresponde al Juez Consultante atender a los criterios que se esbozan en la presente
Interpretación Prejudicial, tomando en consideración la prevalencia del Derecho Comunitario Andino sobre las
demás normas internacionales». (Resaltado fuera de texto)
28 Interpretación prejudicial 94-IP-2014 de fecha de 16 de julio de 2013
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Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00
Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.
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industrial que otorgan las oficinas nacionales competentes de los Países Miembros
están delimitados al país en que se conceden los respectivos registros». Lo anterior,
sin perjuicio de que se den excepciones cuando se trate de proteger marcas notorias
en cualquiera de los Países Miembros.
40. Ello, por cuanto el mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la
Interpretación Prejudicial 381-IP-2016, emitida para el presente asunto, precisó
«uno de los cambios normativos implementados por la Decisión 486, consistió en
establecer claramente el ámbito de protección de los signos notoriamente
conocidos. Por un lado, eliminó la referencia a la notoriedad en el comercio
subregional e internacional sujeto a reciprocidad y, por otro, definió claramente el
concepto de signo notoriamente conocido».
41. En tal virtud, si bien, por regla general la protección que otorga el registro dado
por las oficinas nacionales competentes de los Países Miembros está delimitado al
país donde éstos se conceden, a menos que se trate de una marca notoria, definida
como tal por el artículo 224 de la Decisión 486 de 2000, el cual deberá aplicarse en
consonancia con el literal h) del artículo 136 ibidem.
42. En efecto, el artículo 136 literal h) establece como una de las causales de
irregistrabilidad, aquellos signos que «constituyan una reproducción, imitación,
traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo
notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible
de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus
productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la
dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario». (Resaltado fuera
de texto original)
43. Por su parte, el artículo 224 de la Decisión 486 de 2000 define al signo distintivo
notoriamente conocido como aquel «que fuese reconocido como tal en cualquier
País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio
por el cual se hubiese hecho conocido».
V.4.3. Protección de las marcas notorias en países extracomunitarios
44. Ahora bien, en armonía con lo señalado en el punto precedente sobre la
aplicación del Derecho Comunitario Andino y del principio de territorialidad en
materia marcaria, en la Interpretación Prejudicial29 emitida para el presente asunto,
frente a la protección de las marcas notorias en países extracomunitarios precisó lo
siguiente:
«[…] b) No se protege a los signos notoriamente conocidos en países
extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad. Sin
29 381-IP-2016
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Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00
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embargo, no se negará la calidad de notorio de un signo por el solo hecho que
se encuentre registrado o en trámite en el País Miembro o en el extranjero30.
[…] Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos
extracomunitarios es posible, de configurarse actos de competencia desleal por
confusión con una marca notoriamente conocida y por aprovechamiento de la
reputación ajena (parasitismo), de conformidad con lo establecido en el articulo
225 de la Decisión 486, así como cualquier otra circunstancia que permita inferir
la mala fe al solicitar el registro en relación a la marca notoriamente conocida
en territorio extracomunitario.»
45. En ese orden de ideas, para que se logre la protección de la notoriedad de
una marca en un país extracomunitario, deberá, además de alegar y probar la
notoriedad del signo, deberá acreditarse que se configura algún acto de
competencia desleal por confusión. Explicó el Tribunal de la Comunidad Andina, en
la Interpretación Prejudicial emitida en el sub examine, que tal circunstancia
encuentra su fundamento en que el régimen común de propiedad industrial, bajo el
principio de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la
transparencia en el mercado y la lealtad comercial.
V.4.4. Competencia desleal y mala fe
46. Respecto de las actuaciones de competencia desleal, el Tribunal de Justicia de
la Comunidad ha señalado31 que esta se puede dar por «confusión con una marca
registrada» o por «aprovechamiento de la reputación ajena», para lo cual explicó el
alcance de ambos términos, en el siguiente sentido:
«1. La competencia desleal por confusión con una marca registrada.
[…] Si un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión
en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor,
estaremos en frente de la causal anotada.
El análisis que haga la corte consultante, debe partir de “indicios razonables”
que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala
fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado. Por “indicio razonable”
se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia,
pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo
de cometer un acto de competencia desleal.
[…]
2. La competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena.
[…]
La mencionada conducta desleal no sólo está dirigida a aprovecharse de la
notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como
tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la
30 Decisión 486 de la Comisión de la comunidad Andina.- «Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a
un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el
extranjero; […]»
31 Proceso 30-IP-2014 de 10 de septiembre de 2014.
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Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00
Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.
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honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de
un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de un
empresa.
[…]
En la misma providencia el Tribunal estableció para estos casos el alcance del
mercado:
“Para catalogar un acto como desleal por confusión, es necesario que los
competidores concurran en un mismo mercado físico o electrónico32. Lo
anterior es así, ya que si no hay competencia, es decir, si los actores no
concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia
desleal.” (Proceso 54-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2242 de 21 de
octubre de 2013, marca: ALIV RUB MK mixta).
