Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2011-00434-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2011-00434-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2011-00434-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
7 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010324000 2011 00434 00
Referencia: Acción de nulidad
Actores: Elsa María Nieto de Velasco y otros
TESIS: DECLARA PROBADA LA EXCEPCIÓN DE INEPTITUD DE LA
DEMANDA POR INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES,
FORMULADA POR LA PARTE DEMANDADA, RESPECTO DEL DECRETO
1378 DE 22 DE ABRIL DE 2009, POR SER UN ACTO SUSCEPTIBLE DE
CONTROL A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL.
SE DECLARA PROBADA DE OFICIO LA EXCEPCIÓN DE COSA
JUZGADA FRENTE AL ARTÍCULO 1º DEL DECRETO 1500 DE 2009 Y
EN FORMA PARCIAL EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 8º IBIDEM.
SE DENIEGAN LAS DEMÁS PRETENSIONES DE LA DEMANDA QUE
GUARDAN RELACIÓN CON EL RESTO DEL ARTICULADO.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide la demanda de nulidad presentada por los señores
ELSA MARÍA NIETO DE VELASCO, LUZ MARINA VILLALOBOS,
YAMILE ARCINIEGAS DE QUIÑONES y FERNANDO RODRÍGUEZ
REYES contra la NACIÓN- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y LOS MINISTERIOS
DEL INTERIOR, DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, DE
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TRANSPORTE y DE EDUCACIÓN NACIONAL.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La parte actora, actuando por intermedio de apoderado, en
ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del Código
de lo Contencioso Administrativo -CCA, presentó demanda ante esta
Corporación, con la finalidad de desvirtuar la presunción de legalidad
de los siguientes actos administrativos:
Decreto núm. 1378 de 22 de abril de 2009, expedido por el
Presidente de la República, “Por el cual se delegan unas
funciones constitucionales”.
Decreto núm. 1500 de 29 de abril de 2009, expedido por los
Ministros del Interior y de Justicia (como delegatario de
funciones presidenciales), de Trabajo y de Educación Nacional,
“Por el cual se establecen los requisitos para la
constitución, funcionamiento y habilitación de los
Centros de Enseñanza Automovilística, se determina su
clasificación y se dictan otras disposiciones”.
Y como pretensiones subsidiarias fueron elevadas las siguientes:
[…] En el evento en que no se declare la nulidad de todo el
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Decreto 1500 de 2009, subsidiariamente que se declare la
nulidad de los artículos 1, 3, 4, 5, 8, 12, 26 el parágrafo del
artículo 6 y los numerales 3, 6 y 9 del artículo 24 del mismo
decreto […]”.
I.2.- Como hechos relevantes, la parte actora señaló los siguientes:
Expuso que, mediante el Decreto núm. 1378 de 2009, el entonces
Presidente de la República delegó en el Ministro del Interior y de
Justicia de la época sus funciones constitucionales y legales, con
fundamento en el artículo 1961 de la Constitución Política, mientras
atendía algunos asuntos fuera del país.
Adujo que quien en su momento ejercía como Ministro del Interior y
de Justicia estaba vinculado al Partido Conservador Colombiano,
mientras que el Presidente de la República había inscrito su
candidatura con el aval del grupo significativo de ciudadanos
denominado “Primero Colombia”.
Explicó que con fundamento en las funciones presidenciales, el
Ministro del Interior y de Justicia expidió el Decreto núm. 1500 de
2009, a través del cual se establecieron los requisitos para la
1
“[…] ARTICULO 196.
[…]
Cuando el Presidente de la República se traslade a territorio extranjero en ejercicio de su cargo, el
Ministro a quien corresponda, según el orden de precedencia legal, ejercerá bajo su propia
responsabilidad las funciones constitucionales que el Presidente le delegue, tanto aquellas que le son
propias como las que ejerce en su calidad de Jefe del Gobierno. El Ministro Delegatario pertenecerá al
mismo partido o movimiento político del Presidente […]”.
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constitución, funcionamiento y habilitación de los centros de
enseñanza automovilística.
I.3.- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Como disposiciones transgredidas la parte actora invocó los artículos
1°, 86 y 196 de la Constitución Política; 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley
769 de 6 de julio de 20022; 42, 151 y 152 de la Ley 115 de 8 de
febrero de 19943; 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° y 16 del Decreto 2888 de 31
de junio 20074; y 41, 46 y 47 del Decreto Ley 2150 de 5 de diciembre
19955.
Como cargos de nulidad, la parte actora propuso los que denominó y
desarrolló así:
I.3.1.- “[…] La Constitución ordena que el Ministro
Delegatario que asume funciones presidenciales debe ser de
la misma filiación política del Presidente de la República […]”
Explicó que, conforme con el artículo 196 de la Constitución Política,
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“Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”.
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“Por la cual se expide la ley general de educación”.
4
“Por el cual se reglamenta la creación, organización y funcionamiento de las instituciones que ofrezcan
el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano, antes denominado educación no formal,
se establecen los requisitos básicos para el funcionamiento de los programas y se dictan otras
disposiciones”.
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“Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes
en la Administración Pública”.
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el ministro delegatario de las funciones presidenciales debe
pertenecer al mismo partido o movimiento político del presidente.
Argumentó que dicha exigencia obedece al respeto que es debido a
quienes eligieron al delegante como Presidente de la República, por
lo que resultaría absurdo que quien no era de su misma filiación
política pudiera reemplazarlo.
Expuso que en la medida en que la delegación contenida en el
Decreto núm. 1378 de 2009 no cumple con los presupuestos de la
norma aludida debe ser anulado, así como el Decreto núm. 1500 de
ese año, en razón a que este último fue expedido como consecuencia
del primero.
I.3.2.- “Extralimitación de la facultad reglamentaria”
En relación con las pretensiones subsidiarias, sostuvo que si bien a
través del Decreto núm. 1500 de 2009 fueron desarrollados algunos
de los lineamientos previstos en las leyes 115 de 1994, 769 de 2002
y 1064 de 2006, los artículos relativos a la regulación de la
“habilitación” y licencias de funcionamiento de los centros de
enseñanza automovilística son nulos por extralimitación de la
facultad reglamentaria.
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Adujo que, en primer lugar, el artículo 15 de la Ley 769 de 2002
prevé que el Ministerio de Transporte debe fijar los requisitos de
“constitución” y “funcionamiento” de los centros de enseñanza
automovilística.
Explicó que, no obstante, a través del Decreto núm. 1500 de 2009
fueron regulados, además, los requisitos para la “habilitación” de los
centros de enseñanza automovilística, aspecto sobre el cual, a su
juicio, el Gobierno Nacional no tenía competencia.
Aseguró que, en consecuencia, los artículos 1°, 6° (parágrafo), 8°,
12, 24 (numerales 3, 6 y 9) y 26 del Decreto núm. 1500 de 2009 son
nulos en la medida en que a través de éstos se regula lo relacionado
con los requisitos para la habilitación de los centros de enseñanza
automovilística, sin que el legislador haya facultado al Gobierno
Nacional para tal efecto.
Comentó que, en segundo lugar, el Gobierno Nacional también
extralimitó su facultad reglamentaria, en relación con los requisitos
para la obtención de la licencia de funcionamiento de los centros de
enseñanza automovilística.
Alegó que, conforme con el artículo 84 de la Constitución Política, la
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administración no puede reglamentar ni exigir requisitos adicionales
a los establecidos en la normatividad general, para el ejercicio de un
derecho o una actividad.
Sostuvo que en razón a que mediante los artículos 41, 46 y 47 del
Decreto Ley 2150 de 1995 está regulado lo relacionado con las
licencias de funcionamiento de toda clase de establecimientos,
cualquier disposición adicional que verse sobre el mismo asunto está
viciada de nulidad.
Adujo que, en ese orden de ideas, los artículos 3°, 4° y 5° del Decreto
núm. 1500 de 2009 desconocen el artículo 84 de la Constitución
Política, porque a través de éstos se reglamenta lo concerniente a las
licencias de funcionamiento de los establecimientos de enseñanza
automovilística, asunto ya regulado en los artículos 41, 46 y 47 del
Decreto Ley 2150 de 1995.
Agregó que, además, ninguna de las normas en que está
fundamentado el Decreto núm. 1500 2009 regula de forma general
el tema de las licencias de funcionamiento, por lo que el Gobierno no
estaba facultado para reglamentar el asunto.
Manifestó que, en tercer lugar, en el artículo 8° del Decreto núm.
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1500 de 2009, relativo a los requisitos de habilitación, el Gobierno
atribuyó al Ministerio del Trabajo la competencia para revisar que los
centros de enseñanza automovilística cuenten con infraestructura,
dotación, procedimientos, personal, equipos e instalaciones mínimas
necesarias para el desarrollo de su actividad, a pesar de que dicha
función ya está asignada a las secretarías de educación distritales y
municipales, conforme con los artículos 151 y 152 de la Ley 115 de
1994 y 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 16 del Decreto 2888 de 2007.
I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
I.4.1.- El MINISTERIO DEL INTERIOR, a través de apoderado,
contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de sus
pretensiones.
Propuso la excepción de inepta demanda sosteniendo que la parte
actora propone controversia sobre dos asuntos que deben ser
resueltos a través de trámites diferentes, en razón a que, por una
parte, propone cargos propios de la acción de nulidad electoral y, por
otra, argumentos de nulidad simple.
Agregó que la demanda adolece de elementos que permitan
adelantar un estudio de fondo, en razón a que carece de una
argumentación adecuada, suficiente y razonable.
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Frente al fondo del asunto, argumentó que quien fungía como
Ministro del Interior y de Justicia al momento de la expedición de los
actos administrativos, como delegatario de funciones presidenciales,
desempeñó sus funciones conforme con el orden superior vigente.
Indicó que resulta desproporcionado desdibujar en lo político un acto
administrativo que goza de presunción de legalidad, cuando es
notorio que el Presidente de la República de la época fue elegido por
diversas fuerzas políticas.
Manifestó que, en su momento, el ministro delegatario de las
funciones presidenciales aseguró el compromiso político del
Presidente de la República en la realización de su programa de
gobierno, frente a los principios y filosofía de su movimiento político.
Destacó que la delegación cuestionada cumplió con los requisitos
para su configuración en legal forma, además que el Ejecutivo tenía
la competencia para establecer las disposiciones aplicables a los
centros de enseñanza automovilística.
I.4.2.- El MINISTERIO DE EDUCACIÓN, a través de apoderado,
solicitó denegar las pretensiones de la demanda.
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Explicó que no expidió los decretos cuestionados, no obstante, de
haber realizado un apoyo técnico y jurídico al Ministerio de
Transporte en la reglamentación de la constitución de los centros de
enseñanza automovilística.
Expuso que el propósito de dar a los centros de enseñanza
automovilística el carácter de instituciones de educación para el
trabajo y el desarrollo humano es que las secretarías de educación
tengan la facultad de verificar en qué condiciones se va a prestar el
servicio.
I.4.3.- El MINISTERIO DE TRABAJO, a través de apoderado,
contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones.
Comentó que la elección del Presidente de la República para el año
2006 estuvo apoyada por una coalición conformada por los partidos
de la U, Conservador, Cambio Radical, Colombia Democrática, Alas
Equipo Colombia y el movimiento Colombia Viva.
Explicó que la exigencia de que el ministro delegatario de las
funciones presidenciales deba pertenecer al mismo partido o
movimiento político del Presidente de la República no puede ser
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interpretada como una limitación a la participación ciudadana, ni
desligarse de la voluntad, interés y compromiso de quienes se
conviertan en verdaderos seguidores, leales a los principios del
partido que avaló la candidatura de aquel.
Argumentó que el artículo 196 de la Constitución Política debe
entenderse desde una perspectiva acorde con su finalidad, a partir
de la existencia de afinidad y acogida del ministro en quien va a
recaer la designación respecto del proyecto político del Presidente de
la República.
Destacó que el grupo significativo de ciudadanos que avaló la
candidatura del Presidente de la República, no podía tener un
ministro delegatario porque no fue conformado como partido o
movimiento político.
Aseguró que, conforme con los decretos 2171 de 30 de diciembre de
19926, 101 de 2 de febrero 20007, 087 de 17 de enero 20118 y las
leyes 105 de 30 de diciembre 19939, 336 de 20 de diciembre de
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“Por el cual se reestructura el Ministerio de Obras Públicas y Transporte como Ministerio de Transporte
y se suprimen, fusionan y reestructuran entidades de la rama ejecutiva del orden nacional”.
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“Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Transporte y se dictan otras disposiciones”
8
“Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Transporte, y se determinan las funciones de
sus dependencias.”
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“Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y
recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector
transporte y se dictan otras disposiciones."
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199610, 769 de 2002 y 1397 de 14 de julio de 201011, tiene
competencia para reglamentar los centros de enseñanza
automovilística en coordinación con el Ministerio de Educación.
Resaltó que si bien, a través del Decreto Ley 2150 de 1995, se
regulan los requisitos básicos para la apertura de los
establecimientos de comercio, dicha norma no contiene los
requerimientos para el ejercicio de cada actividad específica.
Añadió que, en ese orden de ideas, no pueden ser equiparadas las
licencias de funcionamiento de establecimientos de comercio, con las
de los centros de enseñanza automovilística en razón a que respecto
de estos últimos existe una regulación propia y específica, conforme
con la Ley 769 de 2002.
Precisó que es competente para autorizar la “habilitación” de los
centros de enseñanza automovilística, en razón a que dicho término
significa “dar capacidad legal a una persona para hacer una cosa”,
sinónimo de facultar, autorizar o permitir.
Anotó que es el competente para regular y vigilar el cumplimiento de
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“ESTATUTO GENERAL DE TRANSPORTE”.
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“Por medio de la cual se modifica la Ley 769 de 2002”.
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los requisitos especiales establecidos para los organismos de apoyo
del sistema de tránsito, como es el caso de los centros de enseñanza
automovilística.
Agregó que, incluso la Ley 1397 de 2010 introdujo algunas
modificaciones a la Ley 769 de 2002, respecto de causales para la
cancelación de la “habilitación” de centros de enseñanza, situación
que evidencia que a través del Decreto núm. 1500 de 2009 era
procedente establecer los requisitos habilitantes reprochados por la
parte actora.
Propuso las excepciones previas de indebida acumulación de
pretensiones y falta de competencia, argumentando que el
estudio de legalidad de los actos administrativos cuestionados, en lo
concerniente a la designación del ministro que suplió las funciones
presidenciales corresponde a la Sección Quinta de esta corporación,
mientras que en lo demás el estudio está atribuido a la Sección
Primera.
I.4.4.- El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, a través
de apoderado, solicitó que en relación con la nulidad del acto de
delegación de las funciones se declare la falta de competencia de esta
Sección, en razón a que el asunto corresponde a la Sección Quinta;
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y que frente al Decreto núm. 1500 de 2009 se denieguen las
pretensiones de la demanda.
Expresó que los argumentos relativos a la presunta irregularidad del
acto de delegación son similares a los resueltos, mediante sentencia
de 11 de julio de 2011, por la Sección Quinta de esta corporación
dentro del proceso identificado con número único de radicación
110010328000 2010 00118 00, por lo que, a su juicio, debe
acogerse la misma tesis, según la cual fue declarada la nulidad de
los actos cuestionados y se determinó que los efectos de esa decisión
no afectaban la validez de las actuaciones consolidadas en el ejercicio
de dichas designaciones.
En relación con las pretensiones subsidiarias, afirmó que el Ministerio
del Interior actúo en ejercicio de las facultades delegadas, contenidas
en los artículos 129, 150 (numeral 10), 163, 165, 166, 189, 200,
201, 213, 214 y 215 de la Constitución Política, en particular las
relativas a la facultad reglamentaria.
Agregó que, conforme con el inciso tercero del artículo 1° de la Ley
769 de 2002, la aplicación de esta norma, en lo relacionado con los
centros de enseñanza automovilística, estaba sujeta a la
reglamentación de los aspectos requeridos, por lo cual, a su juicio,
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los reproches de la parte actora no tienen fundamento.
I.4.5.- El DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, a través de apoderado, se
opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda.
Propuso la excepción previa de ineptitud de la demanda frente
al acto de delegación de las funciones presidenciales, en razón a que,
a su juicio, dicho asunto es competencia de la Sección Quinta, a
través de la acción de nulidad electoral.
Además, propuso las excepciones previas de indebida
acumulación de pretensiones por la misma razón y la de
caducidad de la acción, en atención a que el término para
promover los cargos de nulidad electoral había precluido al momento
de presentación de la demanda.
Advirtió que no resultaría aplicable la teoría de los móviles y las
finalidades, en razón a que el propósito del actor al pretender la
nulidad del Decreto núm. 1378 de 2009 es la anulación del Decreto
núm. 1500 de la misma anualidad.
Puso de presente la existencia del proceso identificado con el número
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único de radicación 110010324000 2009 00573 00, en el que fue
discutida la legalidad de algunas disposiciones del Decreto núm. 1500
de 29 de abril de 2009, con la finalidad de que se estudiara la
posibilidad de acumulación procesal.
II.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL
MINISTERIO PÚBLICO
II.1.- La parte actora manifestó que reiteraba “[…] los argumentos
expresados en la demanda […]”.
II.2.- El MINISTERIO DE TRANSPORTE, además de reiterar los
argumentos expuestos en su contestación de demanda, citó in
extenso un artículo académico sobre el tema de la filiación política
del ministro delegatario de funciones presidenciales, además de
algunos extractos jurisprudenciales relativos a las coaliciones en
campañas electorales, para concluir que debe darse una
interpretación amplia al artículo 196 Superior, conforme con la
dinámica política del país.
Aclaró que la regulación sobre la “habilitación” de los centros de
enseñanza automovilística no constituye un requisito adicional, sino
que es un aspecto de mero control que deviene de sus funciones
legales.
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Añadió que el Decreto núm. 1500 de 2009 fue reglamentado por la
Resolución 3245 de 21 de julio de ese año, en la que se otorgó un
término para que los centros de enseñanza automovilística se
ajustaran a los nuevos requisitos.
