Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 17001-23-33-000-2023-00052-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 17001-23-33-000-2023-00052-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 17001-23-33-000-2023-00052-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 17001-23-33-000-2023-00052-01 (30067)
Demandante CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA EDUSOFT LTDA
Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Exclusión de IVA en servicios de educación no formal.
Centros de Enseñanza Automovilística.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 6 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo
de Caldas, Sala Primera de Decisión, que resolvió:
PRIMERO. DENEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. CONDENAR EN COSTAS a título de agencias en derecho, cargo de la sociedad actora
y a favor de la DIAN, liquídense por secretaría una vez ejecutoriada la presente providencia.
Fíjense agencias en derecho por la suma de 1 salario mínimo legal mensual vigente a favor
de la parte demandante. […]1.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Mediante oficio 110261 – 554 del 20 de octubre de 2022, la DIAN exhortó a la
sociedad Centro de Enseñanza Automovilística Edusoft LTDA (EDUSOFT) a que
voluntariamente se reclasificara como responsable del impuesto sobre las ventas
(IVA). EDUSOFT dio respuesta mediante memorial presentado el 28 de octubre del
mismo año, en el que expuso los motivos por los cuales no era procedente la
reclasificación.
Mediante oficio 110261 – 648 del 31 de octubre de 2022, la DIAN ratificó la solicitud
que le formuló a EDUSOFT sobre reclasificarse como responsable de IVA.
La DIAN expidió la resolución de reclasificación como responsable 1164 del 22 de
noviembre de 2022, que resolvió reclasificar de oficio a EDUSOFT como responsable
de IVA.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
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Samai Tribunal, índice 25.
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Radicado: 17001-23-33-000-2023-00052-01 (30067)
Demandante: Centro de Enseñanza Automovilística Edusoft LTDA
siguientes pretensiones2:
A. Que se declare la nulidad de la actuación administrativa integrada por el siguiente acto:
Resolución de Reclasificación como Responsable No. 1164 del 22 de noviembre de 2022, proferida
por la División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Extensiva de la Dirección Seccional de
Impuestos y Aduanas de Manizales.
B. Que, como consecuencia de lo anterior, se restablezca el derecho de Edusoft en los siguientes
términos:
1. Que se declare improcedente la reclasificación de oficio de Edusoft como responsable del
impuesto sobre las ventas.
2. Que se declare que Edusoft no debe cumplir con las obligaciones tributarias inherentes a la
condición que le impuso la demandada de responsable del impuesto sobre las ventas.
3. Ordenando el archivo del expediente que por este particular se haya abierto en contra de mi
representada.
4. Declarando que no son de cargo de Edusoft las costas en que haya incurrido la DIAN con
relación a la actuación administrativa, ni las de este proceso.
5. Condenando en costas a la DIAN.
Invocó como normas violadas los artículos 29, 84 y 95 de la Constitución Política;
los artículos 437, 476, 580-1, 683 y 742 del Estatuto Tributario; el artículo 92 de la
Ley 30 de 1992; los artículos 3 y 10 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011); el artículo 2.6.3.1. del Decreto
1075 de 2015; y el artículo 2.3.1.1.1. del Decreto 1079 de 2015. A continuación, se
resume el concepto de la violación:
Aseveró que la DIAN interpretó indebidamente las normas que la autorizan a
reclasificar oficiosamente a los no responsables de IVA, puesto que dicha facultad
solo puede ejercerse cuando evidencie que el contribuyente está incurso en alguno
de los tres eventos previstos en el artículo 580-1 del Estatuto Tributario, o cuando
incumpla cualquiera de las condiciones listadas en el parágrafo 3 del artículo 437
ibidem, y no cuando simplemente interprete que una determinada actividad está
gravada con el impuesto.
Señaló que la demandada fundamentó su decisión en el oficio 1378 (908672) del
26 de agosto de 2021, según el cual los Centros de Enseñanza Automovilística
(CEA) son responsables del IVA por los servicios educativos que prestan.
Reprochó que la demandada no cumpliera la carga de demostrar que EDUSOFT se
encontraba inmersa en alguna de las circunstancias del artículo 580-1 ídem o que
había incumplido alguna de las condiciones del parágrafo 3 del artículo 437, a pesar
de encontrarse obligada a ello. Citó sentencias de la Sección que, a su juicio,
respaldan la tesis de que la Administración tiene la carga de probar que el
contribuyente que pretende reclasificar al régimen de responsabilidad de IVA
incumplió las condiciones para tenerse por no responsable.