75 En el presente caso, el Juez consultante deberá establecer la eventual
conducta desleal en el marco del artículo 137 de la Decisión 486, debe
determinar lo siguiente: […]
• Analizar los indicios razonables que hagan pensar que dicha solicitud se
hubiese presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el
aprovechamiento de la reputación ajena. Para esto se debe probar la
existencia de la reputación ajena que se quiere aprovechar. Si no existe
prestigio, posicionamiento en el mercado o notoriedad de un signo
distintivo, pues no se podría sancionar la conducta como desleal.»
(Resaltado fuera de texto original)
47. De otra parte, frente a la mala fe en materia marcaria, en la citada jurisprudencia
comunitaria, el Tribunal precisó que en las actuaciones de derecho marcario se
presume la buena fe, por tanto, quien afirme una vulneración a dicho principio debe
probarla. En esa línea, señaló:
«[…] De igual forma, el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina, actualmente en vigencia, contempla como causal de
nulidad de un registro marcario la “mala fe”. Pues, en efecto, como lo ha
señalado la jurisprudencia de este Tribunal, “la buena fe es un principio general
de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario,
de manera que el Juez Nacional al analizar el caso bajo estudio debe
determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en
consecuencia establecer la nulidad del registro marcario.” (Proceso 109-
IP-2007, marca: LOMA’S (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N°. 1581, de 4
de febrero de 2008). […]» (Resaltado fuera de texto original)
V.4.5. Solución del caso
48. Sea lo primero precisar, que la parte actora deriva el desconocimiento de los
citados literales a) y f) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, del derecho que,
en su criterio le asiste por la aplicación directa del artículo 7º de la Convención de
Washington, por tener registrada la marca «PRO TAPER» (mixta) en los Estados
Unidos de Norteamérica, desde el año 1991.
32 Los mercados electrónicos actualmente transan una gran cantidad de bienes y servicios. Además, con el
auge del comercio electrónico los consumidores pueden tener acceso a productos y servicios producidos y
prestados en cualquier parte del globo terráqueo.
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Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00
Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
49. Frente a lo anterior, la Sala hará el análisis de los cargos frente a la normatividad
de la Comunidad Andina, para luego abordar si es del caso, los cargos relacionados
con la Convención de Washington, en atención a la aplicación del derecho
comunitario andino, tal y como se explicó en numerales precedentes.
V.4.5.1. Del desconocimiento del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486
de 2000, en consonancia con el artículo 7º de la Convención de Washington.
50. En el contexto ya señalado, la Sala destaca que se encuentra en discusión una
marca registrada en Colombia y otras marcas registradas en país diferente a los
miembros de la Comunidad Andina, tal y como se advierte del acápite I.3.2. de esta
providencia, relativo a los fundamentos de hecho y de derecho alegados por la parte
demandante.
51. Cabe resaltar que tal y como se precisó en numerales anteriores, el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina ha sido reiterativo en señalar que, en caso de
presentarse contradicciones entre la aplicación del derecho comunitario andino y
las normas internacionales, prevalecerá el primero. En este sentido, la Sala
analizará en primer lugar la aplicación de aquellas y, subsidiariamente, si es del
caso las de carácter extracomunitario.
52. Aunado a lo anterior, y de conformidad con el principio de territorialidad, los
derechos de propiedad industrial que otorgan los Estados miembros se limitan al país
en que se concedió el respectivo registro. Así pues, teniendo en cuenta que el litigio
versa sobre un registro hecho en uno de los Estados de la Comunidad Andina, para
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la normatividad que debe aplicarse es
la de la mencionada comunidad. Lo anterior, para nada riñe con la posibilidad de dar
aplicación a la Convención de Washington.
53. Sobre el particular, cabe destacar que la jurisprudencia33 de la Sala ha sido clara
en establecer que la misma Convención de Washington contempla los parámetros
o criterios para su aplicación y para hacer valer los derechos que de ella se derivan.
54. En efecto, frente a la aplicación de la Convención de Washington en Colombia,
cabe resaltar que, de conformidad con su artículo 3º34, «toda marca debidamente
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 11 de agosto de
2022. Radicado: 11001-03-24-000-2008-00212-00. Demandante: Corporación Rey S.A. Demandado: SIC.
Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.
34
«Artículo 3o.- Toda marca debidamente Registrada o legalmente protegida en uno de los Estados
Contratantes, será admitida a registro o depósito y protegida legalmente en los demás Estados Contratantes,
previo al cumplimiento de los requisitos formales establecidos por la ley nacional de dichos Estados.
(Resaltado fuera de texto original)
Podrá denegarse o cancelarse el registro de depósito de marcas:
1.- Cuyos elementos distintivos violen los derechos previamente adquiridos por otra persona en el país donde
se solicita el registro o depósito.
