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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2007-00135-01

Acción de reparación directa: daños ocasionados a bienes privados por obra pública

Fecha
5 de julio de 2018
Consejero ponente
Marta Nubia Velásquez Rico
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2007-00135-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: CONFIRMAR, por las razones expuestas, la sentencia proferida el 29 de junio de 2011 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente a su Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-31-000-2007-00135-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico

5 de julio de 2018

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Daños ocasionados a bienes privados por obra pública / OBRA PUBLICA - Cierre de vía por cconstrucción de la obra de Transporte Masivo Integrado de Occidente MIO / DAÑOS OCASIONADOS POR CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA - No se acreditó una conducta activa u omisiva, jurídicamente imputable a una autoridad pública

Para la Sala, con las pretensiones y hechos narrados en la demanda, la parte demandante procura el reconocimiento de los perjuicios materiales causados “con la construcción de la obra de Transporte Masivo Integrado de Occidente – MIO-” que obligó al “cierre de la vía (en la cual se encontraba el local ocupado por la actora) en el mes de febrero de 2005, lo cual trajo como consecuencia el difícil acceso de la clientela al establecimiento de comercio”, por lo que la “compañía se vio abocada a entregar el referido local, el día 12 de abril de 2005, con el fin de no perder la clientela, trasladándose a otro cercano”.

VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS - Rendido por personal que tiene relación laboral con la parte demandante / TESTIMONIOS RENDIDOS POR PERSONAS CON VÍNCULO LABORAL CON LAS PARTES - Posibilidad de calificarse de sospechosos / TESTIMONIOS SOSPECHOSOS - Valor probatorio. Fundamento normativo / VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS SOSPECHOSOS - No deben descartarse de plano sino que deben valorarse de manera más rigurosa, conforme a su relación con las demás pruebas del proceso y las circunstancias particulares del caso / TESTIMONIOS SOSPECHOSOS - No otorgaron convicción probatoria al juez

En relación con estos testimonios, el ordenamiento jurídico colombiano ha establecido como testigos sospechosos, entre otros, a aquellos que tienen relación laboral con la parte demandante. (…) Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha dicho, de manera reiterada, que los testimonios que resulten sospechosos no pueden descartarse de plano, sino que deben valorarse de manera más rigurosa, de cara a las demás pruebas obrantes en el proceso y a las circunstancias de cada caso, todo ello basado en la sana crítica. Para la Sala, la forma en que se narraron los hechos no es congruente y presenta contradicciones y vacíos; nótese que en todas las declaraciones aseguraron que el traslado del establecimiento de comercio obedeció al cierre de la vía donde se ubicaba el local; pero unos afirmaron que el local fue entregado en la etapa previa a la construcción, otros aseguraron que continuaron allí y se habilitaron vías alternas de ingreso y en algunos casos no recordaban la fecha exacta en la que sucedieron los hechos; pero que la construcción sí fue la causa de la disminución de las ventas y con ello la afectación de sus trabajos. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de testimonios que resulten sospechosos, consultar sentencia de 14 de julio de 2016, Exp. 36932, CP. Marta Nubia Velásquez Rico.

MEDIOS PROBATORIOS - Prueba pericial. Valor probatorio / DICTAMEN PERICIAL - Noción. Apreciación como prueba por el juez de la causa en procesos que requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos / CONTENIDO DE DICTAMEN PERICIAL - Se deben apreciar de manera detallada, la competencia las labores, resultados e instrumentos implementados en el análisis realizado por experto / COMPOSICIÓN DE PRUEBA PERICIAL - Consta de dos partes. Descripción de los puntos considerados en el estudio pericial y las conclusiones conforme a lo examinado

Vale la pena resaltar que frente a la prueba pericial esta Subsección ha señalado que constituye un elemento de convicción que debe ser valorado por el funcionario judicial, inicialmente de acuerdo con los criterios previstos en los artículos 233 y siguientes del C.P.C. y luego en conjunto con los demás medios probatorios, según las reglas de la sana crítica. El artículo 241 del Código de Procedimiento Civil establece que el juez al valorar el dictamen pericial debe tener en cuenta la “firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso”, lo que claramente se traduce en que el fallador es autónomo para valorar el dictamen y verificar la lógica de sus fundamentos y resultados, toda vez que el perito es un auxiliar de la justicia, pero no es a quien corresponde impartirla. (…)Entonces, para la apreciación del dictamen pericial se tendrá en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y las demás pruebas que obren en el proceso. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la apreciación de la prueba pericial y su contenido, consultar sentencia 24 de abril de 2013, Exp 26682, CP. Olga Mélida Valle de De La Hoz.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 233 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 241

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO - Por daños ocasionados a particulares por el desarrollo de actividades que pueden reportar un beneficio para la sociedad / DAÑO ESPECIAL - Título de imputación aplicable por daños producto de la actividad lícita de la administración / DAÑO ESPECIAL - Cuando es anormal, excepcional y superior al que normalmente deben sufrir los ciudadanos / DAÑO ESPECIAL - Debe ser indemnizado aras de garantizar la equidad y el equilibrio frente a las cargas públicas / DAÑO ESPECIAL - Régimen de imputación aplicable por perjuicios ocasionados a bienes privados POR la construcción de una obra pública

En otras oportunidades esta Sala se ha ocupado de estudiar el régimen de responsabilidad aplicable a los casos en los cuales se reclama la indemnización de los perjuicios causados a los accionantes como consecuencia del ejercicio de una actividad lícita por parte del Estado, bajo el denominado régimen objetivo de responsabilidad por daño especial. (…)Se trata, entonces, de un régimen de responsabilidad que no tiene como fundamento un error o falla atribuible al Estado o a alguno de sus agentes, sino el ejercicio, por parte de aquél o de éstos, de actividades legítimas que pueden causar daños a los administrados quienes, en aras de garantizar la equidad y el equilibrio frente a las cargas públicas, deben ser indemnizados. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la responsabilidad patrimonial del Estado con ocasión de la actividad legal de la administración, consultar sentencia de 10 de marzo de 2011, Exp. 18381, CP. Mauricio Fajardo Gómez. En relación con los presupuestos de procedencia de la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado con base en la aplicación del régimen de responsabilidad por daño especial, consultar sentencias de 25 de septiembre de 1997, Exp. 10392, CP. Jesús María Carrillo Ballesteros; de 13 de diciembre de 2005, Exp. 24671, CP. Alier Hernández Enríquez.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI Y METRO CALI S.A - Inexistente por el daño que habría padecido la demandante con ocasión de la construcción de obra pública / DAÑOS POR OBRA PUBLICA - No se acreditó una conducta activa u omisiva, jurídicamente imputable a una autoridad pública / DAÑOS POR OBRA PUBLICA - Improcedente su reconocimiento por la construcción de obras del MIO Transporte Masivo Integrado de Occidente

En los términos anteriormente expuestos, la Sala concluye que en el presente caso no están dadas las condiciones para imputarle responsabilidad al municipio de Santiago de Cali o a METRO CALI S.A. por el daño que habría padecido la demandante con ocasión de la construcción de las obras del MIO en la carrera primera de la ciudad de Cali, dado que no se acreditaron las circunstancias narradas en la demanda y sostenidas a los largo del proceso como soporte de sus pretensiones; por tanto, la sentencia será confirmada por las razones aquí expuestas. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la carga de la prueba y el principio de autorresponsabilidad de las partes, consultar sentencia de 11 de noviembre de 2009, Exp. 173666, CP. Mauricio Fajardo Gómez.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá, D.C., cinco (5) de julio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 76001-23-31-000-2007-00135-01(44357)

Actor: GUERRERO & GUERRERO ARQUITECTURA INGENIERÍA LTDA.

Demandado: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – CONCEJO MUNICIPAL - Y METRO CALI S.A.

Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO – daños causados a bienes privados por obra pública / ELEMENTOS QUE REQUIEREN ACREDITACIÓN PARA QUE PROCEDA DECLARAR LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO CON BASE EN UN TÍTULO JURÍDICO SUBJETIVO U OBJETIVO DE IMPUTACIÓN – No se acreditó una conducta activa u omisiva, jurídicamente imputable a una autoridad pública.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 29 de junio de 2011 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

I.- A N T E C E D E N T E S

1.- La demanda

En escrito presentado el 13 de febrero de 2007, la sociedad Guerrero & Guerrero Arquitectura Ingeniería Ltda., por conducto de apoderado judicial, interpuso demanda en ejercicio de la acción de reparación directa en contra del municipio de Santiago de Cali – Concejo Municipal- y METRO CALI S.A., con el fin de que se les declarara administrativamente responsables por “la totalidad de los daños y perjuicios materiales irrogados a la sociedad (…), con ocasión de la construcción de la obra de transporte Masivo Integrado de Occidente (MIO) en el sector de la carrera primera de esta ciudad”.