Comentó que la regulación cuestionada tiene como finalidad proteger
la vida de las personas que circulan por las vías y garantizar que
quien conduzca un vehículo automotor haya recibido la capacitación
reglamentada, situación que reduce la accidentalidad por impericia o
desconocimiento del régimen normativo.
Finalmente, resaltó que la expedición del Decreto núm. 1500 de 2009
atendió a la labor armónica de los ministerios que concurrieron a su
suscripción, sin que se hayan usurpado funciones de otras entidades.
II.3.- El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO iteró que,
en relación con el acto administrativo de delegación, debe acogerse
el antecedente jurisprudencial contenido en la sentencia de 11 de
junio de 2011, proferida por la Sección Quinta de esta corporación,
dentro del expediente 2010-00118.
Insistió en que la Sección Primera carece de competencia para
estudiar la legalidad del acto de designación del ministro delegatario
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de funciones presidenciales.
Reiteró que la expedición del Decreto núm. 1500 de 2009 se
encuentra respaldada en el artículo 189 (numeral 11) de la
Constitución Política y en las leyes 115 de 1994, 769 de 2002 y 1064
de 2006.
II.4.- EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, además de reiterar los
argumentos que expuso en la contestación, indicó que había “[…]
ineptitud de la demanda por indebida representación de la Nación
[…]”.
Argumentó que la Presidencia de la República no es la autoridad
llamada a representar los intereses de la Nación en este caso, porque
los decretos demandados carecen de la firma del Director del
Departamento Administrativo respectivo.
II.5.- El agente del MINISTERIO PÚBLICO12 rindió concepto en el
que concluyó que la parte actora había logrado desvirtuar la
presunción de legalidad “[…] del aparte “habilitación” del artículo 1º,
12
A través de escrito de 1o. de junio de 201612, el doctor ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
manifestó impedimento para conocer del presente asunto, por haber actuado como Ministerio Público
en el proceso de la referencia, el cual le fue declarado fundado por la Sala mediante auto de 24 de
febrero de 2017, por lo que, en consecuencia, se ordenó separarlo del conocimiento del mismo.
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los artículo 8º y 12º , relativos a los requisitos para la habilitación de
los centros de enseñanza automovilística; del aparte “que dieron
origen a su habilitación” del numeral 3º, “para la habilitación de
funcionamiento” del numeral 6º y “al momento de la habilitación” del
artículo 24; y del aparte “la habilitación de funcionamiento” del
artículo 26 del Decreto 1500 de 2009 […]”, por transgredir el artículo
15 de la Ley 769 de 2002.
En relación con los demás cargos arguyó que no había mérito para
declarar su prosperidad, además que estaba demostrada la
excepción de indebida acumulación de pretensiones, en razón a que,
a su juicio, la Sección Primera no tiene competencia para conocer de
la pretensión de nulidad del Decreto núm. 1378 de 2009, por tratarse
de un asunto electoral.
Agregó que, en consecuencia, únicamente debe efectuarse el estudio
de legalidad del Decreto núm. 1500 de 2009.
Explicó que de la lectura de la Ley 769 de 2002 puede colegirse que
el legislador no se refirió en momento alguno al concepto de
“habilitación” de los centros de enseñanza automovilística.
Expuso que conforme con el artículo 15 de la Ley 769 de 2009, el
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Ministerio de Transporte debe reglamentar la constitución y
funcionamiento de los centros de enseñanza automovilística, de
acuerdo con lo establecido por la Ley 115 de 1994 y sus decretos
reglamentarios, sin que se mencione en ninguna de las normas el
concepto de habilitación.
Indicó que el concepto de habilitación empleado en el Decreto núm.
1500 de 2009, es diferente a los de constitución y funcionamiento de
la ley, habida cuenta que cada uno de dichos términos aparece
enunciado dentro del objeto del referido acto administrativo.
Argumentó que el concepto de habilitación aparece en la legislación
en virtud de la Ley 1397 de 2010, expedida con posterioridad al
decreto acusado, en artículos referidos a faltas que conllevan la
suspensión o cancelación de la “habilitación” del centro de
enseñanza.
Adujo que, en ese orden de ideas, los apartes de los artículos del
Decreto núm. 1500 de 2009, referidos al concepto de habilitación,
están viciados de nulidad por extralimitación de la facultad
reglamentaria.
En cuanto a la facultad del Gobierno Nacional para regular los
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requisitos para la obtención de las licencias de funcionamiento de los
centros de enseñanza automovilística, manifestó que, de
conformidad con lo previsto en los artículos 84 superior y 41, 46 y
47 del Decreto 2150 de 1995, en principio le asistiría razón a la parte
actora como quiera que ningún establecimiento industrial, comercial
o de otra naturaleza, abierto o no al público, requiere licencia,
permiso o autorización de funcionamiento o cualquier otro
documento similar.
Precisó que, no obstante, en la medida en que los centros de
enseñanza automovilística son establecimientos de educación no
formal, conforme con el artículo 138 de la Ley 155 de 1994 deben
contar con una licencia de funcionamiento de carácter oficial, aspecto
desarrollado por el Decreto núm. 1500 de 2009, por lo que no existe
vulneración alguna al artículo 84 de la Constitución Política.
Finalmente, destacó que el Ejecutivo no contaba con la facultad para
verificar las condiciones de infraestructura de los centros de
enseñanza automovilística, en razón a que tal situación estaba
establecida para efectos de la “habilitación”, aspecto sobre el cual no
tenía competencia de regulación.
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III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
III.1.- Actos demandados
En el presente asunto son acusados de manera general los decretos
núms. 1378 y 1500 de 2009.
De forma subsidiaria son cuestionados los artículos 1°, 3°, 4°, 5°, 6°
(parágrafo), 8°, 12, 24 (numerales 3, 6, 9) y 26 del Decreto núm.
1500 de 2009.
El tenor literal de los actos administrativos cuestionados es el
siguiente:
Decreto núm. 1378 de 2009
“[…] DECRETO 1378 DE 2009
(abril 22)
por el cual se delegan unas funciones constitucionales.
CONSIDERANDO:
Que el Presidente de la República se trasladará los días 27 de abril
al 1° de mayo de 2009, a las ciudades de Madrid (España) y Roma
(Italia), con el fin de asistir a reuniones con el Gobierno Español,
Audiencia con sus Majestades los Reyes de España, audiencia con
su Santidad Benedicto XVI y Reunión con el Primer Ministro de
Italia.
Que de conformidad con las disposiciones constitucionales y con la
precedencia establecida en la ley, El Ministro del Interior y de
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Justicia, está habilitado para ejercer las funciones constitucionales
y legales como Ministro Delegatario,
DECRETA:
Artículo 1°. Por el tiempo que dure la ausencia del Presidente de
la República, en razón del viaje a que se refieren los considerandos
del presente decreto, deléganse en el Ministro del Interior y de
Justicia, doctor Fabio Valencia Cossio, las funciones legales y las
correspondientes a las siguientes atribuciones constitucionales:
1. Artículos 129, 189, con excepción de lo previsto en los numerales
1 y 2, 303, 304 y 314.
2. Artículo 150, numeral 10, en cuanto se refiere al ejercicio de las
facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República.
3. Artículos 163, 165 y 166
4. Artículos 200 y 201
5. Artículos 213, 214 y 215
Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de abril de 2009.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ […]”
Decreto núm. 1500 de 2009
“[…] DECRETO 1500 DE 2009
(abril 29)
por el cual se establecen los requisitos para la constitución,
funcionamiento y habilitación de los Centros de Enseñanza
Automovilística, se determina su clasificación y se dictan otras
disposiciones.
CONSIDERANDO:
Que el artículo 12 de la Ley 769 de 2002 definió la naturaleza
jurídica de los Centros de Enseñanza Automovilística como
establecimientos docentes de naturaleza pública, privada o mixta.
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 769 de 2002,
corresponde al Ministerio de Transporte fijar los requisitos de
constitución y funcionamiento de los Centros de Enseñanza
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Automovilística, de conformidad con lo establecido en la Ley 115 de
1994 y sus decretos reglamentarios, en lo pertinente a educación
no formal.
Que es competencia del Ministerio de Educación Nacional con
fundamento en las Leyes 115 de 1994 y 1064 de 2006 determinar
los requisitos de constitución de los Centros de Enseñanza
Automovilística para que sean instituciones de educación para el
trabajo y el desarrollo humano tal como lo previó el legislador y
establecer los requisitos básicos para el funcionamiento de los
programas.
Que con fundamento en el artículo 15 de la Ley 769 de 2002, es
competencia del Ministerio de Transporte verificar y establecer el
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de los
Centros de Enseñanza Automovilística para proceder a autorizar su
habilitación.
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 769 de 2002,
corresponde al Ministerio de Educación Nacional en coordinación
con el Ministerio de Transporte establecer los requisitos
complementarios exigidos a los Centros de Enseñanza
Automovilística para la formación de instructores en conducción.
DECRETA:
CAPITULO I
Objeto
ARTÍCULO 1°. OBJETO. El presente decreto tiene por objeto
establecer los requisitos para la constitución, funcionamiento,
habilitación y clasificación de los Centros de Enseñanza
Automovilística, determinar los requisitos para el funcionamiento
de los programas de capacitación en conducción o de instructores
en conducción y demás requisitos necesarios para su habilitación.
CAPITULO II
Requisitos para la constitución y registro de los Programas de los
Centros de Enseñanza Automovilística
ARTÍCULO 2°. CONSTITUCIÓN. Los Centros de Enseñanza
Automovilística que ofrezcan capacitación en conducción o
capacitación para instructores en conducción, para su constitución
deben cumplir los siguientes requisitos:
a) Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter
oficial.
b) Obtener el registro de los programas de que trata el presente
decreto.
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ARTÍCULO 3°. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO O
RECONOCIMIENTO OFICIAL. Se entiende por licencia de
funcionamiento el acto administrativo mediante el cual, en el
ámbito de su jurisdicción, la Secretaría de Educación de la entidad
territorial certificada en educación, autoriza la creación,
organización y funcionamiento de un Centro de Enseñanza
Automovilística de naturaleza privada. Esta se otorgará por tiempo
indefinido, sujeta a las condiciones en ella establecidas.
Para los Centros de Enseñanza Automovilística de carácter estatal,
el acto administrativo de creación constituye el reconocimiento de
carácter oficial, el cual deberá contener los requisitos señalados en
el artículo 4° del presente decreto.
ARTÍCULO 4°. SOLICITUD DE LA LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO. El interesado en crear un Centro de
Enseñanza Automovilística de carácter privado debe solicitar
licencia de funcionamiento a la Secretaría de Educación de la
entidad territorial certificada de la jurisdicción que corresponda al
lugar de prestación del servicio, con la siguiente información:
1. Nombre propuesto para la institución, número de sedes,
municipio y dirección de cada una.
2. Nombre del propietario o propietarios. Cuando se trate de
personas jurídicas se deberá adjuntar el certificado de existencia y
representación legal. Si es persona natural la cédula de ciudadanía.
3. El programa o programas que proyecta ofrecer.
4. El número de estudiantes que proyecta atender.
5. Identificación de la planta física. El peticionario deberá adjuntar
copia de la licencia de construcción.
La Secretaría de Educación verificará el cumplimiento de los
requisitos establecidos en este decreto y decidirá mediante acto
administrativo motivado.
Artículo 5°. Modificaciones a la licencia. Las novedades relativas a
cambio de sede, apertura de nuevas sedes en la misma jurisdicción,
cambio de propietario, cambio de nombre, fusión con otra
institución educativa, implican la necesidad de solicitar y obtener
previamente la modificación de la licencia inicial.
La apertura de una o más sedes en jurisdicción diferente requiere
el trámite de la licencia ante la Secretaría de Educación de la
entidad territorial competente.
ARTÍCULO 6°. REQUISITOS BÁSICOS PARA EL REGISTRO DE
LOS PROGRAMAS. Para obtener el registro de los programas de
capacitación en conducción o de instructores en conducción de que
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trata el artículo 15 del Decreto 2888 de 2007, el titular de la licencia
de funcionamiento o del reconocimiento oficial del Centro de
Enseñanza Automovilística deberá presentar a la Secretaría de
Educación de la entidad territorial certificada en educación un
proyecto educativo institucional que debe contener los siguientes
requisitos básicos:
1. Denominación del programa. La denominación del programa
deberá corresponder al contenido básico para los cursos de
formación de conductores y/o para instructores en conducción, de
conformidad con los contenidos básicos determinados por el
Ministerio de Transporte.
2. Descripción de las competencias que el educando debe haber
adquirido una vez culminado satisfactoriamente el programa
respectivo.
3. Justificación del programa. Comprende la pertinencia del
programa en el marco de un contexto globalizado, en función de las
necesidades reales de formación en el país y en la región donde se
va a desarrollar el programa; número estimado de estudiantes que
proyecta atender durante la vigencia del registro.
4. Plan de estudios. Esquema estructurado de los contenidos del
programa, de conformidad con lo establecido por el Ministerio de
Transporte y que comprende:
4.1. Duración
4.2. Identificación de los contenidos básicos de formación
4.4, Organización de las actividades de formación
4.5. Distribución del tiempo
4.6. Estrategia metodológica
5. Autoevaluación institucional. Existencia de instrumentos
mediante los cuales se realizará este proceso de manera
permanente, así como la revisión periódica de los contenidos
básicos de formación y de los demás aspectos necesarios para su
mejoramiento y actualización.
6. Organización administrativa. Estructura organizativa,
mecanismos de gestión que permiten ejecutar procesos de
planeación, administración, evaluación y seguimiento de los
contenidos básicos de formación y los diferentes servicios y
recursos que garanticen el logro de los objetivos institucionales
definidos en el proyecto educativo institucional.
7. Recursos específicos:
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7.1. Características y ubicación de las aulas y talleres donde se
desarrollará el programa
7.2. Materiales de apoyo didácticos, ayudas educativas y
audiovisuales
7.3. Recursos bibliográficos, técnicos y tecnológicos
7.4. Laboratorio y equipos
7.5. Lugares de práctica.
8. Personal de formadores requeridos para el desarrollo del
programa: Número, dedicación, nivel de formación o certificación
de la competencia laboral por el organismo competente.
9. Financiación. Presupuesto de ingresos y egresos de recursos
financieros que permita el adecuado funcionamiento del programa
durante la vigencia del registro.
Parágrafo. Expedido el registro del programa por parte de la
Secretaría de Educación de la entidad territorial certificada en
educación, el Centro de Enseñanza Automovilística deberá
presentarlo ante el Ministerio de Transporte con los demás
requisitos señalados en este decreto para proceder a la habilitación
de funcionamiento del Centro.
El sólo registro del programa no autoriza al Centro de Enseñanza
Automovilística para ofrecer y desarrollar el programa.
ARTÍCULO 7°. DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS. Para
garantizar la efectividad en el proceso de capacitación y teniendo
en cuenta que se trata de un aprendizaje de acciones secuenciales,
es necesario que los cursos de instrucción a conductores sean
continuos en el tiempo, por tanto, las clases prácticas deberán
programarse bajo este esquema. En ningún caso el mínimo de
horas previstas podrá abarcarse en un lapso mayor a tres (3)
meses.
La realización de las prácticas de inducción en conducción hasta
obtener el dominio idóneo del vehículo, que se deberá realizar en
el área que para este fin dispone el Centro de Enseñanza
Automovilística, deberá realizarse en un tiempo equivalente al
veinticinco por ciento (25%) del total de horas prácticas fijadas en
la intensidad horaria según la categoría. La medición de la destreza
y habilidad en el manejo de los mecanismos de control y en la
conducción del vehículo se realizará en las vías de uso público, en
un tiempo equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de las
horas prácticas fijadas según la intensidad horaria de cada
categoría.
Parágrafo. Cuando se esté impartiendo enseñanza práctica sólo
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podrán ir en el vehículo el instructor debidamente acreditado y el
aprendiz, excepto en los vehículos tipo B2, C2, B3 y C3, de acuerdo
a lo establecido por el Ministerio de Transporte.
CAPITULO III
Requisitos para la habilitación de los Centros de Enseñanza
Automovilística
ARTÍCULO 8°. REQUISITOS PARA LA HABILITACIÓN DE LOS
CENTROS DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA. Para que un
Centro de Enseñanza Automovilística que cuenta con licencia de
funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial y el registro de
programas debidamente otorgado por la Secretaría de Educación
de la respectiva entidad territorial certificada en educación, pueda
capacitar y expedir certificaciones de la capacitación a conductores
e instructores, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 769 de
2002 deberá previamente obtener por parte del Ministerio de
Transporte la respectiva habilitación con el cumplimiento de los
siguientes requisitos:
1. Anexar copia de la licencia de funcionamiento o reconocimiento
de carácter oficial y del registro otorgado por la Secretaría de
Educación de la entidad territorial certificada en educación para los
programas de formación de conductores e instructores en
conducción.
2. Póliza de responsabilidad Civil Extracontractual - RCE, en cuantía
no inferior a sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, a nombre del Centro de Enseñanza Automovilística, con
el fin de amparar la muerte y/o lesiones a personas y el daño de
bienes a terceros que se produzcan por causa o con ocasión de
enseñanza automovilística con los vehículos automotores. Su
renovación deberá efectuarse anualmente.
3. Relación de los instructores por categoría, indicando nombre,
dirección, número de cédula, número de la licencia de instructor,
las cuales deben figurar en el Registro Unico Nacional de Tránsito.
4. Contar con la infraestructura, dotación, procedimientos,
personal, equipos e instalaciones mínimas necesarias establecidas
por el Ministerio de Transporte.
5. Contar como mínimo por cada tipología vehicular aprobada para
dar instrucción con tres (3) vehículos automotores para las
categorías A1, A2, y B1, C1; dos (2) vehículos para las categorías
B2 y C2; un (1) vehículo para las categorías B3 y C3. Para el efecto
debe presentar la licencia de tránsito. Los vehículos enunciados
deben acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos por
el Ministerio de Transporte.