2.- Que estén desprovistas de todo carácter distintivo o consistan exclusivamente en palabras, signos o
indicaciones que sirven en el comercio para designar la clase, especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar
de origen de los productos, época de producción o que son o hayan pasado a ser genéricas o usuales en el
lenguaje corriente o en la costumbre comercial del País al tiempo en que se solicite el registro o depósito,
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Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00
Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
registrada o legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes, será
admitida a registro o depósito y protegida legalmente en los demás Estados
Contratantes, previo al cumplimiento de los requisitos formales establecidos
en la ley nacional de dichos Estados». (Resaltado fuera de texto original)
55. En ese orden de ideas, cuando algún interesado en una marca desea hacer valer
su derecho en Colombia, derivado de un registro o depósito previo de ese signo en
alguno de los Estados Contratantes de la Convención de Washington, deberá
realizar el proceso de registro de su marca ante la SIC. En esa medida, es necesario
precisar que el artículo 3º de la Convención de Washington no le concede un
derecho automático de uso exclusivo de la marca en Colombia, en tanto que para
ostentar tal prerrogativa se requiere realizar su acreditación ante la SIC, según lo
disponen las normas internas.
56. Por su parte, y en plena consonancia con el referido artículo 3º ibidem, el artículo
7º de la Convención de Washington establece los lineamientos y asuntos que
deberá acreditarse para que el titular de una marca protegida en uno de los Estados
Contratantes pueda reclamar para si el derecho de usar una marca preferente y
exclusivamente o la prioridad para registrar o depositar su marca en dicho país. En
el citado artículo, se condiciona el uso preferente y exclusivo de la marca en otro
país miembro, «siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación
interna y en esta convención».
57. En esa medida, si el titular de una marca protegida en alguno de los Estados
Contratantes conforme a la legislación interna de ese país quiere hacer valer su
derecho en otro Estado Contratante de la Convención de Washington, debe
registrar la marca ante la autoridad nacional competente o ejercer el derecho
de oposición.
58. Así las cosas, la Convención de Washington no le concede a la parte actora un
derecho automático de uso exclusivo de la marca en Colombia, en tanto para
ostentar tal prerrogativa debe ejercer oposición o tener el registro ante la SIC,
según lo disponen las normas internas.
59. En consecuencia, la sociedad demandante para hacer valer un derecho de uso
preferente y exclusivo en Colombia, derivado de su condición de titular de la marca
cuando el propietario de las marcas las reivindique o pretenda reivindicarlas como elementos distintivos de la
misma.
Para determinar el carácter distintivo de una Marca, deberán tomarse en consideración todas las circunstancias
existentes, en especial la duración del uso de la marca y si dicha Marca ha adquirido de hecho en el País en
que se solicite el depósito, registro o protección, una significación distintiva de la mercancía del solicitante.
3.- Que ofendan a la moral pública o sean contraria al orden público.
4.- Que ridiculicen o tiendan a ridiculizar personas, instituciones, creencias o símbolos nacionales o de
asociaciones de interés público.
5.- Que contengan representaciones de tipos raciales o paisajes típicos o característicos de cualquiera de los
Estados Contratantes distinto al de origen de la Marca.
6.- Que tenga entre sus elementos distintivos principales, frases, nombres o lemas que constituyan el nombre
comercial o la parte esencial o característica del mismo, perteneciente a alguna persona dedicada a la
fabricación, comercio o producción de artículos o mercancías de la misma clase a que se destine la Marca, en
cualquiera de los demás países contratantes.»
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Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00
Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
«PRO TAPER» (mixta) en los Estados Unidos de Norteamérica, debía acreditar
que había registrado dicha marca en Colombia o en cualquier otro Estado de
la Comunidad Andina; y oponerse a la solicitud de registro de la marca «PRO
TAPER» (mixta), radicada por el señor Omar de Jesús Villegas Cadavid.
60. Ahora bien, frente al primero de los supuestos, la Sala advierte que la parte
demandante a pesar de asegurar que la sociedad Lacy Distribution, INC., es titular
en Estados Unidos, y otros países del mundo, de la marca «PRO TAPER» (mixta)
para distinguir productos de la clase 12 del nomenclátor de la Clasificación
Internacional de Niza, no demostró que la misma se encuentra registrada en
Colombia o en otro Estado de la Comunidad Andina y tampoco presentó
oposición.
61. Por lo tanto, lo que le correspondía, según artículo 7º de la Convención de
Washington, en armonía con las normas del Derecho Comunitario Andino, era
presentar oposición marcaria. De la revisión del plenario, encuentra la Sala que
la parte demandante, tal y como ella misma lo asegura en el escrito demandatorio,
no presentó oposición ante la SIC para controvertir la solicitud de la marca
«PRO TAPER» (mixta) radicada por el señor Omar de Jesús Villegas Cadavid.
62. Se reitera que para que los efectos de la Convención de Washington puedan ser
reclamados por la sociedad actora en Colombia, ésta debía haber ejercido la
oposición alegando dichos elementos, en el término previsto para ello y probando
lo que se exige en el citado artículo.
63. En el mismo sentido, el cual se prohíja en esta oportunidad, se pronunció la Sala
en sentencia de 11 de agosto de 202235, en un asunto de similares supuestos
fácticos, en el que indicó lo siguiente:
«[…] para que los efectos del artículo 3º de la Convención de Washington
puedan ser reclamados por la sociedad actora, ésta debía haber ejercido la
oposición alegando dichos elementos, en el término previsto para ello y
probando lo que se exige en el citado artículo.
