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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2009-00379-03

Fecha
9 de mayo de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2009-00379-03

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- NIÉGASE la prosperidad de las objeciones por error grave propuestas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá S.A. E.S.P. respecto de los dictámenes periciales rendidos en el presente proceso. SEGUNDO.- NIÉGANSE las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuesta por la SOCIEDAD CANALES ANDRADE Y CIA. S.A.S. TERCERO.- Por Secretaría, efectúese la liquidación de los gastos del proceso y devuélvanse los remanentes si a ello hay lugar. CUARTO.- En firme esta providencia archívese el expediente y devuélvanse los anexos sin necesidad de desglose. […]”. (Negrilla del texto original). Consideraciones del Tribunal 57. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró lo siguiente: 12 Cfr. Folio 181 al 194 del cuaderno núm. 3 del expediente. 13 Cfr. Folio 194 al 241 del cuaderno núm. 3 del expediente. 14 Cfr. Folios 243 al 285 del cuaderno núm. 3 del expediente. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 Número único de radicación: 25000 23 24 000 2009 00379 03 Demandante: Canales Andrade y Cía. S.A.S. – CANAAN- Objeción por error grave del dictamen presentado por el auxiliar de la justicia Alberto Emilio Arias Guerrero 58. El objeto del informe pericial decretado consistía en determinar “[…] las características que una red de acueducto, alcantarillado pluvial y sanitario debe reunir para satisfacer las necesidades del proyecto […] y, si las redes de acueducto y alcantarillado pluvial y sanitario ejecutadas por CANAAN para el referido predio beneficiaron a otros predios, todo ello en los términos del escrito de la demanda […]”. 59. El dictamen pericial presentado por el auxiliar de la justicia fue objetado por error grave por parte del apoderado de la EAAB, con fundamento en lo siguiente: “[…] En primer término, argumenta que el perito al realizar su informe no tomó en cuenta el Decreto 302 de 2000 ni la Resolución No. 824 de 2008; y concluyó, que el diseño de las redes había sido impuesto de manera unilateral […] sostuvo el objetante que el informe técnico adolece de error grave al desconocer la realidad urbanística del sector en la […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2009-00379-03

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

9 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Número único de radicación: 25 000 23 24 000 2009 00379 03
Demandante: Canales Andrade y Cía. S.A.S. -CANAAN-
Demandada: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB-

Temas: Régimen de los servicios públicos y conexión a las redes locales de acueducto
y alcantarillado. El reparto equitativo de cargas y beneficios a la luz de la Ley 388 de
1997, el principio de buena fe y el enriquecimiento sin causa.

SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida, en primera instancia, el 7 de diciembre de 2017 por la Subsección
“A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las
pretensiones de la demanda.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones
de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Canales Andrade y Cía. S.A.S. -CANAAN- en adelante la parte demandante,
presentó demanda contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB1,
en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 19842.

1 Cfr. Folios 1 al 56 del cuaderno núm. 1 del expediente.
2 “[…] Por el cual se Reforma el Código Contencioso Administrativo […]”.

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Número único de radicación: 25000 23 24 000 2009 00379 03
Demandante: Canales Andrade y Cía. S.A.S. – CANAAN-

Las pretensiones

2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones3:

“[…]

PRIMERA PRETENSIÓN: Que se declare la nulidad total del acto administrativo
contenido en el Oficio 35300-2008-0183 del 3 de abril de 2008 proferido por la
Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 5 de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ -ESP-.

SEGUNDA PRETENSIÓN: Que se declare la nulidad total del acto administrativo
contenido en el Oficio 0885-2008-1822 del 1º de diciembre de 2008 proferido por
la Dirección de Apoyo Técnico de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ -ESP-.

TERCERA PRETENSIÓN: Que se declare la nulidad total del acto administrativo
contenido en el Oficio sin referencia del 15 de abril de 2009 proferido por la
Gerencia Zona 5 de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTÁ -ESP-.

CUARTA PRETENSIÓN: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad
solicitada en los numerales 1, 2 y 3 se restablezca el derecho a mi poderdante y
de ordene a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTÁ -ESP- pagar a CANALES ANDRADE Y CIA S.A.S. la suma de
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($383.279.606) o lo que se
pruebe dentro del proceso, por concepto del reconocimiento por exceso en las
obras de acueducto y alcantarillado pluvial y sanitario que pagó CANALES
ANDRADE Y CIA S.A.S. para surtir de dichos servicios al predio identificado con
matrícula inmobiliaria 50S-40268515.

QUINTA PRETENSIÓN: Que se condene a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ -ESP- a las costas y agencias en derecho, de
conformidad con lo establecido en los artículos 171 y 172 del C.C.A. […]”. (La
negrilla viene del texto original).

Presupuestos fácticos

3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones4:

4. La parte demandante s propietaria del predio identificado con matrícula
inmobiliaria núm. 50S-40268515, denominado Centro Comercial Paseo de San Nicolás,
ubicado en la Autopista Sur Calle 33 A del municipio de Soacha, Cundinamarca.

3 Cfr. Folios 11 al 23 del cuaderno núm. 1 del expediente
4 Cfr. Folios 6 al 11 del cuaderno núm. 1 del expediente

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Demandante: Canales Andrade y Cía. S.A.S. – CANAAN-

5. En cumplimiento de la obligación establecida por el artículo 8º del Decreto 302 de
20005- inició ante la EAAB el proceso en el Manual de Procedimientos para
Urbanizadores y Constructores, que estableció el marco jurídico para que el urbanizador
dotara el predio a urbanizar de las redes locales de acueducto y alcantarillado.

6. La parte demandada expidió el oficio núm. 054850 (2327) de 1 de julio de 2005
en el que le indicó al urbanizador las condiciones generales, parámetros y normas
técnicas a tener en cuenta para elaborar los diseños de redes de servicios públicos.

7. El Curador Urbano No. 2 de Soacha, mediante la Resolución núm. 008 de 2005
de 12 de septiembre de 2005, otorgó licencia de urbanismo a CANAAN para el desarrollo
del predio de su propiedad, licencia que fue modificada mediante las Resoluciones núm.
019 de 1 de marzo de 2006 y núm. 130 de 30 de noviembre de 2006, y prorrogada por
la Resolución núm. 129 de 1 de octubre de 2007.

8. El ingeniero Ramón Duarte Bermúdez preparó los proyectos de redes de
alcantarillado y acueducto, los cuales fueron estudiados y posteriormente aprobados por
los ingenieros de la EAAB Francisco Toro y Francisco Castiblanco.

9. La EAAB y CANAAN suscribieron la Carta de Asignación de Compromisos núm.
URB-9-99-30100149-2006 de fecha 26 de abril de 2006, en la que establecieron las
obligaciones que la primera adquirió frente a la segunda para la ejecución de la obra de
infraestructura de acueducto y alcantarillado en el predio de su propiedad; así mismo,
fijaron el presupuesto aproximado de las obras de acueducto y alcantarillado en la suma
de $736.842.451.

10. La EAAB mediante la comunicación de fecha 19 de mayo de 2006, informó a
CANAAN que había designado a la empresa Aguazul S.A. ESP como interventor de las
obras de acueducto y alcantarillado para el inmueble en cuestión.

11. CANAAN dio inicio a las obras previstas en la Carta de Asignación de
Compromisos el día 1º de junio de 2006; así mismo, en cumplimiento de las obligaciones

5 “(Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios

de acueducto y alcantarillado)”.

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previstas en la Resolución núm. 440 de 2004 de la EAAB, hizo entrega de los planos
récord de las obras ejecutadas.

12. Las obras ejecutadas por CANAAN no sólo permitieron la conexión del predio a
las redes matrices de acueducto y alcantarillado, sino que, además, beneficiaron a varios
inmuebles del sector lo que significó un exceso en valor de las obras equivalente a la
suma de $355.976.229,49.

13. CANAAN pagó a la EAAB por concepto de diseño, interventoría y presupuesto la
suma de $68.066.031, monto que fue liquidado de acuerdo con el presupuesto de obras
establecido por la prestadora de servicios públicos.

14. CANAAN dirigió a la EAAB la comunicación de fecha14 de septiembre de 2007,
en la que le solicitó la restitución del valor pagado en exceso por la ejecución de las
obras, petición que fue atendida mediante el oficio núm. 35300-2008-0183 del 3 de abril
de 2008, en el que se le puso en conocimiento el concepto jurídico remitido por la Unidad
de Apoyo Técnico de la Entidad que concluyó que su reclamación no era procedente al
no haberse demostrado que la empresa al momento de aceptar la Carta de Asignación
de Compromisos se le hubiera impuesto cargas de otros predios para la ejecución de
redes que, eventualmente, los beneficiara ya que fue el mismo urbanizador quien definió
el diseño hidrosanitario.

15. CANAAN interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra
de la anterior decisión, mediante escrito radicado el día 19 de mayo de 2008 bajo el núm.
E-2008-034779.

16. La EAAB comunicó a CANAAN –a través del oficio núm. S-2008-087582 de 28 de
mayo de 2008- que el recurso sería remitido a la Dirección de la Unidad de Apoyo
Técnico de la entidad para su resolución; no obstante, luego de transcurridos cinco
meses sin que se resolviera la impugnación, CANAAN -en comunicación dirigida a la
Oficina Delegada de Servicios Públicos de la Personería de Bogotá- puso en su
conocimiento el actuar omisivo de la EAAB.

17. El Personero Delegado para el Hábitat y los Servicios Públicos Domiciliarios, en
comunicación de fecha 19 de noviembre de 2008 dirigida al Gerente General de la EAAB,
le solicitó resolver los recursos de vía gubernativa formulados e informar las razones por
las que no se habían atendido oportunamente.

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18. La Dirección de Apoyo Técnico de la EAAB mediante memorando núm. 0885-
2008-1822 de 1 de diciembre de 2008, remitió a la Dirección del Servicio de Acueducto
y Alcantarillado, Zona 5, las razones de orden jurídico para negar el recurso de
reposición.

19. La Gerencia Zona 5 de la EAAB mediante la Resolución de fecha 15 de abril de
2009, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar en todas sus partes la
decisión recurrida.

Normas violadas

20. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

• Artículo 83 de la Constitución Política
• Artículo 9º del Decreto Nacional 302 de 25 de febrero de 20006, modificado por el
artículo 2º del Decreto Nacional 229 de 11 de febrero de 20027.
• Artículo 38 de la Ley 388 de 18 de julio de 19978.

Concepto de Violación

21. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de la
violación, así:

Primer cargo: infracción de las normas en que se debía fundar el acto

Desconocimiento del Decreto 302 de 2000

22. El Decreto Nacional 302 de 2000 reglamenta la Ley 142 de 1994 en materia de
prestación de servicios de acueducto y alcantarillado; en ese orden, el artículo 9º
ejusdem prevé que “[…] el mayor valor asumido por el urbanizador y/o constructor, que

6 “[…] Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios

de acueducto y alcantarillado […]
7 “[…] Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 302 del 25 de febrero de 2000 […]”.
8 “[…] Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones […]”.

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excedan las necesidades de su proyecto, deberán ser reconocidos totalmente por la
entidad prestadora del servicio público […]”.

23. De acuerdo con el artículo transcrito, para determinar la infracción a la legalidad
de los actos demandados y así proceder al reconocimiento, es necesario que se
compruebe el supuesto de hecho establecido por la norma, es decir, que exista un mayor
valor que exceda las necesidades de un proyecto

24. Para establecer si el urbanizador se excedió en sus obligaciones y, por lo tanto,
tiene derecho al reconocimiento, es necesario observar si la longitud y el diámetro de las
tuberías utilizadas satisface las necesidades del predio o si, por el contrario, son
superiores a lo que un inmueble de esas características requiere, lo que indicaría que
beneficia a otros inmuebles.

25. Las condiciones de diseño de las tuberías “[…] son impuestas por la EAB en la
Carta de Asignación de Compromisos […]”, de acuerdo con un procedimiento
previamente establecido en el que la EAAB hace un estudio sobre el proyecto
presentado por el urbanizador y define los lineamientos de diseño que deben tener las
redes de acueducto y alcantarillado pluvial y sanitario.

26. La tubería que CANAAN “[…] estaba obligado a construir era de 54.65 metros, y
construyó una de 497.61 metros. La diferencia entre ambas extensiones es de 444.96
metros, lo que constituye el exceso de la obra en longitud. Así mismo la red, tal como
fue construida, no sólo le proporcionó el servicio de acueducto al predio de mi mandante,
sino también a la urbanizació (sic) Hogar del Sol […]”. Agregó que para el cálculo del
perjuicio “[…] se debe sustraer el costo del tramo de red que va desde donde debía estar
la acometida, hasta el empate que hoy día provee acueducto a la Urbanización Hogar
del Sol […]”.

27. Frente al diseño de las redes de alcantarillado sanitario, las obras construidas en
exceso no versan sobre la longitud de las tuberías sino sobre el diámetro de estas. En
ese sentido, “[…] para conducir las aguas residuales del predio de mi mandante sólo era
necesaria una tubería de diámetro de 10 pulgadas. Empero, de acuerdo a los diseños
impuestos por la EAAB, se ejecutaron obras con tuberías de 18, 20 y 24 pulgadas]”. La
EAAB tenía pleno conocimiento de las áreas de influencia que la futura red de acueducto
de alcantarillado sanitaria iba a tener, por lo que previó un diseño que atendiera las

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necesidades de predios del sector […] sin embargo, es una impropiedad que la EAAB
cumpla sus mandatos con los recursos de los particulares […]”.

28. Para calcular las obras pagadas en exceso respecto de las tuberías utilizadas, se
debe tomar el valor de aquellas de 18, 20 y 24 pulgadas y sustraer el costo de las de 10
pulgadas impuestas por la EAAB; en ese mismo orden, se debe calcular el costo en
exceso del diseño, interventoría y presupuesto sustrayendo el valor liquidado por la
EAAB y el monto estimado con fundamento en las obras de redes locales. Agregó que,
“[…] con los valores determinados por el acueducto al año 2008, la sumatoria de los
excesos en que incurrió CANAAN equivale a $355.976.229,49 […]”.

Desconocimiento del artículo 38 de la Ley 388 de 1997

29. Esta norma determina que, en desarrollo del principio de igualdad de los
ciudadanos ante las normas, los planes de ordenamiento territorial y las normas
urbanísticas que los desarrollen, deberán establecer mecanismos que garanticen el
reparto equitativo de cargas y beneficios derivados del ordenamiento urbano entre los
afectados; destacó, además, que el artículo 2º ejusdem entiende este supuesto como un
principio fundamental del ordenamiento territorial.

30. En términos generales, “[…] el reparto equitativo de cargas y beneficios implica
que el particular participante en el desarrollo urbanístico, de asumir obligaciones
adicionales a las que está obligado en el normal desenvolvimiento de su actividad, se le
debe reconocer un beneficio adicional a los que comúnmente le son concedidos por la
ejecución de su actividad […]”.

31. En el caso concreto, “[…] el urbanizador, por imposición de la EAAB, asumió unas
cargas que no le correspondían, lo que redundó en beneficio de los predios vecinos, sin
que los propietarios de estos últimos o la misma empresa prestadora hayan sufragado
ningún costo asociado con la construcción de las redes a cuya ejecución no estaba
obligado CANAAN […]”. Concluyó que “[…] en la presente actuación no se dio un reparto
equitativo de cargas y beneficios al omitir reconocer las sumas pagadas en exceso, lo
que implica un desconocimiento del artículo 38 de la Ley 388 de 1997 […]”.

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Desconocimiento del artículo 83 de la Constitución Política

32. El artículo 83 Superior establece que la buena fe es un derrotero de conducta de
las autoridades. En ese sentido, adujo que “[…] la renuencia del reconocimiento por parte
de la EAAB no sólo es un desconocimiento de la ley, es también un actuar contrario a la
buena fe atendiendo a que mi mandante ejecutó las obras de acuerdo al diseño impuesto
por la empresa prestadora de servicios públicos, con la expectativa de la debida
restitución de los montos pagados en exceso resultantes de las obras que CANAAN no
estaba obligado a realizar […]”.

33. Con la imposición del diseño de redes de acueducto y alcantarillado, y bajo la
perspectiva de lo establecido en el Decreto Nacional 302 de 2000, “[…] la EAAB le dio
razones objetivas a mi mandante para que creyese que eventualmente procedería un
reconocimiento […]”. Al punto, agregó que la EAAB a través de los actos reprochados
desconoció las expectativas creadas, “[…] lesionando así el principio de confianza
legítima, y, en consecuencia, el de la buena fe, el cual deben guardar con el mayor celo
las autoridades públicas […]”.

Segundo cargo: Falsa motivación

Naturaleza de los actos administrativos demandados

34. En los actos que resolvieron los recursos de reposición y de apelación se afirmó,
equivocadamente, que el acto administrativo recurrido no podía ser corregido en vía
gubernativa por cuanto las empresas de servicios públicos están sujetas al derecho
privado y que, además, la reclamación se hizo por actividades realizadas por fuera del
ámbito territorial de Bogotá, es decir, en el municipio de Soacha donde la EAAB no puede
cumplir funciones administrativas.

35. El oficio núm. 35300-2008-0183 de fecha 3 de abril de 2008 es una clara
manifestación de voluntad de la EAAB, “[…] en el sentido de negar cualquier
reconocimiento a mi mandante por las obras realizadas en exceso, lo que desconoció el
principio de reparto equitativo de cargas y beneficios […]”. Agregó que el referido oficio
reúne todos los elementos de un acto administrativo como son: (i) la manifestación de
voluntad; (ii) proveniente de la administración o de un particular que ejerce función

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administrativa; (iii) destinada a producir efectos jurídicos, en cuanto crea, suprime o
modifica una situación jurídica.