Afirmó que el acto demandado interpretó indebidamente la norma que determina
que los servicios prestados por EDUSOFT están excluidos de IVA, y explicó que, de
acuerdo con el numeral 5 del artículo 476 ibidem, la Ley 30 de 1992 y el Decreto
1075 de 2015, los servicios que prestan los CEA están excluidos. Adujo que cuenta
con licencias de funcionamiento, tanto de la Secretaría de Educación de Manizales
como del Ministerio de Transporte, como Institución de Educación para el Trabajo y
el Desarrollo Humano (IETDH) y como CEA.
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Samai Tribunal, índice 22, Expediente digital – PDF Demanda y anexos.
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Demandante: Centro de Enseñanza Automovilística Edusoft LTDA
Al referirse a los requisitos que deben cumplir las IETDH para impartir sus programas,
adujo que corresponde a las secretarías de educación ingresar en el Sistema de
Información de la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (SIET) los
programas a los que se les haya otorgado el registro, y aportó el registro de EDUSOFT
en dicho sistema3.
Solicitó condenar en costas a la demandada.
Oposición de la demanda
La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda4, para lo cual adujo que sólo
respecto de las personas naturales es necesario verificar los lineamientos del
artículo 437 del Estatuto Tributario, para establecer si son responsables del IVA.
Afirmó que, en cualquier caso, durante el año 2021 la actora obtuvo ingresos de
actividades gravadas por un valor superior a 3.500 UVT, por lo cual es responsable
de IVA. Agregó que las personas jurídicas comerciantes que desarrollen una
actividad económica gravable se presumen responsables del IVA en concordancia
con el artículo 508 numeral 1 ibidem.
Indicó que, si bien se podría incurrir en la confusión de aplicar la exclusión por
analogía a las academias de automovilismo, porque estas realizan una actividad de
educación, se trata de una actividad que no se encuentra dentro de las exclusiones
descritas en el numeral 5 del artículo 476 ídem.
Afirmó que, para gozar de la exclusión, el servicio de educación para el trabajo y el
desarrollo humano debe ser prestado por establecimientos de educación,
aprobados por la Secretaría de Educación, que cumpla con los fines señalados en
la Ley 115 de 1994 y que hayan obtenido el registro de los programas según el
Decreto 4904 de 2009.
Señaló que las academias de automovilismo prestan un tipo de educación
especializada conocida como «educación para la conducción de vehículos automotores», con
programas de formación teórica y práctica destinados a brindar los conocimientos y
habilidades necesarios para la conducción de automóviles, motocicletas u otros
tipos de vehículos. Argumentó que, dado lo específico de esta formación
académica, profirió el concepto 908672 del 26 de agosto de 2021, basado en el
oficio del Ministerio de Educación 2016EE-042794 de 2016, el cual señaló que los
servicios educativos prestados por los CEA son diferentes a los servicios prestados
por las IEDTH.
Concluyó que los servicios que prestan los CEA no se encuentran excluidos de IVA,
ya que no pueden catalogarse como un servicio de educación no formal (hoy IEDTH),
de acuerdo con las definiciones y requisitos previstos en la Ley 115 de 1994 y el
Decreto 4904 de 2009.
Argumentó que es improcedente la condena en costas, porque no existe en el
expediente prueba de su causación.
Sentencia apelada
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Samai Tribunal, índice 22, Expediente digital – PDF Demanda y anexos – Anexo J.
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Samai Tribunal, índice 22, Expediente digital – PDF Contestación y anexos.
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El Tribunal negó las pretensiones y condenó en costas a la demandante5.
Concluyó que el servicio que prestan los CEA no está excluido de IVA, puesto que no
se enmarcan en el concepto de educación no formal a que se refiere el numeral 5
del artículo 476 del Estatuto Tributario, ni en las definiciones y características
previstas en la Ley 115 de 1994 y el Decreto 4904 de 2009, ni en la definición que
la Corte Constitucional expresó en su sentencia C-016 de 1993.
