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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2012-00070-00

Fecha
14 de marzo de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2012-00070-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin costas en esta instancia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2012-00070-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

14 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., catorce (14) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: NULIDAD SIMPLE
RADICADO: 11001-0324-000-2012-00070-00
DEMANDANTE: JOSÉ GUILLERMO VELASCO GALINDO
DEMANDADA: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA - CORMACARENA
TEMA: SE ANALIZA LA LEGALIDAD DEL ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL
SE ADOPTÓ EL PLAN DE MANEJO DEL HUMEDAL CARACOLÍ, ENTRE
OTROS, Y DEL ACTO ADMINISTRATIVO POR MEDIO DEL CUAL SE
DECLARA COMO ÁREA DE RECREACIÓN DICHO HUMEDAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a decidir, en única instancia, la demanda instaurada por el señor
José Guillermo Velasco Galindo contra la Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Área de Manejo Especial La Macarena - Cormacarena1.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Pretensiones

1. El señor José Guillermo Velasco Galindo, en adelante parte demandante, en
ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del Código Contencioso
Administrativo, en adelante CCA, instauró demanda contra la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena – Cormacarena,
con el fin de cuestionar la legalidad parcial del Acuerdo 12 de 20092 en los apartes
que adoptan el plan de manejo del Humedal Caracolí, artículos 1°, 2° y 4°
(numerales 4.4, 4.4.1, 4.2, 4.4.3) y 7°, así como el Acuerdo PS-GJ.1.2.42.2.11.014
de 20113, en su artículo 1°, mediante el cual se modifica el artículo segundo del
Acuerdo 12 de 2009 y se declara como Área de Recreación el Humedal Suburbano
Caracolí.

2. Como sustento de lo anterior el actor formuló, como pretensiones, las siguientes:

1 El presente expediente se encuentra digitalizado en la Sede Electrónica SAMAI. Expediente: 11001-0324-000-

2012-00070-00.
2 «Por medio del cual se adopta el Plan de Manejo Ambiental de los Humedales de Coroncoro, Calatrava, El

Charco, Caracolí y Zuria en el municipio de Villavicencio y laguna de San Vicente en el municipio de Puerto
Rico-Meta, se establece su delimitación, se reglamentan sus usos y se dictan otras disposiciones», acto
expedido por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena-
Cormacarena.
3 «Por el cual se declara como área de recreación el humedal suburbano de Caracolí ubicado en el Municipio

de Villavicencio- Meta de acuerdo a la categorización de áreas protegidas señaladas en el Decreto No. 2372
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial- MAVDT, se establece su delimitación, área y se
dictan otras disposiciones», acto administrativo expedido por el Consejo Directivo de la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena- Cormacarena.

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Radicado: 11001-0324-000-2012-00070-00
Demandante: José Guillermo Velasco Galindo

«PRIMERA. Que son nulos los artículos PRIMERO, SEGUNDO,
CUARTO, en sus numerales 4.4, 4.4.1, 4.2, 4.4.3 y 7 del Acuerdo 12 de
2009 y séptimo (sic) del Acuerdo 012 de 5 de noviembre de 2009 expedido
por la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA- CORMACARENA, en
los apartes que adoptan el plan de manejo para el “Humedal Caracolí, lo
delimitan y zonifican.

SEGUNDA. Que es nulo el artículo PRIMERO del Acuerdo PS-
GJ1.2.42.2.11.014 expedido por la CORPORACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA
MACARENA- CORMACARENA- mediante el cual se modifica el artículo
segundo del Acuerdo 0012 de 5 de noviembre de 2009 y se declara como
área de Recreación el humedal suburbano de Caracolí».

1.2. Normas violadas y el concepto de la violación

3. El demandante consideró vulneradas las siguientes normas: el artículo 29 de la
Constitución Política; la Ley 357 de 19974; los numerales 2° y 18 del artículo 31 de
la Ley 99 de 19935; el artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 19746; el artículo 3° de
la Resolución 157 de 20047 y; por último, el aparte 4° de la Figura 2 contenido en el
Anexo I así como el Anexo 1C, paso 5°, que incluye los criterios para la identificación
y delimitación de los humedales, ambos incorporados en la Resolución 196 de
20068. Como sustento de lo anterior, el actor al desarrollar el concepto de violación
planteó los siguientes argumentos que se resumen en el siguiente sentido:

1.2.1. Primer cargo de nulidad. Violación al debido proceso

4. Manifestó que la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo
Especial La Macarena - Cormacarena en relación con el plan de manejo ambiental
del Humedal Caracolí, al expedir los actos enjuiciados de manera parcial, debió
contar con la participación de los interesados directos en todas las etapas del
proceso de planificación del manejo conforme lo ordenan el artículo 3° de la
Resolución 157 de 2004 y el aparte 4° contenido en la Figura 2 del Anexo I de la
Resolución 196 de 2006. Tal omisión se traduce en una violación al debido proceso
desarrollado en el artículo 29 de la Constitución Política como garantía que resulta
aplicable en las actuaciones judiciales y administrativas.

1.2.2. Segundo cargo de nulidad. De la Falsa motivación

5. Refirió a la falsa motivación como vicio de nulidad del acto administrativo el cual
se origina cuando existe una divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que

4 «Por medio de la cual se aprueba la "Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional

Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas", suscrita en Ramsar el dos (2) de febrero de mil novecientos
setenta y uno (1971)».
5 «Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión

y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones».
6 «Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio

Ambiente». Esta norma fue expedida por el Presidente en ejercicio de las facultades extraordinarias
conferidas por la Ley 23 de 1973 y previa consulta con las comisiones designadas por las Cámaras
Legislativas y el Consejo de Estado, respectivamente.
7 «Por la cual se reglamenta el uso sostenible, conservación y manejo de los humedales y se desarrollan

aspectos referidos a los mismos en aplicación de la Convención Ramsar».
8 «Por la cual se adopta la guía técnica para la formulación de planes de manejo para humedales en Colombia».

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Demandante: José Guillermo Velasco Galindo

justifica la producción del acto administrativo y los motivos tenidos en cuenta por la
administración para su expedición.

6. Manifestó que si lo pretendido por la Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Área de Manejo Especial La Macarena - Cormacarena era la adopción de un
plan de manejo ambiental con todos sus elementos integrantes constituía un
aspecto esencial para el cumplimiento de ese propósito ordenar su identificación y
zonificación de acuerdo con la realidad física de dicho cuerpo hídrico y sus
características, lo cual no ocurrió.

7. Explicó que el Acuerdo 12 de 2009 señaló que el humedal tiene un área de 15.75
hectáreas (157.500 m2); no obstante, en realidad el cuerpo hídrico allí existente
alcanza como máxima extensión en época de invierno 7100 metros cuadrados, a lo
que agregó que se seca en la época del verano pues «el mismo se forma
exclusivamente con aguas lluvias de escorrentía circundante muy cercana».

8. En términos generales, agregó que para la elaboración del plan de manejo del
Humedal Caracolí se contrató la elaboración de un estudio técnico el cual presenta
inconsistencias, entre las cuales enlistó las siguientes:

▪ No era cierto que se haya presentado un deterioro al ecosistema, tal y como
lo demuestran las fotografías aéreas a través de las cuales se puede
evidenciar que el pequeño espejo de agua existente ha aumentado con el
paso del tiempo;

▪ Los planos que sirvieron de base para la adopción del plan de manejo son
imprecisos dada su antigüedad, y ello llevó a que se incluyera un hilo de agua
que no existe, tal y como se puede apreciar en los fotoplanos satelitales de
Google aportados junto con la demanda;

▪ El trabajo de campo se basó en una topografía incompleta la cual difiere de
la reciente;

▪ El trabajo de campo que era necesario para delimitar la ronda hídrica no fue
realizado;

▪ Las visitas de campo se realizaron de manera parcial;

▪ No se realizó un análisis de la geología o geomorfología local;

▪ No se efectuó un estudio por separado de los tipos de vegetación;

▪ Las coordinadas del plano POT no coinciden con las del plano de Google;

▪ En el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Villavicencio «nunca
se tuvo como humedal de interés prioritario al denominado Humedal Caracolí
(…)».

▪ Por mencionar algunas.

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Demandante: José Guillermo Velasco Galindo

1.2.3. Tercer cargo de nulidad. Violación de la Ley 357 de 1997; de los
numerales 2 y 18 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y del artículo 83 del
Decreto - Ley 2811 de 1974

9. Precisó que los actos administrativos de carácter general o particular se
encuentran sometidos a los principios de legalidad y de jerarquía normativa
desarrollados en los artículos 4° y 123 de la Carta Política.

10. Justificó la violación de la Ley 357 de 1997, en la premisa consistente en que la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La
Macarena - Cormacarena desconoció el principio de legalidad dado que le otorgó al
Humedal Caracolí el carácter de ecosistema de interés prioritario, «no obstante que
éste cuenta con la cota máxima de inundación con un espejo de agua de solo 7.100
metros cuadrados, que sólo se forma en épocas de invierno por apozamiento de
aguas lluvias y que con zona de aislamiento nunca podría pasar de 1.9 hectáreas».

11. Estimó desconocidos los numerales 2° y 18 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993,
por cuanto la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial
La Macarena - Cormacarena ejerció la función de máxima autoridad en el área de
su jurisdicción contraviniendo los criterios y las directrices trazados por el Ministerio
de Ambiente para la elaboración y adopción de planes de manejo de humedales de
interés prioritario, concretamente, las contenidas en el artículo 3° de la Resolución
157 de 2004 y en el aparte 4° contenido en la Figura 2 del Anexo I de la Resolución
196 de 2006.

12. Destacó que las citadas normas imponían la obligación de adelantar la
delimitación, caracterización y zonificación para la definición de medidas de manejo
con la participación de los distintos interesados, disposiciones que fueron
desconocidas, tras señalar que la autoridad ambiental omitió convocar a los
propietarios de los predios y a los vecinos del Humedal Caracolí a efectos de
garantizar su participación plena en la adopción y ejecución del plan de manejo.

13. También consideró transgredido el artículo 83 del Decreto - Ley 2811 de 1974,
pues «[…] si se trataba de dar cumplida y cabal aplicación a la Zona de Ronda de
los 30 metros establecida en el artículo 83 del Decreto 2811 de 1974, la zona de
ronda es muy inferior de la establecida en el Acuerdo impugnado».

14. Finalmente, consideró vulnerada la «franja de protección» contenida en el
Anexo 1C, paso 5°, de la Resolución 196 de 2006, el cual establece que una vez
determinado el límite del humedal se debía establecer una franja paralela de
protección a que aluden los artículos 83 literal d), y 14 del Decreto 1541 de 1978,
hasta de 30 metros de ancho. Ello, por cuanto «la determinación de la zona de
protección contenida en el Acuerdo 12 de 2009 […] es mucho mayor a la de treinta
metros establecida en el artículo 83 literal d) del Decreto Ley 2811 de 1974 […]».

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Demandante: José Guillermo Velasco Galindo

II. COADYUVANCIA

15. El señor Jaime Omar Jaramillo Ayala coadyuvó la demanda presentada por el
actor, argumentando lo siguiente9:

16. Indicó que en la elaboración del plan de manejo ambiental del Humedal Caracolí
no se realizó una cabal identificación del terreno en términos de coordenadas y
ubicación espacial. Igualmente, precisó que se trata de un «reservorio de aguas
invernales, las cuales permanecen algunos meses por año, reservorio de aguas
lluvias que se encuentra integralmente en terreno privado y cuya vegetación
aledaña ha sido protegida a lo largo de los años por sus propietarios».

17. Agregó que el Humedal Caracolí no podía ser caracterizado como tal desde el
punto de vista físico, por cuanto no es parte de un sistema de amortiguación de un
cuerpo hídrico, tampoco constituye la cota de inundación de algún cuerpo hídrico ni
sus aguas fluyen a la superficie por saturación del suelo.

III. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

18. La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La
Macarena - Cormacarena contestó de forma extemporánea la demanda, conforme
se indicó en auto de 30 de septiembre de 201610.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1. Alegato de conclusión del señor Jaime Omar Jaramillo Ayala

19. El señor Jaime Omar Jaramillo Ayala, coadyuvante de la parte demandante,
ratificó cada uno de los argumentos planteados en la demanda, en el siguiente
sentido:

20. (i) Sobre la violación al debido proceso. Señaló que según se desprende de
la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional
Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, suscrita en Ramsar el día 2 de
febrero de 1971 y aprobada por la Ley 357 de 1997, el artículo 3° de la Resolución
157 de 2004 y el aparte 4° contenido en la Figura 2 del Anexo I de la Resolución
196 de 2006, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo
Especial La Macarena - Cormacarena tenía la obligación de zonificar, delimitar,
caracterizar y planificar el Humedal Caracolí, asegurando la plena participación de

9 Cabe destacar que mediante auto de de 30 de septiembre de 2016, el despacho encargado de la sustanciación

del proceso tuvo como coadyuvante de la parte demandante al señor Jaime Omar Jaramillo Ayala.
10 Folios 785 a 787 del Cuaderno Principal. A través de este auto se tuvo como coadyuvante de la parte

demandante al señor Jaime Omar Jaramillo Ayala y se ordenó reponer el auto de 30 de noviembre de 2015
visible a folio 781 del Cuaderno Principal, en el sentido de tener por no presentada oportunamente la
contestación de la demanda por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La
Macarena- Cormacarena.

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los interesados directos en todas las etapas del proceso de planificación del manejo,
lo cual no ocurrió.

21. Puntualizó que según las pruebas testimoniales y documentales obrantes en el
expediente era posible concluir que la delimitación, caracterización y zonificación
del plan de manejo del Humedal Caracolí se surtió sin la participación de los
diferentes interesados y, que, si bien se aportaron unas cartas de invitación dirigidas
a diversas autoridades y personas jurídicas, esto ocurrió con posterioridad a la
expedición de los Acuerdos 12 de 2009 y PS-GJ.1.2.42.2.11.014 de 2011.

22. (ii) Sobre la falsa motivación. A renglón seguido, comentó que el Humedal
Caracolí jamás hizo parte de los humedales delimitados en el Plan de Ordenamiento
Territorial del municipio de Villavicencio, vigente a la expedición de los acuerdos
demandados.

23. Señaló que la caracterización que se hace del cuerpo de agua denominado
Humedal Caracolí resulta contrario a la realidad. En apoyo de esa afirmación hizo
referencia a las conclusiones del «Informe de Peritazgo de Topografía obtenido a
partir de la inspección judicial» elaborado por el ingeniero José Vega Rendón y del
dictamen pericial practicado por el ingeniero William Rodrigo Bayona, las cuales
respaldan dicha afirmación.

24. Sobre el particular, precisó que «[…] [q]queda probado en los anteriores
términos que las áreas del Humedal Caracolí consignadas en los acuerdos
demandados divergen completamente de la realidad física del cuerpo de agua real
y que el denominado Humedal Caracolí, solo presenta características de humedal
en su parte hidráulica únicamente, pero carece de ellas al no presentar en la parte
biótica o de avifauna características de humedal. Luego la caracterización que como
humedal prioritario se hace en los Acuerdos del cuerpo de agua denominado
humedal Caracolí, falsea completamente la realidad conforme lo evidencian los
informes de los peritos, configurándose así la falsa motivación».

25. Finalmente, resaltó que el Humedal Caracolí jamás ha estado en riesgo de
peligro o de ser alterado o destruido. Además, insistió que no cuenta con las
características que debe tener un cuerpo de agua para ser considerado como
humedal.

IV.2. Alegato de la parte demandante

26. El demandante reiteró el concepto de la violación planteado en el escrito inicial
y agregó que la falta de contestación de la demanda por parte de la Corporación
para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena -
Cormacarena traía consecuencias adversas a sus intereses, pues no controvirtió
las pruebas aportadas por el actor junto con la demanda y tampoco aportó nuevos
elementos de juicio con el fin de dar validez a la motivación que tuvo en cuenta para
expedir las decisiones objeto de juzgamiento.

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IV.3. Alegato de Cormacarena

27. De manera preliminar, Cormacarena hizo un recuento de la naturaleza jurídica
de las corporaciones autónomas regionales y de las funciones legales desarrolladas
en la Ley 99 de 1993, norma que les atribuyó la facultad para adelantar los procesos
tendientes a reservar, alinderar o administrar distritos de manejo integrado, los
distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de
carácter regional, así como reglamentar su uso y funcionamiento.

28. A renglón seguido, hizo hincapié en el marco jurídico que integra la política de
protección de los ecosistemas de humedal en Colombia, haciendo un recorrido por
la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente
como Hábitat de Aves Acuáticas adoptada en 1971, con el propósito de trazar un
marco para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la
conservación y el uso racional de los humedales y de sus recursos; la Ley 52 de
1994, por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre la Diversidad Biológica
celebrado en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992; la Resolución 157 de 2004 y el
Decreto 2372 de 2010, que reglamentó el Sistema Nacional de Áreas Protegidas,
SINAP.

29. También efectuó un relato del procedimiento tenido en cuenta para la
declaratoria del Humedal Suburbano Caracolí y refirió a la función ecológica y social
de la propiedad para destacar que, si bien con la declaratoria del Humedal Caracolí
se afectó el uso de los predios identificados y enmarcados en su área delimitada,
no con ello se está desconociendo el derecho a la propiedad del demandante sobre
algunos predios.

30.A continuación, realizó una defensa de la legalidad de los actos demandados
de manera parcial, argumentos que se resumen de la siguiente manera:

31. (i) Sobre la violación al debido proceso. Explicó que según la Resolución 196
de 2006, una de las primeras etapas que se debe agotar en la formulación del plan
de manejo ambiental consiste en la evaluación socioeconómica y cultural, la cual se
surtió con la comunidad asentada en el área afectada.

