Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2015-00113-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2015-00113-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2015-00113-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
11 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Número único de radicación: 11001032400020150011300
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Demandante: Edgar Perea Torres
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
Terceros con interés: Caropa Importaciones Limitada y Mercado Zona Libre S.A.
Temas: Cotejo entre marcas mixtas y nominativas; conexión competitiva, Convención
de Washington de 1929, Derecho Preferente. Reiteración de jurisprudencia.
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Edgar Perea Torres
contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad
de las resoluciones núms. 73178 de 28 de noviembre de 2012 y 60542 de 3 de
octubre de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. Edgar Perea Torres, en adelante la parte demandante1, presentó demanda2
contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte
demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
1 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 3
2 Cfr. Folios 42 a 63
2
Núm. único de radicación: 11001032400020150011300
derecho3, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 73178 de 28 de
noviembre de 2012, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro
marcario”, expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio; y 60542 de 3 de octubre de 2014, “Por
la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente
Delegado para la Propiedad Industrial.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte
demandada conceder el registro como marca del signo nominativo COBRA, para
identificar productos de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de
Niza.
Pretensiones
3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4:
“[…] 1. Que se declare la nulidad de la resolución No. 73178 del 28 de noviembre
de 2012, mediante la cual la Dirección de Signos Distintivo de la
Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición
presentada por la sociedad CAROPA IMPORTACIONES LIMITADA Y
MERCADO ZONA LIBRE S.A. y negó el registro de la marca COBRA
(NOMINATIVA), para distinguir productos de la clase 17 internacional, solicitada
por el señor EDGAR PEREA TORRES.
2. Que se declare la nulidad de la resolución No. 60542 del 03 de octubre de
2014, notificada por listado único del 25 de noviembre de 2014, expedida por la
División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio,
por medio de la cual revoca el artículo primero de la decisión contenida en la
resolución No. 73178 del 28 de noviembre de 2012, declarando fundada la
oposición presentada por la sociedad MERCANTIL ZONA LIBRE S.A. y declaró
infundada la oposición presentada por la sociedad CAROPA IMPORTACIONES
LIMITADA y confirma en sus demás partes la decisión contenida en la resolución
No. 73178 del 28 de noviembre de 2012, agotándose la vía gubernativa.
3. Que como efecto de las peticiones anteriores y a título de restablecimiento del
derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, declarar
infundada la oposición presentada por la sociedad MERCANTIL ZONA LIBRE
S.A. y la sociedad CAROPA IMPORTACIONES LIMITADA, en consecuencia se
conceda el registro de la marca COBRA (NOMINATIVA), para distinguir
productos de la clase 17 internacional. [...]”
4. A título de restablecimiento del derecho solicitó:
3 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
4 Cfr. Folios 60 y 61
3
Núm. único de radicación: 11001032400020150011300
“[...] 4. Que como efecto de las peticiones anteriores y a título de
restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y
Comercio, revocar en todas sus partes la resolución incurrida y en su lugar
conceder el registro de la marca COBRA (NOMINATIVA), para distinguir
productos de la clase 17 internacional.
5. Que como efecto de las anteriores peticiones, se restablezca a mi poderdante
en su derecho para obtener el registro de la marca COBRA (NOMINATIVA), para
distinguir productos de la clase 17 Internacional.
6. Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en el presente
proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial de la Superintendencia de
Industria y Comercio, conforme a lo establecido en el artículo 2° literal d) Decreto
legislativo 209 del 1957.
7. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio dar cumplimiento a la sentencia […]”.
Presupuestos fácticos
5. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:
5.1. Solicitó, el 26 de julio de 2012, el registro como marca del signo nominativo
COBRA, para distinguir productos de la Clase 17 de la Clasificación Internacional
de Niza.
5.2. La referida solicitud se publicó, el 31 de julio de 2012, en la Gaceta de la
Propiedad Industrial núm. 649, siendo objeto de oposición por parte de: i) Caropa
Importaciones Ltda., tercero con interés directo en el resultado del proceso, con
fundamento en su marca mixta COBRA, con registro núm. 402294, que identifica
productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza; y ii) Mercantil
Zona Libre S.A, tercero con interés directo en el resultado del proceso, con
fundamento en su marca mixta COBRA, que identifica productos de la Clase 17 de
la Clasificación Internacional de Niza, registrada en la República de Panamá con
certificado núm. 101591-01.
5.3. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución
núm. 73178 de 28 de noviembre de 2012, declaró fundadas las oposiciones
presentadas por Caropa Importaciones Limitada y Mercantil Zona Libre S.A.,
terceros con interés directo en el resultado del proceso y negó el registro como
marca del signo nominativo COBRA para distinguir productos de la Clase 17 de la
Clasificación Internacional de Niza.
4
Núm. único de radicación: 11001032400020150011300
5.4. Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 73178 de 28 de
noviembre de 2012.
5.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la
Resolución núm. 60542 de 3 de octubre de 2014, resolvió el recurso de apelación
en el sentido de: i) declarar fundada la oposición presentada por Mercantil Zona
Libre S.A. e infundada la oposición presentada por Caropa Importaciones Limitada;
y ii) confirmar en sus demás partes la Resolución núm. 73178 de 28 de noviembre
de 2012.
Normas violadas
6. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:
6.1 El literal a del artículo 136 y el artículo 168 de la Decisión 486 de 14 de
septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina5.
6.2 Artículo 7 de la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria
y Comercial de 20 de febrero de 1929, en adelante Convención de Washington de
19296.
Concepto de la violación
7. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de la
violación así:
Primer cargo: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000
7.1. La parte demandante fundamentó este cargo, así:
7.2. La parte demandada se limitó a efectuar el cotejo marcario, sin tener en cuenta
que en su base de datos hay varios registros marcarios en diferentes clases de la
Clasificación Internacional de Niza que contienen la expresión COBRA, la cual
aparece sola o acompañada de otras expresiones.
5 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.
6 “Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial”
5
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7.3. Tiene derecho al registro como marca del signo solicitado en la Clase 17 de la
Clasificación Internacional de Niza, así como los opositores tienen derecho sobre
las marcas en la Clase 16 de la Clasificación Internacional en Colombia y Panamá,
pudiendo coexistir.
7.4. La conexidad competitiva entre los productos identificados, a su juicio, pasa a
segundo plano, ello comoquiera que el signo es débil, dado su baja distintividad
ideológica, por lo que debe coexistir con marcas iguales o semejantes en la misma
clase, en clases conexas, e incluso en clases sin ninguna relación comercial o legal.