Precisó que para catalogar un servicio como educación no formal, este debe
promover la formación en la práctica del trabajo mediante el desarrollo de
conocimientos técnicos y habilidades, así como la capacitación para el desempeño
artesanal, artístico, recreacional y ocupacional, la protección y aprovechamiento de
los recursos naturales y la participación ciudadana y comunitaria para el desarrollo
de competencias laborales específicas, y contribuir al proceso de formación integral
y permanente de las personas complementando, actualizando y formando en
aspectos académicos o laborales, mediante la oferta de programas flexibles y
coherentes con las necesidades y expectativas de la persona, la sociedad, las
demandas del mercado laboral, del sector productivo y las características de la
cultura y el entorno.
Agregó que, de conformidad con el artículo 2.6.2.2 del Decreto 1075 de 2015, la
educación para el trabajo y el desarrollo humano: hace parte del servicio público
educativo y responde a los fines de la educación consagrados en el artículo 5° de
la Ley 115 de 1994; se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir
conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales y conduce a la
obtención de certificados de aptitud ocupacional; comprende la formación
permanente, personal, social y cultural, que se fundamenta en una concepción
integral de la persona, que una institución organiza en un proyecto educativo
institucional y que estructura en currículos flexibles sin sujeción al sistema de niveles
y grados propios de la educación formal; se ofrece con el objeto de complementar,
actualizar, suplir conocimientos y, formar en aspectos académicos o laborales sin
sujeción a sistemas de niveles y grados propios de la educación formal. Se organiza
en un Proyecto Educativo Institucional – PEI, con el fin de ofrecer programas de
formación laboral o académica flexibles y coherentes con las necesidades y
expectativas de las personas, la sociedad, las demandas del mercado laboral y del
sector productivo.
Expresó que, si bien las escuelas de automovilismo deben obtener licencia de las
secretarías de educación y del Ministerio de Transporte para funcionar como CEA,
no por ello tienen la calidad de centros de formación no formal pues el servicio
prestado por las escuelas de automovilismo no cumple este propósito, salvo en
determinados casos específicos, cuando el interesado adquiera el servicio con el
propósito de obtener idoneidad para obtener trabajo y la escuela haya obtenido
licencia en esa especialidad, que no es el caso de la actora de conformidad con la
licencia de funcionamiento otorgada por la Secretaría de Educación de Manizales.
No obstante, aún en este caso, la obtención de ingresos gravados y no gravados
determinaría su condición como responsable del impuesto. También advirtió que
estas conclusiones concuerdan con el concepto 908672 de 2021 expedido por la
DIAN y con el oficio 2016-EE-042794 del 14 de abril de 2016 del Ministerio de
Educación.
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Samai Tribunal, índice 25.
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Concluyó que la DIAN estaba facultada para reclasificar a la demandante como
responsable de IVA, y que el acto demandado se ajustó a la disposiciones legales y
jurisprudenciales, toda vez que acreditó que sus ingresos superaron el límite para
hacerla responsable y determinó que dichos ingresos corresponden a un servicio
gravado.
Debido a que la defensa de la demandada fue asumida por un abogado, condenó a
la demandante en costas.
Recurso de apelación
La demandante apeló la decisión de primera instancia6, para lo cual señaló que la
sentencia incurrió en una falta e indebida interpretación de la Ley 115 de 1994, del
artículo 12 de la Ley 769 de 2002, del Decreto 1500 de 2009, y del Decreto 4904 de
2009.
Destacó que el a quo determinó que el concepto de educación no formal
(actualmente IETDH) corresponde a una categoría subjetiva, dependiendo de la
interpretación que cada individuo o fallador realice de alguna actividad, omitiendo
las normas que regulan dicha categoría conceptual.
Refirió jurisprudencia de la Sección Primera de esta corporación7 en donde se indicó
que correspondía al Ministerio del Transporte reglamentar la constitución y
funcionamiento de los CEA, de acuerdo con lo establecido por la Ley 115 de 1994 y
sus decretos reglamentarios, en lo pertinente a la educación no formal (hoy
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano), con lo cual los CEA pertenecen
al segmento de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, siempre y
cuando cuenten con licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial
y obtengan el registro de sus programas.
Aseveró que el a quo incurrió en un defecto fáctico por ausencia de valoración
probatoria, al haber obviado las resoluciones de la Secretaría de Educación de
Manizales y las resoluciones del Ministerio de Transporte que daban cuenta de que
EDUSOFT es una IETDH. Reprobó que el a quo afirmara que el tratamiento como
servicio gravado o excluido de IVA depende del fin que cada persona persigue con
la capacitación, conclusión que no encuentra sustento en ninguna norma jurídica.