2.- Las pretensiones

Por perjuicios materiales, a título de lucro cesante, se solicitó la suma de $428’534.938, o la que resulte probada, por concepto de la disminución de las ventas entre diciembre de 2004 y diciembre de 2006. La suma de $94’277.686, o lo que resulte demostrado, por concepto de la utilidad que dejó de percibir por la merma sufrida en las ventas en dicho lapso. El “Good will” por valor de $550’461.210, o la suma que resulte probada, el cual no fue reconocido por METRO CALI S.A. dentro del proceso de expropiación y, la suma de $541’650.000 que representa el costo que para la empresa tendrá el hecho de recuperar la situación económica que tenía antes de la construcción de la obra del MIO.

Igualmente, por daño emergente, solicitó la suma de $21’382.216, por concepto de la adecuación del local situado en la carrera 1 Nº 30 – 17. La suma de $10’174.845 por la adecuación del local situado en la carrera 2A Nº 39 – 09. El valor por la adecuación de las oficinas en el edificio San Paolo por $226’504.772 y de la sala de exhibición y ventas denominada “Sala sur”, por valor de $22’863.900.

Además, solicitó el valor pagado por concepto de cánones de arrendamiento del local en el que se encontraba la “Sala sur” por valor de $40’744.000; los costos financieros por concepto de intereses pagados a los bancos de Bogotá y de Occidente por sobregiros, debido a los problemas financieros, por valor de $35’320.200,22; $57’613.683 por concepto de publicidad con el fin de promocionar la imagen de la empresa y $24’932.350 por el pago de intereses de mora a la DIAN por el no pago oportuno de la retención en la fuente, “correspondientes al período fiscal 2004 y 2005”.

3.- Los hechos

En la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:

Sostuvo la demandante que la sociedad Guerrero & Guerrero Arquitectura Ingeniería Ltda. tiene como objeto social la construcción de todo tipo de obras civiles y/o arquitectónicas; el desarrollo de las demás actividades que se relacionen con la construcción; la prestación de servicios de asesoría técnica a terceros en el ramo de la construcción de obras civiles y/o arquitectónicas; la producción, explotación, compra, venta, comercialización, distribución, suministro, importación y explotación y, en general, todo tipo de negociación a título oneroso, de productos y/o materiales relacionados con la construcción.

Indicó que, en desarrollo de su objeto social, la empresa tenía un establecimiento de comercio denominado “Hipercentro del mármol Guerrero & Guerrero”, situado en la carrera 1 Nº 30 – 17 de la ciudad de Cali, en el cual funcionaba la sala de atención a clientes y la sede administrativa, desde hacía 12 años y en la cual había realizado inversiones por valor de $21’382.216.

Manifestó que, con ocasión de las obras del MIO y por el cierre de la vía en el mes de febrero de 2005, el acceso de los clientes al establecimiento de comercio se dificultó, motivo por el cual la compañía se vio obligada a entregar el referido local, el 12 de abril de 2005, para evitar perder los clientes. Además, el primer local fue objeto de “expropiación” y de la consecuente demolición por parte de METRO CALI S.A.

Aseveró que, como consecuencia de esto, la empresa incurrió en una serie de gastos por concepto de adecuaciones locativas, arrendamientos, publicidad e intereses por mora ante la DIAN, por la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones tributarias.

Sostuvo, además, que METRO CALI S.A. no reconoció a la sociedad el “Good will” al que tenía derecho en su condición de arrendataria por espacio de 12 años, toda vez que en la etapa de negociación voluntaria con el propietario del local solo tuvo en cuenta el área del predio, desconociendo la destinación del inmueble, la actividad mercantil en él desarrollada y la ubicación.

4.- Trámite primera instancia

La demanda fue admitida mediante auto del 20 de febrero de 2007 y debidamente notificada a las partes y al Ministerio Público.

4.1.1.- METRO CALI S.A. contestó la demanda y se opuso a las pretensiones en ella contenidas.

Consideró que la expropiación del bien obedeció a una actividad lícita y ajustada a derecho, indemnizándose a su propietario en los términos de la Ley 388 de 1997; además, el señor Gustavo Mejía Mejía, propietario del bien ubicado en la carrera 1 Nº 30 17 de la ciudad de Cali prometió vender a METRO CALI S.A. la totalidad del bien afectado y para ello suscribió la promesa de compraventa el 10 de marzo de 2005, hizo la entrega voluntaria el 10 de junio de 2005 y suscribió la escritura de compraventa el 21 de junio de ese mismo año.

Además, sostuvo que el establecimiento de comercio denominado “Hipercentro del Mármol Guerrero & Guerrero” funciona desde el 8 de septiembre de 2004 en la calle 13 Nº 75 – 60 de Cali y las obras del “SITM” empezaron el 9 de diciembre de 2004; la etapa de pre construcción duró hasta el 8 de febrero de 2005 y la de construcción hasta el 31 de enero de 2007; adicionalmente, el contrato de arriendo de ese local de la calle 13 fue suscrito por los demandantes el 14 de enero de 2004.

Manifestó que la demandante se trasladó al local ubicado en la carrera 2A Nº 30-09 por voluntad propia el 12 de abril de 2005; además, en aplicación del artículo 518 del Código de Comercio, es al arrendador a quien le corresponde la indemnización por concepto de terminación del contrato, pues la Ley 388 de 1997 solo permite indemnizar al propietario, como efectivamente se hizo.

Finalmente, sostuvo que, en caso de acreditarse un nexo causal entre los perjuicios que se dice le fueron causados y el daño, este no le sería resarcible, por cuanto la construcción de las obras del “SITM” es una actividad regulada por el Estado, debiendo soportar la sociedad la carga pública en aplicación del interés general sobre el particular.

4.1.2. El municipio de Santiago de Cali se opuso a las pretensiones de la demanda y, como fundamento de ello, argumentó que el municipio no es responsable de los perjuicios causados a la demandante.

Sostuvo que para efectos de la construcción del sistema de transporte masivo de la ciudad se constituyó la sociedad METRO CALI S.A. que es la titular del Sistema de Transporte Integrado Masivo y la encargada de ejecutar todas las actividades para construir y poner en operación el sistema, por tanto, es la llamada a responder en este caso.

Indicó que la sociedad demandante tenía la obligación de “mitigar las ventas de sus productos como de la remodelación de sus bodegas” como consecuencia de las obras de intervención del espacio público.

4.2. Llamamiento en garantía

METRO CALI S.A. y el municipio de Santiago de Cali llamaron en garantía a la compañía de seguros La Previsora S.A., por cuanto las entidades demandadas tenían constituidas pólizas de seguros de responsabilidad civil extracontractual con dicha aseguradora.

El llamamiento en garantía fue admitido mediante auto del 17 de agosto de 2007 y la entidad llamada dio respuesta a través de su apoderado judicial en la oportunidad legal para ello. Dentro de sus argumentos se opuso a la prosperidad de lo pretendido y reiteró que ninguna de las entidades demandadas es responsable por los perjuicios pretendidos por la sociedad demandante, por cuanto fue su negligencia la que ocasionó el daño, al no tomar oportunamente decisiones que mitigaran las obras que se efectuaron para implementar el sistema de transporte integrado.

Frente al llamamiento, indicó que al proceso no se aportó el contrato de seguro, solo la carátula, por lo que al juez no le es posible interpretar el contrato con el propósito de inferir los riesgos o condiciones que no se convinieron; además, en caso de que se declare probada la responsabilidad del municipio de Santiago de Cali, por omisión en el cumplimiento de sus obligaciones, esto implicaría que incurrió en culpa grave, acto que no se encuentra asegurado, de conformidad con el artículo 1055 del Código de Comercio.

Adicionalmente, sostuvo como excepción la “genérica o innominada”, la prescripción y la existencia de cláusula compromisoria.

Finalmente, la Sala advierte que, a pesar de haber sido llamada en garantía por las dos entidades demandadas, solo hizo referencia al llamamiento efectuado por el municipio de Santiago de Cali.

4.3. La etapa probatoria y los alegatos de conclusión

A través de providencia del 31 de octubre de 2007, el Tribunal a quo decretó las pruebas solicitadas por las partes: testimonios y dictamen pericial y, una vez vencido el período probatorio, por auto del 7 de septiembre de 2009, corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo.

4.3.1. En esta oportunidad, la apoderada del municipio de Santiago de Cali reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda; además, hizo un estudio detallado de las pruebas allegadas al proceso, especialmente de los testimonios con los que consideró que, contrario a lo afirmado por la demandante, se probó que no hubo cierres permanentes de las vías de acceso al establecimiento de comercio, por el contrario, se acreditó que hubo vías alternativas habilitadas por las autoridades competentes para permitir el acceso constante al local.