36. Por su lado, el artículo 28 del Acuerdo 01 de 2002 de la Junta Directiva de la
EAAB, no discrimina respecto del ámbito territorial cuando del ejercicio de la función
administrativa se trata. En ese orden, concluyó que “[…] una interpretación sistemática -
y por demás razonable- del Acuerdo 01 de 2002 señala que tanto los actos que la
empresa realice en desarrollo de sus actividades industriales y comerciales, como
aquellos proferidos en ejercicio de función administrativa, pueden realizarse en el Distrito
Capital y en cualquier lugar del ámbito nacional, Claro está, para los primeros la EAAB
tendrá capacidad, para los segundos, competencia […]”.

La carta de asignación de compromisos no es un acuerdo de voluntades

37. La Carta de Asignación de Compromisos –a diferencia de lo sostenido por la
EAAB- no es un acuerdo de voluntades, teniendo en cuenta que hace parte de un trámite
previo que el urbanizador debe surtir ante la empresa de servicios públicos en el que se
le imponen unilateralmente una serie de condiciones para llevar a cabo el proyecto de
redes de acueducto y alcantarillado.

38. Para comprobar lo anteriormente señalado, basta con revisar los parámetros y
etapas establecidas en la Resolución núm. 440 de 2004, en las que se advierten los
requisitos que debe cumplir un urbanizador o constructor para llevar a cabo el proyecto
de redes de acueducto y alcantarillado. Conforme a este procedimiento, la EAAB efectuó
una revisión del proyecto, formuló las correcciones necesarias y, posteriormente, impartió
su aprobación de manera previa a la suscripción de la Carta de Asignación de
Compromisos, lo que implicaba que sin su aprobación “[…] el urbanizador quedaba en
imposibilidad jurídica de desarrollar su proyecto […]”.

39. Concluyó que en el proyecto se estableció un presupuesto acorde a un diseño de
redes de acueducto y alcantarillado que impuso cargas al urbanizador, las cuales, a su
juicio, no estaba en la obligación de sufragar al tanto que los valores presupuestados
fueron excesivos respecto de lo que la demandante debía pagar.

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Al no reconocer los valores en exceso pagados por CANAAN, la EAAB se
enriqueció sin justa causa

40. Cuando la EAAB indicó que no es propietaria de ninguno de los predios
beneficiados con la construcción del acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial, lo que
pretendía era desviar la atención del verdadero enriquecimiento sin justa causa
consistente en dejar de pagar los reconocimientos que le correspondían a la demandante
por las obras ejecutadas en exceso.

41. En el evento de que un urbanizador ejecute obras que exceden las necesidades
de su proyecto, “[…] y la empresa de servicios públicos niega el reconocimiento de los
valores pagados en exceso, es evidente, claro e ineluctable que ésta última está
actuando contrario al mandato de la norma, lo que deja sin causa jurídica el
enriquecimiento de la EAAB y el correlativo empobrecimiento de CANAAN […]”.

42. Concluyó que en el evento de que la demandante no hubiera atendido los
requerimientos unilaterales de la EAAB, “[…] mi poderdante hubiera quedado
jurídicamente imposibilitado de desarrollar el urbanismo de su predio, de manera que no
es posible predicar culpa alguna por parte de CANAAN, sociedad que se ciñó a las
decisiones de una empresa de servicios públicos en ejercicio de función administrativa
[…]”.

Trámite de la demanda

43. Este Despacho, mediante auto de 28 de enero de 2010 admitió la demanda y,
consecuentemente: i) ordenó la notificación personal a la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá -EAAB-, así como al agente del Ministerio Público; y, ii) fijó la
demanda en lista por el término de diez (10) días para que la parte demandada o los
intervinientes pudieran contestar la demanda, proponer excepciones y solicitar la práctica
de pruebas9.

Contestación de la demanda

44. La parte demandada contestó oportunamente la demanda, en la que se opuso a
todas las pretensiones “[…] por carecer de fundamento legal y veracidad histórica […]”;

9 Cfr. Folio 210 al 211 del cuaderno núm. 1 del expediente

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frente a los hechos, señaló que algunos eran ciertos, que otros no lo eran y que otros no
le costaban; sin embargo, no formuló argumentos de defensa frente a los cargos
formulados por la parte demandante10.

45. La parte demandada propuso las siguientes excepciones, así:

Excepciones

Inexistencia del enriquecimiento indebido o sin causa por parte de la EAAB

46. La Carta de Asignación de Compromisos núm. URB-9-99-30100, suscrita el 26 de
abril de 2006, “[…] de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes, constituye un
vínculo jurídico que genera unas obligaciones a cargo de la demandante frente a la
Empresa de Acueducto mediante las cuales adquiere el compromiso de adelantar las
obras necesarias tendientes a la provisión de las redes locales de acueducto y
alcantarillado del predio Centro Comercial Paseo de San Nicolás […]”.

47. De este documento “[…] se desprende en forma unívoca que el demandante debe
adelantar estas obras de acuerdo con el presupuesto y diseño que él mismo elabora y
ejecuta con sus recursos y que sobre estos puntos la Empresa de Acueducto solo tiene
la tarea de revisarlos, dar su aprobación y aceptar una interventoría de dichas obras,
cobrando por ella una suma equivalente al 8.5% del valor del presupuesto que ha
estipulado el mismo urbanizador Canales Andrade y CIA. […]”.

48. Estas obras no sólo beneficiaron al demandante, sino que trajeron un beneficio
colateral a los dueños de los predios vecinos, razón por la cual “[…] este enriquecimiento
de terceros no es responsabilidad de la Empresa de Acueducto y carece entonces de
fundamento jurídico alegar suma alguna de dinero a favor de este urbanizador y a cargo
de la demandada, porque si existió este beneficio colateral de terceros, son éstos los
que deben ser requeridos por el urbanizador empobrecido […]”.

10 Cfr. Folio 216 al 220 del cuaderno núm. 1 del expediente.

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Demandante: Canales Andrade y Cía. S.A.S. – CANAAN-

Los tres actos administrativos impugnados fueron expedidos de conformidad con
la Ley y no tienen relación causal con la suma de dinero que se reclama en la
pretensión cuarta (4)

49. Los actos reprochados fueron expedidos de conformidad con la ley y no tienen
relación causal con la suma de dinero que se reclama y que tuvo origen en “[…] unas
presuntas obras adicionales que ejecutó el urbanizador Canales Andrade en beneficio
colateral de terceros […]”.

Falta de legitimación en la causa por pasiva

50. Esta excepción tiene fundamento en el hecho de que “[…] el supuesto beneficio
sin justa causa emanado de unas presuntas obras adicionales, lo recibieron los predios
vecinos y colindantes con el centro comercial Paseo de San Nicolás y no la Empresa de
Acueducto, que no ha visto aumentado su patrimonio en forma injusta, como producto
de las presuntas obras adicionales, ni tiene ninguna relación con ellas, porque no las
ordenó, porque no las ejecutó, porque no las diseñó y porque no las presupuestó, éstas
actividades, según la carta de asignación de compromisos, estaban en cabeza del
urbanizador CANALES ANDRADE Y CIA. […]”.

51. Concluyó que, conforme a lo previsto en el “[…] decreto 302 de 2000, en su
artículo octavo […] el urbanizador y/o constructor es el responsable por la ejecución de
redes locales y demás obras necesarias para conectar los inmuebles al sistema de
acueducto y alcantarillado […]”

Alegatos de conclusión

52. El Despacho sustanciador, agotada la etapa probatoria, mediante auto proferido
el 5 de septiembre de 201711, dispuso correr traslado a las partes por el término común
de diez (10) días para que alegaran de conclusión, sin perjuicio que el Procurador
Judicial solicitara traslado especial.

11 Cfr. Folio 180 del cuaderno núm. 3 del expediente.

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La parte demandada

53. La parte demandada reiteró los argumentos expuestos y las excepciones
formuladas en la contestación de la demanda12.

La parte demandante

54. La parte demandante reiteró los argumentos expuestos a lo largo del proceso13.

Concepto del Ministerio Público

55. El Agente del Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

Sentencia proferida, en primera instancia14

56. La Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia proferida el 7 de diciembre de 2017, resolvió lo
siguiente:

“[…] FALLA

PRIMERO.- NIÉGASE la prosperidad de las objeciones por error grave propuestas por la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá S.A. E.S.P. respecto de los dictámenes
periciales rendidos en el presente proceso.

SEGUNDO.- NIÉGANSE las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho, interpuesta por la SOCIEDAD CANALES ANDRADE Y CIA. S.A.S.

TERCERO.- Por Secretaría, efectúese la liquidación de los gastos del proceso y
devuélvanse los remanentes si a ello hay lugar.

CUARTO.- En firme esta providencia archívese el expediente y devuélvanse los anexos
sin necesidad de desglose.

[…]”. (Negrilla del texto original).

Consideraciones del Tribunal

57. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró lo siguiente:

12 Cfr. Folio 181 al 194 del cuaderno núm. 3 del expediente.
13 Cfr. Folio 194 al 241 del cuaderno núm. 3 del expediente.
14 Cfr. Folios 243 al 285 del cuaderno núm. 3 del expediente.

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Objeción por error grave del dictamen presentado por el auxiliar de la justicia
Alberto Emilio Arias Guerrero

58. El objeto del informe pericial decretado consistía en determinar “[…] las
características que una red de acueducto, alcantarillado pluvial y sanitario debe reunir
para satisfacer las necesidades del proyecto […] y, si las redes de acueducto y
alcantarillado pluvial y sanitario ejecutadas por CANAAN para el referido predio
beneficiaron a otros predios, todo ello en los términos del escrito de la demanda […]”.

59. El dictamen pericial presentado por el auxiliar de la justicia fue objetado por error
grave por parte del apoderado de la EAAB, con fundamento en lo siguiente: “[…] En
primer término, argumenta que el perito al realizar su informe no tomó en cuenta el
Decreto 302 de 2000 ni la Resolución No. 824 de 2008; y concluyó, que el diseño de las
redes había sido impuesto de manera unilateral […] sostuvo el objetante que el informe
técnico adolece de error grave al desconocer la realidad urbanística del sector en la
época en que se inició el proyecto de construcción […] De otro lado, […] incurrió en error
grave al concluir que se ejecutaron obras con tuberías de 2 pulgadas, sin indicar con
base en qué parámetro técnico se determinó dicho diámetro […]”.

60. Frente al primer reproche, “[…] en los documentos elaborados por el auxiliar de la
justicia se afirma que el diseño de las redes se impuso de manera unilateral por la
E.A.A.B, aseveración que, en criterio de la Sala, desconoce las previsiones de la
Resolución No. 824 de 20087 […]”. En ese orden, el a quo consideró que como la
afirmación del perito tuvo relación con un punto de derecho, no es constitutivo de error
grave.

61. En cuanto a la segunda objeción al dictamen, el perito “[…] se ocupa de una
materia que no le corresponde, a saber, la de determinar si hubo o no una imposición
unilateral de condiciones por parte de la E.A.A.B. […]. Por lo tanto, […] tales
consideraciones no pueden tomarse como generadoras de error grave […]”.

62. En lo que tiene que ver con la última objeción al peritaje, “[…] la presente
controversia se centra en un sobredimensionamiento del proyecto que habría generado
beneficios a terceros y no en la circunstancia de que se hayan utilizado tuberías de un

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diámetro inferior al realmente requerido […]”. Con fundamento en lo anterior, el a quo
concluyó que, si bien existieron algunas falencias en el dictamen, no tienen la fuerza para
configurar un error grave.

Objeción por error grave del dictamen presentado por el auxiliar de la justicia
Fabio Humberto Cely Cely

63. El objeto del dictamen presentado se concretaba en determinar el reconocimiento
que CANAAN debía recibir por las obras ejecutadas en exceso en el predio; no obstante,
este fue objetado por el apoderado de la parte actora por las siguientes razones: i) el
perito incurrió en error grave al afirmar que la indexación se debía hacer desde el 2007,
año en que se presentó la demanda, y no a partir de la fecha de constitución de la póliza
de estabilidad de la obra contemplada en la Carta de Asignación y, ii) el dictamen
desconoció la Resolución núm. 824 de 2008 de la EAAB, que dispuso que las obras que
excedan las especificaciones descritas en el artículo 43 ejusdem, sólo les serán
reconocidos los valores tomados como base para la ejecución de la obra y los
consignados en el código de precios aplicado por la empresa.

64. El a quo negó las objeciones formuladas por las siguientes razones: frente al
primer reproche consideró razonable que los perjuicios debían calcularse “[…] desde la
fecha en la que se constituyó la póliza de estabilidad de la obra […]” y no desde la
presentación de la demanda como lo planteó la EAAB. En cuanto a la segunda objeción,
consideró que no prospera por cuanto la afirmación del auxiliar de la justicia resulta
inoportuna “[…] dado que se trata de aspectos que deben ser resueltos por el Tribunal.
No obstante, la impertinencia de aludir a tal asunto por el perito, dicha circunstancia no
genera error grave en su dictamen […]”.

Sobre las excepciones

Inexistencia del enriquecimiento indebido o sin causa por parte de la EAAB y falta
de legitimación por pasiva

65. Las dos excepciones formuladas se tratarán en un solo acápite por razones
metodológicas, con la advertencia de que estas “[…] no tienen el carácter de excepción,
pues constituyen en realidad argumentos de defensa con respecto al fondo de las

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pretensiones […]”. En ese orden, frente al argumento sobre la “inexistencia de
enriquecimiento sin justa causa” consideró que, precisamente, dicho argumento será
resuelto al momento de desatar los cargos.

66. Como la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por
la demandada “[…] va dirigida a establecer que la E.A.A.B. no obtuvo un beneficio
económico sin justa causa por las obras ejecutadas; entonces, se trata de un asunto que
está relacionado con el fondo de la controversia […]”, por lo que será analizado al
momento de resolver los cargos.

Los tres actos administrativos impugnados fueron expedidos de conformidad con
la Ley y no tienen relación causal con la suma de dinero que se reclama en la
pretensión cuarta (4)

67. Como la excepción propuesta, al igual que las estudiadas en el acápite anterior,
están relacionadas con el fondo del asunto, principalmente si tiene en cuenta que en este
caso se pretende enervar la pretensión cuarta de la demanda, aspecto que será objeto
de análisis al resolver los cargos formulados.

Cargos formulados

Primer cargo: infracción de las normas en que se debía fundar el acto

Desconocimiento del artículo 9º del Decreto 302 de 2000

68. El cargo por la presunta vulneración del artículo 9º del Decreto 302 de 2000 no
está llamado a prosperar, por un lado, porque esta norma dispone que el mayor valor
asumido por el urbanizador que exceda las necesidades de su proyecto deber ser
reconocida por la entidad prestadora de servicios públicos; no obstante, en el caso
concreto el reembolso solicitado no procedía en virtud de que a CANAAN, le fue
aprobada la ejecución de las obras de infraestructura de alcantarillado y acueducto […]
que según la misma carta de asignación tuvo origen en el proyecto presentado por la hoy
demandante […]”. De otro lado, porque conforme a lo previsto en el literal e) del numeral
3º de la Carta de Asignación de Compromisos, era obligación del urbanizador solicitar

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por escrito a la EAAB la complementación de esta; sin embargo, en el expediente no obra
prueba de tal solicitud.

Desconocimiento del artículo 38 de la Ley 388 de 1997

69. El reparto equitativo de las cargas y beneficios a que hace referencia el artículo
38 de la Ley 388, se encuentra demostrado en este asunto teniendo en consideración
que “[…] fue la misma sociedad quien asumió obligaciones adicionales a las que ella
había fijado con el proyecto presentado a las E.A.A.B., así como los valores pagados en
exceso, sin solicitar a la EAAB la complementación de la Carta de Asignación de
Compromisos […]”, por lo que no hubo desconocimiento de la norma en cuestión.

Desconocimiento del artículo 83 de la Constitución Política

70. La parte demandada no quebrantó el principio constitucional de la buena fe al no
reconocer los valores de las obras en exceso realizadas por CANAN, “[…] por cuanto la
EAAB no le impuso un diseño que desbordara sus obligaciones como urbanizador; como
se ha dicho en reiteradas ocasiones lo que hizo la mencionada empresa fue aprobar los
diseños de las redes de acueducto y alcantarillado presentados por la demandante […]”.

71. La parte demandante “[…] al considerar que era necesario un presupuesto mayor
al aprobado inicialmente por la E.A.A.B. para ejecutar su proyecto, debió solicitar, por
escrito, una complementación a la Carta de Asignación de Compromisos originalmente
firmada, lo cual no hizo […]”.

Segundo cargo: Falsa Motivación

Naturaleza de los actos administrativos demandados

72. El cargo no está llamado a prosperar teniendo en cuenta que “[…] la E.A.A.B., en
el acto administrativo que resolvió el recurso de apelación, señaló que es el Acta de
Compromisos la que no puede corregirse en vía gubernativa; contrario a lo afirmado por
la parte actora, que se refiere al oficio No. 35300-2008-0183 de 3 de abril de 2008, acto
hoy demandado ante la Jurisdicción; de tal manera que, no resulta cierto lo expuesto por
la sociedad Canaán, en cuanto plantea que la E.A.A.B. se contradijo al indicar en los

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actos que resuelven los recurso que el acto principal no era susceptible de ser corregido;
pues respecto de este se resolvieron los recursos de ley […]”.

La Carta de Asignación de Compromisos no es un acuerdo de voluntades

73. A la parte demandante no le asiste razón cuando afirma que la Carta de
Asignación de Compromisos no es un acuerdo de voluntades sino una imposición
unilateral de la EAAB, “[…] pues existe un acuerdo de voluntades en la medida que la
EAAB aprueba los diseños de redes externas de acueducto y/o alcantarillado
presentados por el Urbanizador respectivo; es decir, que es este último el encargado de
elaborar el proyecto y definir el presupuesto que tendrá la obra a ejecutar; así mismo,
este a su vez -el constructor- se obligó al pago de una suma de dinero por concepto de
revisión de diseños e interventoría por parte de EAAB […]”.

Enriquecimiento sin justa causa de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá

74. No le asiste razón a la demandante “[…] ya que una vez estudiada la Carta de
Asignación de Compromisos a los urbanizadores No. ERB-9-99-30100 de fecha 26 de
abril de 2006 […] se observa que lo hecho por la E.A.AB., fue cobrar una suma
equivalente al 8.5%, por concepto del cálculo del presupuesto, revisión de los diseño y
supervisión técnica de las obras de acueducto y alcantarillado, conforma al valor
estimado por el urbanizador, en este caso Canaán […]”.