Resaltó una indebida interpretación del oficio 2016-EE-042794 del 14 de abril de
2016 del Ministerio de Educación, en el que se fundó el concepto 908672 de 2021
expedido por la DIAN. A su juicio, tanto el Tribunal como la DIAN interpretaron
indebidamente el concepto del Ministerio, puesto que aquel se refirió
específicamente al curso de transporte de mercancías peligrosas y no a los cursos
impartidos por los centros de enseñanza automovilística, que cumplen los requisitos
para tenerse por IEDTH.
Señaló que el concepto antes referido no concluye que los centros de enseñanza
automovilística no pertenecen al segmento de educación para el trabajo y desarrollo
humano, sino que simplemente señala que se diferencian claramente de las demás
instituciones del segmento.
Agregó que, si sus argumentos no fueran suficientes, en el Sistema de Información
público de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (SIET), el Ministerio
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Samai Tribunal, índice 28.
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Sentencia del 7 de abril de 2022, radicado: 110010324000 2011 00434 00, MP: Nubia Margoth Peña Garzón.
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de Educación tiene registrada a la demandante con dicha naturaleza, de acuerdo
con los programas (servicios que presta) que se encuentran registrados, como se
ha demostrado con las pruebas que obran en el expediente.
Explicó que la sentencia apelada incurrió en indebida interpretación y aplicación del
numeral 5 del artículo 476 del Estatuto Tributario y del artículo 92 de la Ley 30 de
1992, normas que establecen que los servicios de educación no formal están
excluidos de IVA y que las instituciones de educación no formal no son responsables
del impuesto.
Para refutar la condena en costas, adujo que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011
condiciona su procedencia a que la demanda se haya presentado con manifiesta
carencia de fundamento legal, situación que no se presenta. Reiteró la solicitud de
condena en costas a la demandada, en caso de que la Sección halle razón a la
apelación y resuelva declarar la nulidad del acto demandado.
Oposición al recurso de apelación
La demandada se opuso al recurso de apelación8, reiterando lo expuesto en el
concepto 908672 del 26 de agosto de 2021 y en el oficio 2016-EE-042794 de 2016
del Ministerio de Educación, para concluir que los CEA son responsables de IVA.
Intervención del Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no se pronunció.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Problema jurídico
La Sección decide sobre la legalidad de la resolución 1164 del 22 de noviembre de
2022, por medio de la cual la demandada reclasificó a la demandante como
responsable de IVA. Específicamente, atendiendo a los cargos de apelación
formulados por la demandante, se debe determinar si los servicios que prestan los
CEA están o no excluidos de IVA, con el fin de establecer si procedía la reclasificación
de la apelante como responsable de dicho impuesto.
2. Análisis del caso concreto
El a quo concluyó que el servicio prestado por la actora (cursos de conducción) no
está excluido de IVA, por no encuadrar en el concepto de educación no formal (hoy
ETDH) a que se refiere el numeral 5 del artículo 476 del Estatuto Tributario.
Planteó que si bien las escuelas de automovilismo deben obtener licencia de las
secretarías de educación y del Ministerio de Transporte para funcionar como CEA,
no por ello tienen la calidad de centros de formación no formal y precisó que es
posible que en determinados casos los servicios que prestan estas entidades estén
excluidos del impuesto, cuando los tomadores «lo hagan para capacitarse y obtener
idoneidad para obtener trabajo en el que se requiera este conocimiento, pero para ello las escuelas
deberían obtener en la licencia esta especialidad y en todo caso, llevar una contabilidad que permita
diferenciar los ingresos excluidos de los gravados»9.
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Samai, índice 12.
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Samai Tribunal, índice 25, pág. 33.
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La apelante reprochó que el Tribunal presentara una definición propia del concepto
de educación no formal e ignorara las normas en la materia, según las cuales los
CEA son IETDH. Especialmente, censuró que el a quo hubiera citado las normas
correspondientes pero que, a pesar de haber reconocido que EDUSOFT cumple con
las condiciones que ellas prevén, aplicara una concepción subjetiva de lo que debe
entenderse por educación no formal.
Cuestionó la falta de valoración de las resoluciones de la Secretaría de Educación
de Manizales y el Ministerio de Transporte, que demuestran que cuenta con licencia
de funcionamiento y que tiene su programa de formación de conductores registrado
para oferta en el municipio de Manizales, como consta en el SIET. Señaló que tanto
la DIAN como el Tribunal interpretaron indebidamente el oficio 2016-EE-042794 del
14 de abril de 2016 del Ministerio de Educación, del cual no es dable inferir que los
servicios que prestan los CEA no encuadran en el concepto de educación no formal.
