Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2014-00201-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2014-00201-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2014-00201-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
18 de septiembre de 2025
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Radicado: 11001 03 24 000 2014 00201 00
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Bogotá, D.C, dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación núm.: 11001 03 24 000 2014 00201 00
Actor: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP
Demandados: La Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Comisión
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico
Tesis: No es nulo el acto por medio del cual la Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico fijó las condiciones de facturación conjunta entre una
prestadora del servicio de aseo y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá E.S.P.
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
La Sala procede a decidir la demanda instaurada en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la Empresa de Acueducto
y Alcantarillado de Bogotá ESP (en adelante EAAB) en contra de las Resoluciones
nro. 639 de 2013 y 653 de 2013, proferidas por la Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico (en adelante CRA).
I. LA DEMANDA
1.1. Pretensiones
“4.1. Que se declare NULA la Resolución CRA 639 de 2013 Por la cual se
imponen las condiciones que deben regir el servicio de facturación conjunta del
servicio público de aseo entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá y la empresa SERVIGENERALES S.A. E.S.P.
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Radicado: 11001 03 24 000 2014 00201 00
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
4.2. Que se declare NULA la Resolución CRA 653 de 2013 Por la cual se
resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá en contra de la Resolución CRA 639 de 2013.
4.3. Que como consecuencia de la decisión anterior y a título de
restablecimiento del derecho, se ordene a la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO CRA reconocer la vigencia y
legalidad del Decreto 564 de 2012 "Por medio del cual se adoptan disposiciones
para asegurar la prestación del servicio público de aseo en el Distrito Capital en
acatamiento a las órdenes impartidas por la Honorable Corte Constitucional en
la Sentencia T-724 de 2003 y en los Autos números 268 de 2010, 275 de 2011
y 084 de 2012" y la obligatoriedad que para la EAB ESP, tiene el mismo.”1
1.2. Las disposiciones acusadas
1.2.1. Resolución nro. CRA 639 de 6 de mayo de 2013
“RESOLUCIÓN CRA 639 DE 2013
(6 de mayo de 2013)
"Por la cual se imponen las condiciones que deben regir el servicio de
facturación conjunta del servicio público de aseo entre la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. - EAAB. E.S.P. y Servicios
Generales Empresa de Servicios Públicos de Carácter Privado S.A. ESP –
SERVIGENERALES S.A ESP."
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BÁSICO - CRA
En ejercicio de las facultades legales, en especial las que le confiere la Ley 142
de 1994, los Decretos 1524 de 1994, 2668 de 1999, 1987 de 2000, 2882 y 2883
de 2007 y en desarrollo de los previsto en la Resolución CRA 151 de 2001 y la
Resolución CRA 422 de 2007,
CONSIDERANDO QUE
De conformidad con el artículo 365 de la Constitución Política de 1991, los
servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y es deber de
éste asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio
nacional.
A su turno, la Ley 142 de 1994 "Por la cual se establece el régimen de los
servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones” en su artículo 1
dispone que su ámbito de aplicación en torno a la prestación de "(...) los
servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica,
distribución de gas combustible,...; a las actividades que realicen las personas
prestadoras de servicios públicos de que trata el artículo 15 de la presente Ley,
y a las actividades complementarias definidas en el Capítulo II del presente título
y a los otros servicios previstos en normas especiales de esta Ley".
La Ley 142 de 1994, en su artículo 2, señala que el Estado intervendrá en los
servicios públicos, conforme a las reglas de competencia de que trata esta
1 El expediente digital reposa en el índice 60 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
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misma ley, en el marco de los dispuesto en los artículos 334, 336, 365, 366,
367, 368, 369 y 370 de la Constitución Política.
El artículo 4 ibídem señala que, para la correcta aplicación de lo dicho en el
artículo superior, “todos los servicios públicos, de que trata la presente Ley, se
considerarán servicios públicos esenciales”.
El numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley 142 de 1994, reglamentado por el
Decreto Nacional 2668 de 1999, establece lo siguiente: “Para cumplir con la
función social de la propiedad de las personas o entidades que presten servicios
públicos tienen las siguientes obligaciones: Prestar los servicios en forma
continua y eficiente, y sin abuso de la posición dominante cuando esta se
presente frente a otros usuarios o a terceros”.
El numeral 11.6. ibídem, igualmente reglamentado por el Decreto Nacional 2668
de 1999 consagra como otra de dichas obligaciones: “Facilitar el acceso en el
Derecho Nacional o en el Internacional, a quienes presten servicios públicos, o
que sean grandes usuarios de ellos, a los bienes empleados para la
organización y prestación de los servicios”.
El numeral 14.9 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 1 del Decreto
229 de 2002, definen la factura de servicios públicos como “la cuenta que una
persona prestadora de servicios públicos entrega o remite al usuario, por causa
del consumo y demás servicios inherentes en desarrollo de un contrato de
prestación de servicios públicos”.
El numeral 14.18 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, dispone que se entiende
por regulación de los servicios públicos domiciliarios, la facultad de dictar
normas de carácter general o particular en los términos de la Constitución y de
la ley, para someter la conducta de las personas que prestan los servicios
públicos domiciliarios a las reglas, normas, principios y deberes establecidos
por la ley y los reglamentos.
De conformidad con el artículo 73 de la Ley 142 de 1994 “Las comisiones de
regulación tienen la función de regular los monopolios en la prestación de los
servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en los
demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios
públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los competidores
sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante,
y produzcan servicios de calidad. (…)”.
El numeral 73.11 del citado artículo establece dentro de las funciones de las
Comisiones de Regulación la de “Establecer fórmulas para la fijación de las
tarifas de los servicios públicos, cuando ello corresponda según lo previsto en
el artículo 88; y señalar cuándo hay suficiente competencia como para que la
fijación de las tarifas sea libre”.
El numeral 73.21 dispone que corresponde a las Comisiones de Regulación
señalar, de acuerdo con la ley “(…) criterios generales sobre abuso de posición
dominante en los contratos de servicios públicos, y sobre la protección de los
derechos de los usuarios en lo relativo a facturación, comercialización y demás
asuntos relativos a la relación de la empresa con el usuario”.
El numeral 86.4 del artículo 86 de la Ley 142 de 1994 señala que el régimen
tarifario de los servicios públicos, está compuesto por las reglas relativas a
procedimientos, metodologías, fórmulas, estructuras, estratos, facturación,
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opciones, valores y, en general, todos los aspectos que determinan el cobro de
las tarifas.
El artículo 87 ibídem señala que el régimen tarifario estará orientado por los
criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución,
suficiencia financiera, simplicidad y transparencia.
De conformidad con el inciso 7 del artículo 146 de la Ley 142 de 1994: “(…) Las
empresas podrán emitir factura conjunta para el cobro de los diferentes
servicios que hacen parte de su objeto y para aquellos prestados por otras
empresas de servicios públicos, para los que han celebrado convenios con tal
propósito”.
El artículo 147 ibídem señala que “(…) En las facturas en las que se cobren
varios servicios, se obligará totalizar por separado cada servicio, cada uno de
los cuales podrá ser pagado independientemente de los demás, con excepción
del servicio público domiciliario de aseo y demás servicios de saneamiento
básico”.
El parágrafo de la citada disposición establece: “Cuando se facturen los
servicios de saneamiento básico y en particular los de aseo público y
alcantarillado, conjuntamente con otro servicio público domiciliario, no podrá
cancelarse este último con independencia, cuando los servicios de saneamiento
básico, aseo o alcantarillado, salvo en aquellos casos en que se constate que
se ha de mediar perjuicio, en un recurso debidamente interpuesto ante la
entidad prestadora del servicio público de saneamiento básico, aseo o
alcantarillado”.
El artículo 148 de la Ley 142 de 1994, establece que: “Los requisitos formales
de las facturas serán los que determinen las condiciones uniformes del contrato,
pero contendrán en forma clara, la información mínima sobre el servicio que el
suscriptor o usuario pueda establecer con facilidad si la empresa se ciñó a la
ley y al contrato respectivo, y los valores que se le cobran por consumos,
conexión y cargos fijos, o por conceptos distintos del servicio, así como el plazo,
el y modo en el que debe hacerse el pago”.
El artículo 186 ibídem, dispone: “Para efectos del artículo 84 de la Constitución
Política, esta Ley reglamenta de manera general las actividades relacionadas
con los servicios públicos definidos en esta Ley; deroga todas las leyes que le
sean contrarias; y prevalecerá y servirá para complementar e interpretar las
leyes especiales que se dicten para algunos de los servicios públicos a los que
ella se refiere. En caso de conflicto con otras leyes sobre tales servicios, se
preferirá ésta, y para efectos de la materia, sino cuando éstas identifiquen de
modo preciso la norma de esta Ley objeto de excepción, modificación o
derogatoria (…)”.
El artículo 2 del Decreto 2668 de 1999, reglamentario de los numerales 11.1 y
11.6 del artículo 11 y del artículo 146 de la Ley 142 de 1994, dispone, respecto
de la liquidación del servicio de facturación conjunta que: “(…) las entidades
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios sólo podrán cobrar a la
empresa solicitante del servicio de facturación conjunta, el valor de los costos
directos marginales que signifique la incorporación de la facturación del servicio
de aseo y alcantarillado generados por causa de la modificación del sistema
existente. La determinación de dichos costos, se harán con base en los análisis
de costos unitarios”
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El parágrafo 2 del artículo 2 ibídem, estipula: “No se podrán dar por terminados
los convenios de facturación conjunta vigentes, hasta tanto no se garantice la
celebración de un nuevo contrato con otra empresa prestadora de servicios
públicos”.
El artículo 4 del Decreto 2668 de 1999, señala: “Obligaciones. Será obligatorio
para las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios facturar los
servicios de alcantarillado y aseo, suscribir el convenio de facturación conjunta,
distribución y/o recaudo de pagos; así como garantizar la continuidad de este,
si son del caso, salvo que existan razones técnicas insalvables comprobables
que justifiquen la imposibilidad de hacerlo. Esta justificación se acreditará ante
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”.
El artículo 4 del Decreto 1987 de 2000, reglamentario del artículo 11 de la Ley
142 de 1994, contiene disposiciones de carácter especial relacionadas con la
facturación conjunta, que deberán ser atendidas por las personas prestadoras
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo,
correspondiendo a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento
Básico - CRA la función de regular “(…) las condiciones generales y particulares
con arreglo a las cuales las empresas prestadoras del servicio y solicitantes
deben celebrar los convenios de que trata el artículo segundo de esta
disposición”.
El artículo 2 ibídem dispone, entre otras cosas, al referirse a la obligación de
facturar que “(…) las entidades de servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo, suscribirán el convenio de facturación conjunta,
distribución de esta y/o recaudo de pago, y prestarán este servicio a las
personas prestadoras de servicios de saneamiento básico, de conformidad con
la regulación que al respecto expida la Comisión de Regulación de Agua Potable
y Saneamiento Básico, en los términos del artículo cuarto del presente decreto
y ejecutarlo en la forma convenida, sin perjuicio de que este servicio se pueda
contratar con empresas prestadoras de otros servicios públicos domiciliarios
(…)”
A su turno, el artículo 3 del mencionado Decreto señala que “la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico determinará la forma de
liquidar el servicio de facturación y los costos que serán reconocidos por
concepto del mismo, así como el margen que pueda percibir la empresa
concedente por la prestación del servicio de que trata este decreto”.
En virtud de las disposiciones señaladas anteriormente y en ejercicio de las
facultades legales, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento
Básico expidió la Resolución CRA 145 de 2000 “Por la cual se establecen las
condiciones generales y particulares con arreglo a las cuales las empresas de
servicios públicos de acueducto y saneamiento básico deben celebrar los
convenios de facturación conjunta, distribución de ésta y/o recaudo de pago, y
se dictan otras disposiciones”, incorporada en la Sección 1.3.22 de la
Resolución CRA 151 de 2001, adicionada y modificada por la Resolución CRA
422 de 2007 y la Sección 1.3.23 de la Resolución CRA 151 de 2001.
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA a
través de las normas regulatorias precitadas, estableció las disposiciones
aplicables a los convenios de facturación conjunta, tales como condiciones
mínimas del convenio, procedimiento para su suscripción y metodología de
cálculo d ellos costos.
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El artículo 2 de la Resolución CRA 422 de 2007, que modifica el artículo 1.3.22.3
de la Resolución CRA 151 de 2001, contempla las siguientes etapas que se
deben seguir con el fin de adelantar una solicitud de servicio de facturación
conjunta: 1. Presentación de la solicitud, 2. Competencia para conocer de la
solicitud, 3. Respuesta a la solicitud, requerimientos e inicio de la etapa de
negociación directa, 4. Culminación de la etapa de negociación directa, y 5.
Imposición de las condiciones del servicio de facturación conjunta.
En las normas señaladas, se evidencia que en los convenios de facturación
conjunta, las partes, solicitante y potencial concedente, deben acordar, en
ejercicio del principio de autonomía de la voluntad, las condiciones técnicas,
económicas y jurídicas que regirán su vínculo contractual, para lo cual la sección
1.3.22.1 de la Resolución CRA No. 151 de 2001, adicionada por el artículo 1 de
la Resolución CRA No. 422 de 2007, establece las condiciones mínimas que
debe contener dicho convenio.
El numeral 5 del artículo 1.3.22.3 de la Resolución CRA No. 151 de 2001,
modificado por el artículo 2 de la Resolución CRA No. 422 de 2007, establece
que “Cumplidos los plazos señalados, en el evento de no suscribirse convenio
de facturación conjunta, la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico, previa solicitud de parte, fijará mediante acto
administrativo, las condiciones que debe regir el servicio de facturación
conjunta. La resolución motivada será expedida en un plazo no mayor a treinta
(30) días calendario, contados a partir de la presentación de la solicitud, siempre
y cuando se dé cumplimiento, en su totalidad, a lo establecido en el numeral 4
del presente artículo”.
Con independencia de las condiciones que regirán el servicio de facturación
conjunta entre el prestador del servicio público de aseo entre la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB E.S.P. y Servicios Generales
Empresa de Servicios Públicos de Carácter Privado S.A. E.S.P. –
SERVIGENERALES S.A. E.S.P., de acuerdo con lo establecido en el artículo 1
de la Resolución SSPD 321 de 2003 y las disposiciones que la modifiquen,
adicionen o subroguen, es obligación del prestador del servicio público de aseo
reportar la información requerida por la Superintendencia de Servicios Públicos
al Sistema Único de Información – SUI.
Presentación de la solicitud del servicio de facturación conjunta.
Mediante comunicación CRA 2012-321-004428-2 de 14 de septiembre de 2012,
Servicios Generales Empresa de Servicios Públicos de Carácter Privado S.A.
E.S.P. – SERVIGENERALES S.A. E.S.P., remitió a esta Comisión de
Regulación, copia de la “solicitud formal del servicio de facturación conjunta
entre la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ S.A.
E.S.P. – EAAB Y SERVIGENERALES S.A. E.S.P., para el servicio público
domiciliario de aseo en la ciudad de Bogotá”, manifestando: “teniendo en cuenta
que la Ciudad de Bogotá a la fecha cuenta con un esquema de prestación de
libre competencia, acudimos a su Despacho con el fin de lograr suscribir en el
menor tiempo posible, de mutuo acuerdo, un convenio de facturación conjunta
para la facturación y recaudo del servicio de aseo que se pretende prestar
SERVIGENERALES S.A. E.S.P., en la ciudad de Bogotá”; igualmente, solicitó
se le indicaran “las condiciones en las cuales se deberá suscribir el mencionado
convenio de facturación conjunta solicitado”. Se adjuntaron los siguientes
anexos:
1. “Modelo propuesto por SERVIGENERALES S.A. E.S.P. del convenio
de facturación conjunta, el cual contiene los requisitos establecidos por la
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Radicado: 11001 03 24 000 2014 00201 00
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
RESOLUCIÓN CRA 151 de 2001 en su artículo 1.3.22.1, y las obligaciones
adicionales incluidas en el artículo primero de la resolución CRA 422 de
2007.
2. Anexo técnico, con la descripción de los archivos para realizar el
intercambio de información.
3. Catastro de usuarios a los cuales se les prestará el servicio (CD)”.
Posteriormente, el 20 de septiembre de 2012, mediante oficio CRA 2012-321-
004520-2, la Representante Legal de Servicios Generales Empresa de
Servicios Públicos de Carácter Privado S.A. E.S.P. – SERVIGENERALES S.A.
E.S.P., manifestó: “… por medio del presente escrito, me permito dirigirme ante
el Comité de expertos de la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO BÁSICO - CRA – informando a su entidad, que se radicó
SOLICITUD DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN CONJUNTA ANTE LA
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.,
a fin de conocer las condiciones en las cuales se debe suscribir el convenio de
facturación conjunta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.3.22.1 de la
Resolución CRA 151 de 2001, adicionado por la Resolución CRA 422de 2007”.
Además de lo anterior, agregó: “Conforme a lo anterior, solicitamos de su
acompañamiento en el desarrollo del proceso, para garantizar el cumplimiento
de las etapas en la suscripción del convenio de facturación conjunta entre la
EAAB y la empresa que represento; y en caso de ser necesario se proceda a
su imposición”.
Mediante oficio CRA 2012-211-006128-1 de 28 de septiembre de 2012, con
copia a la Gerencia de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P. – EAAB E.S.P., la CRA acusó recibo de la comunicación enviada por
Servicios Generales Empresa de Servicios Públicos de Carácter Privado S.A.
E.S.P. – SERVIGENERALES S.A. E.S.P., con la solicitud formal del servicio de
facturación conjunta; igualmente, se hizo énfasis respecto de los fundamentos
normativos del servicio de facturación conjunta y del proceso para la suscripción
de los contratos correspondientes, tales como el Decreto 2668 de 1999, “Por el
cual se reglamentan los artículos 11 en los numerales 11.1, 11.6 y 11.6 de la
Ley 142 de 1994”; el Decreto 1987 de 2000, “Por el cual se reglamenta el
artículo 11 de la Ley 142 de 1994 y se dictan otras disposiciones” y las
Resoluciones CRA 151 de 2001 (Sección 1.3.22) y CRA No. 422 de 2007; y,
finalmente, informó que “queda atenta a la respuesta que la Empresa de
Acueducto de Bogotá E.A.A.B., brinde a la solicitud”.
Dando alcance a la comunicación del 20 de septiembre de 2012, en
comunicación con Radicado CRA 2012-321-004652-2 de 28 de septiembre de
2012, Servicios Generales Empresa de Servicios Públicos de Carácter Privado
S.A. E.S.P. – SERVIGENERALES S.A. E.S.P. remitió copia de los documentos
entregados con la solicitud a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá E.S.P. EAAB E.S.P., a saber:
• Factura Servigenerales.
• Modelo del convenio de Facturación Conjunta Propuesto.
• Anexo Técnico.
• CD catastro de Bogotá.
Competencia conocer de la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico para de la solicitud.
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Radicado: 11001 03 24 000 2014 00201 00
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
Es necesario recordar que en desarrollo de los numerales 73.11 y 73.20 del
artículo 73 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Agua Potable
y Saneamiento Básico - CRA ha desarrollado la metodología para la
implementación de los procesos de facturación conjunta entre un prestador de
los servicios públicos domiciliarios de saneamiento básico (alcantarillado y
aseo) y un prestador del servicio público domiciliario de acueducto, lo cual se
encuentra plasmado en las Resoluciones CRA 151 de 2001 y CRA 422 de 2007,
en acatamiento a lo dispuesto por los Decretos 2668 de 1999, 1987 de 2000.
Inicio de la etapa de negociación directa.
Con radicado CRA 2012-321-004729-2 de 3 de octubre de 2012, la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. - EAAB E.S.P., manifestó que
en relación con la comunicación remitida a dicha empresa por parte de Servicios
Generales Empresa de Servicios Públicos de Carácter Privado S.A. E.S.P. -
SERVIGENERALES S.A. E.S.P., en la cual solicitó la suscripción de un
convenio de facturación conjunta, la misma no cumplía con los requisitos
exigidos para proceder a analizar dicha solicitud.