90. Se reitera que el artículo 3º de la Convención de Washington exigen al titular
de una marca, para reclamar el derecho a la protección del signo, a solicitar
registro o a presentar oposición «siempre que llene las formalidades
establecidas en la legislación interna».
64. En
tal virtud, el cargo sobre violación del artículo 7º de la Convención de
Washington no es susceptible de prosperar.
65. Lo anterior necesariamente lleva a la Sala a concluir que, en el presente asunto,
la SIC al realizar el examen de registrabilidad de la marca «PRO TAPER» (mixta)
para distinguir productos de la clase 12 del nomenclátor internacional, como
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 11 de agosto de
2022. Radicado: 11001-03-24-000-2008-00212-00. Demandante: Corporación Rey S.A. Demandado: SIC.
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Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.
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consecuencia de la solicitud presentada por el señor Omar de Jesús Villegas
Cadavid, y dar aplicación a los literales a) y f) del artículo 136 de la Decisión 486 de
2000, le era dable colegir que la marca «PRO TAPER» (mixta) no tenía riesgo de
confusión con ninguna otra marca registrada en ese momento en Colombia.
66. En efecto, como se señaló precedentemente, la parte actora no acreditó tener un
mejor derecho sobre la marca «PRO TAPER» (mixta), y, no puede, como pretende,
que se dé aplicación automática a la Convención de Washington, de la que, además
quiere hacer derivar los derechos de uso preferente de una marca previamente
registrada.
67. Por lo tanto, tampoco prospera el cargo relativo a la vulneración de la norma
supranacional invocada por no encontrarse la marca «PRO TAPER» (mixta) dentro
de las causales de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 la Decisión 486 de
2000.
V.4.5.2. Del desconocimiento del artículo 61 de la Constitución Política.
68. Del análisis efectuado en el acápite precedente, igualmente se puede concluir
que la SIC tampoco desconoció lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución
Política, pues, contrario a lo aducido por la parte actora, la entidad demandada actuó
en consonancia con dicho precepto constitucional al proceder a registrar un signo
que cumplía con los requisitos exigidos por las normas vigentes.
69. Proceder como pretende la parte actora, esto es, haberle negado la solicitud de
registro de la marca «PRO TAPER» (mixta) para distinguir productos de la clase 12
del nomenclátor internacional, elevada por el señor Omar de Jesús Villegas
Cadavid, sin que se probara un mejor derecho por parte de la sociedad Lacy
Distributions frente la marca «PRO TAPER» (mixta) de la que alega ser titular,
hubiere significado el abierto desconocimiento de la obligación del Estado de
proteger «la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que
establezca la ley».
70. En sentido, cabe recordar que las normas comunitarias son claras en establecer
cuáles son aquellos signos que no pueden ser registrados, lo que de contera
determina que los que no se encuentren en ninguna de las causales de
irregistrabilidad, deberán, por tanto, ser objeto de registro.
V.4.5.3. Del desconocimiento del artículo 224 de la Decisión 486 de 2000.
71. Ahora bien, el Tribunal de Justicia Andina ha sido claro en establecer que, a pesar
de los principios de prevalencia y autonomía del Derecho Comunitario Andino y de
territorialidad, existen dos excepciones que permiten hacer valer derechos
marcarios, la primera relacionada con la marca notoria y, la segunda, atinente a la
llamada oposición andina. En el presente asunto, esta última no resulta aplicable,
en tanto la parte actora, como se advirtió previamente, no presentó la misma dentro
de la actuación administrativa correspondiente.
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Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00
Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.
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72. En cuanto a la notoriedad de una marca, la Sala recuerda que la misma ha gozado
de una especial protección, lo cual se hace más evidente cuando se presentan riesgos
de confusión, de asociación, de dilución o de uso parasitario.
73. La protección de los signos notorios por parte del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina36 se ha ampliado a signos que no se encuentren registrados en
uno de los Estados miembros, lo anterior en el entendido de que se acredite tal
notoriedad y, en todo caso, bajo el principio de la buena fe se ha sostenido que de
ninguna forma se debe tolerar situaciones que pongan en peligro la transparencia del
mercado y la lealtad comercial.
74. Planteado lo anterior, a la Sala le corresponde determinar si resulta procedente la
protección de la marca extracomunitaria ante una indebida utilización por parte del
señor Omar de Jesús Villegas Cadavid, por lo que analizará si las marcas
pertenecientes a la Sociedad Lacy Distribution, INC pueden catalogarse como
notorias en los Estados miembros de la Comunidad Andina o si se configuró un
evento de competencia desleal o una conducta por fuera de los postulados de la
buena fe.
75. La normatividad de la Comunidad Andina ha sido reiterativa en indicar que quien
alega la notoriedad de una marca asume la carga de probarla por los medios
procesales de cada Estado miembro.