32. Agregó que una vez adoptado el plan de manejo ambiental a través del Acuerdo
12 de 5 de noviembre de 2009, Cormacarena procedió a realizar la socialización de
este, lo cual ocurrió el día 3 de febrero de 2011 en el Auditorio Cofrem, reunión
mediante la cual se dio a conocer aspectos relevantes del ecosistema y su
diversidad en flora y fauna silvestre, su clima, los beneficios, la problemática
existente, así como el trabajo realizado con la comunidad. Concretamente, y con el
fin de efectuar la socialización al ahora demandante, se remitió el Oficio núm. PM-
GPO—1.3.11.094 de 1 de febrero de 2011 a la sociedad José Velasco y Cía. en su
calidad de sociedad propietaria del predio Catalina Lote A, representada por el
accionante; documento que fue recibido por la señora Maribel Paredes.

33. Recalcó que una vez proferido el Acuerdo PS-GJ.1.2.42.2.11.014 de 2011, se
cursaron invitaciones a los propietarios de los predios y a la comunidad a través de
invitaciones escritas y el boletín de prensa a través de la página web de esa

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institución. Específicamente, relató que se dirigió una invitación a José Galindo
Velasco Cía., sociedad propietaria del predio Catalina Lote A, mediante Oficio No.
PM-GPO-1-3-11-943 de 8 de agosto de 2011, el cual fue recibido por el señor
Fabián Suárez en su calidad de encargado del predio.

34. Igualmente resaltó que, en aras de garantizar el principio de publicidad y
oponibilidad, tanto el Acuerdo 12 de 2009 como el Acuerdo PS-GJ.1.2.42.2.11.014
de 2011, fueron publicados en el diario oficial.

35. (ii) Sobre la falsa motivación. Resaltó que no resulta cierta la afirmación del
demandante quien señala que no se visitó el área que integra el Humedal Caracolí,
toda vez que existe registro fotográfico del lugar que ilustra las condiciones físicas
y biológicas en que se encontraba el área al realizar el estudio. Igualmente resaltó
que se efectuó una identificación del área a partir de las coordenadas tomadas del
sitio y de la flora presente, aclarando que se dio cumplimiento a las condiciones
establecidas en los pasos 4° y 5° del Anexo 1C de la Resolución 196 de 2006,
referentes a la determinación del límite del humedal.

36. (iii) Sobre la violación de la Ley 357 de 1997; de los numerales 2° y 18 del
artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y del artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974.
Sostuvo que los actos demandados de forma parcial fueron expedidos por
Cormacarena con el fin de dar cumplimiento a la política de los humedales y a la
reglamentación adoptada por el Ministerio de Ambiente.

37. Explicó que la cartera ministerial de ambiente celebró el contrato de consultoría
No. 2.8.2.08.019 de 2008, con el fin de formular el plan de manejo ambiental para
seis (6) humedales estratégicos ubicados en el municipio de Villavicencio, entre los
cuales se encuentra el humedal suburbano Caracolí, atendiendo la guía técnica
adoptada mediante la Resolución 196 de 2006.

38. Expuso que el área que determinó Cormacarena en el plan de manejo ambiental
obedeció no solo a la identificación de un espejo de agua como lo pretende hacer
ver el demandante, sino que correspondió a la caracterización de todo un sistema
hídrico presente en el área, el cual abarca entre sus cuerpos la laguna referida.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

39. El señor Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa 11, agente del
Ministerio Público en este proceso, emitió el concepto 119 de 20 de noviembre de
2019, por medio del cual solicita ante esta Corporación que sean denegadas las
pretensiones de la demanda, apoyado en los siguientes argumentos:

40.En primer término, hizo referencia al marco jurídico sobre la protección de los
humedales, empezando, en primer término, por la Ley 357 del 21 de enero de 1997,

11 Iván Darío Gómez Lee.

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aprobada con el fin de que se adoptaran los mecanismos que permitieran garantizar
el efectivo amparo de la diversidad e integridad del ambiente, el desarrollo
sostenible de los recursos y riquezas naturales así como la conservación de las
áreas de especial protección ecológica; la Resolución 157 de 2004 y; la Resolución
196 de 2006.

41. (i) Sobre la violación al debido proceso. Indicó que la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena, una vez aprobó el
plan de manejo ambiental para las seis (6) áreas de relevancia ecológica, inició el
proceso de declaratoria para integrarlas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas,
SINAP, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 2372 de 2010. Luego de
ello, identificó los predios afectados y procedió a la socialización del plan de manejo
ambiental adoptado mediante el Acuerdo 12 de 5 de noviembre de 2009, la cual
acaeció el día 3 de febrero de 2011.

42. Una vez agotada dicha instancia, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 2372
de 2010, se procedió a seleccionar la categoría de área protegida que se ajustaba
al diagnóstico obtenido a partir de la formulación del plan de manejo ambiental, y
como resultado de ello se consideró que la categoría propuesta para la declaratoria
del Humedal Caracolí sería la del Área de Recreación.

43. Fue así como se expidió el Acuerdo PS-GJ.1.2.42.2.11.014 de 2011, el cual fue
publicado en el Diario Oficial 48224 de la Imprenta Nacional el día 16 de octubre de
2011 y se convocó a la socialización a la comunidad interesada el día 8 de agosto
de 2011.

44.(ii) Sobre la falsa motivación. Manifestó que contrario a lo afirmado por el
demandante, la autoridad ambiental sí efectuó los estudios técnicos para la
adopción del plan de manejo ambiental del Humedal Caracolí. Finalmente, precisó
que la sola presencia de un solo cuerpo de agua no constituía el único elemento
esencial para determinar la existencia del ecosistema de humedal.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

45. A efectos de decidir la presente controversia, se abordará el análisis de los
siguientes aspectos: (i) la competencia; (ii) los preceptos enjuiciados de manera
parcial; (iii) el problema jurídico; (iv) los humedales y el marco jurídico de protección
en el ordenamiento jurídico; (v) los elementos de prueba aportados al proceso; (vi)
análisis de los problemas jurídicos para, finalmente, (vii) referir a las conclusiones
del caso.

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VI.1. Competencia

46. Esta Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con
el numeral 1º del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo12, que atribuye
a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado la competencia
para conocer en única instancia de los procesos de nulidad de los actos
administrativos expedidos por autoridades del orden nacional, norma que resulta
armónica con el Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 2019, artículo 13,
disposición normativa que contiene las reglas de reparto entre las distintas
secciones de la Corporación.

VI.2. Los preceptos enjuiciados en este proceso

47. Nulidad parcial de los artículos 1°, 2° y 4° (numerales 4.4, 4.4.1, 4.2, 4.4.3) y 7°,
normas contenidas en el Acuerdo 12 de 5 de noviembre de 2009, por medio del cual
se adoptó, entre otros, el plan de manejo del humedal Caracolí y se dispuso su
delimitación y zonificación, acto administrativo expedido por Cormacarena que en
su parte resolutiva ordenó lo siguiente:

«ARTÍCULO PRIMERO.- ADOPCIÓN DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL: Adoptar el Plan de Manejo Ambiental de los Humedales de
Calatrava, Caracolí, Corocoro, El Charco, Zuria Y San Vicente,
localizados los cinco primeros en jurisdicción del Municipio de Puerto
Rico, Departamento del Meta, así:

[…]

Caracolí: El humedal Caracolí se encuentra ubicado por la vía que se
conoce como carrera del amor, la cual se inicia a la altura del anillo vial
en el cruce hacia el proyecto urbanístico Multifamiliares Centauros a una
distancia aproximada de 3.2 km del anillo vial (ver cartera de campo art.
2°).

ARTÍCULO SEGUNDO: DELIMITACIÓN: Adoptar la delimitación incluida
su ronda de protección de los anteriores humedales de acuerdo a las
siguientes carteras de coordenadas:

CARTERA DE COORDENADAS
HUMEDAL CARACOLÍ

12 «[…] ARTICULO 128. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN UNICA INSTANCIA. El Consejo

de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en
única instancia: 1. De los de nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden
nacional o por las personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas del
mismo orden […]».

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ARTÍCULO TERCERO.- OBJETIVO. Es objetivo de este acuerdo, en
relación con los humedales de Calatrava, Caracolí, Corocoro, El Charco,
Zuria y San Vicente, su conservación, protección y recuperación,
mediante la adecuada zonificación y reglamentación de los usos, de
manera tal que las actividades que se realicen en su interior sean
compatibles con los principios de desarrollo sostenible, protección a la
diversidad biológica y preservación de las zonas de recarga de acuíferos.

ARTÍCULO CUARTO. ZONIFICACIÓN. Adóptese la siguiente
zonificación interna de los Humedales Calatrava, Caracolí, Corocoro, El
Charco, Zuria y San Vicente, delimitada en el presente acto administrativo
conforme a los resultados del estudio técnico a que alude la parte motiva
de esta resolución y la cual es de obligatoria observancia para efectos del
Plan de Manejo Ambiental y en las extensiones que se presentan para
cada una de las unidades de manejo en la siguiente tabla:

[…]

4.4. Caracolí

4.4.1. Áreas de Preservación y Protección Ambiental. en el humedal
Caracolí "está área abarca 12.15 has, que corresponden a un 53.3% de
la totalidad del área delimitada; son espacios que mantienen integridad en
sus ecosistemas que tienen características de especial valor en términos

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de singularidad, biodiversidad y utilidad para el mantenimiento de la
estructura y funcionalidad del humedal.

Su superficie terrestre está representada cartográficamente con el color
verde claro.
• Su uso principal. Será de conservación de los corredores biológicos,
de las funciones ecológicas y los servicios ambientales que brindan los
bosques secundarios y los cuerpos de agua presentes.
• Uso Compatible. Restauración, revegetalización; recuperación de la
red hidrológica.
• Uso Condicionado. Senderos ecológicos, actividades de turismo
ecológico, actividades de investigación y docencia.
• Uso Prohibido. Actividades agrícolas y pecuarias de pancoger e
industriales, centros de recreación y turismo, uso urbano, uso industrial,
aprovechamientos forestales, desecación y/o relleno de cuerpos de agua,
o similares.

4.2 Áreas de recuperación ambiental: Dentro del humedal Caracolí,
esta área ocupa 3.6 has, que corresponden a un 15.8% del área total; esta
zona es frágil en cuanto a que allí se desarrolla actividad de ganadería la
cual modifica los suelos e introduce sales y heces a los acuíferos, además
se presenta un fenómeno de pisoteo generando compactación de los
suelos y cambios en los niveles freáticos de los suelos; generando a su
vez erosión y declinación de las tasas de infiltración alterando así su
hidrología.

Su superficie terrestre está representada cartográficamente con el color
verde oliva.
• Uso principal. Restauración, recuperación y rehabilitación de las áreas
degradadas por el mal manejo agropecuario, restauración y recuperación
de hábitats y ecosistemas y poblaciones de fauna y flora silvestres y
actividades de monitoreo y control.
• Uso compatible. Restauración, reforestación, recuperación de la red
hidrológica, restablecimiento de la conectividad de los corredores
ecológicos.
• Uso condicionado. Senderos ecológicos, actividades de turismo
ecológico, actividades de investigación y docencia.
• Uso prohibido. Actividades agrícolas y pecuarias (pancoger,
industriales), centros de recreación y turismo, viviendas, uso industrial,
aprovechamientos forestales, concesiones de agua, desecación y/o
relleno de cuerpos de agua, o similares.

4.4.3 Franja de protección: Esta área es una franja que tiene como
finalidad proteger el humedal Caracolí de. las afectaciones causadas por
la expansión urbana (Parcelaciones campestres). Por tal motivo se
localiza siguiendo el límite perimetral, con un ancho de 30m
aproximadamente, la cual engloba un área aproximada de 6.68 has,
representando el 29.32% del área total. En esta área se encuentra parte
de la malla vial rural del Municipio de Villavicencio, (Carretera del Amor y
vía de acceso a la parcelación campestre Caracolí y pequeñas fincas de
recreo).
• Uso principal. Protección física del área del humedal, ante las
amenazas externas.
• Uso compatible. Restauración, reforestación y recuperación de la
red hidrológica.
• Uso condicionado. Senderos ecológicos, actividades de turismo
ecológico, actividades de investigación y docencia.
• Uso prohibido. Actividades agrícolas y pecuarias (pancoger,
industriales), centros de recreación y turismo, uso urbano, uso industrial,
concesiones de agua, desecación y/o relleno de cuerpos de agua.

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PARÁGRAFO. - Las. obras a actividades cuyo uso es condicionado en
las diferentes categorías establecidas en la zonificación interna, se podrán
desarrollar siempre y cuando no pongan en riesgo la función ecológica e
hídrica del sistema de humedales, la conservación de los Recursos.
Naturales Renovables y la condición natural de los ecosistemas presentes
en la zona, sin perjuicio de la facultad de la autoridad ambiental de exigir
el trámite de las autorizaciones previas exigidas en la normatividad
ambiental vigente.

[…]

ARTÍCULO SÉPTIMO.- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: Adoptar el
Plan de Manejo de los Humedales Calatrava, Caracolí, Coroncoro, El
Charco, Zuria y San Vicente, elaborado y adoptado como instrumento que
contiene los programas, proyectos y estrategias, necesarias para
recuperar, restablecer, proteger, conservar y administrar el ecosistema
que hace parte del área delimitada en este acto, conforme a las normas
de ordenación, manejo y administración de acuerdo a los principios de
eficacia, eficiencia y mejoramiento permanente, para el logro de los
objetivos buscados en esta reglamentación a corto, mediano y largo
plazo».

48. Nulidad parcial del artículo 1° del Acuerdo PS-GJ.1.2.42.2.11.014 de 2011 «Por
el cual se declara como área de recreación el humedal suburbano de Caracolí
ubicado en el Municipio de Villavicencio- Meta de acuerdo a la categorización de
áreas protegidas señaladas en el Decreto No. 2372 del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial- MAVDT, se establece su delimitación, área y se
dictan otras disposiciones», acto administrativo expedido por el Consejo Directivo
de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La
Macarena - Cormacarena, cuya parte resolutiva es del siguiente tenor:

«ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el artículo 2° del Acuerdo número
012 del cinco (05) de noviembre de 2009 del Consejo Directivo de la
Corporación por el cual se adoptó la delimitación de los humedales
urbanos El Charco y Calatrava y los humedales suburbanos Caracolí y
Zuria del Municipio de Villavicencio, el cual en adelante quedará así:

Artículo 2°. Adóptese la delimitación del humedal suburbano Caracolí del
municipio de Villavicencio – Meta, de acuerdo a la siguiente cartera de
coordenadas conforme al sistema de referencia Magna Sirgas origen
Bogotá.

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Por consiguiente, una vez ajustadas las coordenadas a la cartografía
oficial del Plan de Manejo Ambiental (PMA), correspondiente al humedal
suburbano Caracolí el equipo técnico de la Oficina Asesora de Planeación
consideró realizar una redelimitación de estos dos humedales
considerando que el área merecedora de protección era mayor a la
inicialmente delimitada en el PMA, por lo que modificó la cartera de
coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá y, por consiguiente su área
inicial a saber:

[…]».

VI.3. El problema jurídico

49. De acuerdo con los argumentos planteados en la demanda, la Sala considera
que el problema jurídico que se debe resolver reside en definir si los artículos 1°, 2°
y 4° (numerales 4.4, 4.4.1, 4.2, 4.4.3) y 7, normas contenidas en el Acuerdo 12 de
5 de noviembre de 2009, por medio del cual se adoptó, entre otros, el plan de
manejo del Humedal Caracolí y se dispuso su delimitación y zonificación así como
el artículo 1° del Acuerdo PS-GJ.1.2.42.2.11.014 de 2011, son nulos por:

(i) Transgredir el debido proceso pues la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena - Cormacarena
tenía la obligación de zonificar, delimitar, caracterizar y planificar el
Humedal Caracolí, asegurando la plena participación de los interesados
directos en todas las etapas del proceso de planificación del manejo, lo
cual se traduce en el desconocimiento del artículo 3° de la Resolución
157 de 2004 y del aparte 4° contenido en la Figura 2 del Anexo I de la
Resolución 196 de 2006.

(ii) Falsa motivación, por cuanto el estudio técnico que sirvió de sustento para
la adopción del plan de manejo del Humedal Caracolí no tuvo en cuenta
la realidad física del ecosistema y sus características, pues el cuerpo de
agua allí existente alcanza tan solo una máxima extensión de 7100 metros
cuadrados en época de invierno y el mismo se seca en verano.

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(iii) Desconocer la Ley 357 de 1997; los numerales 2° y 18 del artículo 31 de
la Ley 99 de 1993; el artículo 83 del Decreto-Ley 2811 de 1974 y el Anexo
1C, paso 5°, de la Resolución 196 de 2006 porque:

(a) Cormacarena le otorgó al Humedal Caracolí el carácter de humedal
de interés prioritario, «no obstante que éste cuenta con la cota máxima
de inundación con un espejo de agua de solo 7.100 metros cuadrados,
que sólo se forma en épocas de invierno por apozamiento de aguas
lluvias y que con zona de aislamiento nunca podría pasar de 1.9
hectáreas»;

(b) La autoridad ambiental ejerció la función de máxima autoridad en el
área de su jurisdicción contraviniendo los criterios y directrices
trazados por el Ministerio de Ambiente para la elaboración y adopción
de planes de manejo de humedales de interés prioritario,
concretamente, las contenidas en el artículo 3° de la Resolución 157
de 2004 y en el aparte 4° contenido en la Figura 2 del Anexo I de la
Resolución 196 de 2006;

(c) La superficie real del espejo de agua que se forma en la época de
invierno cuando se acumulan las aguas alcanza tan solo una
superficie de 7100 metros cuadrados y; finalmente;

(d) Supera la franja de protección de treinta (30) metros de ancho.

VI.4. El régimen jurídico de protección de los humedales13

▪ Convenio de la Diversidad Biológica, adoptado en Río de Janeiro en
1992

50. Las Partes Contratantes, conscientes de los valores ecológicos, genéticos,
sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos de
la diversidad biológica y sus componentes adoptaron el referido instrumento
internacional con el propósito de lograr «la conservación de la diversidad biológica,
la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en
los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos» (artículo
1°).