Sostuvo que la actora no logró demostrar la afectación de sus ventas con la construcción de las obras del MIO, por cuanto el establecimiento denominado “Hipercentro del Mármol Guerrero & Guerrero” solo se trasladó a una cuadra y media del lugar inicial, como lo expresaron los declarantes; además, la obra era necesaria, por lo que concluyó que no hubo quebrantamiento de los derechos de la demandante.

4.3.2. La apoderada de la sociedad METRO CALI S.A. sostuvo que en el presente caso no se probaron los elementos de la responsabilidad en cabeza de la entidad; y que, por el contrario, quedó acreditado que existieron motivos de utilidad pública que trajeron como consecuencia la entrega del inmueble arrendado por la sociedad Guerrero & Guerrero Arquitectura Ingeniería Ltda., de conformidad con los procedimientos establecidos en la ley.

4.3.3. La llamada en garantía aprovechó la oportunidad procesal para referirse a las pruebas practicadas en el proceso y concluir que la sociedad METRO CALI S.A. indemnizó al propietario del local comercial.

Adicionalmente, solicitó que se declarara probada la objeción por error grave efectuada por las demandadas en contra del dictamen contable practicado en el proceso, por cuanto no tuvo los soportes contables y financieros indispensables.

4.3.4. Finalmente, la parte demandante, con apoyo en la teoría del daño especial, sostuvo que las obras de implementación del MIO fueron realizadas en beneficio de toda la ciudadanía, por tanto, no tiene por qué soportar exclusivamente los perjuicios.

Afirmó que, con las declaraciones de los testigos y el certificado de cámara de comercio quedó acreditado que la demandante explotaba un local comercial en la carrera 1 Nº 30-17 y con el oficio suscrito por el jefe de la oficina jurídica de METRO CALI S.A. quedó probado que el segundo tramo de las obras del MIO se desarrolló en la carrera 1ª entre calles 19 y 40 de la ciudad de Cali. Finalmente, sostuvo que el daño emergente y el lucro cesante fueron debidamente acreditados, por tanto, procede la declaración de responsabilidad en cabeza de las demandadas.

Por último, hizo un recuento de las objeciones realizadas por las entidades demandadas al dictamen pericial, las cuales, a su juicio, carecen de soporte.

El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

5.- La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 29 de junio de 2011, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que en el presente caso no se acreditaron los hechos que le sirvieron de fundamento, de acuerdo con los siguientes argumentos (se trascribe de forma literal, incluidos los errores si los hay):

“En relación al daño que dice el demandante se le causó, con ocasión a la solicitud de desocupar el inmueble arrendado, en donde funcionaba el establecimiento HIPERCENTRO DEL MÁRMOL GUERRERO & GUERRERO ubicado en la Kra 1 Nº 30-17, el cual fue vendido a METROCALI; no se allegó el material probatorio idóneo debidamente soportado que demostrara la variación económica en el flujo de los negocios del demandante, además no se aportaron los contratos de arrendamiento en donde se pudiera observar como las partes habrían pactado el reconocimiento de las mejoras o su amortización y los pertinentes contratos de obra. Así mismo olvidó el demandante allegar los correspondientes certificados del revisor fiscal y en su defecto del contador público, con los cuales se hubiera dado fe de la veracidad y legalidad de los documentos contables aportados al expediente, tal y como lo establece la ley.

“Por otro lado cabe resaltar que la fecha de iniciación de las labores de construcción del Sistema Integrado Masivo de Occidente – MIO, y antes de que se procediera a la venta por parte del propietario del inmueble arrendado a la sociedad demandante a METRO CALI, ésta última ya había iniciado sus labores de socialización del inicio de las obras que se iban a llevar a cabo en la carrera 1ª de la ciudad de Cali, para que así los dueños de los locales y negocios fueran buscando soluciones a las incomodidades e inconvenientes que posiblemente se les iban a presentar y de esta forma las obras emprendidas por la administración no fueran a causar un mayor impacto en el giro de los negocios.

“Lo anterior en virtud de que conforme a lo probado no puede afirmarse que el daño alegado tuvo como consecuencia directa una actuación legítima de la Administración amparada por normas superiores, y al ser así se infiere que la sociedad demandante no demostró que soportó una carga excepcional o un mayor sacrificio que rompió la igualdad frente a las cargas públicas. Se considera que el daño no se encuentra plenamente demostrado en este proceso, no pudiendo en consecuencia esta Sala de decisión entrar a considerar la existencia de un nexo de causalidad entre el actuar legítimo de la Administración y el perjuicio que dice la sociedad demandante se le ocasionó en busca del bienestar general creando un desequilibrio frente a las cargas públicas. Por lo tanto se denegarán las pretensiones de la demanda”.

6.- Objeto de la apelación

La parte demandante presentó escrito de apelación, en el cual solicitó la revocatoria del fallo de primera instancia, por cuanto este es violatorio de normas sustanciales, por los siguientes motivos:

Sostuvo que el Tribunal desconoció normas del Estatuto Tributario al omitir valorar la información financiera aportada y el dictamen pericial rendido, por cuanto los documentos no fueron suscritos por el revisor fiscal de la compañía, situación que, a su parecer, no es cierta, porque en el expediente obran las certificaciones por él suscritas y declaraciones que acreditaron el daño padecido por la sociedad demandante, las cuales relacionó nuevamente.

Asimismo, sostuvo que el Tribunal incurrió en violación directa del artículo 304 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto no motivó su decisión, al hacer una simple referencia a documentos repetidos y mal relacionados, lo que hace imposible para la demandante debatirlos.

A continuación, indicó que el revisor fiscal certificó cada una de las cifras reclamadas por las adecuaciones efectuadas en los locales relacionados en la demanda, los gastos efectuados por publicidad, los préstamos bancarios y los impuestos dejados de pagar por cuenta de los perjuicios causados con las obras del MIO, las cuales fueron verificadas y tomadas de los libros contables, por lo que reflejan la realidad económica de la sociedad y que fue omitida por el Tribunal de instancia en la sentencia.

En relación con la pérdida del “Good will”, sostuvo que al proceso fue aportada la certificación suscrita por el revisor fiscal, que determinó el valor dejado de percibir por la sociedad por las operaciones futuras que la empresa dejó de obtener para volver a posicionarla de acuerdo con las operaciones del 2004, suma que se encuentra soportada con el dictamen pericial.

Respecto del argumento expuesto en la sentencia, relativo a que la sociedad demandante abandonó el local antes de que se produjera la expropiación por parte de METRO CALI S.A., sostuvo que se incurrió en una violación de los artículos 516, 518 y 522 del Código de Comercio, porque la sociedad demandante tenía un contrato de arrendamiento suscrito hasta el 30 de junio de 2005, el cual generó para METRO CALI S.A. la obligación de indemnizar al arrendatario por los perjuicios causados, pues la actora tenía derecho a la renovación del contrato, por haberlo ocupado por más de dos años.

Reiteró que METRO CALI S.A. pagó en su momento al dueño del inmueble el valor del mismo, de acuerdo con el avalúo practicado por peritos, pero nunca indemnizó a la sociedad por la eliminación de su punto de venta, el cual “desocuparon temporalmente, procurando evitar a sus clientes las incomodidades que iban a sufrir con las obras del MIO, sin sospechar que nunca regresarían a él”.

Manifestó que la existencia del contrato de arrendamiento quedó acreditada con la declaración rendida por el representante legal de la sociedad actora, obrante de folios 1 a 10 del cuaderno Nº 4 y en el acta de entrega del 12 de abril de 2005, visible a folio 197 del cuaderno Nº 1, el cual venía desde el 2000, por tanto, llevaban más de cuatro años ocupando el local.

También indicó que en la sentencia omitió referirse expresamente a las utilidades dejadas de percibir por la sociedad, de conformidad con las pruebas aportadas.

Finalmente, indicó que el Tribunal afirmó que al no acreditarse el daño no era posible considerar el nexo causal entre el actuar legítimo de la Administración y el perjuicio que dice sufrió la sociedad; sin embargo, insistió en que el nexo de causalidad se demostró, pues como consecuencia directa de las obras que adelantó METRO CALI S.A., la sociedad debió soportar una carga excepcional que se concretó en la desaparición del establecimiento de comercio, para dar paso a un puente peatonal, lo que a su vez trajo una afectación económica.

7.- Trámite en segunda instancia

El recurso interpuesto fue concedido a través de auto del 17 de abril de 2012 y admitido en esta Corporación el 6 de julio siguiente. Posteriormente, mediante providencia del 28 de septiembre de 2012, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo.

La apoderada de la parte demandante presentó sus alegatos de conclusión, en ellos reiteró lo expuesto a lo largo del proceso y en especial en el recurso de apelación y concluyó que, como consecuencia directa de las obras adelantadas por METRO CALI S.A. la sociedad demandante debió soportar una carga excepcional que se concretó en la desaparición del establecimiento de comercio de la sociedad Guerrero & Guerrero Arquitectura Ingeniería Ltda., para dar paso a un puente peatonal.

