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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2013-00314-00

Fecha
30 de julio de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2013-00314-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el Consejero de Estado doctor Carlos Fernando Mantilla Navarro y, en consecuencia, SEPARAR al citado consejero del conocimiento del proceso de la referencia. SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Sin condena en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2013-00314-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

30 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00314-00
Demandante: Carlos Alberto Arias Henao
Demandada: Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores
Tema: Sanción disciplinaria proferida por el Tribunal Disciplinario de la
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores

Sentencia de única instancia

La Sala decide en única instancia la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho promovida por el señor Carlos Alberto Arias Henao contra las resoluciones
números 260 de 2 de agosto de 2012 y 401 de 22 de noviembre de 2012, expedidas
por el Tribunal Disciplinario de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de
Contadores.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La demanda1

1. El ciudadano Carlos Alberto Arias Henao en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de
18 de enero de 20112, presentó demanda en contra de las resoluciones números
260 de 2 de agosto de 2012 y 401 de 22 de noviembre de 2012, expedidas por el
Tribunal Disciplinario de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de
Contadores y formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PETICIONES

a. Que se declaren nulas por ser contrarias a la Constitución y a la Ley la Resolución
No. 260 del 02 de agosto de 2012 y Resolución que resolvió recurso de reposición
No. 401 del 22 de noviembre de 2012, producidas ambas por el Tribunal Disciplinario
de la Junta Central de Contadores, la primera para declarar responsabilidad
disciplinaria y suspender la inscripción profesional del Contador Carlos Alberto Arias
Henao por el término de seis (6) meses, y la segunda para confirmar la sanción
impuesta. [sic]

b. Que como consecuencia de la nulidad de los actos administrativos atrás
individualizados se restablezca en su derecho al señor CARLOS ALBERTO ARIAS
HENAO, ordenando a la Junta Central de Contadores levantar la suspensión de la
inscripción profesional dispuesta por el término de seis meses. […]” (negrilla del texto)

1
Cfr. Fol. 67 – 76, cuaderno principal.
2
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.

2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00314-00
Demandante: Carlos Alberto Arias Henao

I.1.1. Los hechos

2. Indicó que mediante auto de 7 de octubre de 2010, el Tribunal Disciplinario de la
Junta Central de Contadores ordenó la apertura de investigación disciplinaria en su
contra.

3. Manifestó que el 27 de octubre de 2011, luego de que se prorrogara el término de
la investigación por tres (3) meses, se profirió auto de formulación de cargos, el cual
le fue notificado personalmente el 24 de febrero de 2012.

4. Señaló que surtido el trámite de ley y calificada la falta como grave a título de
culpa por la violación del artículo 37 numerales 4. y 6. de la Ley 43 de 13 de
diciembre de 19903, se procedió a declarar su responsabilidad disciplinaria y a
imponerle sanción mediante la Resolución núm. 260 de 2 de agosto de 2012,
notificada el 1 de octubre de 2012.

5. Indicó que contra la resolución sancionatoria presentó recurso de reposición, el
cual fue decidido en la Resolución núm. 401 de 22 de noviembre de 2012, acto
administrativo que le fue notificado extemporáneamente el 14 de febrero de 2023,
confirmando en todas sus partes la resolución recurrida.

I.1.2. Las causales de nulidad invocadas

6. Mencionó como normas violadas los artículos 29 de la Carta Política; 28 de la Ley
43 de 1990; 44, 45 y 61 del Código Contencioso Administrativo; el Acuerdo núm.
014 de 28 de julio de 2011, expedido por el Tribunal Disciplinario de la Junta Central
de Contadores4; y el artículo 28 de la Ley 734 de 5 de febrero de 2002 5.

I.1.3. El concepto de violación

i) “[…] I. NULIDAD […]” (negrilla del texto)

7. Manifestó que el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores incurrió
en error en la publicidad de las resoluciones demandadas por “[…] por falta de
oportunidad legal en su notificación […]”.

8. Citó el artículo 28 de la Ley 43 de 1990 el cual señala que tanto la notificación del
pliego de cargos como de la resolución que decida el procedimiento disciplinario
debe hacerse dentro de los treinta (30) días siguientes a su expedición.

9. Aseveró que en el presente asunto, la Resolución núm. 260 de 2 de agosto de
2012, por medio de la cual se le sancionó, debió notificarse a más tardar el 17 de

3
“[…] “Por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de Contador Público y se dictan otras
disposiciones". […]”.
4
“[…] por el cual se adopta la Guía General para el trámite de los Procesos Disciplinarios de Competencia del Tribunal
Disciplinario de la Junta Central de Contadores. […]”
5
“[…] Por la cual se expide el Código Disciplinario Único […]”.

3

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00314-00
Demandante: Carlos Alberto Arias Henao

septiembre de 2012, por lo que la notificación personal realizada el 1 de octubre de
2012 “[…] resultó inoportuna […]”.

10. Consideró que la notificación extemporánea “[…] da al traste con su validez
jurídica […]” por infringir las normas en que se fundamenta el proceso disciplinario.

11. Señaló que lo mismo ocurría con la Resolución núm. 401 de 22 de noviembre de
2012, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición formulado en contra de
la decisión sancionatoria, puesto que “[…] fue notificada 57 días hábiles después de
proferida […]”, esto es, el 14 de febrero de 2013.

12. Puso de presente que el Acuerdo núm. 014 de 28 de julio de 2011, expedido por
la Junta Central de Contadores, adoptó la guía general para el trámite de los
procesos disciplinarios de competencia de esa entidad, el cual menciona que:

“[…] en virtud del principio de integración normativa, “los vacíos de procedimiento de
la Ley 43 de 1990 se deben llenar en primera instancia con las normas del Código
Contencioso Administrativo y luego con el Código Disciplinario Único (Ley 734 de
2002) en lo que resultare compatible con el trámite ético disciplinario de competencia
de la Junta Central de Contadores”. […]”

13. Indicó que ante un vacío de la Ley 43 de 1990 respecto del término para notificar
la resolución que decidió el recurso de reposición, “[…] acudimos al Código
Contencioso Administrativo (artículo 61) el cual determina que la forma es la
indicada en los artículos 44 y 45 CCA. […]”.

14. Aseveró que según los artículos mencionados, el envío de la citación para
notificación personal se debe realizar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
a la expedición del acto y, en caso de que no se pudiere hacer la notificación
personal al cabo de cinco (5) días del envío de la citación, se fija un edicto en lugar
público del respectivo despacho, por el término de diez (10) días, con inserción de
la parte resolutiva de la providencia.

15. Reiteró que la notificación personal se realizó 57 días hábiles después de proferir
la Resolución núm. 401 de 22 de noviembre de 2012, lo cual acarrea su nulidad.

ii) “[…] VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO […]” (negrilla del texto)

16. Señaló que el procedimiento disciplinario especial aplicable a los profesionales
de la contaduría se encontraba reglamentado en la Ley 43 de 1990 y, en lo no
dispuesto por esa norma, en lo regulado por el Código Contencioso Administrativo
y en el Código Disciplinario Único.

17. Indicó que adicionalmente y a manera de guía, la Unidad Administrativa Especial
Junta Central de Contadores expidió el Acuerdo núm. 014 de 28 de julio de 2011,
mediante el cual resumió el trámite disciplinario de los procesos a su cargo.

4

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00314-00
Demandante: Carlos Alberto Arias Henao

18. Mencionó que en el proceso disciplinario seguido en contra del señor Carlos
Alberto Arias Henao, la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores
desacató abiertamente los términos legales preestablecidos para cada una de las
etapas del proceso, con violación del artículo 29 de la Carta Política, en la siguiente
forma:

“[…]
NOTIFICACIÓ
ACTUACIÓN NORMAS PLAZO FECHA AUTO EN TÉRMINO
N PERSONAL
Denuncia 13/11/2009 SI
6 meses para
Numeral II realizar las
Auto apertura
Acuerdo 014 diligencias y 5
diligencias NO
de 2011 de la días para 25/02/2010 24/05/2010
previas
JCC, punto 2 notificar el
auto
Numeral III
Auto ordena
Acuerdo 14 de
apertura 6 meses
2011 de la
investigación investigación
JCC. Plazo NO
disciplinaria y 5 días para
notificación 07/10/2010 17/11/2010
Expediente notificar
personal: art
No. 2967
44 CCA.
Auto ordena
prorrogar por 3 Numeral III
meses el Acuerdo 14 de SI
3 meses 07/04/2011
término de la 2011 de la JCC
investigación
Auto
Parágrafo del
Formulación
art 28 Ley 43 30 días para NO
pliego de 27/10/2011 24/02/2012
de 1990 notificar
cargos
Art 28-C de la
Ley 43 de
1990, y 20 días a partir
Contestación
numeral III del auto para SI
pliego
Acuerdo 14 de presentar 23/03/2012
2011 de la descargos
JCC, punto 6.
Art 28-C de la
Ley 43 de
1990, y 30 días sigtes
Práctica de
numeral III [sic] a la SI
pruebas
Acuerdo 14 de contestación
2011 de la del pliego
JCC, punto 6.
Alegatos de Artículo 236 Traslado de 5
06/07/2012 SI
conclusión CCA días

Presentación
19/07/2012 SI
alegatos
Resolución
260 Fallo
única
instancia
Junta central Ley 43 de 30 días para
de 1990, art 28 notificar el NO
Contadores: parágrafo auto
02/08/2012 01/102012
Suspende
inscripción
profesional
por 6 meses
Recurso de 5 días sgtes
Arts. 50 a 53
reposición ante [sic] a SI
CCA Hasta oct 8 08/10/2012
JCC notificación
Resolución Art. 44 y 61 5 días para
NO
401 que CCA. enviar 22/11/2012 14/02/2013

5

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Demandante: Carlos Alberto Arias Henao

resuelve citación para
recurso de notificación
reposición personal, que
contra fallo se debe surtir
sancionatorio dentro de los
5 días
siguientes.
[…]” (negrilla fuera del texto)

iii) “[…] INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA […]”
(negrilla del texto)

19. Expuso que la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores no
valoró en su integridad los elementos de juicio y argumentaciones realizadas en
“[…] la vía gubernativa […]”, omitiendo:

“[…] estructurar los actos administrativos censurados con una adecuada y suficiente
motivación y obviando valorar pruebas y argumentos oportunamente allegados al
expediente, que demostraban la existencia de una causal de excusión [sic] de
responsabilidad disciplinaria […]” (subrayado del texto)

20. Señaló que en la versión libre que rindió el 24 de mayo de 2010 habría
manifestado que en la empresa Asesoría Empresarial Ltda., en la cual laboraba, se
tenía la convicción de que la restricción a la que se refiere el artículo 215 del Código
de Comercio no se aplicaba a las sociedades de contadores sino a los profesionales
que actuaban de manera independiente como personas naturales.

21. Advirtió que prueba de lo anteriormente expuesto era que el 3 de noviembre de
2009, esto es, 10 días antes de la presentación de la queja que dio origen al proceso
disciplinario, por “[…] inquietud […]” de una de las asistentes de la firma, se decidió
formular consulta ante la Unidad Administrativa Especial Junta Central de
Contadores para aclarar el alcance de la norma.

22. Puso de presente que con la respuesta del “[…] Consejo Técnico de Contaduría
Pública […]”, el 28 de diciembre de 2009, “[…] evaluó el número de revisorías
fiscales a su cargo, e inició el desmonte de las mismas para dar cumplimiento a la
ley. […]”.

23. Aseguró que expuso iguales argumentos en los alegatos de conclusión
presentados durante el proceso disciplinario, explicando que su conducta se debió
a:

“[…] un yerro de interpretación normativa causado por lo consignado en Oficio OR-
239 del 14 de febrero de 1985 proferido por la Superintendencia de Sociedades
respecto a que “las firmas de contadores podrán ser designadas como revisoras
fiscales en más de cinco (5) sociedades por acciones”. […]”.

24. Argumentó que durante el proceso disciplinario que se le siguió, aportó múltiples
comunicaciones y pruebas en las cuales evidencia que una vez se enteró de la
respuesta del “[…] Consejo Técnico de Contaduría Pública […]”, comunicó a sus
clientes que debía cesar en sus funciones como Revisor Fiscal.

6

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00314-00
Demandante: Carlos Alberto Arias Henao

25. Añadió que en el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución núm.
260 de 2 de agosto de 2012, expresó que:

“[…] su comportamiento no puede ser calificado como “GRAVE a título de CULPA”,
pues siempre actuó de buena fe exenta de culpa y con la plena convicción de que no
se encontraba violando las normas relativas a la ética profesional […]”.

26. Estimó que el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores no tuvo
en cuenta que “[…] las pruebas enunciadas anteriormente […]” configuraban la
causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria prevista en el numeral 6. del
artículo 28 de la Ley 734, consistente en actuar con la convicción errada e invencible
de que su conducta no constituye falta disciplinaria.