51. Igualmente, parte del reconocimiento de que los Estados tienen el derecho
soberano a explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política
ambiental y la obligación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo
dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen el medio ambiente de otros
Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional (artículo 3°).

13 Para la elaboración del marco jurídico para la protección de los humedales se recogieron las importantes

conclusiones plasmadas por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
CP: Hernando Sánchez Sánchez; sentencia de 21 de junio de 2018, radicado: 25000-2324-000-2013-00008-01
(AP), actor: Luis Alfredo Lozano Algar, demandados: Municipio de Soacha y otros. En igual sentido, Consejo
De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Oswaldo Giraldo López, sentencia de
19 de octubre de 2018, radicación número: 11001-03-24-000-2014-00330-00, actor: Eduardo Gaitán Escobar y
Dumar Rojas Miranda, demandado: la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial
La Macarena- Cormacarena.

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52. La Corte Constitucional, en sentencia C- 519 de 199414 declaró exequible el
Convenio sobre Diversidad Biológica hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992,
así como su ley aprobatoria, esto es, la Ley 165 de 9 de noviembre de 1994, tras
considerar que las normas contenidas en el referido instrumento se ajustaban a los
mandatos de la Constitución Política, en especial, a los artículos 8°, 79, 80, 81, 222,
226 y 33015.

▪ Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional
Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, suscrita en Ramsar el
2 de febrero 197116

53. Los Estados Contratantes de la Convención Relativa a los Humedales de
Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, suscrita
en Ramsar el 2 de febrero de 1971, asumieron los siguientes compromisos, a saber:
(i) designar humedales idóneos de su territorio para ser incluidos en una lista
internacional, cuyos límites debían precisarse y trazarse en un mapa, selección que
debe realizarse según su importancia internacional en términos ecológicos,
botánicos, zoológicos, limnológicos e hidrológicos17; (ii) elaborar y aplicar su
planificación de forma que favorezca la conservación de los humedales incluidos en
la lista y, en la medida de lo posible, el uso racional de los humedales de su
territorio18; (iii) fomentar la conservación de los humedales y de las aves acuáticas
creando reservas naturales en aquéllos, y si, por motivos urgentes de interés
nacional, hay que retirar de la lista o reducir los límites de algún humedal se debe
compensar, en la medida de lo posible, la pérdida de recursos de humedales y, en
particular, crear nuevas reservas naturales para aves acuáticas y para la protección
adecuada de su hábitat original, en la misma región o en otro lugar19; (iv) fomentar
la investigación y el intercambio de datos y de publicaciones relativos a los
humedales y a su flora y fauna20; (v) aumentar la población de aves acuáticas
mediante la gestión de los humedales idóneos y, (vi) fomentar la formación de
personal para el estudio, la gestión y la custodia de los humedales.

54.Dando cumplimiento a los compromisos de la Convención Ramsar, en la
Séptima Reunión de la Conferencia de los Estados Contratantes de la Convención
sobre los Humedales21 se aprobaron los «Lineamientos para elaborar y aplicar

14 Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa.
15 Dijo la Corte en esa oportunidad: «[…]las normas referenciadas se ajustan a los postulados contenidos en la

Carta Política y, en particular, al deber del Estado colombiano de proteger las riquezas naturales y la diversidad
del ambiente (Arts. 8o. y 79); de conservar las áreas de especial importancia biológica (Art. 79); de cooperar
con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en zonas fronterizas (Art. 80); de prohibir la
entrada al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos (Art. 81); de respetar la integridad cultural,
económica y social de los indígenas cuando se exploten los recursos naturales en sus territorios (Art. 330); de
promover las relaciones internacionales en materia ecológica sobre bases de equidad, reciprocidad y
conveniencia nacional (Art. 226); y, lo que tal vez es más importante para efectos del tema en cuestión, de
regular el la utilización y el ingreso y egreso del país de los recursos genéticos de interés nacional (Art. 81)».
16 Modificada según el Protocolo de París, 3.12.1982 y las Enmiendas de Regina, 28.5.1987.
17 Artículo 2°.
18 Artículo 3°.
19 Artículo 4°.
20 Artículo 4°.
21 Realizada en San José (Costa Rica) del 10 al 18 de mayo de 1999.

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políticas nacionales de Humedales», el cual comprende un marco para la
elaboración y la aplicación de políticas nacionales de humedales22.

▪ Ley 357 de 1997 «Por medio de la cual se aprueba la "Convención
Relativa a los Humedales de Importancia Internacional
Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas", suscrita en Ramsar
el dos (2) de febrero de mil novecientos setenta y uno (1971)»

55. El Congreso de la República, en el año de 1997, consciente de la importancia
que revisten estos ecosistemas por su gran valor estético y paisajístico y con el fin
de proporcionar un marco jurídico de protección para la preservación de los
humedales, así como de la flora y fauna que habita en esos lugares aprobó la Ley
357 «Por medio de la cual se aprueba la "Convención Relativa a los Humedales de
Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas", suscrita
en Ramsar el dos (2) de febrero de mil novecientos setenta y uno (1971)», con el
fin de materializar los postulados desarrollados en los artículos 8, 79, 80, 81, 82, y
226 de la Constitución Política23.

56. El artículo 1° de la Ley 357 de 1997 define los humedales como «[…] las
extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas,
sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o
corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina
cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros».

57. La Sala de Consulta y de Servicio Civil, a través del concepto de 28 de octubre
de 1994, con ocasión de una consulta realizada por el entonces Alcalde Mayor de

22 Comprende: •La fijación de objetivos de conservación de humedales en las políticas gubernamentales; • El

fortalecimiento de la coordinación y la comunicación entre los organismos gubernamentales; • La creación de
más incentivos a la conservación de los humedales; •El fomento de un mejor manejo de humedales después
de su adquisición o retención; •Conocimientos más acabados y su aplicación; •Educación dirigida al público en
general, a los decisores, a los propietarios de tierras y al sector privado y; •Fomento de la participación de las
organizaciones no gubernamentales y las comunidades locales.
23 Según se desprende de la exposición de motivos. Allí se señala: «Colombia cuenta con más de dos millones

y medio de hectáreas de humedales. El de mayor diversidad se halla localizado en San Andrés, Providencia y
Santa Catalina y está en peligro de desaparición. Pero también por la Sabana y diferentes barrios de Bogotá se
reparten múltiples humedales a los que arrojan residuos o basuras y, además, muchos son rellenados para ser
vendidos como lotes. Estos ecosistemas se encuentran, en la mayoría de los casos, en estado de gran
fragilidad. Dada su sensibilidad, las variaciones ambientales los afectan en gran proporción. Este elemento, el
hecho de ser uno de los reductos más productivos del mundo y la mala conservación de los mismos hace
necesario que Colombia sea parte de la Convención. Teniendo en cuenta que Colombia no cuenta con suficiente
técnica y mucho menos con posibilidades de financiación interna, la aprobación de esta Convención va a
posibilitar que el acceso a la transferencia de tecnología, a la capacitación de personal especializado y a la
obtención de recursos de origen internacional sea mucho más viable mediante la presentación de proyectos de
mejoramiento ambiental ante el Fondo para la Conservación de Humedales de la propia Convención, o a través
de sus contactos con agencias de desarrollo bilateral y multilateral. De otra parte, la afiliación les da a los países
voz en los principales foros internacionales sobre conservación y uso racional de humedales. Ahora bien, el
hecho de tener uno o varios humedales en la lista coloca al país miembro en un nivel cuya importancia
internacional le posibilita el tener mayores elementos de control interno para su conservación. La Convención
también proporciona acceso a la más reciente información y a la asesoría sobre el establecimiento de normas
aceptadas internacionalmente en el manejo de humedales, como, a manera de ejemplo, la clasificación de tipos
de humedales, la obtención de datos para describirlos, una óptima selección de criterios para la identificación
de humedales de importancia internacional y el acceso a directrices sobre la aplicación del concepto de uso
racional a través de políticas nacionales de humedales y a lineamientos técnicos sobre planes de manejo. No
sobra señalar que esta Convención es uno de los cinco tratados intergubernamentales mundiales para la
conservación y uso racional de los recursos naturales y es el único que trata sobre este tipo de ecosistemas.
Por las anteriores razones, el Gobierno considera de gran importancia para el país la aprobación de esta
Convención». Lugar de ubicación: https://www.minambiente.gov.co/wp-
content/uploads/2021/10/Poli%CC%81tica-Nacional-de-Humedales.pdf.

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Bogotá frente a la calificación y tratamiento jurídico de los humedales señaló lo
siguiente:

«Il. Naturaleza de los humedales. Aunque definidos simplemente como
“terrenos húmedos" por el Diccionario de la Lengua Española, es lo cierto
que los humedales representan un recurso ambiental con incidencia
ecológica, científica, recreacional y paisajística; como ecosistema, su
riqueza animal y vegetal no es sólo autóctono sino también migratorio; y
al ser terrenos cubiertos de una capa de agua, forman parte del sistema
hídrico, convertidos en geoformas destinadas a regular los niveles
freáticos y prevenir o amortiguar inundaciones.

Al estar destinados como componentes naturales al cumplimiento de una
función reguladora del medio ambiente, los humedales de propiedad de
la República se consideran como bienes de uso público. Y aunque dichos
humedales pueden existir también en terrenos de propiedad privada,
siempre les es inherente una función social y ecológica, según el mandato
contenido en el Art. 58 de la Constitución Política. Por eso, en caso de
conflicto, el interés privado deberá ceder al interés público o social».

▪ La Política Nacional para Humedales en Colombia

58. En el mes de diciembre de 2001, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible adoptó la política nacional para humedales interiores de Colombia, por
medio de la cual se adoptan estrategias para promover el uso racional, la
conservación y recuperación de los humedales del país en los ámbitos nacional,
regional y local.

59. De acuerdo con dicho documento, la ausencia de un marco legal específico
relativo a la conservación, protección y manejo de los ecosistemas ha ocasionado
la pérdida y la alteración de los humedales debido al deterioro de los procesos
naturales como consecuencia de la agricultura intensiva, la urbanización, la
contaminación, la construcción, y otras formas de intervención en el sistema
ecológico e hidrológico, por lo que se instó al Ministerio de Ambiente a expedir un
decreto reglamentario específico sobre conservación y uso sostenible de los
humedales, atendiendo los lineamientos de la Convención Ramsar.

▪ La Resolución 157 de 12 de febrero de 2004 «Por la cual se reglamenta
el uso sostenible, conservación y manejo de los humedales y se
desarrollan aspectos referidos a los mismos en aplicación de la
Convención Ramsar»

60. En cumplimiento de lo anterior, el Ministerio de Ambiente expidió la Resolución
157 de 12 de febrero de 2004, acto administrativo que señala que se aplicaría a los
humedales continentales y costeros entendiéndose por estos las extensiones
marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua, sean estas de
régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes,
dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya

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profundidad de marea no exceda de seis (6) metros según el artículo 1° de la Ley
357 de 199724.

61. Además, reivindica el carácter de dichos ecosistemas como bienes de uso
público25; establece el deber de las autoridades ambientales competentes de
adoptar planes de manejo ambiental prioritarios para su jurisdicción, los cuales
deben partir de una delimitación, caracterización y zonificación para la definición de
medidas de manejo con la participación de los diferentes interesados26 e insta al
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a adoptar una guía técnica
para la elaboración de los planes de manejo ambiental; cometido que se logró con
la expedición de la Resolución 196 de 2006.

▪ La Resolución 196 de 1° de febrero de 2006 «Por la cual se adopta la
guía técnica para la formulación de planes de manejo para humedales
en Colombia»

62. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible expidió la
Resolución 196 de 1° de febrero de 2006, por medio de la cual se adoptó la guía
técnica para la formulación de los planes de manejo para los humedales prioritarios
en Colombia, el cual incorpora los criterios para la identificación y delimitación de
los humedales a su vez incluidos en el Anexo 1C que forma parte integral del
referido acto administrativo.

63. Para la identificación y delimitación de los humedales se deben agotar dos
etapas:

(a) Etapa 1: Requerimiento de información: en esta fase se debe acudir
a los siguientes elementos: (1) cartografía, (2) uso de la tierra; (3)
información de sensores remotos; (4) suelos y, (5) registro de
Información hidrológica.

(b) Etapa 2: Trabajo de campo, a su vez integrada por los siguientes
pasos:

• Paso 1: Revisión de información.
• Paso 2: Reconocimiento o verificación en campo.
• Paso 3: Método de puntos.
• Paso 4: Delimitación del límite del humedal y;
• Paso 5: Franja de protección.

64. Según la mencionada guía técnica, el paso 1 comprende lo siguiente:

«Paso 1: Revisión de Información
Usar la información descrita en el numeral A, así como los aspectos físico-
bióticos generados para la formulación del plan de manejo para la
realización de los siguientes pasos:

24 Artículo 1°.
25 Artículo 2°.
26 Artículo 3°.

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1A. Localizar el sitio o humedal a ser delimitado en un mapa base en el
que se determinen y marquen sus límites, así como las vías principales,
patrones de drenaje, vegetación etc.
1B: Estimación del tamaño del sitio o humedal.
Utilizando el mapa base se hará el cálculo del tamaño del humedal, el cual
será verificado en campo, teniendo en cuenta, por ejemplo, si se trata de
una ciénaga, río, lago, pantano y sus patrones de drenaje, así como
cambios en la topografía o elevación».

65. Por su parte, el paso 2 que corresponde a una labor de reconocimiento o
verificación de campo abarca las siguientes actividades:

«Paso 2: Reconocimiento o verificación en campo

2A. Identificación del humedal

En esta etapa se debe verificar la información del paso 1 a partir de la cual
se identificará el humedal objeto de delimitación.

2B. Determinación de las condiciones presentes

Utilizando la información sobre los aspectos referentes a factores de
perturbación en el humedal, identifique las condiciones naturales o
inducidas por el hombre que pueden estar afectando los aspectos
hidrológicos, vegetación y suelos del humedal. Tales impactos incluyen,
entre otros, canalización, drenaje, represamiento, construcción de
terraplenes o carillones, tomas de agua, rellenos, remoción de la
vegetación o de suelos, así como modificaciones adyacentes al humedal
que puedan afectar su hidrología.

2C. Evaluación de los patrones hidrológicos y de vegetación del humedal

Tomando como referencia la información referente a los aspectos
biofísicos del humedal generados en la formulación del plan de manejo,
la información del paso 1 y observaciones visuales de las condiciones del
humedal, determinar sus patrones hidrológicos y de vegetación.

1. Localizar indicadores de aspectos hidrológicos (ejemplo: drenajes,
corrientes, ríos, lagos, etc.).
2. Describir la diversidad de la comunidad de plantas (emergentes,
flotantes, sumergidas, arbustivas), y su composición por cada tipo.
3. Determinar las áreas que corresponden a un humedal y las que no.
4. Estimar los límites del humedal identificando las zonas de vegetación
transicional y la topografía”. (Destacado de la Sala).

66. A su vez, el paso 3 incluye lo siguiente:

«Paso 3: Método de Puntos

Una vez que se ha identificado una zona de transición entre un humedal
y un área que no lo es, establecer puntos dentro de la zona de transición,
para determinar el límite entre el humedal y el área que no lo es. Esto se
lleva a cabo, localizando y evaluando puntos de observación específicos
dentro de la zona de transición, en número suficiente para permitir la
identificación del límite del humedal de acuerdo con los siguientes pasos:

3A. Determinar la presencia de vegetación hidrófila. Considerada como
los tipos vegetacionales asociados a medios acuáticos o semiacuáticos.
Se tendrá en cuenta el límite entre terrenos con predominancia de

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cobertura vegetacional hidrófila y terrenos con cobertura de vegetación no
propia de ambientes acuáticos o semiacuáticos

1. Establecer un punto de observación y examinar la vegetación
determinando las especies predominantes en cada estrato de vegetación.
Se consideran como especies predominantes, las que son más
abundantes dentro del área objeto de evaluación.
2. Determinar si hay predominancia de vegetación hidrófila en el área, es
decir, si su ocurrencia es mayor que el de plantas que no son hidrófilas.

3B. Determinar la presencia visual de indicadores hidrológicos como:

• Observación visual de inundación
• Observación visual de suelos saturados
• Niveles de agua
• Depósitos de sedimentos
• Patrones de drenaje dentro del humedal

3C. Determinar la presencia de suelos hídricos. Suelos que se
desarrollan en condiciones con alto grado de humedad, hasta llegar
a grados de saturación y el límite entre suelos predominantemente
hídricos y suelos no hídricos.

Utilizando la información del paso 1 y la de aspectos físicos del humedal
generados en la formulación del plan de manejo determinar la presencia
de suelos hídricos.

En el caso de terrenos que presenten alguna condición hidrológica,
pero desprovistos de vegetación o suelo hídrico; los límites se
determinan entre los terrenos que estén inundados o saturados
durante algún período del año y aquellos que no presentan esta
condición».

67. Respecto del límite del humedal, el paso 4 señala lo siguiente:

«Usando el método de puntos descrito en el paso 3, se determina el límite
del humedal en un punto dado. Se pueden establecer entonces, una serie
de puntos de delimitación en el área del humedal como sean necesarios,
representándolos en el mapa para establecer su límite. Así mismo, otra
forma para determinar el límite total del humedal, es utilizando la
información referente a periodos de máxima y mínima inundación con
recurrencia mínima de 10 años y caudales».

68. Finalmente, establecido el límite del humedal, el paso 5 enseña la forma como
se debe establecer la franja paralela de protección de este:

«Paso 5. Franja de protección
Una vez determinado el límite del humedal objeto de estudio, se
procederá a establecer una franja paralela de protección, a que aluden los
artículos 83 literal d), y 14 del Decreto 1541 de 1978, constituida por una
franja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente,
hasta de 30 metros de ancho, que involucra las áreas inundables para el
paso de las crecientes no ordinarias y las necesarias para la
amortiguación, protección y equilibrio ecológico del humedal y el
mantenimiento permanente de su zona de transición.