Segundo cargo: Violación del artículo 168 de la Decisión 486 de 2000
7.5. La parte demandante fundamentó este cargo, así:
7.6. En relación con lo previsto en el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000, tenía
el derecho preferente a presentar la solicitud de registro de la marca COBRA en la
Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, pues cumplía con los requisitos
señalados en ese artículo.
7.7. Presentó la solicitud de cancelación por no uso de la marca COBRA, para
distinguir productos de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, que
estuvo registrada bajo el certificado 271.776.
7.8. Como efecto de la solicitud de cancelación indicada supra, se canceló el
certificado núm. 271.776 de la marca COBRA y, en consecuencia, solicitó el registro
como marca del signo COBRA para distinguir productos de la Clase 17 en la
Clasificación Internacional de Niza.
7.9. La marca COBRA con certificado núm. 402.294 y cuyo titular es cuyo titular
era Caropa Importaciones Limitada, tercero con interés directo en el resultado del
proceso, y la marca COBRA con certificado núm. 271.776, coexistieron en el registro
de la propiedad industrial por varios años, pues el primero, fue otorgado el 8 de
agosto de 2010 y el segundo fue concedido el 9 de septiembre de 2003.
Tercer cargo: Violación del artículo 7 de la Convención de Washington de 1929
7.10. La parte demandante fundamentó este cargo, así:
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Núm. único de radicación: 11001032400020150011300
7.11. La parte demandada, al expedir los actos acusados, nunca probó que la
parte demandante tuviera conocimiento de la existencia y uso de la marca registrada
en la República de Panamá, lo que constituye un presupuesto necesario para
declarar la procedencia de la acción de oposición.
Contestación de la demanda
8. La parte demandada7 contestó la demanda8 y se opuso a las pretensiones
formuladas, así:
Respecto de los cargos de violación del literal a) del artículo 136 y del artículo
168 de la Decisión 486 de 2000
8.1. El signo solicitado a registro no cumple con los requisitos previstos en el literal
a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y que el signo solicitado no tiene la
suficiente distintividad frente a la marca previamente registrada, por tanto, su
coexistencia en el mercado genera riesgo de confusión o asociación, pues el
consumidor al encontrar las marcas en el mercado no podrá diferenciar las mismas,
debido a que son iguales.
8.2. El derecho preferente que invoca la parte demandante no es un derecho que
confiera directamente el derecho marcario, pues la autoridad marcaria debe estudiar
si la solicitud cumple o no los requisitos para obtener el registro como marca.
Respecto del cargo de violación del artículo 7 de la Convención de
Washington de 1929
8.3. En los argumentos de la parte demandante no se exponen la razón por la cual
considera que los actos acusados transgreden lo previsto en el artículo 7 de la
Convención de Washington de 1929.
Terceros con interés directo en el resultado del proceso
9. Los terceros con interés directo en el resultado del proceso no contestaron la
demanda9.
7 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 138
8 Cfr. Folios 126 a 135
9 Cfr. Folio 150
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Núm. único de radicación: 11001032400020150011300
Solicitud de interpretación prejudicial
10. El Magistrado Sustanciador, mediante auto de 18 de abril de 201810, ordenó
suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables;
y este profirió la interpretación prejudicial 553-IP-2018 de 1 de febrero de 201911,
en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó:
“[…] La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial del Literal a) del
Artículo 136 y el Artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, los cuales proceden por ser pertinentes […]”.
11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia
comunitaria que son aplicables.
Reanudación del proceso
12. El Magistrado Sustanciador, mediante auto proferido el 12 de abril de 201912,
decretó la reanudación del trámite procesal y convocó y fijó fecha y hora para la
realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437.
Audiencia Inicial
13. El Magistrado Sustanciador realizó audiencia inicial, el día 29 de abril de
201913, la cual fue suspendida.
13.1. El Magistrado Sustanciador, mediante auto de 13 de noviembre de 201914: i)
convocó y fijó hora y fecha para realizar la continuación de la audiencia inicial; y ii)
en la audiencia inicial realizada el día 20 de noviembre de 201915; declaró saneado
el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180
y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla
probada; fijó el objeto del litigio; se declaró precluida la posibilidad de conciliación;
declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica
de pruebas; realizó el respectivo control de legalidad.
10 Cfr. Folio 154
11 Cfr. Folios 169 a 177
12 Cfr. Folios 194 a 196
13 Cfr. Folios 196 a 204
14 Cfr. Folios 209 a 210
15 Cfr. Folios 219 a 235
8
Núm. único de radicación: 11001032400020150011300
Audiencia de pruebas y alegatos de conclusión
14. El Magistrado Sustanciador, mediante auto de 26 de febrero de 202016,
consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas y de alegaciones y
juzgamiento, por lo cual, por lo cual ordenó a las partes e intervinientes la
presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio
Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a
bien lo tenía.
Parte demandante
15. La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda.
Parte demandada
16. La parte demandada reiteró los argumentos señalados en la contestación de
la demanda.
Mercantil Zona Libre S.A., tercero con interés directo en el resultado del
proceso
17. Mercantil Zona Libre S.A., tercero con interés directo en el resultado del
proceso, presentó alegatos de conclusión17 y se opuso a las pretensiones
formuladas, así:
17.1. No existe diferencia entre el signo solicitado y la marca previamente
registrada, en tanto que este reproduce en su totalidad la marca de su propiedad.
17.2. Existe conexidad competitiva entre los productos identificados por el signo
y la marca, pues identifican cintas adhesivas, incluidas en la Clase 17 de la
Clasificación Internacional de Niza, las cuales presentan idénticos canales de
comercialización, al ser de la misma naturaleza.
17.3. La expresión COBRA no es de uso común para las clases 16 y 17 de la
Clasificación Internacional de Niza, a pesar de serlo para otras clases del
nomenclátor.
16 Cfr. Folios 309 a 310
17 Cfr. Folios 317 a 324
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Núm. único de radicación: 11001032400020150011300
17.4. El hecho de obtener la cancelación de una marca no le otorga a quien lo
solicitó, el derecho inmediato a registrarla, pues no puede prescindirse del análisis
de registrabilidad, el derecho que tienen los terceros a oponerse, y a que se declare
dicha oposición, como ocurrió en este caso.