Por último, indicó que METRO CALI S.A. fue la causante del daño, por cuanto tenía “el deber de renovar el contrato de arrendamiento en su condición de nuevo propietario del inmueble o en su defecto pagar la indemnización por el grave perjuicio causado. Situación que provoca el daño recibido por la actora, consistente entre otros, en: el hecho de que se vayan al piso las ventas (…)”.

La demás partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

II.- C O N S I D E R A C I O N E S

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, del 29 de junio de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

1.- Competencia

Para que el asunto tenga vocación de doble instancia, la cuantía del proceso debe exceder de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes en el año 2007 –fecha de presentación de la demanda–, esto es, la suma de $216’850.000. Dado que la suma pretendida en la demanda, por concepto de lucro cesante, es de $1.614’923.834, se impone concluir que esta Corporación es competente para conocer, en segunda instancia, del recurso de apelación interpuesto.

2.- La oportunidad de la acción

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos.

En el presente caso, la demanda se presentó por los supuestos perjuicios que habría sufrido la accionante como consecuencia de la construcción de la obra de Transporte Masivo Integrado de Occidente –MIO- en el sector de la carrera primera de la ciudad de Cali.

Al revisar el expediente, la Sala advierte que, como pruebas aportadas al proceso con el fin de acreditar la existencia de dicha obra, se encuentra la respuesta del 6 de diciembre de 2005 a la petición elevada por la sociedad accionante, el 28 de octubre de 2005, en la que se le informó que las obras correspondientes al primer tramo de la carrera primera del sistema MIO fueron entregadas el 30 de junio de 2005 y que las obras correspondientes al segundo tramo iniciaron el 9 de diciembre de 2004 y terminaban el 15 de diciembre de 2005.

Adicionalmente, a folio 197 del cuaderno principal, obra el documento del 12 de abril de 2005, aportado por la demandante e identificado como “Acta de entrega” del inmueble ubicado en la carrera 1 Nº 30 – 17 al señor Gustavo Mejía Mejía, a quien se identificó como el propietario.

También, en los hechos de la demanda, la accionante indicó: “Con ocasión de las obras del MIO y ante el cierre de la vía en el mes de febrero de 2005, lo cual trajo como consecuencia el difícil acceso de la clientela al establecimiento de comercio, la compañía se vio abocada a entregar el referido local, el 12 de abril de 2005, con el fin de no perder la clientela”.

Así pues, sin una prueba que permita determinar el momento en el cual la actora tuvo conocimiento del inicio de las obras que le causaron los supuestos perjuicios, la Sala tendrá como fecha para contabilizar el término de caducidad el 12 de abril de 2005, fecha desde la cual se advierte que la sociedad demandante hizo entrega del inmueble que ocupaba y, como la demanda se presentó el 13 de febrero de 2007, esto se hizo dentro del término previsto, sin que operara el fenómeno de la caducidad, de conformidad con lo normado en el ordinal 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

3.- La legitimación en la causa

La Sala encuentra legitimada para actuar a la sociedad Guerrero & Guerrero Arquitectura Ingeniería Ltda., de conformidad con el certificado de existencia y representación allegado al expediente y en calidad de arrendataria del inmueble ubicado en la carrera 1 Nº 30 – 17 en el que se acreditó que se encontraba el establecimiento de comercio “Guerrero & Guerrero Arquitectura Ingeniería”.

Igualmente, METRO CALI S.A. y el municipio de Santiago de Cali se encuentran legitimados en la causa por pasiva de hecho, porque la legitimación material se examinará en el fondo, dado que contra estas entidades se dirigió la demanda y están debidamente representadas, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 446 de 1998 y con la jurisprudencia de la Sala Plena de esta Sección.

4.- Hechos probados

Revisado el material probatorio aportado con la presentación de la demanda, la Sala encuentra probado que la sociedad Guerrero & Guerrero Arquitectura Ingeniería Ltda. tenía arrendado un local ubicado en la carrera 1 Nº 30 – 17, cuyo arrendador era el señor Alejandro Suárez por el término prorrogable de un año y que inició el 1 de agosto de 2004.

La demandante acreditó, con el certificado de existencia y representación legal de la sociedad, expedido por la Cámara de Comercio de Cali, que la sociedad Guerrero & Guerrero Arquitectura Ingeniería Ltda., en el mes de enero de 2005, tuvo un establecimiento de comercio denominado “Guerrero & Guerrero Arquitectura Ingeniería” en la carrera 1 Nº 30 – 17 y otro denominado “Hipercentro del Mármol Guerrero & Guerrero” en la calle 13 Nº 75 – 60 de la ciudad de Cali.

Adicionalmente, con el contrato de arrendamiento suscrito entre el señor Diego Guerrero Vargas, representante legal de la parte actora, y el señor Isaac Bensur Levy, se acreditó que la sociedad arrendó el local ubicado en la carrera 13 Nº 75 – 52 a partir del 10 de febrero de 2004.

La actora, a través de la petición del 28 de octubre de 2005, recibió la siguiente información por parte de la sociedad METRO CALI S.A. (se trascribe de forma literal, incluidos los errores si los hay):

“METROCALI está autorizada para adelantar las obras para el S.I.T.M. mediante los siguientes documentos:
“POT de septiembre de 2000.
“Documento CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) 3166 de mayo 23 de 2002 y 3369 de 1 de agosto de 2005.
“Convenio Interadministrativo para la intervención y utilización de vías y espacio público, celebrado entre el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, la Secretaría de Infraestructura y Valorización y Metro Cali S.A. el 11 de febrero de 2003.
“Convenio interadministrativo de utilización de vías y operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali suscrito el 11 de febrero del 2003 entre la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal y Metro Cali S.A.

“Al punto segundo:

“Si las obras del primer tramo de la carrera 1 de Sistema de Trasporte Masivo Integrado de Occidente (MIO) fueron debidamente entregadas por el contratista a METROCALI, o para cuando está prevista la entrega de las mismas?

“Estas obras fueron entregadas por el contratista el 30 de junio de 2005.

“(…).

“La fecha de inicio del contrato fue el 9 de diciembre de 2004 y la fecha de terminación será el 15 de diciembre de 2005.

“(…).

“El proyecto está localizado en la carrera 4 Norte entre avenida Las Américas y calle 26 y carrera 1 entre calles 19 y 40 de la actual nomenclatura de Santiago de Cali”.

A partir del 6 de diciembre de 2005, la sociedad actora conoció que el local en el cual se encontraba el establecimiento de comercio que funcionaba en la carrera primera, denominado “Guerrero & Guerrero Arquitectura Ingeniería”, iba a ser afectado por las obras del MIO.

Con la demanda se allegó al proceso un documento denominado “Acta de entrega”, con el que se pretendió acreditar la fecha en la cual hizo entrega del inmueble en donde se encontraba ubicado el establecimiento de comercio denominado “Guerrero & Guerrero Arquitectura Ingeniería”, en dicho documento se indicó (se trascribe de forma literal, incluidos los errores si los hay):

“Yo, Gustavo Mejía Mejía identificado con Nº C.C. 16236331 de Cali, propietario del local comercial ubicado carrera 1 Nº 30 – 17 en el barrio Fátima recibo en buenas condiciones el inmueble arrendado a la empresa Guerrero & Guerrero.

“Firma a los 12 días del mes de abril de 2005.

“Propietario Guerrero & Guerrero (Dpto. Técnico)”.

Sin embargo, el señor Gustavo Mejía Mejía, a quien se identificó como propietario, no coincide como tal con los datos anotados en el contrato de arrendamiento que se suscribió por ese local comercial, el 16 de junio de 2003.

Además, no se especificó si el local fue requerido por el arrendador, la forma de terminación y las causales, en especial porque de lo probado en el proceso se pudo advertir que el contrato de arrendamiento inició el 1 de agosto de 2003 y para la fecha de entrega del bien -12 de abril de 2005- aún no se habían cumplido dos años en él (a pesar de que se dijo que lo ocuparon por más de 12 años, esto no fue probado).

La Sala advierte que al proceso no se allegó una prueba que acredite que efectivamente se hubiera efectuado el cierre de la vía que supuestamente conducía al establecimiento de comercio de la actora y que este hubiera sido entre los meses de febrero y abril de 2005; si bien obran unos testimonios en los cuales se hizo referencia a las obras, de ellos no es posible concluir lo dicho en la demanda.