I.2. Trámite de la demanda

27. A través de auto de 3 de septiembre de 20156, se admitió la demanda y, en
consecuencia, i) se ordenó notificar personalmente a la Unidad Administrativa
Especial Junta Central de Contadores, al agente del Ministerio Público y al director
de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; ii) se corrió traslado de la
demanda según lo previsto en los artículos 172 y 199 de la Ley 1437; y, iii) se ordenó
a la parte demandada allegar los antecedentes administrativos que dieron origen a
los actos administrativos demandados.

I.3. La contestación de la demanda7

28. La
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores contestó la
demanda y se opuso a sus pretensiones por carecer de sustento legal y probatorio.

29. Manifestó que la conducta reprochada al accionante y que motivó la sanción
impuesta fue ejercer de manera simultánea el cargo de revisor fiscal principal y
suplente en más de cinco (5) sociedades por acciones conforme a los certificados
de existencia y representación legal de las sociedades.

30. Adujo que la conducta desconoció lo señalado en el artículo 215 del Código de
Comercio que establece la restricción para ejercer el cargo de revisor fiscal en más
de cinco (5) sociedades por acciones.

31. Consideró que los actos administrativos demandados fueron expedidos conforme
a las leyes 43 de 1990 y 734, así como al Código de Comercio y no vulneraron el
Código Contencioso Administrativo ni la Carta Política.

32. Estimó,igualmente, que se encuentran debidamente motivados puesto que
expusieron i) un relato de las actuaciones surtidas en el proceso disciplinario, ii) los
hechos que dieron origen a la investigación, iii) el cargo imputado y la norma
vulnerada por el accionante, iv) las pruebas allegadas a la actuación, v) la forma en

6
Cfr. Fol. 79-80, cuaderno principal.
7
Cfr. Fol. 89-93, cuaderno principal.

7

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00314-00
Demandante: Carlos Alberto Arias Henao

que se vulneraron los preceptos de la Ley 43 de 1990 y vi) la valoración de las
pruebas.

33. Aseveró que no existió violación al derecho de defensa y al debido proceso,
porque dentro de la actuación disciplinaria se garantizaron los derechos del
demandante y siempre tuvo la oportunidad de ejercer las acciones que consideró
necesarias para su defensa. Añadió que:

“[…] el apoderado de la parte actora no puede pretender declarar la nulidad de la
actuación disciplinaria, porque las etapas procesales no se surtieron de manera
rigurosa en el términos [sic] señalados por el legislador, y más aún cuando este
defensor dilató la investigación con solicitudes de nulidad y recursos de reposición
por cada auto que se expidiera. […]”

34. Consideró improcedente la nulidad invocada por el accionante sustentada en que
el fallo sancionatorio y el acto administrativo que resolvió el recurso de reposición
fueron notificados de manera extemporánea.

35. Puso de presente que:

“[…]
• Mediante citación de fecha 17 de septiembre de 2012, se solicitó al disciplinado que
compareciera el 21 de septiembre de 2012 a la notificación del fallo sancionatorio,
por causas atribuibles al disciplinado la diligencia de notificación no se llevó a cabo,
debido a que la asistente de gerencia de la empresa Asesoría Empresarial en la cual
laboraba el investigado, solicitó nueva fecha para adelantar la notificación, por
cuanto el enjuiciado se encontraba fuera del país, lo que ocasionó que el [sic]
aplazamiento de la personal para el 1° de octubre de 2012, en aras de garantizar el
derecho de defensa y contradicción del demandante.

• De igual forma sucedió con la notificación de la Resolución No. 401 del 22 de
noviembre de 2012 que confirmó el fallo sancionatorio, habida cuenta que el
implicado fue citado el 29 de enero de 2013 para notificar dicha decisión y
nuevamente la asistente de gerencia de la empresa Asesoría Empresarial el 31 de
enero del mismo año solicitó aplazamiento de la diligencia de notificación porque el
investigado se encontraba fuera del país, generando una suspensión en la fecha de
notificación para el 14 de febrero de 2013, fecha en la que se surtió la notificación
de la mencionada providencia. […]”

36. Propuso las excepciones de mérito de i) buena fe, ii) inexistencia de vicios en la
expedición de los actos administrativos y iii) desatención elemental de las normas
que rigen la profesión contable.

37. Frente a la excepción de buena fe, la accionada insistió en que la actuación
disciplinaria se adelantó cumpliendo con el procedimiento previsto en la Ley 43 de
1990, con la aplicación supletiva del Código Contencioso Administrativo y la Ley
734, garantizándole al accionado su derecho de defensa, quien tuvo la oportunidad
de rendir sus descargos y aportar y solicitar la práctica de pruebas, careciendo de
fundamento el reclamo del accionado que se sustenta en la mala fe de la autoridad
administrativa.

8

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00314-00
Demandante: Carlos Alberto Arias Henao

38. En lo que tiene que ver con la excepción de inexistencia de vicios en la expedición
de los actos administrativos, señaló que los actos administrativos demandados se
fundamentaron en los artículos 37 numerales 4. y 6. de la Ley 43 de 1990 y 215 del
Código de Comercio y que su competencia para proferir la sanción impuesta en
contra del accionante deriva de los dispuesto en el artículo 20 numeral 1. de la citada
ley.

39. Reiteró que las peticiones del demandante fueron oídas y resueltas a través de
las providencias que reposan en el expediente disciplinario, las cuales fueron
debidamente notificadas, y que se acreditó que este desconoció la limitación
prevista en el artículo 215 del Código de Comercio para el ejercicio de la revisoría
fiscal en sociedades por acciones.

40. Respecto de la excepción de desatención elemental de las normas que rigen la
profesión contable, expuso que de acuerdo con el artículo 8° de la Ley 43 de 1990,
el accionante estaba en la obligación de actuar con sujeción a las normas de
auditoría generalmente aceptadas y a las disposiciones de orden legal vigentes.

41. Insistió en que el accionante desatendió la limitación expuesta en el artículo 215
del Código de Comercio al rebasar la limitación numérica allí establecida, con la cual
se buscaba que:

“[…] los Revisores Fiscales solo contrataran los trabajos para los cuales él y sus
colaboradores cuenten con la capacidad e idoneidad necesarias para que sus
servicios se realicen en forma satisfactoria.

Pese a que es una norma con 43 años de existencia, tiene plena aplicación en la
actualidad, ya que en atención a las delicadas labores que el artículo 207 del Código
de Comercio confía al Revisor Fiscal, la eficacia de sus tareas puede verse
comprometida si acumula bajo su responsabilidad un número excesivo de revisorías.

Cabe resaltar, que el legislador consideró el artículo 37.6 de la Ley 43 de 1990 que
trata sobre la observancia de las disposiciones normativas como un principio rector
de la profesión contable, así mismo el artículo 37.7 de la misma Ley establece la
obligación de los Contadores en actualizar permanentemente los conocimientos
necesarios para su actuación profesional. […]”

I.4. Trámite del proceso

42. La audiencia inicial8 prevista en el artículo 1809 de la Ley 1437 se realizó el día
5 de agosto de 2016, en la cual se fijó el litigio y se decretó la práctica de pruebas
en el proceso. La fijación del litigio se realizó de la siguiente forma:

“[…] El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación,
consiste en determinar si con la expedición de las Resoluciones Nos. 260 de 2 de
agosto de 2012 “por la cual se emite fallo de única instancia dentro de una
investigación disciplinaria” y 401 de 22 de noviembre de la misma anualidad “por

8
Cfr. Fol. 119-126, cuaderno principal.
9
Modificado por el artículo 40 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021, “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en
materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. […]”.

9

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00314-00
Demandante: Carlos Alberto Arias Henao

la cual se resuelve un recurso de reposición contra un fallo sancionatorio”, se
quebrantaron los artículos 29 de la Constitución Política; 44, 45 y 61 del Código
Contencioso Administrativo, 28 de la Ley 43 de 1990, 28 de la Ley 734 de 2002 y
el Acuerdo 014 de 28 de julio de 2011 de la Junta Central de Contadores, por
considerar que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE
CONTADORES – TRIBUNAL DISCIPLINARIO, incurrió en error en la notificación y
publicidad de los actos acusados y en violación al debido proceso por
desconocimiento de los términos procesales y omisión en la valoración integral las
pruebas [sic], de los elementos de juicio y de los argumentos planteados en Sede
gubernativa [sic], dando lugar a la indebida motivación de los actos acusados.
[…]”(negrilla del texto)

43. En el curso de la citada audiencia se consideró innecesaria la realización de la
audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 de la Ley 1437 y se ordenó la
presentación por escrito de los alegatos de conclusión y del concepto del agente del
Ministerio Público dentro de los diez (10) días siguientes a su realización.

44. La demandante10 y la demandada11 presentaron sus respectivos alegatos de
conclusión y reiteraron los argumentos expuestos en el proceso.

45. El agente del Ministerio Público allegó el concepto núm. 00134 de 22 de agosto
de 2016, en el cual solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda.

46. Indicó que de acuerdo con las pruebas que obraban en el expediente, se acreditó
la inobservancia del artículo 215 del Código de Comercio, norma que establece que
ninguna persona puede ejercer el cargo de revisor fiscal en más de cinco (5)
sociedades por acciones.

47. Puso de presente que el desconocimiento de la norma fue aceptado por el mismo
accionante en el procedimiento administrativo quien argumentó que esto se debió a
una interpretación errónea de conceptos al respecto y que una vez se percataron
del error iniciaron el proceso para corregir la irregularidad.

48. Advirtió que las fechas en que se llevó a cabo la notificación de los actos
administrativos demandados respondieron a circunstancias atribuibles al accionante
en atención a las solicitudes de aplazamiento de la notificación personal que este
presentó y a las cuales accedió la accionada con el fin de garantizar el debido
proceso, defensa y contradicción, reprogramando las diligencias de notificación, por
lo que estimó que no era de recibo que el accionado estuviere alegando la
extemporaneidad de estas.

49. Señaló que no se había desconocido el derecho de defensa, contradicción y
publicidad, pues se observaron las etapas del procedimiento sancionatorio y el
accionado tuvo la oportunidad de defenderse, conocer las pruebas y solicitar la
práctica de aquellas que consideraba pertinentes.

10
Cfr. Fol. 130-133, cuaderno principal.
11
Cfr. Fol. 128-129, cuaderno principal.

10

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00314-00
Demandante: Carlos Alberto Arias Henao

I.5. Manifestación de Impedimento

50. El Consejero de Estado doctor Carlos Fernando Mantilla Navarro mediante
escrito de 27 de julio de 202612, manifestó impedimento con fundamento en la
causal prevista en el numeral 12. del artículo 141 de la Ley 1564 de 12 de julio de
201213, aplicable por remisión del artículo 130 de la Ley 1437, el cual señala:

“[…] Artículo 141. Causales de recusación. Son causales de recusación las
siguientes:

[…]

12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las
cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en este como apoderado, agente
del Ministerio Público, perito o testigo […]”

51. Indicó que: “[…] en mi condición de Procurador Delegado para la Conciliación
Administrativa ante la Sección Primera del Consejo de Estado, rendí el concepto
núm. 00134 de 22 de agosto de 2016 […]”14.

52. Por lo tanto, se declarará fundado el impedimento manifestado por el Consejero
de Estado doctor Carlos Fernando Mantilla Navarro al encontrarse configurado el
supuesto indicado supra, en consideración a que intervino en el proceso de la
referencia como agente del Ministerio Público15 y, en consecuencia, se separará del
conocimiento del asunto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

53. Esta sala de decisión, para desatar los argumentos de los recursos de apelación
presentados por las partes, abordará: i) su competencia; ii) los actos administrativos
demandados; iii) el problema jurídico; y, iv) el caso concreto.

II.1. La competencia

54. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única
instancia de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan
de cuantía expedidos por autoridades del orden nacional, de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 2. del artículo 149 de la Ley 1437 y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 8016 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta
Corporación.

12
Cfr. Índice 36, SAMAI.
13
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
14
Cfr. Índice 36, SAMAI.
15
Concepto núm. 00134 de 22 de agosto de 2016. Folios 134-176, cuaderno principal.
16
Modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67,
80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.

11

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00314-00
Demandante: Carlos Alberto Arias Henao

II.2. Los actos administrativos demandados

55. Los actos administrativos demandados son i) la Resolución núm. 260 de 2 de
agosto de 201217 y ii) la Resolución núm. 401 de 22 de noviembre de 201218,
expedidas por el Tribunal Disciplinario de la Unidad Administrativa Especial Junta
Central de Contadores.