6. Certificado de conformidad del servicio con el cumplimiento de lo
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dispuesto en el presente decreto y la resolución que para el efecto
expida el Ministerio de Transporte, a través de una certificación de
servicios otorgada por un Organismo de Certificación de productos
acreditado con la ISO –IEC Guía 65 o su equivalente la GTC 38– en
el Subsistema Nacional de Calidad –SNCA–, o la norma que la
modifique o sustituya, que incluya en su alcance de acreditación la
certificación de los servicios de capacitación o enseñanza.
ARTÍCULO 9°. ÁREA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS.
Cuando un Centro de Enseñanza Automovilística no cuente con el
espacio para la realización práctica, este deberá garantizar la
formación mediante la celebración de contratos con otros Centros
de enseñanza Automovilística que cuenten con los escenarios de
práctica.
ARTÍCULO 10. APERTURA DE PROGRAMAS EN CONVENIO.
Cuando dos o más Centros de Enseñanza Automovilística decidan
ofrecer los programas de formación a instructores y conductores en
convenio, deberán solicitar el respectivo registro de manera
conjunta tal como lo ordena el artículo 23 del Decreto 2888 de
2007, evento en el cual el certificado que expidan deberá ser
otorgado conjuntamente.
ARTÍCULO 11. DE LOS VEHÍCULOS. Los vehículos deben ser de
propiedad del Centro de Enseñanza Automovilística o en
arrendamiento financiero o Leasing a favor del Centro de Enseñanza
Automovilística, para lo cual deberá adjuntarse copia del respectivo
contrato. Dichos vehículos deben estar destinados exclusivamente
a la enseñanza automovilística, y deberán cumplir con las
condiciones técnico-mecánicas, los distintivos y adaptaciones
señalados en la resolución que para el efecto expida el Ministerio
de Transporte.
Los vehículos destinados a esta actividad deberán estar registrados
en el servicio particular.
Parágrafo. Los vehículos de servicio público que a la fecha de
expedición del presente decreto, se encuentren autorizados para
prestar el servicio de enseñanza automovilística continuarán en
esta actividad solamente hasta el vencimiento de la tarjeta de
servicio.
ARTÍCULO 12. HABILITACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.
Verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
presente decreto, el Ministerio de Transporte expedirá el Acto
Administrativo a través del cual habilita el funcionamiento del
Centro de Enseñanza Automovilística en forma indefinida, siempre
y cuando se mantenga vigente el cumplimiento de los requisitos
que dieron origen a la misma. Copia de la mencionada resolución,
deberá permanecer fijada en lugar visible al público dentro de las
instalaciones del centro.
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Habilitado el Centro de Enseñanza Automovilística, el Ministerio de
transporte ingresará al Registro Único UnNacional de Tránsito los
datos del Acto Administrativo, para que el representante legal
proceda a realizar la inscripción al sistema de acuerdo con lo
contemplado en la Ley 1005 de 2006.
CAPITULO IV
Clasificación de los Centros de Enseñanza Automovilística
ARTÍCULO 13. CLASIFICACIÓN. Según los programas de
capacitación que sean registrados por la Secretaría de Educación de
la entidad territorial certificada en educación, los Centros de
Enseñanza Automovilística, se clasificarán de la siguiente manera:
Nivel I: Reconocidos y aprobados para la formación de conductores
en cualquiera de las siguientes categorías o en todas, A1, A2, B1, y
C1.
Nivel II: Reconocidos y aprobados para la formación de conductores
en cualquiera de las categorías B2 y/o C2 y en cualquiera o todas
las categorías del nivel I.
Nivel III: Reconocidos y aprobados para la formación de
conductores e instructores en las categorías B3 y C3 y en las
categorías de los niveles I y II.
CAPITULO V
Inscripción de los organismos de certificación
ARTÍCULO 14. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN. Los
organismos de certificación de servicios interesados en obtener la
inscripción ante el Ministerio de Transporte, en el sistema del
Registro Único Nacional de Tránsito –RUNT– para otorgar el
certificado de conformidad de que trata el artículo 8°, numeral 6
del presente decreto, deberán presentar una solicitud de
inscripción, dirigida a la subdirección de tránsito, suscrita por el
representante legal del organismo acreditando el cumplimiento de
los siguientes requisitos:
1. Identificación del Organismo. Nombre o razón social, dirección,
NIT, teléfono, correo electrónico.
2. Certificado de existencia y representación legal del organismo,
expedido con una antelación máxima de treinta (30) días, en el que
conste que dentro de su objeto social se encuentra el de ser
organismo de certificación.
3. Copia del certificado de acreditación emitido por el Organismo
Nacional de Acreditación que lo distingue como organismo de
certificación de servicios acreditado dentro del Subsistema Nacional
de la Calidad, en el que se señale su acreditación con la norma
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ISO/IEC Guide 65 o su equivalente la GTC 38, o la norma que la
reemplace.
4. Nombres y cargos del grupo de dirección del organismo.
5. Nombre y cargo del responsable de la gestión de calidad en el
organismo.
6. Anexar lista del personal evaluador y de expertos técnicos, con
su calificación, experiencia, títulos y funciones. El Organismo debe
garantizar el sostenimiento del nivel mínimo de competencia del
equipo humano para la evaluación.
7. Anexar modelo del certificado que expedirá el organismo.
Cumplidos los requisitos el Ministerio de Transporte expedirá el acto
administrativo de inscripción del organismo de certificación y lo
ingresará al sistema RUNT para que el representante legal del
Organismo de Certificación proceda a realizar la inscripción ante el
registro de acuerdo a lo establecido en la Ley 1005 de 2006.
CAPITULO VI
Certificación para conductores e instructores en conducción
ARTÍCULO 15. REQUISITOS PARA LA CAPACITACIÓN COMO
CONDUCTOR. Para acceder al proceso de capacitación y de
formación como conductor, el aspirante deberá acreditar los
siguientes requisitos:
1. Saber leer y escribir.
2. Tener 16 años cumplidos para el servicio diferente al público.
3. Tener 18 años para vehículos de servicio público.
ARTÍCULO 16. REQUISITOS PARA LA CAPACITACIÓN COMO
INSTRUCTOR. Para acceder al proceso de capacitación y de
formación como instructor de conducción, los aspirantes deberán
acreditar los siguientes requisitos:
1. Tener licencia de conducción de la categoría para la cual se aspira
a ser instructor.
2. Tener título de bachiller.
4. Acreditar experiencia de dos (2) años como conductor en la
categoría para la cual aspira a formarse como instructor.
ARTÍCULO 17. SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN EN LA
FORMACIÓN DE CONDUCTORES E INSTRUCTORES.
Previamente a acceder al curso de formación como conductor o
como instructor el aspirante deberá adelantar el siguiente proceso
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de identificación en el Centro de Enseñanza donde adelantará el
curso de formación y capacitación:
1. Presentación del documento de identidad y registro de los datos
personales.
2. Identificación biométrica de la huella dactilar, para lo cual se
deben tomar, por medio electrónico utilizando un escáner digital, la
huella dactilar del índice derecho. Esta información se utilizará para
producir el registro de identificación de las huellas dactilares de
acuerdo con los parámetros que se definan para el Registro Único
Nacional de Tránsito - RUNT. Esta información quedará guardada
mediante las herramientas tecnológicas que para tal fin estén
dispuestas en el mencionado registro.
3. Fotografía del aspirante.
Parágrafo. El Centro de Enseñanza Automovilística deberá una vez
inscrito el alumno registrar el horario en que recibirá tanto las
clases teóricas como las clases prácticas.
ARTÍCULO 18. CERTIFICACIONES PARA CONDUCTORES.
Cumplido y aprobado el proceso de instrucción, el Centro de
Enseñanza Automovilística deberá proceder a realizar el examen
teórico en los términos establecidos por el Ministerio de Transporte,
y una vez aprobado por el sistema, el Centro de Enseñanza
Automovilística reportará al Registro Único Nacional de Tránsito –
RUNT–, los datos del alumno capacitado para que el sistema le
genere el número de identificación nacional del certificado en la
categoría que corresponda, con base en las exigencias que se
establezcan para el funcionamiento de este registro.
El certificado de aprobación del curso en conducción será tramitado
de acuerdo con los parámetros que para el efecto determine el
Ministerio de Transporte.
ARTÍCULO 19. CERTIFICACIÓN DE INSTRUCTORES EN
CONDUCCIÓN. Concluido y aprobado el proceso de formación de
instructores en conducción, el Centro de Enseñanza Automovilística
deberá proceder a realizar el examen teórico en los términos y
condiciones establecidas por el Ministerio de Transporte. Una vez
aprobado este examen, el alumno deberá adjuntar el certificado en
las normas de competencia laboral expedido por el Sena, que
conforman la titulación de instructor de conducción en la categoría
en la que se va a desempeñar.
Aprobado el examen y obtenido el certificado en las normas de
competencia laboral que conforman la titulación de instructor, el
Centro de Enseñanza Automovilística deberá reportar al Registro
Único Nacional de Tránsito, los datos del alumno capacitado para
que el sistema –RUNT– le genere el número de identificación
nacional de la certificación de instructor en la categoría que
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corresponda, el cual deberá ser impreso en el documento que se le
expide al instructor.
Parágrafo. El formato para la expedición del certificado de instructor
en conducción, deberá atender los parámetros establecidos por el
Ministerio de Transporte.
ARTÍCULO 20. VIGENCIA Y RENOVACIÓN DE LA
CERTIFICACIÓN DE INSTRUCTOR. La Certificación de Instructor
en conducción, tendrá una vigencia de cinco (5) años. Para su
renovación, el interesado deberá presentar el certificado vigente en
las normas de competencia laboral que conforman la titulación de
instructor de conducción en la categoría que se desempeña.
Los instructores que a la entrada en vigencia del presente decreto,
cuenten con una licencia de instructor vigente, expedida bajo el
régimen legal anterior deberán obtener para la renovación de la
certificación de instructor, la certificación en las normas de
competencia laboral de la titulación correspondiente a la categoría,
expedida por el Sena.
Parágrafo. Transcurridos dos (2) años del vencimiento de la
certificación sin que el instructor en conducción solicite su
renovación, el Ministerio de Transporte la considerará inactiva y
para su reactivación deberá cumplir los procesos y procedimientos
establecidos para obtener la certificación por primera vez.
ARTÍCULO 21. RECATEGORIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN
DE INSTRUCTOR. Para recategorizar la certificación el instructor
en conducción deberá adelantar la capacitación con una intensidad
horaria equivalente a la diferencia en horas que falten para
completar la intensidad exigida para la categoría que aspira obtener
y cumplir con los requerimientos establecidos para la certificación
en las normas de competencia laboral en la nueva categoría.
No procede la recategorización de las certificaciones de instructor
A1 y A2 a cualquiera de las demás categorías de certificación.
CAPITULO VII
Personal de formadores
ARTÍCULO 22. PERFIL DEL INSTRUCTOR PARA LA
FORMACIÓN DE INSTRUCTORES EN CONDUCCIÓN. El
instructor requerido para formar instructores en conducción debe
acreditar los siguientes requisitos:
1. Poseer certificación de instructor de la categoría para la cual dará
instrucción.
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2. Acreditar el desempeño laboral a través de la certificación en las
normas de competencia laboral de la titulación como formador de
instructores de conducción en la categoría que se va a desempeñar.
3. Ser tecnólogo o profesional en áreas afines al desempeño
ocupacional, como mecánica y pedagogía.
4. Dos años de experiencia como instructor de conducción en la
categoría correspondiente.
5. No haber sido sujeto de imposición de sanción alguna por ser
contraventor de las normas de tránsito, durante el último año.
ARTÍCULO 23. CERTIFICACIONES EXPEDIDAS POR LOS
CENTROS DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA. El número
mensual de certificaciones expedidas por los Centros de Enseñanza
Automovilística por vehículo/instructor, en el proceso de formación
de conductores es el determinado en la siguiente tabla:
CERTIFICACIÓN
CATEGORÍA TIPO DE VEHICULO
/MES
Motocicletas hasta de
A1 30
125 c.c. de cilindrada.
Motocicletas,
motociclos y
A2 mototriciclos de más 24
de 125 c.c. de
cilindrada.
Automóviles,
camperos, camionetas
81 16
y microbuses de
servicio particular
Automóviles,
camperos, camionetas
C1 12
y microbuses cara el
servicio público.
Camiones rígidos,
82 busetas y buses para 10
el servicio particular
Camiones rígidos,
C2 10
busetas y buses para
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el servicio público.
Vehículos articulados
83 8
de servicio particular
Vehículos articulados
C3 8
para el servicio público
Parágrafo. Ningún instructor podrá certificar más de doscientas
cuarenta horas (240) mes de instrucción en conducción; dicho
control se llevará a cabo a través del Registro Único Nacional de
Tránsito –RUNT–.
CAPITULO VIII
Deberes y obligaciones de los Centros de Enseñanza
Automovilística y de los instructores
ARTÍCULO 24. DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS CENTROS
DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA. Son deberes y
obligaciones de los Centros de Enseñanza Automovilística los
siguientes:
1. Cumplir en su totalidad con los programas de instrucción,
requisitos e intensidad horaria establecidos en la normatividad
vigente.
2. Crear y facilitar la operación de mecanismos de recepción y
emisión permanente de información a los usuarios sobre los
servicios ofrecidos, tarifas, horarios de atención, entre otras.
3. Mantener las condiciones técnicas y administrativas, que dieron
origen a su habilitación.
4. Aplicar y velar por el cumplimiento de los programas y
procedimiento establecidos para el proceso de capacitación e
instrucción de los alumnos.
5. Mantener las condiciones exigidas por la Secretaría de Educación
que le otorgó el registro de los programas.
6. Comunicar al Ministerio de Transporte sobre las modificaciones
que se presenten respecto a la información suministrada para la
habilitación de funcionamiento del Centro de Enseñanza
Automovilística.
7. Llevar los archivos de los alumnos debidamente matriculados,
capacitados y certificados.
8. Mantener los vehículos autorizados al Centro de Enseñanza
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Automovilística con las condiciones de seguridad requeridas y
tarjeta de servicio vigente.
9. Mantener los vehículos que le fueron aprobados al momento de
la habilitación, con las adaptaciones respectivas.
10. Impartir la enseñanza teórica con el cumplimiento de los
requisitos que para tal fin han sido determinados respecto a las
instalaciones, materiales didácticos e idoneidad de los instructores.
11. Certificar la idoneidad de un conductor o instructor una vez se
verifique el cumplimiento de los requisitos determinados para tal
fin.
12. Proporcionar información y/o facilitar la labor de auditoría o de
control.
13. Reportar por medios electrónicos en línea y tiempo real los
cursos de capacitación efectuados a todos los alumnos en las
condiciones y oportunidad exigidas en las normas respectivas.
14. Realizar las evaluaciones teórica y práctica al alumno una vez
surtido el proceso de capacitación, en los términos señalados en la
reglamentación.
15. Hacer adecuado uso del código de acceso a la base de datos del
Registro Único Nacional de Tránsito –RUNT.
16. Suministrar información real a los Ministerios de Transporte y a
las Secretarías de Educación respectiva.
17. Disponer de los mecanismos necesarios para ofrecer y
garantizar en forma óptima la atención al usuario en sus peticiones,
quejas y recursos.
18. Mantener vigente la póliza de que trata el numeral 2 del artículo
8° del presente decreto.
19. Las demás que establezcan las normas sobre la materia.
ARTÍCULO 25. DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS
INSTRUCTORES DE CONDUCCIÓN. Son deberes y obligaciones
de los instructores las siguientes:
1. Aportar la documentación e información requerida para su
acreditación y el desempeño del cargo.
2. Actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los
derechos de todas las personas, sin ninguna clase de
discriminación.
3. Impartir instrucción en las categorías para las cuales está
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autorizado.
4. Impartir la enseñanza en una clase de vehículo de categoría igual
a la categoría de la licencia que se pretende obtener.
5. Impartir instrucción en los vehículos que cumplan con los
requisitos establecidos en la reglamentación.
6. No poner en riesgo la seguridad e integridad de los alumnos.
7. Cumplir con las intensidades horarias determinadas para cada
categoría de licencia.
8. Capacitarse y actualizarse en el área donde se desempeña.
9. Las demás que establezcan las normas.
CAPITULO IX
Disposiciones varias
ARTÍCULO 26. INACTIVIDAD DE UN CENTRO DE ENSEÑANZA
AUTOMOVILÍSTICA. Cuando el Centro de Enseñanza
Automovilística durante el término de seis (6) meses no imparta
capacitación ni expida los correspondientes certificados, el
Ministerio de Transporte lo inactivará del Registro Único Nacional
de Tránsito –RUNT–. De no producirse alguna comunicación por
parte del centro, dentro de los treinta (30) días siguientes a la
inactivación, el Ministerio de Transporte, cancelará mediante acto
administrativo, la habilitación de funcionamiento.
ARTÍCULO 27. DE LOS ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN. Los
Organismos de Certificación que expiden los Certificados de
conformidad del servicio, deberán informar a la Superintendencia
de Puertos y Transporte y al Ministerio de Transporte las
ampliaciones o reducciones al alcance de la certificación y si se
presentan suspensiones o cancelaciones de la certificación expedida
a los Centros de Enseñanza Automovilística, para el inicio de las
investigaciones si hay lugar a ello. Así mismo deberá informar sobre
las variaciones de las condiciones iniciales que dieron lugar a la
certificación del Centro de Enseñanza Automovilística.
ARTÍCULO 28. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. De conformidad
con lo establecido en el artículo 14, parágrafo 1° de la Ley 769 de
2002, la vigilancia y supervisión de los Centros de Enseñanza
Automovilística corresponderá a la Superintendencia de Puertos y
Transporte, sin perjuicio de la inspección y vigilancia que tiene la
autoridad competente en cada entidad territorial certificada en
educación.