Para dirimir la controversia, corresponde a la Sección delimitar el alcance de la
exclusión de IVA prevista en el numeral 5 del artículo 476 del Estatuto Tributario
respecto de los servicios de educación no formal, a los que expresamente refiere la
norma en los siguientes términos:
Artículo 476. Servicios excluidos del impuesto sobre las ventas IVA. Se exceptúan del
impuesto los siguientes servicios y los bienes relacionados explícitamente a continuación:
(…) 5. Los servicios de educación prestados por establecimientos de educación preescolar,
primaria, media e intermedia, superior y especial o no formal, reconocidos como tales por el
Gobierno nacional, y los servicios de educación prestados por personas naturales a dichos
establecimientos.
Los artículos 36 y 37 de la Ley 115 de 199410 definieron lo que se entiende por
educación no formal como aquella que «(…) se ofrece con el objeto de complementar,
actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema
de niveles y grados establecidos en el Artículo 11 de esta Ley», y cuya finalidad es promover
«el perfeccionamiento de la persona humana, el conocimiento y la reafirmación de los valores
nacionales, la capacitación para el desempeño artesanal, artístico, recreacional, ocupacional y
técnico, la protección y aprovechamiento de los recursos naturales y la participación ciudadana y
comunitaria».
A su vez, el artículo 38 ibidem creó la categoría de instituciones de educación no
formal y expresó que en ellas «se podrán ofrecer programas de formación laboral en artes y
oficios, de formación académica y en materias conducentes a la validación de niveles y grados
propios de la educación formal, definidos en la presente Ley», al paso que el artículo 42
dispuso que la creación, organización y funcionamiento de los programas y
establecimientos de educación no formal se regiría por la reglamentación que para
el efecto expidiera el Gobierno Nacional.
En similar sentido, al reglamentar estas disposiciones, el Decreto 114 de 1996
previó en su artículo 4 que los programas de educación no formal corresponderían
a una de cuatro categorías: i) laboral, ii) académico, iii) preparación para la
validación de niveles de educación formal, y iv) participación ciudadana y
comunitaria.
Posteriormente, por virtud de la Ley 1064 de 2006, la denominación de «Educación no
formal» fue reemplazada por la de «Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano», con lo
cual las instituciones de educación no formal pasaron a denominarse «Instituciones
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Por la cual se expide la ley general de educación.
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de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano» y su exposición de motivos muestra
que el cambio en la denominación tuvo el propósito de contribuir a superar la
estigmatización de la educación no formal frente a la formal, y a establecer la
acreditación como mecanismo de control de las instituciones que la ofrecen,
respecto de aquellos programas técnicos que resultan en certificados de aptitud
ocupacional y son los que cumplen un requisito mínimo de intensidad horaria. Todo
ello bajo la premisa de que:
La educación para la formación de aptitudes ocupacionales (mal llamada hasta ahora
“educación no formal”) representa un campo vital para la economía de nuestro país. Se trata
de la educación que califica las habilidades de muchos colombianos que no pueden o no
quieren acceder a la educación superior y que pueden aportar sus capacidades en artes y
oficios vitales en la sociedad11.
En este sentido, la Ley 1064 de 2006 reconoce la ETDH como parte integral del
servicio público educativo y como factor esencial del proceso educativo de la
persona y componente dinamizador en la formación de técnicos laborales y expertos
en las artes y oficios, y vincula sus procesos de calidad al Sistema Nacional de
Formación para el Trabajo.
Por su parte, el Decreto 4904 de 200912 (que derogó el Decreto 114 de 1996),
compilado por el Decreto Único Reglamentario 1075 de 2015 del Sector Educación,
estableció los tipos de programas de educación para el trabajo y el desarrollo
humano, su metodología, y los requisitos para el registro, entre otros.
De conformidad con esa reglamentación, se tiene que:
· Las IETDH pueden ofrecer dos tipos de programas: de formación laboral o de formación
académica.