56. La Resolución núm. 260 de 2 de agosto de 2012 resolvió:

“[…] PRIMERO: Declarar la responsabilidad disciplinaria del contador público
CARLOS ALBERTO ARIAS HENAO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
16.638.126 de Cali (Valle) y T.P. No 18.171-T conforme a las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sancionar disciplinariamente al contador público CARLOS ALBERTO
ARIAS HENAO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.638.126 de Cali
(Valle) y T.P. No 18.171-T, imponiéndole sanción de SUSPENSIÓN DE LA
INSCRIPCIÓN PROFESIONAL por el término de seis (6) meses, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de este proveído, lapso durante el cual no podrá ejercer
la profesión. […]”(negrilla del texto)

57. Este acto administrativo, en sus partes más relevantes, indicó que:

“[…] Así las cosas, en primer término este Tribunal encuentra probado que el
investigado, es sujeto disciplinable, por cuanto goza de la calidad de contador público
debidamente inscrito ante la Junta Central de Contadores, tal y como se infiere del
certificado allegado al expediente y obrante a folio 27, ahora que para efectos de esta
investigación, se determinó la calidad que ostentaba el profesional al servicio de las
sociedades en las que prestó servicios, quedando claro, que el roll [sic] profesional
que desempeñó fue el de revisor fiscal, pues de los documentos allegados por las
sociedades para la cual [sic] prestó servicios en forma delegada, informes y
certificaciones de las Cámaras de Comercio así se puede inferir razonablemente,
máxime cuando las mismas sociedades al requerírseles para que indicaran quien fue
su revisor fiscal y durante qué lapso, manifestaron que se trató de una designación
de revisoría fiscal en cabeza de la sociedad Asesoría Empresarial S.A.S. (antes
LTDA) y del contador CARLOS ALBERTO ARIAS HENAO, tal y como se analiza e
infiere de las pruebas obrantes en el proceso.

En segundo lugar se logró probar que para la fecha de los hechos (05 de febrero de
2010) las sociedades en las que prestó servicios el profesional y desarrolló funciones
de revisor fiscal eran sociedades por acciones, y en tercer lugar que dicha actividad
se realizó de forma simultánea.

(…)

Situaciones aceptadas por el contador investigado, tanto en su injurada, como en sus
descargos, alegatos y escritos allegados al expediente, pues manifiesta en repetidas
oportunidades y que de forma resumida se concretan en el argumento expuesto al
decir que él interpretó mal la doctrina y conceptos, y que la empresa de la cual él fue
representante legal, reconocen [sic] haber incurrido en inobservancia de la norma que
contiene la prohibición (art 215 C.Co.) tanto así, que decidieron realizar los
correspondientes desmontes de “revisoría fiscal” una vez se percataron del error,
además, que el revisor entiende según se infiere de sus escritos, “que la persona

17
Cfr. Fol. 3-17, cuaderno principal.
18
Cfr. Fol. 36-39, cuaderno principal.

12

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00314-00
Demandante: Carlos Alberto Arias Henao

jurídica no está incursa en ninguna vulneración a la prohibición”, pues éste siempre
habla de dicha sociedad, teniendo este Tribunal que aclarar, que en primer lugar no
se investigó en esta actuación a la sociedad de contadores, sino a la persona natural
que desarrolló la revisoría fiscal, la cual efectivamente inobservó la norma en cita, y
por la misma línea faltando a sus deberes de responsabilidad y observancia de las
normas legales vigentes; y en segundo lugar que pese a que tuvo las oportunidades
para ejercer su derecho a la defensa no logró desvirtuar los cargos imputados, pues
no aportó prueba que así lo demostrara, o por lo menos que le restara credibilidad a
las obrantes en el expediente, ahora que en cuanto a la indebida interpretación de la
doctrina, es importante aclarar y recordar al investigado, que lo que emana de las
entidades del Estado en materia de conceptos y según las normas del Código
Contencioso Administrativo y de la jurisprudencia que ha interpretado dicho fenómeno
jurídico, se ha concluido que un concepto no es vinculante, a menos que reforme una
situación jurídica particular, luego entonces la excusa, planteada por el investigado
no tiene valor a la hora de analizar su defensa, máxime cuando tampoco la ignorancia
de la Ley sirve de excusa, y cuando siendo el artículo 215 C.Co, claro y expreso, al
definir tanto la calidad que debe ostentar el sujeto activo, como el número de
sociedades en las que puede actuar o ejercer, y la especie de esas sociedades,
teniendo que observarse de forma real y efectiva, sin que se pretenda darle
interpretación distinta a la de su espíritu, pues debe aclararse en este punto, que
situación diferente sucedería en este caso concreto, si hipotéticamente se hubiera
llegado a reprochar la acción de la persona jurídica, pues se trata de otra calidad
especial del sujeto que desarrolla la acción, pero que aquí no es el caso como se
mencionó en anterior oportunidad, pues se investigó la acción desplegada por el
profesional, persona natural que desarrolló funciones y obligaciones adquiridas
contractualmente por un ente jurídico que necesariamente debió desarrollar su
actividad a través de sujetos profesionales como lo fue el señor CARLOS ALBERTO
ARIAS HENAO.

De otro lado y como se dijo anteriormente, existe un sujeto, una acción (probada
desplegada) y aceptada, que analizada a la luz de los supuestos fácticos del artículo
215 del C.Co se inobservó, lo que hace que se torne contraria a la Ley, y por lo tanto
antijurídica, que contrastada con las normas disciplinarias de la Ley 43 de 1990,
encuadra en los tipos disciplinarios de que tratan los artículos 37.4 y 37.6 de la citada
obra normativa, lo cual conlleva a que se reproche y como consecuencia se le de la
debida aplicación de la sanción, según los mandatos de la misma.

Ahora que como la investigación se realizó de forma integral (analizando situaciones
endógenas y exógenas que rodearon los hechos) y la valoración de las pruebas en
conjunto (tanto las que lo favorecen como las que lo inculpan), y bajo criterios legales
y de la sana crítica, se debe apreciar y valorar el hecho de que el profesional haya
dejado de inobservar las normas de su profesión, realizando el desmonte de las
revisorías fiscales que excedían las cinco permitidas en sociedades por acciones y
que estaban en cabeza de él, además el hecho de que no tenga a la fecha
antecedentes negativos disciplinarios, lo que genera una atenuación de la graduación
de la sanción, mas no de la calificación de la falta, toda vez que la acción se desplegó
y causó efectos que se investigaron y probaron dentro de este trámite procesal, el
cual por cierto, fue siempre garantista para el investigado y respetuoso del
procedimiento y ordenamiento legal.

(…)

En el caso que nos ocupa, el comportamiento que vulnera la ética profesional se
puede calificar como GRAVE a título de culpa, como consecuencia del actuar
profesional del Contador Público CARLOS ALBERTO ARIAS HENAO, al demostrarse
que fungió como revisor fiscal en más de cinco (5) sociedades por acciones de forma
simultánea, inobservando los preceptos legales del artículo 215 del C.Co, y faltando
a sus deberes de responsabilidad y observancia de las disposiciones normativas
vigentes.

13

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00314-00
Demandante: Carlos Alberto Arias Henao

De conformidad con las pruebas existentes en el expediente disciplinario, se tiene
certeza de las conductas desplegadas por el Contador Público CARLOS ALBERTO
ARIAS HENAO, vulneraron las normas que rigen su profesión, artículos 37.4 y 37.6
de la Ley 43 de 1990.

En consecuencia, este Tribunal Disciplinario considera que el Contador Público
CARLOS ALBERTO ARIAS HENAO, vulneró la ética profesional, por lo tanto, le son
atribuibles la imposición de sanciones disciplinarias de conformidad con el artículo 23.
[…]”

58. La Resolución núm. 401 de 22 de noviembre de 2012 decidió:

“[…] PRIMERO Confirmar en todas sus partes la Resolución No. 260 de fecha 02 de
agosto de 2012, mediante la cual se impone sanción de SUSPENSIÓN DE LA
INSCRIPCIÓN PROFESIONAL por el término de seis (6) meses al contador público
CARLOS ALBERTO ARIAS HENAO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
16.638.126 de Cali (Valle) y T.P. No 18.171-T, de acuerdo con los motivos expuestos
en este proveído. […]” (negrilla del texto)

II.3. El problema jurídico

59. El problema jurídico que se debe resolver en el presente proceso fue expuesto
en la audiencia inicial realizada el día 5 de agosto de 2016, en la siguiente forma:

“[…] El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación,
consiste en determinar si con la expedición de las Resoluciones Nos. 260 de 2 de
agosto de 2012 “por la cual se emite fallo de única instancia dentro de una
investigación disciplinaria” y 401 de 22 de noviembre de la misma anualidad “por
la cual se resuelve un recurso de reposición contra un fallo sancionatorio”, se
quebrantaron los artículos 29 de la Constitución Política; 44, 45 y 61 del Código
Contencioso Administrativo, 28 de la Ley 43 de 1990, 28 de la Ley 734 de 2002 y
el Acuerdo 014 de 28 de julio de 2011 de la Junta Central de Contadores, por
considerar que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE
CONTADORES – TRIBUNAL DISCIPLINARIO, incurrió en error en la notificación y
publicidad de los actos acusados y en violación al debido proceso por
desconocimiento de los términos procesales y omisión en la valoración integral las
pruebas [sic], de los elementos de juicio y de los argumentos planteados en Sede
gubernativa [sic], dando lugar a la indebida motivación de los actos acusados.
[…]”(negrilla del texto).

60. No se realizará un pronunciamiento expreso respecto de las excepciones de
mérito de i) buena fe, ii) inexistencia de vicios en la expedición de los actos
administrativos y iii) desatención elemental de las normas que rigen la profesión
contable formuladas por la parte accionada, en la medida en que se sustentan en la
legalidad del procedimiento sancionatorio adelantado en contra del demandante y
de los actos administrativos demandados, lo cual será objeto de análisis al abordar
los cargos de la demanda.

14

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00314-00
Demandante: Carlos Alberto Arias Henao

II.4. El caso concreto

II.4.1. El error en la notificación de los actos administrativos demandados

61. El artículo 28 de la Ley 43 de 1990 estableció el trámite del procedimiento
disciplinario de los contadores públicos en la siguiente forma:

“[…] Artículo 28. Del proceso. El proceso sancionador se tramitará así:

a) Las investigaciones correspondientes se iniciarán de oficio o previa denuncia
escrita por la parte interesada que deberá ratificarse bajo juramento.

b) Dentro de los diez (10) días siguientes correrá el pliego de cargos, cumplidas las
diligencias previas y allegadas las pruebas pertinentes a juicio de la Junta Central de
Contadores, cuando se encontrare fundamento para abrir la investigación.

c) Recibido el pliego, el querellado dispondrá de veinte (20) días para contestar los
cargos y para solicitar las pruebas, las cuales se practicarán los treinta (30) días
siguientes; y

d) Cumplido lo anterior se proferirá la correspondiente resolución por la Junta Central
de Contadores.

Contra la providencia sólo procede el recurso de reposición, agotándose así la vía
gubernativa salvo los casos de suspensión y cancelación, que serán apelables ante
el Ministro de Educación Nacional.

Parágrafo. Tanto la notificación de pliego de cargos, como de la resolución de la
Junta Central de Contadores, deberá hacerse personalmente dentro de los treinta
(30) días siguientes. Cuando no fuere posible hallar al inculpado para notificarle
personalmente el auto respectivo, la notificación se hará por edicto, que se fijará
durante diez (10) días en la Secretaría de la Junta. […]”(negrilla del texto).

62. Consta en el expediente que una vez fue expedida la Resolución núm. 260 de 2
de agosto de 2012, la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores,
por despacho comisorio de 28 de agosto de 201219, comisionó a la Personería
Municipal de Santiago de Cali (Valle del Cauca) para realizar la notificación de dicho
acto administrativo al accionante.

63. Se encuentra la comunicación de 4 de octubre de 2012 20 de la Personería
Municipal de Santiago de Cali, mediante la cual se remiten los resultados de la
comisión conferida. Con la citada comunicación se allegó:

63.1. Lacitación de 17 de septiembre de 2012, mediante la cual se solicitó la
comparecencia del accionante para notificarle personalmente la resolución
sancionatoria, diligencia que se llevaría a cabo el 21 de septiembre de 2012, hora
4:30 p.m.

63.2. Oficio de la asistente de gerencia de la empresa Asesoría Empresarial de 18 de
septiembre de 2012, en la cual informa que el accionante se encuentra fuera del

19
Cfr. Fol. 547, cuaderno de anexos de la contestación de la demanda.
20
Cfr. Fol. 564-569, cuaderno de anexos de la contestación de la demanda.

15

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00314-00
Demandante: Carlos Alberto Arias Henao

país y regresará hasta el 27 de septiembre de 2012, por lo cual solicita programar
una nueva cita.

63.3. La citación de 24 de septiembre de 2012, mediante la cual, atendiendo la
información suministrada respecto de la situación del accionante, se solicitó su
comparecencia para notificarle el citado acto administrativo, diligencia que se
llevaría a cabo el día 1° de octubre de 2012, hora 9:00 a.m.

63.4. Acta de notificación personal de la Resolución núm. 260 de 2 de agosto de
2012, en la cual consta que la notificación del acto administrativo se realizó el 1° de
octubre de 2012.

64. Notificada personalmente la Resolución núm. 260 de 2 de agosto de 2012, el
accionante interpuso en contra de este acto administrativo el recurso de reposición
que fue resuelto en la Resolución núm. 401 de 22 de noviembre de 2012.