17.5. El signo solicitado no es registrable, teniendo en cuenta la existencia
previa de su marca COBRA que ampara productos de la Clase 17 de la Clasificación
Internacional de Niza, registrada en la República de Panamá.
17.6. De conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Convención de
Washington de 1929, que, en el trámite del procedimiento administrativo se acreditó
con suficiencia la utilización de su marca en la República de Panamá, con
anterioridad a la solicitud de registro del signo por la parte demandante y, asimismo,
se probó su uso en la actualidad. Asimismo, adujo que, mediante diversos indicios,
se acreditó el conocimiento que tenía la parte demandante respecto de la existencia
y uso de la marca opositora, los cuales prueban el conocimiento de la existencia de
la marca por parte de esta.
17.7. Concluyó que dicha prueba indiciaria, conlleva a la certeza respecto del
conocimiento que tuvo que tener el solicitante sobre la existencia de la marca
COBRA y su uso en el mercado para los mismos productos que se pretenden
distinguir con el signo idéntico solicitado, por lo que, concurren los supuestos
previstos en la Convención de Washington de 1929 para declarar fundada la
oposición presentada por mi poderdante y, en consecuencia, negar el registro el
signo solicitado.
Caropa Importaciones Ltda., tercero con interés directo en el resultado del
proceso
18. Caropa Importaciones Ltda., tercero con interés directo en el resultado del
proceso guardó silencio en esta oportunidad procesal18.
Concepto del Ministerio Público
19. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal19.
18 Cfr. Folio 336
19 Ibidem
10
Núm. único de radicación: 11001032400020150011300
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
20. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i)
competencia; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa
comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la
interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la
Interpretación Prejudicial 553-IP-2018 de 1 de febrero de 2019; vii) el marco
normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de
irregistrabilidad; viii) el marco normativo sobre el derecho preferente; ix) el marco
normativo sobre la primacía del derecho andino; x) el marco normativo y
jurisprudencial de la aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington de
1929 ; y x) el análisis del caso concreto.
Competencia
21. Vistos el artículo 149 numeral 8.º de la Ley 1437 sobre competencia del
Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12
de marzo de 201920, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta
Sección es competente para conocer del presente asunto.
22. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala
observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a
decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación.
Los actos acusados
23. Los actos acusados21 son los siguientes:
23.1 La Resolución núm. 73178 de 28 de noviembre de 201222 , mediante la cual la
Directora de la División de Signos Distintivos resolvió declarar fundadas las
oposiciones presentadas por los terceros con interés directo en el resultado del
proceso y negó el registro como marca del signo nominativo COBRA.
20 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
21 Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada
uno de los cargos.
22 Cfr. Folios 5 a 16
11
Núm. único de radicación: 11001032400020150011300
23.2 La Resolución núm. 60542 de 3 de octubre de 201423, mediante la cual el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de
apelación en el sentido de: i) revocar el ordinal primero de la Resolución núm. 73178
de 28 de noviembre de 2012 y, en ese sentido, declarar fundada la oposición
presentada por Mercantil Zona Libre S.A., e infundada la oposición presentada por
Caropa Importaciones Limitada; y ii) confirmar, en lo demás, la Resolución núm.
73178 de 28 de noviembre de 2012
El problema jurídico
24. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación a la
misma presentada por la parte demandada y los alegatos del tercero con interés
directo en el resultado del proceso, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación
Prejudicial, determinar:
24.1 Si las resoluciones núms. 73178 de 28 de noviembre de 2012 y 60542 de 3 de
octubre de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio,
mediante las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo COBRA
para identificar productos de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de las Marcas vulneran el literal a) del artículo
136 y el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000, y el artículo 7 de la Convención de
Washington de 1929.
24.2 En este sentido, se analizará, en primer lugar, si existe riesgo de confusión o
de asociación entre el signo nominativo solicitado y la marca mixta COBRA, con
registro marcario núm. 402.294 que identifica productos de la Clase 16 de la
Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Caropa Importaciones Limitada,
tercero con interés directo en el resultado del proceso.
24.3 En segundo lugar, si la parte demandante tiene un derecho preferente derivado
de la cancelación de la marca nominativa COBRA, con certificado de registro núm.
271.776; desde qué momento se genera ese derecho preferente, si se invocó el
derecho en la forma prevista en el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000 y, en ese
sentido, si la parte demandada desconoció el derecho preferente referido al negar
el registro como marca del signo solicitado.
23 Cfr. Folios 17 a 30
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Núm. único de radicación: 11001032400020150011300
24.4 Y, en tercer lugar, si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo
solicitado y la marca mixta COBRA, con registro marcario núm. 101591-01 otorgado
por la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial de Panamá, que
identifica productos de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo
titular es Mercantil Zona Libre S.A., tercero con interés directo en el resultado del
proceso; y si la parte demandada aplicó adecuadamente el artículo 7 de la
Convención de Washington de 1929.
25. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó
el literal a) del artículo 136 y el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000.
26. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la
nulidad de los actos acusados expedidos por la parte demandada, y al
restablecimiento del derecho solicitado.
Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial
27. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se
ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización
internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de
Cartagena24, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional
24 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas
exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del
Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que
está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.
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Núm. único de radicación: 11001032400020150011300
Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido
en la Decisión 486 de 200025 de la Comisión de la Comunidad Andina26.
Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina27
28. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un
mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina28 y los jueces de los Estados Miembros de la CAN.
29. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del
Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir
interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico
de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de
los Estados Miembros.
25 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de
decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de
Cartagena:
i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su
artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros
y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de
Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio”
que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En
cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la
Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”;
ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del
Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la
que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;
iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el
mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir
el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre
de 1992;
iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993,
denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de
1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas,
ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que
anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente;
y
v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad
Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,
sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a
sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el
procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y
transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.
26 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa
su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento
jurídico comunitario andino.
27 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por
el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17
de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron
declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con
ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado
que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está
en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro
Estado.
28 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001,
aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema
de la interpretación prejudicial.
14
Núm. único de radicación: 11001032400020150011300
30. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la
Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que
“[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar
su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”.
31. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que
conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las
normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán
solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas,
siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare
la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del
Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”.
32. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición
establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere
susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y
solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal
[…]”.
33. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el
contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso,
no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los
efectos de la interpretación solicitada […]”.
34. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso
deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.