En estos testimonios se realizaron las siguientes afirmaciones (se trascribe de forma literal, incluidos los errores si los hay):

“Se hace seguir a Francisco José Cortázar Franco (…) yo conozco la sociedad desde octubre 30 del año 2001, fecha en la cual fui nombrado como revisor fiscal de esta sociedad (…). PREGUNTADO: Diga al Despacho si actualmente se sigue desempeñando como revisor fiscal de la sociedad antes mencionada. CONTESTÓ: Sí señor. (…). PREGUNTADO: (…) diga al Despacho si la misma ha tenido algún tipo de declive económico y por qué? CONTESTÓ: Sí señor. Esta sociedad con ocasión a la construcción de las obras de infraestructura vial MIO disminuyó sus ingresos aproximadamente en un 75% (…) por la pérdida de muchos clientes en esa época que no pudieron seguir siendo atendidos de una manera oportuna dado que era sumamente difícil ingresar a las bodegas donde funciona la compañía por la carrera primera que era la vía principal; mucho después tuvieron que habilitar entradas por la Avenida 3º Norte para poder ingresar por detrás de la antigua sede de la licorera del Valle lo cual era sumamente dispendioso, estas circunstancias afectaron significativamente el movimiento de las ventas de la compañía. (…) PREGUNTADO: Sírvase manifestar si recuerda usted en qué fecha la sociedad Guerrero & Guerrero Arquitectura Ingeniería Ltda., hizo entrega real y voluntaria del local comercial de la carrera 1 Nº 3 – 17 a su arrendador (PLOVAL S.A.) y si para la fecha de entrega del local comercial se encontraba en la etapa de pre construcción o construcción de las obras del sistema SITM. CONTESTÓ: Con precisión no recuerdo el día, lo que sí recuerdo es que fue a finales del mes de marzo, en ese momento ya habían iniciado la etapa de señalamiento y cierre de vías y la socialización que demanda un trabajo de estos para la comunidad (…). Primero que todo el inmueble (…) no era propiedad de la firma Guerrero & Guerrero, este inmueble era de propiedad de PLOVAL S.A., a quien METROCALI le ordenó la expropiación que condujo finalmente a la entrega de este edificio, dado que justamente donde estaban las instalaciones de Guerrero & Guerrero (…) es donde hoy está el puente peatonal que cruza desde la carrera 2 hasta toda la carrera 1 contiguo al cementerio central (…) fue así como tuvimos que trasladarnos a las bodegas de la carrera 2 (…) fue necesario tomar en arrendamiento una sede ubicada en la calle 13 número 5 – 16 de la avenida Pasoancho con el fin de promover los productos (…). Acciones para atender a los clientes no podíamos hacer porque teníamos que someternos a una regulación que el tránsito diseñaba para acceder a vías alternas (…) PLOVAL S.A. no hizo ningún reconocimiento a la sociedad Guerrero y Guerrero Arquitectura Ingeniería Ltda” (subrayas de la Sala).

Si bien el revisor fiscal hace referencia a la dificultad para el ingreso al local, también advierte de la habilitación de otras vías; además, no recuerda con certeza las fechas en las cuales ocurrió lo afirmado por él.

El señor Álvaro José González Álvarez indicó haber trabajado para la sociedad demandante desde el 2001 y durante cinco años y medio; además, dijo haber dejado la empresa por la disminución de las ventas, así lo manifestó (se trascribe de forma literal, incluidos los errores si los hay):

“Después de que por causa de la construcción del MIO se cerró el punto de venta de la carrera 1ª con 30, el volumen de ventas cayó bastante (…). PREGUNTADO: Indique al Despacho qué traumatismo generó para la clientela el acceso al establecimiento de comercio situado en la carrera 1 Nº 30 – 17, ante el cierre de la vía con ocasión de las obras del MIO en el mes de febrero de 2005. CONTESTÓ: Ahí se presentaron dos situaciones, la gran mayoría de nuestros clientes ya sabían que era Guerrero y Guerrero Arquitectura Ingeniería Ltda., ya no nos ubican porque la empresa hizo una inversión muy grande en publicidad tanto radial como televisiva, mostrando a la clientela dónde estábamos ubicados, al ya no estar en el punto de venta de la primera, ya los clientes primero no encontraron acceso fácil y muchos de ellos se perdían y optaban por no ir dada la dificultad de ingreso (…) básicamente el acceso era caótico, no había espacios para parquear, los clientes preferían no ir pensando no pasar incomodidades y evitar robos en sus vehículos (…). PREGUNTADO: Sírvase manifestar si el local de la calle 13 número 75 – 60 (avenida Pasoancho) ya existía o si por el contrario fue alquilado por la sociedad Guerrero y Guerrero para suplir la desocupación del local ubicado en la carrera 1 número 30-17, CONTESTÓ: Cuando yo ingresé a trabajar ya había un punto de venta en ese local, no sé qué había antes de eso, sí supe que eso fue un edificio de la cruz roja, pero básicamente cuando ingresé a trabajar ahí ya existía el local no estaba remodelado con acabados lujosos eso se hizo con mi ingreso y con el ingreso de la arquitecta del departamento técnico” (subrayas de la Sala).

El señor Freddy Gómez Valencia, administrador de empresas y empleado en Guerrero & Guerrero Arquitectura Ingeniería Ltda., en relación con los hechos de la demanda indicó (se trascribe de forma literal, incluidos los errores si los hay):

“(…) En los últimos tres años tuvo una alta disminución en las ventas naturalmente en sus ingresos, debido a la construcción de las obras de se desarrollaron del MIO en la carrera 1 hecho que percutió de manera negativa en el buen desarrollo de la empresa, pues durante esta construcción que ocasionó muchos daños en las vías de acceso a nuestro punto de venta que estaba ubicado exactamente en la carrera 1 número 30 – 19 esquina donde era muy difícil el acceso hasta el arranque de las obras del MIO donde ya se dificultó desde todo punto de vista el ingreso de nuestros clientes (…). Hasta cuando se empezaron a desarrollar las obras del MIO por decisiones de METROCALI, más o menos hasta febrero, marzo o abril de 2005 que fue la época cuando empezaron las obras. (…) en razón del cierre del punto de ventas de la carrera 1ª ante el difícil acceso de los clientes, ante el incremento de robos en ese sector la gerencia administrativa decide abrir un punto de ventas en la avenida Pasoancho con 75 con una sala de exhibición. (…)”.

De su relato, para la Sala no resulta clara la fecha en la cual se iniciaron las obras del MIO en el sector donde se encontraba el establecimiento de comercio de la parte actora o la fecha en la que este fue cerrado; además, afirmó que el establecimiento fue reemplazado por un punto de ventas en la avenida Pasoancho, de la ciudad de Cali, mientras que la directora de importaciones de la demandante indicó (se trascribe de forma literal, incluidos los errores si los hay):

“(…) La gente no acudía al sitio, en primer lugar por los trancones, en segundo lugar por la inseguridad y por lo sucio del lugar. Debido también a las obras del MIO nos vimos abocados a salir del sitio a las bodegas de Guerrero & Guerrero que quedaban a la cuadra y media con mucho malestar (…). PREGUNTADO: Nos puede manifestar en qué fecha se dio cuenta la sociedad Guerrero & Guerrero que tenía que desocupar el local de la carrera primera con treinta. CONTESTÓ: Fecha exacta fue del 2005 o 2006, no digo con puntualidad la fecha en este momento no me acuerdo, pero sí sé que la sala sur se tuvo que adecuar meses antes de que tuviéramos que desocupar la sala norte o la sala de la carrera primera (…)”.

Además, como sucede con los demás declarantes, la testigo no es precisa al indicar las fechas en las cuales se cerró el local y en las que se llevaron a cabo las obras del MIO.

En relación con estos testimonios, el ordenamiento jurídico colombiano ha establecido como testigos sospechosos, entre otros, a aquellos que tienen relación laboral con la parte demandante.

El Código de Procedimiento Civil, en su artículo 217, establece:

“Son sospechosas para declarar las personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas”.

A su turno, el inciso tercero del artículo 218, ibídem, dispone:

“El juez apreciará los testimonios sospechosos, de acuerdo con las circunstancias de cada caso”.

En concordancia con lo anterior, el artículo 187 de la misma normativa, sobre la apreciación de las pruebas, preceptúa:

“Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.

El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”.

Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha dicho, de manera reiterada, que los testimonios que resulten sospechosos no pueden descartarse de plano, sino que deben valorarse de manera más rigurosa, de cara a las demás pruebas obrantes en el proceso y a las circunstancias de cada caso, todo ello basado en la sana crítica.

Para la Sala, la forma en que se narraron los hechos no es congruente y presenta contradicciones y vacíos; nótese que en todas las declaraciones aseguraron que el traslado del establecimiento de comercio obedeció al cierre de la vía donde se ubicaba el local; pero unos afirmaron que el local fue entregado en la etapa previa a la construcción, otros aseguraron que continuaron allí y se habilitaron vías alternas de ingreso y en algunos casos no recordaban la fecha exacta en la que sucedieron los hechos; pero que la construcción sí fue la causa de la disminución de las ventas y con ello la afectación de sus trabajos.