76. Sea lo primero destacar que el artículo 224 de la Decisión 486 de 2000 establece
lo siguiente:
«Artículo 224- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que
fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente,
independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho
conocido.»
77. Por su parte, el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina al referirse
a la notoriedad de un signo distintivo, indicó:
“Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se
tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:
a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro
de cualquier País Miembro;
b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera
de cualquier País Miembro;
c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera
de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias,
exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento
o de la actividad a los que se aplique;
36
Interpretación del Proceso 87-IP-2013
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Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00
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d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al
signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del
País Miembro en el que se pretende la protección;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o
licencia del signo en determinado territorio; o,
i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o
almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca
protección;
j) los aspectos del comercio internacional; o,
k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del
signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.”.
78. Frente a la notoriedad, la jurisprudencia proferida por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina ha establecido que una marca es considerada como notoria
cuando aquella «[…] reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de
individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del
tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra
ampliamente difundida entre dicho grupo […]»37.
79. En ese sentido, la Sala pone de presente, al igual que lo ha precisado en pasadas
oportunidades38, que a fin de establecer el estatus de notoria de una marca, se ha
de tener en especial consideración y deferencia aspectos relacionados con: (i) su
alto y significativo volumen en ventas; (ii) la inversión en publicidad y demás gastos
institucionales realizados con el fin de posicionar y promocionar la actividad
económica dentro del público consumidor y; (iii) demás cifras que reflejen número
de comercializaciones, ingresos percibidos y gastos promocionales, que
generalmente se encuentran acreditados con la respectiva certificación de revisoría
fiscal; elementos estos que, sin lugar a dudas, permiten demostrar que un signo
distintivo resulta a todas luces notorio.
80. En el presente asunto, la Sala evidencia que, a pesar de haberse alegado
notoriedad de dicho signo, en el expediente no se allegó ninguna prueba que
acredite los elementos que han de demostrarse para que se considere que un
signo goza de notoriedad.
37 Interpretación Prejudicial No. 07-IP-1996.
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de febrero de
2021, Exp. No. 11001-03-24-000-2008-00229-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00
Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
81. En efecto, únicamente obran las afirmaciones de la parte demandante en la que
asegura que la marca es notoria, pues cuenta con registros marcarios en varios
países alrededor del mundo, además de tener una página web y de aparecer en el
buscador Google, cuando se incluye la expresión «PRO TAPER» en los criterios de
búsqueda. Sin embargo, como ya se señaló, no reposan elementos probatorios que
permitan acreditar los requisitos del artículo 228 de la Decisión 486 de 2000, para
contar con estatus de notoriedad en una marca.
82. Por lo anterior, no resulta de recibo el argumento de la parte actora en cuanto a
que dicho registro es notorio en la Comunidad Andina, por lo que tampoco prospera
el cargo sobre la vulneración del artículo 224 de la Decisión 486 de 2000.
V.4.5.4. De la mala fe.
83. Ahora bien y como se anotó líneas atrás, los registros de propiedad industrial
extracomunitarios pueden ser protegidos en un Estado miembro de la Comunidad
Andina ante una indebida utilización por parte de un tercero cuando se desconozca el
principio de la buena fe, en tanto que no se toleran situaciones que pongan en peligro
la transparencia en el mercado y la lealtad comercial, caso en el cual se debe acudir
a las siguientes figuras:
• La competencia desleal en el marco previsto en los artículos 135 y 225 de la
Decisión 486.
• La presencia de una posible práctica deshonesta.
• La presencia de indicios razonables que hagan pensar que dicha solicitud se
hubiese presentado para perpetrar o consolidar el aprovechamiento de la
reputación ajena.
84. El demandante en su escrito indicó que existió mala fe en la solicitud de registro
de la marca «PRO TAPER» (mixta), ya que la marca imita a la marca que utiliza su
empresa para identificar sus productos en Estados Unidos y otros países del mundo.
85. En interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina39, al referirse
a la mala fe, se indicó:
«En cuanto a “la mala fe”, este Tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que
“para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su
actuación sea consecuencia de la intención de la conciencia de violar una
disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”40.
Asimismo, ha manifestado que “Se presume que todo comportamiento está
conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por
ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para que con base en ello
deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el
ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona
no se ha manifestado con la intención de causar daño. De violar una disposición
39
Interpretación prejudicial 94-IP-2014 de fecha de 16 de julio de 2013
40
PROCESO G5-IP-2004. Marca “TAPA ROJA”. Sentencia de 30 de junio de 2004
21
Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00
Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
normativa o abstenerse de ejecutar un deber propio en consecuencia, quien
pretenda afirmar lo contrario debe probarlo.41». (Resaltado fuera de texto original)
86. Así mismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación
Prejudicial 30-IP-201442, expresó:
[…] Al respecto, cabe resaltar que es muy probable que un signo notorio
extracomunitario, pueda tener éxito en el comercio subregional andino. De esta
manera, los signos notorios aun cuando no sean considerados como tales en
cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina, sí deben estar
protegidos contra las conductas realizadas de mala fe.