75. Concluyó que en este caso “[…] los que se habrían visto beneficiados con la
ejecución de la obra realizada por Canaán, cosa que deberá determinar el juez
competente, fueron las urbanizaciones El Hogar del Sol y Santa María del Rincón no la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. […]”.

Recurso de apelación

Parte demandante

76. La parte demandante interpuso y sustentó oportunamente, recurso de apelación
contra la sentencia proferida 15, en primera instancia, con base en los siguientes
argumentos:

15 Cfr. Folios 289 al 328 del cuaderno núm. 3 del expediente.

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Frente al cargo de infracción de las normas en que se debía fundar el acto:

Desconocimiento del artículo 9º del Decreto 302 de 2000

77. Luego de citar los artículos 8º y 9º del Decreto 302 de 2000, sostuvo que el
urbanizador está únicamente obligado a ejecutar y asumir el costo de las redes locales,
“[…] en tanto estas correspondan a lo estrictamente necesario para conectar el inmueble
del interesado al sistema de acueducto y alcantarillado; por consiguiente la construcción
o adecuación de cualquier red que exceda las necesidades del usuario (urbanización) no
tiene por qué asumirla el urbanizador, por tanto, en caso en que este deba realizar obras
en exceso, procede el reconocimiento y pago de los mayores costos generados por parte
de la empresa de servicio público correspondiente […]”.

Unilateralidad de la Carta de Asignación de Compromisos No. URB-9-99-30100

78. De manera contraria a lo sostenido por el a quo “[…] no es cierto que CANAÁN
haya diseñado y ejecutado las obras de las redes de acueducto y alcantarillado de
manera voluntaria y libre; como quiera que si bien el urbanizador elaboró los diseños de
dichas redes, estos fueron confeccionados con base en los condicionamientos técnicos
fijados previa y unilateralmente por EAB, los cuales preveían que estas debían beneficiar
a los predios referentes, extendiéndose más de allá de las necesidades del predio en
cuestión; determinantes esas que fueron obligatorias para la promotora del proyecto de
urbanización -CANAÁN-, pues no tenía posibilidad alguna de desconocerlas o
modificarlas, ya que de ello dependía la autorización de la EAB. […]”.

79. Concluyó que, “[…] antes de que la urbanizadora elaborara los diseños de las
redes y suscribiera la Carta de Asignación de Compromisos […] esta tuvo que, de
conformidad con la Resolución No. 440 de 2004, solicitar a la EAB la autorización para
elaborar y presentar tales diseños. […]”. En dicho oficio la EAAB certificó la posibilidad
de que el predio contara con los servicios de acueducto y alcantarillado, siempre y
cuando los diseños que elaborara el urbanizador a su costa, se ajustaran a los
condicionamientos técnicos en materia de alcantarillado sanitario, pluvial y red de
acueducto.

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La solicitud de reembolso por la realización de obras adicionales no requiere de
solicitud de complementación de Carta de Asignación de compromisos

80. Luego de revisar la obligación presuntamente desatendida, “[…] se constata
plenamente que, contrario a lo aducido por el A quo, la solicitud por escrito de
complementación de la carta de asignación de compromisos no se fijó para la solicitud
de reembolso o pago de las obras adicionales ejecutadas, sino que expresamente se
contempló para cuando fuera necesario modificar el proyecto aceptado por la EAB. […]
En el caso concreto, no se podía ni se solicitó la modificación del proyecto a efectos de
no incurrir en obras adicionales que beneficiarían a los predios vecinos porque
precisamente esta fue la condición técnica impuesta por la EAB, desde la expedición del
Oficio No. 054850 (2327) […]”.

Las obras impuestas por la EAB mediante los condicionamientos técnicos,
superaron las necesidades del predio Paseo de San Nicolás

81. En relación con el diseño de las redes de acueducto, “[…] es claro que existió un
exceso en las obras que debía ejecutar CANAÁN, a quien sólo le correspondía construir
las redes necesarias para abastecer su predio […]”. Agregó que, si bien por las razones
técnicas expresadas por el testigo Ramón Duarte Bermúdez era conveniente que en las
obras desarrollas por CANAAN se contemplara la posibilidad de beneficiar a los predios
vecinos, “[…] lo cierto es que los mayores costos que esto genera no pueden ser
asumidos por un solo particular […] pues ello no estaría acorde con la teleología del
citado artículo 9º del Decreto Nacional 302 del 2000 […]”.

82. En lo atinente al diseño de las redes de alcantarillado sanitario, precisó que “[…]
las obras construidas en exceso no versan sobre la longitud de las tuberías sino el
diámetro de las mismas. En efecto, para conducir las aguas residuales del predio de mi
mandante sólo era necesario una tubería de un diámetro de 10 pulgadas. Empero, de
acuerdo a los diseños impuestos por la EAB, se tuvieron que ejecutar obras con tuberías
de 18, 20 y 24 pulgadas, hecho que fue verificado y comprobado en el dictamen pericial
elaborado por el auxiliar de la justicia Alberto Emilio Arias […]”.

83. En lo que tiene que ver con las redes de alcantarillado pluvial, sostuvo que un
diseño que atienda únicamente las necesidades del predio de la parte demandante es

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inviable, “[…] como quiera que existen otros predios a los que se les debe prestar el
servicio de alcantarillado pluvial. Sin embargo, las condiciones técnicas para garantizar
la prestación del servicio público no deben ser pagadas con el patrimonio de un particular
[…]”. Sostuvo que, “[…] la sumatoria de los excesos en que incurrió CANAÁN, por
disposición de la EAB, al 31 de agosto de 2015, equivale a la suma de $474.356.405,05
pesos […]”.

Desconocimiento del artículo 38 de la Ley 388 de 1997

84. En el caso concreto “[…] el urbanizador, por imposición de la EAB, asumió unas
cargas que no le correspondían, lo que redundó en beneficio de los predios vecinos, sin
que los propietarios de estos últimos o la misma empresa prestadora hayan sufragado
algún costo asociado con la construcción de las redes a cuya ejecución no estaba
obligado CANAÁN. […] En la ecuación del reparto equitativo de cargas y beneficios
vemos que se presenta la carga adicional, pero se echa de menos el beneficio adicional
correlativo […]”.

Desconocimiento del artículo 83 de la Constitución Política

85. La negativa por parte de la EAAB no sólo es un desconocimiento de la ley, “[…]
es también un actuar contrario a la buena fe atendiendo a que mi mandante ejecutó las
obras de acuerdo a los condicionamientos técnicos impuestos por la empresa prestadora
de servicios públicos, con la expectativa de la debida restitución de los montos pagados
en exceso resultantes de las obras que CANAÁN no estaba obligado a realizar […]”.

Frente al cargo de Falsa Motivación:

Al no reconocer los valores pagados en exceso por CANAÁN, la EAB se enriqueció
sin justa causa

86. Luego de referir algunos pronunciamientos jurisprudenciales que explican la
institución del enriquecimiento sin causa, manifestó que “[…] como ya un particular
construyó las redes que por mandato legal le corresponde realizar a las EAB, esta última
dejó de sufragar ciertos costos y por lo tanto, se enriqueció […]”. Agregó que, “[…] el

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empobrecimiento de CANAÁN consistió en las obras adicionales sobre la red de
acueducto y alcantarillado, pluvial y sanitario, que tuvo que realizar por disposición de la
EAB, cuya entidad se negó a reconocer y pagar el valor de las mismas […]”. Puntualizó
que “[…] si un urbanizador ejecuta obras que exceden las necesidades de su proyecto,
y la empresa de servicios públicos niega el reconocimiento de los valores pagados en
exceso, es evidente […] que deja sin causa jurídica el enriquecimiento de la EAB y el
correlativo empobrecimiento de CANAÁN […]”.

Actuaciones en segunda instancia

87. El Despacho sustanciador, mediante auto de 27 de febrero de 2018 16, admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida
el 7 de diciembre de 2017 por la Sección Primera, Subsección “A” del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

Alegatos de conclusión en segunda instancia

88. Este Despacho, atendiendo a que no se solicitaron pruebas, en segunda instancia,
mediante auto de 7 de noviembre de 201817, corrió traslado a las partes por el término
común de diez (10) días para que presentaran sus alegatos de conclusión, y al Ministerio
Público para que emitiera concepto.

Parte demandada

89. La EAAB dentro de la oportunidad procesal, presentó sus alegatos de conclusión
en los que reiteró los argumentos de defensa expuestos a lo largo del proceso18.

Parte demandante

90. La parte demandante hizo lo propio e insistió en los cargos de nulidad formulados
en el recurso de apelación19.

16 Cfr. Folio 4 del cuaderno núm. 6 del expediente.
17 Cfr. Folio 8 del cuaderno núm. 6 del expediente.
18
Cfr. Folio 10 al 42 del cuaderno núm. 6 del expediente.
19 Cfr. Folio 43 al 81 del cuaderno núm. 6 del expediente.

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Concepto del Ministerio Público

91. El agente del Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES

92. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la
competencia de la Sala; ii) cuestiones previas; iii) los actos administrativos acusados; iv)
el problema jurídico; v) marco normativo sobre la infracción a las normas en debió
fundarse el acto y la falsa motivación; vi) marco normativo sobre el régimen de los
servicios públicos y conexión a las redes locales de acueducto y alcantarillado; vii) marco
normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el reparto equitativo de cargas y beneficios
a la luz de la Ley 388 de 1997, el principio de buena fe y el enriquecimiento sin causa;
vii) análisis del caso en concreto.

Competencia

93. Vistos el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo20, sobre la
competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia, aplicable en los términos del
artículo 30821 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201122, sobre el régimen de transición y
vigencia; y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la
Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia.

94. Agotados los procedimientos inherentes al proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho sin que se observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado,
la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

20 “[…] El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones
de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de
apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión. […]”.
21[…] ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de

julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las
demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de
la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior. […]”.
22 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.

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Cuestiones previas

Manifestación de impedimento del Consejero de Estado, doctor Oswaldo Giraldo
López

95. Atendiendo a que el Consejero de Estado, doctor Oswaldo Giraldo López, por
escrito de fecha 6 de mayo de 2024 manifestó su impedimento en “[…] consideración a
que el 19 de mayo de 2006, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, designó
como interventora de las obras de acueducto y alcantarillado efectuadas en el predio
denominado Centro Comercial Paseo de San Nicolás, de las cuales desprende el motivo
de la presente controversia, a la empresa Aguazul Bogotá S.A ESP, sociedad de la que
fue Representante Legal en dicha época, mi hermano Carlos Alberto Giraldo López
[…]”23, de conformidad con la causal prevista en el numeral 1 del artículo 141 de la Ley
1564.

96. Considerando que los impedimentos y las recusaciones establecidas en la ley son
mecanismos jurídicos que buscan garantizar que las decisiones adoptadas por los
administradores judiciales estén enmarcadas dentro de los principios de imparcialidad,
independencia y transparencia.

97. Visto el numeral 1 del artículo 141 de la Ley 1564, para determinar si se configura
o no la causal de impedimento prevista en dicho numeral es necesario establecer si el
Juez o Magistrado que manifiesta su impedimento, su cónyuge o su pariente dentro del
cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tiene un interés directo o
indirecto en el resultado del proceso.

98. Por lo expuesto, y ante la manifestación referida supra, la Sala considera fundado
el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, doctor Oswaldo Giraldo López,
por cuanto cumple con los supuestos establecidos en el numeral 1 del artículo 141 de la
Ley 1564, comoquiera que a su hermano le asiste interés indirecto en el resultado del
proceso, atendiendo a que se desempeñó para la época de los hechos como
representante legal de Aguazul S.A. E.S.P., firma designada por la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB- como interventora de las obras de
acueducto y alcantarillado efectuadas en el predio denominado Centro Comercial Paseo

23 Cfr. Índice 019 del SAMAI

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de San Nicolás, de las que se desprende el motivo de la presente controversia, por lo
que se le aceptará.

Apelación del ordinal segundo del auto de 13 de agosto de 2014, que negó el
decreto de una prueba pericial para objetar por error grave el dictamen pericial
rendido por Alberto Emilio Arias Guerrero

99. La parte demandada interpuso recurso de apelación contra el ordinal segundo del
auto de 13 de agosto de 2022 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que negó “[…] la prueba pericial solicitada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Bogotá, para objetar el dictamen rendido por el señor Arias […]”, porque: i) el dictamen
desconoce las normas técnico – jurídicas; y ii) el perito debió centrar el estudio en
aspectos técnicos, por lo tanto el error grave consiste en que el perito “[…] no se basó
en las normas técnicas y legales para emitir su concepto […]”.

Consideraciones sobre la solicitud de la prueba pericial para objetar por error
grave

100. Vistos los numerales 4°, 5° y 6° del artículo 23824 del Código de Procedimiento
Civil25, sobre el trámite para la contradicción del dictamen y respecto de la oportunidad
para resolver la objeción por error grave contra el dictamen pericial.

101. Visto el artículo 323 del Código General del Proceso, determina que “[…] en caso
de apelación de la sentencia, el superior decidirá en estas todas las apelaciones contra
autos que estuvieren pendientes, cuando fuere posible […]”.

102. Atendiendo lo anterior, la Sala considera que la solicitud probatoria del dictamen
pericial para objetar por error grave la pericia rendida por Alberto Emilio Arias Guerrero,
no constituye error grave porque está dirigida a reprochar consideraciones en derecho
que no son propias de la experticia, al tanto que no busca demostrar las cualidades del

24 “[…] Artículo 238. Contradicción del dictamen. Para la contradicción de la pericia se procederá así: […]

6. La objeción se decidirá en la sentencia o en el auto que resuelva el incidente dentro del cual se practicó el
dictamen, salvo que la ley disponga otra cosa; el juez podrá acoger como definitivo el practicado para probar la objeción
o decretar de oficio uno nuevo con distintos peritos, que será inobjetable, pero del cual se dará traslado para que las
partes puedan pedir que se complemente o aclare […]”. (Destaca la Sala)
25 Normativa aplicable por remisión del artículo 168 del Decreto 01 de 1984, en concordancia con lo dispuesto en el

literal b) del artículo 625 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, “[…] por medio de la cual se expide el Código General
del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.

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objeto examinado o sus atributos o que se estudió una cosa distinta, sino que la parte
demandada cuestiona inferencias o conclusiones a las cuales llegó el perito.

103. En consecuencia, la solicitud probatoria no se subsume dentro de los
presupuestos fácticos de la norma citada supra, porque no cumplió con el objeto de la
prueba en los términos del numeral 4° del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil,
esto es, demostrar el error grave que hubiere resultado determinante en las conclusiones
del dictamen pericial, su aclaración y complementación o que el error se hubiere
originado en estas.

Actos administrativos acusados

104. Los actos administrativos acusados son los siguientes:

105. El Oficio núm. 35300-2008-0183 de 3 de abril de 2008, suscrito por la Directora
del Servicio de Acueducto y Alcantarillado Zona 5 (E) de la EAAB, dirigido al doctor Juan
Manuel González Garavito, apoderado de la parte demandante, mediante el cual anexa
el concepto jurídico enviado por la Unidad de Apoyo Técnico de la EAAB con el
memorando núm. 30500-2008-0267 de 10 de marzo de 2008, en el que se concluyó que
la reclamación de la empresa CANAAN no es procedente “[…] al no demostrarse que la
EAAB al momento de aceptar la carta de asignación de compromisos suscrita por el
urbanizador CANALES ANDRADE Y CIA S EN C, se hayan impuesto cargas de otros
predios, para la ejecución de redes que eventualmente les beneficien, ya que a mutuo
propio fue el urbanizador quien selecciona el diseñador hidrosanitario y presenta a la
EAAB para que conforme a sus estándares liquide y efectúe presupuesto de las mismas,
haga la interventoría y reciba las obras que en derecho le corresponden al urbanizador
[…]”26.

106. El Memorando núm. 0885-2008-1822 de 1º de diciembre de 2008, expedido por
el Director de Apoyo Técnico de la EAAB, por el cual remite a la directora del Servicio de
Acueducto y Alcantarillado Zona 5 de la entidad, el proyecto de respuesta elaborado por
el Dr. Juan Manuel González Garavito, abogado de Pinilla, Gonzalez y Prieto Abogados,
en el que se concluyó que debe negarse el recurso de reposición interpuesto con
fundamento en los argumentos allí relacionados y, consecuentemente, conceder el

26 Cfr. Folios 338 al 350 del cuaderno núm. 1 del expediente

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recurso de apelación ante la Gerencia de Atención al Cliente de la EAAB27. Esta decisión
fue notificada personalmente al representante de CANAAN el día 30 de diciembre de
2008 como consta en el acta respectiva28. El documento en cuestión señala lo siguiente:

“[…] ACUEDUCTO
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

MEMORANDO
0885-2008-1822

Bogotá D.C., 01 de diciembre de 2008

PARA: Ingeniera Martha María Ramírez Directora Servicio Acueducto
y Alcantarillado Zona 5

DE: Dirección de Apoyo Técnico Dr. Bernardo González Vélez

Respetada Dra Martha:

En atención a su oficio me permito remitir proyecto de respuesta al (sic) Dr. Juan Manuel
González Garavito, abogado de PINILLA, GONZALEZ Y PRIETO ABOGADOS para que
esa Dirección, con base en las razones jurídicas expuestas, sustente la negación del
recurso interpuesto

Cordialmente,

BERNANDO GONZALEZ VELEZ
Director Apoyo Técnico […]”.