Dentro del proceso se practicó el dictamen pericial rendido por una contadora, nombrada por el Tribunal de instancia, en el cual se pretendió establecer y cuantificar el desequilibrio económico que se dijo sufrió la actora con el cambio de local, dicho dictamen fue aclarado y complementado de conformidad con la petición elevada por las partes y objetado por error grave.

Vale la pena resaltar que frente a la prueba pericial esta Subsección ha señalado que constituye un elemento de convicción que debe ser valorado por el funcionario judicial, inicialmente de acuerdo con los criterios previstos en los artículos 233 y siguientes del C.P.C. y luego en conjunto con los demás medios probatorios, según las reglas de la sana crítica.

El artículo 241 del Código de Procedimiento Civil establece que el juez al valorar el dictamen pericial debe tener en cuenta la “firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso”, lo que claramente se traduce en que el fallador es autónomo para valorar el dictamen y verificar la lógica de sus fundamentos y resultados, toda vez que el perito es un auxiliar de la justicia, pero no es a quien corresponde impartirla.

Textualmente, se indicó lo que a continuación se enuncia:

“La Sala precisa, que el dictamen pericial constituye un elemento más de prueba que debe ser valorada por el funcionario judicial inicialmente de acuerdo con los criterios previstos en el artículo 241 del Código Procesal Civil, y luego en conjunto con los demás medios probatorios teniendo en cuenta las reglas de la sana crítica.

“Pues bien, el dictamen es un medio de convicción con el cual un experto aporta al proceso elementos técnicos, científicos o artísticos, con miras a contribuir a dilucidar la controversia.

“La ley procesal determina que la pericia contenga una relación detallada de las operaciones practicadas y de sus resultados, explicando cuáles fueron los instrumentos, materiales y sustanciales empleados.

“Exigencia lógica si se atiende a que con base en esa relación el funcionario judicial lleva a cabo la apreciación del dictamen, dado que las conclusiones tienen como soporte y garantía de credibilidad las labores adelantadas por el perito para llegar a esa opinión.

“Además, deben contener las conclusiones formuladas por los expertos con arreglo a los principios de la ciencia, arte o técnica aplicada, respondiendo ordenadamente y en forma concreta y expresa todos los puntos sometidos a su consideración.

“En síntesis, el dictamen debe contener dos partes, la descripción del proceso cognoscitivo, y las conclusiones. El primero, comporta la clase de dictamen, las preguntas por responder, el objeto, persona, cosa o fenómeno sometido al proceso de conocimiento, explicar de manera clara el procedimiento técnico, artístico o científico realizado, informando la metodología y medios utilizados, y describir los hallazgos o comprobaciones realizadas, dejando memoria o reproducción de ellos. Las comprobaciones comparadas con el cuestionario extendido por el funcionario judicial y sus respuestas, arrojan las conclusiones del dictamen.

“Presentado el dictamen el funcionario judicial debe examinar la coherencia del proceso cognoscitivo y su congruencia con las conclusiones, y todo su conjunto con las preguntas contenidas en el cuestionario.

“El dictamen debe ser claro y preciso, explicando los exámenes, experimentos e investigaciones realizadas y los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones”.

Entonces, para la apreciación del dictamen pericial se tendrá en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y las demás pruebas que obren en el proceso.

Descendiendo al dictamen pericial practicado en el proceso, la Sala advierte que la auxiliar de la justicia tomó como referente los documentos aportados por la parte actora, entre ellos, cartas suscritas por el representante legal de la sociedad en las que se afirma que la disminución en los ingresos de la compañía se originó en el cierre del establecimiento de comercio ubicado en la carrera primera de la ciudad de Cali, como consecuencia de la construcción de las obras del MIO; no obstante, la Sala advierte que en el proceso no se acreditó el cierre de la vía o que el local haya sido entregado por esta causa.

En relación con las objeciones efectuadas por las demandadas, de conformidad con los postulados legales que regulan la profesión del Contador Público, las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia y las disposiciones legales que regulan la elaboración y presentación de estados financieros, estos fueron aportados adecuadamente, pues fueron suscritos por el representante legal, el revisor fiscal y se certificó que la información fue tomada de los libros de contabilidad de la sociedad.

De las afirmaciones realizadas por la perito, con base en los estados financieros presentados, específicamente sobre los ingresos obtenidos por la sociedad y su disminución entre el 2003 y el 2006, la Sala advierte que, luego de que se ampliaran los datos sobre los ingresos de la compañía desde 1998 hasta el 2004, puesto que, inicialmente solo se hizo referencia a los datos entre el 2003 y 2006, la conclusión a la cual se puede llegar es que la empresa tuvo un comportamiento variable, sin que se hayan analizado los motivos en la experticia.

En efecto, en 1998 hubo un total de ingresos netos de $1.388’058.000; en 1999, de $570’000.000; en 2000, de $1.040’877.000; en 2001, de 1.012’254.000; en 2002, de $2.230’973.000; en 2003, de $4.157’413.000, en 2004, de $3.803’620.000; en 2005, de $1.215’458.000 y, en 2006, de $592’141.000; por tanto, concluir que la disminución entre el 2003 y el 2006 obedeció a la construcción de las obras del MIO y al cambio del local, no tiene suficiente respaldo probatorio, pues estos valores demuestran que la sociedad presentó ingresos que variaron a lo largo de esos años, cuando aún no se había dado inicio a las obras.

Adicionalmente, en relación con las sumas invertidas por la demandante en la adecuación de los locales, antes y después de las obras, la Sala advierte que la auxiliar de la justicia trascribió los valores suministrados por la parte actora para cada uno de los locales en los cuales se realizaba alguna actividad por parte de la sociedad

Sin embargo, no tuvo en cuenta que algunos de estos ya funcionaban desde antes del inicio de las obras del MIO, como lo expresaron los empleados que rindieron su testimonio en este proceso y el contrato de arrendamiento aportado, y sin que se haya allegado una prueba, diferente a lo dicho por el representante legal de la sociedad o sus empleados, de que estos costos fueron consecuencia directa de la construcción de la obra pública, restándole credibilidad.

En relación con el “good will”, la auxiliar judicial concluyó que esta empresa, “a pesar de la situación económica y del hecho que debieron trasladarse aproximadamente 2 cuadras hacia atrás, a la fecha se mantiene con un buen uso de su nombre en el mercado, arrojando pérdidas operacionales en el 2004 y 2005, situación que es normal cuando se inician nuevos puntos de venta, en este caso fueron 3 puntos que se aperturaron y el punto de equilibrio la mayoría de las veces es mayor a 2 años”; sin embargo, en la aclaración del dictamen indicó que el buen nombre de la compañía se vio afectado por las obras del MIO sin que precise elementos objetivos con apoyo en los cuales habría adquirido dicho conocimiento y modificado su conclusión inicial.

Respecto de los costos financieros por concepto de intereses pagados a los bancos de Bogotá y de Occidente, la auxiliar de la justicia trascribe detalladamente la información suministrada por la actora, anotando que entre el 2004 y el 2006 hubo sobregiros por falta de liquidez e intereses corrientes por préstamos que le fueron otorgados a la sociedad.

No obstante, para la Sala no deja de ser una simple relación de datos que incluso puede tener una interpretación diferente a la otorgada por la auxiliar, puesto que, de los demás documentos obrantes en el proceso, como el balance general, la Sala advierte que la sociedad, a 31 de diciembre de 2004, tenía un total de cuentas por cobrar a clientes equivalente a $355’207.836 y un total en la casilla correspondiente a “deudores” de $1.104’821.324, deudas que no guardan relación con las obras del MIO y que pudieron haber afectado los ingresos de la sociedad y obligarlos a recurrir a préstamos.

Sin embargo, nada de esto se analiza en el dictamen; además, de los documentos aportados no se pueden establecer los motivos de esos préstamos y la relación que tuvieron con lo que se alegó en la demanda, lo mismo sucedió en relación con los procesos iniciados por la DIAN ante el incumplimiento de las obligaciones legales.

Por tanto, para la Sala, con el dictamen pericial solo se acreditó una disminución en los ingresos entre el 2003 y el 2004, así como unos costos por concepto de adecuaciones locativas y de intereses en los cuales se incurrió por unos préstamos; sin embargo, las conclusiones consignadas en el mencionado dictamen pericial, relativas al origen de estos, solo fueron respaldadas con las pruebas que militan en el expediente -las cuales fueron refutadas por las demandadas-, especialmente los documentos en los que la auxiliar de la justicia solicitó información a la sociedad y transcribió las respuestas otorgadas por el representante legal; además, no son claras, concretas y precisas como lo exige la ley.