65. Para efectos de la notificación de la Resolución núm. 401 de 22 de noviembre de
2012, la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores nuevamente
comisionó a la Personería Municipal de Santiago de Cali (Valle del Cauca) mediante
despacho comisorio de 14 de diciembre de 201221.

66. Se encuentra la comunicación de 18 de febrero de 2013 22 de la Personería
Municipal de Santiago de Cali, mediante la cual se remiten los resultados de la
comisión conferida. Con la citada comunicación se allegó:

66.1. La citación de 29 de enero de 2013, mediante la cual se solicitó la
comparecencia del accionante para notificarle personalmente la resolución que
resolvió el recurso de reposición contra la decisión sancionatoria, diligencia que se
llevaría a cabo el 8 de febrero de 2013, hora “[…] 9:30 p.m. […]”. (Negrilla del texto).

66.2. Oficio de la asistente de gerencia de la empresa Asesoría Empresarial de 31 de
enero de 2013, en la cual informa que el accionante se encuentra fuera de la ciudad
(Santiago de Cali) y regresará hasta el 11 de febrero de 2013, por lo cual solicita
programar una nueva cita.

66.3. La citación de 5 de febrero de 2013, mediante la cual, atendiendo la información
suministrada respecto de la situación del accionante, se solicitó su comparecencia
para notificarle el citado acto administrativo, diligencia que se llevaría a cabo el día
14 de febrero de 2013, hora 2:00 p.m.

66.4. Acta de notificación personal de la Resolución núm. 401 de 22 de noviembre de
2012, en la cual consta que la notificación del acto administrativo se realizó el 14 de
febrero de 2013.

21
Cfr. Fol. 641-642, cuaderno de anexos de la contestación de la demanda.
22
Cfr. Fol. 645-649, cuaderno de anexos de la contestación de la demanda.

16

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00314-00
Demandante: Carlos Alberto Arias Henao

67. Se advierte que en el trámite de notificación de las resoluciones números 260 de
2 de agosto de 2012 y 401 de 22 de noviembre de 2012, expedidas por la Unidad
Administrativa Especial Junta Central de Contadores, como lo señala la parte
accionante, no se cumplió lo señalado en el parágrafo del artículo 28 de la Ley 43
de 1990, el cual indica que “[…] Tanto la notificación de pliego de cargos, como de
la resolución de la Junta Central de Contadores, deberá hacerse personalmente
dentro de los treinta (30) días siguientes. […]”.

68. Sin embargo, el hecho de que se superara el término previsto en dicha norma en
modo alguno supuso el desconocimiento del debido proceso del accionante si se
tiene en cuenta que en el trámite de notificación se garantizó su derecho a conocer
las decisiones adoptadas por la autoridad administrativa, al haber sido notificado
personalmente de tales decisiones, así como el ejercicio del derecho de
contradicción con la interposición del recurso de reposición contra la decisión
sancionatoria.

69. Asimismo, la situación anterior se explica en tanto la autoridad administrativa
ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. tuvo que acudir al mecanismo de la comisión
para efectuar la notificación al accionante que se ubicaba en la ciudad de Santiago
de Cali, así como a que se solicitó el aplazamiento de las diligencias de notificación
personal por cuanto el accionante no podía acudir a estas.

70. Finalmente, cabe precisar que esta Sección23 ha sostenido la falta de notificación
o la notificación irregular de los actos administrativos no es causal de nulidad de
estos sino una condición de su eficacia:

“[…] para la Sala resulta claro que la falta publicidad del acto administrativo definitivo
o su deficiencia conlleva a su ineficacia, que consiste en la imposibilidad de producir
los efectos para los cuales se expidió. Así, lo manifestó esta Corporación24, tal como
se observa a continuación:

La falta de notificación o la notificación irregular de los actos administrativos,
fenómenos que tienen efectos equivalentes según lo preceptuaba el Decreto
Extraordinario Nº 2733 de 1959 y lo dispone hoy el Decreto Extraordinario Nº 01 de
1984, no es causal de nulidad de los mismos; en efecto, dicha notificación es
necesaria, cuando así lo señala la ley (y lo hace para todos los actos administrativos
de contenido particular que hayan culminado una actuación administrativa), como
una condición de su eficacia;.

En otros términos la notificación del acto administrativo no dice relación con
su validez jurídica la cual no sufre variación por el hecho de que se haya cumplido
con la obligación de notificarlo legalmente o se haya prescindido de dicha diligencia;
el acto administrativo que nació viciado no se sanará porque, con posterioridad, se
notifique legalmente; y al revés, el acto que nace válido no pierde validez porque se
deje de notificar o porque la notificación sea irregular.

Es una simple aplicación del principio según el cual el examen de validez
jurídica de los actos administrativos que hace el contralor jurisdiccional se debe

23
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto
Serrato Valdés. Sentencia de 15 de Agosto de 2019. Radicación núm.: 25000-23-24-000-2012-00307-00.
24
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 26 de septiembre de 2006.

17

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00314-00
Demandante: Carlos Alberto Arias Henao

efectuar, por regla general, en el momento de su nacimiento, de modo que las
circunstancias posteriores no afectan una situación inicial.

Cosa distinta es que la ejecución del acto sea ilegal cuando se hace, por ejemplo, sin
que éste haya adquirido firmeza, caso en el cual, la ilegalidad de la ejecución
conserva su propia individualidad, vale decir que no se extiende al acto administrativo;
pueden existir, por consecuencia, ejecuciones ilegales de actos legales o ejecuciones
legales de actos ilegales; en el primer caso, debe cuestionar la ejecución; en el
segundo se debe acatar el acto; son circunstancias distintas, como que corresponden
al hecho y al acto administrativo, respectivamente, que, por lo mismo, exige la
utilización de mecanismos procesales diversos; la acción de nulidad sola sumada al
restablecimiento del derecho, para el caso de los actos; la de reparación directa para
las operaciones administrativas de ejecución25 (negrillas fuera de texto).

En la misma línea, esta Sección ha advertido que la ausencia del requisito de
publicidad del acto no supone su inexistencia o invalidez:

Aún si el acto acusado no fue publicado, la falta de publicación no impide el
enjuiciamiento de su legalidad porque, como lo ha establecido la jurisprudencia de
esta Corporación y de la Corte Constitucional en forma reiterada, “la publicidad es un
requisito externo al acto administrativo que impide su oponibilidad frente a los
particulares y, por tanto, su eficacia, pero en ningún caso afecta su existencia y
validez pues el acto existe y es válido desde cuando se expide, esto es, desde
cuando lo suscribe la autoridad administrativa correspondiente”, razón por la
cual proceden los juicios de legalidad contra actos existentes, aunque no hayan
sido publicados26 (negrillas fuera de texto).

De conformidad con las anteriores consideraciones, la presunta falta de publicidad de
los actos acusados no afecta su validez sino su eficacia, y como el juez contencioso
administrativo es de legalidad, resulta claro que el cargo formulado carece de
vocación de prosperidad. […]” (negrilla del texto)

71. Igualmente, la Sección27 ha mencionado que:

“[…] En relación con el reparo formulado por la parte actora, consistente en que la
notificación personal de los actos demandados no se realizó en debida forma ni dentro
del término legal, lo cual configuraría una vulneración del debido proceso, la Sala
advierte que dicha censura se refiere a uno de los atributos del acto administrativo,
concretamente su ejecutoriedad u obligatoriedad. Este atributo implica la posibilidad
de que el acto produzca efectos jurídicos una vez ha nacido a la vida jurídica, salvo
que concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 91 del CPACA que
suspenda o impida su ejecución.

En ese sentido, la notificación extemporánea no afecta la validez del acto
administrativo, pues esta únicamente se desvirtúa cuando se acredita la ausencia de
uno o varios de sus elementos esenciales de legalidad. Ello ocurre, por ejemplo,
cuando se demuestra que el acto es contrario al ordenamiento jurídico superior
vigente al momento de su expedición; que fue proferido por autoridad incompetente;
que se fundamenta en hechos falsos; que adolece de vicios sustanciales en el
procedimiento; que vulnera de manera material los derechos al debido proceso, a la
defensa o de audiencia; o que desatiende los fines que justifican su existencia. Esta

25
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 26 de septiembre de 1996. Expediente: 2431. M. P.: Juan de Dios
Montes Hernández. Actor: Turriago Suárez Espinoza Limitada.
26
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 23 de septiembre de 2010. Proceso número Radicación número: 11001-
03-24-000-2004-00304-01. M.P.: María Claudia Rojas Lasso.
27
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente (E): Germán Eduardo
Osorio Cifuentes. Sentencia de 18 de septiembre de 2025. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00201-00.

18

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00314-00
Demandante: Carlos Alberto Arias Henao

postura ha sido reiterada por la jurisprudencia de manera constante, pacífica y
uniforme28. […]”

72. El cargo, en consecuencia, no prospera.

II.4.2. La violación del debido proceso por el desconocimiento de los términos
procesales

73. La parte accionante puso de presente que en el trámite del procedimiento
disciplinario seguido en su contra no se tuvo en cuenta lo previsto en el artículo 28
de la Ley 43 de 1990, norma que estableció el procedimiento disciplinario de los
contadores públicos, ni lo señalado en el Acuerdo núm. 14 de 28 de julio de 2011,
mediante el cual el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores adoptó
la guía general para el trámite de los procesos disciplinarios de competencia de este
tribunal.

74. Adujo que no se tuvieron en cuenta las mencionadas disposiciones en lo atinente
a la expedición y notificación de las providencias mediante las cuales se abrió a
diligencias previas, ordenó la apertura de la investigación disciplinaria, se formuló
pliego de cargos y se decidió de fondo la actuación administrativa sancionatoria -
mediante las resoluciones números 260 de 2 de agosto de 2012 y 401 de 22 de
noviembre de 2012-.

75. En lo que se refiere al auto mediante el cual se abrió a diligencias previas, consta
en el expediente que la jefe de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección
Seccional de Impuestos de Cali de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(en adelante DIAN) informó a la Unidad Administrativa Especial Junta Central de
Contadores que el accionante, señor Carlos Alberto Arias Henao:

“[…] se encuentra inscrito en el RUT como revisor fiscal principal de veinticuatro (24)
Sociedades Anónimas y tres (3) Sociedades Anónimas Simplificadas, razón por la
cual estaría incurso en la Restricción de que trata el Artículo 215 del Código de
Comercio, “Ninguna persona podrá ejercer el cargo de revisor en más de cinco
sociedades por acciones”. […]”29 (negrilla del texto)

76. Con ocasión del citado informe, mediante auto de 25 de febrero de 2010 30, el
presidente de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores
profirió “[…] AUTO DE APERTURA DE DILIGENCIAS PREVIAS, DESIGNACIÓN
DE PONENTE Y OPERADORES DISCIPLINARIOS […]”. (Negrilla del texto).

28
Los siguientes apartes han sido acogidos en diversos pronunciamientos entre los cuales vale la pena resaltar: Sección
Quinta, Sentencia del 23 de agosto de 2018. Proceso número 52001 23 31 000 2011 00002 01. M.P: Alberto Yepes Barreiro;
Sección Primera. Sentencia del 10 de mayo de 2012. Radicación número: 66001-23-31-000-2006-00353-01. C.P. María
Claudia Rojas Lasso; Sección Primera. Sentencia del 26 de julio de 2018. Expediente número 11001 03 24 000 2010 00199
00. M.P. María Elizabeth García González. Sección Primera. Fallo del 15 de noviembre de 2019. Proceso número 11001 03
24 000 00163 01. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Sección Tercera. Sentencia del 11 de agosto de 2005. Proceso número
1001 03 26 000 2000 08345 01 (18345). M.P. María Elena Giradlo López. Sección Primera, Sentencias de 3 de agosto de
2000, M. P. Olga Inés Navarrete Rodríguez, exp. No. 5722; 9 de diciembre de 2004, M. P. María Inés Ortiz Barbosa, exp. No.
14152; sentencia de 4 de noviembre de 2004, M.P. María Inés Ortiz Barbosa, exp. No. 13822; Sección Tercera. Radicación
número: 11001 03 26 000 1995 1215 01. Dra. María Elena Giraldo Gómez. Referencia: No. Interno 11.215.
29
Cfr. Fol. 1-17, cuaderno de anexos de la contestación de la demanda.
30
Cfr. Fol. 21-23, cuaderno de anexos de la contestación de la demanda.

19

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00314-00
Demandante: Carlos Alberto Arias Henao

77. En el citado auto se resolvió:

“[…] PRIMERO. En cumplimiento de lo ordenado por la Junta Central de Contadores
en sesión de Sala Disciplinaria No. 1818 de diciembre 10 de 2009, disponer la
apertura de Diligencias Previas y, de ser necesario, la investigación forma
disciplinaria, con ocasión del informe presentado por Zamira Salcedo Castrillón, Jefe
División de Gestión de Fiscalización-DIAN.