107. La Resolución de fecha 15 de abril de 2009 “[…] “Por la cual se resuelve un recurso
de apelación […]”, expedida por el Gerente Zona 5 de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá -EAAB-29, que en lo pertinente dispuso:

“[…] ACUEDUCTO
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

27 Cfr. Folios 347 al 350 del cuaderno núm. 1 del expediente
28 Cfr. Folio 354 del cuaderno núm. 1 del expediente
29 Cfr. Folios 355 al 357 del cuaderno núm. 1 del expediente

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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP

GERENCIA ZONA 5

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

El Gerente Zona 5 de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en ejercicio de
sus facultades legales, y

CONSIDERANDO QUE:

Canales Andrade y Cía. S. en C. por intermedio de apoderado reclamó a la Dirección de
Acueducto y Alcantarillado de la Zona 5 de la entidad:

“Restituir a la Sociedad Canales Andrade y Cía. S. en C. el mayor valor cobrado por la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, con ocasión de las obras de
alcantarillado pluvial y sanitario que dicha sociedad ejecutó (sic) urbanizó (sic) el predio
Centro Comercial Paseo de Nicolás ubicado en el municipio de Soacha y que benefician a
las Urbanizaciones El Hogar del Sol y Santa María del Rincón”.

La empresa respondió mediante oficio 35300-2008-0183, de 3 de abril de 2008, adjuntando
el concepto jurídico del Asesor externo de la Gerencia de Servicio al Cliente.

Contra esta decisión, el peticionario propone recursos de reposición y apelación.

El recurso de reposición le fue resuelto oportunamente por el Director de Servicio de
Acueducto y Alcantarillado de la Zona 5, quien negó la reposición y concedió el recurso de
apelación.

Aunque al concederlo se dijo que se otorgaba a la Gerencia de Atención al Cliente, este se
resuelve por la Gerencia de la zona cinco por ser el inmediato superior de quien resolvió la
reposición.

[…]
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmarse la decisión recurrida.

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar personalmente el contenido de ésta resolución al
señor JUAN MANUEL GONZÁLEZ GARAVITO, entregando copia auténtica de esta
decisión y advirtiéndole que contra ésta no proceden recursos en la vía gubernativa.
En el evento en que no pudiere surtirse la notificación personal, procédase a la fijación
del Edicto Emplazatorio, de conformidad con lo previsto por el Artículo 45 del C.C.A.

ARTICULO TERCERO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
notificación.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los (sic) 15 de abril de 2009

SERGIO A BUITRON GELVEZ
GERENTE ZONA 5

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[…]”. (La negrilla viene del texto original)

Problema jurídico

108. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos del recurso de
apelación, determinar si los actos acusados están viciados de nulidad por infracción a las
normas superiores en que debían fundarse, por cuanto: i) desconocieron el artículo 9º
del Decreto Nacional 302 de 2000, modificado por el artículo 2º del Decreto Nacional 229
de 200230, como quiera que: a) la Carta de Asignación de Compromisos núm. URB-9-99-
30100 no es un acuerdo de voluntades teniendo en cuenta que la EAAB impuso a
CANAAN una serie de obligaciones unilaterales; b) la solicitud de reembolso para la
realización de obras adicionales no requería de la complementación sobre la Carta de
Asignación de Compromisos y, c) porque las obras impuestas por la EAAB -mediante los
condicionamientos técnicos exigidos- superaron las necesidades del predio Paseo de
San Nicolas ; así mismo, ii) porque los actos acusados desconocieron el artículo 38 de
la Ley 388 de 1997 y, iii) el artículo 83 de la Constitución Política. Además, establecerá
si estos actos fueron expedidos con falsa motivación, por cuanto, al no reconocer los
valores pagados en exceso a la parte demandante, la EAAB se enriqueció sin justa
causa.

109. En consecuencia, se determinará si hay lugar a confirmar, modificar o revocar la
sentencia proferida, en primera instancia.

Marco normativo de la nulidad derivada por infracción a las normas en que ha
debido fundarse el acto

110. Visto el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, la nulidad procederá
cuando los actos administrativos hayan sido expedidos con infracción de las normas en
que deberían fundarse o mejor, por violación de una norma superior, como se conoce
genéricamente la causal de nulidad invocada por la parte demandante en el sub examine.

30 Al punto, debe advertirse que esta norma fue derogada por el artículo 9º del Decreto Nacional 3050 de 2013; sin

embargo, ello no obsta para que la Sala pueda efectuar el control de legalidad propuesto teniendo en cuenta que, mientras
estuvo vigente, produjo efectos jurídicos tal como lo ha venido sosteniendo esta Corporación a partir del pronunciamiento
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de fecha 14 de enero de 1991, Consejero Ponente Dr. Carlos Gustavo
Arrieta Padilla.

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111. Por su parte, esta Corporación ha considerado que31: “[…] La contravención legal
a la que hace referencia esa causal debe ser directa y ocurre cuando se configura una
de las siguientes situaciones: i) falta de aplicación, ii) aplicación indebida o, iii)
interpretación errónea. […]. Según la doctrina judicial del Consejo de Estado, ocurre la
primera forma de violación, esto es, la falta de aplicación de una norma, ya porque el
juzgador ignora su existencia, o porque a pesar de que conoce la norma, tanto que la
analiza o sopesa, sin embargo, no la aplica a la solución del caso. […] Se presenta la
segunda manera de violación directa, esto es, por aplicación indebida, cuando el
precepto o preceptos jurídicos que se hacen valer se usan o se aplican a pesar de no ser
los pertinentes para resolver el asunto que es objeto de decisión. El error por aplicación
indebida puede originarse por dos circunstancias: 1.- Porque el juzgador se equivoca al
escoger la norma por inadecuada valoración del supuesto de hecho que la norma
consagra y 2.- Porque no se establece de manera correcta la diferencia o la semejanza
existente entre la hipótesis legal y la tesis del caso concreto […].”

Marco normativo de la falsa motivación como causal de nulidad de los actos
administrativos

112. Visto el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, la nulidad procederá
cuando los actos administrativos hayan sido expedidos con infracción de las normas en
que deberían fundarse, sin competencia, en forma irregular, con desconocimiento del
derecho de audiencia y defensa, mediante falsa motivación, o con desviación de las
atribuciones propias de quien los profirió.

113. En relación con los supuestos para la configuración de la causal de nulidad por
falsa motivación, esta tiene ocurrencia cuando: i) se presenta inexistencia de
fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la administración
pública; ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien
por error o por razones engañosas o simuladas; iii) el autor del acto le ha dado a los
motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen; y iv) los motivos que sirven de
fundamento al acto no justifiquen la decisión.

31“[…] Consejo de Estado, Sentencia de 15 de marzo de 2012 Radicado No. 25000-23-27-000-2004-92271-

02(16660) […]”

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114. En consecuencia, los motivos que fundamentan el acto administrativo deben ser
ciertos y corresponder a las circunstancias de hecho y de derecho necesarias para
proferir la decisión; es decir, debe existir correspondencia entre la motivación del acto
administrativo y la realidad fáctica y jurídica del caso.

115. La parte demandante tiene la carga de probar que el acto administrativo está
falsamente motivado, teniendo en cuenta la presunción de legalidad de este.

Marco normativo de los servicios públicos domiciliarios y la conexión a redes
locales de acueducto y alcantarillado

116. Visto el artículo 84 de la Constitución Nacional preceptúa lo siguiente: “[…] Cuando
un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las
autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos
adicionales para su ejercicio […]”.

117. Visto el artículo 150 de la Constitución Política, le corresponde al Congreso la
atribución de expedir las leyes y a través de ellas la asignación de competencias para el
ejercicio de diferentes funciones, entre las cuales se encuentran las relacionadas con la
intervención y vigilancia de los servicios públicos. Así, el numeral 8.° del artículo ibidem,
le asignó la función de expedir las normas a las cuales debe sujetarse el Gobierno
Nacional al ejercer las funciones de inspección y vigilancia establecidas en la
Constitución Política; el numeral 21° ibidem le otorgó la facultad de expedir las leyes de
intervención económica, previstas en el artículo 334 constitucional, en cuyas
disposiciones se deben precisar tanto sus fines y alcances como los límites y
restricciones a la libertad económica, y el numeral 23° ibidem lo facultó para expedir las
leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios
públicos.

118. Visto el artículo 334 de la Constitución, al establecer la intervención del Estado en
la economía, señaló: “[…] La dirección general de la economía estará a cargo del Estado.
Este intervendrá, por mandato de la ley, en […] los servicios públicos y privados, para
racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de
los habitantes […]”. Así mismo, es importante destacar que esta norma establece que:
“[…] El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos

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humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de
menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos
[…]”.

119. Visto el artículo 365 de la Constitución Política, en relación con los servicios
públicos, dispuso que: “[…] los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico
que fije la ley […]”. También preceptúa que, en todo caso, “[…] el Estado mantendrá la
regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios […]” y que es deber del Estado
asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

120. Visto el artículo 367 constitucional defiere al legislador la labor de “[…] fijar las
competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos
domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación […]”.

121. Visto el artículo 369 de la Constitución, sobre los derechos y los deberes de los
usuarios de los servicios públicos, preceptúa: “[…] La ley determinará los deberes y
derechos de los usuarios, el régimen de su protección y sus formas de participación en
la gestión y fiscalización de las empresas estatales que presten el servicio […]”. Esta
norma señala que el régimen jurídico para la determinación de los derechos, deberes y
protección de los usuarios le corresponde definirlo a la ley; así lo sostuvo esta Sección
en sentencia proferida el 5 de julio de 201932.

122. En desarrollo del marco constitucional explicado supra, el Congreso de la
República expidió la Ley 142 de 1994, “[…] por la cual se establece el régimen de los
servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones […]”.

123. Visto el artículo 2 de la Ley 142, sobre el derecho de los usuarios a acceder a la
prestación de los servicios públicos domiciliarios, determina que el Estado intervendrá en
esta materia para garantizar la prestación continua e ininterrumpida de estos servicios y
así mismo precisa que se le debe garantizar a los usuarios el acceso al servicio33.

124. De lo anterior se infiere que los propietarios de los inmuebles o receptores directos
del servicio son usuarios que tienen derecho a que se les preste el servicio público

32 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 5 de julio de 2019;

C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 08001233100020030188101[…]”.
33 Según el artículo 14.33 de la ley en comento, por usuario se entiende toda “Persona natural o jurídica que se

beneficia con la prestación de un servicio público, bien como propietario del inmueble en donde este se presta, o como
receptor directo del servicio. A este último usuario se denomina también consumidor.”

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domiciliario, es decir, a obtener la conexión cumpliendo con los requisitos que prevea la
ley y sus disposiciones reglamentarias.

125. Visto el Decreto Nacional 302 de 2000, “[…] Por el cual se reglamenta la Ley 142
de 1994, en materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado […]”, determina las reglas que rigen las relaciones entre el prestador de los
servicios públicos de acueducto y alcantarillado y los suscriptores de dicho servicio,
garantizando la calidad, la continuidad y la eficiencia a los usuarios. Establece normas
para la regulación de tarifas, la solución de controversias entre usuarios y prestadores,
los mecanismos de participación ciudadana en la supervisión de los servicios públicos,
así como las responsabilidades de los prestadores en cuanto a la atención al usuario y
la prestación eficiente del servicio.

126. Visto el artículo 9º ejusdem, modificado por el artículo 2º del Decreto Nacional 229
de 200234, prevé que “[…] las entidades prestadoras de los servicios públicos podrán
autorizar a los constructores y/o urbanizadores la construcción de las redes locales y
demás obras necesarias para conectar uno o varios usuarios al sistema, de tal forma que
los costos asumidos por el urbanizador y/o constructor, que excedan las necesidades de
su proyecto, deberán ser reconocidos total o parcialmente por la entidad prestadora de
los servicios públicos […]”.

127. Como puede apreciarse, la norma en cuestión hace referencia a la posibilidad de
que las empresas prestadoras de servicios públicos autoricen a los constructores y
urbanizadores para llevar a cabo la construcción de redes locales y otras obras
necesarias para conectar a uno o varios usuarios al sistema de servicios públicos. En
este sentido, los costos que excedan las necesidades del proyecto del constructor o
urbanizador podrán ser reconocidos total o parcialmente por la entidad prestadora de
servicios públicos.

128. Es importante que esta autorización y reconocimiento de costos se realice de
manera transparente y justa, para garantizar que los beneficios lleguen efectivamente a
la comunidad y se promueva una colaboración efectiva entre las entidades prestadoras
de servicios públicos, los constructores, urbanizadores y la sociedad en general.

34 Norma vigente al momento de los hechos de la demanda y, posteriormente, derogada por el art. 9º del Decreto

Nacional 3050 de 2013 “[…] Por el cual se establecen las condiciones para el trámite de las solicitudes de viabilidad y
disponibilidad de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado […,]”.

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Marco normativo del reparto equitativo de cargas y beneficios en los procesos de
urbanización a la luz de la Ley 388 de 1997

129. Vista la Ley 388 de 1997, “[…] Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2
de 1991 y se dictan otras disposiciones […]”, se advierte que tiene como propósito
principal establecer normas y procedimientos para la ordenación del territorio, el manejo
del suelo y el desarrollo urbano y rural sostenible en el país. Esta normativa busca
promover un desarrollo equitativo, armónico y sostenible de los asentamientos humanos,
así como regular el uso del suelo y la gestión del espacio territorial.

130. Visto el artículo 38 de la Ley 388, sobre el reparto equitativo de cargas y beneficios
en la actuación urbanística, prevé que “[…] en desarrollo del principio de igualdad de los
ciudadanos ante las normas, los planes de ordenamiento territorial y las normas
urbanísticas que los desarrollen deberán establecer mecanismos que garanticen el
reparto equitativo de las cargas y los beneficios derivados del ordenamiento urbano entre
los respectivos afectados. […] Las unidades de actuación, la compensación y la
transferencia de derechos de construcción y desarrollo, entre otros, son mecanismos que
garantizan este propósito […]”.

131. Como puede observarse, esta disposición es relevante en el contexto del
desarrollo urbano y territorial del país, teniendo en cuenta que constituye una
materialización del principio de igualdad en materia urbanística según el cual los planes
de ordenamiento territorial y las normas urbanísticas que los desarrollen, deben
establecer mecanismos que garanticen el reparto equitativo de las cargas y los beneficios
derivados del ordenamiento urbano entre los respectivos afectados, evitando así la
concentración desigual de beneficios o impactos negativos.

132. La Ley 388 reconoce que la propiedad debe cumplir una función social, lo que
implica que su ejercicio debe contribuir al bienestar común y al desarrollo sostenible.
Asimismo, el artículo 38 ejusdem busca garantizar que los beneficios y cargas derivados
del proceso de urbanización sean distribuidos equitativamente entre los diferentes
actores involucrados y promueve la participación ciudadana en la toma de decisiones
relacionadas con el desarrollo urbano y territorial, reconociendo el derecho de la
comunidad a ser consultada y aportar en la definición de su entorno urbanístico.

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Marco constitucional y jurisprudencial sobre el principio de la buena fe

133. Visto el artículo 83 de la Constitución Política, sobre el principio de la buena fe,
preceptúa que “[…] Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas
deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las
gestiones que aquellos adelanten ante éstas […]”. Esta norma ha tenido un amplio
desarrollo dogmático y jurisprudencial e implica que, tanto los ciudadanos como las
autoridades, deben actuar de manera honesta, proba y leal en sus relaciones y
actuaciones, promoviendo la transparencia, la confianza y el respeto mutuo en todos los
ámbitos de la vida social, política y administrativa.

134. En este contexto, es importante destacar el alcance que tiene el artículo 83
ejusdem y su impacto en la actuación de las autoridades. En efecto, la promoción y
protección del principio de buena fe contribuye a fortalecer la confianza en las
instituciones, a garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos y
a fomentar una convivencia pacífica y armoniosa en la sociedad. El reconocimiento y
respeto mutuo basado en la buena fe son pilares fundamentales para el desarrollo
democrático y del Estado de derecho en Colombia. Al punto, vale la pena traer a colación
algunos criterios definidos por la Corte Constitucional, así:35

“[…] En este orden de ideas la jurisprudencia constitucional ha definido el principio
de buena fe como aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas
ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las
actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta (vir bonus)”36. En este
contexto, la buena fe presupone la existencia de relaciones reciprocas con
trascendencia jurídica, y se refiere a la “confianza, seguridad y credibilidad que
otorga la palabra dada” 37

En este sentido la Corte ha señalado que la buena fe es un principio que “de
conformidad con el artículo 83 de la Carta Política se presume, y dicha presunción
solamente se desvirtúa con los mecanismos consagrados por el ordenamiento
jurídico vigente”38.

Concretamente con respecto al contenido concreto del artículo 83 superior, debe la
Corte indicar que conforme con este (i) las actuaciones de los particulares y de las
autoridades públicas deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (ii) ella
se presume en las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades
públicas, es decir en las relaciones jurídico administrativas.

35 “[…] Corte Constitucional; sentencia C- 1194 de 3 de diciembre de 2008; M.P. Rodrigo Escobar Gil[…]”.
36 Nota original: Ver Sentencia T-475 de 1992
37 Nota original: Ibidem.
38 Nota original: Sentencia C-253 de 1996.

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Adicionalmente también ha estimado que la presunción de buena fe establecida en
el artículo superior respecto de las gestiones que los particulares adelanten ante las
autoridades públicas, es simplemente legal y por tanto admite prueba en contrario.39

Estima la Corte, que en tanto la buena fe es un postulado constitucional, irradia las
relaciones jurídicas entre particulares, y por ello la ley también pueda establecer, en
casos específicos, esta presunción en las relaciones que entre ellos se desarrollen.

Por lo tanto, observa la Corte que no se trata por esencia de un principio absoluto,
y es por ello que la Corte Constitucional también ha admito la posibilidad de que,
excepcionalmente, la ley establezca la presunción de mala fe, y le atribuya los
efectos que considere en cada caso, lo cual se traduce en si se admite o no prueba
en contrario en cada caso […].”