ARTÍCULO 29. PROCEDIMIENTO. El procedimiento para regular
las actuaciones a que se refiere el presente artículo será el previsto
en el artículo 158 del Código Nacional de Tránsito.
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Artículo 30. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha
de su publicación y deroga los artículos 8° al 56 y 60 del Acuerdo
0051 de 1993 y las demás normas que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 29 de abril de 2009.
FABIO VALENCIA COSSIO
La Ministra de Educación Nacional,
Cecilia María Vélez White.
El Ministro de Transporte,
Andrés Uriel Gallego Henao […]”
III.2- DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS PROPUESTAS
III.2.1.- Con relación a la excepción de inepta demanda por
indebida acumulación de pretensiones, la Sala observa que la
demanda fue instaurada en ejercicio de la acción pública de nulidad
prevista en el artículo 84 del CCA y, en efecto, está dirigida a obtener
la nulidad integral de los decretos núms. 1378 de 2009, expedido por
el Presidente de la República, y 1500 de la misma anualidad,
expedido por el Ministro del Interior y de Justicia en su calidad de
delegatario de funciones presidenciales junto con los Ministros de
Educación Nacional y Transporte.
A su vez, como pretensión subsidiaria, y en el evento de que no se
acceda a declarar la nulidad integral del Decreto núm. 1500 de 2009,
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la parte actora solicitó la nulidad de sus artículos 1°, 3°, 4°, 5°, 6°
(parágrafo), 8°, 12, 24 (numerales 3, 6 y 9) y 26.
La acumulación de pretensiones supone, en los términos de las
disposiciones que regulan la materia, que los componentes del
petitum en un mismo escrito de demanda tengan, por una parte, la
virtud de ser compatibles entre sí cumpliendo los requisitos legales
previstos para los efectos y, por otra, la vocación de ser susceptibles
de una decisión de fondo que las resuelva.
Al respecto, el artículo 82 del CPC, norma aplicable para el momento
en que fue presentada la demanda, por remisión expresa efectuada
por el artículo 14513 del CCA, establece lo siguiente:
“[…] Artículo 82. Acumulación de pretensiones. El
demandante podrá acumular en una misma demanda
varias pretensiones contra el demandado, aunque no
sean conexas, siempre que concurran los siguientes
requisitos:
1. Que el juez sea competente para conocer de todas; sin
embargo, podrá acumularse pretensiones de menor cuantía a
otras de mayor cuantía.
2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se
propongan como principales y subsidiarias.
3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento
[…]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
13
“[…] Artículo 145. Acumulación de pretensiones y de procesos en materia contencioso
administrativa. En todos los procesos Contencioso Administrativos procederá la acumulación
de pretensiones en la forma establecida en el Código de Procedimiento Civil, así como la
acumulación de procesos a instancia de cualquiera de las partes o de oficio, en los casos establecidos
por el mismo Código […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
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Para poder determinar la viabilidad de acumular, en el marco del
presente proceso, las pretensiones anulatorias del Decreto núm.
1378 de 2009 y del Decreto núm. 1500 de ese año, se procederá a
examinar, frente al agotamiento de los requisitos de la norma en cita,
la naturaleza y contenido de los referidos actos administrativos.
El Decreto núm. 1378 de 2009 corresponde a un acto administrativo
particular y concreto, expedido por el entonces Presidente de la
República, con fundamento en el artículo 196 de la Constitución
Política.
A través del referido decreto, en razón a que el Presidente de la
República debía atender asuntos fuera del país, el citado funcionario
delegó en el Ministro del Interior y de Justicia de ese momento, las
funciones legales y las correspondientes a las siguientes atribuciones
constitucionales:
“[…] 1. Artículos 129, 189, con excepción de lo previsto en los
numerales 1 y 2, 303, 304 y 314.
2. Artículo 150, numeral 10, en cuanto se refiere al ejercicio de
las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la
República.
3. Artículos 163, 165 y 166
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4. Artículos 200 y 201
5. Artículos 213, 214 y 215 […]”
El artículo 196 Superior, invocado como único fundamento
constitucional del decreto, determina lo siguiente:
“[…] Artículo 196. El Presidente de la República, o quien haga
sus veces, no podrá trasladarse a territorio extranjero durante
el ejercicio de su cargo, sin previo aviso al Senado o, en receso
de éste, a la Corte Suprema de Justicia.
La infracción de esta disposición implica abandono del cargo.
El Presidente de la República, o quien haya ocupado la
Presidencia a título de encargado, no podrá salir del país dentro
del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus
funciones, sin permiso previo del Senado.
Cuando el Presidente de la República se traslade a
territorio extranjero en ejercicio de su cargo, el Ministro
a quien corresponda, según el orden de precedencia
legal, ejercerá bajo su propia responsabilidad las
funciones constitucionales que el Presidente le delegue,
tanto aquellas que le son propias como las que ejerce en
su calidad de Jefe del Gobierno. El Ministro Delegatario
pertenecerá al mismo partido o movimiento político del
Presidente […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Este tipo de decretos con origen en lo preceptuado en el inciso último
del artículo 196 Constitucional, como se observa, lejos de
representar una típica delegación de funciones administrativas en
desarrollo de una relación de subordinación entre empleados
públicos, constituye, en sí mismo, un acto de designación de
investidura presidencial al denominado “ministro delegatario”,
decisión precedida de singulares pautas como son: (i) la
preexistencia de un traslado a territorio extranjero del Presidente de
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la República en ejercicio de su cargo, por lo que al no tratarse de una
falta temporal o absoluta no se dispone su reemplazo por el
vicepresidente de la República14; (ii) el cumplimiento del orden de
precedencia ministerial adoptado por el artículo 20615 Superior y
regulado por el artículo 7° de la Ley 790 de 27 de diciembre de
200216 -vigente para la época de los hechos-; (iii) la delegación, no
de la presidencia como tal, sino de precisas funciones
constitucionales que le son propias al cargo; y (iv) la verificación de
la identidad del partido o movimiento político al que pertenezcan
ambos.
La jurisprudencia de esta Corporación ha determinado, en reiteradas
14
Constitución Política “[…] Artículo 202. El Vicepresidente de la República será elegido por votación
popular el mismo día y en la misma fórmula con el Presidente de la República.
Los candidatos para la segunda votación, si la hubiere, deberán ser en cada fórmula quienes la
integraron en la primera.
El Vicepresidente tendrá el mismo período del Presidente y lo reemplazará en sus faltas
temporales o absolutas, aun en el caso de que éstas se presenten antes de su posesión.
En las faltas temporales del Presidente de la República bastará con que el Vicepresidente tome posesión
del cargo en la primera oportunidad, para que pueda ejercerlo cuantas veces fuere necesario. En caso
de falta absoluta del Presidente de la República, el Vicepresidente asumirá el cargo hasta el final del
período.
El Presidente de la República podrá confiar al Vicepresidente misiones o encargos especiales y
designarlo en cualquier cargo de la rama ejecutiva. El Vicepresidente no podrá asumir funciones de
Ministro Delegatario […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
15
“[…] Artículo 206. El número, denominación y orden de precedencia de los ministerios y
departamentos administrativos serán determinados por la ley […]”.
16
“[…] Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la
administración pública y se otorgan unas facultades extraordinarias al Presidente de la República […]”,
“[…] Artículo 7º. Número, denominación, orden y precedencia de los Ministerios. El número de
Ministerios es trece. La denominación, orden y precedencia de los Ministerios es la siguiente: 1.
Ministerio del Interior y de Justicia. 2. Ministerio de Relaciones Exteriores. 3. Ministerio de Hacienda y
Crédito Público. 4. Ministerio de Defensa Nacional. 5. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 6.
Ministerio de la Protección Social. 7. Ministerio de Minas y Energía. 8. Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo. 9. Ministerio de Educación Nacional. 10. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial. 11. Ministerio de Comunicaciones. 12. Ministerio de Transporte. 13. Ministerio de Cultura
[…]”.
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ocasiones, que la designación sui generis vertida en tales actos
denota su naturaleza electoral y, por lo tanto, deviene en
enjuiciable bajo el procedimiento contencioso administrativo
establecido en los artículos 223 a 251A del CCA, ante la
Sección Quinta de esta Corporación, de conformidad con lo
convenido para la “distribución de los negocios entre las Secciones”
por el artículo 13 del Acuerdo núm. 58 de 15 de septiembre de
199917, modificado por el artículo 1º del Acuerdo núm. 55 de 2003
de la Sala Plena del Consejo de Estado, así:
“[…] Artículo 1. Distribución de negocios entre las secciones.
El artículo 13 del Acuerdo No. 58 de 1999, por el cual se expidió
el reglamento del Consejo de Estado, quedará así:
Artículo 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS NEGOCIOS ENTRE
LAS SECCIONES.
Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la
Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus
secciones atendiendo un criterio de especialización y de
volumen de trabajo, así:
(…)
Sección Quinta:
1-. Los procesos de simple nulidad contra actos de
contenido electoral […]” (Negrillas y subrayas fuera de
texto).
Al respecto, la Sala destaca que en relación con la naturaleza y
control jurisdiccional de los actos de delegación de funciones
17
“[…] La Sala Plena del Consejo de Estado, en ejercicio de la facultad que le atribuye el artículo 237,
numeral 6º, de la Constitución Política, y de conformidad con lo aprobado en sesión de febrero 16 del
año en curso, ACUERDA: La Corporación se regirá por el siguiente reglamento […]”.
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presidenciales, expedidos con fundamento en el artículo 196 de la
Constitución Política, en sentencia de 11 de julio de 201118, la
Sección Quinta de esta corporación advirtió lo siguiente:
“[…] Conforme lo dispone el artículo 128 del Código
Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para conocer privativamente y en única instancia
el presente proceso y por disposición del Acuerdo 55 de 2003
por medio del cual se modifica el Reglamento del Consejo de
Estado, la Sección Quinta conoce de los siguientes asuntos: a)
De los procesos de simple nulidad contra actos de contenido
electoral; b) De los de nulidad y restablecimiento del derecho
distintos de los de carácter laboral, contra actos de contenido
electoral y c) De los procesos electorales relacionados con
elecciones o nombramientos.
Los Decretos Presidenciales demandados se asumen bajo la
condición jurídica de ostentar la naturaleza de actos de
designación del Ministro como Delegatario de funciones
presidenciales, y por lo tanto, pasibles de demandarse en
acción de nulidad electoral o contencioso electoral, proceso
especial asignado a la Sección Quinta.
Este entendido, debido a que a partir de que se expiden dichos
pronunciamientos de investidura presidencial, el Ministro
Delegatario actúa en el territorio de la República,
transitoriamente, mientras la permanencia del titular en el
exterior, como Presidente de la República con atribuciones de
Jefe de Gobierno y primera autoridad administrativa.
Así, se trata de impartir control judicial a un acto sui
generis de índole político, que por expresa disposición
de la Carta Política le corresponde emitir al Presidente
de la República, cuando se traslada a territorio
extranjero como Jefe de Estado.
El supremo juez contencioso administrativo cuando actúa como
juez del acto de designación del Ministro Delegatario, examina
la legitimidad del acceso a la función pública presidencial en la
modalidad o situación constitucional de Ministro Delegatario,
conoce y decide sobre una materia que está vinculada con la
preservación de la democracia.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, CP. Susana Buitrago
Valencia, número único de radicación 11001-03-28-000-2010-00118-00.
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Entonces, dada la connotación política especial que
revisten los Decretos de designación como Ministro
Delegatario, no se asimilan a la que ostentan los actos
administrativos que de ordinario se profieren en
ejercicio de la función administrativa general para
delegar funciones propias del empleado público.
Por esta razón y dada su naturaleza sui generis no es de recibo
adscribirlos en este régimen general.
La Sala reitera que, en esencia se trata de un acto de
designación de verdadera investidura presidencial pro tempore,
que va mucho más allá de la convencional figura de la
delegación administrativa. Tan cierto es, que el designado
Ministro Delegatario puede decretar, entre otras medidas, v.
gr., el estado de conmoción interior y el de emergencia
económica (artículo 1° numeral 5 de los decretos presidenciales
demandados), con toda la atribución y competencia como Jefe
de Gobierno de la República […]”(Destacado fuera de texto).
En el mismo sentido esta Sección decidió inadmitir, y luego trasladar
por competencia a la Sección Quinta, una demanda que inicialmente
había sido promovida contra los dos actos que se acusan en el caso
bajo examen, esto es, los decretos núms. 1378 y 1500 de 2009, para
lo cual señaló lo siguiente:
“[…] Así las cosas, de conformidad con la citada disposición es
evidente que los actos aquí censurados no cumplen con los
requerimientos expuestos a fin de ser tramitados en un mismo
proceso, como quiera que si bien la acción ejercida es la pública
de nulidad, es decir hay coincidencia del proceso por el que se
tramita la demanda de la referencia, no se predica lo mismo
respecto de las partes, pues precisamente las autoridades
demandadas son dos: el Decreto No. 1378 de 2009 fue
proferido por el Presidente de la República, en tanto que el
Decreto No. 1500 de ese mismo año fue expedido por el
Ministro del Interior y de Justicia.
Ocurre lo propio con las pretensiones allí expuestas, ya
que si bien se dirigen a atacar la validez de los actos
administrativos expedidos por las mentadas entidades,
tales no versan sobre el mismo objeto, es decir sobre la
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misma decisión de la Administración, toda vez que se
discuten decisiones diferentes que en cada caso implica
la regulación de situaciones jurídicas distintas.
(…)
Como consecuencia, se ordenará al demandante que
adecue la demanda individualizando el acto
administrativo que pretende se declare nulo de
conformidad con lo expuesto anteriormente, es decir
demandando de forma separada los Decretos 1378 de
2009 proferido por el Presidente de la República de
Colombia y el 1550 de 2009 expedido por el Ministro del
Interior y de Justicia.
En vista de lo anterior y en aplicación de lo dispuesto por el
artículo 143 del C.C.A., el Despacho RESUELVE:
1.- INADMÍTASE la demanda instaurada, en ejercicio
de la acción de nulidad contra los Decretos 1378 del 22
de abril de 2009 por medio del cual “se delegan unas
funciones constitucionales” proferido por el Presidente de
la República de Colombia, y el 1500 del 29 de abril de
esa misma anualidad, por del cual “se establecen los
requisitos para la constitución, funcionamiento y
habilitación de los Centros de Enseñanza
Automovilística, se determina su clasificación y se dictan
otras disposiciones.
2.- So pena de rechazo, se concede al actor un
plazo de cinco (5) días para que corrija la demanda
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia […]”19 (Negrillas y subrayas fuera
de texto).
“[…] Encontrándose el proceso al Despacho para resolver sobre
la admisión de la demanda, se advierte que, según lo
dispuesto por el artículo 13, Sección Quinta, numeral 1,
del Acuerdo núm. 58 de 15 de septiembre de 1999, tal
como fue modificado por el artículo 1 del Acuerdo núm.
55 del 2003 de la Sala Plena, el presente asunto
corresponde a la Sección Quinta de esta Corporación, ya
que se trata de una Acción Pública de Nulidad,
instaurada contra el Decreto No. 1378 del 22 de abril de
2009 por medio del cual el Presidente de la República
Doctor Álvaro Uribe Vélez delega en el Ministro del
Interior y de Justicia doctor Fabio Valencia Cossio unas
funciones constitucionales y legales como Ministro
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de ponente de 28
de mayo de 2012, número único de radicación 11001032400020110043500, Consejero ponente Marco
Antonio Velilla Moreno (E).
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Número único de radicación: 110010324000 2011 00434 00
Actores: Elsa María Nieto de Velasco y otros
Delegatario.
Notifíquese y cúmplase […]”20 (Negrillas y subrayas fuera de
texto).
Una vez arribó el proceso a la Sección Quinta para decidir sobre su
admisión, se dispuso su rechazo de plano por las siguientes
consideraciones:
“[…] El Sr. Jaime Orlando Salazar Chaves, en ejercicio de la
acción de simple nulidad, demandó la nulidad del decreto
1378 de 22 de abril de 2009, por el cual el Presidente Uribe
Vélez designó como Ministro Delegatario a Fabio Valencia
Cossio. Pese a lo anterior, para el Despacho es claro que
por dirigirse la demanda contra un acto administrativo
mediante el cual se efectúa una designación, la acción
aplicable al caso concreto, es la electoral21, y no la de
simple nulidad.
(…)
Ahora bien, habiendo remitido la Sección Primera el
asunto a la Quinta, por su falta de competencia, e
ingresado el expediente el día de ayer al Despacho
Ponente, en consideración a la fecha de expedición del
acto administrativo demandado, es 22 de abril de 2009,
se hace evidente que frente al asunto ha operado el
fenómeno de la caducidad de la acción electoral. Sobre el
punto dispone el numeral 12 del artículo 136 del C.C.A.,
normativa aplicable al caso concreto en consideración a la fecha
de expedición del acto y de la presentación de la demanda: “La
acción electoral caducará en veinte (20) días, contados a partir
del siguiente a aquél en el cual se notifique legalmente el acto
por medio del cual se declara la elección o se haya expedido el
nombramiento de cuya nulidad se trata. Frente a los actos de
confirmación, el término de caducidad de la acción se contará
a partir del día siguiente a la fecha en la cual se confirme la
designación o nombramiento”. Término que se encuentra
ampliamente vencido […]”22 (Negrillas y subrayas fuera de
texto).
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de ponente de 28
de noviembre de 2012, número único de radicación 11001032400020110043500, Consejero ponente
Guillermo Vargas Ayala.
21
Cit. Sección Quinta, sentencia de 11 de julio de 2011, número único de radicación
11001032800020100011800, Consejera ponente Susana Buitrago Valencia.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto de ponente de 21 de
enero de 2013, número único de radicación 11001032800020130000200, Consejero ponente Alberto
Yepes Barreiro.