(…)

QUINTO. Como consecuencia de lo anterior, avóquese conocimiento de la presente
averiguación disciplinaria, en los términos señalados.

SEXTO. Ordenar la práctica de las siguientes diligencias:

• Escuchar en versión libre y espontánea a los Contadores Públicos que
resultaren involucrados en la presente actuación disciplinaria.

• Solicitar a la Oficina de Registro e Inscripción Profesional de la Junta Central
de Contadores, los antecedentes disciplinarios, de los contadores Públicos
que resulten involucrados en la presente actuación disciplinaria. […]”

78. Consta en el expediente la comunicación de 30 de abril de 2010 31, mediante la
cual la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores informa a la
Personería de Santiago de Cali que la comisionó para efectos de notificar el auto de
apertura de diligencias previas y para recibir la versión libre y espontánea del
accionante.

79. La Personería de Santiago de Cali remitió los resultados de la comisión en
comunicación de 25 de mayo de 201032, allegando:

79.1. Citación de 12 de mayo de 2010, mediante la cual se comunica al accionante
que debe comparecer a la citada entidad el día 24 de mayo de 2010, hora 8:30 a.m.,
para ser notificado del auto de 25 de febrero de 2010 y para ser escuchado en
versión libre.

79.2. Acta de notificación personal del citado auto de fecha 24 de mayo de 2010.

79.3. Diligencia de versión libre rendida por el accionante el 24 de mayo de 2010.

80. Respecto del auto de apertura de investigación disciplinaria, se advierte que por
auto de 7 de octubre de 201033, la Sala Disciplinaria de la Junta Central de
Contadores ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra del
accionante, señor Carlos Alberto Arias Henao; le informó que tenía el derecho de
designar defensor y que el expediente permanecería a su disposición en la
secretaría de la dirección jurídica de la entidad; tuvo como pruebas las recaudadas
en las diligencias previas; y ordenó la práctica de otras.

31
Cfr. Fol. 30-31, cuaderno de anexos de la contestación de la demanda.
32
Cfr. Fol. 32-45, cuaderno de anexos de la contestación de la demanda.
33
Cfr. Fol. 48-51, cuaderno de anexos de la contestación de la demanda.

20

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00314-00
Demandante: Carlos Alberto Arias Henao

81. Se encuentra en el expediente la comunicación de 22 de octubre de 2010 34,
mediante la cual la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores
informa a la Personería de Santiago de Cali que la comisionó para efectos de
notificar el auto de apertura de investigación disciplinaria de 7 de octubre de 2010.

82. La Personería de Santiago de Cali remitió los resultados de la comisión en
comunicación de 18 de noviembre de 201035, allegando:

82.1. Citaciones de 8 de noviembre de 2010, mediante las cuales se comunica al
accionante que debe comparecer a la citada entidad el día 22 de noviembre de
2010, hora 10:30 a.m., para ser notificado del auto de 7 de octubre de 2010.

82.2. Acta de notificación personal del citado auto de fecha 17 de noviembre de 2010.

83. Por auto de 7 de abril de 201136, el presidente del Tribunal Disciplinario de la
Junta Central de Contadores autorizó a la profesional a cargo de la averiguación
disciplinaria para prorrogar por tres (3) meses el término de la investigación.

84. En lo que tiene que ver con la providencia mediante la cual se formuló cargos al
accionante, se tiene que por auto de 27 de octubre de 201137, el Tribunal
Disciplinario de la Junta Central de Contadores formuló cargos en contra del
accionante, señor Carlos Alberto Arias Henao.

85. Se encuentra en el expediente la comunicación de 18 de noviembre de 201138,
mediante la cual la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores
informa a la Personería de Santiago de Cali que la comisionó para efectos de
notificar el auto de formulación de cargos de 27 de octubre de 2011, entidad que
remitió la notificación por edicto fijado el 16 de diciembre de 2011 y desfijado el 29
de diciembre de 2011, ante la imposibilidad de notificar al accionante
personalmente.

86. No obstante lo anterior, reposa en el expediente la comunicación de 6 de febrero
de 201239, mediante la cual la Unidad Administrativa Especial Junta Central de
Contadores informa a la Personería de Santiago de Cali que la comisionó,
nuevamente, para efectos de notificar el auto de formulación de cargos de 27 de
octubre de 2011.

87. La Personería de Santiago de Cali remitió los resultados de la comisión en
comunicación de 7 de marzo de 201240, allegando:

87.1. Despacho comisorio de 6 de febrero de 2012.

34
Cfr. Fol. 52-53, cuaderno de anexos de la contestación de la demanda.
35
Cfr. Fol. 54-60, cuaderno de anexos de la contestación de la demanda.
36
Cfr. Fol. 147, cuaderno de anexos de la contestación de la demanda.
37
Cfr. Fol. 497-511, cuaderno de anexos de la contestación de la demanda.
38
Cfr. Fol. 512-514, cuaderno de anexos de la contestación de la demanda.
39
Cfr. Fol. 519-521, cuaderno de anexos de la contestación de la demanda.
40
Cfr. Fol. 522-525, cuaderno de anexos de la contestación de la demanda.

21

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00314-00
Demandante: Carlos Alberto Arias Henao

87.2. Citación de 17 de febrero de 2012, mediante las cuales se comunica al
accionante que debe comparecer a la citada entidad el día 24 de febrero de 2012,
hora 8:30 a.m., para ser notificado del auto de cargos expedido en el expediente
disciplinario núm. 2967.

87.3. Acta de notificación personal del citado auto de 24 de febrero de 2012.

88. Mediante la Resolución núm. 260 de 2 de agosto de 2012 se emitió fallo
sancionatorio en contra del accionante, señor Carlos Alberto Arias Henao,
consistente en suspensión de la inscripción profesional por el término de seis (6)
meses.

89. En contra del acto administrativo sancionatorio se presentó recurso de
reposición41, el cual fue resuelto en la Resolución núm. 401 de 22 de noviembre de
2012, confirmando la decisión impugnada.

90. En lo que se refiere a la forma en que se realizó la notificación de los actos
administrativos demandados, esto fue expuesto en el cargo anterior por lo cual nos
remitimos a lo allí señalado.

91. Frente a los cuestionamientos de la parte accionante, se debe precisar que para
la fecha en que fueron expedidos los autos de apertura de diligencias previas -25
de febrero de 2010- y de apertura de la investigación disciplinaria -7 de octubre de
2010- no había sido expedido el Acuerdo núm. 14 de 28 de julio de 2011 y se
encontraba vigente el Acuerdo núm. 007 de 15 de diciembre de 2005 -guía
disciplinaria para el trámite de las investigaciones de competencia de la Junta
Central de Contadores-.

92. El auto de 27 de octubre de 2011, por el cual se formuló cargos en contra del
accionante, y los actos administrativos demandados, esto es, las resoluciones
números 260 de 2 de agosto de 2012 y 401 de 22 de noviembre de 2012, fueron
expedidos por el Tribunal Disciplinario de la Unidad Administrativa Especial Junta
Central de Contadores en vigencia del Acuerdo núm. 14 de 28 de julio de 2011.

93. El Acuerdo núm. 007 de 15 de diciembre de 2005, en lo que se refiere a las
providencias mediante las cuales se abrió a diligencias previas y se ordenó la
apertura de la investigación disciplinaria, indicó lo siguiente:

“[…] II. DILIGENCIAS PREVIAS – Término: 6 meses. Evaluación. 10 días

Si la Junta considera que existe mérito para abrir diligencias previas, se decide así,
se asigna número, se designa a un ponente Dignatario del Tribunal y se ordena al
Director Jurídico y a un profesional adscrito a esa dependencia, quienes en el carácter
de operadores disciplinarios se ocuparán de instruir la investigación. De igual forma,
se ordena la práctica de pruebas conducentes al esclarecimiento de los hechos
materia de averiguación.

41
Cfr. Fol. 570-574, cuaderno de anexos de la contestación de la demanda.

22

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00314-00
Demandante: Carlos Alberto Arias Henao

(…)

De producirse la ratificación de la queja, o de decidirse el adelantamiento de la
averiguación en forma oficiosa, los operadores disciplinarios ordenarán las
actuaciones necesarias para notificar personalmente el auto de apertura de
diligencias previas a el (los) profesional (es) o al representante legal de la persona
jurídica involucrada en la queja. En la misma citación para notificación, se invita a el
(los) implicado (s) a rendir versión libre de los hechos materia de investigación. De no
ser posible la notificación personal se hará mediante edicto emplazatorio que se
publicará en un lugar visible de las instalaciones de la Junta Central de Contadores al
día siguiente del vencimiento del plazo conferido para llevar a cabo la notificación
personal (art. 45 C.C.A).
Responsables: Operadores Disciplinarios.

Concluidas las diligencias previas, que se practicarán en el término de seis (6) meses
contados a partir de la fecha de su apertura, cuando con fundamento en la queja, en
la información recibida o en las diligencias adelantadas, se identifique al posible autor
o autores de la falta disciplinaria, los operadores disciplinarios, siguiendo las
directrices trazadas por el ponente, prepararán el proyecto que decide las Diligencias
Previas que entregan por conducto del Director Jurídico a Secretaría General para
someter a consideración del Tribunal, cuyos dignatarios en sesión de Sala
Disciplinaria deciden sobre la apertura de investigación disciplinaria o el archivo de
las diligencias adelantadas.

(…)

III. INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA. Término: 6 meses, prorrogables por 3 meses,
a través de auto emanado de la Presidencia del Tribunal, previa definición de su
necesidad. Evaluación: 10 días.

La decisión de apertura de investigación se notificará en forma personal a el (los)
investigado (s) y de ello se dejará constancia en el expediente; de no ser posible su
notificación personal, se hará mediante edicto emplazatorio (art. 45 C.C.A.). (…)

(…)

DE LAS NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

Se notificarán personalmente el auto de apertura de diligencias previas, el auto de
apertura de investigación formal, el pliego de cargos, el auto de archivo definitivo, el
fallo de primera instancia y segunda instancia, el acto que decide los recursos
interpuestos, el auto que decide solicitudes de pruebas y de nulidad.

De conformidad con el parágrafo del artículo 28 de la Ley 43 de 1990, la notificación
del pliego de cargos y de la resolución final, deberá hacerse personalmente dentro
del plazo de treinta (30) días contados a partir de la expedición del acto. Durante ese
lapso se enviarán al interesado dos (2) citaciones con intervalo de diez (10) días. Si
vencido este período de tiempo no fue posible hallar al profesional, se notificará por
edicto que permanecerá fijado en lugar visible de la entidad por espacio de diez (10)
días.

Los demás actos que se produzcan dentro del trámite de las actuaciones disciplinarias
de competencia de la Junta Central de Contadores y respecto de los cuales proceden
los recursos establecidos en el Código Contencioso Administrativo, se notificarán en
los términos previstos por el Código Contencioso Administrativo – artículos 44 y 45
(…)

(…)

23

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00314-00
Demandante: Carlos Alberto Arias Henao

Se comunican las siguientes decisiones:

• Decisiones no susceptibles de recursos. Art. 109 Ley 734 de 2002.
• Auto de archivo definitivo y el fallo absolutorio al quejoso. Art. 109 Ley 734 de
2002. […]” (negrilla del texto)

94. El Acuerdo núm. 14 de 28 de julio de 2011, en lo atinente al auto de formulación
de cargos y a los actos administrativos que deciden el procedimiento disciplinario,
señaló que:

“[…] III. Investigación Disciplinaria. Término: 6 meses, prorrogables por 3 meses

(…)

-- De decidirse la formulación de cargos, el abogado designado dispone el
cumplimiento de lo ordenado en la providencia y procede a la notificación personal
del pliego a los implicados. De no ser posible la notificación personal luego del envío
de la correspondiente citación, se procederá a la notificación por edicto que se
publicará en un lugar visible de las instalaciones de la Junta Central de Contadores
dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del plazo conferido para llevar a
cabo la notificación personal, edicto que permanecerá fijado por el término de diez
(10) días hábiles. Cumplida la notificación por edicto, procederá de manera inmediata
a designar defensor de oficio. (Artículo 28 Ley 43 de 1990; artículo 165 Ley 734 de
2002).

(…)

-- El proyecto final será presentado por el ponente y discutido por el Tribunal
Disciplinario, quien puede decidir entre absolver o imponer sanción disciplinaria.

-- Adoptada la decisión sancionatoria por parte del Tribunal Disciplinario, el abogado
designado dispondrá de manera inmediata la notificación personal a los implicados,
al representante legal de la persona jurídica involucrada, al apoderado o al defensor,
de haberse designado, según el caso. De no ser posible la notificación personal luego
del envío de la correspondiente citación, se procederá a la notificación por edicto que
se publicará en un lugar visible de las instalaciones de la Junta Central de Contadores
dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del plazo conferido para llevar a
cabo la notificación personal, edicto que permanecerá fijado por el término de diez
(10) días hábiles. (Parágrafo artículo 28 Ley 43 de 1990).