Mediante comunicación CRA 2012-004752-2 de 4 de octubre de 2012, Servicios
Generales Empresa de Servicios Públicos de Carácter Privado S.A. E.S.P. -
SERVIGENERALES S.A. E.S.P. informó a esta Comisión de Regulación: “a la
fecha no se ha obtenido respuesta a la solicitud 'requerimientos e inicio de la
etapa de negociación directa para la suscripción de convenio de facturación
conjunta' entre SERVIGENERALES S.A. E.S.P. y EMPRESA DE
ACUEDUCTO, AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA-EAAB (sic), cuyo
plazo se cumplió el día 3 de octubre de 2012, por lo cual se informa que hoy se
da inicio formal a la etapa de NEGOCIACIÓN DIRECTA, establecida en el
Párrafo 2 del numeral 3 de la Resolución CRA 422 de 2007", anexando:
1. "solicitud formal del convenio de facturación conjunta radicado en la
EMPRESA DE ACUEDUCTO, AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA-
EAAB (sic) el día 14 de septiembre de 2012.
2. Solicitud formar del convenio de facturación conjunta radicado en la
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIETNO BASICO el día 14 de
septiembre de 2012.
Por medio de oficio CRA 20122110063761 de 10 de octubre de 2012, esta
Comisión le informó a Servicios Generales Empresa de Servicios Públicos de
Carácter Privado S.A. E.S.P. SERVIGENERALES S.A. E.S.P. que mediante el
radicado de 3 de octubre de 2012, mencionado anteriormente, la EAAB E.S.P.
puso en conocimiento de esta entidad la falta de requisitos para proceder a
analizar dicho requerimiento, y le solicitó la verificación de los mismos; a lo que
esta Comisión respondió, mediante radicado CRA 20122110063711 de 10 de
octubre de 2012, "la UAE-CRA procedió a verificar los requisitos de la solicitud
de facturación conjunta, de acuerdo con lo señalado en la norma anteriormente
citada; por lo que, una vez efectuado el análisis de los mismos, se entiende que
las partes podrán dar inicio a la etapa de negociación directa".
Con radicado CRA 2012-321-004980-2 de 19 de octubre de 2012, Servicios
Generales Empresa de Servicios Públicos de Carácter Privado S.A. E.S.P. -
SERVIGENERALES S.A. E.S.P., remitió copia de oficio dirigido a la EAAB
E.S.P., mediante el cual expresó: "se ha dado inicio a la etapa de
NEGOCIACIÓN DIRECTA, establecida en el Párrafo 2, del numeral 3 de la
Resolución CRA 422 de 2007, para la suscripción de convenio de facturación
conjunta entre SERVIGENERALES S.A. E.S.P. y la EMPRESA DE
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Radicado: 11001 03 24 000 2014 00201 00
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB, toda vez que la
entidad (CRA) verificó el cumplimiento pleno de los requisitos exigidos".
Mediante radicado CRA 2012-321-005392-2 de 19 de noviembre de 2012,
Servicios Generales Empresa de Servicios Públicos de Carácter Privado S.A.
E.S.P. - SERVIGENERALES S.A. E.S.P., remitió copia de oficio dirigido a la
EAAB E.S.P., mediante el cual reiteró "se dio inicio a la etapa de
NEGOCIACIÓN DIRECTA, establecida en el Párrafo 2, del numeral 3 de la
Resolución CRA 422 de 2007, para la suscripción de convenio de facturación
conjunta entre SERVIGENERALES S.A. E.S.P. y la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB".
Culminación de la etapa de negociación directa y solicitud de imposición de las
condiciones del servicio de facturación conjunta, ante la CRA.
Posteriormente, el 29 de noviembre de 2012, mediante oficio CRA
20123210055762, Servicios Generales Empresa de Servicios Públicos de
Carácter Privado S.A. E.S.P. - SERVIGENERALES S.A. E.S.P., manifestó: "...
por medio del presente escrito, me permito dirigirme ante el Comité de expertos
de la COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO - CRA - y SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS - SSDP-, a fin de informar a sus entidades, que la etapa de
negociación directa culminó el día 23 de noviembre de 2012, por lo cual solicito
convocar y requerir para lo pertinente a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.".
De otra parte, el 12 de diciembre de 2012, el Ministro de Vivienda, Ciudad y
Territorio, doctor Germán Vargas Lleras, presentó ante el Consejo de Ministros
solicitud de ampliación de impedimento, el cual le fue aceptado con fundamento
en el artículo 8° de la Ley 63 de 1923 y, por lo tanto, mediante Decreto 0040 de
15 de enero de 2013, se designó como Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio
Ad-Hoc, al Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
doctor Diego Molano Vega, "para conocer y decidir sobre los asuntos
relacionados con la ejecución de proyectos que se adelanten en las siguientes
empresas de servicios públicos: AQUASEO S.A E.S.P, GISCOL S.A. E.S.P.,
EMPUAMAZONAS S.A E.S.P., CIUDAD LIMPIA - LIME ASEO CAPITAL
ATESA SERVIGENERALES S.A. E.S.P.; lo anterior, en todo lo relacionado con
los asuntos particulares que en ámbito de la competencia del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y territorio tenga que conocer el señor Ministro, incluyendo las
decisiones que se adopten en la Comisión de Regulación de Agua Potable y
saneamiento Básico - CRA, acorde con lo dispuesto en los artículos 69.1 y s.s.
de la ley 142 de 1994, y como Miembro Independiente de la Junta Directiva de
la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER".
Servicios Generales Empresa de Servicios Públicos de Carácter Privado S.A.
E.S.P. - SERVIGENERALES S.A. E.S.P., en oficio con radicado CRA 2012-321-
005688-2 de 6 de diciembre de 2012, presentó ante la Comisión de Regulación
de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA “solicitud Imposición de las
condiciones del servicio de facturación conjunta - entre SERVICIOS
GENERALES EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CARÁCTER
PRIVADO S.A. E.S.P. - SERVIGENERALES S.A. E.S.P. y la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA. - Numeral 5 Artículo 2° de
la Resolución COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO – CRA 422 de 2007”, manifestando:
"En atención a que el pasado 28 de noviembre de 2012, se radicó ante su
despacho oficio No. 2012002101 mediante el cual se informaba la
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Radicado: 11001 03 24 000 2014 00201 00
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
culminación de la etapa de negociación directa para la suscripción del
convenio de facturación conjunta entre SERVICIOS GENERALES
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CARÁCTER PRIVADO S.A.
E.S.P. - SERVIGENERALES S.A. E.S.P., Sociedad comercial de derecho
privado con NIT 830.024.104-2, con domicilio principal en la ciudad de
Bogotá, Empresa de Servicios públicos inscrita y vigilada por la
Superintendencia de Servicios Públicos y prestadora del Servicio Público de
Aseo, y EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA,
dando total cumplimiento al numeral 4 del artículo 2 de la Resolución CRA
422 de 2007, nos permitimos solicitar de manera atenta a la CRA, continuar
con el procedimiento establecido en el numeral 5 del artículo 2 de la
resolución en mención, y en consecuencia se proceda a imponer las
condiciones y expedir el Acto Administrativo por el cual se establezcan las
condiciones del servicio de facturación conjunta entre SERVICIOS
GENERALES EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CARÁCTER
PRIVADO S.A. E.S.P. - SERVIGENERALES S.A. E.S.P. y EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA, de conformidad con los
soportes y fundamentos probatorios allegados oportunamente a la comisión
mediante el radicado antes aludido".
Mediante radicado CRA 2012-220-008545-1 de 7 de diciembre de 2012, esta
Comisión le corrió traslado a la EAAB E.S.P., por el término de 5 días hábiles,
contados a partir del recibo de la comunicación, del oficio CRA 2012-321-
005576-2 de 29 de noviembre de 2012, en el cual Servicios Generales Empresa
de Servicios Públicos de Carácter Privado S.A. E.S.P. - SERVIGENERALES
S.A. E.S.P. informó que la etapa de negociación directa entre ambas empresas
había culminado el 23 de noviembre de 2012.
Mediante radicado CRA 2012-211-008741-1 de 26 de diciembre de 2012, la
Unidad Administrativa Especial Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico - UAE CRA requirió a Servicios Generales Empresa de
Servicios Públicos de Carácter Privado S.A. E.S.P. - SERVIGENERALES S.A.
E.S.P., para que informara si, dadas las noticias de los medios de comunicación,
persistía en la solicitud que dio origen a la presente actuación administrativa;
así mismo, para que diera alcance al radicado CRA 2012-321-005576-2 de 29
de noviembre de 2012, aportando el modelo de costos objeto de la negociación,
con los soportes de los mismos, los acuerdos y desacuerdos que se habían
logrado en la etapa de negociación directa, las causas generadoras de los
mismos, así como la propuesta económica debidamente sustentada.
Mediante radicado CRA 2013-321-000054-2 de 9 de enero de 2013, Servicios
Generales Empresa de Servicios Públicos de Carácter Privado S.A. E.S.P. -
SERVIGENERALES S.A. E.S.P. ratificó a esta Comisión su intención de
continuar con la actuación administrativa correspondiente; además, frente al
requerimiento efectuado, manifestó que la totalidad de los documentos habían
sido presentados el día 28 de noviembre de 2012.
A través de radicado CRA 2013-211-000444-1 de 15 de febrero de 2013, esta
Comisión dio respuesta al radicado anterior señalando que, si bien es cierto que
la empresa aportó alguna información, la misma no satisfizo en su totalidad el
requerimiento efectuado por la CRA, por lo que se concedió un plazo de un mes
para el envío de la información faltante, debidamente soportada.
Servicios Generales Empresa de Servicios Públicos de Carácter Privado S.A.
E.S.P. - SERVIGENERALES S.A. E.S.P., en comunicación con Radicado CRA
2013-321-000811-2 de 28 de febrero de 2013, dio respuesta al requerimiento
de información efectuado por esta Comisión, en los siguientes términos:
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Radicado: 11001 03 24 000 2014 00201 00
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“(...).
1. "Modelo de costos objeto de la negociación con los soportes de los
mismos, basados en la metodología prevista en la Sección 1.3.23 de la
Resolución CRA 151 de 2001.
"Teniendo en cuenta que no se revisó entre las partes ningún modelo de
costos para el convenio de facturación conjunta requerido, nos permitimos
adjuntar el documento "Cálculo de los Costos del Proceso de Facturación
Conjunta con las Empresas de Aseo", elaborado en Diciembre de 2003, por
la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente de la E.A.A.B. Para efectos del
convenio de facturación conjunta vigente entre dicha empresa y CUPIC S.A.,
como mandataria de los operadores de Bogotá".
2. "Indicar acuerdos y desacuerdos y sus causas generadoras.
"Desacuerdos y casusas generadoras.
a No respuesta oportuna del EAAB a la solicitud formal del convenio, lo cual
fue manifestado a la CRA el día 4 de Oct. de 2012.
b Comunicación EAAB recibida el 5 de octubre de 2012, en la que elevó
consulta a la CRA, para validar la existencia de requisitos de la solitud de
facturación conjunta.
3. "Presentar la propuesta económica debidamente sustentada para efectos
de solucionar las diferencias".
"Teniendo en cuenta que en la actualidad la EAAB tiene suscrito Convenio
de Facturación Conjunta para el servicio de aseo en la ciudad de Bogotá,
con la empresa CUPIC S.A., que actúa como mandataria de los actuales
prestadores de dicho servicio, celebrado el 20 de mayo de 2004, donde se
estableció en la Cláusula Tercera 'Valor de los servicios: Para el año 2004,
el valor de los servicios serán los siguientes: $197.97 más IVA por imprimir
y repartir cada factura, $69.67 más IVA por entrega de duplicado impreso
(...).
"Los costos antes descritos, conforme las actualizaciones surtidas hasta la
fecha, generan unos costos actuales (valores de 2012), por concepto del
costo del servicio de facturación y distribución de $282,00 más IVA por
factura, conforme certificación expedida por el Representante Legal de
CUPIC S.A., donde se especifica el valor cobrado actualmente por la EAAB
con motivo del convenio de facturación conjunta.
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"Por lo anterior, y de conformidad con lo previsto por la sección 1.23.3 de la
Resolución CRA No. 151 de 2001, la oferta económica de SERVIGENERALES
S.A. ESP, para la celebración del Convenio de Facturación Conjunta del servicio
de aseo con la EAAB, es la siguiente:
• Por concepto de procesamiento, impresión y distribución de la factura,
emisión de reportes y recaudo, la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS
PESOS ($282, 00) más IVA por factura.
• Por entrega de duplicado impresa de cada factura, la suma de NOVENTA Y
OCHO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($98,96) más /VA.
• Por concepto de Margen de gestión, que se encuentra incorporado dentro
del precio total, de conformidad con lo previsto en el Parágrafo segundo del
Artículo 1.3.23.3 de la Resolución CRA 151 de 2001, cada periodo de
facturación, un porcentaje entre el cero (0%) y el ocho (8%) por ciento de los
costos del ciclo de facturación de acuerdo con el porcentaje de recaudo de
facturación, sin incluir recaudo de cartera, calculado así:
"Por concepto de Recuperación de cartera por gestión exclusiva de la EAAB,
según el modelo de facturación conjunta propuesto y remitido a la EAAB una la
solicitud formal de convenio y del cual obra copia en sus archivos. Treinta y tres
por ciento (33%) más IVA del costo de los cobros masivos, por medio de
campañas publicitarias que adelante el Acueducto de Bogotá para recuperación
de cartera, y que hayan sido pactadas por el comité de que trata el literal i) de
la Cláusula Séptima del modelo de convenio. En este caso, las actividades de
suspensión o corte del servicio de Acueducto o taponamiento no se
considerarán para ningún efecto actividades de gestión de cartera del servicio
de Aseo, y por tratarse de costos cubierto directamente por el usuario a la EAAB
al ser reconectado. En consecuencia, este concepto solo se reconocerá
respecto de actividades de gestión comercial exclusiva de la EAAB dirigidas a
la Recuperación de cartera y sobre monto efectivo de la cartera recuperada, y
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en ningún caso por actividades de gestión de cartera realizadas por
SERVIGENERALES S.A. ESP".
"Los valores expresados en pesos se ajustarán (i) anualmente, el 1ro de enero
de cada año, a partir de enero de 2013, con el IPC nacional certificado por el
Departamento Nacional de Estadística - DANE -, correspondiente al año
inmediatamente anterior y (ii) puntualmente, si se generan cambios
significativos en la estructura de costos que haga necesaria su revisión".
(...).
Para el efecto anexó:
1 "Modelo de convenio enviado al EAAB en la solicitud de facturación
conjunta.
2 Calculo de los costos del Proceso de Facturación Conjunta con las
Empresas de Aseo elaborado en diciembre de 2003, por la Gerencia
Corporativa de Servicio al Cliente de la EAAB.
3 Certificado de CUPIC por costos de facturación conjunta entre CUPIC y
EAAB.
4 Copia del Convenio vigente para la facturación conjunta del servicio de
aseo, suscrito entre EAABA y CUPIC, como mandataria de los operadores de
Bogotá".
Audiencias convocadas por el Comité de Expertos de la UAE - CRA.
Con base en lo dispuesto por el inciso 2 del numeral 4 del artículo 2 de la
Resolución CRA 422 de 2007, el Comité de Expertos de la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, en sesión ordinaria No. 09
de 6 y 7 de marzo de 2013, decidió convocar a Servicios Generales Empresa
de Servicios Públicos de Carácter Privado S.A. E.S.P. - SERVIGENERALES
S.A. E.S.P., en su calidad de solicitante, así como a la Empresa de Acueducto
y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. - EAAB E.S.P., potencial concedente, con el
fin de que expusieran sus posiciones finales al momento de la culminación de
la etapa de negociación directa, convocatorias efectuadas mediante radicados
CRA 20132110007841 y 20132110007821 de 7 de marzo de 2013,
respectivamente.
Mediante comunicación CRA 20132110007991 de 7 de marzo de 2013, esta
Comisión le corrió traslado a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá E.S.P. - EAAB E.S.P., de los radicados CRA 20123210056882 de 6 de
diciembre de 2012, CRA 20133210000542 de 9 de enero de 2013 y CRA
20133210008112 de 28 de febrero de 2013, por el término de 5 días hábiles,
contados a partir del recibo de dicha comunicación.
El 12 de marzo a las 9:15 a.m., la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y el
Subdirector Técnico de la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico - CRA, señalaron que transcurrida 1 hora y 15 minutos a
partir de las 8 a.m., hora fijada para dar inicio a la audiencia convocada, no fue
posible la celebración de la misma, toda vez que sólo se hizo presente Servicios
Generales Empresa de Servicios Públicos de Carácter Privado S.A. E.S.P. -
SERVIGENERALES S.A. E.S.P. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá E.S.P. - EAAB E.S.P. no se hizo presente. No obstante lo anterior, la
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Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
doctora IVONNE MARITZA ARISTIZABAL ROJAS señala que la empresa
SERVIGENERALES S.A. E.S.P. ha cumplido con los requisitos y trámites
necesarios para solicitar la imposición del servicio de facturación conjunta con
la EAAB E.S.P. Adicionalmente, informa que SERVIGENERALES S.A. E.S.P.
notificó a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -
CRA de todas las actuaciones llevadas a cabo y, por lo tanto, considera que se
cumple con todos los requisitos exigidos legalmente. Se reitera a la CRA la
solicitud de imponer las condiciones del servicio de facturación conjunta.
En comunicación con Radicado CRA No. 2013-321-001078-2 de 19 de marzo
de 2013, el Gerente General de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá E.S.P. - EAAB E.S.P., descorrió el traslado efectuado mediante
comunicación CRA 20132110007991 de 7 de marzo de 2013.
Mediante comunicaciones CRA 2013-211-000967-1 y CRA 2013-211-000970-
1 de 19 de marzo de 2013, respectivamente, esta Comisión, le informó a la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. - EAAB E.S.P. y a
Servicios Generales Empresa de Servicios Públicos de Carácter Privado S.A.
E.S.P. - SERVIGENERALES S.A. E.S.P., que el 12 de marzo de 2013, mediante
memorando 2013-103-000192-3, uno de los Expertos Comisionados le informó
a la UAE - CRA que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley
142 de 1994, presentó ante el Despacho de Superintendente de Servicios
Públicos Domiciliarios solicitud de declaratoria de impedimento, y que, en
consecuencia, la actuación administrativa correspondiente al trámite de la
solicitud de imposición de las condiciones del servicio de facturación conjunta
entre Servicios Generales Empresa de Servicios Públicos de Carácter Privado
S.A. E.S.P. - SERVIGENERALES S.A. E.S.P. y la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. - EAAB E.S.P., se encontraba suspendida,
desde la fecha en la cual se manifestó el impedimento y hasta tanto el mismo
fuera decidido.
Con radicado CRA 2013-321-001117-2 de 20 de marzo de 2013, la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. - EAAB E.S.P., en la cual
expresó: "En atención a la comunicación de la referencia, mediante la cual
convoca al Gerente General de la Empresa a una reunión en las instalaciones
de la Entidad a su cargo, de manera respetuosa le solicito se sirva fijar nueva
fecha y hora para llevar a cabo tal reunión, toda vez que el oficio de citación
tiene fechas 07 de marzo, el cual llegó a la Empresa el día 11 de marzo de 2013
a las 11:33 a.m., y debido al trámite administrativo interno, llegó a la Secretaría
de la Gerencia General el día 12 de marzo de 2013 en horas de la tarde, lo que
nos impidió atender oportunamente tal citación".
Mediante la Resolución SSPD 20131300006775 de 19 de marzo de 2013,
notificada al Experto Comisionado que se declaró impedido, el 8 de abril de
2013, a las 5 p.m., el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios
decidió el impedimento propuesto, referente a la presente actuación
administrativa, en el sentido de declararlo infundado. Decisión que quedó en
firme el 12 de abril de 2013, cuando el notificado renunció de manera expresa
a la interposición de recursos. Por lo anterior, el día 15 de abril de 2013, se
reanudaron los términos de la actuación.