Interpretación Prejudicial 533-IP-2018 de 1 de febrero de 2019
35. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación
Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este
caso29:
“[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de
confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética,
29 Cfr. Folios 169 a 178
15
Núm. único de radicación: 11001032400020150011300
conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo
de signos distintivos.
1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado COBRA
(de (denominativo) y la marca registrada COBRA (mixta) son confundibles o no,
es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de
irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: […]
[…]
1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al
analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto
desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta
manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de
asociación.
1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente
en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis
debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los
productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá
verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con
los criterios y reglas antes expuestas.
2. Comparación entre signos mixtos y denominativos.
2.1. En vista que la controversia radica en la supuesta confusión entre el signo
solicitado COBRA (denominativo) y la marca registrada COBRA (mixta), es
necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están
conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por
una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.
[…]
2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento
característico de los signos mixtos; y, posteriormente proceder al cotejo de los
signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos
precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que
pudiera existir entre el signo COBRA (denominativo) y la marca registrada
COBRA (mixta).
3. Derecho preferente originado en la cancelación por no uso de una marca
registrada
3.1. En el proceso interno el demandante manifestó que se deberá tener en
consideración que le asiste el derecho preferente. Por lo tanto, resulta pertinente
abordar el tema planteado.
[…]
3.2. El derecho preferente derivado de la acción de cancelación por no uso de
una marca se encuentra consagrado en el Artículo 168 de la Decisión 486.
[…]
3.4. El efecto principal de la cancelación del registro de una marca es extinguir
para su titular el derecho sobre la misma, de manera que esta quede disponible
para que terceros interesados en ella puedan obtenerla.
16
Núm. único de radicación: 11001032400020150011300
3.5. De acuerdo con la Decisión 486, el derecho preferente puede ser invocado
a partir de la presentación de la solicitud de cancelación y dentro de los tres
meses siguientes a la fecha en la que la resolución de cancelación quede firme
en la vía administrativa.
3.6. A la luz de la disposición comentada, el derecho preferente a solicitar el
registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que
ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo
ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en
res nullius, quedando entonces disponible para quien primero solicite su registro.
3.7. Por otra parte, es importante destacar que el signo objeto del derecho
preferente tiene que ser idéntico o, en todo caso, contener modificaciones de
carácter secundario o accesorio a la marca que se canceló. Es decir, los
elementos denominativos y los gráficos deben coincidir en su esencia, toda vez
que la cancelación recayó sobre un signo específico e individualizado y es sobre
ese signo que el derecho preferente debe ser ejercido. Asimismo, debe distinguir
los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada.
3.8. La preferencia que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada sobre
la base del derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro,
genera que dicha solicitud sea estudiada antes que las solicitudes de terceros
que fueron presentadas con posterioridad a la presentación de la acción de
cancelación.
3.9. Cabe destacar que este derecho preferente, para quien ejerció la acción de
cancelación, no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo,
sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la
solicitud de registro –se entiende durante el plazo para el ejercicio del derecho
preferentes–, esta deberá ser examinada por la oficina nacional competente. Es
decir, se debe realizar el correspondiente examen de registrabilidad, verificando
que el signo no se encuentre incurso en ninguna de las causales de
irregistrabilidad establecidas en la legislación vigente al momento de
presentarse la solicitud de registro. […]”.
Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal
de irregistrabilidad
36. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán
registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte
indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se
asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un
tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de
asociación.
Marco normativo sobre el derecho preferente
37. Visto el artículo 168 ibidem, la persona que obtenga una resolución favorable
en una acción de cancelación marcaria, tendrá derecho preferente al registro. Dicho
derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación,
17
Núm. único de radicación: 11001032400020150011300
y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de
cancelación quede firme en la vía administrativa.
Marco normativo sobre la primacía del derecho andino
38. Vistos los artículos 1° y 4 del Tratado modificatorio del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, que establece que el ordenamiento jurídico comprende: i) el
Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; ii) el Tratado y
sus Protocolos Modificatorios; iii) las Decisiones del Consejo Andino de Ministros
de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina; iv) las
resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina; y v) los Convenios
de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros entre sí y
en el marco del proceso de la integración subregional andina. De igual forma, señala
que los países miembros no podrán adoptar ni emplear medida alguna que sea
contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación.
39. Atendiendo a los criterios jurisprudenciales señalados por el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, que ha considerado30 que: “[…] El derecho de la
integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o
prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países Miembros […]
En los asuntos cuya regulación corresponde al derecho comunitario, según las
normas fundamentales o básicas del ordenamiento integracionista, se produce
automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador
nacional al comunitario. La Comunidad organizada invade u ocupa, por así decirlo,
el terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este modo
al derecho interno. […]”, posición que ha sido reiterada en múltiples interpretaciones
prejudiciales31.
Marco normativo y jurisprudencial de la aplicación del artículo 7 de la
Convención de Washington de 1929
40. Visto el artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección
Marcaria y Comercial, los propietarios de marcas registradas en cualquier de los
estados contratantes, conforme a su legislación interna, podrán oponerse al uso
registro o depósito de signos que se usen o pretendan registrar, usando los medios,
procedimientos y recursos establecidas en el país que se use o se pretende registrar
la marca similarmente confundible, para lo cual deberá probar que quien solicita el
30 Interpretación Prejudicial Proceso 2-IP-90.
31 Interpretaciones Prejudiciales 300-IP-2017 de 16 de julio de 2017; 268-IP-2019 de 21 de junio de 2021.
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Núm. único de radicación: 11001032400020150011300
registro como marca o hace el uso del signo tenía conocimiento de la existencia y
uso, en cualquiera de los Estados Contratantes, y que esta continúa usándose y
aplicándose a productos o mercancías de la misma Clase.
41. Esta Sala, respecto de la aplicabilidad de la Convención de Washington de
1929, en el derecho colombiano, ha considerado que:
“[…] si el titular de una marca protegida en alguno de los Estados Contratantes
conforme a la legislación interna de ese país quiere hacer valer su derecho en otro
Estado Contratante de la Convención de Washington, debe registrar la marca ante
la autoridad nacional competente o ejercer el derecho de oposición.