Contra el fallo sancionatorio, procede para el investigado, su apoderado o defensor
de oficio, el recurso de reposición el cual deberá presentarse personalmente y por
escrito ante la Junta Central de Contadores ubicada en la calle 96 N° 9 A-21 de la
ciudad de Bogotá, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación. (Artículos
50 y 51 Código Contencioso Administrativo).

De ser absolutoria la decisión, se comunicará al quejoso de conformidad con lo
previsto en el artículo 109 de la Ley 734 de 2002.

Contra la decisión absolutoria, procede para el quejoso, el recurso de reposición ante
la Junta Central de Contadores, el cual deberá interponerse dentro de los cinco (5)
días siguientes al cumplimiento de su comunicación, es decir cuando hayan
transcurrido cinco

(5) días, después de la fecha de su entrega a la oficina de correo. El recurso de
reposición deberá presentarse personalmente y por escrito ante la Junta Central de
Contadores, ubicada en la calle 96 N° 9 A-21 de la ciudad de Bogotá.

24

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00314-00
Demandante: Carlos Alberto Arias Henao

-- Ejecutoriada la providencia sancionatoria, el Director General a través del área
jurídica procederá a la inclusión de la novedad en la base de datos de profesionales
o personas jurídicas sancionadas, su incorporación en la página WEB de la Junta
Central de Contadores y se dispone la publicidad necesaria remitiendo el
correspondiente informe a las entidades gubernamentales con asiento en el Tribunal
Disciplinario, y a la Procuraduría General de la Nación.

(…)

Notificaciones y comunicaciones

De conformidad con el parágrafo del artículo 28 de la Ley 43 de 1990, tanto la
notificación del pliego de cargos, como de la resolución de la Junta Central de
Contadores, deberán hacerse personalmente dentro de los treinta (30) días
siguientes. Cuando no fuere posible hallar al inculpado para notificarle personalmente
el auto respectivo, la notificación se hará por edicto, que se fijará durante diez (10)
días en lugar visible de la Junta Central de Contadores. (Artículo 28 Ley 43 de 1990).

También se notificarán personalmente el Auto de Apertura de Diligencias Previas, el
Auto de Apertura de Investigación Formal, el Auto que Niega Pruebas, el que decide
una solicitud de Nulidad, el Auto de Archivo Definitivo, (al investigado), y la Resolución
que resuelve el recurso de reposición.

Artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. (…)

(…)

Artículo 45 Código Contencioso Administrativo. (…)

(…)

Artículo 102 Ley 734 de 2002. Notificación por medios de comunicación
electrónicos. (…)

(…)

Se comunicarán las siguientes decisiones:

-- Decisiones no susceptibles de recurso. Artículo 109 Ley 734 de 2002.

-- Auto de archivo definitivo y el fallo absolutorio al quejoso. Artículo 109 Ley 734 de
2002. […]” (negrilla del texto)

95. Se advierte que en la expedición y notificación de las providencias mediante las
cuales se abrió a diligencias previas, se ordenó la apertura de la investigación
disciplinaria, se formuló pliego de cargos y se decidió de fondo la actuación
administrativa sancionatoria -mediante las resoluciones números 260 de 2 de
agosto de 2012 y 401 de 22 de noviembre de 2012-, no se cumplieron a cabalidad
los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 43 de 1990, en la Ley 734 y en
el Código Contencioso Administrativo -en particular los artículos 44 y 45-, estas
últimas normas aplicables ante el vacío del procedimiento especial regulado en la
citada ley, conforme lo señalaron los acuerdos números 007 de 15 de diciembre de
2005 y 14 de 28 de julio de 2011.

25

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00314-00
Demandante: Carlos Alberto Arias Henao

96. No obstante, tales términos pueden ser entendidos como perentorios, esto es,
que:

“[…] La Sala ha señalado que los plazos que se establecen en las normas son de dos
categorías: (i) los preclusivos, cuyo vencimiento implica la pérdida de oportunidad
para ejercer una competencia, facultad o derecho y, (ii) los perentorios, que en
aceleran o tienen como fin agilizar la toma de decisiones o el ejercicio de facultades
o derechos42.

Sobre este punto en particular, la Sala precisó que los términos perentorios son
obligatorios, que denotan urgencia para realizar la acción exigida dentro del plazo. El
incumplimiento de un plazo perentorio no invalida ni torna ineficaz lo realizado fuera
del plazo, pero el sujeto incumplido queda obligado a asumir la responsabilidad por la
mora, como cuando se pagan intereses por el pago a destiempo de un capital. Cosa
distinta ocurre con los términos preclusivos, en la medida en que no sólo son
obligatorios, sino que su incumplimiento conlleva las consecuencias de invalidar la
acción realizada fuera del plazo43. […]”44.

97. En el sentido expuesto, esta Sección45 mencionó que:

“[…] 2.1.- La violación del debido proceso la hace radicar en que la actuación
administrativa sancionatoria adelantada por la Junta Central de Contadores y
confirmada por el Ministerio de Educación Nacional se desarrolló con procedimientos
y en términos totalmente diferentes a los ordenados en el citado artículo 28, e
impusieron una sanción que no consulta el principio de proporcionalidad por falta de
graduación de la misma. Dicho canon es del siguiente tenor:

(…)

De suerte que hubo un riguroso respeto por el derecho de defensa de la actora, y si
alguna o algunas de las providencias respectivas no se profirieron dentro del
correspondiente término citado en el artículo 28, ello no tiene la virtud de afectar el
debido proceso, puesto que no aparece que se hubiera desatendido alguno de esos
términos en perjuicio de la investigada, como por ejemplo, que se le hubiera señalado
un término menor para contestar el pliego de cargos, o para practicar pruebas.

Por otra parte, ninguno de esos términos son preclusivos ni afectan la procedibilidad
de continuar el diligenciamiento administrativo, ni la competencia de la entidad
investigadora para conocer del mismo y decidir de fondo.[…]”46 (negrilla del texto)

98. De esta manera, si bien los términos establecidos para la expedición y
notificación de las providencias dentro del procedimiento administrativo
sancionatorio a cargo de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de
Contadores son perentorios y su incumplimiento generaría responsabilidad del
funcionario a cargo de su trámite, dicha situación no invalida ni hace ineficaz lo
actuado.

42
CONSEJO DE ESTADO, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 29 de octubre de 2009, exp.
16482, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Reiterada en sentencia de 15 de octubre de 2015, exp. 19659, C.P. Hugo
Fernando Bastidas Bárcenas.
43
Ibídem.
44
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Consejero ponente: Milton Chaves García.
Sentencia de 3 de mayo de 2018. Radicación núm.: 25000-23-37-000-2012-00212-02(20612).
45
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Rafael E. Ostau de
Lafont Pianeta. Sentencia de 28 de octubre de 2010. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2007-00145-00.
46
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Rafael E. Ostau de
Lafont Pianeta. Sentencia de 28 de octubre de 2010. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2007-00145-00.

26

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00314-00
Demandante: Carlos Alberto Arias Henao

99. Adicionalmente, no se advierte que la situación expuesta haya originado el
desconocimiento de los derechos de defensa y contradicción del accionante que i)
rindió versión libre47 en la actuación sancionatoria, ii) se pronunció respecto de auto
que le formuló cargos48, iii) allegó alegatos de conclusión49 y iv) presentó recurso
de reposición contra de la Resolución núm. 260 de 2 de agosto de 201250, mediante
la cual se le impuso la respectiva sanción, contando con la oportunidad de allegar
pruebas para su defensa.

100. El cargo no tiene vocación de prosperidad.

II.4.3. La omisión en la valoración integral de las pruebas, de los elementos de
juicio y de los argumentos planteados en los recursos administrativos

101. La parte accionante indicó que la autoridad administrativa no tuvo en
consideración las pruebas y argumentos oportunamente allegados al expediente y
por los cuales demostraba la existencia de la causal de exclusión prevista en el
numeral 6. de la Ley 734, consistente en haber actuado con la convicción errada e
invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria.

102. Aludió específicamente a lo expuesto i) en la versión libre de 24 de mayo de
2010, ii) en los alegatos de conclusión presentados en el curso de la actuación
disciplinaria, iii) en múltiples comunicaciones y pruebas allegadas a esa actuación
y iv) en el recurso de reposición en contra de la decisión sancionatoria.

103. Afirmó que en todas las actuaciones señaladas manifestó que en la empresa
para la cual laboraba no existía la convicción de que la restricción contenida en el
artículo 215 del Código de Comercio se aplicaba a los profesionales independientes
y no a las sociedades de contadores y que una vez aclaró el alcance de la norma
procedió a subsanar la situación irregular en la que se encontraba producto de un
yerro interpretativo originado un concepto de 14 de febrero de 1985 de la
Superintendencia de Sociedades.

104. En el expediente se encuentra la diligencia de versión libre del accionante de
fecha 24 de mayo de 201051, en la cual indicó lo siguiente:

“[…] PREGUNTADO: Sírvase manifestar a este despacho si conoce el motivo por el
cual ha sido llamado a rendir la presente versión en caso afirmativo realice un relato
claro y preciso de los hechos materia de investigación referente a la queja que se le
pone de presente. CONTESTÓ: Si conozco el motivo por el cual me están citando.
En el reporte de la señora Zamira Salcedo Castrillón se hace mención a las
restricciones en las cuales estoy incurso según el artículo 215 del código de comercio
[sic]. Con relación a esta restricción siempre teníamos claro que solo limitaba a las
personas naturales mas no a las sociedades. Con relación a lo anterior y dadas las
inquietudes de una de mis asistentes elevamos consulta escrita a la junta Central de
contadores [sic] los cuales al inicio del 2010 nos contestaron igualmente por escrito

47
Cfr. Fol. 40-41, cuaderno de anexos de la contestación de la demanda.
48
Cfr. Fol. 526-529, cuaderno de anexos de la contestación de la demanda.
49
Cfr. Fol. 541-544, cuaderno de anexos de la contestación de la demanda.
50
Cfr. Fol. 570-574, cuaderno de anexos de la contestación de la demanda.
51
Cfr. Fol. 40-41, cuaderno de anexos de la contestación de la demanda.

27

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00314-00
Demandante: Carlos Alberto Arias Henao

en donde nos manifestaron que si bien es cierto la sociedad no tiene restricciones los
adscritos a esta si la tienen. Con base en la respuesta dada por la Junta Central de
Contadores iniciamos una labor de desmonte de los nombramientos del revisor fiscal
principal y suplencia colocando como revisores fiscales a otros contadores vinculados
a la firma para ajustarnos a la norma, aprovechando las asambleas anuales de
nuestro clientes. Con lo anterior esperamos subsanar el mal entendido que teníamos
sobre la norma. […]” (negrilla del texto)

105. Se encuentra copia de oficio núm. OF-CTCP N° 996/2010 de 29 de diciembre
de 2009, suscrito por el presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública52,
en el cual se da respuesta a la consulta formulada respecto del límite de empresas
en que se puede ejercer la revisoría fiscal, en el cual se indica que:

“[…] El artículo 215 del Código de Comercio, establece que los contadores públicos
no podrán ejercer el cargo de revisores fiscales en más de cinco (5) sociedades por
acciones, ni en las sucursales de sociedades extranjeras quienes no tengan
residencia en Colombia, al tenor de lo establecido en el numeral 6 del artículo 6 del
artículo 472 del Código de Comercio.

Cuando el elegido para ejercer las funciones de Revisor Fiscal es una persona
jurídica, tal ente, actúa a través de personas naturales, con quienes forma un todo
indisoluble, de tal manera que la condición de Revisor Fiscal se predica tanto de la
persona jurídica elegida como de la persona natural designada para realizar la labor
encomendada. Al respecto es de notar que sobre esta persona natural opera la
restricción prevista en el artículo 215 del Código de Comercio, en el sentido que no
podrá ejercer el cargo de Revisor Fiscal en más de cinco sociedades por acciones
[…]”

106. En comunicación de 15 de febrero de 201153 dirigida a la Unidad Administrativa
Especial Junta Central de Contadores, el accionante realiza un recuento de lo
sucedido, en la siguiente forma:

“[…] Deseo efectuarle un recuento de lo sucedido en el caso en referencia: (…) 1. Por
iniciativa propia, finalizando el año 2009 antes de recibir cualquier AUTO de parte de
Ustedes, una asistente de mi Firma Asesoría Empresarial S.A.S (anteriormente
Limitada), consultó a la Junta Central de Contadores, exactamente sobre la cantidad
de Revisorías Fiscales que podían estar a nombre de una persona, siendo que ésta
pertenece a una firma de Contadores, ya que interpretando la norma, era posible
concluir que si la Sociedad era nombrada directamente como revisor Fiscal y ésta
designaba a los funcionarios en calidad de principal y suplente, no aplicaba la norma
que restringe a cinco (5) la cantidad de Revisorías Fisclaes en aquellos casos en que
esto se debe proveer de conformidad con la legislación vigente. Interpretación con
sentido lógico, pues en una Firma, a diferencia de lo que ocurre con las personas
naturales, se puede hacer trabajo de campo para varias Sociedades, pues se cuenta
con personal suficiente para cubrir a fondo el trabajo y efectuarlo a cabalidad.