Desarrollo jurisprudencial sobre el enriquecimiento sin justa causa

135. La jurisprudencia de la Corporación tiene determinado que para la procedencia de
la acción de enriquecimiento sin justa causa o actio in rem verso se requiere de la
ausencia de una causa jurídica del desplazamiento patrimonial y que el demandante
carezca de cualquier otra acción que le permita reparar la situación, dado su carácter
subsidiario y excepcional. Sobre el particular, se ha dicho lo siguiente:40

“[…] De igual manera, en cuanto a la existencia de una obligación que suponga
una eventual condena para la administración, derivada de la posible actio in rem
verso, esta Corporación, en reciente pronunciamiento analizó la procedencia de
la misma, concluyendo que la aplicación de esta figura se encuentra
condicionada a la existencia de circunstancias excepcionales; a saber:
“a) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue
exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular
afectado, la que, en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium
constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el
suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un
contrato estatal o con prescindencia del mismo.
b) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios,
suministros, ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una
amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho
este que es fundamental por conexidad con los derechos a la vida y a la
integridad personal, urgencia y necesidad que deben aparecer de manera
objetiva y manifiesta como consecuencia de la imposibilidad absoluta de
planificar y adelantar un proceso de selección de contratistas, así como de la
celebración de los correspondientes contratos, circunstancias que deben estar
plenamente acreditadas en el proceso contencioso administrativo, sin que el
juzgador pierda de vista el derrotero general que se ha señalado en el numeral
12.1 de la presente providencia, es decir, verificando en todo caso que la
decisión de la administración frente a estas circunstancias haya sido realmente

39 Nota original: Ver Sentencia C-071 de 2004
40 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, C.P. Dra. Olga

Mélida Valle de La Hoz, 31 de agosto de 2015, Rad. núm.: 25000-23-26-000-2005-00221-01(36998) […]”

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urgente, útil, necesaria y la más razonablemente ajustada a las circunstancias
que la llevaron a tomar tal determinación.
c) En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia
manifiesta, la administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la
ejecución de obras, prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato
escrito alguno, en los casos en que esta exigencia imperativa del legislador no
esté excepcionada conforme a lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4º de la Ley
80 de 1993.”41
De igual forma, en dicha providencia se dispuso que la acción in rem verso no
será procedente para reclamar el pago de servicios prestados cuando no haya
mediado un contrato celebrado con las solemnidades prescritas por la ley.
Así lo expuso la Sala:
“Pero por supuesto en manera alguna se está afirmando que el enriquecimiento
sin causa no proceda en otros eventos diferentes al aquí contemplado, lo que
ahora se está sosteniendo es que la actio de in rem verso no puede ser utilizada
para reclamar el pago de obras o servicios que se hayan ejecutado en favor de
la administración sin contrato alguno o al margen de este, eludiendo así el
mandato imperativo de la ley que prevé que el contrato estatal es solemne
porque debe celebrarse por escrito, y por supuesto agotando previamente los
procedimientos señalados por el legislador.”42 […]”

Análisis del caso en concreto

136. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine.

Primer cargo: violación de normas superiores en que se debía fundar el acto

137. La parte demandante pretende que se declare: i) la nulidad del Oficio núm. 35300-
2008-0813 del 3 de abril de 2008, suscrito por la Directora del Servicio de Acueducto y
Alcantarillado Zona 5 (E), por el cual se anexa el concepto jurídico enviado por la Unidad
de Apoyo Técnico de la EAAB, con el memorando 30500-2008-0267 de 10 de marzo de
200843; ii) del Memorando núm. 0885-2008-1822 de 1º de diciembre de 200844, expedido
por el Director de Apoyo Técnico de la EAAB, que remite a la Dirección del Servicio de
Acueducto y Alcantarillado Zona 5, el proyecto de respuesta elaborado por el Dr. Juan

41 Nota original: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; Sentencia del 19

de noviembre de 2012; Rad. 24897; C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
42 Ibidem.
43 Folio 58 del cuaderno núm. 1 del expediente
44 “(Por el cual se resuelve un recurso de reposición contra el Auto 2935 del 20 de diciembre de 2006)”.

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Manuel González Garavito, abogado de Pinilla, González y Prieto Abogados, en el que
se concluyó que debe negarse el recurso de reposición interpuesto con fundamento en
los argumentos allí relacionados y, consecuentemente, conceder el recurso de apelación
ante la Gerencia de Atención al Cliente de la EAAB y, por último, iii) de la Resolución de
fecha 15 de abril de 2009, proferida por el Gerente Zona 5 de la EAAB, “[…] Por el cual
se resuelve un recurso de apelación […]”45, habida consideración que se expidieron
violando normas superiores y con falsa motivación. A título de restablecimiento del
derecho pretende que se ordene a la parte demandada a pagar a la demandante la suma
de $383.279.606,oo, o lo que se pruebe dentro del proceso, por reconocimiento por
exceso en las obras de acueducto y alcantarillado pluvial y sanitario que sufragó para
surtir de dichos servicios públicos al predio de su propiedad identificado con matrícula
inmobiliaria núm. 50S-40268515, denominado Paseo de San Nicolás.

138. La parte demandante argumentó, como primer cargo, que los actos demandados
están viciados de nulidad por infracción a las normas superiores en que debían fundarse,
por cuanto: i) desconocieron el artículo 9º del Decreto Nacional 302 de 2000, modificado
por el artículo 2º del Decreto Nacional 229 de 2002, como quiera que, a su juicio: a) la
Carta de Asignación de Compromisos núm. URB-9-99-30100 no es un acuerdo de
voluntades teniendo en cuenta que la EAAB impuso a CANAAN una serie de obligaciones
unilaterales; b) la solicitud de reembolso para la realización de obras adicionales no
requería de la complementación sobre la Carta de Asignación de Compromisos y, c)
porque las obras impuestas por la EAAB -mediante los condicionamientos técnicos
exigidos- superaron las necesidades del predio Paseo de San Nicolas; así mismo, porque
los actos acusados: ii) desconocieron el artículo 38 de la Ley 388 de 1997 y, iii) el artículo
83 de la Constitución Política.

139. La Sala, respecto de las alegaciones formuladas por el recurrente frente a este
cargo, considera que no están llamadas a prosperar al no desvirtuar la presunción de
legalidad de los actos acusados, por las razones que pasan a exponerse de manera
individual:

45 Folios 64 a 68 del cuaderno núm. 1 del expediente

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Desconocimiento del artículo 9º del Decreto 302 de 2000, modificado por el artículo
2º del Decreto Nacional 229 de 2002

140. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 7 de
septiembre de 2017 sostuvo que, si bien el artículo 9º del Decreto 302 de 2000 dispone
que el mayor valor asumido por el urbanizador que exceda las necesidades de su
proyecto debe ser reconocido por la entidad prestadora de los servicios públicos, en el
presente asunto el reembolso solicitado no procedía en virtud de que a CANAAN le fue
aprobada la ejecución de las obras de infraestructura de acueducto y alcantarillado
pluvial y sanitario para el predio Paseo de San Nicolás, conforme a la Carta de Asignación
de Compromisos que tuvo origen en el proyecto presentado por esta misma empresa y,
además, porque conforme a lo previsto en el literal e) del numeral 3º ejusdem, era
obligación del urbanizador solicitar por escrito a la EAAB la complementación de esta
carta de compromisos; sin embargo, en la actuación no obraba prueba de tal documento.

141. En el recurso de alzada, la parte demandante solicitó que se revocara la sentencia
de primera instancia, al insistir en que, conforme al artículo 9º del Decreto 302 de 2000,
el urbanizador únicamente está obligado a ejecutar y asumir el costo de las redes locales,
en tanto estas corresponden a lo estrictamente necesario para conectar el inmueble del
interesado al sistema de acueducto y alcantarillado, por consiguiente la construcción o
adecuación de cualquier red que exceda las necesidades del usuario no tiene porqué
asumirla el urbanizador, por lo que en el evento de que este deba realizar obras en
exceso, procede el reconocimiento y pago de los mayores costos generados por parte
de la empresa de servicios públicos.

142. En la actuación está acreditado que la EAAB y CANAAN suscribieron la Carta de
Asignación de Compromisos núm. URB-9-99-30100149-2006 de fecha 26 de abril de
200646, que tuvo como objeto establecer “[…] las obligaciones que el urbanizador
adquiere para con la Empresa en la ejecución de las obras de infraestructura de
acueducto y alcantarillado para el predio Centro Comercial Paseo de Nicolás del
Municipio de Soacha, Proyecto 31/347 de Acueducto y 6859 de Alcantarillado […]”.

143. En este documento, las partes dejaron constancia que CANAAN es propietaria
del predio denominado “[…] Centro Comercial Paseo De San Nicolas del Municipio de

46 Cfr. Folios 112 al 117 del cuaderno núm. 1 del expediente

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Soacha […]” y que esta solicitó a la EAAB “[…] la revisión y aprobación de los diseños
de las redes de acueducto y alcantarillado […]”. Consta, igualmente, que una vez
examinados estos documentos por parte de la EAAB se dijo que […] éstos cumplen con
las condiciones y normas de diseño establecidas por LA EMPRESA. No obstante, esta
aprobación no exime a EL URBANIZADOR de la responsabilidad que se deriva de la
ejecución y puesta en servicio de las redes que los conforman, de acuerdo con las
normas vigentes y siguiendo las especificaciones técnicas de construcción de estricto
cumplimiento para el desarrollo de los mismos por parte de EL URBANIZADOR […]”.

144. Dentro de los acuerdos consignados en este escrito, los suscriptores además de
identificar el predio en el que se realizarán las obras a través de las planchas de
localización del IGAC; la licencia de urbanismo que autorizó la obra -junto con sus
posteriores modificaciones- y los diseños del predio, entre otros asuntos47, fijaron el
presupuesto total de las obras de acueducto y alcantarillado en la suma de
$736.842.451, incluido el equivalente al 8.5% del presupuesto, esto es, la suma de
$57.724.985, correspondiente a la revisión de los diseños y supervisión técnica por parte
de la EAAB48. En ese orden, el literal a) del numeral 3º ejusdem, determinó como
obligación del urbanizador “[…] reconocer a LA EMPRESA el ocho punto cinco por ciento
(8.5%) por concepto de presupuesto, revisión de los diseños y supervisión técnica de las
obras de acueducto y alcantarillado, así mismo a cancelar el valor correspondiente a los
empates de la red de Acueducto de LA URBANIZACIÓN a la(s) red(es) en servicio […]”

145. Acordaron, igualmente, que CANAAN en el evento de “[…] modificar los proyectos
aceptados por la EMPRESA o las etapas de la urbanización, […] deberá solicitar por
escrito una complementación a la presente Carta de Compromiso y, por consiguiente,
dejar terminados los tramos a ejecutar en cada una de las etapas […]”49.

146. Las partes convinieron -en el numeral 4.4 del aparte denominado “Compromisos
Especiales”- que “[…] el urbanizador se compromete a construir la totalidad del proyecto
definitivo de alcantarillado sanitario aprobado para el Predio Paseo Nicolás con No.
6859, hasta su conexión al Interceptor Terrero – Proyecto No. 5845 (actualmente en
ejecución) […]”.

47 Numeral 1, literales a), b) y c)
48 Numerales 2 y 2.1
49 Numeral 3, literal e)

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147. El Director de Servicio de Acueducto y Alcantarillado Zona 5 de la EAAB, mediante
comunicación de fecha 19 de mayo de 2006 dirigida al representante legal de CANAAN,
le informó que “[…] para efectos de la interventoría de los proyectos de alcantarillado
Sanitario y Pluvial 6859 y Acueducto 31/347 de la Urbanización del asunto, fue nombrado
interventor AGUAZUL S.A. ESP […]”50.

148. Los representantes de AGUA AZUL S.A. ESP -en su calidad de interventor- y
CANAAN -como urbanizador- suscribieron el día 1 de junio de 2006, el documento
denominado “Acta de Iniciación Urbanizaciones” con el propósito “[…] de dar inicio a las
obras por ejecutar de acuerdo al objeto de la carta de compromiso […] 51.

149. Los representantes de AGUA AZUL S.A. ESP y CANAAN suscribieron el día 31
de marzo de 2008, el documento denominado “Acta de Entrega y Recibo Final de
Urbanizaciones” en el que dejaron constancia de “[…] la entrega y recibo definitivo de
las obras ejecutadas, objeto de la carta de compromiso 0855-2006-0094, las cuales han
sido entregadas por la firma constructora y recibidas por la Dirección Técnica y de
Interventoría a entera satisfacción […]”52.

150. CANAAN mediante escrito radicado bajo el núm. E-2007-068721 de fecha 12 de
septiembre de 2007, solicitó a la EAAB la restitución del mayor valor cobrado por esa
empresa con ocasión de las obras de alcantarillado pluvial y sanitario que ejecutó como
urbanizador del predio Centro Comercial Paseo de Nicolás ubicado en el municipio de
Soacha, Cundinamarca, que habría beneficiado a las urbanizaciones El Hogar del Sol y
Santa María del Rincón53.

151. El Director del Servicio de Acueducto y Alcantarillado Zona 5 de la EAAB, mediante
oficio núm. S-2007-168665 de 22 de octubre de 2007 -dirigido al apoderado de CANAAN-
, le informó que la solicitud indicada supra fue remitida a la Unidad de Apoyo Técnico del
Acueducto de Bogotá para que, con el apoyo del contratista de consultoría jurídica y
urbanística con que cuenta esa unidad, profieran respuesta sobre la petición de
reconocimiento por obras de alcantarillado pluvial y sanitario que dicha empresa ejecutó
como urbanizador del predio Centro Comercial Paseo de San Nicolás54.

50 Cfr. Folio 118 del cuaderno núm. 1 del expediente
51 Cfr. Folio 119 del cuaderno núm. 1 del expediente
52 Cfr. Folio 120 al 121 del cuaderno núm. 1 del expediente
53 Cfr. Folios 76 al 81 del cuaderno núm. 1 del expediente
54 Cfr. Folios 82 del cuaderno núm. 1 del expediente

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152. La Directora del Servicio de Acueducto y Alcantarillado Zona 5 (E) de la EAAB,
mediante oficio núm. 35300-2008-0183 de 3 de abril de 2008 -dirigido al apoderado de
CANAAN-, le puso en conocimiento el concepto jurídico remitido por la Unidad de Apoyo
Técnico de la entidad mediante memorando 30500-2008-0267 de 10 de marzo de 2008,
en el que se concluyó que la reclamación no era procedente por las siguientes razones:

“[…] con asertividad concluimos que para la reclamación de la referencia, no es
procedente, al no demostrarse que la EAAB al momento de aceptar la carta de
asignación de compromisos suscrita por el urbanizador CANALES ANDRADE Y CIA
S EN C, se le haya impuesto cargas de otros predios, para la ejecución de redes que
eventualmente los beneficien, ya que a mutuo propio fue el urbanizador quien
selecciona el diseñador hidrosanitario y presenta a la EAAB para que conforme a sus
estándares liquide y efectúe presupuesto de las mismas, haga la interventoría y
reciba las obras que en derecho le corresponden al urbanizador […]”

153. CANAAN mediante escrito radicado bajo el núm. E-2008-034779 de 19 de mayo
de 2008, interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra del
oficio núm. 35300-2008-0183 de 3 de abril de 2008, proferido por la Directora del Servicio
de Acueducto y Alcantarillado Zona 5 (E) de la EAAB, en el que reiteró su solicitud de
que le fuera restituido el mayor valor cobrado por obras de alcantarillado pluvial y
sanitario que ejecutó como urbanizador del predio Centro Comercial Paseo de San
Nicolás55.

154. El Director de Apoyo Técnico de la EAAB, mediante memorando núm. 0885-2008-
1822 de 1º de diciembre de 2008 remitió a la Directora del Servicio de Acueducto y
Alcantarillado Zona 5 de la entidad “[…] el proyecto de respuesta al Dr. Juan Manuel
González Garavito, abogado de PINILLA, GONZALEZ Y PRIETO ABOGADOS para que
esa Dirección, con base en las razones jurídicas expuestas, sustente la negación del
recurso interpuesto […]”56.

155. El Director del Servicio de Acueducto y Alcantarillado Zona 5 de la EAAB, mediante
oficio núm. 35300-2008-0606 de 26 de diciembre de 2008 dirigido al doctor Juan Manuel
Gonzalez Garavito, apoderado de CANAAN, acogió el concepto enviado por la Dirección
de Apoyo Técnico a través del memorando núm. 0885-2008-1822 de 1º de diciembre de
2008 y, en consecuencia, procedió a su transcripción en el cuerpo del documento. En

55 Cfr. Folios 88 al 104 del cuaderno anexo 1 del expediente
56 Cfr. Folios 347 al 350 del cuaderno núm. 1 del expediente

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este escrito, se concluyó sobre la improcedencia de la reclamación formulada por
CANAAN por lo que se negó el recurso de reposición, en los siguientes términos57:

“[…] Debe negarse el recurso de reposición interpuesto y negar la solicitud con fundamento
en lo siguiente:

• La Carta de compromiso es un negocio jurídico suscrito por la Empresa con el
peticionario. Cando la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, suscribe con el
urbanizador una carta de compromiso, en virtud de la cual, este se compromete a ejecutar
determinadas obras, con un determinado porcentaje, como requisito para permitir la
conexión a las redes de acueducto, alcantarillado pluvial y de aguas servidas, las dos
partes, la E.S.P. y el urbanizador celebran un negocio jurídico guiados: este por el afán
de lucro y aquella con el propósito de conservar la coherencia y suficiencia del sistema
de servicio público que presta. […] Ese negocio jurídico como tal es un acuerdo de
voluntades, vinculante y obligatorio, que debe ser respetado y cumplido mientras un juez
no determine su nulidad […].
• No puede entenderse como lo pretende el peticionario, que se trata de una decisión
administrativa unilateral, que puede corregirse en vía gubernativa […]
• La empresa no se enriqueció porque ella no sacó provecho de la ejecución de las obras
convenidas. Es cierto que cobró una suma por un trabajo de interventoría y revisión,
equivalente al 8.5% del valor de ellas, peros esas sumas fueron la justa tasación de sus
servicios, que se cobran a todos los urbanizadores y eso no significa provecho.
• La circunstancia que la empresa administre las redes recibidas no le significa ningún
beneficio. Maxime si se tiene en cuenta que ella no puede cobrar derechos de conexión
a los dueños de los predios supuestamente beneficiados con la construcción de las
mismas.
• No se conoce ni el peticionario lo señala, el supuesto valor de las obras construidas en
exceso de las cantidades que él considera debía construir […]
• El peticionario no se empobreció porque trasladó los costos a los compradores de
inmuebles, que resultaron de la urbanización […]
• El peticionario afirma que con la construcción de las redes benefició a unas
urbanizaciones vecinas. Este beneficio no está demostrado ni certificado por ninguna
parte.
• La empresa no es propietaria de las urbanizaciones beneficiadas. Es importante señalar
que la Empresa no es propietaria ni conoce el beneficio obtenido por terceros, ni debe
asumirlo.
• Razones estas que obligan a negar el recurso de reposición […]”.