58.Así las cosas, la Convención de Washington no le concede a la parte actora un
derecho automático de uso exclusivo de la marca en Colombia, en tanto para ostentar
tal prerrogativa debe ejercer oposición o tener el registro ante la SIC, según lo
disponen las normas internas. […]”.32(Destacado del original)
Acervo probatorio
42. La Sala encuentra las siguientes pruebas relevantes para resolver el caso sub
examine:
• Copia simple de certificación emitida por el señor Rodolfo Palacios, en
calidad de auditor de Mercantil Zona Libre S.A., en donde se certifica la
comercialización de productos identificados por la marca COBRA en la
República de Colombia y la República de Panamá, desde el año 2000 hasta
agosto del año 2012.33
• Copias simples de tres (3) declaraciones de importación expedidas por la
DIAN donde aparece como proveedor o exportador en el exterior l Zona Libre
S.A.C, indicando la importación de productos identificados con la marca
COBRA:
o Formulario núm. 872011000038719-134 correspondiente al año 2011
o Formulario núm. 872011000256029-135 correspondiente al año 2011
o Formulario núm. 872012000029535-436 correspondiente al año 2012
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente: Roberto
Augusto Serrato Valdés; Número Único de Radicación 11001-03-24-000-2011-00418-00, de 18 de noviembre
de dos mil veintidós (2022).
33 Cfr. Folios 38 y 39, anexo 1
34 Cfr. Folio 43, anexo 1
35 Cfr. Folio 44, anexo 1
36 Cfr. Folio 45, anexo 1.
19
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Análisis del caso concreto
43. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine.
44. En este sentido, el signo y las marcas objeto de estudio son como se muestran
a continuación:
SIGNO NOMINATIVO SOLICITADO
COBRA 37
Solicitante: Edgar Perea Torres
Clase 17: “Cinta de empaque (productos de ferretería);
cintas aislantes; cintas adhesivas que no sean para la
medicina, la papelería o la casa”.
MARCAS OPOSITORAS
MARCA MIXTA COBRA MARCA MIXTA COBRA
38 39
Titular: Caropa Importaciones Limitada Titular: Mercantil Zona Libre S.A.
Certificado: 402.294 Certificado: 101591 – 01
Registro marcario expedido en la República de Registro marcario expedido por la Dirección General
Colombia del Registro de la Propiedad Industrial de Panamá.
37 Signo nominativo solicitado por la parte demandante cuyo registro fue negado por los actos acusados.
38 Cfr. Folio 14
39 Cfr. Folio 8
20
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Clase 16: “Papel, cartón y artículos de estas Clase 17: “Cintas adhesivas para uso eléctrico
materias, no comprendidos en otras clases; (gutapercha”
productos de imprenta; artículos de
encuadernación; fotografías; papelería;
adhesivos (pegamentos) para la papelería o la
casa; material para artistas; pinceles;
máquinas de escribir y artículos de oficina
(excepto muebles); material de instrucción o
de enseñanza (excepto aparatos); materias
plásticas para embalaje (no comprendidas en
otras clases); caracteres de imprenta; clichés”
45. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con
fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos
distintivos, específicamente entre signos nominativos y mixtos y el derecho
preferente.
46. Ahora bien, esta Sección ha considerado que:
“[…] el Tribunal determinó que el juez consultante al momento de resolver debe atender sus
criterios, dándole prevalencia al Derecho Comunitario Andino sobre las demás normas
internacionales.
En este orden de ideas, el estudio de la demanda de la referencia se hará teniendo en cuenta
la normatividad de la Comunidad Andina, para luego abordar, si es del caso, los cargos
relacionados con la Convención de Washington, como se indicó en párrafos anteriores.
Al respecto, la Sala advierte que en el presente caso la actora no alegó vulneración alguna de
normas comunitarias y que la SIC únicamente tuvo en cuenta, al momento de expedir los actos
administrativos acusados, la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 7º de la
Convención de Washington, puesto que la marca opositora “FNK” se encontraba previamente
registrada en Panamá. […]”40.
47. Adicionalmente, la Sala, en la sentencia indicada supra41, consideró que:
“[…] hará el análisis de los cargos frente a la normatividad de la Comunidad Andina,
para luego abordar, si es del caso, los cargos relacionados con la Convención de
Washington, en atención a la aplicación del derecho comunitario andino, tal y como
se explicó en numerales precedentes.
51. Cabe resaltar que tal y como se precisó en numerales anteriores, el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina ha sido reiterativo en señalar que, en caso de presentarse
contradicciones entre la aplicación del derecho comunitario andino y las normas
internacionales, prevalecerá el primero. En este sentido, la Sala analizará en primer lugar la
aplicación de aquellas y, subsidiariamente, si es del caso las de carácter extracomunitario.
52. Aunado a lo anterior, y de conformidad con el principio de territorialidad, los derechos de
propiedad industrial que otorgan los Estados miembros se limitan al país en que se concedió
el respectivo registro. Así pues, teniendo en cuenta que el litigio versa sobre un registro
hecho en uno de los Estados de la Comunidad Andina, para el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina la normatividad que debe aplicarse es la de la mencionada comunidad.
Lo anterior, para nada riñe con la posibilidad de dar aplicación a la Convención de
Washington.
40 Consejo De Estado; Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 27 de Julio De
2023; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; 11001-03-24-000-2014-00086-00.
41 Ibidem
21
Núm. único de radicación: 11001032400020150011300
53. Sobre el particular, cabe destacar que la jurisprudencia de la Sala ha sido clara en
establecer que la misma Convención de Washington contempla los parámetros o criterios
para su aplicación y para hacer valer los derechos que de ella se derivan […]”.
48. Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera que, primero, debe referirse a
los cargos de violación del literal a) del artículo 136 y el artículo 168 de la Decisión
486 de 2000 y, segundo, debe pronunciarse respecto del cargo de violación del
artículo 7 de la Convención de Washington de 1929.
Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000
Sobre el cotejo entre la marca mixta COBRA cuyo titular es Caropa
Importaciones Limitada y el signo nominativo solicitado COBRA
49. Al respecto, la Sala advierte que, durante el trámite del procedimiento
administrativo, Caropa Importaciones Limitada presentó oposición con fundamento
en su marca mixta Cobra, que identifica productos de la Clase 16 de la Clasificación
Internacional de Niza, registrada en la República de Colombia . Dicha oposición fue
declarada infundada por la parte demandada por medio de la Resolución núm.
60542 de 3 de octubre de 2014, que resolvió el recurso de apelación interpuesto
contra la Resolución núm. 73178 de 28 de noviembre de 2012. Por lo expuesto
anteriormente, la Sala no realizará el análisis de confundibilidad entre el signo
solicitado y la marca indicada supra.