En el presente caso, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta los
“indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el
solicitante del registro presentó la solicitud de mala fe, con la intención
de aprovecharse de manera indebida de un signo notoriamente conocido
en países extracomunitarios. Por el concepto de “indicio razonable” debe
entenderse todo hecho, acto u omisión que pueda generar una gran
probabilidad de que el registro que se solicitó fue con el ánimo de
aprovechar la notoriedad de dicho signo. Por tanto, el Juez Nacional
deberá analizar el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo
idéntico o similar a la marca notoria extracomunitaria.
En consecuencia, el solicitante de un registro marcario presentado de mala fe,
no puede escudarse en que la marca notoria idéntica o similar tiene dicha
calidad en países extracomunitarios y no en cualquiera de los Países Miembros
de la Comunidad Andina.
87. Por su parte, el artículo 83 de la Constitución Política consagra el principio de
buena fe, el cual debe ser acatado tanto por los particulares y como por todas las
autoridades públicas. La Corte Constitucional43 ha delimitado el ámbito de
aplicación de la presunción constitucional de buena fe a: “(i) las gestiones o trámites
que realicen (ii) los particulares ante las autoridades públicas”.
88. En este aparte, es preciso indicar que los actos y hechos que pueden atribuírsele
mala fe por parte del tercero interesado deben ser anteriores a la fecha de solicitud
del registro contenido en el acto administrativo que se demanda y no a hechos
sobrevinientes.
89. Para demostrar la mala fe, la parte demandante arguyó el reconocimiento a nivel
mundial de su marca «PRO TAPER» (mixta). Frente a este argumento, no se
encuentran elementos probatorios ni indicios razonables que permitan determinar
esta circunstancia y, mucho menos, que se solicitó el registro con el ánimo de
aprovechar la notoriedad de la marca.
41
Proceso 3-IP- 99 (ya citada)
42 Interpretación Prejudicial 030-IP-2014 de 10 de septiembre de 2014, solicitada por el Consejo de Estado
dentro del proceso 11001-03-24-000-2010-00452-00.
43
Corte Constitucional. Sentencia C-225 de 2017.
22
Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00
Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
90. Adicionalmente, cabe destacar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, en la Interpretación Prejudicial 54-IP-201344, fue muy claro en señalar que
«para catalogar un acto como desleal por confusión, es necesario que los
competidores concurran en un mismo mercado físico o electrónico. Lo anterior es
así, ya que si no hay competencia, es decir los actores no concurren en un mismo
mercado no se podría hablar de competencia desleal».
91. En ese orden de ideas, y como quiera que no se demostró que la parte actora y
el tercero con interés concurrieran en el mismo mercado, tampoco se podría hablar
de actos de competencia desleal por parte de este último.
92. Lo anterior, permite determinar que en el sub lite no aparecen pruebas ni indicios
que demuestren de manera fehaciente que el señor Omar de Jesús Villegas
Cadavid tenía conocimiento con anterioridad al registro de su marca, de la
existencia de las marcas de la sociedad Lacy Distribution, INC., de su notoriedad y
prestigio. Tampoco que ambas marcas concurran en el mismo mercado físico o
electrónico.
93. En tal virtud, tampoco prosperan los argumentos de la parte demandante frente
a competencia desleal o actos de mala fe.
94. Finalmente, la Sala recuerda que en un caso de similares supuestos jurídicos, en
el cual se analizó la legalidad de los actos a través de los cuales la SIC concedió el
registro de la marca RESPIRADORES GERSON (MIXTA) para distinguir servicios
comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de
Niza, a favor de la sociedad RESPIRADORES INDUSTRIALES LTDA., por el
presunto desconocimiento de los derechos que tenía la sociedad LOUIS M.
GERSON CO., INC respecto de la marca GERSON, esta Sección45 consideró lo
siguiente:
“La protección de los signos notorios por parte del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina46 se ha ampliado a signos que no se encuentren
registrados en uno de los Estados miembros, lo anterior en el entendido de
que se acredite tal notoriedad y, en todo caso, bajo el principio de la buena
fe se ha sostenido que de ninguna forma se debe tolerar situaciones que
pongan en peligro la transparencia del mercado y la lealtad comercial.
57. Planteado lo anterior, a la Sala le corresponde determinar si resulta
procedente la protección de la marca extracomunitaria ante una indebida
utilización por parte de la sociedad Respiradores Industriales Limitada, por
lo que analizará si las marcas pertenecientes a la Sociedad Louis M.
Gerson CO, INC pueden catalogarse como notorias en los Estados
miembros de la Comunidad Andina o si se configuró un evento de
44 Proceso 54-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2242 de 21 de octubre de 2013, marca: ALIV RUB MK
mixta
45
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de fecha de 14 de septiembre de
2020. Rad.: 2010 – 00452. Magistrado Ponente: Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.
46
Interpretación del Proceso 87-IP-2013.
23
Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00
Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
competencia desleal o una conducta por fuera de los postulados de la
buena fe.