«Los programas de formación laboral tienen por objeto preparar a las personas en áreas
específicas de los sectores productivos y desarrollar competencias laborales específicas
relacionadas con las áreas de desempeño referidas en la Clasificación Nacional de
Ocupaciones, que permitan ejercer una actividad productiva en forma individual o colectiva
como emprendedor independiente o dependiente. Para ser registrado el programa debe tener
una duración mínima de seiscientas (600) horas. Al menos el cincuenta por ciento (50%) de la
duración del programa debe corresponder a formación práctica tanto para programas en la
metodología presencial como a distancia.
Los programas de formación académica tienen por objeto la adquisición de conocimientos y
habilidades en los diversos temas de la ciencia, las matemáticas, la técnica, la tecnología, las
humanidades, el arte, los idiomas, la recreación y el deporte, el desarrollo de actividades
lúdicas, culturales, la preparación para la validación de los niveles, ciclos y grados propios de
la educación formal básica y media y la preparación a las personas para impulsar procesos de
autogestión, de participación, de formación democrática y en general de organización del
trabajo comunitario e institucional. Para ser registrados, estos programas deben tener una
duración mínima de ciento sesenta (160) horas»13.
· Los programas pueden adelantarse en la metodología de educación presencial y a distancia,
siempre que el acto administrativo de registro lo autorice14.
· La educación para el trabajo y desarrollo humano conduce a la obtención de certificados de
aptitud ocupacional, que pueden ser de dos clases: certificado técnico laboral por
competencias (para los programas de formación laboral) o certificado de conocimientos
académicos (para los programas de formación académica)15.
11
Exposición de motivos de la Ley 1064 de 2006, tomada de la Gaceta No. 223 del lunes 2 de mayo de 2005 de la Cámara
de Representantes.
12
Compilado en los artículos 2.6.1.1. y siguientes del Decreto 1075 de 2015 - Único reglamentario del Sector Educación.
13
Artículo 3.1.
14
Artículo 3.5.
15
Artículo 3.3.
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Por otro lado, de conformidad con la Ley 769 de 2002, el Decreto 1500 de 2009 y la
Resolución 3245 de 2009, normas que establecen y reglamentan los requisitos para
la constitución, funcionamiento y habilitación de los CEA, los programas que
imparten estos establecimientos presentan las siguientes características:
· Tienen por objeto brindar capacitación para que los tomadores obtengan el certificado de
capacitación en conducción o de instructores en conducción, con el propósito de que puedan
conducir por las vías públicas en vehículos que requieren licencia de conducción o participen
en la formación de aspirantes a conducir, respectivamente16.
· Adoptan una metodología reglada, que exige en todos los casos un componente de
capacitación teórica (presencial o virtual) y uno práctico, que a su vez se divide en taller
práctico de formación y práctica de conducción en vías nacionales17.
· Exigen un mínimo de horas cursadas por cada componente teórico y práctico, que varía
dependiendo de la categoría de la licencia que se pretende obtener con el programa de
capacitación: desde un total de 36 horas para la categoría A1 (motocicletas hasta de 125 c.c.)
hasta 65 horas para la categoría C3 (vehículos articulados para el servicio público, con
prerrequisito de licencia anterior C2)18.
Con base en estas disposiciones, no sería factible concluir que, en el caso particular,
los cursos de formación de conductores que imparte el CEA, puedan catalogarse
como servicios de educación para el trabajo y desarrollo humano, pues no cumplen
con la finalidad, metodología, propósito e intensidad horaria propios de estos
programas, ni pueden enmarcarse en las tipologías de formación laboral o
académica.
En otros términos, para el caso concreto, se considera que los cursos ofrecidos,
difieren de aquellos que integran el servicio de educación no formal, hoy
denominada educación para el trabajo y desarrollo humano; su prestación no
atiende a la complementación o actualización de conocimientos para la formación
laboral, académica o a la validación de niveles de educación formal; no se inscribe
en las categorías de desempeño artesanal, artístico, recreacional, ocupacional o
técnico; ni cumple con los requisitos cualitativos o de intensidad horaria para
encuadrar en alguno de los programas de formación laboral o académica que, de
conformidad con el Decreto 4904 de 2009, son los que ofrecen las IETDH. Además,
no se demostró que al caso puntual se aplicara reglamentación especial o distinta
alguna.
En este punto, aunque la apelante arguyó que ciertos apartes de la Ley 769 de 2002
y el Decreto 1500 de 2009 le concedieron a los CEA la calidad de IETDH, la Sección
encuentra que dichas disposiciones no tienen la entidad de alterar o modificar la
naturaleza de los servicios de educación para el trabajo y desarrollo humano, ni
ampliar su alcance para incorporar la capacitación en conducción.