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Conclusiones del marco normativo de los humedales

69. Los principios enunciados en los literales 1.°, 3.°, 6.° y 14 de la Ley 99 de 1993,
y las reglas instituidas en sus artículos 3127, 6328 y 6829 demuestran que la
declaración y conservación de los humedales, como lugares de conservación in situ,
responden a un proceso de investigación científica en el que las instituciones
ambientales valoran técnicamente los servicios que presta cada ecosistema al
momento de su declaratoria o zonificación, y establecen estrategias para que dichos
servicios perduren a lo largo del tiempo.

70. Según el artículo 1° de la Ley 99 se tiene que:

«(…) 1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará
la Declaración de Río (…)
3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres
humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la
naturaleza. (…)
6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el
resultado del proceso de investigación científica. (…)
14. Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo
como base criterios de manejo integral del medio ambiente y su
interrelación con los procesos de planificación económica, social y
física (…)». (Negrilla fuera de texto)

27 «ARTÍCULO 31. Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones:

(…)
5. Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción, en los procesos
de planificación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones
que se adopten; (…)
16. Reservar, alinderar, administrar o sustraer, en los términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos,
los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques
naturales de carácter regional, y reglamentar su uso y funcionamiento. Administrar las Reservas Forestales
Nacionales en el área de su jurisdicción;»
28 «ARTÍCULO 63. Principios Normativos Generales. A fin de asegurar el interés colectivo de un medio ambiente

sano y adecuadamente protegido, y de garantizar el manejo armónico y la integridad del patrimonio natural de
la Nación, el ejercicio de las funciones en materia ambiental por parte de las entidades territoriales, se sujetará
a los principios de armonía regional, gradación normativa y rigor subsidiario definidos en el presente artículo».
29 «ARTÍCULO 68. De la Planificación Ambiental de las Entidades Territoriales. Para garantizar la

planificación integral por parte del Estado, del manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales a fin de
garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución, conforme a lo dispuesto en el
artículo 80 de la Constitución Nacional, los planes ambientales de las entidades territoriales estarán sujetos
a las reglas de armonización de que trata el presente artículo.
Los departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional especial, elaborarán sus planes,
programas y proyectos de desarrollo, en lo relacionado con el medio ambiente, los recursos naturales
renovables, con la asesoría y bajo la coordinación de las Corporaciones Autónomas Regionales a cuya
jurisdicción pertenezcan, las cuales se encargarán de armonizarlos».

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71. Adicionalmente la Declaración de Rio señaló que:

«PRINCIPIO 9. Los Estados deberían cooperar en el fortalecimiento de su propia
capacidad de lograr el desarrollo sostenible, aumentando el saber científico
mediante el intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos».

«PRINCIPIO 11. (…) Las normas, los objetivos de ordenación y las prioridades
ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se
aplican». (Negrilla fuera de texto)

72. De conformidad con los citados principios, el Estado colombiano está en el
deber de adoptar sus decisiones teniendo en cuenta la información obtenida a
través de procesos científicos cuantitativos y cualitativos. Adicionalmente, el
legislador expresamente reconoció que «los objetivos de ordenación y las
prioridades ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo
al que se aplican». Y agregó que «las instituciones ambientales del Estado se
estructurarán teniendo como base criterios de manejo integral del medio
ambiente y su interrelación con los procesos de planificación».

73. Bajo la anterior premisa, es claro que la decisión de conservar un determinado
ecosistema como un humedal debe evaluarse a la luz de las circunstancias fácticas
existentes al momento de dicha determinación. Se debe tener en cuenta que dichos
lugares son ecosistemas frágiles y sumamente importantes.

74. Como se mencionó previamente, la protección de los humedales se remonta a
la Convención Ramsar, el cual señala que «los límites de cada humedal deberán
describirse de manera precisa y también trazarse en un mapa, y podrán comprender
sus zonas ribereñas o costeras adyacentes, así como las islas o extensiones de
agua marina de una profundidad superior a los seis metros en marea baja, cuando
se encuentren dentro del humedal, y especialmente cuando tengan importancia
como hábitat de aves acuáticas»

75. Es más, debido a la dificultad que implica conservar estos ecosistemas
especiales, la Secretaría de la Convención de RAMSAR en las reuniones 7ª, 8ª, 9ª
y 10ª de la Conferencia de las Partes Contratantes (COP7, COP8, COP9, y COP10)
adoptó un manual que facilita el entendimiento de este convenio internacional.

76. En dicho documento se advierte expresamente que la designación de
humedales «solo establece el punto de partida para asegurar la sostenibilidad de
los humedales y el mantenimiento de los servicios de los ecosistemas, y que para
lograr esto hace falta preparar y poner en práctica un proceso de planificación del
manejo, con la participación de todos los interesados directos». En ese contexto, se
define el «uso racional» de los humedales como «el mantenimiento de sus
características ecológicas, logrado mediante la implementación de enfoques por
ecosistemas, dentro del contexto del desarrollo sostenible»30.

30 Secretaría de la Convención de Ramsar (2016), MANUAL DE LA CONVENCIÓN DE RAMSAR,
INTRODUCCIÓN A LA CONVENCIÓN SOBRE LOS HUMEDALES, 5ª EDICIÓN. Gland (Suiza).

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77. Según se evidencia, la falta de un uso racional en un humedal delimitado no
implica que el ecosistema pierda las características definidas por la autoridad
ambiental al momento de ordenar su delimitación y zonificación.

78. Por ello, precisamente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
expidió, en junio de 2002, la «Política Nacional para Humedales Interiores de
Colombia», en la que reconoció que «los humedales no han merecido atención
prioritaria, siendo entonces ignorada su contribución a la economía del país». Ese
documento explicó que:

«[P]or su naturaleza, los humedales son ecosistemas altamente dinámicos,
sujetos a una amplia gama de factores naturales que determinan su
modificación en el tiempo aún en ausencia de factores de perturbación.
Sus atributos físicos, principalmente hidrográficos, topográficos y edáficos son
constantemente moldeados por procesos endógenos tales como la
sedimentación y la desecación y por fenómenos de naturaleza principalmente
exógena, tales como avalanchas, el deslizamiento de tierras, las tormentas y
vendavales, la actividad volcánica y las inundaciones tanto estacionales como
ocasionales.

De igual forma, propiedades químicas y biológicas pueden variar a través del
tiempo de manera natural, bien sea a través de la evolución biocenótica de
cada humedal o mediante procesos originados en otros puntos de la zona de
captación cuyos efectos se expresan en la dinámica del humedal; es éste el
caso de la acumulación de material orgánico, los procesos de eutroficación y
acidificación y la invasión de especies que atraviesan barreras biogeográficas
de manera accidental o introducidas por el hombre. Todos estos procesos
naturales determinan en buena medida las funciones de los humedales y, por
supuesto, condicionan la derivación de bienes y servicios a partir de los
mismos. Por otra parte, estos factores de cambio tienen como resultado una
larga secuencia de modificaciones que solamente pueden rastrearse en
períodos prolongados, equivalentes al menos a los procesos sucesionales de
ecosistemas terrestres. Desde el punto de vista ecológico y para una verdadera
proyección en el tiempo de las acciones de preservación, conservación y
manejo de humedales, se hace necesario un buen entendimiento de estos
procesos naturales.”

79. Por ello, está Sección ha explicado en su jurisprudencia que «la delimitación del
ecosistema de humedal supone una labor compleja en virtud de la amplitud de
este concepto. Así, la conservación de las áreas de marisma, pantano o turberas
implica la evaluación de las características de múltiples territorios diversos tales
como lagos, ciénagas, llanuras o bosques inundados. A dicha condición debe
adicionarse el hecho consistente en que el ámbito de conservación de los
humedales se extiende también a la zona del límite (transicional) y a la franja
de protección»31.

31 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 12 de diciembre De 2019, CP: Roberto Augusto Serrato

Valdés, AP, radicación:15001-23-33-000-2017-00449-01.

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VI.5. Lo probado en el proceso

80. En aplicación de lo dispuesto en los artículos 16432 y 17333 del Código General
del Proceso34, toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y
oportunamente allegadas al proceso, por lo que, a fin de que sean apreciadas por
el juez deberán solicitarse, practicarse e incorporarse dentro de los términos y
oportunidades señalados para ello. Ello significa que en el presente caso solo serán
valoradas las pruebas oportunamente incorporadas al proceso a través de auto de
14 de junio de 201735, por medio del cual se declaró abierto el período probatorio.

81. En consecuencia, las pruebas aportadas por la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena - Cormacarena no serán
valoradas pues el escrito de contestación de la demanda fue presentado de manera
extemporánea por dicha autoridad36, según se indicó mediante auto de 30 de
septiembre de 201637.

82.Precisado lo anterior, a continuación, se enuncian los elementos probatorios
que fueron incorporados oportunamente al proceso:

a) Pruebas documentales

• Estudio denominado «Plan de Manejo Ambiental de los Humedales
urbanos y suburbanos de Coroncoro, El Charco, Calatrava, Juanambú,
Caracolí, Zuria en el municipio de Villavicencio y la laguna de San Vicente
en el municipio de Puerto Rico- Departamento de Meta» elaborado por el
ingeniero y especialista en gestión y legislación ambiental, Nelson Barrera
Torres38.

• Tabla 1 que relaciona los humedales para estudio prioritario en el Plan de
Ordenamiento Territorial en el municipio de Villavicencio39.

• Plano Base del «Plan de Manejo»40.

• Foto de planos satelitales de Google #G05.1, #G05.2 y #G.05.341.

• Fotoplanos del IGAC con información adicionada42.

32 «ARTÍCULO 164. NECESIDAD DE LA PRUEBA. Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular

y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de
pleno derecho».
33 «ARTÍCULO 173. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas

deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados
para ello en este Código».
34 Antes 174 y 183 del Código de Procedimiento Civil.
35 Folios 789 a 793 del Cuaderno Principal.
36 El auto de 14 de junio de 2017 declaró abierto el período probatorio e incorporó al proceso las pruebas

aportadas por la actora junto con el escrito de contestación de la demanda y aportados con la misma, al igual
que los documentos relacionados en el acápite de anexos del escrito de coadyuvancia visible a folios 774 y 775
del expediente.
37 Folios 785 a 787 del Cuaderno Principal.
38 Prueba documental 6 y 7 aportada junto con la demanda. Igualmente, se pueden consultar los antecedentes

administrativos obrantes en el CD visible a folio 684 del Cuaderno Principal.
39 Cuaderno 7 aportado junto con la demanda. Folios 608 a 609.
40 Cuaderno 7 aportado junto con la demanda. Folios 610 a 612.
41 Cuaderno 7 aportado junto con la demanda. Folios 613 a 615.
42 Cuaderno 7 aportado junto con la demanda. Folios 616 a 620.

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• Fotoplanos del IGAC # 02, #03, #04, #05 y #0643.

• Plano Topográfico del área del mes de septiembre de 201044.

• Plano del POT # 8.5 del mes de noviembre de 2011 que incluye «[…]
comparativamente los polígonos contenidos en los Acuerdos 12 y 14
sobre base plano POT vigente, con topografía actualizada […]»

• Informe de prueba de bombeo realizado por la ingeniera geóloga Mónica
Morales Martínez45.

• Planos del predial catastral núms: 50-001-000630-0, 50-001-000628-0 y
50-001-000629-0 del IGAC46.

• Copia del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Villavicencio
vigente al 31 de diciembre de 2011, junto con el anexo de la tabla 1 que
incluye «Humedales para estudio prioritario en el plan de ordenamiento
territorial del municipio de Villavicencio47».

b) Pruebas testimoniales

• Declaración rendida por la señora María Isabel Velasco Galindo48.

• Declaración rendida por la señora Mónica del Rosario Pérez Uribe49.

• Declaración rendida por el señor Luis Carlos Cadena Amado50.

• Declaración rendida por el señor Nelson Barrera Torres, ingeniero
geólogo y especialista en gestión y legislación ambiental, quien elaboró
el informe técnico que sirvió de sustento para la elaboración del Acuerdo
12 de 5 de noviembre de 200951.

c) Inspección judicial

• El día 22 de septiembre de 2017 se practicó diligencia de inspección
judicial según despacho comisorio 21, lo cual quedó consignado en el
acta respectiva52.

43 Cuaderno 7 aportado junto con la demanda. Folios 621 a 626.
44 Cuaderno 7 aportado junto con la demanda. Folio 627.
45 Cuaderno 7 aportado junto con la demanda. Folios 628 a 630.
46 Folios 776 a 778 del Cuaderno Principal.
47 CD obrante en el folio 804 del Cuaderno Principal.
48 Folio 826 y 962 del cuaderno principal. Para tales efectos, se practicó un despacho comisorio ante el Tribunal

Administrativo del Meta.
49 Folio 827 y 963 del cuaderno principal.
50 Folios 932 a 935 del cuaderno principal. A folios 956 a 960 del cuaderno principal consta la transcripción literal

de dicho testimonio.
51 Folios 971 y CD contenido en el folio 972 del cuaderno principal.
52 Folios 886 a 917 del cuaderno principal.

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d) Dictámenes periciales

• «Informe de Peritazgo obtenido a partir de la inspección judicial según
Despacho Comisorio 21 del Expediente 11001 0324 000 2012 00070 00»
elaborado por el topógrafo José Vega Monroy, junto con sus
correspondientes anexos 53.

• «Informe de peritazgo ordenado en la inspección judicial según Despacho
Comisorio 21 del Expediente 11001 0324 000 2012 00070 00 Magistrada
Herrera» elaborado por el ingeniero William Rodrigo Bayona, junto con
los anexos respectivos54.

VI.6. Análisis del problema jurídico

VI.6.1. Análisis del primer problema jurídico. De la presunta infracción
al debido proceso porque la Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Área de Manejo Especial La Macarena - Cormacarena no contó con
la participación de los interesados directos en la elaboración del plan
de manejo del Humedal Caracolí

83. El actor consideró que la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de
Manejo Especial La Macarena - Cormacarena debió contar con la participación de
los interesados directos en la adopción del plan de manejo según lo ordena el
artículo 3° de la Resolución 157 de 200455 y el aparte 4° contenido en la Figura 2
del Anexo I de la Resolución 196 de 200656. Tal omisión se traduce en una
transgresión al debido proceso como garantía que resulta aplicable para toda clase
de actuación, incluidos los procedimientos administrativos.

84. Las normas invocadas como infringidas son del siguiente tenor:

85. El artículo 3° de la Resolución 157 de 2004, señala:

«ARTÍCULO TERCERO.- Plan de Manejo Ambiental. Las autoridades
ambientales competentes deberán elaborar y ejecutar planes de
manejo ambiental para los humedales prioritarios de su jurisdicción,
los cuales deberán partir de una delimitación, caracterización y
zonificación para la definición de medidas de manejo con la participación
de los distintos interesados. El plan de manejo ambiental deberá
garantizar el uso sostenible y el mantenimiento de su diversidad y
productividad biológica. […]». (Destacado fuera de texto)

86. A su vez, la Resolución 196 de 1 de febrero de 2006, en su aparte 4 contenido
en la Figura 2 del Anexo I establece lo siguiente:

53 Folios 845 a 486 y anexos visibles a folios 847 a
54 junto con sus correspondientes anexos
55 «Por la cual se reglamenta el uso sostenible, conservación y manejo de los humedales y se desarrollan

aspectos referidos a los mismos en aplicación de la Convención Ramsar».
56 «Por la cual se adopta la guía técnica para la formulación de planes de manejo para humedales en Colombia».

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Figura 2. Estructura y contenido recomendados del plan de manejo de un sitio
Ramsar u otro humedal.

[…]

4. Zonificación

La zonificación de humedales, puede definirse como el proceso mediante el
cual, a partir de un análisis integral ecosistémico y holístico, se busca identificar
y entender áreas que puedan considerarse como unidades homogéneas en
función de la similitud de sus componentes físicos, biológicos, socio económicos
y culturales. Las unidades homogéneas de acuerdo a Andrade, 1994, están
compuestas principalmente por dos aspectos que materializan la síntesis de los
procesos ecológicos: la geoforma, la cual se refiere a todos los elementos que
tienen que ver con la morfología de la superficie terrestre (relieve, litología,
geomorfología, suelos, entre otros) y la cobertura (vegetal y otras) que trata los
elementos que forma parte del recubrimiento de la superficie terrestre, ya sea
de origen natural o cultural. Sobre la base de lo anterior, algunos aspectos que
deben tenerse en cuenta al realizar una zonificación, son de acuerdo a la
Resolución VIII. 14 de la 8ª reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes
de la Convención Ramsar (COP 8), los siguientes:

i) se ha de zonificar con la participación plena de los interesados directos,
inclusive comunidades locales y pueblos indígenas;

[…]».

87. Con el fin de comprender qué se entiende por tercero interesado, resulta
importante acudir a la definición contenida en la Resolución VIII.14 de la 8ª reunión
de la Conferencia de las Partes Contratantes de la Convención Ramsar, COP 8 que
sobre el particular, precisa lo siguiente:

«Por ‘interesado directo’ se entiende cualquier persona, grupo o comunidad
asentada en la zona influenciada por el sitio, y cualquier persona, grupo o
comunidad que pueda influir en el manejo del sitio. Esto abarcará
evidentemente a todas las personas que dependen del sitio para ganarse la
vida».

88. Para resolver, se considera:

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89. La participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar el goce
de un ambiente sano encuentra sustento en el artículo 79 de la Constitución
Política57.

90. La sostenibilidad de los ecosistemas y la distribución equitativa de los recursos
naturales solo es posible en la medida en que los asuntos públicos se sometan a
debates multisectoriales. Por eso, el artículo 3° de la Resolución 157 de 2004 y el
aparte 4° contenido en la Figura 2 del Anexo I de la Resolución 196 de 2006,
reconocen que la autoridad ambiental cuenta con la obligación de fomentar la
confluencia de múltiples sectores que permitan la toma equilibrada de las decisiones
relacionadas con la construcción y elaboración de los planes de manejo ambiental
de los humedales.