58. La normatividad de la Comunidad Andina, ha sido reiterativa en
indicar que quien alega la notoriedad de una marca asume la carga de
probarla por los medios procesales de cada Estado miembro.
60. Para efectos de probar la notoriedad de la marca GERSON de
propiedad de la Sociedad Louis M. Gerson CO, INC esta aportó los
siguientes documentos:
a) Declaración extrajudicial del señor Ronald Gerson, Presidente
de la sociedad LOUIS M. GERSON COMPANY, INC., donde se indica
que fue creada en 1956; que tiene registros de marcas en Japón,
Australia; Canadá, Alemania; Japón y Estados Unidos (solo acreditó las
de Estados Unidos); que en el mercado de Estados Unidos comprende
el 5 y 10 por ciento del mercadeo de respiradores artificiales;
b) Declaración Extrajudicial del señor Fidel Suarez Bermúdez, en
calidad de Representante Legal de la Sociedad Artículos de Seguridad
S.A. ARSEG de 10 de abril de 2006, donde manifiesta que desde el año
1996 distribuye y comercializa productos identificados con la marca
GERSON (mixta) para lo cual anexó copias de facturas, registros de
importación y manifiestos de los años 1997 y 1998.
c) Impresiones de las siguientes paginas internet donde se
mencionan productos de la sociedad demandante:
www.cimasafety.com
www.vallen.com.mx
www.inpquality.nl,
www.conexionindustrial.com,
http://ve.tagoti.com
htpp://maxdepot.org;
www.segin.cl,
htpp://jyrsa02.weldwell.com.mx,
www.pazlimitada.cl
61. Al analizar las anteriores pruebas frente a los requisitos del artículo
228 de la Decisión 486, la Sala no encuentra elementos de los cuales
se pueda establecer que en los Estados de la Comunidad Andina el
signo GERSON es notorio.
62. En efecto, no se aportaron pruebas que determinen los niveles de
inversión de publicidad en nuestro país, así como el conocimiento del
público consumidor y su posicionamiento en nuestro mercado y en,
general, una actividad comercial constante y regular.
63. Así mismo, no se demostró cuáles fueron sus niveles de ventas y de
ingresos de la empresa titular del producto en Colombia o en otro Estado
miembro de la Comunidad Andina; pues los documentos aportados por
su representante en Colombia solo hacen referencia a los años 1997 y
1998, periodo muy anterior a la solicitud de registro que tiene fecha 7 de
diciembre de 2005.
24
Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00
Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
64. Respecto de la declaración del propietario del signo, resulta evidente
que solo se refiere a su actividad en Estados Unidos y en otros países
diferentes a la Comunidad Andina. Igualmente, ninguna de las páginas
web aportadas es de Colombia o de alguno de los otros Estados
miembros de la Comunidad Andina.
65. La Sala recuerda que no se protege a los signos notoriamente
conocidos en Estados extracomunitarios cuando simplemente se
argumente su notoriedad, tal y como ocurre en el caso de autos.
66. Por lo anterior, no resulta de recibo el argumento de la parte
actora en cuanto a que dicho registro es notorio en la Comunidad
Andina y que, por ende, debe darse aplicación al artículo 136 literal
h) de la Decisión 486 de 2000, en cuanto a la causal de
irregistrabilidad por constituir una reproducción, imitación,
transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo
distintivo.
67. Ahora bien y como se anotó líneas atrás, los registros de propiedad
industrial extracomunitarios pueden ser protegidos en un Estado
miembro de la Comunidad Andina ante una indebida utilización por parte
de un tercero cuando se desconozca el principio de la buena fe, en tanto
que no se tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el
mercado y la lealtad comercial, caso en el cual se debe acudir a las
siguientes figuras:
• La competencia desleal en el marco previsto en los artículos 135 y 225
de la Decisión 486.
• La presencia de una posible práctica deshonesta.
• La presencia de indicios razonables que hagan pensar que dicha solicitud
se hubiese presentado para perpetrar o consolidar el aprovechamiento de
la reputación ajena.
68. El demandante en su escrito indica que existió mala fe en la solicitud
de registro de la marca “RESPIRADORES GERSON (Mixta)”, ya que la
marca imita a la marca GERSON con el que utiliza su empresa para
identificar sus productos en Estados Unidos y otros países del mundo
(…).
El artículo 83 de la Constitución Política consagra el principio de buena
fe, el cual debe ser acatado tanto por los particulares y como por todas
las autoridades públicas.
72. La Corte Constitucional47 ha delimitado el ámbito de aplicación de la
presunción constitucional de buena fe a: “(i) las gestiones o trámites que
realicen (ii) los particulares ante las autoridades públicas”.
73. En este aparte, es preciso indicar que los actos y hechos que pueden
atribuírsele mala fe por parte del tercero interesado, deben ser anteriores
47
Corte Constitucional. Sentencia C-225 de 2017.
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Radicado: 11001-03-24-000-2011-00418-00
Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
a la fecha de solicitud del registro contenido en el acto administrativo que
se demanda y no a hechos sobrevinientes.