Del cargo de violación del artículo 168 de la Decisión 486 de 2000
50. Visto el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000, de conformidad con el cual la
persona que obtenga una resolución favorable en una acción de cancelación
marcaria tendrá un derecho preferente al registro como marca de un signo.
51. El derecho preferente puede ser invocado a partir de la presentación de la
solicitud de cancelación y dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que
la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.
52. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación
prejudicial proferida para este caso, en cuanto al alcance y la correcta aplicación del
derecho preferente, consideró que:
“[…] 3.8. La preferencia que se debe otorgar a la solicitud de registro
efectuada sobre la base del derecho preferente, proveniente de la
22
Núm. único de radicación: 11001032400020150011300
cancelación de un registro, genera que dicha solicitud sea estudiada antes
que las solicitudes de terceros que fueron presentadas con posterioridad
a la presentación de la acción de cancelación.
3.9. Cabe destacar que este derecho preferente, para quien ejerció la
acción de cancelación, no otorga al accionante el derecho al registro
automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo,
pues una vez presentada la solicitud de registro – se entiende durante el
plazo para el ejercicio del derecho preferente–, esta deberá ser examinada por
la oficina nacional competente. Es decir, se debe realizar el
correspondiente examen de registrabilidad, verificando que el signo no se
encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad
establecidas en la legislación vigente al momento de presentarse la solicitud de
registro […]”42. (Destacado fuera del texto)
53. De conformidad con lo anterior, el derecho preferente no implica un derecho
automático para quien ejerció la acción de cancelación de registrar la marca, sino
una prelación frente a terceros para efectuar dicho registro. En esta medida, quien
solicita el registro de una marca y que lo hace ejerciendo este derecho preferente,
de todas formas, debe esperar a que la autoridad competente efectúe el respectivo
examen de registrabilidad para verificar que el signo no se encuentre incurso en
ninguna causal de irregistrabilidad.
54. En este sentido, la Sala considera que, en el caso sub examine, no le asiste
razón a la parte demandante cuando afirmó, en el escrito de demanda, que, con la
expedición de los actos acusados, la parte demandada había vulnerado el artículo
168 de la Decisión 486 de 2000 al no efectuar el registro como marca del signo
nominativo COBRA una vez se efectuó la cancelación por no uso de una marca
nominativa COBRA.
55. Lo anterior comoquiera que, como se indicó supra, el derecho preferente no es
un derecho automático al registro de una marca, sino un derecho de prelación frente
a solicitudes efectuadas por terceros después de presentada la acción de
cancelación por no uso.
56. En suma, la Sala considera que la parte demandada, al expedir los actos
acusados, no vulneró el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que
efectuó el análisis de registrabilidad para el registro como marca del signo
nominativo COBRA solicitado por la parte demandante, teniendo en cuenta la acción
de cancelación presentada por la misma, su resultado favorable y el derecho
preferente derivado de esta.
42 Cfr. Folios 176 y 177. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 533-
IP-2018 de 1 de febrero de 2019, págs. 9 y 10
23
Núm. único de radicación: 11001032400020150011300
Del cargo de violación del artículo 7 de la Convención de Washington de 1929
57. Visto el marco normativo desarrollado supra, en relación con la aplicabilidad de
lo previsto en el artículo 7 de la Convención de Washington de 1929, esta Sala ha
considerado que será aplicable cuando se cumplan los requisitos previstos en la
convención. Al respecto esta Sala43 ha considerado que:
“[…]Por su parte, y en plena consonancia con el referido artículo 3º, el artículo 7º ibídem
establece los lineamientos y asuntos que deberán acreditarse para que el titular de una
marca protegida en uno de los estados contratantes pueda reclamar para sí el derecho de
usar una marca preferente y exclusivamente o la prioridad para registrar o depositar su
marca en dicho país. En tal normativa se condiciona el uso preferente y exclusivo de la marca
en otro país miembro, “[…] siempre que llene las formalidades establecidas en la
legislación interna y en esta convención […]” .
En esa medida, si el titular de una marca protegida en alguno de los estados
contratantes conforme a la legislación interna de ese país quiere hacer valer su
derecho en otro Estado contratante de la Convención de Washington, debe registrar la
marca ante la autoridad nacional competente o ejercer el derecho de oposición, además
de cumplir los siguientes requisitos, emanados del citado artículo 7º:
i) Que el opositor tenga la marca registrada en uno de los estados contratantes;
ii) Que el signo cuyo registro como marca se solicita sea similarmente confundible con la
marca del opositor;
iii) Que se pruebe que el solicitante del registro como marca del signo conocía la
existencia y el uso de la marca del opositor; y
iv) Que se use para los mismos productos. […]” (Destacado fuera del texto).
58. Por lo expuesto anteriormente, y, comoquiera que la parte demandada, en los
actos acusados, argumentó que se violó el artículo 7 de la Convención de
Washington de 1929, esta Sala considera procedente su estudio.
59. Ahora bien, de conformidad con el marco normativo y jurisprudencial expuesto
supra, la Sala considera que, para dar aplicación al artículo 7 de la convención de
Washington de 1929, es necesario cumplir con los siguientes requisitos previstos
en dicha disposición: i) que el opositor tenga la marca registrada en uno de los
estados contratantes; ii) que el signo cuyo registro como marca se solicita sea
similarmente confundible con la marca del opositor; iii) que se pruebe que el
solicitante del registro como marca del signo conocía la existencia y el uso de la
marca del opositor; y iv), que se use para los mismo productos.
60. La Sala considera que, de conformidad con lo previsto en la Convención de
Washington de 1929 y, en virtud de la prevalencia del Derecho Andino, el trámite y
43 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 13 de julio de
2023; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00649-00.
24
Núm. único de radicación: 11001032400020150011300
estudió de la oposición deberá ajustarse a los criterios interpretativos considerados
por esta Sala. En consecuencia, para determinar si las marcas cotejadas son
similarmente confundibles, o establecer si existía conocimiento de su existencia y
uso por parte de la parte demandante, deberá realizarse su estudio de conformidad
con los criterios fijados en la jurisprudencia de esta Sala.
61. Por lo expuesto anteriormente, esta Sala debe verificar el cumplimiento de los
requisitos previstos en el artículo 7 de la Convención de Washington de 1929 para
la aplicación de la oposición.