91. De esta manera constituye un imperativo el que la autoridad ambiental al
momento de elaborar y ejecutar los planes de manejo ambiental para los humedales
prioritarios de su jurisdicción cuente con la participación de los interesados directos,
aspecto que reviste de especial importancia para la protección y conservación de
esta especie de ecosistema que cuentan con un valor especial en la lucha contra el
cambio climático58.

92. El Acuerdo 12 de 5 de noviembre de 2009, por medio del cual se adoptó, entre
otros, el plan de manejo del Humedal Caracolí y se dispuso su delimitación y
zonificación, empieza por señalar que:

«Los humedales son zonas dinámicas, expuestas a la influencia de
factores naturales y antrópicos. Para mantener su productividad,
biodiversidad y permitir un uso sostenible de sus recursos por parte de los
seres humanos es necesario un acuerdo global entre las distintas partes
interesadas (Ramsar, 1994), comunidades, propietarios, instituciones».

93.Ciertamente, la parte motiva del Acuerdo 12 de 5 de noviembre de 2009 detalla
que la autoridad ambiental realizó un estudio diagnóstico con el siguiente alcance:

«CORMACARENA en virtud de la priorización realizada para iniciar las
acciones inmediatas de protección y conservación de las áreas de
especial importancia ecológica y ambiental en el municipio de
Villavicencio suscribió con el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo
Territorial el contrato interadministrativo de cooperación administrativa
técnica y financiera N° 420 de 2008 cuyo objeto fue la "Formulación del
plan de manejo ambiental de los humedales urbanos y suburbanos de
Coroncoro, El Charco, Calatrava, Juanambú, Caracolí, Zuria en el
municipio de Villavicencio y la laguna de San Vicente en el municipio de
Puerto Rico -departamento del Meta”».

94. Como resultado del referido contrato, el ingeniero geólogo Nelson Barrera
Torres, especialista en gestión y legislación ambiental elaboró un estudio técnico (el

57 «ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines».
58 Sobre el papel que cumplen los humedales en nuestro país se puede consultar: Política Nacional para

Humedales interiores de Colombia, Estrategias para su conservación y uso sostenible, julio 2002 – Ministerio
de Ambiente. Lugar de consulta: página web https://faolex.fao.org/docs/pdf/col191716.pdf. Fecha: 23 de enero
de 2024.

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cual constituye la memoria justificativa de la decisión administrativa), documento en
el cual se hace alusión al hecho consistente en que para la formulación y adopción
del plan de manejo del Humedal Caracolí, entre otros, se contó con la participación
de la comunidad con el fin de dar cumplimiento a las exigencias previstas en los
instrumentos internacionales y en la normativa interna que integra el marco de
protección de estos ecosistemas, en especial, la Ley 357 de 1997, la Resolución
157 de 2004 y la Resolución 196 de 200659.

95. El enfoque participativo en la zonificación del complejo de los humedales, el
cual abarca el Humedal Caracolí, comprendió las siguientes etapas:

96.1) Socialización a través de talleres y recorridos de campo con líderes de la
comunidad.

97.2) Encuestas. El mismo estudio señala que, con el propósito de definir los
aspectos demográficos del Humedal Caracolí se efectuó una compilación
documental recurriendo a la información suministrada por la comunidad y una
encuesta que se realizó sobre una muestra poblacional del 75% de la población,
encontrando que el número de familias que ejercen presión directa sobre el humedal
Caracolí comprende a cuatro familias.

98. 3) Entrevistas. Con el fin de recolectar información relevante en la etapa de
diagnóstico se efectuaron entrevistas a los miembros de la comunidad local para
así establecer el uso e importancia de la flora y fauna, el estado de conocimiento y
definir el grado de sensibilidad que tiene la comunidad humana hacia este elemento
biótico.

99. En efecto, el referido documento, al describir las características más
importantes desde el punto de vista económico y cultural del Humedal Caracolí da
cuenta del enfoque participativo que se tuvo en cuenta para definir los valores
culturales, religiosos e históricos del Humedal Caracolí:

«VALORES ESTÉTICOS, CULTURALES, RELIGIOSOS E HISTÓRICOS. El
Humedal Caracolí es una zona que presenta baja presión social, por lo cual aún
se conservan algunas especies de flora y fauna. Por esta razón, la población
que habita en el interior del Humedal Caracolí reconoce la importancia del
sistema de Humedales, visualizando su potencial ecológico, educativo y
turístico, consideran que el humedal es importante para el recurso hídrico,
los animales y la vegetación que existe; pese a esto no se tiene una
percepción clara frente al compromiso de mejora y mantenimiento del Humedal,
se observa en algunos habitantes una actitud de desinterés al respecto,
posiblemente se de esta situación porque las personas no son propietarias de
estos terrenos sino que simplemente su trabajo está dirigido a cuidar estas
fincas.

RECREACIÓN, EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN. La comunidad reconoce
el potencial que presenta este sitio para el desarrollo de actividades
educativas, divulgativas y ecoturísticas. Pero aún les hace falta tener una
proyección más amplia sobre el propósito de generar procesos de reeducación
ambiental, desarrollo científico y ecoturístico que beneficie el sostenimiento

59 CD visible a folio 684 del Cuaderno Principal.

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ambiental y la economía local. BIENES Y SERVICIOS DEL HUMEDAL. Los
servicios que en estos momentos les ofrece el Humedal especialmente a los
habitantes del sector y barrios aledaños, está dirigido a ser una fuente de
oxígeno y de recurso hídrico, beneficiándolos de los procesos de regulación
ecológica y de otros bienes no materiales, como la educación, la recreación y
el turismo. Las personas que habitan en el interior del Humedal obtienen un
beneficio mayor, ya que la siembra de cultivos de plátano, yuca, maíz, árboles
frutales, entre otros, son la fuente de alimentación, además este sistema natural
les genera agua potable.

VESTIGIOS PALEONTOLÓGICOS Y ARQUEOLÓGICOS. Hasta el momento
no se han encontrado estudios ni reportes sobre vestigios paleontológicos y
arqueológicos en el humedal Caracolí.

SISTEMAS PRODUCTIVOS. Quienes habitan o tiene predios al interior el
Humedal son los que más aprovechan los recursos generados por esta reserva
natural, emplean el suelo en la siembra de cultivos pequeños para su base
alimenticia y el agua la utilizan especialmente para el riego de estos cultivos y
consumo de los animales».

100. 4) Reuniones y charlas de tipo informativo con la comunidad a través de las
Juntas de Acción Comunal para dar a conocer el objeto del plan de manejo y la
metodología.

101. Además, se indica que la comunidad, desde un enfoque constructivo, realizaron
aportes significativos en la construcción, formulación y ejecución de dicha
herramienta, en especial, en la descripción del estado actual de los humedales, en
la identificación de los aspectos que influyen positiva y negativamente en los
humedales y en las propuestas en cuanto al potencial educativo, científico y
ecoturístico.

102. En efecto, el ítem 7.3. que recoge las «[…] actividades desarrolladas con la
comunidad en la etapa de evaluación del Plan de Manejo Ambiental» se indica que
se realizaron reuniones con las juntas de acción comunal, las cuales tuvieron como
propósito crear grupos de trabajo a fin de efectuar una descripción del estado actual
de los humedales, los aspectos que influyen en la población de manera positiva y
negativa, los bienes y los servicios actuales de los humedales, las propuestas en
cuanto al potencial educativo, investigativo, científico y ecoturístico 60. Como
muestra de ello, se tomaron las siguientes tomas fotográficas:

60 Imágenes visibles en la página 53 y 54. Evaluación del Plan de Manejo. Prueba documental 6.

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103. Finalmente, dentro de los objetivos del Plan de Acción que orientan el manejo
del Humedal Caracolí se plantean, entre otros, el impulsar dentro de cada proyecto
la autogestión y la participación comunitaria del área de influencia de los humedales
y, se propuso el siguiente cronograma de actividades:

104. Asílas cosas, resulta dable señalar que la autoridad ambiental, en la
elaboración y adopción del plan de manejo sí contó con la participación de la
comunidad interesada, lo cual convierte en impróspero el cargo de nulidad que se
funda en el desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 3° de la Resolución 157
de 2004 y el aparte 4° contenido en la Figura 2 del Anexo I de la Resolución 196 de
2006.

105. Precisamente, según los hechos descritos con anterioridad, en la elaboración y
Plan de Manejo del Humedal Caracolí se adelantaron espacios de diálogo con la
comunidad que habitaba en el área de influencia, lo cual denota que la autoridad
ambiental sí adelantó espacios de participación, de información y de concertación
del plan de manejo ambiental con la población asentada y en especial con los
propietarios de los predios. Ello no fue desvirtuado por el demandante, por lo que el
cargo no prospera.

106. En efecto, en el expediente no se aportó ningún elemento de prueba que refute
las conclusiones a las que llegó el dictamen. Es decir, el actor no aportó elementos
de juicio que demuestren que la autoridad ambiental se negó a adelantar la etapa
de concertación o que las encuestas o los encuentros con las comunidades no se
hayan realizado.
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107. En definitiva, el demandante de manera general señaló que la etapa de
participación no se surtió, sin haber aportado pruebas que contradijeran las
conclusiones del informe técnico.

108. Ahora bien, conviene precisar que en el presente proceso se recibieron las
declaraciones de los señores María Isabel Velasco Galindo, Mónica del Rosario
Pérez Uribe y Luis Carlos Cadena quienes, de manera coincidente (i) reconocieron
ser propietarios de algunos lotes de terreno ubicados cerca de las inmediaciones
del área del humedal Caracolí y; (ii) afirmaron que no fueron citados, ni notificados
ni participaron en la adopción del plan de manejo del Humedal Caracolí. Ahora bien,
cabe destacar que dichas declaraciones no logran desvirtuar las conclusiones del
estudio técnico que demuestran que sí se surtió dicha instancia participativa,
conforme pasará a explicarse a continuación:

a) En este sentido, la señora María Isabel Velasco Galindo, en la diligencia
celebrada el día 12 de septiembre de 2017, quien luego de reconocer el vínculo en
segundo grado de consanguinidad con el señor José Guillermo Velasco Galindo
(hermana), parte demandante, realizó una exposición sucinta de aquello que le
constaba en relación con el proceso y tras responder algunas preguntas formuladas
por el Tribunal Administrativo del Meta, comisionado para su práctica, señaló lo
siguiente:

«Según mi hermano Guillermo, sé que hubo unos acuerdos en el año
2009 y otro en el 2011, expedido por CORMACARENA. Me consta que
siempre esa finca fue de mi papá desde el año 1959, se llamaba hacienda
Las Margaritas, ubicada cerca de la carretera del amor, por el Ocoa;
desde el año 65 se hizo una sociedad en que participábamos todos mis
hermanos con mi padre, además del Humedal que usted me pregunta,
papá siempre decía que había un bajo, y era un área pequeña que se
inundaba, era una lagunita mínima. También al saber lo del humedal,
nosotros no fuimos enterados en el momento que expidieron los acuerdos,
yo realmente me vine a enterar hace poco, no contaron con nosotros que
teníamos afectaciones, no nos avisaron, Después de la muerte de mi
papá, en el año 1999, yo fui la representante legal, nunca fuimos avisados
de estos dos acuerdos, la dirección de la sociedad era en Bogotá nunca
dijeron nada ni contaron con nosotros para nada, para saber el plan de
manejo que se le iba a dar al asunto. Realmente es lo que sé de la
cuestión del Humedal, que nos ha afectado, yo aquí tengo un plano de las
partes que afectó, tanto de la sociedad como de lo que tenemos en
común que es de los hermanos; no hubo ningún aviso para nosotros
como sociedad ni como personas naturales. PREGUNTADO: Dígale al
Despacho si CORMARCARENA realizó talleres con ustedes los
propietarios de los predios. No señora61 […]» (Negrilla fuera de texto)

b) A su vez, la señora Mónica del Rosario Pérez Uribe, en la diligencia celebrada el
día 12 de septiembre de 2017, luego de reconocer el vínculo en segundo grado de
afinidad (cuñada) con el señor José Guillermo Velasco Galindo, parte demandante
en este proceso, al momento de realizar un relato de aquello que le constaba en el
proceso, relató lo siguiente:

61 Folio 826 del Cuaderno Principal.

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Demandante: José Guillermo Velasco Galindo

«Yo compré un terreno en diciembre 27 de 2007, a la agropecuaria
Velasco e hijos, este terreno se ve afectado por el supuesto HUMEDAL
CARACOLI, se ve afectado en el uso de la tierra, cuando yo compre en el
2007, no sabía que existía este humedal, me vengo a enterar ahora, sé
que hay 2 acuerdos, el acuerdo 12 de 2009, y después hay una
modificación de lo cual a mí no me notificaron en lo absoluto nada, ni
CORMACARENA, me afecta en la utilización de la tierra, porque tengo
que hacer mayores cesiones, yo traigo aquí la matricula inmobiliaria
del terreno mío y un mapa donde está marcado el terreno que yo
tengo y la afectación del primer acuerdo y la modificación, lo sé
ahora y eso fue un hecho sin que a mí me consultaran y me dijeran
algo, pero a mí me afecta. […] No tuve ninguna capacitación ni
información, ni ningún taller como usted lo cita. […] El señor Guillermo
Velasco fue el que me comentó, y pues me comentó que había estos dos
acuerdos, que había un primer acuerdo que era más reducido la
exposición del humedal y el segundo acuerdo ampliaba el humedal y me
afecta muchísimo, como 4 hectáreas. […] yo tuve que hacer unas
cesiones, CORMACARENA me informó que debía hacerlo por el
Humedal, más o menos en el 2012 o 2013, seguramente
CORMACARENA tiene eso en los archivos […] tengo menos
aprovechamiento de la tierra, tengo que hacer más cesiones, porque está
establecido que debo ceder más tierra, se me quitan como 4 hectáreas en
el aprovechamiento de la tierra […]62» (Negrilla fuera de texto)

c) Finalmente, el señor Luis Carlos Cadena, en la diligencia practicada el día 4 de
julio de 2018 a cargo del magistrado auxiliar del despacho encargado de la
sustanciación del proceso debidamente comisionado para su práctica63, indicó lo
siguiente:

«PREGUNTA LA APODERADA PARTE DEMANDADA. Señor Luis
Carlos Cadena por favor informe al Despacho si usted es propietario de
un predio denominado "Bogotá" en la Vereda Zuria del Municipio de
Villavicencio. CONTESTÓ: Yo soy el propietario del "Lote Bogotá" en
Villavicencio. PREGUNTA LA APODERADA PARTE DEMANDADA:
Puede informarnos desde que fecha usted adquirió ese predio.
CONTESTÓ: Eso se adquirió en el 2008. PREGUNTA APODERADA
PARTE DEMANDADA: Adquirió usted ese predio por compraventa que
efectuó con la Agropecuaria Velasco e Hijos y Cía. Ltda. RESPONDIÓ:
Sí, con Maria Isabel Velasco. PREGUNTA PODERADA PARTE
DEMANDADA: Su predio se identifica con el Folio de Matricula
Inmobiliaria N° 230120697. RESPONDIÓ. Sí. 230120697. PREGUNTA
APODERADA PARTE DEMANDADA: Tiene conocimiento usted si su
predio se encuentra afectado por categoría ambiental por parte de
CORMACARENA. CONTESTÓ: Sí, está afectado. PREGUNTA
APODERADA PARTE DEMANDADA: Tiene conocimiento desde que
fecha está afectado dicho predio. CONTESTÓ: No, no tengo. Digamos
hasta ahora poco es que me enteré de eso. PREGUNTADO
APODERADA PARTE DEMANDADA: Tiene conocimiento si su predio se
encuentra afectado totalmente o parcialmente por parte de
CORMACARENA. CONTESTÓ: Sí, por el momento sí está afectado;
en lo que está afectado no se puede ni agricultura, ni ganadería, ni lo
que quiera uno hacer. Ese punto toca dejarlo ahí. PREGUNTA
APODERADA PARTE DEMANDADA. Señor Luis Carlos Cadena
manifieste al Despacho si de manera previa o posterior a la declaratoria
realizada por CORMACARENA, participó usted en alguna socialización
convocada por esta autoridad ambiental. RESPONDIÓ: No, yo no
participé, ósea quiere decir que si estuve en alguna reunión que me

62 Folio 827 del Cuaderno Principal.
63 Dr. David Penagos.

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citaran o algo. En ningún momento a mí me citaron, no supe nada de eso.
PREGUNTADO COADYUVANTE. Gracias honorable Magistrado. Por
favor solamente para que quede suficientemente claro; usted fue citado
en algún momento por CORMACARENA con anterioridad a la
promulgación del acuerdo que acaba de leer, en el cual se le afectaron
una porción de los predios de su propiedad, que son colindantes al
humedal "Caracolí". RESPONDIÓ, en ningún momento me citaron, no
nunca, es lo que sé. […] PREGUNTADO POR EL DESPACHO: Desde
cuándo, usted ha vivido en algún momento en ese predio el cual es
objeto hoy de controversia en relación con su ubicación cercanía al
humedal "Caracolí". CONTESTÓ: No, nunca». (Negrilla fuera de texto)

109. La apoderada de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de
Manejo Especial La Macarena - Cormacarena, autoridad que con fundamento en
los artículos 217 y 218 del Código de Procedimiento Civil tachó de sospechosos los
testimonios rendidos por los señores María Isabel Velasco Galindo y Mónica del
Rosario Pérez Uribe, por la existencia de un vínculo de consanguinidad y de
parentesco por afinidad existente con el hoy demandante y por la existencia de un
interés directo, por ser propietarios de unos predios que resultaron afectados con la
delimitación del Humedal Caracolí.

110. Igualmente, la referida apoderada judicial de la parte demandada tachó de
sospechoso el testimonio del señor Luis Carlos Cadena, con fundamento en que le
asistía un interés directo, por ser propietario del titular de un predio cuyo uso fue
restringido por Cormacarena.