Mediante comunicaciones CRA 2013-211-001544-1 y CRA 2013-211-001558-
1 de 15 de abril de 2013 esta Comisión le informó a la Empresa de Acueducto
y Alcantarillado de Bogotá E.S. - EAAB E.S.P. y a Servicios Generales Empresa
de Servicios Públicos de Carácter Privado S.A. E.S.P. - SERVIGENERALES
S.A. E.S.P., respectivamente, que teniendo en cuenta la solicitud efectuada por
la EAAB E.S.P., era importante aclarar que el radicado mediante el cual se
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Radicado: 11001 03 24 000 2014 00201 00
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
había convocado a la audiencia referida fue recibido oportunamente en la sede
de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. - EAAB E.S.P.,
por correo electrónico el 7 de marzo de 2013, y por correo certificado, de la
empresa 472, el 8 de marzo de 2013, como constaba en los soportes de los
mismos. Sin embargo, y teniendo en cuenta que la suspensión de la presente
actuación administrativa había operado el mismo día en el que se había llevado
a cabo la audiencia mencionada, esta Comisión había decidido convocarla
nuevamente, para el 18 de abril de 2013, a las 8:45 a.m.
Siendo las 9:28 a.m. del 18 de abril de 2013, la Jefe de la Oficina Asesora
Jurídica de la CRA dio inicio a la celebración de la audiencia convocada,
conforme con lo establecido en el inciso 2 del numeral 4 del artículo 2 de la
Resolución CRA 422 de 2007, estando presentes la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. - EAAB E.S.P. y Servicios Generales Empresa
de Servicios Públicos de Carácter Privado S.A. E.S.P. - SERVIGENERALES
S.A. E.S.P.; de la misma se suscribió acta, de la cual se transcriben los
siguientes apartes:
"La doctora Ivonne Maritza Aristizábal Rojas, en su calidad de Suplente del
Gerente General de SERVIGENERALES S.A. E.S.P., manifiesta que se ha
venido adelantando la solicitud de celebración del convenio de facturación
conjunta, y considera que se ha dado cumplimiento a todos los parámetros
legales y regulatorios para tal fin, por lo que solicita a la CRA mediar en este
conflicto; reitera que la empresa SERVIGENERALES S.A. E.S.P. quiere
prestar el servicio de aseo en Bogotá D.C., bajo el esquema actual de libre
competencia. La doctora Claudia Maria Gómez Londoño, en su condición de
Gerente Comercial de SERVIGENERALES S.A. E.S.P. agregó que el
procedimiento inició el 14 de septiembre de 2012. Se reitera la solicitud
efectuada en días pasados, para que la CRA proceda con la imposición.
"La doctora Gemma Sofía Bordamalo manifiesta que la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P. - EAAB E.S.P.
tiene toda la disposición de celebrar convenios de facturación conjunta
mientras se acrediten los requisitos de ley. Pregunta si SERVICIOS
GENERALES EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CARACTER
PRIVADO S.A. E.S.P. - SERVIGENERALES S.A. E.S.P. conoció la
comunicación de 15 de marzo de 2013, dirigida a la Directora Ejecutiva de la
CRA, con copia a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -
UAESP. Teniendo en cuenta que la Suplente del Gerente General de
SERVIGENERALES S.A. E.S.P manifiesta no tener conocimiento de la
comunicación mencionada, se procedió a dar lectura completa e integra de
la comunicación CRA 2013-321-001078-2 de 19 de marzo de 2013, radicada
en las instalaciones de esta Comisión a las 18:37:41 p.m.
"La doctora Ivonne Maritza Aristizábal Rojas, en su calidad de Suplente del
Gerente General de SERVIGENERALES S.A. E.S.P., manifiesta que no está
de acuerdo con los argumentos expuestos por parte de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. - EAAB E.S.P. en la
comunicación leída y, en consecuencia, reitera la solicitud efectuada a la
CRA para la imposición de las condiciones del servicio de facturación
conjunta.
"La apoderada de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P. - EAAB E.S.P. reitera que su representada tiene toda la disposición
de suscribir los contratos de facturación conjunta con quienes cumplan los
requisitos de ley, en especial, el Decreto 564 de 10 de diciembre de 2012.
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Radicado: 11001 03 24 000 2014 00201 00
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
"La doctora Luz Aída Barreto Barreto manifiesta a las partes que si de lo
expresado por ellas, se puede concluir que no existe acuerdo entre las
mismas; a lo que ambas partes responden que efectivamente no hay
acuerdo.
"En este estado, siendo las nueve y cuarenta y tres de la mañana (9:43 a.m.),
se da por terminada la reunión y, en constancia, se firma la presente acta."
ANÁLISIS JURÍDICO Y TÉCNICO DE LOS ASPECTOS RELACIONADOS
CON EL SERVICIO DE FACTURACION CONJUNTA.
ASPECTOS JURÍDICOS:
Análisis de los argumentos esgrimidos por parte de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. - EAAB E.S.P. como fundamento de la negativa
de suscribir un convenio de facturación conjunta con Servicios Generales
Empresa de Servicios Públicos de Carácter Privado S.A. E.S.P. -
SERVIGENERALES S.A. E.S.P.
De acuerdo con los antecedentes de la presente actuación administrativa,
expuestos y transcritos anteriormente, es menester analizar los argumentos
propuestos por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. -
EAAB E.S.P., en los radicados CRA 2012-321-004890-2 de 12 de octubre de
2012 y CRA 2013-321-001078-2 de 19 de marzo de 2013 que se oponen a la
solicitud de celebrar un convenio de facturación conjunta, impetrada por
Servicios Generales Empresa de Servicios Públicos de Carácter Privado S.A.
E.S.P. - SERVIGENERALES S.A. E.S.P.
Dichos argumentos se han recopilado a manera de ejes temáticos, así:
1. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP y la
EAAB-ESP., celebraron el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 017
de 11 de octubre de 2012, que tiene por objeto la gestión y operación del
servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá D.C., en sus componentes
de recolección, barrido, limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped,
poda de árboles en áreas públicas y transporte de los residuos al sitio de
disposición final y todas las actividades de orden financiero, comercial,
técnico, operativo, educativo y administrativo. "SERVIGENERALES S.A.
E.S.P. no tiene ninguna causa legal para solicitar la imposición de un
convenio de facturación conjunta, ya que en la actualidad no se encuentra
prestando el servicio de aseo en la ciudad de Bogotá, ni tiene usuarios a
quienes facturar el servicio de aseo."
El anterior eje argumentativo, fue expuesto por la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá E.S.P, mediante radicado CRA 2013-321-001078-2 de
19 de marzo de 2013, así:
Además, se debe tener en cuenta que el 11 de octubre de 2012, la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP y la EAAB-ESP.,
celebraron el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 017 de 2012 que
tiene por objeto la gestión y operación del servicio público de aseo en la
ciudad de Bogotá D.C., en sus componentes de recolección, barrido,
limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles en áreas
públicas y transporte de los residuos al sitio de disposición final y todas las
actividades de orden financiero, comercial, técnico, operativo, educativo y
administrativo que ello conlleva'. El plazo de ejecución se pactó en DOCE
MESES contados a partir del día en que se suscriba el acta de iniciación. En
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la Cláusula Tercera del aludido Contrato Interadministrativo, la cual fue
objeto del Otrosí No. 2 (celebrado el 30 de enero de 2013) se pactó lo
siguiente:
"CLÁUSULA 3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
a. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL SERVICIO DE
RECOLECCION, BARRIDO Y LIMPIEZA DE RESIDUOS ORDINARIOS NO
APROVECHABLES.
(...)
5. Llevar a cabo la gestión comercial y financiera del servicio de aseo en la
ciudad de Bogotá del esquema del servicio contratado, con sujeción a los
términos y condiciones que se establecen en el reglamento comercial. Para
estos efectos, el CONTRATISTA debe tener en cuenta que la gestión
comercial comprende, entre otras actividades, el manejo del catastro de
usuarios, la facturación del servicio, el manejo de cartera, el recaudo de los
pagos, y la administración del recaudo y los demás recursos del esquema
directamente o a través de una cuenta Bancaria de Recaudo Especial, o a
través de un encargo fiduciario, los registros contables del esquema
financiero del servicio y de los subsidios y contribuciones directamente o a
través del encargo fiduciario y la atención al usuario.' (Negrilla y resaltado
fuera de texto).
El eje central del argumento en estudio que expuso la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado Bogotá E.S.P - EAAB E.S.P., en este punto, es que
SERVIGENERALES S.A. E.S.P, no es prestador del servicio de aseo en el
Distrito Capital, de la siguiente manera: "No está por demás destacar que la
firma SERVIGENERALES S.A E.S.P, no tiene causa legal para solicitar la
imposición de un convenio de facturación conjunta, ya que en la actualidad no
se encuentra prestando el servicio de seo en la ciudad de Bogotá, ni tiene
usuarios a quienes facturar el servicio de aseo"
Visto los planteamientos expuestos en este eje argumentativo, la Comisión
encuentra que no pueden ser acogidos por las razones que pasan a exponerse:
De conformidad con el inciso 7 del artículo 146 de la Ley 142 de 1994: "(...) Las
empresas podrán emitir factura conjunta para el cobro de los diferentes
servicios que hacen parte de su objeto y para aquellos prestados por otras
empresas de servicios públicos, para los que han celebrado convenios con tal
propósito".
El artículo 147 ibidem señala que "(...) En las facturas en las que se cobren
varios servicios, será obligatorio totalizar por separado cada servicio, cada uno
de los cuales podrá ser pagado independientemente de los demás, con
excepción del servicio público domiciliario de aseo y demás servicios de
saneamiento básico".
El parágrafo de la citada disposición establece: "Cuando se facturen los
servicios de saneamiento básico y en particular los de aseo público y
alcantarillado, conjuntamente con otro servicio público domiciliario, no podrá
cancelarse este último con independencia de los servicios de saneamiento
básico, aseo o alcantarillado, salvo en aquellos casos en que exista prueba de
mediar petición, queja o recurso debidamente interpuesto ante la entidad
prestataria del servicio de saneamiento básico, aseo o alcantarillado.”
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El artículo 4 del Decreto 1987 de 2000, reglamentario del artículo 11 de la Ley
142 de 1994, contiene disposiciones de carácter especial relacionadas con la
facturación conjunta, que deberán ser atendidas por las personas prestadoras
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo,
correspondiéndole a la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico - CRA la función de regular "(...) las condiciones generales
y particulares con arreglo a las cuales las empresas concedentes y solicitantes
deberán celebrar los convenios de que trata el artículo segundo de esta
disposición".
El artículo 2 ibídem dispone, entre otras cosas, al referirse a la obligación de
facturar que "(...) las entidades de servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo, suscribirán el convenio de facturación conjunta,
distribución de ésta y/o recaudo de pago, y prestarán este servicio a las
personas prestadoras de servicios de saneamiento básico, de conformidad con
la regulación que al respecto expida la Comisión de Regulación de Agua Potable
y Saneamiento Básico, en los términos del artículo cuarto del presente decreto
y ejecutaría en la forma convenida, sin perjuicio de que este servicio se pueda
contratar con empresas prestadoras de otros servicios públicos domiciliarios
(...)".
A su turno, el artículo 3 del mencionado Decreto señala que "la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico determinará la forma de
liquidar el servicio de facturación y los costos que serán reconocidos por
concepto del mismo, así como el margen que pueda percibir la empresa
concedente por la prestación del servicio de qué trata este decreto".
En virtud de las disposiciones señaladas anteriormente y en ejercicio de las
facultades legales, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento
Básico expidió la Resolución CRA 145 de 2000 "Por la cual se establecen las
condiciones generales y particulares con arreglo a las cuales las empresas de
servicios públicos de acueducto y saneamiento básico deben celebrar los
convenios de facturación conjunta, distribución de ésta y/o recaudo de pago, y
se dictan otras disposiciones", incorporada en la Sección 1.3.22 de la
Resolución CRA 151 de 2001, adicionada y modificada por la Resolución CRA
422 de 2007 y la Sección 1.3.23 de la Resolución CRA 151 de 2001.
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA a
través de las normas regulatorias precitadas, estableció las disposiciones
aplicables a los convenios de facturación conjunta, tales como condiciones
mínimas del convenio, procedimiento para su suscripción y metodología de
cálculo de los costos.
De acuerdo con el Decreto 2668 de 1999 "Por el cual se reglamentan los
artículos 11 en los numerales 11.1, 11.6 y 146 de la Ley 142 de 1994' *es
obligatorio para las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios
facturar los servicios de alcantarillado y aseo, como también suscribir el
convenio de facturación conjunta, salvo que existan razones técnicas
insalvables comprobables que justifiquen la imposibilidad de hacerlo. Dicha
justificación debe ser acreditada por la empresa concedente ante la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios." (Subraya y negrilla fuera
de texto).
Con base en la norma transcrita, es claro que la única razón que puede esgrimir
una empresa de acueducto para no suscribir el convenio de facturación conjunta
es que existan razones técnicas insalvables comprobables que justifiquen la
imposibilidad de hacerlo, lo cual debe ser acreditado por la empresa ante la
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Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por lo cual, lo alegado por
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. - EAAB E.S.P. no
se enmarca dentro de la única excepción contemplada por la normatividad para
la no celebración del convenio.
Ahora bien, no compete a esta Entidad señalar o dirimir con quien tienen los
contratos de condiciones uniformes los usuarios, pero aún en el hipotético caso
que una empresa debidamente constituida no esté prestando el servicio de aseo
en un determinado municipio, pero quiera entrar en dicho mercado, nada le
impide solicitar el servicio de facturación conjunta a la empresa de acueducto
que atienda en esa localidad, y en caso de no lograr acuerdos sobre la materia,
acudir a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico,
para que se impongan las condiciones que deben regir dicho servicio.
En efecto, vale también precisar que para solicitar un convenio de facturación
conjunta no se requiere ser prestador del servicio de aseo en operación, sino
que puede tratarse de un acto preparativo para entrar en el respectivo mercado.
Es por ello que en la Resolución CRA 422 de 2007 que reglamenta el
procedimiento de los convenios de facturación conjunta, en su artículo 1°,
establece:
"Artículo 1°. Adiciónese al artículo 1.3.22.1 de la Resolución CRA 151 de
2001, el siguiente literal:
a) Obligaciones adicionales: la persona prestadora solicitante que tenga
intención de suscribir convenio de facturación conjunta, deberá presentar,
ante la potencial persona prestadora concedente, lo siguiente:
"(...).
"2. En los términos del literal b), del presente artículo, debe presentarse el
catastro actualizado de usuarios, indicando los principales elementos que lo
estructuran, permitiendo identificar individualmente la base de datos de sus
usuarios, estrato socioeconómico, clase de uso del servicio y área de
prestación en la cual se presta el respectivo servicio. En caso de no contarse
con la información anterior, la persona prestadora solicitante pedirá a la
persona prestadora concedente la misma, asumiendo los costos que se
puedan generar.
"(...)".
De acuerdo con lo anterior, si el prestador solicitante no tiene un catastro de
usuarios, puede solicitar que se tenga como tal el del concedente, asumiendo
aquella el costo. Por lo tanto, no puede ser motivo de rechazo el no tener
contrato de prestación con la EAAB o la UAESP o no ser prestador en el Distrito.
La celebración de los convenios de facturación conjunta, se constituye en un
instrumento para que se facturen los servicios de saneamiento básico (aseo y
alcantarillado), con otro servicio que en caso de no pago, pueda ser suspendido,
con el fin de acrecentar las posibilidades de recaudo de los servicios de
saneamiento básico. Así si una empresa está en estado pre operativo y tiene
planificado entrar al mercado, es su derecho, contar con un convenio de
facturación conjunta que le permita esta posibilidad de cobro, pues no tenerlo,
la podría poner en desventaja frente a otros operadores de aseo que si lo tienen,
por lo cual, no puede ser cercenada en dicho derecho.
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En este orden de ideas, resulta importante recalcar sobre la relevancia del
hecho que en un mercado en competencia, no contar con el convenio de
facturación conjunta crea una desventaja comparativa con los demás
prestadores de dicho mercado, en tanto no le impide prestar el servicio pero le
dificulta el cobro y recaudo del precio del servicio y la exigibilidad del pago solo
se haría por vía judicial, lo que de suyo le implica un desgaste en su imagen
ante sus usuarios, lo cual puede ser aprovechado por aquellos prestadores que
si cuenten con dicho convenio.
Así las cosas, resulta claro que el argumento en estudio, expuesto por la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. - EAAB E.S.P., no
está llamado a la prosperidad.
2. Señala que se expidió el Decreto 564 de 10 de diciembre de 2012, por la
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., para dar cumplimiento a las decisiones de la
H. Corte Constitucional en materia de participación de la población de
recicladores, por lo cual la prestación del servicio quedó bajo la gestión de la
Administración de Bogotá; sólo las empresas debidamente legitimadas en
los términos del artículo 13 del citado Decreto pueden prestar el servicio de
aseo en Bogotá y por ende, pueden suscribir convenios de facturación
conjunta.
En lo que guarda relación con el segundo eje temático de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. - EAAB E.S.P, en el cual hizo
alusión al Decreto 564 de 2012 expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C,
se debe indicar que tampoco podrá ser acogido por esta Comisión, habida
cuenta de las siguientes consideraciones:
2.1. El Distrito Capital está sometido a un régimen particular en materia de
servicios públicos domiciliarios y por lo tanto, sólo las empresas debidamente
legitimadas en los términos del artículo 13 del citado Decreto pueden prestar
el servicio de aseo en Bogotá y suscribir convenios de facturación conjunta.
Sobre este particular, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P. - EAAB E.S.P, mediante radicado CRA 2013-321-001078-2 del 19 de
marzo de 2013, señaló:
"Sea lo primero advertir que el Distrito Capital está sometido a un régimen
particular en materia de servicios públicos domiciliarios porque el artículo 41
Transitorio de la Constitución Política señaló que: 'Si durante los dos años
siguientes a la fecha de promulgación de esta Constitución, el Congreso no
dicta la ley a que se refieren los artículos 322, 323 y 324 sobre el régimen
especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, el gobierno por una
sola vez expedirá las normas correspondientes.' Fue así como en ejercicio
de las facultades extraordinarias de reglamentación constitucional, se
expidió el Decreto Ley 1421 de 1993 'Por el cual se dicta el régimen especial
para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá'.
"Este Decreto, también llamado ESTATUTO ORGÁNICO DEL DISTRITO
CAPITAL, en materia de servicios públicos domiciliarios señaló en su artículo
163 lo siguiente:".
Y el mismo escrito, más adelante la Empresa indicó:
"Lo anterior implica que sólo las empresas de aseo que legítimamente estén
facultadas para prestar el servicio de aseo y por ende para efectuar la
facturación del servicio en el Distrito Capital en los términos expresados en
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el artículo 13 del Decreto 564 de 2012 en concordancia con los artículos 163,
164 y 165 del Decreto Extraordinario 1421 de 1993 pueden celebrar
convenios de facturación conjunta con la EAAB-ESP, o con otra empresa
prestadora del servicio en el Distrito Capital"
Para abordar el análisis del tema propuesto por la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. - EAAB E.S.P, es imperioso referirnos al marco
constitucional y legal que rige la materia en cuestión, con el fin de poder
determinar la posición jurídica que debe asumir la Comisión, en cuanto a
facturación conjunta se refiere.
Sea lo primero hacer referencia a lo estipulado en el articulado constitucional,
así:
El Artículo 333 establece que la actividad económica y la iniciativa privada son
libres, dentro de los límites del bien común, que, para su ejercicio, nadie podrá
exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley y que la libre
competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.
Finalmente indica que será a través de la Ley que se delimitará el alcance de la
libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el
patrimonio cultural de la Nación.
Quiere lo anterior indicar que es únicamente posible mediante una ley
establecer limitaciones a la libre competencia en una actividad económica, que
como se verá a continuación, en materia de servicios públicos la Ley 142 de
1994 estableció cómo único mecanismo para limitar la competencia en el
mercado, la figura de las áreas de servicio exclusivo.