156. El Gerente Zona 5 de la EAAB mediante la Resolución de fecha 15 de abril de
2009 “[…] “Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”, resolvió confirmar la
decisión impugnada58; al respecto, sostuvo lo siguiente:

“[…] La decisión de presentar una propuesta de urbanización, con construcción de redes
que beneficien un predio cercano es una decisión personal del urbanizador, no impuesta
por la Empresa, que se limita a revisar los diseños que se le presentan y a corregirlos y
aprobarlos finalmente, si los encuentra adecuados a las normas técnicas preestablecidas.

No obstante lo anterior, la empresa sí ha previsto y regulado el tema de reconocimientos,
los cuales son viables cuando como consecuencia de un desarrollo de redes la Empresa le
exige al urbanizador la carga de construir redes de acueducto mayores a 12´´ de diámetro,

57 Cfr. Folios 352 al 353 del cuaderno núm. 1 del expediente
58 Cfr. Folios 355 al 357 del cuaderno núm. 1 del expediente

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de alcantarillado sanitario superiores a 1 m de diámetro o de alcantarillado pluvial superior
a 1.20 m de diámetro o le imponga la obligación de ejecutar obras que forman parte de los
sistemas de redes matrices y troncales, que excedan dichos rangos. En dichos eventos se
ha establecido el reconocimiento económico de la diferencia entre los diámetros referidos
y el mayor diámetro construido.

En este caso el urbanizador no está asumiendo la construcción de redes de la Empresa
superiores a esos rangos, sino que está asumiendo el desarrollo urbanístico de su
propiedad sin esperar la de su vecino más próximo a la red, por lo tanto, no se aplica la
figura del reconocimiento […]

La empresa no se enriqueció porque ella no sacó provecho de la ejecución de las obras
convenidas. Es cierto que cobró una suma por un trabajo de interventoría y revisión,
equivalente al 8.5% del valor de ellas, peros esas sumas fueron la justa tasación de sus
servicios, que se cobran a todos los urbanizadores y eso no significa provecho. Por el
contrario, de asumir obligaciones que son de responsabilidad exclusiva de urbanizadores,
estaría incurriendo en un detrimento patrimonial.

La circunstancia que la empresa administre las redes recibidas no le significa ningún
beneficio. Maxime si se tiene en cuenta que ella no puede cobrar derechos de conexión a
los dueños de los predios supuestamente beneficiados con la construcción de las mismas.

El peticionario no se empobreció por que trasladó los costos a los compradores de
inmuebles que resultaron de la urbanización. Es posible que el costo del proyecto en las
condiciones afirmadas por el peticionario resultara más gravoso, y menos beneficioso para
él, pero eso no significa que se empobreció, sino que no logró enriquecerse en mayor
medida […]

El peticionario afirma que con la construcción de las redes benefició a unas urbanizaciones
vecinas. Este beneficio no está demostrado ni certificado por ninguna parte, y de
encontrarse probado serán estas a quienes debe acudir para los reintegros que considere
a lugar.

La empresa no es propietaria de las urbanizaciones beneficiadas. Es importante señalar
que la Empresa no es propietaria ni conoce el beneficio obtenido por terceros, ni debe
asumirlo y por lo tanto si los propietarios se enriquecieron como consecuencia de la
construcción de la obra es contra ellos y no contra la Empresa, contra quien debe dirigirse
[…]”

157. El recurrente en su alzada argumentó que los actos acusados violaron el artículo
9º del Decreto Nacional 302 de 2000, modificado por el artículo 2º del Decreto Nacional
229 de 2002, norma vigente al momento de la presentación de la demanda59. Al punto,
la disposición en cuestión establece lo siguiente:

“[…] DECRETO 302 DE 2000

(Febrero 25)

59 Al punto, debe advertirse que esta norma fue derogada por el artículo 9º del Decreto Nacional 3050 de 2013; sin

embargo, ello no obsta para que la Sala pueda efectuar el control de legalidad propuesto según se indicó supra.

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Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de prestación de los
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las
conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política,

DECRETA:

[…]

TITULO II

DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
[…]

CAPITULO II
De la conexión

[…]

Artículo 9o. Modificado por el art. 2 del Decreto Nacional 229 de 2002, Derogado
por el art. 9, Decreto Nacional 3050 de 2013. Las entidades prestadoras de los
servicios públicos podrán autorizar a los constructores y/o urbanizadores la
construcción de las redes locales y demás obras necesarias para conectar uno o
varios usuarios al sistema, de tal forma que los costos asumidos por el urbanizador
y/o constructor, que excedan las necesidades de su proyecto, deberán ser
reconocidos total o parcialmente por la entidad prestadora de los servicios públicos.
[…]”

158. Para la Sala, resulta claro que la norma señalada como infringida por la parte
recurrente está ubicada en el Título II que regula la prestación de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado, y en el Capítulo II que determina las
condiciones técnicas y operativas para facilitar la conexión de estos servicios públicos a
las redes correspondientes, aspecto que le permite inferir que el artículo 9º ejusdem
determina la posibilidad de que las entidades prestadoras de servicios públicos puedan
autorizar a los constructores y urbanizadores para llevar a cabo la construcción de redes
locales y otras obras necesarias para conectar a uno o varios usuarios al sistema de
servicios públicos, con la advertencia de que los costos que excedan las necesidades del
proyecto podrán ser reconocidos total o parcialmente por la entidad prestadora de
servicios públicos.

159. Como se indicó supra esta disposición busca fomentar la expansión y mejora de
la infraestructura de servicios públicos domiciliarios, permitiendo que los constructores y
urbanizadores contribuyan a la ampliación de las redes locales, beneficiando así a la
comunidad. Al reconocer los costos adicionales asumidos por el constructor o

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urbanizador -en el supuesto de que estén debidamente acreditados- se incentiva la
inversión en proyectos de infraestructura que podrán beneficiar a un mayor número de
usuarios, promoviendo el desarrollo urbano sostenible y el acceso equitativo a los
servicios públicos.

160. A continuación, procede la Sala a resolver cada uno de los argumentos formulados
en la alzada en relación con este cargo:

La Carta de Asignación de Compromisos núm. URB-9-99-30100 no es un acuerdo
de voluntades ya que la EAAB impuso a CANAAN una serie de obligaciones
unilaterales

161. Refiere la recurrente, en síntesis, que no es cierto que CANAAN haya diseñado y
ejecutado las obras de las redes de acueducto y alcantarillado de manera voluntaria y
libre, como quiera que, si bien el urbanizador elaboró los diseños de dichas redes, estos
fueron confeccionados con base en los condicionamientos técnicos fijados previa y
unilateralmente por EAAB. Destaca que, si no hubieren elaborado los diseños conforme
a las exigencias de la demandada, esta no habría accedido a suscribir la Carta de
Asignación de Compromisos del 26 de abril de 2006, lo que habría significado la
imposibilidad jurídica para continuar con el proyecto urbanístico.

162. Para la Sala el argumento propuesto no tiene vocación de prosperidad teniendo
en cuenta que, conforme a lo previsto en el artículo 7º de la Resolución 1298 de 27 de
diciembre de 2007 “[…] Por el cual se adopta el reglamento de Urbanizadores y
Constructores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP […]”60, la
Carta de Compromiso de Urbanismo es un “[…] acuerdo de voluntades entre la EAAB y
el urbanizador responsable (propietario del predio objeto del proyecto o titular de la
licencia de urbanismos), mediante el cual la EAAB aprueba los diseños de redes externas
de acueducto y/o alcantarillado presentados por el Urbanizador y este a su vez se obliga
al pago de una suma de dinero, por concepto de revisión de diseños e interventoría. […]
En la carta de compromiso se establecen las obligaciones y compromisos especiales que
el urbanizador adquiere con la Empresa en la ejecución de las obras de infraestructura
del proyecto […]”.

60 Cfr. Folios 296 al 335 del cuaderno núm. 1 del expediente

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163. En ese mismo sentido, el artículo 34 ejusdem puntualiza que una vez, […]
aprobados los diseños de acueducto y alcantarillado, se suscribirá la carta de
compromisos […] donde se establecerán, las obligaciones que adquieren
recíprocamente el Urbanizador y la EAAB […]”.

164. Como puede apreciarse, sin dificultad, contrario a lo señalado por la parte
demandante la carta de compromisos de urbanismo -en el marco del proceso de
aprobación de redes externas de acueducto y alcantarillado por parte de la EAAB -, es
un acuerdo de voluntades, libre y discrecional y no una imposición unilateral de la
empresa de servicios públicos, como quiera que esta última aprueba los diseños
presentados por el urbanizador, quien, a su turno, es el encargado de elaborar el proyecto
y definir el presupuesto que tendrá que ejecutar, al tanto que se obliga a pagar a favor
de la EAAB el 8.5% del presupuesto final por concepto de revisión de diseños y costos
de interventoría, tal como se consignó en el literal a) del numeral 3º ejusdem.

165. Es claro, entonces, que la Carta de Asignación de Compromisos no refleja la
voluntad unilateral de la EAAB teniendo en cuenta que la iniciativa de presentar la
propuesta de urbanización y de definir los diseños técnicos y el presupuesto de la obra
proviene del propio urbanizador, mientras que la empresa de servicios públicos cuenta
con la facultad de aprobarlos o no a través de la revisión de los diseños y del seguimiento
al proyecto a través de la interventoría. En ese orden de ideas, se trata de un verdadero
acuerdo negocial, vinculante y obligatorio para las partes en el que el urbanizador
propone determinadas obras técnicas como requisito para que la EAAB autorice su
conexión a las redes de acueducto y alcantarillado pluvial y sanitario.

166. Conviene recordar que, conforme al Reglamento de Urbanizadores y
Constructores de la EAAB61, en el trámite de la solicitud de conexión de servicios la EAAB
define unas pautas técnicas generales para tener en cuenta en la elaboración de los
diseños de las redes de servicios públicos, por lo que le entrega al constructor toda la
información relacionada con las redes construidas y proyectadas, entre otros
requerimientos técnicos; no obstante, es el urbanizador el encargado de elaborar y
presentar los diseños con la alternativa técnica y presupuestal que considere idónea para
su proyecto, por lo que válidamente puede formular objeciones o alternativas técnicas de

61 Adoptado inicialmente mediante la Resolución núm. 0440 de 8 de junio de 2004, modificado mediante la

Resolución No. 1298 de 27 de diciembre de 2007, (Cfr. Folios 296 al 335 del cuaderno núm. 1 del expediente)

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diseño para que estas sean revisadas y posteriormente aprobadas por la entidad si se
ajustan a dicho Reglamento.

167. En este orden de ideas y tal como lo concluyó el Tribunal de primera instancia,
“[…] la Carta de Asignación de Compromisos es un vínculo jurídico que genera unas
obligaciones a cargo de la demandante frente a la E.A.A.B., mediante la cual adquirió el
compromiso de adelantar las obras necesarias tendientes a la provisión de las redes
locales de acueducto y alcantarillado del Centro Comercial Paseo de San Nicolás […]”.
Por las razones expuestas anteriormente, el cargo no está llamado a prosperar.

La solicitud de reembolso para la realización de obras adicionales no requería de
la complementación sobre la Carta de Asignación de Compromisos

168. La parte recurrente manifestó, en síntesis, que revisada la literalidad de la
obligación prevista en el literal e) del numeral 3º de la Carta de Asignación de
Compromisos se constata plenamente que, contrario a lo manifestado por el a quo, la
solicitud por escrito de complementación de este documento no se fijó para la solicitud
de reembolso o pago de las obras adicionales ejecutadas, sino que se previó para cuando
fuera necesario modificar el proyecto adoptado por la EAAB. Remarcó que, en el
presente asunto, no se solicitó la modificación del proyecto a efectos de no incurrir en
obras adicionales que beneficiaran a los predios vecinos porque, precisamente, esa fue
la condición técnica impuesta por la EAAB desde el comienzo del trámite.

169. Como se ha dicho la Carta de Asignación de Compromisos núm. URB-9-99-30100
de fecha 26 de abril de 2006 es un acuerdo de voluntades, libre y voluntario y no una
imposición unilateral por parte de la EAAB en contra de CANAAN. En ese orden, en el
literal e) del numeral 3º ejusdem las partes convinieron que CANAAN en el evento de
“[…] modificar los proyectos aceptados por la EMPRESA o las etapas de la urbanización,
[…] deberá solicitar por escrito una complementación a la presente Carta de
Compromiso y, por consiguiente, dejar terminados los tramos a ejecutar en cada una de
las etapas […]”62. Además, en el numeral 4.4 del aparte denominado “Compromisos
Especiales”- concertaron que “[…] el urbanizador se compromete a construir la totalidad
del proyecto definitivo de alcantarillado sanitario aprobado para el Predio Paseo Nicolás
con No. 6859 […]”.

62 Numeral 3, literal e)

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170. En este punto, si bien de manera preliminar podría considerarse -como lo alega la
parte recurrente- que la solicitud de complementación de la Carta de Asignación de
Compromisos no se fijó para la solicitud de reembolso o pago de las obras adicionales
ejecutadas, sino que se previó para cuando fuera necesario modificar el proyecto
adoptado por la EAAB, lo cierto es que este argumento no es de recibo para la Sala, por
cuanto, tal como lo consideró el Tribunal en primera instancia, esta disposición determina
que, si al momento de ejecutar la obra de infraestructura de alcantarillado y acueducto,
el constructor o urbanista advierte la necesidad de modificar el proyecto -al margen de
que se trate del diámetro o la extensión de las redes, como ocurre en esta demanda-,
debió solicitar por escrito una complementación de dicho documento a la EAAB, lo cual,
claramente, nunca ocurrió.

171. En efecto, contrario a lo que se plantea en el recurso de alzada, cualquier tipo de
modificación a los compromisos asumidos en la citada Carta de Asignación de
Compromisos debió ser informada y solicitada por CANAAN de manera oportuna en los
términos y condiciones fijadas en el aparte antes referenciado, principalmente si se tiene
en cuenta que la misma parte apelante se obligó en el numeral 4.4 ejusdem a “[…]
construir la totalidad del proyecto definitivo de alcantarillado sanitario aprobado para el
Predio Paseo Nicolás con No. 6859 […]”

172. Se advierte, entonces, que dentro de las obligaciones asumidas por CANAAN en
la Carta de Asignación de Compromisos -en su rol de constructor y/o urbanizador- se
encontraba la de solicitar a la EAAB una complementación por escrito en el evento de
requerir una modificación al proyecto de infraestructura de acueducto y alcantarillado
para el predio de su propiedad; como CANAAN diseñó por su cuenta las redes para
conectar el predio de su propiedad a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado,
y como no consta que hubiera solicitado una complementación del acuerdo inicial en los
términos acordados, el reproche alegado no tiene vocación de prosperidad.

Las obras impuestas por la EAAB -mediante los condicionamientos técnicos
exigidos- superaron las necesidades del predio Paseo de San Nicolás

173. Refiere la empresa recurrente, en síntesis, que frente al diseño de las redes de
acueducto existió un exceso en las obras que debía ejecutar teniendo en cuenta que sólo

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le correspondía construir las redes necesarias para abastecer su predio. Agregó que, si
bien por las razones técnicas era conveniente que en las obras desarrollas por CANAAN
se contemplara la posibilidad de beneficiar a los predios vecinos, lo cierto es que los
mayores costos que esto genera no pueden ser asumidos por un particular, pues ello no
estaría acorde con la teleología del citado artículo 9º del Decreto Nacional 302 del 2000.

174. Precisó que, en lo atinente al diseño de las redes de alcantarillado sanitario, las
obras construidas en exceso no versan sobre la longitud de las tuberías sino sobre el
diámetro de estas. En efecto, sostuvo que para conducir las aguas residuales del predio
sólo era necesario una tubería de un diámetro de 10 pulgadas, pero de acuerdo a los
diseños impuestos por la EAAB se tuvieron que ejecutar obras con tuberías de 18, 20 y
24 pulgadas. Agregó que un diseño que atienda únicamente las necesidades del predio
-en lo atinente a las redes de alcantarillado pluvial- era inviable como quiera que existen
otros a los que se les debe prestar el servicio de alcantarillado pluvial. Sin embargo, las
condiciones técnicas para garantizar la prestación del servicio público no deben ser
pagadas con el patrimonio de un particular. Concluyó que la EAAB liquidó el diseño,
interventoría y presupuesto de acuerdo con los valores de las obras efectivamente
ejecutadas, monto que, a su juicio, involucró excesos que CANAAN no estaba en la
obligación de asumir.

175. La Sala, con el propósito de resolver este punto de la controversia, recuerda que
el artículo 8º del Decreto Nacional 302 del 200063, sobre la construcción de redes locales,
determina que “[…] la construcción de las redes locales y demás obras, necesarias para
conectar uno o varios inmuebles al sistema de acueducto y alcantarillado será
responsabilidad de los urbanizadores y/o constructores […]; por su lado, el artículo 11
ejusdem, sobre el régimen de acometidas, establece que “[…] La entidad prestadora de
los servicios públicos establecerá las especificaciones de las acometidas de acueducto
y alcantarillado, conforme a lo establecido en el Reglamento Técnico del Sector de Agua
Potable y Saneamiento Básico. En todo caso, el costo de redes, equipos y demás
elementos que constituyan la acometida estarán a cargo del usuario cuando se construya
por primera vez […]”.