111. En efecto, la señora María Isabel Velasco Galindo reconoció ser la hermana del
demandante. Por su parte, la señora Mónica del Rosario Pérez Uribe aceptó ser la
cuñada del accionante. Finalmente, el señor Luis Carlos Cadena es titular del predio
identificado con el código catastral 50001000400041399, cuyo uso fue restringido
por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La
Macarena - Cormacarena, mediante Resolución PS-GJ-1-2-6-12 de 30 de marzo de
201264.

112. En lo que tiene que ver con los testigos sospechosos, la jurisprudencia de esta
Corporación ha señalado que «los testimonios que resulten sospechosos no pueden
descartarse de plano, sino que deben valorarse de manera más rigurosa, de cara a
las demás pruebas obrantes en el proceso y a las circunstancias de cada caso, todo
ello basado en la sana crítica65». En consecuencia, la Sala valorará tales
declaraciones, solo que las apreciará de forma rigurosa y las contrastará con los
demás medios de prueba obrantes en el proceso, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 211 del Código General del Proceso, norma que señala que «El juez
analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias
de cada caso».

113. Así las cosas, la Sala encuentra que las declaraciones rendidas por los referidos
ciudadanos refieren al hecho de que, en su calidad de propietarios de unos predios

64 Folios 936 a 943 del Cuaderno Principal.
65 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de julio de 2018, radicado: 76001-

23-31-000-2007-00135-01, MP: Marta Nubia Velásquez Rico.

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ubicados cerca al Humedal Caracolí resultaron afectados como consecuencia de la
adopción del plan de manejo.

114. En este sentido, la credibilidad del relato del señor Luis Carlos Cadena resulta
cuestionable, ya que el referido declarante admitió que nunca ha vivido en el predio
que resultó afectado con ocasión de la declaratoria del humedal Caracolí. En esa
medida, sus afirmaciones no resultan suficientes para demostrar que la instancia de
participación ciudadana no se surtió.

115. Además, las declaraciones rendidas por las señoras María Isabel Velasco
Galindo y Mónica del Rosario Pérez Uribe, en sí mismas, resultan cuestionables no
solo por haber admitido ser familiares del demandante sino, además, por el claro
interés directo que les asiste en el resultado del proceso. Precisamente, en su relato
aseguraron de forma reiterada que se vieron afectadas con la declaratoria del
Humedal Caracolí. Estas circunstancias, sin lugar a equívocos, ponen en duda la
imparcialidad y credibilidad de su relato.

116. Dichas manifestaciones no resultan suficientes para desvirtuar las conclusiones
a las que arribó el estudio técnico elaborado por el experto en geología y
especialista en gestión ambiental, las cuales demuestran de manera clara y
fehaciente que en la formulación del Plan de Manejo del Humedal Caracolí las
comunidades locales y afectadas participaron en la concertación del Plan de Manejo
Ambiental.

117. Se reitera, además, que el debate en este caso se centra en determinar si la
autoridad ambiental, al construir y formular el plan de manejo ambiental del Humedal
Caracolí contó con la participación de la comunidad y de los habitantes del área de
influencia del ecosistema. No se discute lo relativo a la limitación al derecho de uso
de cada uno de los inmuebles identificados e involucrados dentro de la delimitación,
ya que ello corresponde a una actuación administrativa diferente, la cual no ha sido
objeto de controversia en este proceso.

118. En estos precisos términos, nótese que según el artículo 67 del Decreto 2811
de 1974, de oficio o a petición de cualquier particular interesado, se puede imponer
una limitación de dominio o servidumbre sobre inmueble de propiedad privada,
cuando lo impongan la utilidad pública o el interés social por razón del uso colectivo
o individual de un recurso, previa declaratoria de dicho interés o utilidad efectuada
con arreglo a las leyes. En consonancia con lo anterior, el artículo 58 de la Ley 388
de 199766, el cual modificó el artículo 10 de la Ley 9ª de 1989, enlistó dentro de los
motivos de interés público, en su literal j), la constitución de zonas de reserva para
la protección del medio ambiente y los recursos hídricos.

119. En línea con lo expuesto, el estudio técnico que forma parte integral del Acuerdo
12 de 2009 se encuentra amparado por el principio de presunción de legalidad. Por
ende, la parte actora tenía la obligación de demostrar los errores en los que incurrió
el informe técnico en relación con el método y las conclusiones que respaldan que,
en efecto, esta instancia de participación se cumplió de manera satisfactoria.

66 «Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones».

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120. Igualmente, la Sala resalta que el principio de publicidad se garantizó, como
quiera que el Acuerdo 12 de 5 de noviembre de 2009, ordenó su publicación en el
Diario Oficial67 (artículo 19). En consecuencia, a partir de ese momento, el actor
tuvo la oportunidad de conocer la delimitación y zonificación ordenada, los usos, las
actividades prohibidas y demás aspectos pertinentes.

121. Ahora bien, respecto del presunto desconocimiento de la fase de participación
del Acuerdo PS-GJ.1.2.42.2.11.014 de 2011, resulta importante efectuar las
siguientes aclaraciones:

122. En primer lugar, a través del referido Acuerdo PS-GJ.1.2.42.2.11.014 de 2011,
el Consejo Directivo de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de
Manejo Especial La Macarena - Cormacarena declaró «como área de recreación el
humedal suburbano de Caracolí ubicado en el municipio de Villavicencio- Meta, de
acuerdo a la categorización de áreas protegidas señaladas en el Decreto No. 2372
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial».

123. Como puede observarse, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área
de Manejo Especial La Macarena a través de ese acto administrativo adelantó el
procedimiento de declaratoria de un área de protección regional perteneciente al
SINAP, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 2372 de 201068. Esa norma
dedicó un capítulo completo en el cual quedaron previstos los criterios para su
designación69 y, para ello, estableció la necesidad de contar con un concepto previo
favorable de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, para
el caso de áreas protegidas del nivel nacional y de los Institutos de Investigación
adscritos y vinculados al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
para las áreas protegidas del nivel regional70. Igualmente, fijó las reglas
procedimentales para efectuar dicha declaratoria de las áreas protegidas71.

124. Ahora bien, la misma norma previó la posibilidad de que, respecto de aquellas
áreas que con anterioridad a la entrada en vigencia del referido decreto habían sido
designadas por los municipios, a través de sus concejos municipales, y sobre las
cuales la Corporación Autónoma Regional respectiva había realizado acciones de
administración y manejo y que requerían ser declaradas, reservadas y alinderadas
como áreas protegidas regionales, podían surtir dicho trámite ante el Consejo
Directivo de la Corporación, sin adelantar el procedimiento previsto en esa norma,
y sin necesidad de requerir el concepto previo favorable72.

67 La Publicación se efectuó en el Boletín Oficial 47.749 de la Imprenta Nacional el día 23 de junio de 2010.

Lugar de consulta. Lugar de consulta: http://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/index.xhtml. Ver artículo 177 del
Código General del Proceso.
68 «Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-

ley 216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo
conforman y se dictan otras disposiciones».
69 Artículo 38.
70 Artículo 39.
71 Artículo 40.
72 Parágrafo del artículo 40: «Parágrafo. Aquellas áreas que con anterioridad a la entrada en vigencia del

presente decreto, hayan sido designadas por los municipios, a través de sus Concejos Municipales, sobre las
cuales la Corporación Autónoma Regional respectiva realice acciones de administración y manejo y que a juicio
de dicha autoridad requieran ser declaradas, reservadas y alinderadas como áreas protegidas regionales,
podrán surtir dicho trámite ante el Consejo Directivo de la Corporación, sin adelantar el procedimiento a que
hace referencia el presente decreto, ni requerir el concepto previo favorable de que trata el artículo anterior,
dentro del año siguiente a la entrada en vigencia del presente decreto».

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125. Fue así como consideró el Humedal Caracolí como Área de Recreación
Parque Ecológico, conforme a la categorización señalada por el artículo 10 del
Decreto 2372 de 201073, para un total de 33.2346 hectáreas, las cuales fueron
discriminadas de la siguiente manera:

126. Como quedó visto, este procedimiento de declaratoria es distinto al de
zonificación. Así las cosas, la declaratoria se puede definir como la actuación que
adelanta la autoridad ambiental para delimitar el territorio que cuenta con un valor
biológico por sus altos índices de biodiversidad, o por los servicios ambientales que
presta. Por su parte, la zonificación es el procedimiento a través del cual se definen
los usos del suelo y las actividades permitidas al interior de ese espacio de
conservación in situ. (capítulos IV y V del Decreto 2372).

127.En este contexto, la Sala observa que el artículo 3° de la Resolución 157 de
2004 y el aparte 4° contenido en la Figura 2 del Anexo I de la Resolución 196 de
2006, regulan el contenido y los lineamientos de plan de manejo ambiental.

128. Sin embargo, esos preceptos no están regulando los criterios de participación
exigibles al procedimiento de declaratoria. De manera que el artículo 3° de la
Resolución 157 de 2004 y el aparte 4° contenido en la Figura 2 del Anexo I de la
Resolución 196 de 2006 no constituyen un parámetro aplicable al estudio de
legalidad del Acuerdo PS-GJ.1.2.42.2.11.014 de 2011, por cuanto regulan otra
materia.

129. En gracia de discusión y al margen de las anteriores apreciaciones, nótese
que el Acuerdo PS-GJ.1.2.42.2.11.014 de 2011 destaca que como resultado del
convenio interinstitucional DHS 163-09, suscrito con Ecopetrol y Cormacarena se
adelantaron las siguientes actividades: a) identificación socioeconómica de los

73«Artículo 10. Áreas protegidas del Sinap Las categorías de áreas protegidas que conforman el Sinap son:

Áreas protegidas públicas: a) Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales; b) Las Reservas Forestales
Protectoras; c) Los Parques Naturales Regionales; d) Los Distritos de Manejo Integrado; e) Los Distritos de
Conservación de Suelos; f) Las Áreas de Recreación; Áreas Protegidas Privadas; g) Las Reservas Naturales
de la Sociedad Civil».

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predios localizados en la zona de influencia directa del Humedal Caracolí; b) un
estudio de las afectaciones prediales en la zona de influencia directa y, c) la
socialización del plan de manejo ambiental en la zona de influencia. Ello que no fue
desvirtuado en el presente proceso, motivo por el cual el cargo no prospera.

VI.6.2. Análisis del segundo problema jurídico. De la presunta
configuración del vicio de nulidad por falsa motivación

130. El demandante consideró que no era cierto que el humedal tiene un área de
15.75 hectáreas (157.500 m2), pues en realidad el cuerpo hídrico allí existente
alcanza como máxima extensión en época de invierno 7100 metros cuadrados, el
mismo se forma exclusivamente con aguas lluvias de escorrentía circundante y se
seca en la época de verano.

131. Además, consideró que el estudio técnico que sirvió de fundamento para la
elaboración del plan de manejo del Humedal Caracolí presenta varias
inconsistencias y, a título enunciativo, enlistó las siguientes: (a) no era cierto que se
haya presentado un deterioro al ecosistema, tal y como lo demuestran las
fotografías aéreas a través de las cuales se puede evidenciar que el pequeño espejo
de agua existente ha aumentado con el paso del tiempo; (b) los planos que se
utilizaron eran imprecisos dada su antigüedad, lo cual llevó a que se incluyera un
hilo de agua que no existe, tal y como se puede apreciar en los fotoplanos satelitales
de Google que fueron aportados junto con la demanda; (c) el trabajo de campo se
basó en una topografía incompleta la cual difiere de la reciente; (d) el trabajo de
campo que era necesario para delimitar la ronda hídrica no fue realizado; (e) las
visitas de campo se realizaron de manera parcial; (f) no se realizó un análisis de la
geología o geomorfología local; (g) no se efectuó un estudio por separado de los
tipos de vegetación; (h) las coordinadas del plano POT no coinciden con las del
plano de Google, entre otros.

132. Para resolver, se considera:

133. La motivación de la decisión administrativa constituye un elemento necesario
para la validez del acto administrativo. Los motivos del acto aparecen integrados
por las circunstancias de hecho y las razones de derecho que justifican la expedición
y el contenido de la decisión.

134. La jurisprudencia ha identificado una serie de eventos en los cuales se presenta
el vicio de nulidad por falsa motivación, a saber: cuando los fundamentos de hecho
o de derecho resultan inexistentes; los mismos resultan contrarios a la realidad, bien
sea por error o por aducir razones engañosas o simuladas; cuando el autor de la
decisión les otorga un alcance que no tienen o; simplemente cuando dichas razones
no justifican la decisión74.

135. Conforme se indicó anteriormente, el Acuerdo 12 de 5 de noviembre de 2009,
se fundamentó en el estudio técnico que elaboró el señor Nelson Barrera Torres,
ingeniero geólogo y especialista en gestión y legislación ambiental.

74 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, MP: Roberto Augusto Serrato

Valdés, radicado: 25000-23-24-000-2012-00529-02.

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136. Para la elaboración del referido documento, se realizó un plan metodológico a
su vez integrado por las siguientes actividades:

«Para la realización del Plan de Manejo Ambiental se llevó a cabo un
proceso metodológico el cual contempló las siguientes actividades:

• Consecución y análisis de información existente

• Se efectuó una recopilación y análisis de información referente a los
componentes ambientales a considerar en el proyecto de acuerdo a los
términos de referencia y la resolución 0196 de 2006 del MAVDT.

• Igualmente fueron consultadas fuentes oficiales como IGAC,
NGEOMINAS, IDEAM, DANE, CORMACARENA, INCODER, así como
estudios del departamento realizados por la Gobernación y la Alcaldía de
Villavicencio.

• Fotointerpretación.

• Visitas de campo.

Las visitas de campo fueron realizadas por un grupo interdisciplinario de
profesionales que cubrieran las diferentes áreas consideradas para el
desarrollo del Plan de Manejo de los Humedales Urbanos y Sub-urbanos
de Villavicencio, cuyos objetivos fueron:

• Corroborar la información levantada durante las etapas preliminares.

• Analizar la geología, geomorfología local y regional.

• Recolectar muestras de flora y descripción de ecosistemas.

• Establecer parcelas de medición forestal en el área de influencia directa
del proyecto, con el objeto de determinar el inventario en cada una de
ellas.

• Analizar los aspectos de fauna y flora asociada y acuática.

• Recolectar información de los aspectos sociales, antropológicos y
arqueológicos.

• Análisis de información recolectada.

• Elaboración de informes parciales.

• Elaboración del informe final.

• Se realizarán en total cuatro talleres con la comunidad de cada uno de los
humedales, los resultados se pueden ver en los anexos.

• Con la participación de los profesionales fue posible la elaboración
integrada de cada uno de los informes, contemplando aspectos
fundamentales para alcanzar los objetivos del trabajo.

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• Posterior a las etapas preliminares de consecución de información y de
campo fu posible realizar los respectivos análisis de las áreas
involucradas en el estudio».

137. Adicionalmente, el estudio técnico abordó los siguientes elementos:

• Realizó la caracterización fisiográfica o morfométrica del área de los
humedales utilizando la cartografía oficial del IGAC.

• Registró un total de 54 especies agrupadas en 44 géneros y 31 familias
de plantas vasculares, entre las cuales se encuentran las especies
maquira coriácea, euterpe precatoria, oenocarpus mapora y attalea
insignis, entre otras.

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Demandante: José Guillermo Velasco Galindo

• Identificó la fauna existente encontrando que habitaban especies como
peces, anfibios y reptiles (tales como tortugas y caimanes). También se
encontró una amplia variedad de aves (Bubulcus ibis y la cigüeña llanera
o la corocora), de peces y de mamíferos (como monos, murciélagos,
ratones, zorros, por mencionar algunos). Finalmente se registró la
presencia de insectos, fitoplancton y otras formas de vida75.

75 Las fotos se encuentran visibles en el CD que contiene los antecedentes administrativos.

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138. Además, la zonificación del humedal se realizó con sujeción a la metodología
propuesta en la Resolución 196 de 2006, conforme pasa a explicarse a
continuación:

a) Etapa I – Preparatoria

139. El estudio técnico definió el área de estudio, la ubicación físico-política.
Igualmente, efectuó la recolección y evaluación de la información geológica,
hidrológica, de suelos y biótica obtenida en el proceso de caracterización.

b) Etapa II – Actualización y generación de cartografía temática

140. En el estudio técnico quedó documentado el proceso de actualización y
generación de la cartografía temática, con trabajo de interpretación de fotografías
aéreas y comprobación cartográfica en campo. Como resultado de ello se originaron
los siguientes mapas:

• El mapa geológico y de suelos76:

• El mapa hídrico77:

• Mapa de demanda ambiental:

76 Cuaderno 4 de la demanda.
77 Cuaderno 4 de la demanda.

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Demandante: José Guillermo Velasco Galindo

• Mapa de conflictos78:

• Mapa de oferta ambiental79:

• Mapa de unidades de manejo80:

c) Etapa III – Criterios de zonificación

141. El estudio técnico refleja que se identificaron los aspectos de oferta, demanda
y conflictos del humedal, teniendo en cuenta los lineamientos de la Resolución 196
de 2006.

78 Ibidem.
79 Ibidem.
80 Ibidem.

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Demandante: José Guillermo Velasco Galindo

d) Etapa IV – Zonificación Ambiental

142. Finalmente, con los resultados obtenidos se establecieron las siguientes
unidades de manejo:

143. En esas condiciones, resulta evidente que el estudio técnico se ajustó a los
parámetros establecidos en la Resolución 196 de 1° de febrero de 2016 que
contiene la guía técnica para la formulación de planes de manejo de los humedales
en nuestro país.

144. Por otro lado, si bien el demandante enlistó una serie de deficiencias que
atribuyó al estudio técnico, no aportó elementos de juicio conducentes que
respaldaran la veracidad de sus afirmaciones, esto es, las pruebas que demostraran
que los planos que se utilizaron eran imprecisos, o que el trabajo de campo se basó
en una topografía incompleta; o que las visitas se realizaron de manera parcial, o
que no se realizó un análisis de la geología o geomorfología local o que se efectuó
un estudio incompleto de la vegetación. En esa medida, emerge con claridad que el
actor no desvirtuó las conclusiones del informe técnico referido.