Ahora bien, por su parte, el Artículo 365 de la Constitución dispone:
"Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es
deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del
territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen
jurídico que fije la ley, (negrilla y Subraya fuera de texto) podrán ser
prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades
organizadas, o por particulares. En todo caso. el Estado mantendrá la
regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de
soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la
mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno
decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios
públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en
virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita."
Tal y como lo señala la Carta Política, puede decirse que dicho texto refleja la
importancia que el constituyente le otorgó a los servicios públicos dentro del
Estado Social de Derecho y así lo reconoció la Corte en la sentencia C-247 de
1997, donde consagró:
"El Constituyente de 1991 concibió la prestación de los servicios públicos
como una función inherente a los fines del Estado Social de Derecho (CP,
Artículo 365), con el deber correlativo de una realización eficiente para todos
los integrantes del territorio nacional, dada la estrecha vinculación que los
mismos mantienen con la satisfacción de derechos fundamentales de las
personas, con la vida y la salud. Dicha prestación debe adelantarse bajo un
régimen jurídico determinado por el legislador (CP, Artículo 150-23) acorde
con las necesidades de la comunidad y dentro de nueva perceptiva
expansionista del ámbito tradicionalmente estatal de ejecución de
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actividades que comprenden servicios públicos, permitiendo la participación
de las comunidades organizadas y de los particulares." (Subrayado fuera de
texto)
Así mismo, la Constitución en su artículo 367 dispone que:
"La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación
de los servicios públicos (subraya y negrilla fuera de texto)_domiciliarios, su
cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta
además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de
ingresos."
Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política, es el
Legislador quien debe formular las normas básicas relativas a la naturaleza, la
extensión y la cobertura del servicio público, su carácter de esencial, los sujetos
encargados de su prestación, las condiciones para asegurar la regularidad, la
permanencia, la calidad y la eficiencia en su prestación, las relaciones con los
usuarios, sus deberes y derechos, el régimen tarifario, y la manera como el
Estado ejerce la inspección, el control y la vigilancia para asegurar su prestación
eficiente y su regulación.
Ahora bien, el Congreso de la República, expidió la Ley 142 de 1994 "Por la
cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan
otras disposiciones", por lo tanto, es una Ley especial que reglamenta la
prestación de tales servicios, teniendo como base entre otras cosas que el
artículo 336 de la Constitución Política de Colombia, estipula que:
"Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con una
finalidad de interés público o social y en virtud de la ley."
Igualmente, la citada ley, señala en su artículo 2, que el Estado intervendrá en
los servicios públicos, conforme a las reglas de competencia de que trata esta
ley, en el marco de lo dispuesto en los artículos 334 336, 365, 367, 368, 389 y
370 de la Constitución Política, entre otros, pata los siguientes fines "2.6
Libertad de competencia y no utilización abusiva de la posición dominante".
El artículo 3° de la citada Ley 142 de 1994, establece que constituyen
instrumentos para la intervención estatal todas las atribuciones y funciones
asignadas a las entidades, autoridades y organismos de que trata esta ley,
señalando entre ellos, la relativa al principio de neutralidad, a fin de asegurar
que no exista ninguna práctica discriminatoria en la prestación de los servicios
y que todas las decisiones de las autoridades en materia de servicios públicos
deben fundarse en los motivos que determina esta ley; y los motivos que
invoquen deben ser comprobables.
El anterior artículo también dispone que "Todos los prestadores quedarán
sujetos, en los que no sea incompatible con la Constitución o con la ley, a todo
lo que esta ley dispone para las empresas y sus administradores y, en especial,
a las regulaciones de las comisiones, al control, inspección y vigilancia de la
Superintendencia de Servicios Públicos,"
De la misma manera, el artículo 11 ibídem consagra que:
"para cumplir con la función social de la propiedad, las entidades que presten
servicios públicos tienen entre otras obligaciones las de abstenerse de
prácticas monopolísticas o restrictivas de la competencia, cuando exista. de
hecho, la posibilidad de la competencia y facilitar el acceso e interconexión
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de otras empresas o entidades que presten servicios públicos, o que sean
grandes usuarios de ellos, a los bienes empleados para la organización y
prestación de los servicios" (Subraya y negrilla fuera de texto).
Por su parte, el artículo 22 de la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios,
establece que las empresas de servicios públicos debidamente constituidas y
organizadas no requieren permiso para desarrollar su objeto social, pero para
poder operar deberán obtener de las autoridades competentes, según sea el
caso, las concesiones, permisos y licencias de que tratan los artículos 25 y 26
de la misma ley, según la naturaleza de sus actividades.
Ahora bien, el artículo 40 de la Ley 142 de 1994, establece que por motivos de
interés social y con el propósito de que la cobertura de los servicios públicos,
entre los cuales se encuentra el de aseo, la autoridad territorial competente,
podrá establecer mediante invitación pública, áreas de servicio exclusivas, en
las cuales podrá acordarse que ninguna otra empresa pueda ofrecer los mismos
servicios en la misma área durante un tiempo. Para lo cual, deberá cumplirse
con el procedimiento allí establecido. En este sentido, se pronunció el Consejo
de Estado en la sentencia de la Sección Tercera, Exp. 888-AP, de agosto 13 de
2008, M.P. Ruth Stella Correa Palacio:
"Como una situación de excepción al esquema general de competencia en
el mercado de los servicios públicos implantado desde la Constitución, la ley
permitió la constitución de las denominadas Áreas de Servicio Exclusivo-
ASE, por cuya virtud el legislador autorizó la concesión por parte de los
alcaldes de un servicio, siempre que se reúnan las estrictas condiciones de
aplicación de esta figura. En efecto, el artículo 40 de la Ley 142 de 1994, por
la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios,
prescribe: "Artículo 40. Áreas de Servicio exclusivo." (...) Tal y como ya lo ha
señalado la jurisprudencia, de la lectura del texto legal transcrito se tiene que
las áreas de servicio exclusivo-ASE son una figura excepcional en cuanto
entrañan la concesión del servicio, esto es, que ninguna otra empresa de
servicios públicos pueda ofrecer los mismos servicios en la misma área
durante un tiempo determinado. De ahí que la disposición en cita, cuya
constitucionalidad no es materia de este juicio, imponga las siguientes
rigurosas condiciones de aplicación: i) Sólo podrá tener lugar por motivos de
interés social y con el propósito de extender la cobertura a los usuarios
pobres; ii) La competencia para fijarlas es de la autoridad o autoridades
territoriales competentes; iii) Supone la celebración de un contrato en el que
se precisará el espacio geográfico en el cual se prestará el servicio
concesionado en exclusividad, los niveles de calidad que debe asegurar y
demás obligaciones en torno a la prestación del servicio. iv) La Comisión
Reguladora respectiva debe definir por vía general cómo se verifica la
existencia de los motivos que permiten la inclusión de áreas de servicio
exclusivo en este tipo de contratos, los lineamientos generales y las
condiciones a las cuales deben someterse; metodología que fue establecida
para el sector de acueducto y saneamiento básico en la Resolución CRA 151
de 2001, Sección 1.3.7. v) El proceso de adjudicación del contrato de
concesión de áreas de servicio exclusivo se debe adelantar previa licitación
que asegure concurrencia de oferentes (competencia por el mercado); vi) El
ente regulador competente deberá verificar, antes de la apertura de la
licitación, que las ASE son indispensables para asegurar la viabilidad
financiera de la extensión de la cobertura a las personas de menores
ingresos".
También la Corte Constitucional en Sala De Revisión de Tutelas, mediante
Sentencia No. T-021 de 20 de enero de 2005, indicó:
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"Sin embargo, para que una entidad territorial pueda establecer un área de
servicio exclusivo, según el parágrafo primero del artículo 40 de la Ley 142
de 1994 y el artículo 4º del Decreto 891 de 2002, ésta debe, antes de dar
inicio a la respectiva licitación pública, solicitar a la Comisión de Regulación
de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA, la verificación de los motivos
que permiten la creación de este tipo de áreas, a partir de estudios que
demuestren que el establecimiento de las mismas constituye el mecanismo
más apropiado para asegurar la viabilidad financiera de la extensión de la
cobertura a las personas de menores ingresos".
Lo anterior lleva a la conclusión de que sólo mediante áreas de servicio
exclusivo constituidas conforme con el procedimiento del artículo 40 de la Ley
142 de 1994, desarrollado por la Resolución CRA 151 de 2001 en sus artículos
1.2.1.1 y siguientes, es posible restringir el acceso a una zona geográfica a los
demás prestadores a favor de otro u otros.
Entonces es claro que la normatividad vigente garantiza la libre competencia, y
dispone que no se podrán exigir permisos previos ni requisitos, que no estén
establecidos en la Ley, por lo cual, no es posible que esta Comisión ni ninguna
otra autoridad, pueda exigir requisitos diferentes a los que para el efecto
establece la Ley 142 de 1994.
Al respecto, es importante precisar que teniendo en cuenta lo dispuesto por el
artículo 40 de la Ley 142 de 1994, quienes están facultados para establecer
áreas de servicio exclusivo son únicamente los entes territoriales, y para el caso
que nos ocupa, se trata de una empresa de carácter privado que ejerció su
derecho de solicitar ante la CRA la imposición de las condiciones del servicio
de facturación conjunta.
En ese orden de ideas y en la medida en que en el Distrito Capital de Bogotá
no hay áreas de servicio exclusivo vigentes, cualquier operador que cumpla con
lo previsto en la ley, puede entrar libremente a competir en el mercado de aseo.
También resulta necesario indicar que dado que en el Distrito Especial de
Bogotá no existen áreas de servicio exclusivo en aseo y que por ende existe
libre entrada al mercado, aún en el marco del Decreto 564 de 2012, el cual, lejos
de establecer una exclusividad en la prestación del servicio público de aseo en
Bogotá D.C., reconoce expresamente, en su artículo 4°, la necesidad de
continuar ante la CRA, el trámite para su constitución, conforme con el artículo
40 de la Ley 142 de 1994.
"ARTÍCULO 4°- Áreas de servicio exclusivo. Ordenase a la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP continuar con los
trámites tendientes a la celebración mediante licitación pública de los
contratos de concesión que permitan la prestación del servicio público
domiciliario de aseo y las actividades complementarias del mismo, en Áreas
de Servicio Exclusivo (ASE) en la totalidad del territorio del Distrito Capital."
Por su parte, en el artículo 5, establece que en todo contrato o convenio que se
celebre para la prestación del servicio público de aseo, debe especificarse la
zona de la ciudad en que garantizará el área limpia.
Estos artículos del Decreto en estudio no pueden entenderse en el sentido que
por esta vía se constituyan áreas de servicio exclusivo en la ciudad de Bogotá,
por cuanto no es este el procedimiento legal de la Ley 142 de 1994 para tal
efecto. Por ende, este articulado debe entenderse en el sentido que el esquema
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transitorio dispuesto en esta norma es sin perjuicio de derecho de otros
prestadores que no tengan contrato con la UAESP o EAAB, a entrar libremente
al mercado por no estar restringida la competencia por vía de áreas de servicio
exclusivo a que se refiere el Artículo 40 de la Ley 142 de 1994.
Lo anterior, por cuanto un decreto administrativo no es un mecanismo idóneo
para constituir una exclusividad en el acceso al mercado de aseo y por ende no
puede tener y no tiene tal efecto. El único medio legal para crear el efecto de la
exclusividad en servicios públicos, son las áreas de servicio exclusivo previstas
en el Artículo 40 de la ley en mención, máxime cuando, como se explicó
anteriormente, el Artículo 333 de la Constitución previó que solo la ley puede
establecer una delimitación del alcance de la libertad económica.
Precisado lo anterior, el Decreto 564 de 2012 trae una regla en torno a la
suscripción de los convenios de facturación conjunta, en la que en su Artículo
13 establece que "Las Empresas de Servicios Públicos de Bogotá D.C. podrán
realizar convenios de facturación conjunta con empresas privadas que hayan
suscrito con el Distrito Capital contratos para la prestación del servicio público
de aseo".
Sobre la facturación conjunta vale reiterar que se expidió el Decreto 2668 de
1999 "Por el cual se reglamentan los artículos 11 en los numerales 11.1, 11.6 y
146 de la Ley 142 de 1994" que en su artículo 4 dispone que:
"es obligatorio para las entidades prestadoras de servicios públicos
domiciliarios facturar los servicios de alcantarillado y aseo, como también
suscribir el convenio de facturación conjunta, salvo que existan razones
técnicas insalvables comprobables que justifiquen la imposibilidad de
hacerlo. Dicha justificación debe ser acreditada por la empresa concedente
ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios." (Subraya y
negrilla fuera de texto)
El mismo artículo 4 del Decreto 2668 de 1999, indica que el prestador que
asuma estos procesos, por libre elección del prestador del servicio de aseo y/o
alcantarillado, no podrá imponer condiciones que atenten contra la libre
competencia ni abusar de una posible posición dominante.
Es entonces este mismo Decreto, el que establece que la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, regulará las condiciones
generales y particulares con arreglo a las cuales las empresas concedentes y
solicitantes deberán celebrar los convenios de facturación conjunta. Por lo que,
atendiendo a las facultades otorgadas, esta Comisión de Regulación, en la
Resolución CRA 151 de 2001, complementada y modificada por la Resolución
CRA 422 de 2007, consignó disposiciones aplicables a los convenios de
facturación conjunta, tales como condiciones mínimas del convenio y
procedimiento para su suscripción y estableció la metodología de cálculo de los
costos del proceso de facturación conjunta.
Ya el Decreto 1987 de 2 de octubre de 2000 proferido por el entonces Ministerio
de Desarrollo Económico y por el cual se reglamenta el artículo 11 de la Ley
142 de 1994, en su Artículo 2° indicó "...las entidades de servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, suscribirán el convenio de
facturación conjunta, distribución de esta y/o recaudo de pago, y prestarán este
servicio a las personas prestadoras de servicios de saneamiento básico, de
conformidad con la regulación que al respecto expida la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, en los términos del artículo
4° del presente decreto y ejecutorio en la forma convenida, sin perjuicio de que
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este servicio se pueda contratar con empresas prestadoras de otros servicios
públicos domiciliarios ..
Por lo tanto, salvo motivos de orden técnico insalvables y debidamente
verificables, un prestador de acueducto no puede negarse a suscribir un
convenio de facturación conjunta con un prestador de aseo, de suerte que en el
evento que éstos no logren ponerse de acuerdo, será la CRA quien, conforme
lo previsto en la Resolución CRA 422 de 2007, previa solicitud de parte, fijará
mediante acto administrativo, las condiciones que debe regir el servicio de
facturación conjunta.
De tal manera, que la interpretación o alcance que se debe dar al Artículo 13
del Decreto Distrital, es que este no puede desconocer las normas vigentes
legales, reglamentarias y regulatorias expedidas por otras autoridades, en
materia de convenios de facturación conjunta, sino que establece una regla
especifica en la que ratifica lo expresado en las normas vigentes en el sentido
que las personas privadas que hayan suscrito contratos de prestación del
servicio de aseo el Distrito Capital puedan suscribir convenios de facturación
conjunta con las prestadoras de servicios públicos de Bogotá. Pero, en forma
alguna puede dársele alcance a la norma distrital en el sentido que la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., pueda negar con ocasión de
este Decreto, la suscripción del convenio de facturación conjunta a un prestador
que no haya suscrito un contrato de aseo con el Distrito Capital, porque en este
escenario, sin perjuicio de las eventuales investigaciones a que haya lugar por
la Superintendencia de Servicios Públicos o la Superintendencia de Industria y
Comercio, podrá el prestador a quien se niegue el convenio, acudir a la CRA
para fijar las condiciones de dicho convenio, ya que no se está en un esquema
de áreas de servicio exclusivo y tiene libertad de entrada al mercado de aseo
de Bogotá.
No puede perderse de vista lo previsto en el artículo 186 de la Ley 142 de 1994:
"ARTICULO 186. CONCORDANCIAS Y DEROGACIONES. Para efectos del
artículo 84 de la Constitución Política, esta ley reglamenta de manera general
las actividades relacionadas con los servicios públicos definidos en esta Ley;
deroga todas las leves que le sean contrarias; y prevalecerá y servirá para
complementar e interpretar las leyes especiales que se dicten para algunos
de los servicios públicos a los que ella se refiere. En caso de conflicto con
otras leves sobre tales servicios, se preferirá ésta, y para efectos de
excepciones o derogaciones, no se entenderá que ella resulta contrariada
por normas posteriores sobre la materia, sino cuando éstas identifiquen de
modo preciso la norma de esta ley objeto de excepción, modificación o
derogatoria." (Subraya y negrilla fuera de texto).
Así las cosas, si bien el Distrito expidió el Decreto 564 de 2012 y el mismo goza
de presunción de legalidad, no puede desprenderse de él, el alcance de haberse
constituido áreas de servicio exclusivo para la ciudad de Bogotá, por cuanto ni
el Decreto mismo lo establece, ya que habla es de zonas de prestación, más no
de áreas exclusivas y porque la única forma de constituir áreas de servicio
exclusivas está contemplada en el artículo 40 de la Ley 142 de 1994, que es la
norma especial que establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios,
y que constituye la única norma de restricción de la competencia, tal cual como
fue señalado por la jurisprudencia antes citada.
Tampoco, se puede decir que al Decreto 564 de 2012, se le pueda dar el efecto
de haber constituido un monopolio, pues estos solo se constituyen por Ley.
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En efecto, la Ley 142 de 1994, es una norma especial, mediante la cual se
establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios, por lo cual, en lo
que tiene que ver con el régimen aplicable a los servicios públicos domiciliarios,
como lo es el de aseo, prevalece en su aplicación sobre un Decreto del Distrito.
Sobre la prevalencia de las normas, la Honorable Corte Constitucional en
sentencia C 037 de 2000, señaló:
"El ordenamiento jurídico colombiano supone una jerarquía normativa que
emana de la propia Constitución. Si bien ella no contiene disposición expresa
que determine dicho orden, de su articulado puede deducirse su existencia,
así no siempre resulte sencilla esta tarea. En efecto, diversas disposiciones
superiores se refieren a la sujeción de cierto rango de normas frente a otras.
Además de ser evidente que las normas constitucionales ocupan, sin
discusión, el primer lugar dentro de la jerarquía del ordenamiento jurídico,
dentro de la propia Carta, no todas las normas son igualmente prevalentes.
Pero más allá de la supremacía constitucional, de la propia Carta también se
desprende que las leyes expedidas por el Congreso dentro de la órbita de
competencias que le asigna la Constitución, ocupan, en principio, una
posición prevalente en la escala normativa frente al resto del ordenamiento
jurídico. Así las cosas, tenemos que los actos administrativos de contenido
normativo, deben tener por objeto el obedecimiento y cumplimiento de la ley,
de donde se deduce su sujeción a aquella. Tenemos entonces que, de
manera general, la normatividad jurídica emanada de autoridades
administrativas o de entes autónomos, debe acatar las disposiciones de la
ley, tanto en su sentido material como formal…".
Nótese, además, que como se indicó en páginas anteriores, es la misma Ley
142 de 1994 la que en el numeral 3.9 del artículo 3, establece que "Todas las
decisiones de las autoridades en materia de servicios públicos deben fundarse
en los motivos que determina esta ley", por lo cual, corresponde a esta Comisión
cumplir con este mandato legal.
Es este orden se reitera, que tanto la Constitución como la Ley consagran la
libre competencia, la cual solo puede ser restringida por las causas señaladas
en la Ley.
Por lo anterior, es deber legal de la Comisión, continuar adelantado las
actuaciones administrativas de facturación conjunta solicitada, pues como ya se
dijo, en el Distrito no hay áreas de servicio exclusivo, lo cual significa entonces
que en el Distrito rige la regla general de prestación del servicio en libre
competencia y que dentro de dicho esquema, es obligación de las empresas
prestadoras de servicios públicos domiciliarios celebrar convenios de
facturación conjunta con los prestadores de los servicios de saneamiento
básico, como es el caso del servicio de aseo, siempre que no existan razones
técnicas insalvables, debidamente justificadas ante la Superintendencia de
Servicios Públicos.