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La Sala observa entonces que el Decreto núm. 1378 de 2009, es un
acto administrativo de origen presidencial de contenido electoral por
cuanto, a través de este se constituyó la designación del ministro
delegatario de aquellas funciones que asumiría en sustitución del
Presidente de la República, es decir, comprende el nombramiento
ordenado por el inciso final del artículo 196 Constitucional.
En este sentido, el escenario previsto por la codificación de lo
contencioso administrativo para debatir su legalidad, como antes se
resaltó, es el procedimiento especial de la acción de nulidad electoral.
Por su parte, el Decreto núm. 1500 de 2009 fue expedido por el
Ministro del Interior y de Justicia, en su calidad de delegatario de
funciones presidenciales conforme con el Decreto núm. 1378 de
dicha anualidad, junto con los Ministros de Educación Nacional y
Transporte, con el objeto de establecer los requisitos para la
constitución, funcionamiento y habilitación de los centros de
enseñanza automovilística.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que el Decreto núm. 1500 de
2009 es un acto administrativo del Gobierno Nacional, de naturaleza
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ordinaria de carácter general y abstracto, de cuyo contenido se
desprende la regulación de establecimientos docentes en materia
automovilística en el territorio nacional, siendo susceptible de
discutirse a través de la presente acción pública de nulidad prevista
en el artículo 84 del CCA.
A partir de las anteriores precisiones, la Sala observa que, en efecto,
en el asunto bajo análisis, no concurren los requisitos exigidos para
lograr la debida acumulación de las pretensiones, por cuanto si bien
éstas no se excluyen entre sí, es evidente que no pueden tramitarse
por el mismo procedimiento y esta Sala no es competente para
conocer de todas.
En ese orden de ideas, es claro que la pretensión de nulidad del
Decreto núm. 1378 de 2009 no es acumulable con la pretensión de
nulidad del Decreto núm. 1500 de dicha anualidad, este último que
sí es susceptible de tramitarse bajo el presente procedimiento
ordinario de conocimiento de esta Sección.
Lo anterior impone aplicar el criterio adoptado de manera reiterada
por esta Corporación, de acuerdo con el cual, cuando al momento de
fallar el juez advierte que se acumularon, irregularmente,
pretensiones cuyo juzgamiento no le compete o son incompatibles
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con el procedimiento que está tramitando, deberá inhibirse para
decidirlas de fondo pero, a su vez, deberá resolver las que
permanecen bien acumuladas23.
De conformidad con lo expuesto y habida cuenta que la Sala encontró
probada la excepción de inepta demanda por indebida acumulación
de pretensiones, propuesta por los Ministerios de Trabajo, del
Interior y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, en lo relacionado con la nulidad del Decreto núm. 1378 de
2009, la declarará en la parte resolutiva de esta providencia y se
inhibirá para despacharla de fondo.
III.2.2.- En consonancia con la decisión inhibitoria adoptada en los
términos expuestos, la Sala advierte que se abstendrá de
pronunciarse en torno a las excepciones de indebida escogencia de
la acción pública de nulidad, falta de competencia y caducidad de la
acción, por cuanto éstas, al igual que la de indebida acumulación de
pretensiones, también procuran obtener la declaratoria de ineptitud
de la demanda en lo relacionado, exclusivamente, con el referido
Decreto núm. 1378 de 2009, acto administrativo que quedará
excluido del análisis y decisión de fondo que atañe a la presente
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencias de 2 de junio
de 1996, expediente número núm. 1558, y de 10 de marzo de 2005, expediente núm. 3333. Sección
Primera, sentencia de 16 de septiembre de 2010, número único de radicación
11001032400020040019401, Consejera ponente María Claudia Rojas Lasso.
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providencia.
Ahora bien, en relación con la falta de argumentación de la demanda
que alegó el Ministerio del Interior, la Sala destaca que conforme con
el numeral 4 del artículo 137 del CCA, cuando se trata de la
impugnación de un acto administrativo en el escrito introductorio
deben indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su
violación.
En el presente caso la Sala advierte que, contrario a lo reprochado
por la cartera referida, la demanda propuesta en la acción de la
referencia cumple con la carga argumentativa requerida para dar por
cumplido el requisito previsto en el numeral 4 del artículo 137 del
CCA, dado que la parte actora expuso con claridad las normas que a
su juicio encontraba transgredidas y las razones de tales
afirmaciones, por lo que no hay lugar a declarar probada excepción
previa alguna frente a este aspecto.
La Sala encuentra que en el escrito de alegatos de conclusión, el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
propuso la excepción de “[…] ineptitud de la demanda por indebida
representación de la Nación […]”.
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La autoridad referida alegó que no está llamada a representar los
intereses de la nación “[…] porque los decretos demandados carecen
de la firma del Director de este Departamento Administrativo […].
Al respecto, la Sala señala que la oportunidad procesal para proponer
excepciones en el presente asunto era en la contestación de la
demanda, conforme con el numeral 3 del artículo 144 del CCA, por
lo que tal proposición en la etapa de alegatos de conclusión resulta
extemporánea.
Por lo demás, la Sala destaca que en el presente asunto la
Presidencia de la República, organizada como departamento
administrativo, fue notificada de la demanda, por una parte, en razón
a que esta está dirigida en su contra y, por otra, porque los actos
administrativos fueron expedidos, por el Presidente de la República
y por el Ministro del Interior y de Justicia, como delegatario de
funciones presidenciales.
Ahora bien, conforme con el Decreto núm. 2519 de 10 de diciembre
de 198824, expedido por el Director del Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República, fue delegada en el secretario de la
entidad la facultad de notificarse, representar y conferir poderes en
24
Aportado como anexo de la contestación de la demanda por parte de dicha entidad. Visto a folio 202.
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Número único de radicación: 110010324000 2011 00434 00
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nombre del Presidente de la República en los procesos que le sean
notificados.
En relación con este aspecto, en providencia de 23 de abril de 2021,
esta Sección25 señaló:
“[…] Para resolver, el Despacho pone de presente que ya ha
tenido la oportunidad de pronunciarse en diferentes
oportunidades sobre idénticos argumentos a los que ahora trae
a colación la apoderada de la Presidencia de la República, para
lo cual se puede citar el proceso radicado 2012 – 00369,
promovido por el doctor RAMIRO BEJARANO GUZMÁN,
pronunciamiento que se realizó por la Sala de Decisión de la
Sección Primera en la audiencia celebrada el 5 de septiembre de
2018.
En dicha oportunidad, en esencia, se consideró lo siguiente:
1. La capacidad y la representación de los sujetos procesales
en los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo se encuentra regulada en el artículo
159 de la Ley 1437 de 2011 y que de la lectura de dicha
disposición se advierte que “[…] cuando se demande la nulidad
de un acto administrativo, la capacidad para ser sujetos
procesales se encuentra radicada en las entidades públicas, […],
deban ser vinculados como parte demandada o pasiva […]”.
2. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 245 de 19
de febrero de 2019, el Presidente de la República delegó en el
Secretario Jurídico del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República la facultad “notificarse, representar
y conferir poderes en nombre del Presidente de la República, y
los procesos judiciales que le sean notificados, en los que se
constituya en parte y en general en todas las actuaciones que se
surtan ante la Rama Judicial”.
3. De acuerdo con los Decretos 3443 de 2010 y 1649 de
2014, corresponde al Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, a través de su Secretaria Jurídica
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 23 de
abril de 2021, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-24-000-2015-
00375-00.
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“[…] Revisar, estudiar, formular observaciones y emitir
conceptos sobre los proyectos de decreto, resoluciones
ejecutivas y directivas presidenciales sometidas a consideración
del Presidente de la República […]”.
4. El artículo 115 de la Constitución Política dispone que
ningún acto del Presidente, excepto el de nombramiento y
remoción de Ministros y Directores de Departamentos
Administrativos y aquellos expedidos en su calidad de Jefe del
Estado y de suprema autoridad administrativa, tendrá valor ni
fuerza alguna mientras no sea suscrito y comunicado por el
Ministro del ramo respectivo o por el Director del Departamento
Administrativo correspondiente, quienes, por el mismo hecho,
se hacen responsables.
5. Con fundamento en lo anterior, no hay duda que resulta
indispensable la presencia del Presidente de la República en la
defensa del acto administrativo suscrito precisamente por él.
6. En ese contexto, el Despacho no accede a la solicitud
presentada y, por ende, declara como no probada la excepción
formulada por la apoderada del Presidente de la República […]”.
En ese orden de ideas, la Sala encuentra que, en efecto, era
procedente la vinculación de la Presidencia de la República en la
defensa de los actos administrativos acusados.
III.3.- COSA JUZGADA FRENTE A LOS CARGOS DE NULIDAD
POR FALTA DE COMPETENCIA, ARTÍCULOS 1° Y 8° PARCIAL
DEL DECRETO NÚM. 1500 DE 2009
En su escrito de contestación, el DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
señaló que cursa una acción de nulidad simple, ante esta Sección,
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Número único de radicación: 110010324000 2011 00434 00
Actores: Elsa María Nieto de Velasco y otros
contra el Decreto núm. 1500 de 2009, identificada con el número
único de radicación 110010324000 2009 00573 00, por lo que solicitó
analizar la pertinencia de una posible acumulación procesal.
Al respecto, se advierte que en el momento en que correspondió el
turno para decidir el presente asunto, el proceso identificado con el
número único de radicación 110010324000 2009 00573 00 ya fue
decidido, mediante sentencia de 21 de enero de 2021.
No obstante, lo anterior implica que previo a abordar el estudio del
fondo del asunto se verifique si frente a los cargos de nulidad
propuestos por la parte actora en el presente asunto se encuentra
configurada la excepción de cosa juzgada.
Al respecto, el CCA, en concordancia con el Código General del
Proceso, en adelante CGP, prevé, en cuanto a la cosa juzgada, que:
“[…] ARTÍCULO 175. COSA JUZGADA. La sentencia que
declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de
cosa juzgada "erga omnes".
La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada
"erga omnes" pero sólo en relación con la "causa petendi"
juzgada.
La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de
reparación directa y cumplimiento, producirá cosa juzgada
frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma
causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad
jurídica de partes; la proferida en procesos de restablecimiento
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del derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en el
proceso y obtenido esta declaración a su favor.
Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una
ordenanza o de un acuerdo intendencial, comisarial, distrital o
municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo
pertinente los decretos reglamentarios […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
“[…] ARTÍCULO 303. COSA JUZGADA26. La sentencia
ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene
fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso
verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa
que el anterior y entre ambos procesos haya identidad
jurídica de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del
segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que
figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre
vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si
se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los
demás casos.
En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas
para que comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la
cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las
comprendidas en el emplazamiento.
La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de
revisión […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Esta Corporación ha explicado, acerca de la declaratoria de la cosa
juzgada en el marco de una acción de nulidad simple, lo siguiente:
“[…] Así las cosas, corresponde definir sobre la manera cómo opera
la cosa juzgada en virtud de los fallos de simple nulidad, con miras
a determinar si la misma se configura en el caso concreto.
(…)
Sobre el concepto de Cosa Juzgada la Sección Primera del Consejo
de Estado, en sentencia de 17 de junio de 2017, indicó lo siguiente:
“[…] El fenómeno de la cosa juzgada se encontraba
regulado en los artículos 332 del Código de Procedimiento
26
Antes artículo 332 del CPC
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Civil y el artículo 175 del Código Contencioso
Administrativo, cuyo contenido es el siguiente: (…)
En relación con el fenómeno de la cosa juzgada, esta Corporación
ha indicado que:
“[…] Pues bien, en cuanto al fenómeno de la cosa
juzgada, cabe advertir que se le ha asimilado al
principio del <<non bis in ídem>> y tiene por objeto
que los hechos y conductas que han sido resueltos a
través de cualquiera de los medios aceptados por la
ley, no vuelvan a ser debatidos en otro juicio posterior.
Tal cualidad de lo resuelto obliga a las partes por cuanto lo
decidido tiene carácter vinculante y obligatorio y, por lo
tanto, goza de plena eficacia jurídica, por ello la cosa juzgada
comprende todo lo que se ha disputado […]”.
También ha señalado que:
“[…] Sobre la cosa juzgada, ha dicho la Corte
Constitucional que es una cualidad inherente a las
sentencias ejecutoriadas, por la cual aquellas resultan
inmutables, inimpugnables y obligatorias, lo que hace que
el asunto sobre el cual ellas deciden no pueda volver a
debatirse en el futuro, ni dentro del mismo proceso, ni
dentro de otro entre las mismas partes y que persiga igual
objeto.
El fin primordial de este principio radica en impedir
que la decisión en firme sea objeto de nueva revisión
o debate, o de instancias adicionales a las ya
cumplidas, o que se reabra el caso judicial dilucidado
mediante el fallo que reviste ese carácter, con total
independencia de su sentido y alcances, dotando de
estabilidad y certeza las relaciones jurídicas y
dejando espacio libre para que nuevos asuntos
pasen a ser ventilados en los estrados judiciales.
La cosa juzgada responde a la necesidad social y política
de asegurar que las controversias llevadas a conocimiento
de un juez tengan un punto final y definitivo, a partir del
cual la sociedad pueda asumir sin sobresaltos la decisión
así alcanzada.
El fenómeno de la cosa juzgada opera cuando
mediante decisión de fondo, debidamente
ejecutoriada, la jurisdicción ha tenido la oportunidad
de pronunciarse sobre la causa petendi juzgada en
proceso posterior.
Como tal, dicha figura jurídica impide que se expidan
pronunciamientos futuros sobre el mismo asunto, dada su
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previa definición o juzgamiento a través de providencias
en firme, en clara salvaguarda de la seguridad jurídica […]”
Tanto el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil como
el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo fueron
derogados por el Código General del Proceso (Artículo 303)
y por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Artículo 189).
Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Sección B, en la sentencia del 19 de abril
de 2012, Magistrado Ponente: Fredy Ibarra Martínez, analizó
la existencia del fenómeno de la cosa juzgada bajo los
lineamientos de los artículos 332 del Código de
Procedimiento Civil y 175 del Código Contencioso
Administrativo, normas aplicables a la controversia, por lo
que le corresponde a la Sala verificar si, a la luz de dichas
disposiciones legales, se configuró o no tal fenómeno.
La doctrina ha indicado que para que opere este fenómeno
se requiere de la presencia de los siguientes elementos:
“[…] 1.- Que se adelante un nuevo proceso con
posterioridad a la ejecutoria de la sentencia dictada. Si en
el primer proceso la sentencia no está ejecutoriada, no
opera la excepción de cosa juzgada sino la de pleito
pendiente, que es previa y cuyos requisitos son
fundamentalmente los mismos de la excepción de cosa
juzgada; sólo se diferencian en que el pleito pendiente
supone la no terminación del primer proceso, en tanto que
la cosa juzgada, al basarse en el fallo ejecutoriado, parte
de la finalización de aquel, tal como ya se explicó al
estudiar la excepción previa.
2.- Que ese nuevo proceso sea entre una mismas partes,
o, como lo anota el art. 332, que “haya identidad jurídica
de partes (…)
3.- Que el nuevo proceso verse sobre un mismo
objeto (art. 332). Tal como lo dice con particular
acierto la Corte, “el objeto de la demanda consiste
en las prestaciones o declaraciones que se reclaman
a la justicia”, que son precisamente los puntos sobre
los cuales versa la parte resolutiva de la sentencia;
Devis señala que el “objeto del proceso lo constituye
el derecho reconocido, declarado o modificado por la
sentencia, en relación con una cosa o varias cosas
determinadas, o la relación jurídica declarada según
el caso”.
Ampliamente tratado por la doctrina debido a su
importancia, el concepto de objeto del proceso resulta
esencial entre otros muchos aspectos para precisar la
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existencia de la cosa juzgada; numerosas son las teorías
que pretenden explicar cuál es la noción, y vívido ejemplo
de ellos son las posiciones de la Corte Suprema de Justicia
y de uno de los redactores del Código, pues mientras la
entidad que se encuentra en las pretensiones, el segundo
lo ubica en la sentencia.
En realidad las dos posiciones son acertadas porque
el objeto del proceso no sólo se encuentra en las
pretensiones, lo cual equivale a aceptar que
igualmente debe buscarse en los hechos en que
aquellas se apoyan, sino también en lo decidido en
la sentencia y es por eso que en orden a precisar si
existe el mismo objeto en el nuevo proceso deben
estudiarse los hechos, pretensiones y sentencia del
anterior para confrontarlo con los hechos y
pretensiones del segundo a fin de precisar si existe
identidad y, caso de darse los otros requisitos,
declarar la existencia de la cosa juzgada.
4. Que el nuevo proceso se adelante por la misma
causa que originó el anterior. La causa es la razón
por la cual se demanda; los motivos que se tienen
para pedir al Estado determinada sentencia. Esos
motivos, por disposición del art. 76, deben aparecer
expresados en toda demanda y surgen de los hechos
de ella por cuanto de su análisis es como se puede
saber si en verdad existe identidad de causa […]”.
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que la cosa
Juzgada se estructura a partir de dos premisas, una objetiva
relacionada con el objeto y la causa de la controversia, y otra
subjetiva relativa a los sujetos que intervienen en un
proceso. Así lo ha precisado la Sala Plena del Consejo de Estado,
entre otras, en sentencia de veintiséis (26) de julio de dos mil cinco
(2005), señaló:
“[…] La institución de la cosa juzgada, como lo ha reiterado esta
Corporación, está sujeta a dos límites: el objetivo, que mira
hacia el asunto sobre el que versó el debate y la causa petendi
de la prestación, y el subjetivo, que tiene que ver con las
personas que fueron parte en el proceso. Así mismo, la cosa
juzgada se predica de los puntos que han sido materia expresa
de la decisión de una sentencia y sólo puede extenderse a
aquellos que por ser consecuencia necesaria o depender
indispensablemente de ella, se reputan tácitamente decididos.