Primer presupuesto: la titularidad del opositor de una marca protegida en
uno de los estados contratantes
62. En primer lugar, de la lectura de los antecedentes administrativos, la Sala
advierte que Mercado Zona Libre S.A., tercero con interés directo en el resultado
del proceso, es titular de la marca mixta COBRA para identificar “cintas adhesivas
para uso eléctrico (gutapercha), productos de la Clase 17 de la Clasificación
Internacional de Niza, desde el 13 de julio de 1999. Lo anterior, como consta en el
certificado de registro núm. 101591 - 01 expedido por la Dirección General del
Registro de la Propiedad Industrial de Panamá44.
63. Así, se acredita el cumplimiento del primero de los requisitos antes
mencionados, cual es, que exista una marca legalmente protegida en uno de los
Estados Parte, considerando que la República de Panamá ratificó la Convención el
4 de agosto de 193545.
Segundo supuesto: Confundibilidad de la marca del opositor con el signo
solicitado para registro como marca
64. Esta Sala, en sentencia de 1 de julio de 202246, respecto de los criterios para
la comparación entre signos distintivos mixtos y nominativos ha considerado,
consideró que:
“[…]. Una vez verificado que las marcas en controversia son mixtas y
nominativas, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar,
de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de
44 Cfr. Folios 40 a 42 del Anexo núm. 1
45 Consultado en http://www.oas.org/juridico/english/sigs/b-7.html el 11 de diciembre de 2023.
46 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera; sentencia de 1° de julio de 2022
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00208-00.
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Núm. único de radicación: 11001032400020150011300
ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación
frente a los consumidores.
48. En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el
elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y
recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación
de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia
comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación.
[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento
denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante,
teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por
definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le
reconozca prioridad al elemento gráfico […]
50. Sobre este asunto, esta misma Sala, en decisión de fecha 21 de abril de
2016, indicó lo siguiente:
«[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se
determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento
predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo
gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]». […]”
65. Por lo expuesto anteriormente, la Sala advierte que, la marca de titularidad del
tercero con interés directo en el resultado del proceso es mixta y que el signo
solicitado para registro como marca por la parte demandante es nominativo. En ese
sentido, es necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el
que genera mayor impacto en el conjunto de estos.
66. Al respecto, la Sala considera que, en el caso sub examine, de conformidad
con los criterios jurisprudenciales citados supra, que, en los conjuntos marcarios de
los signos distintivos cotejados, el elemento nominativo es el que prevalece,
comoquiera que tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del
consumidor.
67. La Sala, habiendo determinado que el elemento predominante es el
nominativo, con el fin de realizar el cotejo entre el signo solicitado y la marca que
sustentó a la oposición y que fue registrada en la República de Panamá, aplicará
los criterios jurisprudenciales considerados por esta Sala en sentencia de 25 de
agosto de 2023, a saber47:
“[…] La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las
marcas mixtas, no así las gráficas que la acompañan, pues son las palabras las
que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la
mente del consumidor la información que las distingue.
47 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia 25 de agosto 2023;
C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; Número Único De Radicación: 11001-03-24-000-2016-00115-00
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Núm. único de radicación: 11001032400020150011300
Ahora, es menester precisar que […] si el elemento determinante es el
denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes
reglas para la comparación entre marcas denominativas:
“[…] (a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer
su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las
sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto,
debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
(b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.
Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son
la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una
lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se
encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-
e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y
que unido a un lexema modifica su definición.
Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en
cuenta lo siguiente:
Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del
consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos
en conflicto.
Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de
confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy
importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado
con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en
conflicto.
(c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si
ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza
entre los signos podría ser evidente.
(d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en
el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la
denominación.
(e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en
la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el
mercado. […]”.
68. Adicionalmente, la Sala48 ha considerado, respecto de la similitud entre los
signos distintivos cotejados, que esta puede presentarse desde el ámbito fonético,
ortográfico y conceptual, a saber:
“[…] 43. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la
jurisprudencia comunitaria ha establecido reglas de comparación aplicables a
todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación:
48 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera; sentencia de 1° de julio de 2022
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00208-00.
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Núm. único de radicación: 11001032400020150011300
“[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos
que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno
debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad
fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.
2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto
es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar
un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos
al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las
diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o
de asociación.
4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el
lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o
servicio es percibido por el público consumidor en general, y
consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de
confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al
consumidor medio se le presume normalmente informado y
razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación
con la categoría de bienes o productos […]” (negrillas fuera de texto).
44. De lo anterior se tiene que, para efectos de determinar la identidad o el grado
de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, deben tenerse en
cuenta aspectos de orden visual, fonético y conceptual. […]”:
69. Sobre el particular, la Sala encuentra que en el caso sub examine, la parte
demandante pretende el registro como marca del signo nominativo COBRA, el cual
reproduce en su totalidad el elemento nominativo de la marca mixta COBRA del
tercero con interés directo en el resultado del proceso.
70. Adicional a lo anterior, tanto signo nominativo como la marca mixta distinguen
productos de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente
cintas adhesivas, lo que podría provocar confusión en el mercado e inducir a error
al consumidor sobre el origen empresarial de los productos.
71. En este sentido, se cumple con el segundo requisito, en la medida en que hay
una pretensión de registrar un signo que es sustancialmente igual y que puede
generar riesgo de confusión en el mercado frente a la marca previamente existente
en uno de los Estados Parte de la Convención de Washington de 1929.
Tercer requisito: prueba de que el solicitante del registro conocía la existencia
y el uso de la marca del opositor
72. En el caso sub examine, comoquiera que el requisito previsto para la
aplicación de la oposición del artículo 7 de la Convención de Washington de 1929,
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se requiere acreditar el uso y el conocimiento que tenía el solicitante del registro de
la marca de la cual es titular el opositor, se analizaran en este aparte estos dos
aspectos.
73. En lo relacionado con el uso de la marca, en los documentos obrantes en los
antecedentes administrativos, la Sala encuentra que Mercantil Zona Libre S.A.,
titular de la marca mixta COBRA, ha usado dicha marca en el mercado49. Lo
anterior, se evidencia de documentos tales como:
• Copia simple de certificación emitida por el señor Rodolfo Palacios, en
calidad de auditor de Mercantil Zona Libre S.A., en donde se certifica la
comercialización de productos identificados por la marca COBRA en la
República de Colombia y la República de Panamá, desde el año 2000 hasta
agosto del año 2012.50
• Copias simples de tres (3) declaraciones de importación expedidas por la
DIAN donde aparece como proveedor o exportador en el exterior l Zona Libre
S.A.C, indicando la importación de productos identificados con la marca
COBRA:
o Formulario núm. 872011000038719-151 correspondiente al año 2011
o Formulario núm. 872011000256029-152 correspondiente al año 2011
o Formulario núm. 872012000029535-453 correspondiente al año 2012
74. De otro lado, frente al requisito que el solicitante del registro conocía la
existencia de la marca del opositor, de la lectura del expediente y de los
antecedentes administrativos, la Sala considera que no obran elementos
probatorios que demuestren que la parte demandante hubiera tenido conocimiento
de la existencia y uso de la marca mixta COBRA como marca protegida en uno de
los Estados Parte de la Convención de Washington de 1929.