Así las cosas, teniendo en cuenta que Servicios Generales Empresas de
Servicios Públicos de carácter Privado S.A ESP - SERVIGENERALES S.A.
E.S.P., presentó ante la Comisión de Regulación de Aguas Potable y
Saneamiento Básico, solicitud de imposición de facturación conjunta en los
términos del Decreto 2668 de 1999 y la Resolución CRA 422 de 2007, la Entidad
debe adelantar el trámite correspondiente y culminarlo con la decisión de fondo,
que corresponde en derecho.
Lo anterior lleva a la conclusión de que sólo mediante áreas de servicio
exclusivo constituidas conforme con el procedimiento del artículo 40 de la Ley
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142 de 1994, desarrollado por la Resolución CRA 151 de 2001 en sus artículos
1.2.1.1 y siguientes, es posible restringir el acceso a una zona geográfica a los
demás prestadores a favor de otro u otros.
Entonces es claro que la normatividad vigente garantiza la libre competencia, y
dispone que no se podrán exigir permisos previos ni requisitos, que no estén
establecidos en la Ley, por lo cual, no es posible que esta Comisión ni ninguna
otra autoridad, pueda exigir requisitos diferentes a los que para el efecto
establece la Ley 142 de 1994.
Al respecto, es importante precisar que teniendo en cuenta lo dispuesto por el
artículo 40 de la Ley 142 de 1994, quienes están facultados para establecer
áreas de servicio exclusivo son únicamente los entes territoriales, y para el caso
que nos ocupa, se trata de una empresa de carácter privado que ejerció su
derecho de solicitar ante la CRA la imposición de las condiciones del servicio
de facturación conjunta.
En la medida en que en el Distrito Capital de Bogotá no hay áreas de servicio
exclusivo vigentes, cualquier operador que cumpla con lo previsto en la ley,
puede entrar libremente a competir en el mercado de aseo.
En efecto, el artículo 15 de la Ley 142 de 1994 establece quienes son las
personas autorizadas por la misma para la prestación de los servicios públicos
domiciliarios, citándose en primer lugar a las empresas de servicios públicos.
Por lo tanto, teniendo en cuenta que Servicios Generales Empresa de Servicios
Públicos de Carácter Privado S.A. E.S.P. - SERVIGENERALES S.A. E.S.P.,
está constituida como una empresa de servicios públicos, resulta evidente que
la misma está legitimada para prestar el servicio de aseo en el Distrito Capital,
toda vez que en el mismo no existen áreas de servicio exclusivo.
También resulta necesario indicar que, dado que en el Distrito Especial de
Bogotá no existen áreas de servicio exclusivo en aseo y que por ende existe
libre entrada al mercado, aún en el marco del Decreto 564 de 2012, el cual, lejos
de establecer una exclusividad en la prestación del servicio público de aseo en
Bogotá D.C., reconoce expresamente, en su artículo 4°, la necesidad de
continuar ante la CRA, el trámite para su constitución, conforme con el artículo
40 de la Ley 142 de 1994.
"ARTÍCULO 4°- Áreas de servicio exclusivo. Ordenase a la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP continuar con los
trámites tendientes a la celebración mediante licitación pública de los
contratos de concesión que permitan la prestación del servicio público
domiciliario de aseo y las actividades complementarias del mismo, en Áreas
de Servicio Exclusivo (ASE) en la totalidad del territorio del Distrito Capital."
Por su parte, en el artículo 5, establece que en todo contrato o convenio que se
celebre para la prestación del servicio público de aseo, debe especificarse la
zona de la ciudad en que garantizará el área limpia.
Este artículo del Decreto en estudio no puede entenderse en el sentido de que
por esta vía se constituyan áreas de servicio exclusivo en la ciudad de Bogotá
D.C., por cuanto no es éste el procedimiento para tal efecto. Por ende, este
articulado debe entenderse en el sentido de que el esquema transitorio
dispuesto en esta norma es sin perjuicio del derecho de otros prestadores a
entrar libremente al mercado.
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Precisado lo anterior, el Decreto 564 de 2012 trae una regla en torno a la
suscripción de los convenios de facturación conjunta, y su artículo 13 establece
que "Las Empresas de Servicios Públicos de Bogotá D.C. podrán realizar
convenios de facturación conjunta con empresas privadas que hayan suscrito
con el Distrito Capital contratos para la prestación del servicio público de aseo".
Sobre la facturación conjunta vale mencionar que se expidió el Decreto 2668 de
1999 "Por el cual se reglamentan los artículos 11 en los numerales 11.1, 11.6 y
146 de la Ley 142 de 1994", que en su artículo 4 dispone: "es obligatorio para
las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios facturar los
servicios de alcantarillado y aseo, como también suscribir el convenio de
facturación conjunta, salvo que existan razones técnicas insalvables
comprobables que justifiquen la imposibilidad de hacerlo. Dicha justificación
debe ser acreditada por la empresa concedente ante la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios." (Subrayas y negrillas fuera de texto).
Este mismo Decreto, establece que la Comisión de Regulación de Agua Potable
y Saneamiento Básico, regulará las condiciones generales y particulares con
arreglo a las cuales las empresas concedentes y solicitantes deberán celebrar
los convenios de facturación conjunta. Por lo que, atendiendo a las facultades
otorgadas, esta Comisión de Regulación, en la Resolución CRA 151 de 2001,
complementada y modificada por la Resolución CRA 422 de 2007, consignó
disposiciones aplicables a los convenios de facturación conjunta, tales como
condiciones mínimas del convenio y procedimiento para su suscripción y
estableció la metodología de cálculo de los costos del proceso de facturación
conjunta.
El Decreto 1987 de 2000, proferido por el entonces Ministerio de Desarrollo
Económico y por el cual se reglamenta el artículo 11 de la Ley 142 de 1994, en
su artículo 2° indicó "...las entidades de servicios públicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado y aseo, suscribirán el convenio de facturación
conjunta, distribución de esta y/o recaudo de pago, y prestarán este servicio a
las personas prestadoras de servicios de saneamiento básico, de conformidad
con la regulación que al respecto expida la Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico, en los términos del artículo 4° del presente
decreto y ejecutarlo en la forma convenida, sin perjuicio de que este servicio se
pueda contratar con empresas prestadoras de otros servicios públicos
domiciliarios ..."
Por lo tanto, esta Comisión debe ser reiterativa que salvo motivos de orden
técnico insalvables y debidamente verificables, un prestador de acueducto no
puede negarse a suscribir un convenio de facturación conjunta con un prestador
de aseo, de suerte que en el evento que éstos no logren ponerse de acuerdo,
será la CRA quien, conforme lo previsto en la Resolución CRA 422 de 2007,
previa solicitud de parte, fijará mediante acto administrativo, las condiciones que
debe regir el servicio de facturación conjunta.
Igualmente, es necesario mencionar que de la lectura literal del artículo 13,
queda claro que la horma señala "Las Empresas de Servicios Públicos de
Bogotá D.C. podrán realizar convenios de facturación conjunta con empresas
privadas que hayan suscrito con el Distrito Capital contratos para la prestación
del servicio público de aseo" (subrayas y negrillas fuera de texto), lo cual,
establece una facultad o posibilidad de las potenciales concedentes para
ejercerla en las condiciones que señala la norma, sin que esto sea excluyente
de dar aplicación al marco legal y constitucional vigente previamente expuesto.
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Por todo lo expuesto, el argumento expuesto por la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá E.S.P., no resulta válido para negarse a la suscripción
del convenio de facturación que le fue solicitado en su oportunidad por Servicios
Generales Empresa de Servicios Públicos de Carácter Privado S.A. E.S.P. -
SERVIGENERALES S.A. E.S.P., lo cual significa que el mismo no puede ser de
recibo por la Comisión.
2.2. El Decreto 564 de 2010, se expidió para dar cumplimiento a las decisiones
de la H. Corte Constitucional en materia de participación de la población de
recicladores en la actividad de recolección, por lo cual la prestación del servicio
quedó bajo la gestión de la Administración de Bogotá.
Sobre este particular, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P. - EAAB E.S.P, en el radicado CRA 2013-321-001078-2 del 19 de marzo
de 2013, señaló:
"Por otra parte y con ocasión de las actuales políticas de aseo en la capital y
en especial para dar cumplimiento a las decisiones de la Corte Constitucional
en materia de participación de la población recicladora en la actividad de
recolección, la prestación del servicio de aseo quedó bajo la gestión de la
Administración Distrital a través de la UAESP y la EAAB.
Para el efecto, el señor Alcalde de Bogotá expidió el decreto 564 de 2012
"Por medio del cual se adoptan disposiciones para asegurar la prestación del
servicio público de aseo en el Distrito Capital en acatamiento de las órdenes
impartidas por la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia 7-724 de
2003 y en los Autos números 268 de 2010, 275 de 2011 y 084 de 2012"el
cual dispone:
(...)".
Con relación al argumento de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá E.S.P. - EAAB E.S.P., resulta útil verificar lo dicho dentro del acápite de
órdenes concretas de la parte considerativa del Auto 275 de 2011, exactamente
en el numeral 112 se establece que:
"En consecuencia, se ordenará al Distrito definir con la colaboración técnica
de la CRA -a quien se exhortará para tal efecto, parámetros especiales que
definan cómo serán ofrecidos en la práctica los servicios de reciclaje,
tratamiento y aprovechamiento de residuos y, la forma en que la prestación
de los mismos deberá ser remunerada, bien a través de la tarifa o bien
mediante la fijación de un esquema de precios, de forma que estos
componentes sean manejados íntegramente por las organizaciones de
recicladores que entren en proceso de regularización".
En los numerales 112 y 114 del Auto se observa que el Distrito puede "señalar
la manera en que el esquema de libre competencia u otro legalmente posible
para los componentes de reciclaje, tratamiento y aprovechamiento se
coordinará con otros modelos de operación como la concesión de áreas de
servicio exclusivo autorizadas para los componentes de recolección y transporte
de residuos no separados o cualquier otro modelo". El texto de estos numerales
es el siguiente:
"112. En consecuencia, se ordenará al Distrito definir con la colaboración
técnica de la CRA -a quien se exhortará para tal efecto-, parámetros
especiales que definan cómo serán ofrecidos en la práctica los servicios de
reciclaje, tratamiento y aprovechamiento de residuos y, la forma en que la
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prestación de los mismos deberá ser remunerada, bien a través de la tarifa
o bien mediante la fijación de un esquema de precios, de forma que estos
componentes sean manejados íntegramente por las organizaciones de
recicladores que entren en proceso de regularización.
"En ese orden, se deberá señalar la manera en que el esquema de libre
competencia u otro legalmente posible para los componentes de reciclare,
tratamiento aprovechamiento se coordinará con otros modelos de operación
como la concesión de áreas de servicio exclusivo autorizadas para los
componentes de recolección y transporte de residuos no separados o
cualquier otro modelo, garantizando alternativas a través de las cuales
sectores de la población tradicionalmente marginados, participen de manera
real y material en la prestación del servicio público de aseo en sus
componentes complementarios de reciclaje, transformación y
aprovechamiento. Este aspecto deberá reflejarse en el esquema de metas a
corto plazo señalado en el numeral 105 de esta providencia.
"114. Lo expuesto, requiere habilitar un modelo que opere en dos vidas, esto
es: un trabajo coordinado en materia de regulación en el nivel distrital y en el
nivel nacional. En caso de que el Distrito decida abrir un proceso de licitación
para la concesión de cualquiera de los componentes del servicio público de
aseo o para la celebración de contratos de prestación de servicios o
establezca la operación bajo cualquier otro esquema, se deberán incluir
acciones afirmativas en favor de la población de recicladores del Distrito que
respondan a los parámetros de esta providencia y al esquema de metas
propuesto para ser cumplido en el corto plazo."
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que esta Comisión carece de
competencia para efectuar juicios de valor respecto de lo afirmado por la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá al respecto, esto no es óbice
para advertir que la Corte no exige que la prestación de las actividades de
aprovechamiento y reciclaje vaya necesariamente en exclusividad y, por el
contrario, indica que pueden ir en libre competencia o mediante contratos de
prestación de servicios u otro legalmente establecido, siempre que:
• se coordine el esquema de aprovechamiento y reciclaje, con el otro que
se seleccione para las demás actividades del servicio de aseo.
• se incluya las acciones afirmativas definidas por el Distrito en favor de los
recicladores.
ASPECTOS TECNICOS:
En este punto se prosigue con el análisis técnico de los aspectos de la
actuación:
El Decreto 2668 del 24 de diciembre de 1999, reglamentario de los numerales
11.1 y 11.6 del artículo 11 y del artículo 146 de la Ley 142 de 1994, en relación
con la liquidación del servicio de facturación dispone en su artículo 2, que las
entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios sólo podrán cobrar
a la empresa solicitante del servicio de facturación conjunta, el valor de los
costos directos marginales que signifique la incorporación de la facturación del
servicio de aseo y alcantarillado generados por causa de la modificación del
sistema existente, y que la determinación de dichos costos, se hará con base
en los análisis de costos unitarios. En este sentido, la resolución CRA No. 145
de 2000 integrada en las secciones 1.3.22 y 1.3.23 de la Resolución CRA No.
151 de 2001, presenta la metodología de cálculo del costo de este proceso.
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En efecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.3.23.1, estos costos se
clasifican en tres componentes, los cuales deben establecerse a partir de un
análisis unitario debidamente justificado por la persona prestadora concedente:
i) Costos de vinculación que contextualiza los costos relacionados con el
modelo, proceso a realizar en cada ciclo, base de usuarios, reportes a generar,
validación y ajuste del proceso y papelería de facturación, necesarios para
efectos de la facturación conjunta; ii) Costos correspondientes a cada ciclo de
facturación conjunta, referidos a los costos de los procesos de procesamiento,
impresión, distribución, reportes y recaudo de la facturación conjunta; y iii)
Costos adicionales del proceso de facturación conjunta tales como costos de
recuperación de cartera morosa y costos por novedades. Así mismo, señala que
los costos deberán ser plenamente justificados por la persona prestadora
concedente, mediante análisis de costos unitarios.
Una vez analizada la comunicación con Radicado CRA No. 2013-321-000811-
2 de 28 de febrero de 2013, en el cual Servigenerales S.A. E.S.P., anexa el
documento del "Cálculo de los Costos del Proceso de Facturación Conjunta con
las Empresas de Aseo'" elaborado diciembre de 2003 por la "Gerencia
Corporativa de Servicio al Cliente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Bogotá E.S.P.", Para efectos del convenio de facturación conjunta vigente
entre dicha empresa y CUPIC S.A., como mandataria de los operadores de
Bogotá"., en relación con los costos asociados con el proceso de facturación
conjunta, se observó:
Costos de Vinculación.
En relación con los costos de vinculación descritos en el artículo 1.3.23.2 de la
Resolución CRA 151 de 2001, según lo indicado en el numeral 3 del documento
"Cálculo de los Costos del Proceso de Facturación Conjunta con las Empresas
de Aseo", se consideró que los costos en que incurrió la Empresa de Acueducto
y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. - EAAB E.S.P., por el nuevo modelo SAP
particularmente en el ajuste al proceso de adaptación de la facturación conjunta
como son: la elaboración del modelo de facturación conjunta, determinación del
proceso a realizar en cada ciclo de facturación, el desarrollo de la base de
usuarios para la ejecución de la misma, el desarrollo y/o modificación del
software, la determinación de los reportes a generar, y la implementación, ajuste
y validación del proceso, están considerados como parte de los costos de
procesamiento por la facturación conjunta.
Esto obedece principalmente a que el propósito de la incorporación del modelo
SAP en las actividades de facturación conjunta, se orienta a mejorar
efectivamente la eficiencia de los procesos más que ajustarse a cambios
originados en los servicios.
De esta manera, se considera que los costos correspondientes al proceso de
adaptación del sistema de facturación del prestador concedente a las
condiciones generadas por el proceso de facturación conjunta, no son ajenos al
cálculo de los costos asociados con dicho proceso en la Empresa de Acueducto
y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., al decidir la inclusión de los costos de
vinculación en los costos de procesamiento.
Costos correspondientes a cada ciclo de facturación conjunta.
El artículo 1.3.23.3 de la Resolución CRA 151 de 2001, establece que para el
calculo de los costos correspondientes a cada ciclo de facturación conjunta se
debe realizar la determinación de costos tales como:
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• Procesamiento.
• Impresión.
• Distribución.
• Reportes.
• Recaudo.
Costos de Procesamiento.
De acuerdo con el documento del "Cálculo de los Costos del Proceso de
Facturación Conjunta con las Empresas de Aseo", para el cálculo de los costos
de procesamiento, la E.A.A.B. utiliza la información respecto de los equipos y
costos asociados con el proceso de inclusión del servicio de aseo en la factura
de acueducto y alcantarillado. A continuación, se presenta el detalle de los
costos considerados.
Costos del Equipo Central.
Para la valoración del Equipo Central (que incluye el valor de adquisición de los
sistemas de cómputo y los desarrollos relacionados con el proceso de
facturación para las empresas de aseo, reportes, etc.), se considera el tiempo
de utilización efectiva en el proceso de facturación de aseo, el destinado a la
conservación de los mismos equipos y aquel sin uso. Por lo anterior, se
determina que la medición del costo del equipo y sus desarrollos incorporados,
debe ser en términos de su capacidad de utilización; dicho costo incluye el valor
de adquisición del mismo con su costo de capital, el cual se calcula con una
tasa del 14% anual.
El costo mensual es calculado como una mensualidad constante para un valor
del equipo de $1.148 millones, con un plazo de agotamiento de 36 meses a una
tasa anual de capital del 14%, obteniendo un costo mensual de $27,1 millones
por mes.
Costos de Funcionamiento del Equipo Central.
Este costo incluye el costo de mantenimiento de los equipos y los seguros de
los mismos. De acuerdo con el contrato de mantenimiento, el costo anual de
este servicio es igual al 15% del valor de adquisición del equipo. Para los
seguros se ha tomado una prima igual al 5% de su valor, la cual corresponde a
la prima usual para este tipo de equipos.
Para un valor anual de $267,9 millones, el costo mensual de mantenimiento
sería de $3,4 millones y de seguros de $1,1 millón, para un valor total por costos
contratados de funcionamiento de $4,5 millones en pesos de enero de 2004.
Otros Costos de Procesamiento.
Adicional al uso del equipo central, se generan otros costos que corresponden
a las labores de envío de los listados, recepción, cargue y validación de la
información, control de cierre del proceso, conservación y envío de la
información generada. Estos costos se desagregan en costos de personal,
costo de PC y costo de información.
Para el cálculo de los costos de personal, se considera un requerimiento de 1,5
horas de un funcionario por ciclo. El costo de personal es de $5.000 por hora.
Para el cálculo del costo del PC se tiene en cuenta lo siguiente:
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• El tiempo de utilización del PC por ciclo es de 2,5 horas correspondiente
a los procesos de transmisión, validación y cierre del proceso.
• El costo del PC por hora se estima en $592 para un valor del equipo de
$2,5 millones, una vida útil de 2 años y una utilización de 1.920 horas por
año.
Para el costo de almacenamiento y envío en forma electrónica de la información
se considera lo siguiente:
• La información se almacena en cartuchos cuyo costo unitario es de
$70.000 y la utilización por parte de aseo es del 10%.
• La información "resultado" se envía a través de correo electrónico a
las empresas de aseo por lo que utiliza cinco minutos de teléfono a un valor
unitario de $100.
En el siguiente cuadro se aprecian los resultados:
OTROS COSTOS ASOCIADOS AL PROCESAMIENTO
(Pesos de enero de 2004)
Gastos Locativos y de Administración.
La actividad de procesamiento en la medida que se realiza directamente por la
empresa de acueducto, incluye adicionalmente los gastos locativos de la sede
de trabajo y dotación de mobiliario; adicionalmente se generan otros gastos de
administración relacionados con gastos de interventoría, reportes a los entes de
control y un porcentaje de las comisiones a la CRA y la SSPD, impuesto ICA,
entre otros gastos. Dichos gastos se estiman en un 30% de los costos de
procesamiento.