Los principios tutelares de esta institución jurídica son los
establecidos en el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil,
los cuales son aplicables al proceso contencioso administrativo,
por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso
Administrativo. Según el artículo 332 ibídem, cabe plantear la
cosa juzgada con éxito solo si concurren los tres elementos
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señalados en ella, esto es, que en ambos procesos exista
identidad de partes, de objeto y de causa. La jurisprudencia y la
doctrina han señalado que la identidad de partes no es física sino
jurídica, lo cual explica la previsión del inciso segundo del
precitado artículo, al entender que hay identidad de partes
cuando los del segundo proceso son sucesores por causa de
muerte de los que figuraron en el primero o causahabientes
suyos por acto intervivos celebrado con posterioridad al registro
de la demanda. Así mismo la jurisprudencia ha dicho que
este tercer requisito, denominado límite subjetivo de la
institución de la cosa juzgada, no tiene aplicación alguna
en los procesos contencioso administrativos de nulidad,
pues las sentencias que sobre ellos recaiga tienen un
valor erga omnes, como lo establece el artículo 175 del
Código Contencioso Administrativo, lo cual implica que
son oponibles a cualquier demandante que pretende, por
los mismos motivos, iniciar nuevamente el debate
judicial. Además en estos procesos la parte actora no
promueve la acción en interés particular, sino en interés
del orden jurídico […]”27.
En cuanto al límite subjetivo, los efectos de la cosa juzgada
son por regla general inter partes, con excepción de las
decisiones que producen efectos erga omnes, caso en el cual
los mismos son oponibles de manera general.
En el caso de las sentencias que sean emitidas en procesos que se
adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativos, los
efectos de las mismas se encuentran delimitados en el artículo 189
del CPACA, que sobre el particular determina:
“Artículo 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que
declare la nulidad de un acto administrativo en un
proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La
que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada
erga omnes pero solo en relación con la causa petendi
juzgada. Las que declaren la legalidad de las medidas que
se revisen en ejercicio del control inmediato de legalidad
producirán efectos erga omnes solo en relación con las
normas jurídicas superiores frente a las cuales se haga el
examen […]” (Negrillas fuera del texto)
De conformidad con la norma transcrita, la sentencia que decrete
la nulidad de un acto administrativo tiene efectos erga omnes de
manera plena, por lo que respecto de dicho acto no resulta posible
adelantar un nuevo proceso en el que se solicite su anulación. Sin
embargo, cuando se trate de sentencias en las que se
27
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero ponente doctora Ana Margarita Olaya Forero,
Radicación Nro. 11001-03-15-000-1999-00217-01(REV); actor: Roberto Hermida Izquierdo,
demandado: Ministerio De Hacienda y Crédito Público.
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denieguen la nulidad, los efectos de cosa juzgada solo
recaen sobre la causa petendi, razón por la cual es posible
que respecto de los actos que son objeto de la decisión se
puedan tramitar nuevos procesos, los cuales deben tener
por fundamento una causa distinta a la resuelta en la
sentencia que negó la pretensión nugatoria […]”28 (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
En ese contexto, se tiene que la identidad de objeto implica que la
demanda debe versar sobre la misma pretensión frente a la cual se
predica la cosa juzgada. Por su parte, el requisito de la identidad de
causa petendi se refiere a que la demanda y la decisión que hizo
tránsito a cosa juzgada deben tener un origen común, es decir, que
se sustenten en los mismos supuestos fácticos o jurídicos29.
Por lo mismo, el motivo de la demanda debe ser igual al inicialmente
propuesto, lo que implica un análisis integral tanto de fundamentos
fácticos como jurídicos en que aquellas se apoyan, como de lo
decidido en la sentencia, en orden a precisar si existe el mismo objeto
en el nuevo proceso y, en tal evento, declarar la existencia de la cosa
juzgada.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de
diciembre de 2017, número único de radicado 05001-23-33-000-2015-02253-01, Consejero ponente
doctor Roberto Augusto Serrato Valdés.
29
En términos de la Corte Constitucional la causa petendi “[…] hace referencia a las razones que
sustentan las peticiones del demandante ante el juez. Es así como la causa petendi contiene, por una
parte, un componente fáctico constituido por una serie de hechos concretos y, de otro lado, un
componente jurídico, constituido no sólo por las normas jurídicas a las cuales se deben adecuar los
hechos planteados sino, también, por el específico proceso argumentativo que sustenta la anotada
adecuación. En suma, es posible afirmar que la causa petendi es aquel grupo de hechos jurídicamente
calificados de los cuales se busca extraer una concreta consecuencia jurídica […]”. Sentencia T-534 de
2015, MP Alberto Rojas Ríos.
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En cuanto a la semejanza jurídica de las partes, la Sala reitera que
es un requisito que no tiene incidencia alguna en los procesos de
nulidad, por cuanto las sentencias allí proferidas producen efectos
erga omnes, lo cual implica que son oponibles a cualquier
demandante que pretenda, por los mismos motivos, iniciar
nuevamente el debate judicial. Adicionalmente, en estos procesos la
acción es promovida no en procura de un interés particular, sino en
defensa del orden jurídico y la legalidad objetiva.
En ese orden de ideas, la Sala pasa a examinar si el objeto y la causa
de la demanda incoada en el asunto de la referencia coinciden con
aquellos del proceso identificado con el número único de radicación
110010324000 2009 00573 00, que culminó con sentencia
calendada el 21 de enero de 2021.
En el presente asunto de manera principal, como objeto del proceso,
la parte actora pretende la nulidad general del Decreto núm. 1500
de 29 de abril de 2009 y, en forma subsidiaria, la de los artículos 1°,
3°, 4°, 5°, 6° (parágrafo), 8°, 12, 24 (numerales 3, 6 y 9) y 26 del
mismo acto administrativo.
La causa petendi, en lo que concierne a los fundamentos jurídicos
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que sustentan la pretensión principal deviene de la nulidad que la
actora pregonaba del Decreto 1378 de 2009.
En relación con las pretensiones subsidiarias, a partir del cargo que
la parte actora denominó “Extralimitación de la facultad
reglamentaria”, se tiene que la causa petendi subyace de tres
inconformidades:
I) Artículos 1°, 6° (parágrafo), 8°, 12, 24 (numerales 3, 6 y 9) y 26
del Decreto núm. 1500 de 2009
Presunta falta de competencia del gobierno para regular requisitos
de “habilitación” de los centros de enseñanza automovilística.
II) Artículos 3°, 4° y 5° del Decreto núm. 1500 de 2009
Transgresión al artículo 84 superior por la imposibilidad de las
autoridades accionadas para regular las licencias de funcionamiento
de los referidos establecimientos, por la existencia de normatividad
previa sobre el mismo asunto contenida en los artículos 41, 46 y 47
del Decreto 2150 de 1995.
III) Artículo 8º
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Falta de competencia del Ministerio de Transporte para revisar el
requisito de infraestructura de los centros de enseñanza
automovilística, por ser una función atribuida a las secretarías de
educación distritales y municipales.
Ahora bien, el proceso identificado con el número único de radicación
110010324000 2009 00573 00 tuvo origen, en una demanda
presentada contra los artículos 1°, 3°, 7° (inciso 2) y 8° del Decreto
núm. 1500 de 29 de abril de 2009 y la Resolución 3245 de 21 de julio
de 2009, “[…]Por la cual se reglamenta el Decreto 1500 de 2009 y
se establecen requisitos para la habilitación de los centros de
enseñanza automovilística […]”.
En dicha oportunidad fue excluida del análisis la resolución aludida,
en razón a que los cargos de nulidad solo se suscribieron respecto al
Decreto 1500 de 2009, por lo que el problema jurídico fue planteado
en los siguientes términos:
“[…] Corresponde a la Sala determinar, con fundamento en la
demanda y las respectivas contestaciones de demanda, si los
artículos 1.°, 3.° 7.° (Inciso 2.°) y 8.° del Decreto núm. 1500
de 29 de abril de 2009, “[…] Por el cual se establecen los
requisitos para la constitución, funcionamiento y habilitación de
los Centros de Enseñanza Automovilística, se determina su
clasificación y se dictan otras disposiciones […]”,están viciados
de nulidad por haber sido expedidos sin competencia y por la
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infracción de normas de rango constitucional y legal invocadas
[…]”
Frente a la causa petendi en el aspecto jurídico y lo resuelto en
relación con cada cargo, se advirtió lo siguiente:
Cargos Decisión
“[…] “[…]la Sala considera que; i) los
límites de la potestad
Primer cargo: Falta de
competencia reglamentaria se precisan en cada
caso en particular por la necesidad
3. Adujo la parte demandante que los de proveer a que sea cumplida
Ministerios de Transporte y de debidamente la ley y, por lo tanto,
Educación Nacional no tenían la en el caso sub examine la parte
competencia para los demandada tenía como función
expedir
apartados acusados, por cuanto: i) dictar reglamentos o actos
el Ministerio de Transporte no administrativos de contenido
puede habilitar y vigilar general, con sujeción a la ley y al
establecimientos naturaleza reglamento, y sin rebasar el ámbito
de
educativa de educación no formal; de regulación normativa; ii) la
y ii) el Ministerio de Educación facultad de reglamentación
Nacional no puede ejercer sus otorgada al Gobierno Nacional
competencias frente a los Centros en el artículo 3.° del Decreto
de Enseñanza Automovilística, 2171 de 1992 y en la Ley 1064,
desconociendo su naturaleza de autoriza a la parte demandada
establecimientos educativos y solo para adoptar medidas como las
colabora al Ministerio de Transporte señaladas en los actos
en la expedición del acto acusado. acusados; y iii) los apartes del
[…]” acto acusado responden al
principio de coordinación que el
artículo 13 de la Ley 769 le
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impone a los ministerios de
transporte y educación […]” (
Destacado fuera de texto).
“[…] 50.2. De conformidad con las
“[…] Segundo cargo: Violación normas indicadas en los numerales
a disposiciones normativas y
del 33 y 34 supra, la Sala observa
constitucionales de los
artículos 1.°, 3.°, 7.° (inciso que es la ley la que define los tipos
2.°) y artículo 8.° del Decreto de educación, si se trata de
1500 de 2009
educación formal o no formal y, por
lo tanto, no puede concluirse que:
50. La parte demandante
i) la parte demandada al no definir
fundamentó este cargo de nulidad,
en el acto acusado el tipo educación
con base en los siguientes
aplicable a los Centros de
argumentos:
Enseñanza Automovilística se
extralimitó en sus funciones o que
Artículo 1.° del Decreto núm.
creó un nuevo tipo de educación.
1500 de 2009
50.3. En efecto, no le correspondía
50.1. Adujo que el Decreto 1500 de
al acto acusado denominar la
2009 no define en su objeto si los
modalidad de la educación que se
Centros de Enseñanza
imparte en los centros de
Automovilística pertenecen a la
enseñanza automovilística, toda
estructura de educación establecida
vez que la educación no formal30
en el artículo 1.° de la Ley 115 y,
está definida en la Ley 115 en
por lo tanto, la parte demandada,
cuanto a su naturaleza,
al no definirlo, estableció un nuevo
modalidades y fines, razón por la
nivel educativo […]”.
cual, la Sala considera, contrario a
lo que afirma la parte demandante
en este cargo, que además de no
estar demostrado que el apartado
30
Hoy en día denominada “educación para el trabajo y desarrollo humano” en virtud de la Ley 1064 de
2006.
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acusado viole la ley, al no definirse
el tipo de educación, de manera
alguna supone la creación de una
nueva modalidad, por lo que no es
procedente declarar la nulidad del
apartado acusado, respecto a este
cargo de nulidad […]”.
“[…] Artículo 3.° del Decreto “[…]50.6 Pese a que la parte
núm. 1500 de 2009 demandante no indicó la
disposición normativa o
50.4. Indicó que "[...] [n]o es constitucional que considera viola
posible expedir una licencia de este apartado acusado, como se
funcionamiento por parte del advirtió en el acápite anterior, la
Ministerio de Educación, a los Sala encuentra, que la modalidad
Centros de Enseñanza de educación no está definida en el
Automovilística a través de sus acto acusado, sino que deviene de
Secretarías de Educación, porque la Ley 115. De esta manera, no
no se puede determinar el carácter puede considerarse que la
educativo del acto administrativo autoridad administrativa en el
que va a expedir de forma sector educación carezca de
motivada, sino ha establecido si competencia para expedir licencias
cumple como educación formal, no de funcionamiento, más aún
formal o informal [...]". cuando el artículo 15 del Decreto
núm. 114 de 1996, respecto del
funcionamiento de los centros de
enseñanza, al literal 1.° del artículo
151 de la Ley 115, según el cual,
las Secretarías de Educación
Departamentales y Distritales, son
las autoridades competentes para
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aprobar la creación y el
funcionamiento de programas e
instituciones de educación no
formal, por lo que no es procedente
declarar la nulidad de dicho
apartado, respecto a este cargo de
nulidad […]”.
“[..] Inciso 2.° del artículo 7.° “[…] De conformidad con las
del Decreto núm. 1500 de 2009 normas indicadas supra, la Sala
evidencia que lo dispuesto por el
Expresó la parte demandante que i) apartado acusado, respecto a los
el apartado acusado establece que espacios para las prácticas de
las prácticas de inducción en inducción, no fue un asunto que
conducción se deben realizar "[...] haya sido regulado por el artículo
en el área que para este fin 14 de la Ley 769 y, por lo tanto,
disponga el Centro de Enseñanza además de no observarse violación
Automovilística [...]", lo cual viola alguna a dicha disposición, para la
el artículo 14 de la Ley 769, que Sala resulta procedente y necesario
establece que la capacitación debe que el acto acusado lo haya
ser impartida por los centros de regulado […]”.
enseñanza en las vías públicas; y ii)
la parte demandada no realizó
estudios técnicos que demuestren
que es indispensable la realización
de prácticas en áreas privadas y
que sea efectiva esta medida para
el rendimiento y eficacia del
aprendizaje del alumno […]”.
“[…] Artículo 8.° del Decreto “[…] La Sala evidencia que la parte
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núm. 1500 de 2009 demandante no probó que el
apartado acusado sea violatorio del
artículo 84 de la Constitución
50.7. La parte demandante adujo
Política; por cuanto, no se observa
que el apartado acusado viola el
que dicho apartado esté
artículo 84 de la Constitución
reglamentando asuntos que hayan
Política "[...] al exigirle a los
sido reglamentados de manera
centros de enseñanza que uno de
general; así como tampoco, que el
los requisitos es tener la licencia de
apartado acusado le otorgue al
funcionamiento expedida por el
Ministerio de Transporte funciones
Ministerio de educación, para que
de vigilancia y control sobre los
sean habilitados ante el Ministerio
centros de enseñanza
de Transporte. Ya que estos
automovilística, al solicitarles que
establecimientos educativos no
para la habilitación, por parte del
podrán funcionar y desarrollar su
Ministerio de Transporte, se
objeto social con esa licencia del
requiera que el centro de
Ministerio de Educación, se observa
enseñanza cuente con la licencia
que el Ministerio de Transporte se
de funcionamiento, previamente,
atribuye nuevamente funciones de
expedida por el Ministerio de
vigilancia y control sobre los
Educación Nacional […]”.
centros educativos ya que la
habilitación es otro acto
administrativo [...]".
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Conclusión del análisis de los cargos y decisión, en la sentencia
de 21 de enero de 2021:
“[…] Del mismo modo, las leyes que confieren facultades de inspección y
vigilancia se fundamentaron en competencias constitucionales y legales,
y bajo el principio de coordinación a través de la Ley 115 y del Código
Nacional de Tránsito que faculta tanto al Ministerio de Educación como al
Ministerio de Transporte para que regulen los requisitos que deben
cumplir los Centros de Enseñanza Automovilística.
51. De esta manera, el Decreto núm. 1500 de 2009, responde a los
criterios contenidos en la Constitución Política y en las leyes 115 y 769,
por lo cual las autoridades administrativas que suscribieron dicho
acto, contaban con la competencia legal y constitucional para
establecer los requisitos de la Constitución, funcionamiento y
habilitación de los centros de enseñanza automovilística.
Conclusiones de la Sala
52. En suma, la Sala negará las pretensiones de la demanda, por
cuanto los cargos de nulidad expuestos por la parte demandante no
tienen mérito de prosperidad, de conformidad con las razones expuestas
supra […]” (Destacado fuera de texto).
De lo anterior, la Sala advierte que en el proceso identificado con
número único de radicación 110010324000 2009 00573 00, entre
otros aspectos, la parte actora cuestionó la competencia del
Ministerio de Transporte para verificar los requisitos de habilitación a
los centros de enseñanza automovilística y en general la competencia
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de la parte demandada para la expedición de los apartes
demandados, esto es, los artículos 1°, 3°, 7° (inciso 2) y 8° del
Decreto núm. 1500 de 2009.
De igual forma, la Sala encuentra que en la sentencia de 21 de enero
de 2021 esta Sección determinó que en relación con el Decreto núm.
1500 de 2009, “[…] las autoridades administrativas que suscribieron
dicho acto, contaban con la competencia legal y constitucional para
establecer los requisitos de la Constitución, funcionamiento y
habilitación de los centros de enseñanza automovilística […]”
(destacado fuera de texto), además que la facultad reglamentaria del
Gobierno Nacional “ […] autoriza a la parte demandada para adoptar
medidas como las señaladas en los actos acusados […]”.
Precisado lo anterior, la Sala observa que hay lugar a declarar
probada de oficio la excepción de cosa juzgada en lo que concierne a
las pretensiones subsidiarias de la demanda que giran en torno a la
nulidad del artículo 1° y en forma parcial del artículo 8º del Decreto
núm. 1500 de 2009, en lo que respecta a la presunta falta de
competencia del Gobierno para la regulación de requisitos de
habilitación.
Lo anterior porque dichas normas fueron demandadas, entre otras,
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por la misma razón en el proceso 110010324000 2009 00573 00,
en cuya sentencia se concluyó que “[…]las autoridades
administrativas que suscribieron dicho acto, contaban con la
competencia legal y constitucional para establecer los requisitos de
la Constitución, funcionamiento y habilitación de los centros de
enseñanza automovilística […]”. (Destacado fuera de texto).