Si bien el artículo 15 de la Ley 769 de 2002 dispuso inicialmente que el Ministerio
de Transporte reglamentaría la constitución y funcionamiento de los CEA de acuerdo
con lo establecido por la Ley 115 de 1994 y sus decretos reglamentarios «en lo
pertinente a educación no formal», esta norma no puede entenderse como una
asimilación de los programas impartidos por los CEA con los servicios propios de la
educación no formal.
De hecho, el tenor literal de tal disposición permitía inferir que la remisión a las
normas sobre educación no formal operó exclusivamente respecto de las reglas
16
Ley 769 de 2002. Artículos 12, 13 y 14.
17
Artículo 14 de la Ley 769 de 2002 y artículo 7 del Decreto 1500 de 2009.
18
Resolución 3245 de 2009. – Anexo I.
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sobre constitución y funcionamiento de esas instituciones. Además, esa remisión a
las normas sobre constitución y habilitación de instituciones de educación no formal
desapareció con la Ley 1397 de 2010, que cambió la redacción original del artículo
15 de la Ley 769 de 200219. La norma actual (vigente desde la promulgación de la
Ley 1397 de 2010) ya no remite a la Ley 115 de 1994, sino que expresa que: «El
Ministerio de Transporte reglamentará la constitución y funcionamiento de los Centros de Enseñanza
Automovilística de conformidad con lo establecido en la ley».
En cuanto a los apartes del considerando del Decreto 1500 de 2009 que citó la
apelante, que expresan «Que es competencia del Ministerio de Educación Nacional con
fundamento en las Leyes 115 de 1994 y 1064 de 2006 determinar los requisitos de constitución de
los Centros de Enseñanza Automovilística para que sean instituciones de educación para el trabajo
y el desarrollo humano tal como lo previó el legislador y establecer los requisitos básicos para el
funcionamiento de los programas», la Sección precisa que la expresión a la que refiere la
apelante no constituye una norma20 y, aunque lo fuera, habría sido derogada con la
Ley 1397 de 2010 que, según se explicó antes, eliminó la remisión a la Ley 115 de
1994 en lo pertinente a educación no formal.
Así, la Sección no encuentra que el tribunal erró al considerar que los programas
impartidos por los CEA no tienen la calidad de educación no formal y que no están
excluidos de IVA en los términos del numeral 5 del artículo 476 del Estatuto
Tributario, conclusión que no cambia por el hecho de que las resoluciones
expedidas a EDUSOFT por la Secretaría de Educación de Manizales y el Ministerio
de Transporte, cuya falta de análisis censuró la apelante, se refieran a la
demandante como una IETDH.
Lo anterior, porque, primero, dichos actos están fundados en las normas
previamente analizadas sobre la constitución, funcionamiento y habilitación de los
CEA, por cada autoridad en lo que concierne a la licencia de funcionamiento para
cada ámbito de competencia, respecto de las cuales la Sección descartó que
asimilaran sus programas a los de la educación no formal y, segundo, porque ellas
únicamente sirven al propósito de actualizar la licencia de funcionamiento21, el
registro de programas22 y la habilitación de EDUSOFT para impartir cursos de
conducción23, sin el alcance de calificar estos servicios como propios de la
educación no formal para efectos tributarios.
El registro en el Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y Desarrollo
Humano (SIET) tampoco permite afirmar que los programas registrados por EDUSOFT
tienen la naturaleza de servicios de educación no formal (hoy ETDH), pues él solo
acredita el cumplimiento del registro del programa educativo de conformidad con el
artículo 2.4.4.6. del Decreto 1075 de 2015, sin modificar la naturaleza de los
programas de educación no formal o calificar los cursos impartidos por los CEA como
tales.
19
El artículo 15 de la Ley 769 de 2002 antes expresaba: «El Ministerio de Transporte reglamentará la constitución y
funcionamiento de los Centros de Enseñanza Automovilística, de acuerdo con lo establecido por la Ley 115 de 1994 y
sus decretos reglamentarios, en lo pertinente a educación no formal».
20
Los apartes considerativos de los decretos no constituyen propiamente normas, toda vez que no crean, modifican o
extinguen situaciones jurídicas. Simplemente sirven de preámbulo y explicación de normas que si contienen un verdadero
mandato jurídico. Al respecto, véanse las sentencias del 4 de diciembre de 2019 (Exp. 23781, M.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez) y del 28 de mayo de 2020 (Exp. 23900, M.P. Milton Chaves García) de la Sección Cuarta del Consejo de
Estado.