Finalizando el año 2009, recibimos una respuesta de parte de Ustedes, donde aclaran
que NO se puede tener más de 5 Revisorías aun cuando sea a través de una
Sociedad.

2. En mayo de 2010 recibimos el oficio 2644, donde me citan para el 24 de mayo de
2010, con el fin de notificarme del auto de apertura de diligencias previas, teniendo
conocimiento, por primera vez, sobre la investigación disciplinaria adelantada en mi

52
Cfr. Fol. 43-44, cuaderno principal.
53
Cfr. Fol. 72-77, cuaderno de anexos de la contestación de la demanda.

28

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00314-00
Demandante: Carlos Alberto Arias Henao

contra. En esa fecha, hice una versión libre comentando cual era nuestra
interpretación de la norma, y resaltando el hecho, que para evitar inconvenientes que
pusieran en duda la lealtad en el ejercicio de mi profesión elevamos a ustedes la
consulta mencionada. Igualmente, recabamos en el hecho que a raíz de la respuesta
negativa que recibimos de la Junta Central de contadores [sic] comenzamos con el
desmonte de las Revisorías Fiscales con el propósito de ajustarnos a la norma.

El proceso de desmonte no es fácil, pues para ello dependemos que los accionistas
o socios de la sociedad se reúnan, acepten la renuncia, designen un nuevo Revisor
Fiscal, éste acepte el cargo y además sea inscrito el nombramiento en el Registro
Mercantil de los respectivos domicilios sociales. Sin embargo, observamos como en
muchas de éstas los accionistas y socios no han adelantado ninguna acción, por lo
que los requerimos para que transformen las sociedades a otros tipos societarios que
no requieran la figura del Revisor Fiscal antes de que finalizara el año o proceder a
cancelar el contrato de revisoría fiscal, inmediatamente, pues antes de seguir
incurriendo en esa falta preferimos retirarnos.

3. En Noviembre de 2010 con oficio 6424, me citaron para el día 17 de noviembre de
2010, reunión a la cual asistí donde me notificaron el AUTO de apertura [sic] de
investigación disciplinaria. En este Auto de apertura, en la parte de “PRUEBAS”, no
se mencionan para nada los hechos explicados en la Versión libre efectuada por mí,
el 24 de mayo de 2010 los que son medular importancia para el ejercicio de mi
derecho a la defensa y demostrar que mi actuación profesional siempre ha estado
caracterizada por la ética, lealtad y honestidad que debe enmarcar la profesión
contable. Hasta el punto que en más de 25 años de ejercicio profesional mi hoja de
vida ha permanecido intachable por no tener antecedente alguno. Antecedentes de
ética y buen manejo que son reconocidos a todo nivel tanto por mis clientes como por
las autoridades tributarias.

(…)

4. Siendo consecuente con lo dicho anteriormente, les informamos que hasta la fecha,
hemos desmontado 17 revisorías fiscales en las que la sociedad que represento me
designó como Revisor Fiscal. Como prueba de ello, adjunto el Certificado de
Existencia y Representación de cada una de ellas donde consta que ya no soy
Revisor Fiscal.

(…)

Por consiguiente, solicito de la manera más respetuosa que me concedan plazo de
acabar el desmonte, hasta abril de 2011, cuando se efectúen Asambleas Ordinarias
de las sociedades y para que dentro de ese tiempo también las sociedades que según
montos no requerían de Revisor Fiscal, se transformen a SAS y retiren al Revisor
Fiscal también dentro de ese plazo.

Les solicito que dentro de su investigación tengan en cuenta como elemento
determinante que ya me he retirado de varias revisorías, para llegar al límite
establecido por la norma, labor que como ya explicamos requiere de tiempo y me
perjudicarían ampliamente con una sanción disciplinaria como resultado de una
interpretación equivocada, que actualmente no quiero desconocer y deseo
corregir mi error. […]” (negrilla del texto
[…]”

107. En comunicación de 4 de mayo de 201154 dirigida a la Unidad Administrativa
Especial Junta Central de Contadores, el accionante reitera lo expuesto en la
comunicación de 15 de febrero de 2011 y añadió que:

54
Cfr. Fol. 148-152, cuaderno de anexos de la contestación de la demanda.

29

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00314-00
Demandante: Carlos Alberto Arias Henao

“[…] Resumiendo:

Las 30 revisorías fiscales que Ustedes mencionan en el expediente, se discriminan
así:

20 revisorías retiradas: 17 informadas en anterior carta y tres en este documento. (De
todas, se les envió certificado de cámara).

2 empresas donde realmente no era revisor (Informado en carta anterior en donde se
adjuntaron los respectivos certificados de cámara.)

3 empresas donde se espera que en mayo sea subsanada situación [sic].

5 empresas donde si continuaré como revisor fiscal, completando de esa forma, las
30 empresas mencionadas por Ustedes. […]” (negrilla del texto)

108. En comunicación de 8 de junio de 201155 dirigida a la Unidad Administrativa
Especial Junta Central de Contadores, el accionante manifestó se había retirado
como revisor fiscal de 5 sociedades anónimas adicionales desde el documento de
4 de mayo de 2011 y añadió que:

“[…] Resumiendo:

Las 30 revisorías fiscales que Ustedes mencionan en el expediente, se discriminan
así:

22 revisorías retiradas donde Carlos Alberto Arias no es actualmente Revisor
Fiscal: Informadas a Ustedes en cartas de febrero 15 de 2011, mayo 4 de 2011 y
esta correspondencia de junio 8 de 2011 (Para todos los casos se incluyeron
originales de Certificados de Cámara actualizados).

2 Empresas donde Carlos Alberto Arias realmente no era Revisor fiscal:
(Informado en carta de febrero 15 de 2011 en donde se adjuntaron los respectivos
certificados de Cámara.)

1 Empresa: Donde se espera que en junio de 2011 sea subsanada situación [sic].

5 empresas: Donde si continuaré como revisor fiscal, completando de esa forma, las
30 empresas mencionadas por Ustedes. […]” (negrilla del texto)

109. En comunicación de 31 de agosto de 201156 dirigida a la Unidad Administrativa
Especial Junta Central de Contadores, el accionante manifestó se había retirado
como revisor fiscal de una sociedad anónima adicional desde el documento de 8 de
junio de 2011 y añadió que:

“[…] RESUMIENDO:

Las 30 revisorías fiscales que Ustedes mencionan en el expediente, se discriminan
así:

23 revisorías retiradas donde Carlos Alberto Arias no es actualmente Revisor
Fiscal: Informadas a Ustedes en cartas de febrero 15 de 2011, mayo 4 de 2011, junio

55
Cfr. Fol. 378-380, cuaderno de anexos de la contestación de la demanda.
56
Cfr. Fol. 485-487, cuaderno de anexos de la contestación de la demanda.

30

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00314-00
Demandante: Carlos Alberto Arias Henao

8 de 2011 y esta última correspondencia de agosto 31 de 2011 (Para todos los casos
se incluyeron originales de Certificados de Cámara actualizados).

2 Empresas donde Carlos Alberto Arias realmente no era Revisor fiscal:
(Informado en carta de febrero 15 de 2011 en donde se adjuntaron los respectivos
certificados de Cámara.)

5 empresas: Donde si continuaré como revisor fiscal, completando de esa forma, las
30 empresas mencionadas por Ustedes.

De esta forma ha quedado subsanado el asunto sobre el cual se abrió el
expediente disciplinario, ya que en la actualidad yo CARLOS ALBERTO ARIAS
HENAO (…) tengo únicamente 5 sociedades por acciones donde actúo como
Revisor Fiscal. […]” (negrilla del texto)

110. En documento de 23 de marzo de 201257, el accionante corrió traslado del auto
por el cual se le formuló cargos indicando que la falta contra el ejercicio de la
profesión no existió y señalando lo siguiente:

“[…] Finalizando el año 2009 antes de conocer que la honorable Junta Central de
Contadores había iniciado una investigación en mi contra, una asistente de la
compañía de Contadores en la que trabajo y que en todos los casos ha sido
designadas como Revisor Fiscal consultó a la Junta Central de Contadores sobre la
interpretación del artículo 215 del Código de Comercio acerca de la cantidad de
Revisorías Fiscales que podían estar a nombre de una persona natural delegada por
una persona jurídica para que la represente en el desempeño de las funciones de
Revisoría Fiscal para que la persona jurídica fue contratada, ya que en concepto
previo de la Superintendencia de Sociedades donde interpreta la norma antes
mencionada, era posible concluir que si la Sociedad de Contadores era nombrada
directamente como Revisor Fiscal no aplicaba la norma que restringe a cinco (5) la
cantidad de Revisorías Fiscales.

Dijo la Superintendencia de Sociedades en su Oficio OR-239 del 14 de Febrero de
1985:

“Las firmas de contadores podrán ser designadas como revisores fiscales en más de
cinco (5) sociedades por acciones, pues la restricción consagrada en el artículo 215
del estatuto de comercio, no puede aplicarse a dichas asociaciones o firmas sino a la
persona natural que ejerce el cargo de revisor fiscal”.

Interpretación con sentido lógico, pues en una sociedad que se dedica a esta clase
de actividades, a diferencia de lo que ocurre con las personas naturales, profesionales
independientes, se puede hacer trabajo de campo para varias Sociedades, pues se
cuenta con personal suficiente para cubrir a fondo el trabajo y efectuarlo a cabalidad.

(…)

Siendo siempre respetuosos de la ley y sobre todo de la opinión de la Junta Central
de Contadores, con base a la respuesta recibida por la consulta mencionada
anteriormente, comencé a retirar revisorías fiscales que estaban a mi cargo, buscando
no ejercer en más de cinco (5) Revisorías Fiscales de sociedades por acciones.
Situación que a pesar de ser de iniciativa y proactividad, fue absolutamente
demorada, pues ello dependía que los máximos órganos sociales se reunieran,
designaran un nuevo Revisor Fiscal, éste aceptare el cargo y además fuera inscrito
el cambio del designado en el Registro Mercantil.

57
Cfr. Fol. 526-529, cuaderno de anexos de la contestación de la demanda.

31

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00314-00
Demandante: Carlos Alberto Arias Henao

En otros casos, en vista que los clientes no cumplían los montos de activos o ingresos
para tener revisor fiscal bajo otro tipo societario, les recomendé la conversión a SAS
donde adicionalmente tenían otras ventajas que les podrían lucir atractivas y
benéficas para ellos; de esta forma, algunas sociedades contrataron abogado para
redactar los estatutos y presentarlos ante la Asamblea para ser aprobados; como
resultado algunas sociedades se transformaron a SAS.

Desde mediados del año pasado 2011, la situación fue subsanada en su totalidad y
actualmente no soy revisor fiscal (entre principal y suplente) en más de cinco
sociedades por acciones; situación que les fue en su momento informada a Ustedes,
ya que en la medida que se iban desmontando, se les enviaba a ustedes carta y
certificado original de cada Compañía, donde se evidenciaba el cambio.

(…)

Considero que en nuestra actuación no existió culpa alguna como elemento
fundamental en el derecho positivo sancionatorio pues obramos con base en un error
en la interpretación de la doctrina de la Superintendencia de Sociedades pues
nuestros clientes siempre han designado como Revisor Fiscal a la sociedad quien a
su vez la delega en sus miembros, circunstancia que nos llevó a pensar que en este
caso no era aplicable la restricción citada en el párrafo primero del artículo 215 del
Código de Comercio. […]” (negrilla del texto)

111. En documento de 19 de julio de 201258, el accionante presentó alegatos de
conclusión en los cuales reiteró lo expuesto en el oficio de 21 de marzo de 2012,
esto es, que:

111.1. La infracción que se le atribuye y por la cual se le adelantaba la investigación
disciplinaria obedeció a un yerro en la interpretación del artículo 215 del Código de
Comercio producto de lo indicado en el concepto de 14 de febrero de 1985 de la
Superintendencia de Sociedades, en el sentido que la limitación contenida en la
norma no se aplicaba a las firmas de contadores.

111.2. Una vez recibió el concepto emitido por la “[…] Junta Central de Contadores
[…]” respecto de la interpretación del citado artículo del código de comercio, la firma
de contadores en la que laboraba procedió a ajustarse a lo dispuesto en la norma
buscando que ninguna de las personas delegadas como revisores fiscales
excediera el límite de cinco (5) revisorías fiscales en sociedades por acciones.

111.3. No existió culpa alguna de su parte puesto que, insistió, obró con base en un
error de interpretación de la doctrina de la Superintendencia de Sociedades
considerando que la limitación impuesta en el artículo 215 del Código de Comercio
no les era aplicables a las firmas de contadores.