Cabe precisar que con relación al artículo 8º aludido, la declaratoria
de excepción de oficio de cosa juzgada es parcial, en razón a que
frente a esta disposición la parte actora en el presente asunto
también alegó que el Ministerio de Transporte carecía de
competencia para verificar la infraestructura de los centros de
enseñanza automovilística, porque dicha función ya estaba atribuida
a las secretarías de educación distritales y municipales, aspecto
sobre el cual no versó en concreto ni la demanda ni la sentencia
vinculadas al proceso 110010324000 2009 00573 00, por lo que
habrá que pronunciarse en esta oportunidad sobre dicho aspecto.
La Sala destaca que si bien los artículos 6º, 12, 24 (numerales 3, 6
y 9) y 26 del Decreto núm. 1500 de 2009, en el presente asunto son
cuestionados por la parte actora, de igual forma, por la presunta falta
de competencia del Gobierno para reglamentar los requisitos de
habilitación de los centros de enseñanza automovilística, lo cierto es
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que dichas disposiciones en concreto no fueron demandadas en el
proceso precedente, por lo que hay lugar a su análisis en esta
oportunidad.
En relación con el artículo 3º del Decreto núm. 1500 de 2009, la Sala
advierte que pese a que dicha disposición fue cuestionada tanto en
el proceso preexistente como en el presente, en el primero el cargo
de nulidad analizado versó sobre la presunta falta de competencia de
las autoridades de educación para la expedición de licencias de
funcionamiento de los centros de enseñanza automovilística,
mientras que en el actual la parte actora discute la competencia del
Gobierno para regular dichos actos de autorización, por lo que hay
lugar a resolver sobre el particular.
Ahora bien, en lo que concierne con la pretensión principal de nulidad
general del Decreto núm. 1500 de 2009, derivada de la presunta
irregularidad en la delegación de las funciones presidenciales con
fundamento en el que fue expedido, la Sala encuentra que es
evidente que no hay relación alguna con el objeto del proceso
110010324000 2009 00573 00, por lo que habrá de resolverse el
reproche referido.
En síntesis, la Sala declarará probada de oficio la excepción de cosa
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juzgada en lo que concierne a la nulidad que la parte actora pregona
del artículo 1° y en forma parcial del artículo 8º, en lo que respecta
a la presunta falta de competencia del Gobierno para la regulación
de requisitos de habilitación.
III.4.- PROBLEMA JURÍDICO
De conformidad con lo anterior corresponde a la Sala determinar si:
¿Es nulo el Decreto núm. 1500 de 2009, como consecuencia de los
vicios que la parte actora atribuyó al Decreto núm. 1378 de ese año,
por presunta irregularidad en la delegación de funciones
presidenciales que en éste fueron conferidas?
¿Los artículos 6º, 12, 24 (numerales 3, 6 y 9) y 26 del Decreto núm.
1500 de 2009 son nulos, por cuanto, a juicio de la parte actora, el
Gobierno Nacional no tenía competencia para regular sobre la
habilitación de los centros de enseñanza automovilística?
¿Los artículos 3º, 4º y 5º del Decreto núm. 1500 de 2009 desconocen
el artículo 84 Superior por regular lo concerniente a las licencias de
funcionamiento de los centros de enseñanza automovilística? Esto
por cuanto, en criterio de la actora, dicho asunto ya fue regulado en
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los artículos 41, 46 y 47 del Decreto 2150 de 1995.
¿El artículo 8º del Decreto núm. 1500 de 2009 es nulo en lo que
respecta a la verificación de la planta física de los centros de
enseñanza automovilística por parte del Ministerio de Transporte, por
cuanto, en criterio de la parte actora, dicha función está atribuida a
las secretarías de educación?
Para resolver los problemas jurídicos, la Sala hará mención a las
generalidades de la potestad reglamentaria del Ejecutivo y sus
funciones para definir la política integral del transporte y regular
requisitos de los centros de enseñanza automovilística.
De la potestad reglamentaria del Ejecutivo
Una de las diversas aproximaciones que subyacen en torno a la figura
de la potestad reglamentaria indica que esta se contrae a “[...] la
producción de un acto administrativo que hace real el enunciado
abstracto de la ley... [Para] encauzarla hacia la operatividad efectiva
en el plano de lo real31”.
31
Corte Constitucional. Sentencia C-228 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, recogida en la
Sentencia C-350 de 1997.
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Frente al alcance de la potestad reglamentaria, en sentencia de 6 de
junio de 201332, esta Sala señaló, lo siguiente:
“[…] Constitucionalmente la potestad reglamentaria pertenece
al Presidente de la República (Artículo 189 (11) Superior), quien
como Jefe de Gobierno la ejerce mediante la expedición de
decretos, resoluciones y órdenes; actos que, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 Superior, revisten una forma especial,
en la medida en que deben contar con la firma del Ministro o
Director de Departamento Administrativo respectivo, quienes
por ese hecho se hacen responsables.
“El ejercicio de la potestad reglamentaria tiene por objeto dictar
las normas complementarias necesarias para la cumplida
ejecución de una regulación. Por ello, el acto reglamentario es
un acto complementario de la regulación y no una creación
originaria como ésta […]”. (Destacado fuera de texto).
También ilustra con suficiencia lo concerniente a la potestad
reglamentaria la sentencia de 8 de febrero de 200033, de la Sala Plena
del Consejo de Estado, la cual, en uno de sus apartes, en lo
pertinente, precisó:
“[…] Los límites de la potestad reglamentaria están señalados
en cada caso por la necesidad de que sea cumplida
debidamente la ley de que se trate, de manera que si la ley
suministra todos los elementos indispensables para su
cumplimiento, nada habrá de agregársele y, por consiguiente,
no habrá oportunidad para el ejercicio de la potestad
reglamentaria; pero si faltan en ella detalles necesarios
para su correcta aplicación habrá lugar a proveer a la
regulación de esos detalles, en ejercicio de la potestad
reglamentaria. En otros términos, tanta será la materia
reglamentable cuanto determine la necesidad de dar
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de junio
de 2013, CP María Claudia Rojas Lasso, número único de radicación 11001032400020060028400.
33
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentenciade 8 de febrero de 2000m
CP Javier Diaz Bueno, expediente 761(IJ).
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cumplimiento a la ley
[…]
El poder reglamentario lo otorga directamente la Constitución
al Presidente de la República como suprema autoridad
administrativa, con la finalidad de que expida normas de
carácter general para la correcta ejecución de la ley. Por ser
una atribución propia que le confiere la Carta Política, no
requiere de una norma legal que expresamente la
conceda y se caracteriza además por ser atribución
inalienable, intransferible e inagotable, no tiene un plazo
para su ejercicio y es irrenunciable, aunque no es un
poder absoluto pues se halla limitado por la Constitución
y la ley, ya que al ejercerla el Presidente de la República
no puede alterar o modificar la ley que reglamenta [...]”.
(Negrillas fuera de texto.)
Como puede observarse, los apartes jurisprudenciales reseñados dan
cuenta de que la potestad reglamentaria, es una atribución que no
requiere de habilitación específica de la Ley, pues basta con la
existencia de una norma legal que deba ser ejecutada para que el
Gobierno pueda ponerla en práctica.
Se trata, además, de una competencia permanente por cuanto
mientras la ley subsista el Ejecutivo dispone de esa facultad y por eso
puede modificar reglamentos anteriores y adaptarlos a la modalidad
cambiante de los hechos.
De ahí que se afirme que la facultad de reglamentar la Ley cuenta
entre sus particularidades la de ser inalienable, intransferible e
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inagotable, pues no tiene plazo y puede ejercerse en cualquier
tiempo, debido a que el Ejecutivo nunca puede renunciar a ella, en la
medida en que constituye un instrumento indispensable para que la
Administración cumpla con su función de proveer lo concerniente a la
debida ejecución del ordenamiento jurídico positivo imperante.
Es así como, en ejercicio de dicha atribución, el Gobierno selecciona
los medios necesarios para la ejecución de la ley, desarrolla principios
expresos o tácitos contenidos en ella, y detalla requisitos, condiciones
o exigencias que la misma establece, al igual que colma aparentes
vacíos que impiden o dificultan su efectiva aplicación, todo ello,
siempre y cuando el reglamento se mantenga dentro del marco
general de lo legal.
Por lo demás, la facultad o potestad reglamentaria se otorga al
Gobierno Nacional para la cumplida ejecución de las leyes34, teniendo
en cuenta que el decreto que se expida, en ejercicio de tal atribución,
debe limitarse a dar vida práctica a la Ley que tiende a desarrollar y
que solo puede desenvolverse en el entorno que explícita o
implícitamente está comprendido en ella.
34
Constitución Política “Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado,
Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:
[…]
11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes
necesarios para la cumplida ejecución de las leyes.”
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La jurisprudencia sobre el tema también ha señalado que la
reglamentación de la norma sustancial supone una facultad que no
se circunscribe, ni lo debe hacer, a los severos límites de la
manifestación literal de la Ley, por cuanto, bajo ese entendimiento,
su finalidad perdería sentido teleológico para sumirse en la inutilidad
de una mera reproducción. Se ha precisado entonces que la
imprescindible desenvoltura de la reglamentación dentro de la
correcta visión del contenido implícito de la ley encuentra su límite
en el marco del objeto, voluntad y fin del precepto respectivo35.
De las funciones para definir la política integral del transporte
y regular requisitos de los centros de enseñanza
automovilística
Conforme con el artículo 115 de la Constitución Política el Gobierno
Nacional está conformado por el Presidente de la República y por los
ministros y directores administrativos que correspondan al asunto en
particular.
De igual forma, de acuerdo con el artículo 58 de la Ley 489 de 29 de
35
Consejo de Estado. Sentencia de 01 de junio de 1990. Radicación número: 1294. Actor: JUAN CARLOS
GALINDO VACHA. Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Referencia: Acción De Nulidad.
Consejero ponente: RODRIGO VIEIRA PUERTA.
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diciembre de 199836, los ministerios tienen como objetivos
primordiales la formulación y adopción de las políticas, planes
generales, programas y proyectos del sector administrativo que
dirigen.
Por su parte, en lo que concierne al Ministerio de Transporte, el
artículo 3° del Decreto 2171 de 30 de diciembre 199237 le asigna la
competencia de definir la política integral del transporte y las políticas
generales aplicables al interior de cada modo de transporte, así:
“[…] ARTÍCULO 3O. DEFINICION DE POLITICAS Y REGULACION
DEL TRANSPORTE. Corresponde al Ministerio de Transporte
definir la política integral del transporte de Colombia y las
políticas generales aplicables al interior de cada modo de
transporte, las cuales deben tener como objetivo la prestación
de un servicio eficaz, seguro, oportuno y económico en todo el
territorio nacional; así como la prestación de un servicio de
transporte internacional, en las mismas condiciones, que sirva
de instrumento de integración y de apoyo a la política de
comercio exterior.
En ejercicio de esta función, le corresponde al Ministerio:
1. Expedir la regulación general aplicable al interior de cada
modo de transporte, de conformidad con los criterios básicos
establecidos en el presente decreto.
2. Expedir la regulación de aplicación general que asegure el
mejor comportamiento intermodal, favoreciendo la sana
competencia entre modos, así como su adecuada
complementación.
3. Expedir la regulación general relativa al control sobre la
36
"Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden
nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones
previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones."
37
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actividad inherente a cada modo de transporte.
4. Expedir las demás regulaciones de carácter general que sean
necesarias para la adecuada ejecución de la política de
transporte […]”.
Dicha atribución también está prevista en el inciso 3° del artículo 1°
de la Ley 769 de 2002, que dispone que “[…] corresponde al
Ministerio de Transporte como autoridad suprema de tránsito
definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política
nacional en materia de tránsito […]”. (Destacado fuera de texto)
Ahora bien, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 769 de 2002, los
centros de enseñanza automovilística son establecimientos docentes
que tienen como actividad permanente la instrucción de personas
que aspiren a obtener el certificado de capacitación en conducción, o
instructores en conducción.
La norma en comento así lo prevé:
“[…] ARTÍCULO 12. NATURALEZA. Todo Centro de Enseñanza
Automovilística, es un establecimiento docente de naturaleza
pública, privada o mixta, que tenga como actividad permanente
la instrucción de personas que aspiren a obtener el certificado
de capacitación en conducción, o instructores en conducción
[…]”
A su vez el artículo 13 de la Ley 769 de 2002 dispone que para la
formación de instructores de conducción “[…] se requerirá
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autorización especial y se deberán cumplir los requisitos
complementarios exigidos a los Centros de Enseñanza
Automovilística que para tal efecto reglamente el Gobierno
Nacional, a través del Ministerio de Educación en coordinación
con el Ministerio de Transporte […]”. (Destacado fuera de texto).
Y el artículo 15 ibidem, en los términos en que estaba previsto para
el momento de la expedición de las disposiciones cuestionadas38,
disponía que correspondía al Ministerio del Trasporte reglamentar la
constitución y funcionamiento de los centros de enseñanza
automovilística, de acuerdo con lo establecido por la Ley 115 de 1994
(Ley general de educación) y sus decretos reglamentarios, en lo
pertinente a la “educación no formal” hoy denominada “Educación
para el Trabajo y el Desarrollo Humano”39, en los siguientes
términos:
“[…] ARTÍCULO 15. El Ministerio de Transporte reglamentará la
constitución y funcionamiento de los Centros de Enseñanza
Automovilística, de acuerdo con lo establecido por la Ley 115 de
1994 y sus decretos reglamentarios, en lo pertinente a
educación no formal […]”.
En ese sentido, el artículo 42 de la Ley 115 mencionada dispone que
la creación, organización y funcionamiento de las instituciones y
38
Dicha disposición fue modificada por el artículo 1o de la Ley 1397 de 2010. El nuevo texto es el
siguiente: “El Ministerio de Transporte reglamentará la constitución y funcionamiento de los Centros de
Enseñanza Automovilística de conformidad con lo establecido en la ley.”
39
Conforme con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 1064 de 2006.
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programas para la educación, el trabajo y el desarrollo humano, se
debe regir por la reglamentación que expida el Gobierno Nacional, en
los siguientes términos:
“[…] ARTÍCULO 42. REGLAMENTACIÓN. La creación,
organización y funcionamiento de programas y de
establecimientos de educación no formal* y la expedición de
certificados de aptitud ocupacional, se regirá por la
reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional
[…]”.
Por su parte, el artículo 3º de la Ley 1064 de 2006, prevé que
corresponde al Gobierno Nacional reglamentar los requisitos y
procedimientos que deban cumplir las instituciones y programas de
educación para el trabajo y el desarrollo humano con el fin de obtener
su acreditación, así:
“[…] ARTÍCULO 3o. El proceso de certificación de calidades de
las Instituciones y programas de Educación para el Trabajo y el
Desarrollo Humano queda comprendido en lo establecido
actualmente dentro del Sistema Nacional de Formación para el
Trabajo.
El Gobierno Nacional reglamentará los requisitos y
procedimientos que deberán cumplir las Instituciones y
programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo
Humano con el fin de obtener la Acreditación.
PARÁGRAFO. A los programas de educación no formal que al
momento de entrar en vigencia la presente ley se hallen
reconocidos por las autoridades de educación departamentales,
se les aplicarán los beneficios que ella establece, mientras el
Gobierno expide la regla mentación sobre acreditación de
programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano
de que trata este artículo […]” (Destacado fuera de texto)
IV.-CASO CONCRETO
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La Sala pasa a resolver los cargos de la demanda, conforme con el
orden de los problemas jurídicos planteados, relativos a: I) la nulidad
general pregonada respecto del decreto cuestionado por
irregularidades de la delegación con fundamento en la que fue
expedido; II) la presunta extralimitación de la facultad reglamentaria
por la regulación de requisitos de habilitación de los centros de
enseñanza automovilística; III) la imposibilidad del Gobierno
Nacional de regular sobre la licencia de funcionamiento de estos y;
IV) la competencia del Ministerio de Transporte para verificar las
instalaciones y recursos de dichos establecimientos docentes.
De la nulidad general pregonada frente al acto acusado,
pretensión principal
La parte actora sustentó la pretensión principal de nulidad integral
del Decreto núm. 1500 de 2009, basada en el hecho de que este fue
expedido con fundamento en la delegación de funciones
presidenciales contenida en el Decreto núm. 1378 de ese año, el cual,
a su juicio, no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo
196 de la Constitución Política.
En este sentido, y toda vez que el debate de legalidad del Decreto
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núm. 1378 de 2009 fue excluido del análisis de fondo en el presente
asunto, en los términos de la inhibición por indebida acumulación de
pretensiones explicada anteriormente, sin que tampoco se
demuestre que dicho acto administrativo ha sido anulado en otro
proceso, desaparece el único sustento de este cargo de la demanda,
lo que no le deja camino distinto a la Sala que denegar la solicitud
principal de nulidad del Decreto núm. 1500 de 2009.
De la reglamentación de los requisitos habilitantes de los
centros de enseñanza automovilística
La parte actora fundamentó la presunta nulidad de los artículos 6º,
12, 24 (numerales 3, 6 y 9) y 26 del Decreto núm. 1500 de 2009, en
el hecho de que, en su criterio, el Gobierno Nacional no tenía
competencia para establecer y regular nada en relación con los
requisitos de habilitación de los centros de enseñanza
automovilística, porque, a su juicio, el artículo 15 de la Ley 769 de
2002 solo prevé que le corresponde fijar los requisitos de constitución
y funcionamiento de estos.
Al respecto la Sala señala que, conforme con el contenido del artículo
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1240 del decreto cuestionado el acto de habilitación es la decisión
administrativa mediante el cual el Ministerio de Transporte autoriza
al centro de enseñanza automovilística para que pueda desarrollar
su objeto, luego de que este ha demostrado el cumplimiento de los
requisitos previstos para tal efecto.