5. El daño

De acuerdo con lo establecido por el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

Para la Sala, con las pretensiones y hechos narrados en la demanda, la parte demandante procura el reconocimiento de los perjuicios materiales causados “con la construcción de la obra de Transporte Masivo Integrado de Occidente – MIO-” que obligó al “cierre de la vía (en la cual se encontraba el local ocupado por la actora) en el mes de febrero de 2005, lo cual trajo como consecuencia el difícil acceso de la clientela al establecimiento de comercio”, por lo que la “compañía se vio abocada a entregar el referido local, el día 12 de abril de 2005, con el fin de no perder la clientela, trasladándose a otro cercano”.

Para acreditar el supuesto daño, fueron arrimadas al expediente las pruebas antes relacionadas; de ellas, la Sala observa que la actora probó ser la arrendataria del inmueble ubicado en la carrera 1 Nº 30 – 17, cuyo arrendador era el señor Alejandro Suárez, por el término prorrogable de un año, que inició el 1 de agosto de 2004 y la devolución del local comercial al señor Gustavo Mejía Mejía, el 12 de abril de 2005.

Que, a partir del 10 de febrero de 2004, arrendó el local ubicado en la carrera 13 Nº 75 – 52 y que en estos locales desarrollaba actividades de construcción de todo tipo de obras civiles y/o arquitectónicas.

Además, con el dictamen pericial, a pesar de los vacíos presentados, la Sala puede concluir que se acreditó la disminución de los ingresos de la compañía del 2003 al 2006, unos costos por adecuaciones locativas y el pago de intereses como consecuencia de unos préstamos.

6. Régimen de responsabilidad aplicable

En otras oportunidades esta Sala se ha ocupado de estudiar el régimen de responsabilidad aplicable a los casos en los cuales se reclama la indemnización de los perjuicios causados a los accionantes como consecuencia del ejercicio de una actividad lícita por parte del Estado, bajo el denominado régimen objetivo de responsabilidad por daño especial, asunto en relación con el cual se ha expuesto lo siguiente:

“Responde el Estado, a pesar de la legalidad total de su actuación, de manera excepcional y por equidad, cuando el obrar de tal modo, en beneficio de la comunidad, por razón de las circunstancias de hecho en que tal actividad se desarrolla, causa al administrado un daño especial, anormal, considerable, superior al que normalmente deben sufrir los ciudadanos en razón de la especial naturaleza de los poderes y actuaciones del Estado, rompiéndose así la igualdad de los mismos frente a las cargas públicas, o la equidad que debe reinar ante los sacrificios que importa para los administrados la existencia del Estado.
“Surge pues, de la esquemática exposición hecha, que la pretensión indemnizatoria por daño especial, excluye cualquier otra pretensión con idéntico fin, propuesta con base en la ilegalidad del acto o de la operación o el hecho administrativo, la falla o falta del servicio y la derivada de la arbitrariedad administrativa o ‘vías de hecho’” (subrayas del texto original).

Se trata, entonces, de un régimen de responsabilidad que no tiene como fundamento un error o falla atribuible al Estado o a alguno de sus agentes, sino el ejercicio, por parte de aquél o de éstos, de actividades legítimas que pueden causar daños a los administrados quienes, en aras de garantizar la equidad y el equilibrio frente a las cargas públicas, deben ser indemnizados.

En el anterior orden de ideas, la jurisprudencia de esta Sala ha precisado que la procedencia de la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado con base en la aplicación del régimen de responsabilidad por daño especial se sujeta a la concurrencia de los siguientes elementos:

“1.- Que el hecho administrativo que causa el daño provenga de una actuación legítima de la administración amparada por la normatividad legal vigente o la misma Constitución, que rompe la igualdad frente a las cargas públicas que deben soportar determinados administrados.

“Significa lo anterior que el quebrantamiento de la igualdad frente a las cargas públicas imponga a ciertos administrados un mayor sacrificio al que normalmente deben soportar los asociados en general.

“2.- Que se concrete un daño que lesiona un derecho jurídicamente tutelado el cual debe revestir las condiciones de cierto, concreto y particular.

“3.- Y que haya un nexo de causalidad entre el hecho administrativo legal y el perjuicio ocasionado.

“Lo dicho permite establecer que este régimen de responsabilidad excluye la ilegalidad del acto administrativo, los casos de responsabilidad por falta o falla del servicio de la administración y también la derivada de las vías o actuaciones de hecho.

“En tales condiciones se exige que para hablar del daño especial como presupuesto de responsabilidad de la administración este debe ser anormal, excepcional y superior al que normalmente deben sufrir los ciudadanos en razón de la especial naturaleza de los poderes y actuaciones del Estado, es decir, que solo unos pocos ciudadanos resultan sacrificados en su patrimonio como contrapartida de que la comunidad obtenga beneficios que le representa un mejoramiento en la calidad y prestación de los servicios …” (énfasis añadido).

7. El caso concreto

Descendiendo al caso concreto, si bien en el expediente figura la respuesta de METRO CALI S.A. a la parte actora, en la cual se le informó de la construcción del MIO en la carrera primera, sector en el que se encontraba su local comercial, lo primero que la Sala advierte es que no se probó que, efectivamente, con el desarrollo de la obra, se hubiera cerrado la vía y el acceso al local comercial de la demandante.

En la respuesta otorgada solo se puede determinar que el segundo tramo comprendía el lugar en el cual se encontraba el local ocupado por el establecimiento de comercio de la actora y que “el inicio del contrato fue el 9 de diciembre de 2004 y la fecha de terminación será el 15 de diciembre de 2005”; sin embargo, esto no es suficiente para afirmar que efectivamente las obras iniciaron en la fecha indicada por la demandante y que estas trajeron como consecuencia el cierre de la vía y los perjuicios materiales.

Adicionalmente, según se indicó previamente, en el proceso obra un documento que se titula “Acta de entrega”, en el cual únicamente se describió que se hizo entrega, el 12 de abril de 2005, de un local ubicado en la carrera 1 Nº 30 – 19 a un señor de nombre Gustavo Mejía Mejía, que, como ya se indicó, no coincide con el arrendador que figura en el contrato de arrendamiento suscrito por la actora el 16 de junio de 2003.

Además, no se acreditó siquiera la causal de terminación del contrato ni que el local hubiera sido requerido por motivo de expropiación, como se adujo en la demanda, para ser afectado por una obra pública o que este hubiere sido voluntariamente entregado por su propietario, afectando así la actividad comercial de la actora.

Finalmente, del dictamen pericial la Sala solo puede concluir que los ingresos de la actora entre 1998 y 2004 fueron variables, sin que se haya explicado objetivamente a qué se debió esto y que, de paso, le sirviera a la Sala para concluir que la disminución que se presentó entre el 2004 y el 2006, fue consecuencia directa del cierre del local comercial ubicado en la carrera primera de la ciudad de Cali.

No se logró establecer que los costos asumidos por la empresa por adecuaciones en los locales que adquirió estuvieran relacionados con dicho cierre, pues, se insiste, uno de estos lugares (el de la calle 13 Nº 75 – 52, avenida Pasoancho) ya se encontraba habilitado como sala de ventas, dado que había sido arrendado a partir del 1 de febrero de 2004, previo al inicio de las obras (9 de diciembre de 2004).

Además, los valores relacionados como costos financieros por concepto de intereses pagados a los bancos de Bogotá y de Occidente no dejan de ser una simple relación de datos que incluso puede tener una interpretación diferente a la otorgada por la auxiliar, puesto que, como se indicó previamente, de los demás documentos obrantes en el proceso, como el balance general, la Sala advierte que la sociedad, a 31 de diciembre de 2004, tenía un total de cuentas por cobrar a clientes equivalente a $355’207.836 y un total en la casilla correspondiente a “deudores” de $1.104’821.324, deudas que no guardan relación con las obras del MIO y que pudieron haber afectado los ingresos de la sociedad y obligarlos a incurrir en préstamos.

Sin embargo, nada de esto se analiza en el dictamen; además, de los documentos aportados no se pueden establecer los motivos de esos préstamos y la relación que tuvieron con la construcción de la obra pública; por tanto, para la Sala, a pesar de la indicación que se hizo en la demanda y en el dictamen pericial, de haber padecido unos perjuicios materiales, no se acreditó que los mismos fueran imputables a las entidades demandadas.

Recuérdese que la carga de la prueba es “una noción procesal que consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la autorresponsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las normas jurídicas cuya aplicación reclaman aparezcan demostrados y que, además, le indica al juez cómo debe fallar cuando no aparezcan probados tales hechos”. Sobre este tema se ha expresado la Corporación en estos términos:

“La noción de carga ha sido definida como ‘una especie menor del deber consistente en la necesidad de observar una cierta diligencia para la satisfacción de un interés individual escogido dentro de los varios que excitaban al sujeto’. La carga, entonces, a diferencia de la obligación, no impone al deudor la necesidad de cumplir ⎯incluso pudiendo ser compelido a ello coercitivamente⎯ con la prestación respecto de la cual se ha comprometido con el acreedor, sino que simplemente faculta ⎯la aludida carga⎯, a aquél en quien recae, para realizar una conducta como consecuencia de cuyo despliegue puede obtener una ventaja o un resultado favorable, mientras que si no la lleva a cabo, asume la responsabilidad de aceptar las consecuencias desventajosas, desfavorables o nocivas que tal omisión le acarree.