75. Así, si bien las pruebas obrantes en los antecedentes administrativos logran
demostrar que el tercero con interés directo en el resultado del proceso hacía uso
de la marca mixta COBRA y que sus productos estaban presentes en el mercado,
49 A la fecha de expedición de los actos acusados.
50 Cfr. Folios 38 y 39, anexo 1
51 Cfr. Folio 43, anexo 1
52 Cfr. Folio 44, anexo 1
53 Cfr. Folio 45, anexo 1.
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Núm. único de radicación: 11001032400020150011300
de los mismos no se puede inferir que el demandante tuviera conocimiento de la
existencia de esta marca, y que la misma estaba registrada previamente en un
Estado Parte de la Convención de Washington de 1929.
76. Sumado a lo anterior, la Sala considera pertinente señalar que no es acertado
afirmar, como lo hizo la parte demandada y el tercero con interés directo en el
resultado del proceso, que el hecho de que la parte demandante solicitara el registro
del signo COBRA para identificar productos de la Clase 17 de la Clasificación
Internacional de Niza, es un indicio en sí mismo de su conocimiento de la marca
previamente registrada en la República de Panamá.
77. Esto, teniendo en cuenta que dicha solicitud fue producto, en primer lugar, de la
solicitud anterior de cancelar por no uso el registro de la marca nominativa COBRA54
presentada por la parte demandante y del ejercicio del derecho preferente derivado
del resultado favorable de dicha acción de cancelación por no uso.
78. Lo anterior, tal como se evidencia de la Resolución núm. 37395 de 21 de junio
de 2013, “Por la cual se decide la cancelación por no uso del registro de una marca”,
expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia
de Industria y Comercio55.
79. En este entendido, la Sala considera que el conocimiento que tenía la parte
demandante era frente a la marca nominativa COBRA registrada en Colombia y no
respecto de la marca mixta COBRA registrada en la República de Panamá, ya que
fue frente a la primera que inició la acción de cancelación por no uso y,
posteriormente solicitó su registro ejerciendo el derecho preferente previsto en el
artículo 168 de la Decisión 486 de 2000.
80. Tanto así que, cuando hizo la solicitud de registro56, el signo que pretendió
registrar era igual al de la marca que fue objeto de la acción de cancelación y no
una variación adecuada a partir de la marca registrada en la República de Panamá,
que era mixta.
81. Por lo tanto, dicha circunstancia no es prueba del conocimiento de la parte
demandante del registro de la marca mixta COBRA en la República de Panamá y,
54 La parte demandante presentó solicitud de cancelación por falta de la marca COBRA con certificado de
registro núm. 271.776, cuyo titular era Imporexmundo Ltda. Cfr. Folio 298
55 Cfr. Folios 298 a 301
56 Cfr. Folios 1 a 3, anexo 1
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en este entendido, no se cumple este requisito previsto para la aplicación del artículo
7 de la Convención de Washington de 1929.
82. Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que, comoquiera que no se
cumple el tercer supuesto previsto en el artículo 7 de la Convención de Washington
de 1929, es decir, el requisito de probar que el solicitante del registro conocía las
marcas de quien actúa como opositor, resulta innecesario entrar a analizar el cuarto
supuesto, esto es, el uso de los signos distintivos sea para los mismos productos.
83. Así las cosas, la Sala concluye que la parte demandada, al negar el registro
como marca del signo nominativo COBRA para identificar productos de la Clase 17
de la Clasificación Internacional de Niza con fundamento en la marca mixta COBRA
registrada en la República de Panamá, vulneró, por indebida aplicación, el artículo
7 de la Convención de Washington de 1929, razón por la cual, prospera el cargo
formulado.
Conclusión de la Sala
84. La Sala considera que, con la expedición de los actos acusados, la parte
demandada no vulneró el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000. Ello, comoquiera
que efectuó el análisis de registrabilidad de la solicitud efectuada por la parte
demandante de manera preferente, teniendo en cuenta el resultado de la acción de
cancelación interpuesta por esta.
85. Asimismo, la Sala considera que no se cumplieron los requisitos previstos para
la aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington de 1929 y, por lo tanto,
que el titular de la marca mixta COBRA con registro marcario núm. 101591-01
otorgado por la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial de
Panamá, que identifica productos de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de
Niza, cuyo titular es Mercantil Zona Libre S.A., no podía oponerse al registro como
marca del signo nominativo COBRA solicitado por la parte demandante.
86. En suma, la parte demandada vulneró el artículo indicado supra por indebida
aplicación. Ello, comoquiera que no era procedente efectuar el análisis de
registrabilidad frente a la marca mixta COBRA registrada en la República de
Panamá y, en ese sentido, esta no podía ser usada como fundamento para la
negación del registro como marca del signo nominativo COBRA.
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Núm. único de radicación: 11001032400020150011300
87. En consecuencia, no se cumplen los supuestos fácticos previstos para la
aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington de 1929, motivo por el
cual, prospera el cargo de la demanda y se declarará la nulidad de los actos
acusados y, a título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la parte
demandada conceder el registro como marcar del signo nominativo COBRA para
identificar productos de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza.
Condena en costas
88. Visto el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, sobre
condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que
en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se
configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en
costas a la parte demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones núms. 73178 de 28 de
noviembre de 2012 y 60542 de 3 de octubre de 2014, expedidas por la
Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se negó el registro
como marca del signo nominativo COBRA para distinguir productos de la Clase 17
de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: ORDENAR, a título de restablecimiento del derecho, a la
Superintendencia de Industria y Comercio que conceda el registro como marca del
signo nominativo COBRA para identificar productos de la Clase 17 de la
Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta sentencia.
TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que publique
la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.
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CUARTO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión
500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
SEXTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado,
que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones
a que haya lugar.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
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