Total, Costos de Procesamiento.
El total de costos de procesamiento se pueden ver en el siguiente cuadro:
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El número de facturas que se utilizó fue de 1.390.525 bimensuales. Su número
resultó de sumar las primeras cinco (5) vigencias reales del año 2003 y suponer
que la sexta se comporta como la quinta vigencia. Por consiguiente el valor del
procesamiento de cada factura antes y después de sumar los gastos
administrativos es:
Los costos de procesamiento, antes de gastos administrativos y locativos
ascienden a 31.9 millones mensuales donde el costo de procesamiento por
factura es de $59,57 incluyendo gastos administrativos y locativos.
Costos de Impresión y Distribución.
De igual forma, el documento del "Cálculo de los Costos del Proceso de
Facturación Conjunta con las Empresas de Aseo", , respecto de los costos de
impresión y distribución establece que la labor de impresión y papelería como
la de distribución de los recibos, se encuentra a cargo de los Gestores; su costo
se encuentra incorporado en la tarifa global de la factura, por lo que no se puede
desagregar.
Para el efecto, los costos de impresión y distribución se tomaron de cotizaciones
realizadas con las empresas XEROS de Colombia y ADPOSTAL
respectivamente.
Los valores por factura (incluyendo IVA) a precios de 2004 son:
Dado que estas actividades se realizan para los tres servicios (agua,
alcantarillado y aseo), al servicio de aseo se le asigna la tercera parte de los
costos, es decir:
Además, se incurre en costos administrativos referentes a estos contratos, que
incluyen gastos de interventoría, reportes a los entes de control, pago de un
porcentaje a la CRA y SSPD, impuesto ICA, etc., los cuales se han estimado en
un 15% de los costos directos de impresión y distribución.
Costos de Reporte.
En relación con este costo, menciona que los reportes que salen del proceso
son de tipo digital y son enviados a las empresas de aseo y bancos a través de
correo electrónico. Así que este costo ya está incluido como costos del
procesamiento.
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En caso de requerirse un reporte impreso o en medio magnético, dicho servicio
será cobrado aparte de la facturación conjunta. Por lo tanto, su costo debe ser
asumido en su totalidad por el solicitante y su valor se determinará en el
mercado.
En relación con los reportes impresos en los que se presenta un informe de
inconsistencias, el cual es conocido como el "listado de las de aseo", se utiliza
cinta de impresora y hojas anchas, el cual se cobrará a las empresas de aseo
aparte de la facturación, reconociendo el costo por hoja.
Costos de Recaudo.
El acueducto recauda los dineros provenientes de la facturación únicamente a
través de bancos. Para ello se establece un convenio que consiste en que ellos
recaudan los dineros por facturación y como reciprocidad, se les mantiene por
un tiempo el dinero sin que genere rendimiento alguno para las empresas de
servicios. Esta labor está claramente diferenciada entre los recursos que son
del acueducto y los que son de las empresas de aseo; en esta medida cada uno
asume el costo propio.
Por lo tanto, el acueducto no asume ningún costo de las empresas de aseo por
esta labor.
Costo Agregado del Servicio de Facturación Conjunta.
De acuerdo con lo descrito anteriormente, para la estructuración de los costos
correspondientes a cada ciclo de facturación conjunta, se siguieron de manera
general los lineamientos de la Sección 1.3.23 de la Resolución CRA 151 de
2001, teniendo en cuenta para el análisis el cálculo de las actividades de
procesamiento, impresión, distribución, reportes y recaudo, obteniendo como
resultado que el costo por factura a cobrar por parte de la empresa de
Acueducto y Alcantarillado a las empresas de aseo, por el servicio de
facturación conjunta sería de $197,97 a precios de enero de 2004, como se
observa en la siguiente tabla:
COSTOS POR FACTURACIÓN CONJUNTA
(Pesos de enero de 2004)
Con el objeto de certificar el valor por concepto del servicio de facturación
conjunta y distribución de cada factura para el 2012, anexan certificación
expedida por el Gerente de CUPIC S.A. (adjunta), dirigida a Consorcio Aseo
Capital S.A. E.S.P. donde se especifica el valor cobrado por parte de la EAAB
E.S.P. a CUPIC S.A. y para beneficio de los operadores del servicio de aseo en
Bogotá D.C., de doscientos ochenta y dos pesos $282 más IVA, el cual, según
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los cálculos efectuados por esta UAE-CRA corresponde al valor estimado a
pesos ($) de enero de 2004 y actualizado a pesos (S) de diciembre de 2011.
En este punto es importante aclarar que, si bien, la certificación expedida por
parte de CUPIC S.A. está dirigida al Consorcio Aseo Capital S.A. Empresa de
Servicios Públicos de Carácter Privado, el valor aludido es una referencia, la
cual es válida como parámetro dentro de la presente actuación administrativa,
así dicho documento este dirigido a otro prestador.
Otros costos relacionados con la facturación conjunta.
El artículo 1.3.23.4 de la Resolución CRA 151 de 2001, incluye el cálculo de
otros costos relacionados con la facturación conjunta tales como recuperación
de cartera morosa y los costos por novedades, estableciendo con respecto a la
recuperación de la cartera morosa que estos costos se distribuirán
proporcionalmente entre las personas prestadoras de acuerdo con el monto de
la cartera morosa recuperada. En este sentido, Servicios Generales Empresa
de Servicios Públicos de Carácter Privado S.A. E.S.P. - SERVIGENERALES
S.A. E.S.P., en el numeral 4º de la "Propuesta económica debidamente
sustentada para efectos de solucionar las diferencias.", contenida en el
Radicado CRA 2013-321-000809-2 de 28 de febrero de 2013, señala lo
siguiente sobre la recuperación de cartera:
"Por concepto de recuperación de cartera por gestión exclusiva de la EAAB,
según el modelo de facturación conjunta propuesto y remitido a la EAAB en
la solicitud formal del convenio y del cual obra copia en sus archivos, Treinta
y tres por ciento (33%) más IVA del costo de los cobros masivos, por medio
de campañas publicitarias que adelante el Acueducto de Bogotá para
recuperación de cartera, y que hayan sido pactados en el comité del que trata
el literal i) de la Cláusula Séptima del modelo de convenio. En este caso, las
actividades de suspensión o corte del servicio de Acueducto o taponamiento
no se considerarán para ningún efecto, actividades de gestión de cartera del
servicio de Aseo y por tratarse de costos cubiertos directamente por el
usuario de la EAAB al ser reconectado. En consecuencia, este concepto solo
se reconocerá respecto de actividades de gestión comercial exclusiva de la
EAAB dirigidas a la recuperación de cartera y sobre el monto efectivo de
cartera recuperada, y en ningún caso por actividades de gestión de cartera
realizadas por SERVIGENERALES S.A. E.S.P."
Los valores expresados en pesos se ajustarán (i) anualmente, el 1° de enero de
cada año, a partir de enero de 2013, con el IPC nacional certificado por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE correspondiente
al año inmediatamente anterior y (ii) puntualmente, si se generan cambios
significativos en la estructura de costos que haga necesaria su revisión.
De acuerdo con el modelo de costos de facturación conjunta contenido en el
documento de "Cálculo de los Costos del Proceso de Facturación Conjunta con
las empresas de Aseo", para el valor de los Duplicados, "dentro de los costos
que interviene además de la impresión, está el manejo de la información que
incorpora costos del sistema, así como de personal exclusivo de esta labor; los
costos de atención de ventanilla. Se estima que estos costos adicionales a la
impresión son del orden del 50% de los costos de procesamiento". Valor
equivalente a $69,47 más IVA por entrega de duplicado
impreso a precios de 2004.
De conformidad con el índice de actualización de costos para el periodo enero
de 2004 a diciembre de 2011, según verificación realizada por la Subdirección
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Técnica de esta Comisión de Regulación, el costo de duplicado impreso de cada
factura corresponderá a un valor de noventa y ocho pesos con noventa y seis
centavos $98,96 más IVA.
Teniendo en cuenta que en el clausulado del modelo de convenio de facturación
conjunta presentado por Servigenerales S.A. E.S.P., como anexo del radicado
CRA 2013-321-000811-2 del 28 de febrero de 2013, consta en la cláusula
novena en relación con el recaudo, que "las partes implementarán los
mecanismos necesarios para obtener que los recursos pagados por los
usuarios por los servicios facturados conjuntamente, lleguen a la cuentas
propias de cada uno de los acreedores del servicio prestado para que no se
confundan los recursos o alguna de ellas reciba del usuario algún pago que
corresponde a la otra, no es necesario establecer cláusula relacionada con los
giros. Lo anterior, de conformidad con el artículo 1.3.22.1 literal k) de la
Resolución CRA 151 de 2001.
En el convenio de facturación conjunta presentado por Servigenerales S.A.
E.S.P., como anexo del radicado CRA 2013-321-000811-2 de 28 de febrero de
2013, no hace mención a los cobros por novedades, enunciados en el artículo
1.3.24.4 de la Resolución CRA 151 de 2001, y no fueron incluidos en el
propuesta económica presentada por Servigenerales S.A. E.S.P.; tampoco se
relacionan en el cálculo de los costos de facturación conjunta elaborado por la
Gerencia Corporativa de servicio al Cliente de la EAAB E.S.P. Para el cobro de
las novedades, esta UAE-CRA considera que el mismo podrá determinarse
como el valor promedio del costo unitario por novedad de los prestadores con
quienes facturó conjuntamente durante 2012 expresado en pesos constantes
de diciembre de 2011.
De acuerdo con el análisis anterior, los costos se acogen a la metodología del
cálculo de costos del proceso de facturación conjunta establecida en la sección
1.3.23 de la Resolución CRA 151 de 2001, correspondiendo los mismos a los
costos directos marginales que implica la incorporación en la facturación de un
servicio adicional como el servicio público de aseo en el análisis de costos
unitarios del proceso de facturación de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado y cuyos valores serán incorporados en la cláusula
tercera del "CONVENIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
FACTURACIÓN CONJUNTA ENTRE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. - EAAB E.S.P. Y SERVICIOS
GENERALES EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CARÁCTER
PRIVADO - SERVIGENERALES S.A. E.S.P., EN LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C.".
Finalmente y teniendo en cuenta que Servicios Generales Empresa de Servicios
Públicos de Carácter Privado - SERVIGENERALES S.A. E.S.P., mediante
radicado CRA 2013321005576-2 de 29 de noviembre de 2012, informó que
"Encontrándose superados los términos para la etapa de negociación directa,
correspondientes a treinta (30) días hábiles, y no existiendo pronunciamiento de
fondo por parte de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA (...)"; y que la propuesta económica remitida mediante radicado CRA
2013321000811-2 de 28 de febrero de 2013, se desprende del documento
"Cálculo de los costos del Proceso de Facturación Conjunta con las Empresas
de Aseo", elaborado por la "Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente de la
EAAB en diciembre de 2003", los cuales son contextualizados en los términos
de la Sección 1.3.23 de la Resolución CRA 151 de 2001, y cuyos valores por
concepto de facturación, distribución y duplicado impreso son actualizados para
el año 2012, utilizando el índice de precios a diciembre de 2011, esta Comisión
de Regulación no realizará pronunciamientos adicionales.
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OTRAS CONSIDERACIONES.
El artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 señala: "Además de las disposiciones
consagradas en el artículo 2° del Decreto 2153 de 1992, la Superintendencia
de Industria y Comercio podrá rendir concepto previo sobre los proyectos de
regulación estatal que puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los
mercados. Para estos efectos las autoridades de regulación informarán a la
Superintendencia de Industria y Comercio de los actos administrativos que se
pretendan expedir. El concepto emitido por la Superintendencia de Industria y
Comercio en este sentido no será vinculante. Sin embargo, si la autoridad
respectiva se apartara de dicho concepto, la misma deberá manifestar de
manera expresa dentro de las consideraciones de la decisión los motivos por
los cuales se aparta".
El parágrafo del artículo 4 del Decreto 2897 de 2010, reglamentario del artículo
anterior, dispone: "(...) En cualquiera de los anteriores eventos la autoridad de
regulación deberá dejar constancia expresa en el acto administrativo de la razón
o razones que sustentan la excepción que invoca para abstenerse de informar
a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el proyecto".
Una vez revisado el cuestionario elaborado por la Superintendencia de Industria
y Comercio - SIC, se evidencia que la presente resolución no tiene incidencia
sobre la libre competencia en los mercados, no limita el número de empresas
en el mercado de los servicios públicos, ni la capacidad de las mismas para
competir en dicho mercado, así como tampoco reduce los incentivos de las
empresas en el mercado de los servicios públicos.
Que en mérito de lo expuesto, la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- FIJAR como condiciones que deben regir el servicio de
facturación conjunta del servicio público de aseo entre Servicios Generales
Empresa de Servicios Públicos de Carácter Privado S.A. E.S.P. -
SERVIGENERALES S.A. E.S.P. y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá E.S.P. - EAAB E.S.P., las siguientes:
1.1. OBJETO. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. -
EAAB E.S.P., debe prestar a Servicios Generales Empresa de Servicios
Públicos de Carácter Privado S.A. E.S.P. - SERVIGENERALES S.A. E.S.P., el
servicio de facturación conjunta para el servicio público de aseo atendido por
ésta en el Distrito Capital. Para tal efecto, debe adelantar las actividades
correspondientes a la incorporación del servicio público de aseo al proceso de
facturación realizado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P. - EAAB E.S.P.
1.2. ALCANCE DEL SERVICIO. Para la facturación conjunta se tendrá en
cuenta como catastro de usuarios, la totalidad de los suscriptores y/o usuarios
del Distrito Capital que tengan contrato de condiciones uniformes o demanden
la prestación del servicio público de aseo por parte de Servicios Generales
Empresa de Servicios Públicos de Carácter Privado S.A. E.S.P. -
SERVIGENERALES S.A. E.S.P. Todo lo anterior, sin perjuicio del derecho que
tienen los suscriptores y/o usuarios de escoger libremente el prestador el
servicio de aseo, en los términos de la ley.
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1.3. PAGO POR EL SERVICIO DE FACTURACIÓN CONJUNTA. Servicios
Generales Empresa de Servicios Públicos de Carácter Privado S.A. E.S.P. -
SERVIGENERALES S.A. E.S.P., pagará a la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. - EAAB E.S.P., a pesos de diciembre de 2011:
a) un valor total de doscientos ochenta y dos pesos ($282) más IVA por factura,
por concepto de procesamiento, impresión, distribución de la factura y emisión
de reportes, asociados a los costos del ciclo de facturación conjunta. Así mismo,
b) Servicios Generales Empresa de Servicios Públicos de Carácter Privado
S.A. E.S.P. - SERVIGENERALES S.A. E.S.P., reconocerá por duplicado
impreso de cada factura, la suma de noventa y ocho pesos con noventa y seis
centavos ($98,96) más IVA. c) Por concepto de recuperación de cartera por
gestión exclusiva de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
• EAAB E.S.P., un porcentaje del treinta y tres por ciento (33%) más IVA del
costo de los cobros masivos, por medio de campañas publicitarias que adelante
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. - EAAB E.S.P. para
recuperación de cartera, y que hayan sido pactados en el comité de que trata el
literal i) de la Cláusula Séptima del modelo de convenio. En este caso, las
actividades de suspensión o corte del servicio de acueducto o taponamiento no
se considerarán para ningún efecto por tratarse de costos cubiertos
directamente por el usuario de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá E.S.P. - EAAB E.S.P. al ser reconectado. En consecuencia, este
concepto sólo se reconocerá respecto de actividades de gestión comercial
exclusivas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. -
EAAB E.S.P., dirigidas a la recuperación de cartera del servicio de aseo y sobre
el monto de la cartera recuperada.
Los valores anteriormente estipulados serán ajustados anualmente por el índice
de precios al consumidor - IPC.
PARÁGRAFO PRIMERO. Las condiciones del servicio de facturación conjunta
establecidas en ningún caso podrán dejar de ejecutarse, salvo que Servicios
Generales Empresa de Servicios Públicos de Carácter Privado S.A. E.S.P. -
SERVIGENERALES S.A. E.S.P., no requiera continuar con el servicio de
facturación conjunta.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Respecto del modelo de convenio de facturación
conjunta, el presentado por Servicios Generales Empresa de Servicios Públicos
de Carácter Privado S.A. E.S.P. - SERVIGENERALES S.A. E.S.P., mediante
radicado CRA 2013-321-000809-2 de 28 de febrero de 2013, respecto del cual
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. - EAAB E.S.P. no
se opuso, se incorpora, como anexo 1, a la presente resolución, con las
acotaciones efectuadas.
PARÁGRAFO TERCERO. Las condiciones no previstas en el presente artículo
se regirán por lo previsto en el anexo 1 de la presente resolución, por la Ley 142
de 1994, así como las normas vigentes y aplicables en la materia, en particular
por lo previsto en las Resoluciones CRA 151 de 2001 y CRA 422 de 2007 y
aquellas normas que las modifiquen, sustituyan o adicionen.
PARÁGRAFO CUARTO. Para el cobro de las novedades se determinará como
valor, el promedio del costo unitario por novedad de los prestadores con quienes
facturó conjuntamente durante 2012, expresado en pesos constantes de
diciembre de 2011.
ARTÍCULO 2°.- NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente
resolución al representante legal de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Bogotá E.S.P. - EAAB E.S.P. o a quien haga sus veces, así como al
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Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
representante legal de Servicios Generales Empresa de Servicios Públicos de
Carácter Privado S.A. E.S.P. - SERVIGENERALES S.A. E.S.P. o a quien haga
sus veces, entregándoles copia integra, auténtica y gratuita de la misma, y
advirtiéndoles que contra ella sólo procede el recurso de reposición ante la
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, el cual deberá
ser interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su
notificación, conforme lo establece el Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días de
envío de la citación, esta se hará por medio de aviso, de conformidad con lo
dispuesto por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO 3°.- COMUNICAR el contenido de la presente resolución a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para lo de su
competencia, entregándole copia de la misma.
ARTICULO 4°.- VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de su
notificación.
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
Dada en Bogotá D.C. a los seis (6) días del mes de mayo de dos mil trece
(2013)”
1.2.2. Resolución nro. CRA 653 del 24 de septiembre de 2013
“RESOLUCIÓN CRA 653 DE 2013
(24 de septiembre de 2013)
"Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. - EAAB. E.S.P. en contra de la
Resolución CRA 639 de 2013"
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BÁSICO
En ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confiere el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el artículo
73 de la Ley 142 de 1994, los Decretos 1524 de 1994, 2882 y 2883 de 2007 y,
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES.
Mediante comunicación CRA 2012-321-004428-2 de 14 de septiembre de 2012,
Servicios Generales Empresa de Servicios Públicos de Carácter Privado S.A.
E.S.P. - SERVIGENERALES S.A. E.S.P., envió copia a esta Comisión, de la
solicitud formal de facturación conjunta para el servicio de aseo en la ciudad de
Bogotá, con sus anexos, los cuales fueron presentados ante la Empresa de
Acueducto, y Alcantarillado de Bogotá E.S.P-EAAB- y radicados en las oficinas
de esta última el día 14 de septiembre de 2012.
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En el desarrollo de la actuación administrativa, la Comisión recopiló la
información y los soportes probatorios requeridos para pronunciarse en relación
con la solicitud realizada por Servicios Generales Empresa de Servicios
Públicos de Carácter Privado S.A. E.S.P. - SERVIGENERALES S.A. E.S.P., y
como resultado del análisis de la información y las pruebas obrantes en el
expediente de la actuación administrativa, esta Comisión resolvió, mediante la
Resolución CRA 639 de 6 de mayo de 2013, fijar las condiciones que deben
regir el servicio de facturación conjunta del servicio público de aseo entre
Servicios Generales Empresa de Servicios Públicos de Carácter Privado S.A.
E.S.P. SERVIGENERALES S.A. E.S.P. y la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. - EAAB E.S.P.