“Trayendo este concepto al ámbito del proceso y de la actividad probatoria dentro del mismo, la noción de carga se traduce en que a pesar de que la igualdad de oportunidades que, en materia de pruebas, gobierna las relaciones entre las partes procesales, dicho punto de partida no obsta para que corra por cuenta de cada una de ellas la responsabilidad de allegar o procurar la aportación, al expediente, de la prueba de ciertos hechos, bien sea porque los invoca en su favor, bien en atención a que de ellos se deduce lo que pide o a lo que se opone, ora teniendo en cuenta que el hecho opuesto está exento de prueba ⎯verbigracia, por venir presumido por la ley o por gozar de notoriedad o por tratarse de una proposición (afirmación o negación) indefinida⎯”.

Así pues, la carga de la prueba expresa las ideas de libertad, de autorresponsabilidad, de diligencia y de cuidado sumo en la ejecución de una determinada conducta procesal a cargo de cualquiera de las partes.

En los términos anteriormente expuestos, la Sala concluye que en el presente caso no están dadas las condiciones para imputarle responsabilidad al municipio de Santiago de Cali o a METRO CALI S.A. por el daño que habría padecido la demandante con ocasión de la construcción de las obras del MIO en la carrera primera de la ciudad de Cali, dado que no se acreditaron las circunstancias narradas en la demanda y sostenidas a los largo del proceso como soporte de sus pretensiones; por tanto, la sentencia será confirmada por las razones aquí expuestas.

6. Costas

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

F A L L A

PRIMERO: CONFIRMAR, por las razones expuestas, la sentencia proferida el 29 de junio de 2011 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente a su Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

MARÍA ADRIANA MARÍN

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Folio 235 del cuaderno principal. De acuerdo con el poder otorgado por el gerente de la sociedad, de conformidad con el certificado de existencia y representación de la sociedad, obrantes a folios 1 a 8 del cuaderno principal. Fl. 221 del cuaderno principal. Aportó los siguientes documentos para ser tenidos como pruebas dentro del proceso: certificados de existencia y representación de la sociedad demandante correspondientes a los años 2005 y 2007; contrato de arrendamiento de local comercial correspondiente al local ubicado en la carrera 1 Nº 30-17; respuesta proferida por la sociedad METRO CALI S.A., el 6 de diciembre de 2005, a la petición realizada por la demandante; copia de los libros auxiliares de la sociedad demandante del 2000 al 2005; copia del contrato de arrendamiento suscrito el 15 de enero de 2004 por la sociedad demandante por el local ubicado en la calle 13 Nº 75-52; documento sin firma que corresponde a la “proyección de arrendamiento Sala Sur”; documento denominado “relación de impuestos por pagar 2004”; estado de resultados; balance general y de comprobación de saldos; la declaración de renta, del impuesto de industria y comercio y sobre las ventas de la sociedad demandante; documento denominado “acta de entrega”; copia de los extractos bancarios de la sociedad demandante y, documento denominado “Good will en términos de valor presente” suscrito por el revisor fiscal de la sociedad demandante. Fls. 238 y 239 del cuaderno principal. Fls. 238 vto. y 242 y 244 del cuaderno principal. Fls. 253 a 261 del cuaderno principal. Fls. 270 a 77 del cuaderno principal. Fls. 278 a 320 del cuaderno principal. Fls. 347 y 348 del cuaderno principal. Fls. 361 a 381 del cuaderno principal. Fls. 383 a 383 del cuaderno principal. Fl. 493 del cuaderno principal. Fls. 568 y 569 del cuaderno del Consejo de Estado. Fls. 611 y 612 del cuaderno del Consejo de Estado. Fls. 625 a 628 del cuaderno del Consejo de Estado. Fl. 642 del cuaderno del Consejo de Estado. Fls. 647 a 653 del cuaderno del Consejo de Estado. La cuantía del proceso supera la exigida por la Ley 954 de 2005 para que esta Corporación pueda conocer en segunda instancia de un proceso de reparación directa (500 S.M.L.M.V). Fl. 6 cuaderno principal. Fls, 17 y 18 del cuaderno principal. Fls. 6 a 8 y 16 del cuaderno principal. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, auto del 25 de septiembre de 2013, expediente 25000-23-26-000-1997- 05033-01 (20420), CP: Enrique Gil Botero. De conformidad con el contrato de arrendamiento obrante a folio 16 del cuaderno principal. Fls. 6 a 8 del cuaderno principal. Fls. 51 a 54 del cuaderno principal. Fls. 17 y 18 del cuaderno principal. Fl. 197 del cuaderno principal. Fls. 1 a 10 del cuaderno Nº 2. Fls. 13 y 14 del cuaderno Nº 2. Fls. 19 a 21 del cuaderno Nº 2. Fls. 33 y 33 del cuaderno Nº 2. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A, C.P: Hernán Andrade Rincón, Bogotá, D.C., catorce (14) de julio de dos mil dieciséis (2016), Radicación: 410012331000199900987 01 (36932). Fls. 621 a 650 del cuaderno Nº 5 y 427 a 458 del cuaderno Nº 3. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz, sentencia del 24 de abril de 2013, rad. 26.682. Ley 43 de 1990. Decreto 2649 de 1993. Ley 222 de 1995 y Ley 1314 de 2009. Folios 583 y 584 del cuaderno Nº 3, entre otros. Para el 2003, los ingresos fueron de $4.157’413.00; para el 2004, de $3.803’620.000; para el 2005, de $1.215’458.000 y, para el 2006, de $592’141.000 (fl. 624 del cuaderno Nº 5). Folio 428 del cuaderno Nº 3. Las cuales, de conformidad con la respuesta otorgada a la petición realizada por la actora, en diciembre de 2005, iniciaron el 9 de diciembre de 2004 (fl. 18 del cuaderno principal). Folio 626 del cuaderno Nº 5.
“Artículo 241 del C. de P.C.- Apreciación del dictamen.

Al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso”. De conformidad con el contrato de arrendamiento obrante a folio 16 del cuaderno principal. Fls. 51 a 54 del cuaderno principal. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2011, C. P. Mauricio Fajardo Gómez, exp. 18381. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 25 de septiembre de 1997; Consejero Ponente: Jesús María Carrillo Ballesteros; exp.: 10.392; las consideraciones expuestas en la citada providencia fueron reiteradas por la Sala en sentencia del 13 de diciembre de 2005, C. P.: Alier Hernández Enríquez; exp.: 24.671 y del 10 de marzo de 2001, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de derecho probatorio. Bogotá: Librería Ediciones del Profesional. 2007., pág. 249. De manera más detallada el tratadista Devis Echandía expone lo siguiente: “Para saber con claridad qué debe entenderse por carga de la prueba, es indispensable distinguir los dos aspectos de la noción: 1°) por una parte, es una regla para el juzgador o regla del juicio, porque le indica cómo debe fallar cuando no encuentre la prueba de los hechos sobre los cuales debe basar su decisión, permitiéndole hacerlo en el fondo y evitándole el proferir un non liquet, esto es, una sentencia inhibitoria por falta de pruebas, de suerte que viene a ser un sucedáneo de la prueba de tales hechos; 2°) por otro aspecto, es una regla de conducta para las partes, porque indirectamente les señala cuáles son los hechos que a cada una le interesa probar (a falta de prueba aducida oficiosamente o por la parte contraria; cfr., núms. 43 y 126, punto c), para que sean considerados como ciertos por el juez y sirvan de fundamento a sus pretensiones o excepciones” DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Bogotá: Editorial Temis. 2002., pág. 405. De lo anterior, este último autor afirma: “De las anteriores consideraciones, deducimos la siguiente definición: carga de la prueba es una noción procesal que contiene una regla de juicio”. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, sentencia de noviembre 11 de 2009, exp. 173666. Cita original del Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, sentencia de noviembre 11 de 2009, exp. 173666.: “HINESTROSA, Fernando, Derecho Civil Obligaciones, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, D.C., 1969, p. 180”. QUINTERO, Beatriz y PRIETO, Eugenio. Teoría general del proceso. Bogotá: Editorial Temis. 2000. pág. 460. “la parte a que corresponda la carga de probar soporta las consecuencias de la falta de prueba”.’ CHIOVENDA, Giuseppe. Curso de derecho Procesal Civil. México. Editorial Harla. 1997. pág. 395.

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