21
Samai Tribunal, índice 22, Expediente digital – PDF Demanda y anexos, Anexo G (págs. 58 - 63) - Resolución 766 de
2010 expedida por la Secretaría de Educación de Manizales.
22
Samai Tribunal, índice 22, Expediente digital – PDF Demanda y anexos, Anexo H (págs. 64 - 68) - Resolución No. 802 de
2020 expedida por la Secretaría de Educación de Manizales.
23
Samai Tribunal, índice 22, Expediente digital – PDF Recurso contra auto que niega medida cautelar, Anexo B (págs. 19
• 23) - Resolución No. 1713 de 2011 expedida por el Ministerio de Transporte.
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Finalmente, en cuanto al reproche elevado por el apelante en el sentido de que la
afirmación del a quo de que el tratamiento como servicio gravado o excluido de IVA
depende del fin que cada persona persigue con la capacitación no encuentra
sustento en ninguna norma jurídica, se reconoce que a apreciación del a quo
implicaría que la exclusión del IVA dependa de calificaciones subjetivas, imposibles
de verificar y no definidas por la ley, lo cual no se acompasa con la taxatividad que
exige este tipo de exclusiones. Con todo, se considera que esto no es suficiente
para revocar la sentencia y declarar la nulidad de los actos demandados, pues la
exclusión no se verifica de acuerdo con la legislación ya analizada.
Por lo expuesto, no prosperan los cargos de apelación.
Costas
El Tribunal condenó a la demandante al pago de agencias en derecho, que tasó en
la suma de un (1) SMMLV. La demandante apeló esta decisión, arguyendo que el
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 condiciona la procedencia de costas a que la
demanda se haya presentado con manifiesta carencia de fundamento legal,
situación que no se presenta en este caso.
Al respecto, el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, salvo en los
procesos que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre condena
en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso).
En concordancia, el artículo 365 del Código General del Proceso prevé, en el
numeral 1, que se impondrá condena en costas a la parte vencida en el proceso.
Por su parte, el numeral 8 precisa que «Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
Igualmente, el numeral 4 del artículo 366 ibídem prevé que las agencias en derecho
deben fijarse de acuerdo con las tarifas que establezca el Consejo Superior de la
Judicatura.
De las normas expuestas, y contrario a lo dicho por el apelante, la Sección advierte,
por un lado, que no se está discutiendo un asunto de interés público, dado que el
litigio versa sobre la legalidad de una resolución de reclasificación como
responsable del IVA, y, por el otro, que la fijación de las agencias en derecho no
depende de la actuación de las partes (mala fe o temeridad). En cambio, para su
determinación, basta con que la parte haya sido vencida en el juicio.
Dicho esto, para el caso concreto se observa que el a quo aplicó el acuerdo
PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura; no
obstante, dicha norma fue adicionada por el acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de
noviembre de 2025, estableciendo las nuevas reglas aplicables a procesos de
naturaleza tributaria. De este modo, se deberá aplicar la modificación prevista en
esta última disposición, por estar vigente al momento de proferir esta providencia.
Así, el acuerdo reseñado establece que, para los procesos en los que se discutan
asuntos tributarios sin cuantía, se deberá fijar las agencias en derecho entre uno
(1) y (3) SMLMV, por lo que la decisión del tribunal se encuentra ajustada a derecho.
Por lo tanto, el cargo de apelación no prospera.
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En cuanto a la condena en costas en esta instancia, de conformidad con lo previsto
en el artículo 365 del Código General del Proceso, numeral 1, aplicable por remisión
expresa del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, y conforme al acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de
noviembre de 2025, se tasan las agencias en derecho en un (1) SMMLV. Por tanto,
se ordenará al tribunal tramitar el respectivo incidente de liquidación, conforme a
las reglas consagradas en el artículo 366 del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. CONFIRMAR la sentencia del 6 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, Sala Primera de Decisión, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
2. CONDENAR en costas a la parte demandante, según lo explicado en la parte
motiva. En consecuencia, ordenar al Tribunal que dé trámite al respectivo
incidente, conforme a lo expuesto en esta sentencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente)
(Firmado electrónicamente)
CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
WILSON RAMOS GIRÓN
Con salvamento de voto
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
12
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