112. En documento de 5 de octubre de 2012 59, el accionante presentó recurso de
reposición en contra de la Resolución núm. 260 de 2 de agosto de 2012, solicitando
la revocatoria de la decisión sancionatoria, con sustento en los siguientes
argumentos:

58
Cfr. Fol. 541-544, cuaderno de anexos de la contestación de la demanda.
59
Cfr. Fol. 570-574, cuaderno de anexos de la contestación de la demanda.

32

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00314-00
Demandante: Carlos Alberto Arias Henao

“[…] Con base en lo transcrito del texto emanado por la resolución 260 de agosto 2
de 2012, quiero manifestar lo siguiente:

1.- En ningún momento he querido negar el hecho de haber sido revisor fiscal en más
de cinco (5) sociedades por acciones (situación totalmente saneada a la fecha). Sin
embargo insisto en mi buena fe, porque antes de ser citado, ya estaba haciendo
consulta directa a ustedes de la inquietud sobre la INTERPRETACIÓN DE LA
NORMA, la cual ustedes respondieron el 28 de diciembre de 2009 (OF-CTCP No.
996/2010).

2.- Una vez la Junta Central de Contadores aclaró la situación, se inició el desmonte
el cual coincidencialmente concuerda con el reporte de la doctora Zamira Salcedo de
la división de Fiscalización Tributaria de la DIAN el cual fue notificado el 24 de mayo
de 2010.

(…)

4.- Expresan que “el comportamiento que vulnera la ética profesional se puede
calificar como GRAVE a título de CULPA”. Yo no puedo calificar mi actuación como
GRAVE y a título de CULPA, ni mucho menos vulneración de la ETICA
PROFESIONAL, cuando en mi opinión NO hay efecto ÉTICO en la actuación irregular
(número de revisorías fiscales.) El trabajo se ha efectuado de manera profesional, a
fondo y con todo un equipo de trabajo comprometido. (…) Si la norma en discusión
limita las revisorías fiscales a cinco sociedades por acciones, interpreto que debe ser
por la incapacidad que tiene el profesional en atender los requerimientos de los
clientes de manera adecuada por el limitado tiempo a involucrar. En el caso que nos
ocupa no ha habido esta situación dado que Yo en compañía con mi equipo [sic] de
trabajo he prestado un servicio integral y oportuno. (…)

Con relación a la vulneración de las normas que rigen la profesión (artículo 37.4 y
37.6 de la ley 43 de 1990), tenemos:

Artículo 37.4 Responsabilidad. No se puede invocar este artículo para enmarcar la
irregularidad, dado que compromete la capacidad calificada, norma en ningún
momento violada, por el contrario, como se desprende de las certificaciones
emanadas por algunos clientes las cuales se anexan a este recurso; la
responsabilidad es una constante en nuestro actuar.

Artículo 37.6 Observancia de las disposiciones normativas

(…)

(…) No veo violación alguna de esta disposición.

SOLICITUD

INEXISTENCIA DE HECHO GRAVE, CULPA O VULNERACIÓN A LA ETICA
PROFESIONAL EN LA ACTUACIÓN PROFESIONAL

Considero que en mi actuación no existió hecho grave, culpa alguna, ni vulneración a
la ética profesional como elemento fundamental para que proceda una sanción en el
derecho positivo sancionatorio, pues obré con base en un error en la interpretación
de la doctrina de la Superintendencia de Sociedades, pues nuestros clientes siempre
han designado como Revisor Fiscal a la sociedad quien a su vez la delega en sus
miembros, circunstancia que debido a esa interpretación normativa, me llevó a pensar
que en este caso no era aplicable la restricción citada en el párrafo primero del artículo
215 del Código de Comercio.

33

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00314-00
Demandante: Carlos Alberto Arias Henao

Por los argumentos expuestos, nuevamente ruego de la manera más respetuosa a la
honorable Junta Central de Contadores que desestime los cargos que me fueron
imputados y REVOQUE la decisión tomada. Aceptando en gracia de discusión que la
Junta Central de Contadores insista en su posición, ruego que atendiendo al numeral
primero del artículo 23 (de las sanciones) la decisión sea modificada imponiendo una
“Amonestación en el caso de faltas leves” en la medida que no quedó demostrada la
intención de agraviar a terceros ni de infringir la profesional contable lo que elimina
cualquier hipótesis acerca de la existencia de culpa grave o dolo en mi actuación. […]”

113. El recuento de las actuaciones del accionante en el procedimiento disciplinario
da cuenta de que este no desconoce haber incurrido en la prohibición contenida en
el artículo 215 del Código de Comercio consistente en que ninguna persona puede
ejercer el cargo de revisor en más de cinco sociedades por acciones.

114. Las manifestaciones del accionante apuntan a que:

114.1. La firma de contadores en la que laboraba consideraba que la limitación del
citado artículo no le era aplicable a esta sino a los profesionales que ejercían la
contaduría pública de forma independiente, lo cual era producto de una
interpretación errónea de la norma originada en el concepto de 14 de febrero de
1985 de la Superintendencia de Sociedades.

114.2. Una vez recibieron respuesta de una consulta formulada en el año 2009 por
parte del Consejo Técnico de la Contaduría Pública respecto del alcance del artículo
215 del Código de Comercio, la firma de contadores en la que laboraba inició el
proceso de ajuste para acogerse a lo dispuesto en la norma, el cual se desarrolló
mientras se adelantaba el procedimiento disciplinario.

114.3. No existió culpa alguna de su parte porque, insistió, obró con base en un error
en la interpretación de la doctrina de la Superintendencia de Sociedades que lo llevó
a pensar que no le era aplicable la restricción prevista en el artículo 215 del Código
de Comercio.

115. Ahora bien, la parte accionante cuestiona que la Unidad Administrativa Especial
Junta Central de Contadores no tuvo en cuenta que las manifestaciones realizadas
en la actuación administrativa y las pruebas allegadas en estas configuraban la
causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria prevista en el numeral 6. del
artículo 28 de la Ley 734, esto es, la realización de la conducta con la convicción
errada e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria.

116. En relación con la mencionada causal del exclusión de responsabilidad
disciplinaria, esta corporación60 ha señalado lo siguiente:

“[…] Sobre la causal contenida en el numeral 6 correspondiente a la convicción errada
e invencible, el Consejo de Estado ha sostenido:

60
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección “B”. Consejero ponente:
César Palomino Cortés. Sentencia de 14 de octubre de 2021. Radicación núm.: 11001-03-25-000-2011-00412-00(1537-11).

34

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00314-00
Demandante: Carlos Alberto Arias Henao

“Para que opere la exención de responsabilidad establecida en el numeral 6 del
artículo 29 de la Ley 734 de 2002, es obligatorio además de la existencia del error,
que éste sea invencible. Es necesario que el disciplinado tenga la creencia plena y
sincera de que actuaba ajustado al ordenamiento jurídico, y adicionalmente, que el
error de apreciación no era humanamente superable dadas las condiciones
personales del procesado y las circunstancias en que éste se realizó, eventos en los
cuales, la conducta no es reprochable a título de dolo, porque en el encartado no hay
la conciencia de la ilicitud de su acción, sin el cual el fenómeno no se estructura.
Tampoco le puede ser reprochable a título de culpa porque actuó con el cuidado y
diligencia para determinar que su conducta no era contraria a la ley”61.

En lo concerniente a este cargo se establece que acorde con el numeral 6 del artículo
28 de la Ley 734 de 2002 está exento de responsabilidad disciplinaria quien realice el
comportamiento «[c]on la convicción errada e invencible de que su conducta no
constituye falta disciplinaria».

Se puede entender entonces que incurre en error invencible la persona que actúa con
el convencimiento de licitud de su conducta, sin poder determinar que la misma sea
antijurídica. De ahí que se está frente a un error invencible o inevitable «cuando el
agente no consigue percibir la ilicitud de su actuación a pesar de haber empleado su
atención de acuerdo con las circunstancias del caso, de su personalidad, y de su
círculo vital y profesional».

(…)

Se tiene que para considerar el error como una causal de exoneración de
responsabilidad, esté de acuerdo con lo previsto en el numeral 6 del artículo 28 de la
Ley 734 de 2002, tiene otro componente normativo como lo es la invencibilidad, es
decir, que el error haya sido imposible de superar, carácter que, obviamente, debe
examinarse frente a los rasgos particulares del agente y a las circunstancias del caso,
circunstancia que en este evento está muy alejada de la realidad bajo estudio, en
razón a que el demandante en calidad de gobernador del departamento del Putumayo
y responsable de la contratación administrativa, debió conocer las funciones de su
cargo y asumirlas respetando la ley.

Pues la convicción errada supone como elemento común, el concepto de error, es
decir, que el funcionario haya incurrido en un error de hecho, cuando se trata de un
presupuesto fáctico, o en un error de derecho, en tratándose de conceptos
normativos, lo cual se reitera no ocurrió en este caso concreto, ya que la existencia
de diversas interpretaciones legales no exonera de responsabilidad al demandante.
[…]”

117. Se advierte que la parte accionante, dentro de la actuación administrativa, no
alegó encontrarse en la señalada mencionada causal del exclusión de
responsabilidad disciplinaria.

118. Sin embargo, en el presente asunto no es posible establecer la configuración de
dicha causal. El artículo 215 del Código de Comercio establece que:

“[…] El revisor fiscal deberá ser contador público. Ninguna persona podrá ejercer el
cargo de revisor en más de cinco sociedades por acciones.

Con todo, cuando se designen asociaciones o firmas de contadores como revisores
fiscales, éstas deberán nombrar un contador público para cada revisoría, que

61
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 27 de febrero de 2014, Radicación: 11001-03-25-000-
2012-00888-00(2728-12) Actor: Albeiro Freddy Patiño Velasco, Consejera Ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez.

35

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00314-00
Demandante: Carlos Alberto Arias Henao

desempeñe personalmente el cargo, en los términos del artículo 12 de la Ley 145
de 1960. En caso de falta del nombrado, actuarán los suplentes. […]”

119. La norma es clara en señalar que i) ninguna persona puede ejercer el cargo de
revisor fiscal en más de cinco (5) sociedades por acciones y ii) cuando se designen
asociaciones o firmas de contadores estas deben nombrar un contador público para
cada revisoría, que desempeñe personalmente el cargo.

120. El oficio OR-239 de 14 de febrero de 1985 expedido por la Superintendencia de
Sociedades al cual alude el accionante indicó, conforme la transcripción que de este
se realiza en el documento por el cual se corrió el traslado del auto por el cual se
formularon cargos en su contra, que las firmas de contadores podrán ser
designadas como revisores fiscales en más de cinco (5) sociedades por acciones,
pues la restricción consagrada en el artículo 215 del Código de Comercio no puede
aplicarse a las asociaciones o firmas sino a la persona natural que ejerce el cargo
de revisor fiscal.

121. Lo expuesto en tal oficio no tiene el alcance que le dio el accionante en el sentido
de que la limitación establecida en el artículo 215 del Código de Comercio solo opera
cuando el contador público actúa como profesional independiente.

122. En todo caso, el error en el que se encontraba el accionante respecto de la
interpretación del artículo 215 del Código de Comercio era humanamente superable
empleando la diligencia y cuidado para determinar que su conducta no era contraria
a ley, consultando a la autoridad administrativa respectiva para establecer el
alcance de la mencionada norma, lo cual se realizó solo hasta finales del año 200962
y de la cual se recibió respuesta el 28 de diciembre de 200963, luego de lo cual
procedió a enmendar la conducta irregular que desarrollaba.

123. Lo expuesto es muestra de que el accionante desconoció el deber previsto en
el artículo 37.6 de la Ley 43 de 1990 de realizar su actividad “[…] cumpliendo
eficazmente las disposiciones profesionales promulgadas por el Estado y por el
Consejo Técnico de la Contaduría Pública aplicando los procedimientos adecuados
debidamente establecidos. […]”, entre las que se encuentra el artículo 215 del
Código de Comercio.

124. El cargo no tiene vocación de prosperidad.

II.5. Conclusión

125. LaSala, acorde con los razonamientos expuestos, considera que la parte
accionante no logró desvirtuar la presunción de legalidad de las resoluciones
números 260 de 2 de agosto de 2012 y 401 de 22 de noviembre de 2012 64,
expedidas por el Tribunal Disciplinario de la Unidad Administrativa Especial Junta

62
Cfr. Fol. 41, cuaderno principal.
63
Cfr. Fol. 43-44, cuaderno principal.
64
Cfr. Fol. 36-39, cuaderno principal.

36

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00314-00
Demandante: Carlos Alberto Arias Henao

Central de Contadores, por lo cual procederá a negar las pretensiones de la
demanda.

II.6. Condena en costas

126. No se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas
ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 18865 de la Ley
1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 de la Ley 1564, aplicables al caso
por la remisión del artículo 306 de la Ley 1437.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el Consejero
de Estado doctor Carlos Fernando Mantilla Navarro y, en consecuencia, SEPARAR
al citado consejero del conocimiento del proceso de la referencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Sin condena en costas, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las
anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

65
Adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080.

37

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00314-00
Demandante: Carlos Alberto Arias Henao

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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