145. Al respecto, se debe resaltar que si bien el demandante allegó un Plano Base
del «Plan de Manejo», «las fotos de unos planos satelitales de Google #G05.1,
#G05.2 y #G.05.3», «unos fotoplanos del IGAC», «un plano topográfico del área del
mes de septiembre de 2010» y «el Plano del POT # 8.5 del mes de noviembre de
2011»- los cuales fueron relacionados en el acápite de pruebas de esta providencia,
dichos documentos, per se, tampoco logran desvirtuar la metodología empleada
para la adopción del plan de manejo ni logran demostrar que las conclusiones del
estudio técnico resultan contrarias a la realidad.

146. Ahora bien, a juicio de la Sala, la delimitación ordenada los actos censurados
y sus conclusiones no logran ser rebatidas con los dictámenes periciales decretados
en este proceso, tal y como pasa a explicarse a continuación:

147. En primer lugar, se advierte que la inspección judicial que se practicó el día 22
de septiembre de 2017 con la participación del topógrafo José Vega Monroy y el
ingeniero civil, William Rodrigo Bayona, en el lugar denominado Humedal Caracolí
tuvo como finalidad verificar y determinar lo siguiente:

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Demandante: José Guillermo Velasco Galindo

«1.- Existencia y tamaño del área(s) que tenga las características
hidráulicas de humedal; determinar tales áreas, calcular sobre plano cuál
es el área máxima incluida la zona de ronda de 30 metros.

2.-En caso de existir áreas con características hidráulicas de humedal,
determinar si tiene características bióticas de humedal, con medición
precisa de tamaños;

3.- En caso de existir áreas con características hidráulicas de humedal,
determinar si tiene especies vegetales específicas y características de
humedal, cuantificando sus cantidades y qué áreas cubren para las
especies vegetales.

4.- Si el área denominada como “Humedal Caracolí” puede calificarse en
los términos del Acuerdo Cormacarena 0012 de 2009 como de interés
prioritario81».

148. En el acta de dicha diligencia quedó consignado lo siguiente:

a) El personal se dirige hacia la zona de la «lagunita» o «espejo de
agua» que tiene un área aproximada de 7100 metros cuadrados.

b) Ya en la zona, el despacho comisionado dejó constancia a cerca de
la existencia de «residuos de agua de lluvia en un sector muy
pequeño; que el suelo es fangoso; hay hojas secas y bastante
vegetación conformada por arboles grandes nativos con troncos
gruesos y algunos con raíces grandes que se aprovechan del agua.
También hay una extensión de 200 metros cuadrados de pasto
denominado en la región como Chigüire, y más adelante, dentro del
mismo bajo, se observa otros 2.000 metros cuadrados
aproximadamente, del mismo pasto y se encontró vegetación
espesa».

c) Luego, el personal que practicó esa diligencia realiza el siguiente
recorrido: «Islas Catalina, a la izquierda, encontrando a la derecha la
parcelación, Salero, seguido el predio El Reposo, y por la derecha
con El Salero, a la derecha con el predio El Cimarrón, luego María
Elvira Galvis que hoy es un Colegio; el predio Buenahora, que hoy
es el Colegio Licafo, seguido del predio que fue de Aldo Badillo ya la
izquierda el predio Campolibre que actualmente está ocupado por
una Iglesia Cristiana, regresándonos por la misma vía hasta la
carretera del amor y cruzamos a la derecha teniendo los predios Isla
Margarita, Islas Catalina y a la izquierda y derecha predio Duitama,
terminando el recorrido en ese punto».

149. Por su parte, el topógrafo José Vega Monroy se comprometió a rendir un
dictamen pericial, el cual fue aportado el día 10 de octubre de 2017 82, cuyas
conclusiones resulta pertinente transcribir:

81 Folio 668 que incluye la solicitud de pruebas de la demanda.
82 Folios 845 a 486 del Cuaderno Principal.

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Radicado: 11001-0324-000-2012-00070-00
Demandante: José Guillermo Velasco Galindo

«[…]Previamente a la diligencia tales coordenadas del acuerdo 14 de
2011 fueron montadas sobre la parte correspondiente del plano Predial
IGAC 266-II-D actualizado 2010 del que se adjunta copia como Anexo
JV1. Nótese que en la parte correspondiente se demarcó en color rojo la
zona de humedal y por fuera de la misma en color rojo la zona resaltada
de protección con 30 metros adicionales según las coordenadas del
Acuerdo 14 de 2011. De esta demarcación se facilitó a la H Magistrada
Herrera, copia en formato grande para la diligencia, e igualmente al perito
Ing. Civil Ambiental William Rodrigo Bayona y que aquí incluyo como
Anexo JV2.

Verificado en planos se encontró: Que el área total dentro del polígono
como lo describe Cormacarena en el Acuerdo 14 de 2011 (página 23)
es de aproximadamente 20.2778 hectáreas de humedal (esto debe
corresponder a la zona con agua o inundable en su cota máxima) y
12.9568 hectáreas de ronda de protección (ampliando 30 metros de
la anterior) para un total de 33.2346 hectáreas.

Verificado en terreno se encontró en la diligencia: Que no había ninguna
zona con agua con la excepción de lo acumulado por lluvias dado que esa
noche llovió intensamente desde aproximadamente 3 a.m. según
informaron los vecinos y que como máximo cubría 2000 m2 es decir 0.10
hectáreas lo que fue verificado en la diligencia.

Verificado en terreno posterior a la diligencia se encontró: Que el
área de zona inundable es muy inferior a lo demarcado por las
coordenadas del Acuerdo 14 de 2011 Cormacarena y que
efectivamente existe una zona que se inunda únicamente por lluvias ya
que no le entra agua de ninguna otra fuente y a la que se le puede ver la
cota máxima de inundación la cual de acuerdo a la topografía tiene una
área máxima de 7.100 m2 es decir 0.71 hectáreas a la que al añadirle
los 30 metros de protección produce una área total máxima de 19.000
m2 es decir 1.9 hectáreas. Tal zona inundable en azul y su zona de
protección en amarillo ha sido superpuesta igualmente en la parte del
plano IGAC. Anexo JV2 para facilitar su visualización.

Informo que tengo experiencia en la zona de análisis por más de 30 años
y certifico que el nivel de agua nunca supero lo tipografiado en 7.100m2.
Siendo este el informe se entrega además de la copia al Consejo de
Estado otra para su estudio y peritazgo al Ing. William Bayona».
(Destacado fuera de texto).

150. A su vez, el ingeniero civil, William Rodrigo Bayona allegó el siguiente dictamen
pericial el día 18 de octubre de 2017, cuyas conclusiones fueron las siguientes:

«A) En la diligencia pudimos verificar lo afirmado por el topógrafo en lo
que concordamos: "Que no había ninguna zona con agua con la
excepción de lo acumulado por lluvias dado que esa noche llovió
intensamente desde aproximadamente 3 a.m. según informaron los
vecinos y que como máximo cubría 1000 m2 es decir 0.10 hectáreas lo
que fue verificado en la diligencia.

B) Revisados los polígonos montados sobre plano IGAC entregado por el
perito topógrafo José Vega M en su anexo JV2 confirmamos que
corresponde a lo descrito en el Acuerdo 14 de 2011 para 20.2778
hectáreas de humedal y 12.9568 hectáreas de ronda de protección
para un total de 33.2346 hectáreas. Igualmente verificado que la zona
máxima de inundación es de 7.100 m2 y que ampliada a su zona de
protección será un máximo de 1.90 hectáreas.

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Demandante: José Guillermo Velasco Galindo

C) Para realizar la calificación de un humedal es indispensable cumplir
todas las obligaciones emanadas de la Resolución 196 del 1 de febrero
de 2006 Minambiente. La definición de humedal viene del Convenio de
Ramsar, que es la Convención Relativa a los Humedales de Importancia
Internacional conocida como Convenio de Ramsar, ciudad de Irán donde
la Convención sobre los Humedales fue firmada el martes 2 de febrero de
1971 y entró en vigor el 21 de diciembre de 1975, a la que se adhirió
Colombia como está demostrado en la Resolución 196 del 1 de febrero
de 2006 Minambiente mencionada. Definición de humedal, según el
Convenio de Ramsar: "Un humedal es una zona de la superficie terrestre
que está temporal o permanentemente inundada, regulada por factores
climáticos y en constante interrelación con los seres vivos que la habitan".

[…]

Es decir que para ser calificado como humedal debe tener tanto
condiciones hidráulicas como bióticas (fauna y flora del tipo humedal).

Tenemos hasta aquí claro que el área máxima inundable es de 7.100 m2
es decir 0.71 hectáreas y que ampliada a su zona de protección será un
máximo de 1.90 hectáreas y se puede concluir que únicamente esa área
tiene condiciones hidráulicas de humedal.

Al verificar dicha área encontramos en la diligencia que no hay
condiciones bióticas de humedal, lo cual está totalmente de acuerdo
con el trabajo ordenado por CORMACARENA al Ing. Geólogo Nelson
Orlando Barrera Torres, ya que su equipo tampoco encontró
vegetación o fauna exclusiva de humedales. Con lo anterior
concluimos que en este sitio existe una laguna natural estacional con
una extensión máxima de 7.100 mts 'y que la misma NO es un
humedal por no tener las condiciones para ser calificada como tal.
Como resulta importante verificar si esta laguna natural ha sido de mayor
tamaño en el pasado y pudiera tener en otras épocas diferentes
condiciones se han solicitado del IGAC aerofotografías de los años 1965,
1980, 1987, 1997 y 2004, donde es visible esta laguna y sobre ella se han
montado con total precisión las cercas y vías que facilitan su ubicación.
De este trabajo es muy claro que aunque normalmente las acciones
humanas deterioran y disminuyen estos ecosistemas, esta laguna ha
permanecido sin modificación.

Finalmente debo concluir que el espejo de agua del denominado
"Humedad Caracolí" es una laguna natural, que debe preservarse en su
estado actual, y a pesar de las denominaciones dadas en los acuerdos de
CORMACARENA a éste espejo de agua, el mismo definitivamente no
tiene las características de un humedal conforme se expuso
anteriormente, comprendido su área máxima de 0.71 hectáreas y con su
zona de protección, de acuerdo a la normatividad vigente, el área máxima
a proteger es de 1.90 hectáreas. Luego las áreas protegidas en los
acuerdos de CORMACARENA: 0012 del 5 de noviembre de 2009 y
Acuerdo No. PS-J.1.2.42.2.11.14 del 14 de junio de 2011, no consultan
las condiciones reales de la zona a la cual se denominó "Humedal
Caracolí"». (Destacado fuera de texto)

151. Los artículos 233 y siguientes del Código de Procedimiento Civil incorporan
las siguientes reglas sobre la procedencia, práctica y valoración del dictamen
pericial, normas que son del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 233. Procedencia de la peritación. La peritación es
procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran
especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos.

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Sobre un mismo punto no se podrá decretar en el curso del proceso, sino
un dictamen pericial, salvo en el incidente de objeciones al mismo, en el
que podrá decretarse otro. Tampoco se decretará el dictamen cuando
exista uno que verse sobre los mismos puntos, practicado fuera del
proceso con audiencia de las partes. Con todo, cuando el tribunal o el juez
considere que el dictamen no es suficiente, ordenará de oficio la práctica
de otro con distintos peritos, si se trata de una prueba necesaria para su
decisión.

(…)”

“ARTÍCULO 237. Práctica de la prueba. En la práctica de la peritación se
procederá así:

1. Cuando la peritación concurra con inspección judicial, ambas se
iniciarán simultáneamente.

2. Los peritos examinarán conjuntamente las personas o cosas objeto del
dictamen y realizarán personalmente los experimentos e investigaciones
que consideren necesarios, sin perjuicio de que puedan utilizar auxiliares
o solicitar por su cuenta el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y
responsabilidad; en todo caso expondrán su concepto sobre los puntos
materia del dictamen.

3. Cuando en el curso de su investigación los peritos reciban información
de terceros que consideren útiles para el dictamen, lo harán constar en
éste, y si el juez estima necesario recibir los testimonios de aquéllos, lo
dispondrá así en las oportunidades señaladas en el artículo 180.

4. El juez, las partes y los apoderados podrán hacer a los peritos las
observaciones que estimen convenientes y presenciar los exámenes y
experimentos, pero no intervenir en ellos ni en las deliberaciones.

5. Los peritos podrán por una sola vez, pedir prórroga del término para
rendir el dictamen. El que se rinda fuera de término valdrá siempre que no
se hubiere proferido el auto que reemplace al perito.

Los peritos principales deliberarán entre sí y rendirán el dictamen dentro
del término señalado. El perito tercero emitirá su concepto, en la
oportunidad que el juez le fije sobre los puntos en que discrepen los
principales.

6. El dictamen debe ser claro, preciso y detallado; en él se explicarán los
exámenes, experimentos e investigaciones efectuados, lo mismo que los
fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones.

(…)”.

“ARTÍCULO 241. Apreciación del dictamen. Al apreciar el dictamen se
tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la
competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren
en el proceso.

Si se hubiere practicado un segundo dictamen, éste no sustituirá al
primero pero se estimará conjuntamente con él, excepto cuando prospere
objeción por error grave.

(…)”.

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152. Frente a la eficacia probatoria de este medio de prueba, esta Corporación83 ha
señalado que requiere que:

“(i) [E]l perito informe de manera razonada lo que sepa de los hechos,
según sus conocimientos especializados; (ii) el informe sea personal y
contenga conceptos propios sobre las materias objeto de examen y no de
otras personas, por autorizadas que sean, sin perjuicio de que pueda
utilizar auxiliares o solicitar el concurso de otros técnicos, bajo su
dirección; (iii) el perito sea competente, es decir, un experto para el
desempeño del cargo; (iv) no exista un motivo serio para dudar de su
imparcialidad; (v) no se haya probado una objeción por error grave; (vi) el
dictamen esté debidamente sustentado y sus conclusiones sean claras,
firmes y consecuencia de las razones expuestas; (vii) sus conclusiones
sean conducentes en relación con el hecho a probar; (viii) se haya
surtido la contradicción; (ix) no exista retracto del mismo por parte del
perito; (x) otras pruebas no lo desvirtúen; (xi) sea claro, preciso y
detallado, es decir, que dé cuenta de los exámenes, experimentos e
investigaciones efectuadas”. (Negrilla fuera de texto).

153. Procede la Sala a analizar la firmeza, precisión y calidad de las conclusiones
de los dictámenes periciales aportados al proceso, para lo cual, se debe señalar
que este medio de prueba tiene como finalidad proveer al juez elementos de juicio
claros y ciertos, de índole técnica, científica o artística sobre aspectos que resultan
relevantes para la resolución de la controversia.

154. En primer término, el informe del topógrafo no otorga elementos de juicio sobre
cuál fue el origen o la fuente de información para señalar que «el área total dentro
del polígono como lo describe Cormacarena en el Acuerdo 14 de 2011 (página 23)
es de aproximadamente 20.2778 hectáreas de humedal (esto debe corresponder a
la zona con agua o inundable en su cota máxima)».

155. Dicha afirmación parece sugerir que el humedal se encuentra conformado solo
por agua o zona de inundación, lo cual no consulta la realidad. En efecto, la
zonificación efectuada por la autoridad ambiental en los actos acusados comprendió
no solo el espejo de agua del humedal sino también (i) el área de recuperación
ambiental y; (ii) el área de preservación y protección ambiental.

83 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 18 de octubre de

2018, radicado: (05001-23-31-000-2005-03439-01 (48298), MP: Ramiro Pazos Guerrero.

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156. Lo anterior significa que los humedales no solo se encuentran integrados por
los cuerpos de agua o de inundación, sino también por áreas de transición como la
ronda hídrica y la zona de manejo ambiental. Así lo reconoció esta Sección en
sentencia de 21 de junio de 201884, al señalar:

«(…) 119. De lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que, los
humedales cobran especial importancia por los innumerables beneficios
ecosistémicos que brindan a la humanidad, de ahí que sea indispensable
su adecuado manejo y su uso racional. En efecto, sin importar que el
humedal esté o no enlistado dentro de aquellos considerados como de
importancia internacional, las autoridades ambientales podrán recurrir a
los diferentes manuales y directrices expedidos por los Estados
Contratantes de la Convención de Ramsar para su preservación y control.

120. Así las cosas, los humedales son objetos de especial protección
Constitucional y legal no sólo en materia ambiental; sino porque, conforme
con la ley y la jurisprudencia pueden ser bienes de uso público y, en
consecuencia, elementos constitutivos del espacio público. Al respecto,
es preciso resaltar que los humedales no solo están conformados
por los cuerpos de agua o inundación sino por las áreas de
transición, tales como la ronda hídrica y la zona de manejo
ambiental, las cuales gozan, a su vez, de la misma protección
constitucional, por cuanto aseguran la existencia, conservación y
protección de estos cuerpos hídricos». (Negrilla fuera de texto).

157. Lo propio ocurre con las conclusiones arrojadas por el perito evaluador William
Rodrigo Bayona quien en su experticia se refirió a las condiciones existentes de una
fracción del humedal Caracolí que es conocida como el «espejo de agua» o «laguna
natural estacional», esto es, a una parte del humedal. Por ende, las conclusiones
plasmadas no reflejan la realidad del tamaño del humedal Caracolí.

158. Se debe insistir que el estudio técnico, al momento de detallar el área que
forma parte del Humedal Caracolí no solo identificó el espejo de agua existente en
esa zona, sino que realizó un estudio de los demás elementos bióticos que lo
conforman como bosques, zonas de playa descubiertas, zonas encharcadas y los
espejos de agua, en el siguiente sentido:

84Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Hernando Sánchez
Sánchez; sentencia de 21 de junio de 2018, radicado: 25000-2324-000-2013-00008-01 (AP), actor: Luis Alfredo
Lozano Algar, demandados: Municipio de Soacha y otros

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159. Así las cosas, si bien el componente de agua resulta fundamental para la
identificación del Humedal Caracolí, la autoridad ambiental identificó otros
elementos bióticos como bosques, zonas encharcadas, por mencionar algunos.