Mediante oficio CRA 2013-211-002035-1 de 30 de abril de 2013, la UAE CRA
dio traslado a la Superintendencia de Industria y Comercio, de la comunicación
CRA 2013-321-001078-2 de 19 de marzo de 2013, allegada a la CRA por parte
de la EAAB E.S.P., teniendo en cuenta que esta empresa, en dicho oficio,
argumentó la no celebración del convenio de facturación conjunta solicitado por
Servicios Generales Empresa de Servicios Públicos de Carácter Privado S.A.
E.S.P. - SERVIGENERALES S.A. E.S.P. de acuerdo con lo dispuesto por el
Decreto 564 de 2012, cuando el Decreto 1987 de 2000 establece que la única
razón que puede aducir un prestador para no celebrar dicho convenio es la
declaratoria por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios de que existen razones técnicas insalvables que no permitirían la
prestación del servicio de facturación conjunta solicitado.
Esta Comisión, mediante oficios CRA 2013-211-003108-1 y 2013-211-003107-
1 de 19 de junio de 2013 procedió a enviar las respectivas citaciones para
notificación personal de la Resolución CRA 639 de 6 de mayo de 2013, tanto a
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P – EAAB E.S.P. -
como a Servicios Generales Empresa de Servicios Públicos de Carácter
Privado S.A. E.S.P. - SERVIGENERALES S.A. E.S.P., respectivamente.
Mediante oficio CRA 2013-211-003109-1 de 19 de junio de 2013, se comunicó
a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el contenido de la
Resolución CRA 639 de 2013, para lo de su competencia.
Como quiera que ninguno de los representantes legales de las empresas
referidas se notificaron personalmente de la Resolución CRA 639 de 2013,
dentro del término legal para ello, en acatamiento de lo dispuesto por el artículo
69 de la Ley 1437 de 2011, se procedió a notificar dicho acto a través de avisos
remitidos a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. - EAAB
E.S.P.-, mediante oficio CRA 2013-211-003360-1 de 4 de julio de 2013, y a
Servicios Generales Empresa de Servicios Públicos de Carácter Privado S.A.
E.S.P. - SERVIGENERALES S.A. E.S.P. por medio de comunicación CRA
2013-211-003490-1 de 10 de julio de 2013, informándoles que contra la misma
procedía el recurso de reposición, el cual debía interponerse ante esta Comisión
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, la cual se
entendería surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el
lugar de destino.
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. - EAAB E.S.P. -,
mediante radicado CRA 2013-321-003327-2 de 22 de julio de 2013, interpuso
recurso de reposición contra la Resolución CRA 639 de 2013, estando dentro
del término legal para hacerlo.
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Radicado: 11001 03 24 000 2014 00201 00
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
Servicios Generales Empresa de Servicios Públicos de Carácter Privado S.A.
E.S.P. - SERVIGENERALES S.A. E.S.P. no impugnó la Resolución CRA 639
de 2013.
Mediante oficio CRA 2013-211-004322-1 de 8 de agosto de 2013, se dio
traslado del recurso de reposición interpuesto por la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. - EAAB E.S.P.-a Servicios Generales Empresa
de Servicios Públicos de Carácter Privado S.A. E.S.P. - SERVIGENERALES
S.A. E.S.P., por el término de dos (2) días hábiles, y ésta, mediante radicado
CRA 2013-321-003657-2 de 12 de agosto de 2013 se pronunció sobre los
argumentos de la recurrente.
CONTENIDO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN.
A continuación, se presentan los argumentos que fundamentan el recurso de
reposición presentado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P - EAAB E.S.P.-
Mediante comunicación con radicado CRA 2013-321-003327-2 de 22 de julio
de 2013, el apoderado judicial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá E.S.P - EAAB E.S.P., doctor GUILLERMO TRIANA SERPA, conforme
al poder conferido por el Jefe de la Oficina Asesora de la Dirección de
Representación Judicial y Actuación Administrativa, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el artículo 76 Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, y dentro del término legal, interpuso ante esta
Comisión de Regulación, recurso de reposición contra la Resolución CRA 639
de 6 de mayo de 2013, "Por la cual se imponen las condiciones que deben regir
el servicio de facturación conjunta del servicio público de aseo entre la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. - EAAB E.S.P. y Servicios
Generales Empresa de Servicios Públicos de Carácter Privado S.A. E.S.P. -
SERVIGENERALES S.A. E.S.P.", presentando como petición: "(...) solicito a la
CRA, que revoque la Resolución No. 639 de 2013 por la cual se imponen las
condiciones que deben regir el servicio de Servicios Públicos de Carácter
Privado y en su lugar negar por improcedente la solicitud de
SERVIGENERALES S.A." (Sic).
ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. - EAAB E.S.P.-
Los planteamientos de inconformidad expuestos por la recurrente respecto de
la Resolución CRA 613 de 2013, son los siguientes:
“II.- CONSIDERACIONES.
1. a) LA RESOLUCIÓN CRA 639 DE 2013 DESCONOCE Y VULNERA EL
DECRETO 564 DE 2012 Y EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 017 DE
2012.
Sea ésta la oportunidad para recordar que, la ciudad de Bogotá D.C. se
encuentra regida por un modelo transitorio y excepcional para la prestación
del servicio público de aseo, basado en la situación de emergencia que
surgió debido a la imposibilidad de garantizar la prestación del servicio por
medio de empresas privadas, toda vez que la H. Corte Constitucional en
decisión contenida en el Auto 275 de 2011, dejó sin efectos la Licitación 001
de 2011 para la concesión del servicio de aseo en la ciudad. Por lo cual, la
UAESP previa declaratoria de urgencia manifiesta, contenida en la
Resolución No. 065 de 8 de febrero de 2012, celebró el 07 de marzo de 2012
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Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
los contratos de concesión números 013 con Limpieza Metropolitana SA ESP
(LIME S.A ESP), 014 con el Consorcio Aseo Capital SA ESP, 015 con Ciudad
Limpia SA ESP y 016 con el Consorcio Aseo Técnico de la Sabana SA ESP
(ATESA S.A ESP) por el término de seis (6) meses, contados a partir de la
fecha de suscripción del acta de inicio, prorrogados por 3 meses más, tres
de los cuales vencieron el 17 de diciembre de 2012, y el Contrato C-16 de
2012 (ATESA SA S.A ESP) culminó el día 22 de diciembre de 2012, sin que
pudieran ser prorrogados, momento en el cual la prestación quedó en cabeza
de la entidad territorial, quien suscribió varios contratos para el cumplimiento
de su deber, dentro de ellos el Contrato de Operación No. 260 de 19 de
Diciembre de 2012, suscrito entre UAESP y Consorcio Aseo Capital S.A.
E.S.P.
Por su parte, el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., expidió el Decreto 564 del 10
de diciembre de 2012, 'Por medio del cual se adoptan disposiciones para
asegurar la prestación del servicio público de aseo en el Distrito Capital en
acatamiento de las órdenes impartidas por la Honorable Corte Constitucional
en la Sentencia T-724 de 2003 y en los Autos números 268 de 2010, 275 de
2011 y 084 de 2012:'
Particularmente, en relación con los convenios de facturación conjunta, el
artículo 13 del mencionado Decreto señaló:
'ARTÍCULO 13°. - Facturación. Las Empresas de Servicios Públicos de
Bogotá D.C. podrán realizar convenios de facturación conjunta con empresas
privadas que hayan suscrito con el Distrito Capital contratos para la
prestación del servicio público de aseo. La Unidad Administrativa Especial
de Servicios Públicos - UAESP vigilará y controlará que las tarifas cumplan
con las normas legales y correspondan a servicios efectivamente prestados
al usuario. (Subrayado y negrilla fuera de texto).
En estricto cumplimiento de la referida disposición, resulta necesario que,
previo a la celebración de un convenio de facturación conjunta, la Empresa
de Servicios Públicos que pretenda efectuarlo haya suscrito un contrato con
el Distrito Capital. Si esto no ocurre, resultaría ilegal lo pactado por violación
de las disposiciones legales superiores.
Tampoco resulta posible desconocer que el 11 de octubre de 2012, la Unidad
Ejecutiva de Servicios Públicos - UAESP y la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá ESP, celebraron el Contrato Interadministrativo N°
017 de 2012 cuyo objeto es la gestión y operación del servicio público de
aseo en la ciudad de Bogotá D.C., en sus componentes de recolección,
barrido, limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles
en áreas públicas y transporte de los residuos al sitio de disposición final y
todas las actividades de orden financiero, comercial, técnico, operativo,
educativo y administrativo que ello conlleva' y en cuyo numeral 3.1. De la
Cláusula Tercera se pactó como obligación del CONTRATISTA:
'3.1 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL SERVICIO DE
RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA DE RESIDUOS ORDINARIOS
APROVECHABLES:
(...)
5. Llevar a cabo la gestión comercial y financiera del servicio de aseo en la
ciudad de Bogotá del esquema del servicio contratado, con sujeción a los
términos y condiciones que se establecen en el reglamento Técnico,
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Operativo, Comercial y Financiero. Para estos efectos, la CONTRATISTA
debe tener en cuenta que la gestión comercial comprende, entre otras
actividades, el manejo del catastro de usuarios, la atención al usuario, la
facturación del servicio (incluida la liquidación), el manejo de cartera (desde
la finalización de los contratos de concesión), el recaudo de los pagos, la
administración del recaudo y los demás recursos del esquema, así como los
registros contables del esquema financiero del servicio, subsidios y
contribuciones a través de una cuenta Bancaria de Recaudo Especial, de
manera transitoria, hasta tanto se establezca el encargo fiduciario que debe
ser constituido a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes a la
aprobación del Reglamento Técnico, Operativo, Comercial y Financiero de
que trata la cláusula 1ª de este acuerdo' (Negrilla y subraya fuera de texto).
En desarrollo de este compromiso, la UAESP pactó en los Contratos de
Operación No. 260 el 19 de Diciembre de 2012 con CONSORCIO ASEO
CAPITAL S.A. E.S.P.; No. 261 el 19 de Diciembre de 2012 con LIME S.A. ESP
y No. 268 el 22 de Diciembre de 2012 con ATESA S.A ESP lo siguiente:
'PARAGRAFO PRIMERO. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá-ESP-EAAB ESP realizará la facturación en la zona objeto del
presente contrato, sin costo alguno para la contratista'.
Sin embargo, se observa que Servicios Generales Empresa de Servicios
Públicos de Carácter Privado S.A. E.S.P. -SERVIGENERALES S.A. E.S.P. no
ha suscrito contrato alguno relacionado con la de prestación del servicio de aseo
en el Distrito y además, no cuenta con usuarios a los que les pueda prestar el
servicio puesto que la totalidad de éstos en la Ciudad de Bogotá se encuentra
cubierta en el actual esquema transitorio. En consecuencia y por sustracción de
materia (usuarios) no puede pretenderse la suscripción de un contrato cuyo
objeto es la facturación del servicio prestado a determinados los usuarios,
cuando no hay quien se beneficie de dicha prestación.
Esta situación es reconocida por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, en comunicación dirigida al Alcalde Mayor de Bogotá, radicado
SSPD 20134330060861 del 18 de febrero de 2013 cuando manifiesta que:
(...)
Las empresas Aguas de Bogotá ESP, Consorcio Aseo Capital S.A. ESP,
limpieza Metropolitana S.A. ESP y Aseo Técnico de la Sabana S.A. ESP son
operadores dentro del esquema de prestación del servicio de aseo de la
ciudad de Bogotá, manteniéndose en cabeza de la EEAB ESP la titularidad
de la prestación del servicio' (Subrayados y negrillas fuera de texto).
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el Decreto 564 mencionado, se
encuentra revestido de la presunción de legalidad señalada expresamente en
el 88 de la Ley 1437 del 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo- que a su tenor establece:
Los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido
anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo... (Subrayado y
negrilla fuera de texto).
Sobre el particular, resulta oportuno anotar que el Decreto fue objeto de solicitud
de Suspensión Provisional dentro de la acción de nulidad impulsada por el
ciudadano Orlando Parada Díaz y que actualmente conoce el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Bogotá (Expediente No. 2012-00131); sin
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embargo, la solicitud fue negada mediante providencia del 20 de marzo de 2013,
razón por la cual, el acto administrativo se encuentra vigente y resulta de
obligatorio cumplimento para todas las personas y autoridades.
En virtud de lo anterior, es claro que la Comisión de Regulación de Agua Potable
y Saneamiento Básico (CRA) no puede expedir resoluciones que contraríen o
desconozcan las medidas adoptadas en virtud de la urgencia manifiesta y el
deber constitucional, legal y jurisprudencial que le atañe a las autoridades
distritales de garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos, y menos
desestimar las prerrogativas otorgadas por las decisiones del máximo órgano
de la jurisdicción constitucional, las cuales se constituyen de imperativo
cumplimiento so pena de desfigurar los derechos de acceso a la justicia y la
realización de una justicia real y efectiva.
Es menester reconocer que tanto el régimen legal vigente como la regulación
que hasta el 2011 había expedido la CRA, deben ser interpretados y aplicados
en concordancia con la doctrina constitucional establecida a través del Auto 275
de 2011 de lo que se deriva la necesidad de adoptar un esquema especial y
transitorio para la prestación del servicio de aseo en la ciudad.
La situación especial en que se encontraba el Distrito Capital con ocasión de la
expedición del citado Auto 275 de la Corte Constitucional es reconocida por la
misma Comisión cuando sostiene, en las consideraciones de la Resolución 643
del 24 de junio de 2013 que (...) la Honorable Corte Constitucional, mediante
Auto 275 del 19 de noviembre de 2011, exhortó a la Comisión de Regulación
de Agua Potable y Saneamiento Básico 'para que revise y defina parámetros
generales para la prestación de los servicios de separación, reciclaje y
aprovechamiento de residuos sólidos' (...)' y también sirvió como fundamento
para la expedición del Decreto 564 de 2012, dada la necesidad de restablecer
los derechos vulnerados a un grupo marginado de la población colombiana
como lo son los recicladores.
b) LOS LIMITES DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE COMPETENCIA.
El artículo 333 de la Constitución Política establece que 'La actividad económica
y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su
ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de
la ley.' Y agrega que La libre competencia económica es un derecho de todos
que supone responsabilidades.
La Carta Política garantiza la libertad de competencia en el mercado de los
servicios públicos domiciliarios en igualdad de condiciones, pero ese derecho
no es absoluto2, como en forma reiterada lo ha sostenido la jurisprudencia de
la Corte Constitucional, en cuanto tiene sus límites en el principio de la primacía
del interés general.
Así las cosas, como lo ha determinado la Corte, el Estado al regular la actividad
económica cuenta con facultades para establecer límites o restricciones en aras
de proteger la salubridad, la seguridad, el medio ambiente, el patrimonio cultural
de la Nación, o por razones de interés general o bien común. En consecuencia,
la autonomía de la voluntad y por tanto de empresa ya no se proyecta sobre el
mercado con la absoluta disponibilidad y soberanía de antaño, sus limitaciones
de derecho público o privado forman parte ya del patrimonio irreversible de la
cultura jurídica contemporánea. Y, en tal sentido, no puede interpretarse que el
mandato constitucional de la libertad de empresa comporta el
desmantelamiento integral de todas esas restricciones y limitaciones 3. Es decir,
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el derecho a la libertad de competencia no es de carácter absoluto, por el
contrario, debe atender a principios y derechos superiores.
Ahora bien, ha concluido esa corporación que la restricción a esas libertades
económicas es constitucional 'si (i) se llevó a cabo por ministerio de la ley; (ii)
respeta el 'núcleo esencial' de la libertad de empresa; (iii) obedece al principio
de solidaridad o a alguna de las finalidades expresamente señalada por la
Constitución; y (iv) responde a criterios de razonabilidad y proporcionalidad en
sentido lato'4.
Respecto a la primera condición, el Municipio es el garante de la prestación del
servicio público domiciliario de aseo por disposición expresa de la Constitución
política en los artículos 311, numerales 1, 7 y 9 del artículo 313 y 367; del
régimen de servicios públicos artículo 5 de la Ley 142 de 1994; del Estatuto de
Descentralización en beneficio de los municipios, artículo 1° del Decreto 77 de
1987; de Ley 136 de 1994, 'por la cual se dictan normas tendientes a modernizar
la organización y el funcionamiento de los municipios en el artículo 3'; del
Decreto 1713 de 2002, en el artículo 4.
Por el margen de sus competencias fue que la Corte Constitucional,
reconociendo los efectos que traería consigo el Corte Constitucional auto 275
de 2011 en perjuicio de los sectores de menos ingresos de la población
bogotana, pero a sabiendas que a largo plazo implicaría la intervención del
Estado con acciones afirmativas a favor del grupo históricamente discriminado
constituido por la población recicladora, ordenó al Distrito que estableciera un
esquema pertinente para subsanar la situación de riesgo colateral que se
generaría en el Distrito Capital por dejar sin efectos la licitación No. 001 de 2011.
Por lo anterior, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, la
UAESP propendiendo por garantizar la inclusión de la población recicladora,
instituyó un esquema transitorio y excepcional, mientras se lleva a cabo el
procedimiento señalado en el artículo 40 de la ley 142 de 1994.
Con todo, se respetó el núcleo esencial de la libertad de empresa, en el sentido
que el actual esquema es transitorio, y más aún, el esquema transitorio integra
participación publico privada de empresas caracterizadas por su solidez
financiera y prestación con calidad, que fueron seleccionadas por su trayectoria
en la prestación de servicios públicos, y para promover la inclusión de la
población recicladora desde antes que se lleve a cabo el procesos de concesión
de áreas de servicio exclusivo en el Distrito Capital.
También se da cumplimiento al tercer requisito ya que las medidas tomadas por
el Distrito obedecen al principio de solidaridad e igualdad5, incluyendo a
aquellos sujetos de especial protección, tal como lo son los miembros de la
población recicladora, grupo social tradicionalmente marginado y discriminado,
al que, en el esquema de prestación de servicio anterior a los pronunciamientos
hecho por la corte, no se le reconocía la importante labor ambiental efectuada,
y por lo contrario, eran excluidos del margen de legalidad en la prestación del
servicio.
Finalmente, las medidas tomadas obedecen a los criterios de razonabilidad y
proporcionalidad en sentido lato, para comprobar lo anterior, los antecedentes
excepcionales esbozados en la primera parte de este documento prueban de
manera suficiente, que se tomaron todas las medidas que eran jurídicamente
viables en procura de la protección de los derechos fundamentales, ambientales
y sociales de la comunidad Bogotana.
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III.- VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO POR INDEBIDA NOTIFICACIÓN DE
LA RESOLUCIÓN CRA No. 639 DE 2013.
El artículo 68 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo regula la forma como debe llevarse a cabo la citación para la
notificación personal de los actos administrativos señala que: "...el envío de la
citación se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto,
y de dicha diligencia se dejará constancia en el expediente." (Negrilla y cursiva
fuera de texto).
Para el caso de la Resolución objeto de este recurso, la EAAB-ESP., recibió el
21 de junio de 2013, la comunicación CRA N° 20132110031081 en la cual la
entidad a su cargo, solicitó que el Gerente General se acercara a las
instalaciones de la CRA para notificarle personalmente el acto administrativo
Resolución CRA 638 de 2013, sin embargo, puesto que el Gerente General no
pudo comparecer, el acto se notificó mediante aviso radicado en sede de la
EAAB el día 5 de julio de 2013.
Como se puede observar del texto del acto administrativo objeto de este
recurso, este se expidió el 6 de mayo de 2013, pero sólo hasta el 21 de junio de
2013, 36 días hábiles después de expedido, se envió citación para la notificación
personal del EAAB-ESP., circunstancia que contraria lo dispuesto en el referido
artículo 68 que señala que la citación para notificación personal deberá enviarse
dentro de los cinco días siguientes a la expedición del acto administrativo;
circunstancia que invalida la notificación y que a la vez trae como consecuencia
la violación al debido proceso de la EAAB-ESP., razón por la cual solicito que
con miras a restablecer el derecho fundamental de la Empresa que apodero que
fue vulnerado con dicha actuación, se revoque esta decisión.