74. Para demostrar la mala fe, el demandante argumentó el
reconocimiento a nivel mundial de su marca; la negación de una solicitud
de un registro en la Clase 9 al tercero interesado a partir de su oposición;
y el cambio de nombre de la Sociedad Respiradores Industriales Ltda a
Gerson Respiradores S.A.S.
75. Respecto del argumento que la sociedad solicitante tenía
conocimiento de la marca GERSON basada en el reconocimiento
mundial de la marca, no se encuentran elementos probatorios ni
indicios razonables que permitan determinar esta circunstancia y
mucho menos que se solicitó el registro con el ánimo de aprovechar
la notoriedad de la marca.
76. En lo relacionado a que la sociedad Respiradores Industriales Ltda.
pretendió registrar la marca Respiradores Gerson para identificar
productos de la Clase 9 y que fue negada por la administración mediante
la Resolución 15300 de 30 de marzo de 2009, con lo que se pretende
sustentar la imitación de la marca, no resulta de recibo pues la solicitud
del signo objeto del presente proceso tiene fecha 7 de diciembre de
2005, mucho antes que se produjera esta decisión.
77. De otro lado, respecto del argumento del cambio del nombre de
Respiradores Industriales Ltda a Gerson Respiradores S.A.S., es preciso
indicar este se inscribió el 13 de septiembre de 2010, fecha posterior al
registro de la marca.
78. Lo anterior, permite determinar que en el sub lite no aparecen
pruebas ni indicios que permitan demostrar de manera fehaciente
que la Sociedad Respiradores Industriales Limitada tenía
conocimiento con anterioridad al registro de su marca de la
existencia de las marcas de la sociedad LOUIS M, GERSON CO,
INC., de su notoriedad y prestigio (…).
CONCLUSIÓN:
83. El anterior examen, permite concluir a la Sala que el demandante no
demostró la notoriedad de la marca en Colombia y los Estados de la
Comunidad Andina, por ende, no desvirtuó el principio de
territorialidad que regula el registro marcario en la comunidad
Andina. Así mismo, no demostró la existencia de un actuar de mala
fe por parte de la sociedad Respiradores Industriales Limitada,
razón por la cual no se declarara la nulidad de los actos administrativos
demandados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este
proveído” (negrillas fuera de texto).
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Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.
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V.4.5.5. De los derechos de autor frente al derecho marcario.
Desconocimiento del literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
95. Por último, frente a lo alegado por la parte actora, referente a la vulneración de
las normas de derechos de autor, cabe destacar que, tal y como lo señaló el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial emitida para el
presente asunto48, las normas sobre derechos de autor son independientes, aunque
compatibles con los derechos de propiedad industrial. Por lo tanto, concluyó el
Tribunal en la referida Interpretación Prejudicial que, «esa independencia, pero a la
vez compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda estar
protegido simultáneamente por el derecho de autor y el de propiedad industrial».
96. El Tribunal indicó que, por tanto, la Decisión 486 en el literal f) del artículo 136,
prohíbe el registro como marcas de aquellos signos que infrinjan el derecho de
propiedad industrial o «el derecho de autor correspondiente a un tercero en razón
de ser igualmente el producto de una creación intelectual, en cuyo caso tendría que
mediar el consentimiento de éste».
97. En ese contexto, en la Interpretación Prejudicial emitida para este proceso49, el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, señaló:
«Por lo tanto, en el caso específico, par aplicar la causal de irregistrabilidad
prevista en el artículo 136 literal f) de la Decisión 486, se deberá considerar si
el diseño de la marca PROTAPER de propiedad de LACY DISTRIBUTION,
INC., resulta protegible por la figura del derecho de autor como obra artística y
a partir de ello verificar si respecto de los productos que intenta amparar en el
mercado, el signo registrado PRO TAPER (mixto), ocasionaría en el público
consumidor un riesgo de confusión».
98. Precisado lo anterior, vale destacar que independientemente de si el diseño de
una marca puede ser considerado una obra susceptible de protección vía derechos
de autor o no, tal circunstancia no tendría relevancia en el presente asunto,
comoquiera que la parte actora no acreditó que ostentara dichos derechos frente al
diseño del signo «PRO TAPER» (mixta). En efecto, lo único que consta en el
expediente es la afirmación de que el diseño del signo se encuentra registrado
como obra ante la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos.
99. Como se expresó en acápites precedentes, tampoco se probó que tuviera
derechos de propiedad intelectual sobre la marca «PRO TAPER» (mixta) por lo que
no se encuentra en ninguno de los dos supuestos contemplados en el literal f) del
artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, relativo a las causales de irregistrabilidad.
100. En tal virtud, tampoco prosperan los argumentos de la parte demandante frente
a la vulneración del literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
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Demandante: LACY DISTRIBUTION, INC.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
V.7.-CONCLUSIÓN:
101. En conclusión, la Sala considera que no son de recibo los argumentos del
demandante y, en consecuencia, se negará la pretensión de nulidad del acto
administrativo demandado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la
Decisión 500 de la Comunidad Andina.
TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las
anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. (P. 13)
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