160. Conforme se indicó anteriormente, la protección de los humedales se remonta
a la Convención Ramsar, tratado que reconoce la vulnerabilidad de estos
ecosistemas y, por esta razón, adopta una definición amplia en su artículo 1º, según
la cual los humedales comprenden «las extensiones de marismas85, pantanos86 y
turberas87, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o
artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o
saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja
no exceda de seis metros». (Negrilla fuera del texto).

161. Nótese entonces que, según la clasificación de la Convención Ramsar se
conocen cinco categorías de humedales:

(i) Marinos (humedales costeros, inclusive lagunas costeras, costas rocosas
y arrecifes de coral);

(ii) Estuarinos; incluidos deltas, marismas de marea y manglares;

(iii) Lacustres; humedales asociados con lagos;

(iv) Ribereños; humedales adyacentes a ríos y arroyos; y

(v) Palustres: es decir, “pantanosos” - marismas, pantanos y ciénagas.

162. Así las cosas, el informe pericial en sus apreciaciones equipara la noción de
«espejo de agua» con la de «humedal» como si se tratara de conceptos iguales, lo
cual dista de la realidad. El espejo de agua hace referencia a la porción de agua

85 Terreno pantanoso situado por debajo del nivel del mar, que ha sido invadido por las aguas del mar o de una

ría.
86 Depresión del terreno donde de forma natural queda agua estancada, generalmente con poca profundidad, y

cuyo fondo es más o menos cenagoso.
87 Vegetación que crece en lugares encharcados.

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que se encuentra presente en el humedal, mientras que el humedal es un concepto
más amplio que se emplea «de forma genérica para describir tierras permanente o
temporalmente húmedas, aguas poco profundas y los márgenes tierra-agua. Se
pueden hallar humedales en aguas de toda clase, ya sean dulces o salinas, y en su
estado natural se caracterizan por una flora, suelos y una fauna que, por regla
general, se han adaptado a condiciones húmedas88».

163. Adicionalmente, el perito evaluador William Rodrigo Bayona de manera
general se limitó a señalar que no encontró vegetación o fauna típica de humedal,
sin que dicha aseveración se encuentre respaldada con soportes documentales que
dieran fe de lo afirmado. En efecto, no se evidencia un trabajo juicioso de la
experticia con el fin de poder identificar las especies que fueron encontradas en
dicho ecosistema para luego ser contrastadas con la flora y fauna características de
los humedales.

164. En contraste con ello, el estudio técnico sí efectuó una caracterización de las
especies de flora y de fauna representativas de los humedales encontrando que en
el Humedal Caracolí se encontraban presentes 54 especies características,
incluyendo especies helófitas de rápido crecimiento como Alchornea galndulosa,
Tapirira guianensis, Phyllanthus attenuatus, Miconia elata, entre otras.

165. También, en lo referente a la identificación de la fauna, el estudio técnico
constató la presencia de vida silvestre característica de los humedales como
anfibios, reptiles, aves, peces, mamíferos y otras formas de vida.

166. Por otra parte, las conclusiones del perito evaluador no contienen un análisis
de la identificación de las aguas subterráneas teniendo en cuenta que «(…) Las
aguas subterráneas son parte integral del sistema hidrológico, contribuyen al
sostenimiento de ecosistemas terrestres y acuáticos, y proporcionan diversos
servicios al ser humano, razón por la cual cobran cada vez más importancia para el
suministro de agua a nivel mundial (Portmann et al., 201389». Este aspecto, resulta
esencial al momento de identificar los humedales y el mismo fue valorado en el
estudio técnico, tal y como se desprende de los siguientes apartes:

167. Sobre este punto, cabe resaltar que el señor Nelson Barrera Torres, en la
diligencia practicada en este proceso, reconoció la importancia de tener en cuenta

88 Ver¨ Lineamientos para elaborar y aplicar políticas nacionales de humedales. Resolución VII.6. Los pueblos

y los humedales: un nexo vital”
7a. Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes de
la Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971),
San José, Costa Rica, 10 al 18 de mayo de 1999. Lugar de consulta:
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/guide-nwp-sp.pdf.
89 https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/ambientales/article/view/17716/26438.

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las aguas subterráneas al momento de identificar los humedales. Al respecto,
puntualizó:

«[…] PREGUNTADO90. ¿En qué consistió su trabajo. De acuerdo a la
reglamentación ambiental para esa época, ya Cormacarena había
identificado al Caracolí como uno de los humedales a proteger en la zona
urbana. Entonces lo que se hace es tomar muestras de agua, topografía,
se hizo unos ensayos geoeléctricos, entonces no solo es el agua
superficial sino el agua subterránea la que nos da esa capacidad
para decir o no que eso es o no una zona de humedal. No solo es la
parte que está aflorando como tal, el espejo de agua, sino la parte
subterránea […]. En un trabajo de esos participan biólogos, forestales,
social, es un grupo interdisciplinario y lo que se hace es delimitar
topográficamente y en unas planchas cuál es el área del espejo del
agua más el área de amortiguación y un área total de zonificación
ambiental y de protección de dichos humedales. […] En el ejercicio
que se hizo se aplicaron las normas ambientales del momento que repito
un humedal es una zona donde no sólo donde hay el espejo de agua
superficial sino hay unas zonas de recarga hídrica y en su momento
se hicieron todos los pasos que se debía llevar a cabo para poder
delimitar dichas áreas de acuerdo a la normatividad ambiental del
momento […]».

168. Por último, el dictamen pericial no ofrece certeza respecto de si se consideraron
los lineamientos previstos en la Resolución 196 de 2006 que contiene la guía técnica
para la delimitación y resultan de obligatorio cumplimiento. Nótese que la
zonificación corresponde a una labor compleja que va desde la definición del área
de estudio, la recolección de la información biótica y socioeconómica existente;
luego marcado por el proceso de actualización cartográfica temática; la
identificación de los aspectos de oferta, demanda y conflictos del humedal y;
finalmente, la identificación de las unidades de manejo ambiental.

169. Cabe destacar que pese a que el dictamen pericial constituye uno de los
elementos de prueba admitidos por el ordenamiento jurídico, al juez le corresponde
la tarea de analizar la precisión, calidad y exhaustividad de sus conclusiones, por lo
que «más que una aceptación ciega o pasiva de las conclusiones del dictamen, el
ordenamiento le exige al Juez asumir un rol activo como escrutador crítico de la
experticia a fin de garantizar su compromiso convencional y constitucional de
aproximarse a la búsqueda de la verdad en el proceso judicial91».

170. Las anteriores consideraciones son suficientes para despachar
desfavorablemente el cargo de nulidad de falsa motivación, toda vez que el plan de
manejo del Humedal Caracolí se encuentra fundamentado en un estudio técnico
que se elaboró siguiendo los lineamientos consignados en la Resolución 196 de
2006 «Por la cual se adopta la guía técnica para la formulación de planes de manejo
para humedales en Colombia».

90 Minuto 6:38 en adelante. Cd que contiene la diligencia obrante en el folio 972 del Cuaderno Principal.
91 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, CP: Jaime

Orlando Santofimio Gamboa, sentencia de 10 de noviembre 2016, radicación número: 70001-23-31-000-2002-
00850-01(34493), actor: cavelier martinez & cia. S. En c.

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171. Además, los dictámenes se desestiman porque no tienen eficacia probatoria
para soportar el cargo de falsa motivación según lo dispuesto en los artículos 233,
237 y 241 del Código de Procedimiento Civil, luego de su valoración integral
conforme a las reglas de la sana crítica (artículo 187 ejusdem92)

172. Finalmente, se debe resaltar que el Acuerdo PS-GJ.1.2.42.2.11.014 de 2011,
indicó lo siguiente: “El humedal suburbano de Caracolí del municipio de Villavicencio
en el Departamento del Meta se encuentra reconocido en el Plan de Ordenamiento
Territorial e incluso en el Plano No. 5 de Soporte Ambiental Urbano y en su posterior
modificación a partir del Acuerdo No. 021 de 2002 como ecosistemas de importancia
estratégica para el municipio. Así mismo, su delimitación se incorporó dentro de las
modificaciones realizadas al Plan de Ordenamiento Territorial, el cual a la fecha
cuenta con la aprobación de CORMACARENA”, por lo que resulta evidente que
dicho humedal sí fue incorporado en el Plan de Ordenamiento Territorial del
Municipio de Villavicencio. Y todo caso, las pruebas aportadas al presente proceso
no logran desvirtuar dicha afirmación.

VI.6.3. Análisis del tercer problema jurídico. De la presunta infracción a
la Ley 357 de 1997; los numerales 2° y 18 del artículo 31 de la Ley 99 de
1993; el artículo 83 del Decreto-Ley 2811 de 1974 y el Anexo 1C, paso
5°, de la Resolución 196 de 2006

173. El actor estimó transgredidas las siguientes disposiciones: la Ley 357 de 1997,
los numerales 2° y 18 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993; el artículo 83 del Decreto
Ley 2811 de 1974 y el Anexo 1C, paso 5°, de la Resolución 196 de 2006 por cuanto:

i) La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial
La Macarena- Cormacarena desconoció el principio de legalidad, dado que
le otorgó al Humedal Caracolí el carácter de interés prioritario a pesar de que
«éste cuenta con la cota máxima de inundación con un espejo de agua de
solo 7.100 metros cuadrados, que sólo se forma en épocas de invierno por
apozamiento de aguas lluvias y que con zona de aislamiento nunca podría
pasar de 1.9 hectáreas»;

ii) La entidad demandada ejerció la función de máxima autoridad en el área de
su jurisdicción en contraposición a los criterios y directrices trazados por el
Ministerio de Ambiente para la elaboración y adopción de planes de manejo
de humedales de interés prioritario, concretamente, las contenidas en el
artículo 3° de la Resolución 157 de 2004 y en el aparte 4° contenido en la
Figura 2 del Anexo I de la Resolución 196 de 2006, que imponían la
obligación de adelantar la delimitación, caracterización y zonificación para la
definición de medidas de manejo con la participación de los distintos
interesados, disposiciones que fueron desconocidas;

92 “ARTÍCULO 187. Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo

con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la
existencia o validez de ciertos actos”.

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iii) Si se trataba de dar cumplida y cabal aplicación a la Zona de Ronda de los
30 metros establecida en el artículo 83 del Decreto 2811 de 1974, la zona de
ronda es muy inferior de la establecida en el Acuerdo impugnado y;

iv) La zona de protección contenida en el Acuerdo 12 de 2009 es mayor a la
Zona de Ronda de Protección prevista en el artículo 83 del Decreto 2811 de
1974.

174. Sobre el particular, la Sala considera que los cuestionamientos encaminados
a señalar que el Humedal Caracolí solo cuenta con una cota máxima de inundación
integrada por un espejo de agua con una superficie de 7100 metros cuadrados, el
cual solo se forma en épocas de lluvia así como el relativo al presunto
desconocimiento de la obligación de contar con la participación de los terceros
interesados, ya fueron resueltos anteriormente en los acápites previos de esta
providencia.

175. En efecto, conforme se indicó con anterioridad, en el presente caso quedó
demostrado que el estudio técnico que sirvió de fundamento para la elaboración del
Acuerdo 12 de 5 de noviembre de 2009, consultó los criterios y acogió la
metodología adoptada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, hoy cartera de ambiente y desarrollo sostenible, mediante la Resolución
196 de 2006, de cara a garantizar el uso sostenible del Humedal Caracolí.

176. Además de ello, en la elaboración del plan de manejo ambiental del Humedal
Caracolí se garantizó el enfoque participativo de la ciudadanía, lo cual convierte en
impróspero el reproche de nulidad por desconocimiento de los numerales 2° y 18
del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en tanto que la autoridad ambiental ejerció la
función de máxima autoridad en el área de su jurisdicción con sujeción a los criterios
y directrices trazados por el Ministerio de Ambiente para la elaboración y adopción
de planes de manejo de humedales de interés prioritario, concretamente, los
lineamientos previstos en el artículo 3° de la Resolución 157 de 2004 y en el aparte
4° contenido en la Figura 2 del Anexo I de la Resolución 196 de 2006.

177. Dicho lo anterior, pasa la Sala a analizar el argumento dirigido a señalar que la
autoridad ambiental desconoció el límite de la franja de protección a que alude el
literal d) del artículo 83 del Decreto-Ley 2811 de 1974, en concordancia con el
Anexo 1C, paso 5°, de la Resolución 196 de 2006.

178. El literal d) del artículo 83 del Decreto-Ley 2811 de 197493, invocado como
transgredido es del siguiente tenor:

«ARTÍCULO 83.- Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes
inalienables e imprescriptibles del Estado:

d.- Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce
permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho;

93«Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente».

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[…]». (Destacado fuera de texto)

179. Además de ello, el paso 5° del Anexo 1C de la Resolución 196 de 2006, señala
que una vez determinado el límite del humedal se debe establecer la franja paralela
de protección, norma que se transcribe nuevamente:

«Paso 5. Franja de protección
Una vez determinado el límite del humedal objeto de estudio, se
procederá a establecer una franja paralela de protección, a que aluden los
artículos 83 literal d), y 14 del Decreto 1541 de 1978, constituida por una
franja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce
permanente, hasta de 30 metros de ancho, que involucra las áreas
inundables para el paso de las crecientes no ordinarias y las
necesarias para la amortiguación, protección y equilibrio ecológico
del humedal y el mantenimiento permanente de su zona de
transición. (Destacado fuera de texto)

180. Ahora bien, el Acuerdo 12 de 5 de noviembre de 2009, indicó:

«4.4.3 Franja de protección: Esta área es una franja que tiene como
finalidad proteger el humedal Caracolí de las afectaciones causadas por
la expansión urbana (Parcelaciones campestres). Por tal motivo se
localiza siguiendo el límite perimetral, con un ancho de 30 mts
aproximadamente, la cual engloba un área aproximada de 6.68 has,
representando el 29.32% del área total.

En esta área se encuentra parte de la malla vial rural del Municipio de
Villavicencio, (Carretera del Amor y vía de acceso a la parcelación
campestre Caracolí y pequeñas fincas de recreo).

• Uso principal. Protección física del área del humedal, ante las
amenazas externas.
• Uso compatible. Restauración, reforestación y recuperación de la
red hidrológica.
• Uso condicionado. Senderos ecológicos, actividades de turismo
ecológico, actividades de investigación y docencia.
• Uso prohibido. Actividades agrícolas y pecuarias (pancoger,
industriales), centros de recreación y turismo, uso urbano, uso industrial,
concesiones de agua, desecación y/o relleno de cuerpos de agua.

PARÁGRAFO. - Las. obras a actividades cuyo uso es condicionado en
las diferentes categorías establecidas en la zonificación interna, se podrán
desarrollar siempre y cuando no pongan en riesgo la función ecológica e
hídrica del sistema de humedales, la conservación de los Recursos.
Naturales Renovables y la condición natural de los ecosistemas presentes
en la zona, sin perjuicios de la facultad de la autoridad ambiental de exigir
el trámite de las autorizaciones previas exigidas en la normatividad
ambiental vigente».

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181. Adicionalmente, conviene señalar que el Acuerdo PS-GJ.1.2.42.2.11.014 de
2011, señala que luego de ser ajustadas las coordenadas a la cartografía oficial del
plan de manejo ambiental, el equipo técnico de la oficina asesora de planeación
consideró pertinente realizar una redelimitación del Humedal Caracolí,
considerando que el área merecedora de protección era mayor a la inicialmente,
pasando de 6.68 a un área de 12.95, en el siguiente sentido:

182. A juicio de la Sala, la parte actora tenía la carga de probar que la zona de
ronda o de protección excedía el límite previsto en el literal d) del artículo 83 del
Decreto- Ley 2811 de 1974, incumpliendo con el deber que le asistía de aportar los
elementos de juicio para probar sus afirmaciones, conforme lo indica el artículo 167
del Código General del Proceso: «Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho
de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen».

183. Esta Sección arribó a idéntica conclusión en sentencia de 19 de octubre de
201894, al resolver un idéntico cargo al planteado en esta oportunidad, de la
siguiente manera:

«Si bien la disposición anotada alude a que dicha franja es un bien de uso
público, aspecto sobre el cual, como ya se dijo, no hay controversia, lo cierto es
que la Guía técnica para la formulación de los planes de manejo de humedales
en Colombia, alude a ella en la necesidad de que se cuente con treinta (30)
metros “que involucra las áreas inundables para el paso de las crecientes no
ordinarias y las necesarias para la amortiguación, protección y equilibrio
ecológico del humedal y el mantenimiento permanente de su zona de
transición”. Siendo ello así, incumbía a los demandantes probar que la zona de
ronda o de protección excedía el límite transcrito, lo cual lo impelía a demostrar,
a su vez, cuál era el área del humedal. No obstante, ello no aconteció en el
plenario, ya que, para ese efecto, lo que reposa en el expediente es un mapa
satelital de la reserva del cual no se infiere que exista solamente un cuerpo de
agua (el llamado Juanambú), y tampoco se explica o se puede comprender cuál
es la zona de ronda o de protección del cuerpo de humedales así declarados
por Cormacarena».

VI.7. Conclusiones

184. A partir de los anteriores razonamientos, la Sala considera que los reproches
de nulidad relativos a la transgresión al debido proceso, el vicio de nulidad por falsa
motivación y el desconocimiento de lo dispuesto en la Ley 357 de 1997; los
numerales 2° y 18 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993; el artículo 83 del Decreto-
Ley 2811 de 1974 y el Anexo 1C, paso 5°, de la Resolución 196 de 2006 no están
llamados a prosperar, motivo por el cual se denegarán las pretensiones de la
demanda.

94 Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Oswaldo Giraldo López,

sentencia de 19 de octubre de 2018, radicación número: 11001-03-24-000-2014-00330-00, actor: Eduardo
Gaitán Escobar y Dumar Rojas Miranda, demandado: la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de
Manejo Especial La Macarena- Cormacarena.

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185. Por último, esta Sala se abstendrá de condenar en costas en tanto que no
concurren los supuestos del artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de
la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas
anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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