63 “[…] Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de prestación de los servicios públicos

domiciliarios de acueducto y alcantarillado […]

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176. En este mismo sentido, consta que en la Carta de Asignación de Compromisos
núm. URB-9-99-30100 de fecha 26 de abril de 2006, CANAAN se obligó a realizar las
obras de conexión del predio de su propiedad con fundamento en el diseño previamente
elaborado por aquella y aprobado por la EAAB, así como en el presupuesto establecido
para tal efecto, sin que consten obligaciones adicionales que tengan que ver con la
implementación o construcción de redes adicionales que pudieran beneficiar a predios
circundantes.

177. En efecto, en el literal m) del numeral 3º ejusdem las partes convinieron que “[…]
si el proyecto aprobado contempla la necesidad de construir soluciones de continuidad
por fuera del predio hasta conectarse a redes de servicio será por cuenta del urbanizador
la ejecución de las mismas para el recibo final de la obra […]”. Por su lado, en el literal o)
del numeral 3º ejusdem acordaron que “[…] la ejecución de las obras será de exclusiva
responsabilidad del URBANIZADOR y/o EL PROPIETARIO, por lo tanto si total o
parcialmente estas obras fueren ejecutadas por la Empresa el URBANIZADOR y/o EL
PROPIETARIO deberá reconocer a esta su valor, el cual se liquidará a los precios
vigentes de la Empresa […]”.

178. En el numeral 4.1 ejusdem las partes convinieron que “[…] El Acueducto de Bogotá
no exigirá al predio Paseo de San Nicolás la construcción del tramo de red de
alcantarillado pluvial a partir del pozo No. 26 hasta la entrega al colector Tibanica Bombeo
(pozo No. TV155 - Proyecto No. 5851) tramo denominado Colector Centro, según
proyecto aprobado No. 6859 […]”.

179. Como puede observarse, en la Carta de Asignación de Compromisos no se
hicieron exigencias a CANAAN de construir obras diferentes a las necesarias para
garantizar la conexión de su predio a las redes de acueducto y alcantarillado en los
términos del Decreto 302 de 2000, por lo que no se advierte que se le hayan impuesto
cargas de otros inmuebles para la ejecución de redes que los pudieran beneficiar,
especialmente si se tiene en cuenta que fue el propio urbanizador el que preparó los
diseños y el presupuesto de la obra y la ejecutó con sus propios recursos, documentos
que fueron aprobados por la EAAB con la claridad de que esta fijó el monto de la
interventoría, la revisión de diseños y la supervisión técnica -equivalente al 8.5%- con
base en el valor del presupuesto estimado por el mismo urbanizador.

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180. En este mismo sentido, el a quo concluyó que, “[…] una vez estudiada la Carta de
Asignación de Compromisos […] se observa que lo hecho por la E.A.A.B., fue cobrar una
suma equivalente al 8.5%, por concepto del cálculo del presupuesto, revisión de los
diseños y supervisión técnica del cálculo del presupuesto, revisión de los diseños y
supervisión técnica de las obras de acueducto y alcantarillado, conforme al valor
estimado por el urbanizador, en este caso Canaán […]”.

181. Ahora bien, conviene precisar que en el presente proceso se recibió el testimonio
del ingeniero civil Luis Francisco Castiblanco González, en su calidad de Director de
Servicio de Acueducto y Alcantarillado Zona 3 de la EAAB, quien explicó
el trámite y las incidencias técnicas de la solicitud de disponibilidad de servicio para el
predio Paseo San Nicolás, en los siguientes términos:

“[…] PREGUNTADO: Sírvase indicar al Despacho si sabe las razones por las cuales
ha sido citado a esta diligencia y en caso afirmativo haga un relato claro y
espontáneo de lo que le conste. CONTESTA: Sí conozco el objeto de la diligencia,
de acuerdo con lo que he tenido conocimiento desde el inicio del proceso de la
solicitud de disponibilidad de servicio y datos técnicos para el predio San Nicolás
me desempeñaba como Director de Servicio de Acueducto y Alcantarillado de la
Zona 5 desde noviembre de 2005 hasta febrero de 2009 […] para el proyecto “Paseo
San Nicolás” existió una modificación del terreno natural, lo cual implicaba que la
evacuación de las aguas lluvias y residuales se dispusieran en un punto diferente a
la escorrentía natural del terreno que tenía el área antes de la construcción del
proyecto, para el caso que nos ocupa no se puede pretender que para el
abastecimiento de agua potable únicamente se construyera una acometida por
cuanto las normas y especificaciones antes citadas, es decir, las contenidas en el
reglamento de agua potable y saneamiento básico, así como las expedidas por la
empresa indican que todo proyecto debe tener todos los frentes con redes, con el
fin de garantizar la continuidad, la calidad y caudal necesario durante 24 horas al
día y así minimizar cualquier impacto que se pudiera generar por la ruptura o
estallido de cualquier tubería adyacente y que podía implicar lo que técnicamente
se denomina una falla del servicio más teniendo en cuenta que en el terreno hay un
centro comercial […] Es por eso que las denominadas redes locales que de
acuerdo con la normatividad y legislación vigente deben ser construidas por el
urbanizador, lo que buscan es la optimización no solo del espacio público sino la
garantía de una prestación de servicios adecuada tanto en cantidad como en
continuidad y celeridad. De igual forma, ratifico que los diseños son elaborados por
el urbanizador con base en una información técnica suministrada por la empresa y
es él quien define si los condicionamientos técnicos le dan viabilidad técnica,
jurídica, financiera y económica a un proyecto por cuanto es bien sabido que nadie
realiza proyectos para que vayan en contravía de su patrimonio, sino por el contrario
se busca una ganancia […] Desde el momento en que se expiden los datos técnicos
y disponibilidad de servicio el urbanizador ha tenido un tiempo suficiente para
efectuar los análisis correspondientes y cuando presenta el diseño a la empresa
para su revisión y aprobación ya conoce de antemano las obras que se requieran
mucho antes de la empresa realice su revisión desde el punto de vista técnico para
luego suscribir por mutuo acuerdo, sin ninguna presión y sin ninguna obligación las
denominada carta de aprobación de proyecto o carta de compromisos especiales
[…] una vez suscrita la carta de aprobación del proyecto, el urbanizador,

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dependiendo de su capacidad económica, técnica, financiera y espacial plantea
ante la empresa el inicio de los trabajos para lo cual solicita el acompañamiento a
través de una interventoría que para este caso fue ejercida por la firma aguazul
quien se desempeñaba como Gestor Técnico del área debidamente delegado por
la empresa y con el acompañamiento adicional de la dirección de acueducto y
alcantarillado de la zona 5 […] PREGUNTADO: Indíquele al despacho con base en
el conocimiento que usted afirma tener del proyecto objeto de este proceso si para
suplir la necesidad de acueducto del predio “Centro Comercial Paseo San Nicolás”,
era suficiente la realización de una sola acometida situada al suroriente del
inmueble. CONTESTA: No por algunas razones. Entre ellas las normas técnicas
contenidas en el reglamento de agua potable y saneamiento básico y adoptadas por
la EAAB es requisito indispensable que todo proyecto que involucre áreas o más
comúnmente llamadas “manzanas” deben tener cobertura de redes de acueducto
en todos sus frentes, con el fin de evitar que llegado el caso existiera una falla de
servicio por estallido, ruptura u otro tipo de daño esta eventualidad no permitiese el
suministro continuo de agua potable. De otro lado, como se vio en el desarrollo de
la construcción de las redes, el urbanizador no solamente solicitó una acometida,
sino que realizó dos solicitudes adicionales en puntos diferentes de la localización
del proyecto para proveer agua potable a los diferentes locales o hipermercados o
grandes superficies que se ubicaron en el proyecto […] PREGUNTADO: Indíquele
al despacho si para conducir las aguas residuales […] podría considerarse desde el
punto de vista técnico que solo fuera necesario la instalación de una tubería de un
diámetro de diez pulgadas. CONTESTA: No por varios motivos que paso a exponer.
El primero, es que en el sitio donde se ubica hoy el centro comercial no existían los
desarrollos completos bien de viviendas, industria o comercio en la zona por lo que
era requisito construir las redes necesarias para garantizar la evacuación de las
aguas […] De otra parte, el proyecto en mención modificó el drenaje natural del
terreno lo cual obligaba necesariamente a que dependiendo del tipo de construcción
o edificación a ser ejecutada por el propietario del predio, contara con una
infraestructura de redes sanitarias y pluviales, por lo que no se puede pretender que
con una tubería de un diámetro de diez pulgadas se evacuen las aguas propias del
proyecto […] PREGUNTADO: Dígale al despacho si para satisfacer las necesidades
del proyecto […] en lo que hace al servicio de alcantarillado pluvial era suficiente
con la instalación de manera general de una tubería de 24 pulgadas de diámetro. .
CONTESTA: No se puede considerar que con un diámetro de 24 pulgadas se logre
la evacuación de las aguas propias por cuanto el proyectó modificó el entorno y
cambió el sistema de drenaje natural existentes en el sector […]” (Se destaca)

182. Consta, igualmente, el testimonio rendido por el ingeniero civil Ramón Duarte
Bermúdez, en su condición de Director de Diseño de la Empresa Hidráulica y Urbanismo
Ltda., encargada del diseño de las redes de acueducto y alcantarillado pluvial y sanitario
del proyecto “Paseo San Nicolás” para la empresa CANAAN, en el que relató lo siguiente:

“[…] PREGUNTADO: Indique si durante el trámite de aprobación del diseño de
redes de alcantarillado pluvial y sanitario y de acueducto surtido ante la EAAB la
referida entidad hizo exigencias de modificación en lo relativo a la longitud y
diámetro de las redes frente al proyecto inicialmente propuesto. CONTESTA: En la
elaboración de los diseños de las redes mencionadas siempre se tuvo en cuenta lo
requerido por la EAAB en el documento de posibilidad del servicio. Recuerdo que
en ese proceso se encontró que no estaban construidas unas redes troncales de
alcantarillado tanto sanitario como pluvial, razón por la cual se propuso un manejo
temporal en conjunto con una urbanización vecina que ya estaba funcionando y a
quién también le habían pedido una red que no se había construido porque no

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estaba la red troncal mencionada […] PREGUNTADO: Indique según su criterio
técnico si el diseño de las redes de acueducto y alcantarillado pluvial y sanitario
aprobado por el acueducto […] satisface las necesidades de esos servicios de otros
predios. CONTESTA: Sí, incluso desde los datos técnicos expedidos por la empresa
antes de elaborar los diseños se mencionaron otros proyectos ya aprobados en el
sector donde se encuentra la urbanización paseo de San Nicolás y daban unas
cuantías de área que deberían ser tenidas en cuenta en el diseño de los drenajes
tanto sanitarios como pluvial. En materia de acueducto o suministro de agua potable
desde el dato técnico se indicó qué redes se debían construir para dar continuidad
a las existentes en el sector y así cerrar mallas para beneficio general.
PREGUNTADO: Indique según su criterio técnico si era técnicamente viable una
solución distinta para dotar exclusivamente al predio “Paseo San Nicolás” de la que
fue aprobada para efectos de prestar el servicio de acueducto. CONTESTA: Como
solución técnica se podría tener que cada predio o urbanización tenga redes
exclusivas para su servicio, pero esto implicaría que en paralelo se tuviesen muchas
redes, una por cada predio, razón por la cual en el diseño de infraestructura se tiene
en cuenta las necesidades sectoriales, de tal forma que exista una sola red de cada
uno de los servicios, pero al servicio de todos. PREGUNTADO: Indique según su
criterio técnico si era técnicamente viable una solución distinta para dotar
exclusivamente al predio “Paseo San Nicolás” de la que fue aprobada para efectos
de prestar el servicio de alcantarillado pluvial y sanitario. CONTESTA: De igual
forma que en acueducto se podrían tener soluciones individuales, pero implica
muchas redes en paralelo por lo cual en el diseño se estudia el sector completo […]
PREGUNTADO: […] Indíquele al despacho si la existencia de esas múltiples redes
paralelas tiene alguna consecuencia que la haga no recomendable. CONTESTA:
El que existieren varias redes en paralelo para prestar un mismo servicio a varios
predios tiene una incidencia de espacio físico y debido a que como tal cada tubo
ocuparía un corredor y por norma debe existir una separación mínima entre redes,
por esa razón no se hacer este tipo de diseños en lo que a nosotros respecta. Se
plantean las soluciones para el servicio tal como lo requiere la EAAB en los datos
técnicos […]”.

183. También obra el testimonio rendido por el ingeniero civil Julio César Cely Ayala,
en su calidad de Director de obras de CANAAN, en el que relató lo siguiente:

“[…] PREGUNTADO: Indique conforme a su criterio técnico si las obras por usted
ejecutadas de redes de alcantarillado, pluvial y sanitario y acueducto satisficieron
las necesidades de esos servicios de otros predios distintos al de Paseo de San
Nicolás. CONTESTA: Si satisficieron a varios predios aledaños al proyecto en
desarrollo, entre ellos Hogar del Sol, tanto en la parte sanitaria como en la parte de
acueducto. PREGUNTADO: Conforme a su respuesta anterior, indique si le consta
si la urbanización Hogar del Sol tenía falencias en la prestación del servicio de
acueducto y alcantarillado sanitario antes de las obras por usted ejecutadas.
CONTESTA: Antes de ejecutar las obras y entregarlas a la Empresa de Acueducto
esta urbanización tenía muchas falencias de acueducto durante el transcurso del
día, por testimonio de todos los habitantes de la urbanización y el servicio de
alcantarillado que se les prestaba lo hacían directamente ellos mediante bombeo
director al Río Soacha […] PREGUNTADO: Indique si en su criterio técnico era
técnicamente viable una solución distinta para dotar al predio “San Nicolás” de las
redes de alcantarillado pluvial y sanitario y acueducto, a la que fue aprobada por la
EAAB. CONTESTA: Si, en cuanto a la red de acueducto el recorrido hubiera podido
ser mucho menor y con un diámetro inferior al instalado. En la red de alcantarillado
se hubiera podido disminuir el diámetro de la tubería instalada. El recorrido hubiera
sido el mismo y en cuanto a la red pluvial los diámetros instalados pudieron haber

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sido inferiores […] PREGUNTADO: Dígale al despacho si usted tiene experiencia
específica en el diseño de redes de acueducto y alcantarillado pluvial y sanitario.
CONTESTA: No, en el diseño de redes no […]”.

184. El testimonio es un medio de prueba que consiste en la narración oral de hechos
sobre los cuales el declarante tenga conocimiento directo o indirecto. Por ello, el artículo
220 del Código General del Proceso, sobre las formalidades previas al interrogatorio,
dispone que el juez le exigirá al testigo juramento de decir lo que le conste sobre los
hechos que se le preguntan y que conozca. Aunque esta norma le permite al testigo
realizar valoraciones o emitir conceptos cuando se trate de una persona especialmente
calificada por sus conocimientos técnicos, científicos o artísticos sobre la materia, ello no
significa que el testigo pueda conceptuar y realizar valoraciones técnicas más allá de los
hechos que le consten. En ese orden, aquellas declaraciones que recaen sobre puntos
científicos, sin conocimiento directo o indirecto sobre los hechos no tienen mérito
probatorio, porque esas exposiciones son propias de un dictamen pericial, prueba sobre
la que la ley exige el cumplimiento de requisitos diferentes.

185. En lo que tiene que ver con los testigos sospechosos, la jurisprudencia de esta
Corporación ha señalado que “[…] los testimonios que resulten sospechosos no pueden
descartarse de plano, sino que deben valorarse de manera más rigurosa, de cara a las
demás pruebas obrantes en el proceso y a las circunstancias de cada caso, todo ello
basado en la sana crítica […]”64.

186. Pues bien, los ingenieros Luis Francisco Castiblanco González, Ramón Duarte
Bermúdez y Julio César Cely Ayala -a la luz de lo previsto en el artículo 211 del Código
General del Proceso- son testigos sospechosos, teniendo en cuenta que son
dependientes de las partes en contienda y tienen relación directa con los hechos de la
demanda; no obstante, la Sala valorará tales declaraciones aunque las apreciará de
forma rigurosa y las contrastará con los demás medios de prueba obrantes en el proceso,
en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo final del artículo 211 ejusdem, que
establece que “[…] El juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo
con las circunstancias de cada caso […]”.

64 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 5 de julio de

2018, radicado: 76001-23-31-000-2007-00135-01, MP: Marta Nubia Velásquez Rico […]”.

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187. Aunque los ingenieros Castiblanco González y Duarte Bermúdez son testigos
sospechosos, sus declaraciones acerca de la necesidad de las obras de infraestructura
para la conexión de las redes de acueducto y alcantarillado pluvial y sanitario como
solución técnica adecuada para el proyecto en cuestión, tienen valor probatorio para la
Sala, pues la razón de su dicho se fundamenta en el conocimiento directo que tuvieron
de los hechos al haber fungido como responsables técnicos en los extremos del trámite
en cuestión. Además, su relato es coincidente entre sí y con lo consignado por las partes
en la Carta de Asignación de Compromisos núm. URB-9-99-30100 de fecha 26 de abril
de 2006, en la que el urbanizador se comprometió a ejecutar determinadas obras
técnicas como requisito para que la EAAB autorizara su conexión a las redes de
acueducto y alcantarillado pluvial y sanitario. Empero, no ocurre lo mismo con el dicho
de Julio César Cely Ayala teniendo en cuenta que sus declaraciones acerca de una
posible alternativa técnica para el desarrollo del proyecto no tienen valor probatorio, pues
corresponden a juicios de tipo conjetural y suposiciones del testigo, y no a circunstancias
que hubiera presenciado, al tanto que manifestó no tener experiencia en el diseño de
redes.