Ahora bien, como se señaló en párrafos precedentes, la
reglamentación de una ley no puede limitarse a la manifestación
literal de esta, sino que el desarrollo de dicha facultad debe hacerse
a partir de la visión y el entorno del contenido implícito del objeto, la
voluntad y el fin del precepto cuya ejecución se pretende.
En ese orden de ideas, la Sala señala que a partir del marco jurídico
presentado en precedencia, se tiene que conforme con los artículos
3º del Decreto 2171 de 1992 y 1º de la Ley 769 de 2002, el Ministerio
de Transporte es la autoridad administrativa suprema de tránsito,
por lo que le corresponde definir, orientar, vigilar e inspeccionar la
política nacional de esta materia.
Por otro lado, de conformidad con los artículos 13 y 15 de la Ley 769
40
“[…] Artículo 12. Habilitación de funcionamiento. Verificado el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el presente decreto, el Ministerio de Transporte expedirá el Acto Administrativo a través
del cual habilita el funcionamiento del Centro de Enseñanza Automovilística en forma indefinida,
siempre y cuando se mantenga vigente el cumplimiento de los requisitos que dieron origen a la misma
[…]”.
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de 2002, al Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de
Trasporte y de Educación le correspondía reglamentar la constitución
y funcionamiento de los centros de enseñanza automovilística, de
acuerdo con lo previsto en la Ley 115 de 1994 (Ley general de
educación) y sus decretos reglamentarios, en lo que concernía a las
instituciones para la educación para el trabajo y el desarrollo
humano.
La Ley general de educación aludida prevé en su artículo 42 que la
creación, organización y funcionamiento de las referidas instituciones
debe regirse por la reglamentación que para tal efecto expida el
Gobierno Nacional.
A su vez, el artículo 3° de la Ley 1064 de 2006 señala que
corresponde al Gobierno Nacional reglamentar los requisitos y
procedimientos para la acreditación de las instituciones para la
educación, el trabajo y el desarrollo humano.
De manera que, del conjunto de normas aludidas, la Sala advierte
que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte en
coordinación con el Ministerio de Educación, sí tenía competencia
para reglamentar lo concerniente para que los centros de enseñanza
automovilística tengan la capacidad legal para prestar sus servicios,
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lo que implica la determinación de los requisitos y procedimientos
para su habilitación.
Dicha facultad reglamentaria no puede limitarse a la literalidad de los
términos “constitución” y “funcionamiento” sino que debe ser
entendida respecto de la generalidad de requisitos, condiciones,
exigencias y procedimientos necesarios para que dichas instituciones
puedan prestar sus servicios, puesto que dada la especificidad que
se requiere, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Trasporte
en coordinación con el Ministerio de educación, es la autoridad
llamada a reglamentar la materia.
La Sala reitera la conclusión a la que llegó en la sentencia de 21 de
enero de 202141, en el sentido de que “[…] el Decreto núm. 1500 de
2009, responde a los criterios contenidos en la Constitución Política
y en las leyes 115 y 769, por lo cual las autoridades administrativas
que suscribieron dicho acto, contaban con la competencia legal y
constitucional para establecer los requisitos de la Constitución,
funcionamiento y habilitación de los centros de enseñanza
automovilística […]” (destacado fuera de texto).
En ese sentido el cargo de nulidad estudiado no tiene vocación de
41
Expediente 110010324000 2009 00573 00
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prosperar.
De la regulación de las licencias de funcionamiento de los
centros de enseñanza automovilística
La parte actora estima que los artículos 3º, 4º y 5º del Decreto núm.
1500 de 2009 desconocen el artículo 84 Superior, en la medida que
esta norma prohíbe la exigencia de requisitos adicionales cuando una
actividad ha sido reglamentada de forma general, así:
“[…] ARTICULO 84. Cuando un derecho o una actividad hayan
sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas
no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos
adicionales para su ejercicio […]”.
El reproche de la parte actora deviene del hecho de que, a su juicio,
lo concerniente a licencias de funcionamiento de cualquier
establecimiento ya está regulado en los artículos 41, 46 y 47 del
Decreto 2150 de 1995, de la siguiente forma:
“[…] ARTÍCULO 41.- Licencia o permiso de funcionamiento.
Cuando para el ejercicio o finalidad de su objeto la Ley exija
obtener licencia de funcionamiento, o reconocimiento de
carácter oficial, autorización o permiso de iniciación de labores,
las personas jurídicas que surjan conforme a lo previsto en el
artículo anterior, deberán cumplir con los requisitos previstos en
la Ley para ejercer los actos propios de su actividad principal.
[…]
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Artículo 46. SUPRESIÓN DE LAS LICENCIAS DE
FUNCIONAMIENTO. Sin perjuicio del régimen establecido para el
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, ningún establecimiento industrial, comercial o de otra
naturaleza, abierto o no al público, requerirá licencia, permiso o
autorización de funcionamiento o cualquier otro documento
similar, salvo el cumplimiento de los requisitos que se enumeran
en los artículos siguientes con el único propósito de garantizar
la seguridad y salubridad pública.
Artículo 47. REQUISITOS ESPECIALES. A partir de la vigencia
del presente Decreto, los establecimientos a que se refiere el
artículo anterior sólo deberán:
1. Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo,
intensidad auditiva, horario, ubicación y destinación expedidas
por la entidad competente del respectivo municipio.
2. Cumplir con las condiciones sanitarias y ambientales según el
caso descritas por la ley.
3. Cumplir con las normas vigentes en materia de seguridad.
4. Cancelar los derechos de autor previstos en la Ley, si en el
establecimiento se ejecutaran obras musicales causantes de
dichos pagos.
5. Obtener y mantener vigente la matrícula mercantil,
tratándose de establecimientos de comercio.
6. Cancelar los impuestos de carácter distrital y municipal.
Parágrafo. Dentro de los quince (15) días siguientes a la
apertura de un establecimiento, su propietario o administrador
deberá comunicar tal hecho a la Oficina de Planeación del Distrito
o Municipio correspondiente […]”.
Al respecto la Sala señala que, en particular, a través del artículo 46
de la norma en cita se estableció que ningún establecimiento
industrial, comercial o de otra naturaleza, abierto o no al público,
requerirá licencia, permiso o autorización de funcionamiento.
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Ahora bien, la parte actora se equivoca al estimar que las referidas
normas se refieren a los centros de enseñanza automovilística,
porque al ser estas instituciones docentes tienen una regulación
especial que sí prevén la exigencia de licencias para su
funcionamiento.
En efecto, conforme con el artículo 15 de la Ley 769 de 2002, en la
forma en que estaba previsto para el momento en que fue dictado el
decreto cuestionado, la reglamentación que expidiera el Gobierno
Nacional debía ceñirse a lo previsto en la ley 115 de 1995 y sus
decretos reglamentarios, en lo que concernía a la educación para
el trabajo y el desarrollo humano.
En lo que refiere a las instituciones para educación, el trabajo y el
desarrollo humano, la Ley 115 de 1995 fue reglamentada a través
del Decreto 2888 de 31 de 200742, que en su artículo 4° preveía que
dichos establecimientos debían, entre otros requisitos, contar con
licencia de funcionamiento así:
“[…] Artículo 4°. Naturaleza y condiciones de las instituciones
de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Se entiende
42
“[…] Por el cual se reglamenta la creación, organización y funcionamiento de las instituciones que
ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano, antes denominado educación no
formal, se establecen los requisitos básicos para el funcionamiento de los programas y se dictan otras
disposiciones […]”.
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por institución de educación para el trabajo y el desarrollo
humano, toda institución de carácter estatal o privada
organizada para ofrecer y desarrollar programas de formación
laboral o de formación académica de acuerdo con lo establecido
en la Ley 115 de 1994.
La institución de educación para el trabajo y el desarrollo
humano para ofrecer el servicio educativo debe cumplir
los siguientes requisitos:
a) Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de
carácter oficial;
b) Obtener el registro de los programas de que trata el presente
decreto […]”. (Destacado fuera de texto).
Cabe precisar que si bien el Decreto 2888 de 2007, fue derogado por
el Decreto 4904 de 16 de diciembre de 200943, esta norma también
prevé en su artículo 2.1 que dichas instituciones deben contar con
licencia de funcionamiento, así:
“[…] 2.1. Naturaleza y condiciones de las instituciones de
educación para el trabajo y el desarrollo humano. Se
entiende por institución de educación para el trabajo y el
desarrollo humano, toda institución de carácter estatal o privada
organizada para ofrecer y desarrollar programas de formación
laboral o de formación académica de acuerdo con lo establecido
en la Ley 115 de 1994.
La institución de educación para el trabajo y el desarrollo
humano para ofrecer el servicio educativo debe cumplir los
siguientes requisitos:
2.1.1. Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de
carácter oficial.
2.1.2. Obtener el registro de los programas de que trata el
presente decreto [...]”
43
“Por el cual se reglamenta la organización, oferta y funcionamiento de la prestación del servicio
educativo para el trabajo y el desarrollo humano y se dictan otras disposiciones”.
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De manera que no es cierto que en los artículos 41, 46 y 47 del
Decreto 2150 de 1995 se esté regulado lo concerniente a las licencias
de funcionamiento de los centros de enseñanza automovilística,
porque al ser instituciones docentes tienen una regulación especial.
Dicha interpretación se acompasa con el artículo 45 del propio
Decreto 2150 de 1995 que prevé que lo “[…] dispuesto en este
capítulo no se aplicará para las instituciones de educación superior;
las instituciones de educación formal y no formal a que se refiere la
Ley 115 de 1994 […]”.
En las condiciones anotadas la Sala no encuentra que el cargo
estudiado tenga vocación de prosperar.
De la competencia del Ministerio de Transporte para verificar
las instalaciones y recursos requeridos por los centros de
enseñanza automovilística
La parte actora afirmó que, en el artículo 8º del Decreto núm. 1500
de 2009, el Ministerio del Transporte se atribuyó la función de
verificar que los centros de enseñanza automovilística cuenten con
la infraestructura, dotación, procedimientos, personal, equipos e
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instalaciones mínimas, para efectos de la habilitación que requieren.
El disenso de la parte actora radica en que, conforme con los artículos
151 y 152 de la Ley 115 de 1994 y 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 16 del
Decreto 2888 de 2007, las secretarías de educación distritales y
municipales tienen la función de aprobar la creación y funcionamiento
de las instituciones para la educación, el trabajo y el desarrollo
humano y, en particular, la de verificar que estos establecimientos
cuenten con la planta física requerida para el desarrollo de sus
actividades.
En ese sentido la parte accionante estima vulneradas las normas
aludidas, porque, en su sentir, el Ministerio de Trasporte no puede
atribuirse las funciones que ya están asignadas a las secretarías de
educación distritales y municipales.
Las normas que la parte demandante invoca como trasgredidas
señalan:
Artículos 151 y 152 de la Ley 115 de 1994:
“[…] ARTÍCULO 151. FUNCIONES DE LAS SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES DE EDUCACIÓN. Las
secretarías de educación departamentales y distritales o los
organismos que hagan sus veces, ejercerán dentro del territorio
de su jurisdicción, en coordinación con las autoridades
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nacionales y de conformidad con las políticas y metas fijadas
para el servicio educativo, las siguientes funciones:
[…]
l) Aprobar la creación y funcionamiento de las instituciones de
educación formal y no formal*, a que se refiere la presente ley;
[…]
ARTÍCULO 152. FUNCIONES DE LAS SECRETARÍAS DE
EDUCACIÓN MUNICIPALES. Las secretarías de educación
municipales ejercerán las funciones necesarias para dar
cumplimiento a las competencias atribuidas por la Ley 60 de
1993, la presente ley y las que le delegue el respectivo
departamento.
En los municipios donde no exista secretaría de educación
municipal, estas funciones serán ejercidas por el alcalde,
asesorado por el Director del Núcleo respectivo […]”.
Artículos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 16 del Decreto 2888 de 2007
(vigente para la fecha en que fue expedido el acto cuestionado):
“[…] Artículo 4°. Naturaleza y condiciones de las instituciones de
educación para el trabajo y el desarrollo humano. Se entiende
por institución de educación para el trabajo y el desarrollo
humano, toda institución de carácter estatal o privada
organizada para ofrecer y desarrollar programas de formación
laboral o de formación académica de acuerdo con lo establecido
en la Ley 115 de 1994.
La institución de educación para el trabajo y el desarrollo
humano para ofrecer el servicio educativo debe cumplir los
siguientes requisitos:
a). Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de
carácter oficial;
b). Obtener el registro de los programas de que trata el presente
decreto.
Artículo 5°. Licencia de funcionamiento. Se entiende por licencia
de funcionamiento el acto administrativo mediante el cual, en el
ámbito de su jurisdicción, la secretaría de educación de la
entidad territorial certificada en educación, autoriza la creación,
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organización y funcionamiento de instituciones de educación
para el trabajo y el desarrollo humano de naturaleza privada.
La licencia de funcionamiento se otorgará por tiempo indefinido,
sujeta a las condiciones en ella establecidas.
Artículo 6°. Reconocimiento oficial. Para las instituciones de
educación para el trabajo y el desarrollo humano de carácter
estatal, el acto administrativo de creación constituye el
reconocimiento de carácter oficial.
Artículo 7°. Solicitud de la licencia de funcionamiento. El
interesado en crear una institución de educación para el trabajo
y el desarrollo humano de carácter privado debe solicitar licencia
de funcionamiento a la Secretaría de Educación de la entidad
territorial certificada de la jurisdicción que corresponda al lugar
de prestación del servicio, con la siguiente información:
1. Nombre propuesto para la institución, número de sedes,
municipio y dirección de cada una.
2. Nombre del propietario o propietarios. Cuando se trate de
personas jurídicas se deberá adjuntar el certificado de existencia
y representación legal.
3. El programa o programas que proyecta ofrecer.
4. El número de estudiantes que proyecta atender.
5. Identificación de la planta física. El peticionario deberá
adjuntar copia de la licencia de construcción.
Artículo 8°. Decisión. La Secretaría de Educación verificará el
cumplimiento de los requisitos establecidos en este decreto y
decidirá mediante acto administrativo motivado.
Artículo 9°. Modificaciones a la licencia. Las novedades relativas
a cambio de sede, apertura de nuevas sedes en la misma
jurisdicción, cambio de propietario, cambio de nombre, fusión
con otra institución educativa, implican la necesidad de solicitar
y obtener previamente la modificación de la licencia inicial.
[…]
Artículo 16. Vigencia del registro. El registro tiene una vigencia
de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del acto
administrativo que lo otorga. Su renovación se debe solicitar
ante la respectiva secretaría de educación con una antelación de
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seis (6) meses antes de su vencimiento.
Una vez expirada la vigencia del registro la institución no podrá
admitir nuevos estudiantes […]”.
En lo que refiere a este cargo, la Sala advierte que si bien, de
conformidad con las normas invocadas como transgredidas, las
secretarías de educación distritales y municipales deben verificar las
plantas y demás recursos requeridos por los centros de enseñanza
automovilística para la expedición de las licencias de funcionamiento,
lo cierto es que ello no obsta para que el Ministerio de Transporte
verifique el cumplimiento de tales requisitos a efectos de resolver
sobre los trámites que le conciernen, como lo es aquel relativo a la
habilitación de dichas instituciones docentes, por lo que no hay lugar
a declarar próspero el cargo.
En este orden de ideas, la Sala declarará probada la excepción de
inepta demanda por indebida acumulación de la pretensión de
nulidad del Decreto núm. 1378 de 22 de abril de 2009 propuesta por
la parte accionada y, en consecuencia, se inhibirá para decidirla de
fondo.
Se declarará probada de oficio la excepción de cosa juzgada en lo
que concierne a la pretensión de nulidad del artículo 1° y en forma
parcial del artículo 8º del Decreto núm. 1500 de 2009, en lo que
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respecta a la presunta falta de competencia del Gobierno Nacional
para la regulación de requisitos de habilitación de los centros de
enseñanza automovilística, para lo cual deberá estarse a lo resuelto
en la sentencia de 21 de enero de 2021, proferida por esta Sección
dentro del proceso identificado con número único de radicación
110010324000 2009 00573 00.
Finalmente, las demás pretensiones de la demanda serán denegadas,
por las razones expuestas en precedencia.
Se aceptará la renuncia al poder presentada44 por el apoderado del
Ministerio de Transporte, como quiera que se encuentra ajustada a
lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 76 del Código General del
Proceso.
Por otro lado, en razón a que quien se hallaba habilitada legalmente
para ello, sustituyó45 el poder que le había sido otorgado para
representar al Ministerio de Educación Nacional, se reconocerá
personería al profesional del derecho destinatario de aquel.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
44
Cfr. Folios 321 a 324.
45
Cfr. Folios 326 a 329.
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Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de inepta demanda por
indebida acumulación de la pretensión de nulidad del Decreto núm.
1378 de 22 de abril de 2009, propuesta por la parte accionada. En
consecuencia, INHIBIRSE para decidirla de fondo, de conformidad
con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR probada de oficio la excepción de cosa
juzgada en lo que concierne a la pretensión de nulidad del artículo 1°
y en forma parcial del artículo 8º del Decreto núm. 1500 de 2009, en
lo que respecta a la presunta falta de competencia del Gobierno
Nacional para la regulación de requisitos de habilitación de los
centros de enseñanza automovilística y, en consecuencia, ESTÉSE A
LO RESUELTO en la sentencia de 21 de enero de 2021, proferida por
esta Sección dentro del proceso, identificado con número único de
radicación 110010324000 2009 00573 00, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
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CUARTO: ACEPTAR la renuncia al poder conferido por el
MINISTERIO DE TRANSPORTE al abogado HÉCTOR LIBORIO
VÁSQUEZ RAMÍREZ, conforme con el memorial visible a folios 321
a 324, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
QUINTO: TENER al abogado JHON EDWIN PERDOMO GARCÍA
como apoderado del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, de
conformidad con el poder y los demás documentos anexos obrantes
a folios 326 a 329 del expediente.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de abril de 2022.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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