188. Por otro lado, en la actuación obra el dictamen pericial rendido por el ingeniero
sanitario Alberto Emilio Arias Guerreo de fecha 23 de abril de 2012 65, y su respectiva
aclaración de fecha 8 de julio de 201366, cuyo objeto consistió en determinar las
características técnicas que una red de acueducto, alcantarillado pluvial y alcantarillado
sanitario debe reunir para satisfacer las necesidades del proyecto ubicado en la Autopista
Sur Calle 33 A del municipio de Soacha; y si las redes de acueducto y alcantarillado
pluvial y sanitario ejecutadas por CANAAN para el referido predio beneficiaron a otros
predios, todo ello en los términos del escrito de la demanda.

189. El artículo 226 del Código General del Proceso, sobre la procedencia de la
peritación, dispone que el peritaje constituye un medio de prueba a través del cual se
constatan hechos relevantes para el litigio, que exigen de especiales conocimientos
científicos, técnicos o artísticos. La ley procesal determina que la pericia debe contener
dos partes relacionadas entre sí: el proceso cognoscitivo y las conclusiones. El primero
supone una relación detallada de las operaciones practicadas y de sus resultados. El
segundo impone que tales conclusiones se ajusten a los principios de la ciencia, arte o

65 Cfr. Folios 369 al 375 del cuaderno núm. 2 del expediente
66 Cfr. Folios 637 al 642 del cuaderno núm. 223 del expediente

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técnica aplicada y respondan de forma concreta, clara y ordenada a todos los puntos
sometidos a su consideración por las partes.

190. Las conclusiones del dictamen deben tener justificación no sólo en la opinión del
experto, sino en soportes que ofrezcan respaldo a su labor. Estos soportes brindan
firmeza al dictamen y el perito puede acudir a exámenes, métodos, experimentos e
investigaciones que le permitan elaborar un concepto preciso y detallado, tal como lo
prevé el artículo 226 ejusdem, sobre la procedencia de esta prueba. Por su lado, el
artículo 232 ejusdem, sobre la apreciación del dictamen, determina que “[…] el juez
apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la
solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del
perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso
[…]”.

191. La parte demandada presentó objeción por error grave del dictamen, al considerar
que en los documentos elaborados por el auxiliar de la justicia se dijo que el diseño de
las redes se impuso de manera unilateral por la EAAB; y que la controversia se centra
en un sobredimensionamiento del proyecto lo que habría generado beneficios a terceros
y no en la circunstancia de que se hayan utilizado tuberías de un diámetro inferior al
realmente requerido. El a quo en la decisión de primera instancia consideró que, como
la afirmación del perito tuvo relación con un punto de derecho, no constituye error grave
y que, si bien existieron algunas falencias en el dictamen, estos tampoco tienen la fuerza
para configurar un error grave.

192. Visto el dictamen y su aclaración se observa que el perito efectuó su estudio a
partir de lo consignado en la Carta de Asignación de Compromisos núm. URB-9-99-
30100149-2006, por lo que concluyó, por un lado, que el diseño de las redes de
acueducto y alcantarillado fue impuesto de manera unilateral por la EAAB a CANAAN y,
por otro, que para el diseño de la red de alcantarillado sanitario sólo era necesaria una
tubería de 10 pulgadas y que de acuerdo con la carta de compromisos “[…] impuesta por
la E.A.AB. […]”, se exigió al urbanista la instalación de tuberías con diámetros de 18, 20
y 24 pulgadas lo que generó un beneficio a otros predios.

193. Este dictamen será desestimado por la Sala porque el perito llegó a estas
conclusiones a partir de su interpretación de la Carta de Asignación de Compromisos

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núm. URB-9-99-30100149-2006, llegando incluso a derivar responsabilidades en cabeza
de la EAAB, aspecto que, claramente, tiene relación con un punto de derecho y no con
sus conocimientos técnicos. Recuérdese que el artículo 226 del Código General del
Proceso, determina que no serán admisibles los dictámenes periciales que versen sobre
puntos de derecho. Como estas conclusiones tuvieron fundamento en un punto de esta
naturaleza, el dictamen no tiene eficacia probatoria a luz de lo dispuesto en esta norma
y el artículo 232 ejusdem, sobre la apreciación del dictamen pericial.

194. La Sala advierte, igualmente, que el perito al resolver la pregunta sobre las
características técnicas que una red de acueducto debe reunir para satisfacer las
necesidades de un proyecto como el del centro comercial “Paseo San Nicolás”, se limitó
a elaborar un listado de los requisitos necesarios frente a las condiciones de agua potable
y concluyó que CANAAN “[…] instaló tuberías, codos, tees, tapones, válvulas, empates
e hidrantes, además de los dispositivos o medidores de consumo […]”, sin hacer una
explicación clara sobre cuáles fueron los exámenes, métodos, experimentos e
investigaciones técnicas que constituyen el soporte y garantía de credibilidad de sus
conclusiones; en este mismo sentido, frente a la pregunta relacionada con la extensión y
el diámetro de la tubería que se debía construir para dotar únicamente al predio del
proyecto del servicio de acueducto, sostuvo que se requería una tubería de 12 pulgadas
pero que se instalaron tuberías de 2, 6 y 8 pulgadas, y que llegó a esta conclusión a partir
del diámetro del predio.

195. La Sala observa que en estos puntos la experticia no tiene fundamento ni soportes.
El perito no sustentó sus conclusiones en exámenes o investigaciones que respaldaran
su dicho, por lo que tampoco acogerá el dictamen porque su fundamento carece de
firmeza y precisión y no tiene eficacia probatoria según los artículos 226 y 232 del Código
General del Proceso.

196. Por su lado, el auxiliar de la justicia Fabio Humberto Cely Cely, contador público
titulado, rindió el dictamen pericial de fecha 21 de septiembre de 201567, aclarado por
escrito de 28 de octubre de esa anualidad68, cuyo objeto consistió en determinar el
reconocimiento que CANAAN debía recibir por las obras ejecutadas en exceso del
proyecto ubicado en la Autopista Sur Calle 33 A del municipio de Soacha.

67 Cfr. Folios 61 al 70 del cuaderno núm. 3 del expediente
68 Cfr. Folios 84 al 87 del cuaderno núm. 3 del expediente

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197. Teniendo en cuenta que, según lo dispuesto en el auto de fecha 29 de septiembre
de 2011 dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca69, la práctica de este
dictamen pericial se encontraba ligada al dictamen allegado por el ingeniero sanitario
Alberto Emilio Arias Guerreo, y como este último fue desestimado por la Sala según se
indicó supra, las conclusiones y alcance de esta segunda pericia no serán objeto de
valoración.

198. Con fundamento en lo expuesto, para la Sala no son de recibo los
cuestionamientos que formula la parte demandante relacionados con el supuesto de que
las obras impuestas por la EAAB -a través de los condicionamientos técnicos exigidos-,
superaron las necesidades del predio Paseo de San Nicolás, al tanto que advierte que
esta incumplió con el deber que le asistía de aportar los elementos de juicio para probar
sus afirmaciones, conforme lo indica el artículo 167 del Código General del Proceso,
sobre la carga de la prueba, que determina que: “[…] Incumbe a las partes probar el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen
[…]”. Por las razones expuestas anteriormente, el cargo no está llamado a prosperar.

Los actos acusados desconocieron el artículo 38 de la Ley 388 de 1997

199. La parte demandante sostuvo, en síntesis, que, por imposición de la EAAB,
CANAAN asumió unas cargas que no le correspondían, lo que redundó en beneficio de
los predios vecinos sin que los propietarios de estos últimos o la misma empresa
prestadora, hayan sufragado algún costo asociado con la construcción de las redes a
cuya ejecución esta última no estaba obligada.

200. Como se indicó supra el artículo 38 de la Ley 338 constituye una materialización
del principio de igualdad en materia urbanística según el cual los planes de ordenamiento
territorial y las normas urbanísticas que los desarrollen, deben establecer mecanismos
que garanticen el reparto equitativo de las cargas y los beneficios derivados del
ordenamiento urbano entre los respectivos afectados, evitando así la concentración
desigual de beneficios o impactos negativos.

69 Cfr. Folios 353 al 355 del cuaderno núm. 1 del expediente

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201. En ese orden, la Sala coincide con el análisis efectuado por el a quo en el fallo de
primera instancia, en el sentido de que el reparto equitativo de las cargas y beneficios a
que hace referencia la norma en cuestión se encuentra demostrado en este asunto, por
un lado, porque CANAAN se obligó a realizar las obras de conexión de acueducto y
alcantarillado del predio de su propiedad con fundamento en el diseño previamente
elaborado por aquella y aprobado por la EAAB, así como en el presupuesto establecido
para tal efecto, sin que consten obligaciones adicionales que tengan que ver con la
implementación o construcción de redes adicionales que pudieran beneficiar a predios
circundantes y, por otro lado, porque la EAAB recibió el 8.5% del valor total de la obra
por concepto del cálculo del presupuesto, revisión de los diseños y supervisión técnica
de las obras de acueducto y alcantarillado, suma que se cobra a todos los urbanizadores
sin excepción de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Urbanizadores y
Constructores de la EAAB70.

202. No está de más recordar que, dentro de las obligaciones asumidas por CANAAN
en la Carta de Asignación de Compromisos, se encontraba la de solicitar a la EAAB una
complementación por escrito en el evento de requerir una modificación al proyecto de
infraestructura de acueducto y alcantarillado para el predio de su propiedad. Como la
parte demandante diseñó por su cuenta las redes para conectar el predio de su
propiedad a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado -al tanto que definió de
manera autónoma el presupuesto del proyecto y lo ejecutó con sus propios recursos-, y
como no se demostró que hubiera solicitado una complementación del acuerdo inicial en
los términos acordados, no se advierte la vulneración del artículo 38 de la Ley 388 en
cuanto al reparto equitativo de las cargas y los beneficios derivados del ordenamiento
urbano. Por las razones expuestas anteriormente, el cargo no está llamado a prosperar.

Los actos acusados desconocieron el artículo 83 de la Constitución Política

203. Refiere la recurrente, en síntesis, que en la actuación se vulneró el artículo 83
Superior teniendo en consideración que la EAAB impuso a CANAAN unos
condicionamientos técnicos que determinaron el diseño de las redes de acueducto y
alcantarillado que desbordaron sus obligaciones como urbanizador y que, no obstante lo
anterior, estos fueron acogidos porque se trataba de un mandato impuesto en ejercicio

70 Adoptado inicialmente mediante la Resolución núm. 0440 de 8 de junio de 2004, modificado mediante la

Resolución No. 1298 de 27 de diciembre de 2007, (Cfr. Folios 296 al 335 del cuaderno núm. 1 del expediente)

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de función administrativa con la convicción de que se surtiría el trámite de reconocimiento
y restitución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º del Decreto 302 de 2000.

204. La Sala remarca que la buena fe ha sido entendida como un principio de rango
constitucional que propende por un desarrollo armónico en las relaciones entre los
ciudadanos y las autoridades, y que debe ser protegido y promovido por el Estado al
tanto que debe ser un criterio orientador en las decisiones administrativas, garantizando
que las actuaciones estatales se realicen de manera honesta y confiable.

205. Para la Sala el argumento propuesto por la recurrente no tiene vocación de
prosperidad teniendo en cuenta que, tal como se ha sostenido a lo largo de esta
providencia, la EAAB no le impuso a CANAAN un diseño que desbordara sus
obligaciones, como quiera que la iniciativa de presentar la propuesta y de definir los
diseños técnicos y el presupuesto de la obra provino del propio urbanizador, mientras
que la empresa de servicios públicos contaba con la facultad de aprobarlos o no a través
de la revisión de los diseños y del seguimiento al proyecto a través de la interventoría.
En ese orden de ideas y, tal como lo consideró el a quo, si la parte demandante
consideraba que era necesario un presupuesto mayor al aprobado inicialmente por la
EAAB para ejecutar su proyecto, debió solicitar, oportunamente, una complementación
de la Carta de Asignación de Compromisos inicialmente suscrita, lo cual no consta que
se hubiera hecho en el marco de la actuación administrativa.

206. Con todo y lo anterior, la Sala no pierde de vista que los representantes de Agua
Azul S.A. ESP -interventora- y CANAAN -urbanizadora-, suscribieron el día 31 de marzo
de 2008 el documento denominado “Acta de Entrega y Recibo Final de Urbanizaciones”
en el que dejaron constancia de “[…] la entrega y recibo definitivo de las obras
ejecutadas, objeto de la carta de compromiso 0855-2006-0094, las cuales han sido
entregadas por la firma constructora y recibidas por la Dirección Técnica y de
Interventoría a entera satisfacción […]”71. Si bien en este documento CANAAN no hizo
manifestación alguna respecto de mayores costos asumidos que excedieran las
necesidades del proyecto y que le debieran ser reconocidos por la EAAB, sino que lo
suscribió sin reparo alguno, lo que permitiría advertir, prima facie, que hubo una
manifestación de voluntad por parte de la empresa en la que aceptó las condiciones
técnicas y presupuestales derivadas de la Carta de Asignación de Compromisos, lo

71 Cfr. Folio 120 al 121 del cuaderno núm. 1 del expediente

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cierto es que, en caso de haber considerado lo contrario, la parte demandante debió
solicitar oportunamente la complementación de esta Carta como era su deber en los
términos del literal e) del numeral 3º ejusdem y, en particular, del principio constitucional
de la buena fe previsto en el artículo 83 Superior. Por las razones expuestas
anteriormente, el cargo no está llamado a prosperar.

Segundo cargo: Falsa motivación

Al no reconocer los valores pagados en exceso por CANAAN, la EAAB se
enriqueció sin justa causa

207. Refiere la parte recurrente, en síntesis, que como CANAAN construyó las redes
que por mandato legal le correspondía realizar a la EAAB, esta última dejó de sufragar
ciertos costos y, por lo tanto, se enriqueció sin justa causa. Agregó que el
empobrecimiento de CANAAN consistió en las obras adicionales sobre la red de
acueducto y alcantarillado, pluvial y sanitario, que tuvo que realizar por disposición de la
EAAB, la cual se negó a reconocer y pagar el valor de estas. Concluyó que, si un
urbanizador ejecuta obras que exceden las necesidades de su proyecto, y la empresa de
servicios públicos niega el reconocimiento de los valores pagados en exceso, es evidente
que se configura el enriquecimiento de la EAAB y el correlativo empobrecimiento de
CANAÁN.

208. La motivación de la decisión administrativa constituye un elemento necesario para
la validez del acto administrativo. Los motivos del acto aparecen integrados por las
circunstancias de hecho y las razones de derecho que justifican la expedición y el
contenido de la decisión. En ese orden, existen una serie de eventos en los que se
presenta el vicio de nulidad por falsa motivación conforme a la jurisprudencia de la Sala,
así: i) cuando los fundamentos de hecho o de derecho resultan inexistentes; ii) cuando
estos resultan contrarios a la realidad, bien sea por error o por aducir razones engañosas
o simuladas; iii) cuando el autor de la decisión les otorga un alcance que no tienen y,
finalmente, iv) cuando dichas razones no justifican la decisión72.

72 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P.: Dr. Roberto Augusto

Serrato Valdés, radicado: 25000-23-24-000-2012-00529-02 […]”

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209. Como se indicó supra la jurisprudencia de la Corporación tiene determinado que
para la procedencia de la acción de enriquecimiento sin justa causa o actio in rem verso
se requiere de la ausencia de una causa jurídica del desplazamiento patrimonial y que el
demandante carezca de cualquier otra acción que le permita reparar la situación, dado
su carácter subsidiario y excepcional73.

210. En ese sentido, en el ámbito de la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
supondría plantear la controversia extracontractual -acción de reparación directa- y como
último recurso a falta de otra acción. Como el desplazamiento patrimonial alegado tiene
origen en una causa jurídica - la Carta de Asignación de Compromisos núm. URB-9-99-
30100149-2006 de fecha 26 de abril de 200674-, cuyos efectos fueron cuestionados a
través de los cargos formulados contra los actos acusados de ilegalidad mediante la
presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho, no se cumplen los
presupuestos jurisprudenciales para la procedencia de la acción de enriquecimiento sin
justa causa. Por las razones expuestas anteriormente, el cargo no está llamado a
prosperar.

Conclusiones de la Sala

211. Considera que es procedente declarar fundado el impedimento manifestado por el
Consejero de Estado, doctor Oswaldo Giraldo López, por cuanto cumple con los
supuestos establecidos en el numeral 1 del artículo 141 de la Ley 1564.

212. Estima que es necesario confirmar el ordinal segundo del auto de 13 de agosto de
2014 proferido por la Magistrada Sustanciadora de la Subsección “C” en Descongestión
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que negó el decreto de una prueba pericial para objetar por error grave el dictamen
pericial rendido por Alberto Emilio Arias Guerrero, por cuanto no cumplió con el objeto de
la prueba en los términos del artículo 238.4 del Código de Procedimiento Civil, esto es,
demostrar el error grave que hubiere resultado determinante en las conclusiones del
dictamen pericial, su aclaración y complementación o que el error se hubiere originado
en estas.

73 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, C.P. Dra. Olga

Mélida Valle de La Hoz, 31 de agosto de 2015, Rad. núm.: 25000-23-26-000-2005-00221-01(36998) […]”
74 Cfr. Folios 112 al 117 del cuaderno núm. 1 del expediente

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213. Considera, igualmente, que no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos
administrativos acusados según lo expuesto en precedencia; en consecuencia, se
confirmará la sentencia proferida en primera instancia, el 7 de diciembre de 2017 por la
Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que
negó las pretensiones de la demanda.

Condena en costas

214. Visto el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, sobre condena en
costas, y atendiendo la conducta asumida por las partes, la Sala considera que no se
evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal, por lo que se abstendrá de
condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: ACEPTAR la manifestación de impedimento del Consejero de Estado,
doctor Oswaldo Giraldo López, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR el ordinal segundo del auto de 13 de agosto de 2014 proferido
por la Magistrada Sustanciadora de la Subsección “C” en Descongestión de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

TERCERO: CONFIRMAR la sentencia proferida en primera instancia, el 7 de diciembre
de 2017 por la Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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65

Número único de radicación: 25000 23 24 000 2009 00379 03
Demandante: Canales Andrade y Cía. S.A.S. – CANAAN-

CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de
esta sentencia.

QUINTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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