IV.- VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL:
Sin lugar a duda, el término de citación del artículo 68 de la Ley 1437 de 2011,
es de orden público y aplicación preferencial, amparado por el marco
constitucional previsto en los incisos 10. Y 2º. Del artículo 29 de la Constitución
Nacional al exigir la aplicación del DEBIDO PROCESO en toda actuación
judicial o ADMINISTRATIVA y con observancia de la plenitud de las formas
propias de cada juicio.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional de aplicación preferencial, sobre el
particular en Sentencia T-718 DEL 5 DE JULIO DE 2001, M. P. Dr. Eduardo
Montealegre ha expresado:
'Si bien, como ya lo hemos dicho antes, el debido proceso es objeto de
respeto a nivel constitucional y legal, su campo de aplicación debe
entenderse igualmente presente en todas aquellas decisiones judiciales o
administrativas que el Estado deba asumir frente a sus administrados. Por
ello mismo, el Código Contencioso Administrativo en su artículo 3° relativo a
los principios orientadores de las actuaciones administrativas, hace clara
referencia a la importancia del debido proceso en el agotamiento de trámites
preestablecidos, actuaciones estas que obviamente deben ser puestas en
conocimiento de los particulares, para que así estas puedan ser
controvertidas.
Es más, en sentencia T - 465 del 9 de julio de 2009 (M. P. JORGE IGNACIO
PRETELT) se pronunció la Corte Constitucional, en cuanto al debido proceso
administrativo, en los siguientes términos:
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'Según lo prescribe el inciso primero del artículo 29 de la Constitución
Política, 'el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales
y administrativas' (subrayas fuera del texto original). Esta clarísima
prescripción constitucional tiene por objeto señalar que en la actuación que
despliegue la Administración pública tienen plena aplicación el conjunto de
garantías que conforman la noción del debido proceso. Por ello ha
manifestado la Corte que los derechos de defensa, de contradicción, de
controversia de las pruebas y de publicidad, así como los principios de
legalidad, de competencia y de correcta motivación de los actos, entre otros,
que conforman la noción de debido proceso, deben considerarse como
garantías constitucionales que presiden toda actividad de la administración'.
Más adelante agrega el mismo pronunciamiento:
Debe resaltarse que la Constitución Política en el citado artículo 29 indica
que el debido proceso se aplicará a toda actuación administrativa; de donde
se deduce que ésta, en cualquiera de sus etapas, debe asegurar la
efectividad de las garantías que se derivan de dicho principio constitucional.
Por este motivo la jurisprudencia ha entendido que los derechos de defensa,
contradicción y controversia probatoria, así como los principios de
competencia, publicidad, y legalidad de los actos de la administración, tienen
aplicación desde la iniciación de cualquier procedimiento administrativo,
hasta la conclusión del proceso, y deben cobijar a todas las personas que
puedan resultar obligadas en virtud de lo resuelto por la Administración. (He
subrayado). Es decir, destaca la Sala, el debido proceso no existe
únicamente en el momento de impugnar el acto administrativo final con el
cual concluye una actuación administrativa'.
En este sentido, refiriéndose a la naturaleza del derecho al debido proceso
administrativo, la jurisprudencia ha explicado lo siguiente:
De esta manera, el debido proceso administrativo se ha definido como la
regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y
establece las garantías de protección a los derechos de los administrados,
de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas
dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los
procedimientos señalados en la ley. El debido proceso administrativo
consagrado como derecho fundamental en el artículo 29 de la Constitución
Política, se convierte en una manifestación del principio de legalidad,
conforme al cual toda competencia ejercida por las autoridades públicas
debe estar previamente señalada en la ley, como también las funciones que
les corresponden y los trámites a seguir antes de adoptar una determinada
decisión (C.P. arts. 4º y 122): (Tomado de la Sentencia T - 982 del 8 de
octubre de 2004 M. P. Rodrigo Escobar Gil.).
De la misma manera, se reitera en el pronunciamiento anterior:
El derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 29 de la Carta
Política, comprende una serie de garantías con las cuales se busca sujetar
a reglas mínimas sustantivas y procedimentales, el desarrollo de las
actuaciones adelantadas por las autoridades en el ámbito judicial o
administrativo, con el fin de proteger los derechos e intereses de las
personas vinculadas, pues es claro que el debido proceso constituye un
límite material al posible ejercicio abusivo de las autoridades estatales'
(tomado de la Sentencia T - 416 de 1998 M..P. Alejandro Martínez
Caballero).
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V.-RAZONES DE LA E.A.A.B. - ESP:
De igual manera, me remito y forma parte del presente escrito, los diferentes
pronunciamientos de la Empresa de acueducto y Alcantarillado de Bogotá,
en relación con trámites y gestiones anteriores de esa Comisión, a fin de
imponer las condiciones para facturación conjunta del servicio de Aseo en el
Distrito Capital.
TRASLADO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN.
Mediante oficio CRA 2013-211-004322-1 de 8 de agosto de 2013, se dio
traslado del recurso de reposición interpuesto por la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. - EAAB E.S.P. a Servicios Generales Empresa
de Servicios Públicos de Carácter Privado S.A. E.S.P. SERVIGENERALES S.A.
E.S.P., por el término de dos (2) días hábiles, y el día 12 de agosto de 2013
ésta última, a través del radicado CRA 2013-321-003657-2, se pronunció sobre
los argumentos de la recurrente.
Al respecto, Servicios Generales Empresa de Servicios Públicos de Carácter
Privado S.A. E.S.P. - SERVIGENERALES S.A. E.S.P. arguyó:
"(...) La propia Carta Política evidencia la necesidad de establecer una clara
diferencia entre la potestad reglamentaria y la regulatoria en materia de
servicios públicos. Por ello, circunscribe la facultad reglamentaria
únicamente a la expedición de ciertas disposiciones que permitan verificar el
cumplimiento de la ley, sin que ello conlleve la posibilidad de vaciar la
competencia de los organismos especializados de carácter técnico que
coadyuvan al Estado en el desarrollo de los aspectos de regulación
económica de los servicios públicos. Las funciones de las comisiones de
regulación radican en señalar las políticas generales de administración y
control de la eficiencia de tales servicios.
Ahora bien, en cuanto al aspecto referente al señalamiento de las
condiciones jurídicas dentro de las cuales deben someterse los servicios
públicos domiciliarios, constitucionalmente se ha establecido que su régimen
jurídico constituye una materia que debe estar fijada en la ley, sea que ellos
se presten por el Estado directamente, por comunidades organizadas o por
particulares. En lo que respecta a los de naturaleza domiciliaria, los servicios
públicos presentan una condición especial, en la medida en que deben
determinarse previamente los aspectos específicos mínimos sujetos a esa
regulación.
En ese orden de ideas, la finalidad social del Estado colombiano adquiere
plena vigencia mediante la prestación de los servicios públicos que son
inherentes a ella, para asegurar en forma eficiente a todos los habitantes del
territorio nacional, la prosperidad general, la convivencia pacífica y el servicio
a la comunidad, en forma adecuada y permanente, permitiendo además la
realización de los derechos fundamentales de las personas, y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población (C.P., arts. 2, 365 y 366).
El concepto de servicios públicos así expresado, plantea una definición
genérica, con contenido integral, a través de la realización de otras materias
especiales que amplían su campo de acción, como son los servicios públicos
sociales, comerciales e industriales, domiciliarios y los esenciales, dentro de
los cuales, los de índole domiciliario ocupan una posición relevante para los
fines estatales de contenido social, en la medida en que pretenden satisfacer
las necesidades básicas y esenciales de las personas.
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Ahora, con la vigencia del nuevo orden plasmado en la Constitución de 1991,
el tratamiento del tema de los servicios públicos, en general, debe tener en
cuenta, básicamente, que la economía se encuentra bajo la dirección general
del Estado, por lo que las distintas actividades en esa materia, entre ellas,
las relacionadas con la prestación de dichos servicios, son objeto de su
intervención, por mandato legal, para 'racionalizar la economía, con el fin de
conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la
distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y
la preservación de un ambiente sano' (C.P., art. 365).
De otro lado, en cuanto al aspecto referente al señalamiento de las
condiciones jurídicas dentro de las cuales deben someterse dichos servicios
públicos, constitucionalmente se ha establecido que su régimen jurídico
constituye una materia que debe estar fijada en la ley (C.P. arts. 150-23 y
365), sea que ellos se presten por el Estado directamente, por comunidades
organizadas o por particulares. En lo que respecta a los de naturaleza
domiciliaria, los servicios públicos presentan una condición especial, en la
medida en que deben determinarse previamente los aspectos específicos
mínimos sujetos a esa regulación (C.P., arts. 367, 369 y 370), lo que dio lugar
al siguiente pronunciamiento por parte de la Honorable Corte Constitucional
C - 284 de 1997 M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell:
'... corresponde a éste (el legislador) señalar, en los términos de las normas
antes reseñadas, el marco normativo atinente a las cuestiones básicas que
estructuran la naturaleza propia de cada servicio, sus atributos de
regularidad, permanencia eficacia y eficiencia, los sujetos que los prestan,
las relaciones usuario-entidad prestataria, la manera de establecer las tarifas
que se pagan y los subsidios que demanda la universalidad y solidaridad del
servicio, el contenido y alcance del control, inspección y vigilancia, atribuido
a la Superintendencia de Servicios Públicos, y la financiación de ésta,
librando a las entidades territoriales ciertos aspectos de naturaleza
reglamentaria en relación con aquéllos asuntos no esenciales no regulados
por el legislador, particularmente en los órdenes técnicos y operativos.
Por último, complementa el marco general de competencias
constitucionales, en cuanto a los servicios públicos domiciliarios, aquellas
que corresponden al Presidente de la República en lo atinente a la función
de '. ...señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración
y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por
medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control,
la inspección y vigilancia de las entidades que los presten' (C.P., art. 370),
siendo pertinente destacar la potestad reglamentaria ordinaria que posee el
primer mandatario de la Nación, como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y
Suprema Autoridad Administrativa, para la cumplida ejecución de las leyes
(C.P., art. 189-11).
Significa lo anterior, que la Resolución expedida por los suscritos
funcionarios de la CRA está revestida de toda legalidad, porque en ella se
ratifica una actuación legal y en derecho, con el cumplimiento de todas las
formas rituales que se dieron para 'imponer las condiciones que deben regir
el servicio de facturación conjunta el Servicio Público de Aseo entre la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P-EAAB E.S.P y
SERVIGENERALES S.A. ESP.', como es la Resolución CRA 639 de 2013
adelantada en el asunto de marras.
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En ese orden de ideas, no es de recibo las afirmaciones de la apoderada
recurrente, toda vez que este es un acto para el cual la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA está plenamente
revestida y legitimada por la ley para realizar dicha resolución.
El derecho a la libre competencia consiste en la prerrogativa de decisión
insubordinada de los agentes intervinientes en el mercado, es decir, de
consumidores y productores. En Colombia encuentra asidero y protección de
rango Constitucional, especialmente en materia de servicios públicos, así:
“ARTICULO 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres,
dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir
permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia
económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.
La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica
obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará
el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se
obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier
abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el
mercado nacional.
La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el
interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación'. (Subrayas
fuera de texto).
ARTICULO 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social
del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los
habitantes del territorio nacional.
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley,
podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por
comunidades organizadas, o por particulares.
En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de
dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado,
mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara,
por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades
estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a
las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una
actividad licita”.
En materia de servicios públicos, dichas disposiciones son desarrolladas por la
Ley 142 de 1994, así:
'ARTÍCULO 2. Intervención del Estado en los servicios públicos. El Estado
intervendrá en los servicios públicos, conforme a las reglas de competencia
de que trata esta Ley, en el marco de lo dispuesto en los artículos 334, 336,
y 365 a 370 de la Constitución Política, para los siguientes fines: (...) 2.6.
Libertad de competencia y no utilización abusiva de la posición dominante.
ARTÍCULO 10. Libertad de empresa. Es derecho de todas las personas
organizar y operar empresas que tengan por objeto la prestación de los
servicios públicos, dentro de los límites de la Constitución y la ley.
ARTÍCULO 40. Áreas de Servicio exclusivo. Por motivos de interés social y
con el propósito de que la cobertura de los servicios públicos de acueducto
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y alcantarillado, saneamiento ambiental, distribución domiciliaria de gas
combustible por red y distribución domiciliaria de energía eléctrica, se pueda
extender a las personas de menores ingresos, la entidad o entidades
territoriales componentes, podrán establecer mediante invitación pública,
áreas de servicio exclusivas, en las cuales podrá acordarse que ninguna otra
empresa de servicios públicos pueda ofrecer los mismos servicios en la
misma área durante un tiempo determinado.
Los contratos que se suscriban deberán en todo caso precisar el espacio
geográfico en el cual se prestará el servicio, los niveles de calidad que debe
asegurar el contratista y las obligaciones del mismo respecto del servicio.
También podrán pactarse nuevos aportes públicos para extender el servicio.
Parágrafo 10. La comisión de regulación respectiva definirá, por vía general,
cómo se verifica la existencia de los motivos que permiten la inclusión de
áreas de servicio exclusivo en los contratos; definirá los lineamientos
generales y las condiciones a las cuales deben someterse ellos; y, antes de
que se abra una licitación que incluya estas cláusulas dentro de los contratos
propuestos, verificará que ellas sean indispensables para asegurar la
viabilidad financiera de la extensión de la cobertura a las personas de
menores ingresos.
ARTÍCULO 73. Funciones y facultades generales. Las comisiones de
regulación tienen la función de regular los monopolios en la prestación de los
servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en
los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten
servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los
competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abusos de la
posición dominante, y produzcan servicios de calidad. (...).
ARTÍCULO 74. Funciones especiales de las comisiones de regulación. Con
sujeción a lo dispuesto en esta Ley y las demás disposiciones que la
complementen, serán además, funciones y facultades especiales de cada
una de las comisiones de regulación las siguientes: (...)
74.2 De la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico:
a) Promover la competencia entre quienes presten los servicios de agua
potable y saneamiento básico o regular los monopolios en la prestación de
tales servicios, cuando la competencia no sea posible, todo ello con el
propósito de que las operaciones de los monopolistas y de los competidores
sean económicamente eficientes, se prevenga el abuso de posiciones
dominantes y se produzcan servicios de calidad. La comisión podrá adoptar
reglas de comportamiento diferencial, según la posición de las empresas en
el mercado. (...)..
Señora Directora Ejecutiva, puede colegirse a partir del análisis de las
normas transcritas que cuando el municipio no presta de manera directa el
servicio público de aseo, existen dos (2) modalidades para tal efecto:
Regla general: la libre competencia en virtud de la cual cualquier interesado
podrá, dentro de los límites legales, operar como prestador de servicios
públicos.
De manera excepcional: las áreas de servicio exclusivo (A.S.E.). En este
evento, la empresa que resulte concesionaria vía licitación podrá prestar el
servicio en una zona determinada sin que ninguna otra empresa de servicios
públicos pueda ofrecer en dicha área los mismos servicios.
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Señora Directora Ejecutiva es así como el régimen legal en materia de
servicios públicos es el de la libre competencia; específicamente en materia
de aseo, el Estado no se ha reservado la prestación monopolística del
servicio, sino que por el contrario, el Estado ha permitido que se presten en
libre competencia y de manera excepcional por una sola empresa en las
llamadas Áreas de Servicio Exclusivo (A.S.E.) cuandoquiera que por motivos
de interés social y para garantizar tota cobertura, la entidad territorial así lo
defina y agote el respectivo procedimiento licitatorio. En este último evento,
se cercenan de manera legal, tanto el derecho de los consumidores de elegir
libremente como el de los productores de competir.
Cabe señalar, igualmente que es función de la Comisión de Regulación de
Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) regular los monopolios cuando
la competencia no sea posible, circunstancia que no se da en el caso que
nos ocupa, por cuanto lejos de haber pocos competidores, existen en la
actualidad cuatro (4) prestando el servicio, más el operador público que,
según anuncio del señor Alcalde de Bogotá D.C., estaría en ciernes de entrar
en el mercado afectado y los potenciales interesados en prestar el servicio.
Es decir que siendo de hecho posible la competencia por haber varios
interesados en prestar el servicio público en mención, la CRA y la SIC
estarían llamadas a promover y proteger el derecho al merado en libre
competencia.
De la misma manera lo ha entendido la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios (SSPD) quien en concepto SSPD-OJ-2004-567 dijo:
“De conformidad con los artículos 333 y 365 de la C.P. los servicios públicos,
en particular los domiciliarios se prestan en régimen de libre competencia,
salvo lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 142 de 1994 respecto de las
áreas de servicio exclusivo. Estas normas están desarrolladas, entre otras
disposiciones de la Ley 142 de 1994, en su artículo 10 según el cual es
derecho de todas las personas organizar y operar empresas de servicios
públicos, dentro de los límites de la Constitución y la ley."
En otro de sus conceptos y en similar línea, la SSPD manifestó:
“(...) el régimen de los servicios públicos en sus niveles constitucional, legal
y regulatorio se endereza a la promoción de la competencia dentro del marco
del estado Social de Derecho que califica a esta categoría jurídica como
inherente a su finalidad social.
En conclusión y partiendo de las premisas mencionadas, la única excepción
a la libre competencia en materia del servicio público de aseo son las A.S.E.
Señora Directora Ejecutiva, en los términos del Decreto 891 de 2002 para
que puedan implementarse las A.S.E. como esquema de prestación del
servicio público de aseo, debe surtirse el procedimiento que a continuación
de manera sucinta esbozamos:
Por tal virtud, las anteriores razones son suficientes para solicitarle a ustedes
mantener en todas sus partes la decisión contenida en la Resolución CRA
639 de 2013" (Sic).
ANÁLISIS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN.
Competencia de la CRA.
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El marco normativo que a continuación se describe es aquel que se relaciona
de forma directa con el procedimiento que se adelanta y en virtud del cual la
Comisión deriva su competencia para resolver el recurso de reposición
interpuesto contra la Resolución CRA 638 de 2013 "Por la cual se imponen las
condiciones que deben regir el servicio de facturación conjunta del servicio
público de aseo entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P. - EAAB E.S.P. y el Consorcio Aseo Capital S.A. Empresa de Servicios
Públicos de Carácter Privado".
En primer término, en los artículos 76 y siguientes del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se establecen la oportunidad,
presentación, requisitos y trámite de los recursos que se interpongan contra los
actos que pongan fin a las actuaciones administrativas.
Por su parte, el numeral 73.7 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 faculta a las
Comisiones de Regulación para decidir los recursos que se interpongan contra
sus actos.
En concordancia con lo anterior, el artículo 3 del Decreto 2883 de 2007 "Por el
cual se modifica la estructura de la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico, CRA" establece, dentro de las funciones de la Comisión
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, la de resolver los
recursos que se interpongan contra sus actos administrativos.
A su vez, el Decreto 2882 de 2007 "Por el cual se aprueban los estatutos y el
Reglamento de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento
Básico, CRA" en el artículo 29 establece que sin perjuicio de lo dispuesto por el
artículo 28 de la Ley 142 de 1994, contra los actos administrativos de carácter
particular expedidos por la Comisión sólo procede el recurso de reposición, el
cual deberá decidirse con sujeción a las normas del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 142 de 1994.
En virtud de lo anterior, y en atención a la "solicitud formal del servicio de
facturación conjunta efectuada por Servicios Generales Empresa de Servicios
Públicos de Carácter Privado S.A. E.S.P. SERVIGENERALES S.A. E.S.P.",
esta Comisión de Regulación analizó y profirió la Resolución CRA 639 de 6 de
mayo de 2013, frente a la cual se interpuso recurso de reposición, por parte de
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. - EAAB E.S.P.-, el
cual es objeto de estudio en la presente instancia.
ANÁLISIS DE LA CRA RESPECTO DE LOS ARGUMENTOS DE
INCONFORMIDAD DE LA RECURRENTE.
Se procede al estudio de los argumentos presentados por la empresa
recurrente, así:
"1. a) LA RESOLUCIÓN CRA 639 DE 2013 DESCONOCE Y VULNERA EL
DECRETO 564 DE 2012 Y EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 017 DE
2012".
Argumentó el apoderado de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá E.S.P. - EAAB E.S.P. que:
"Sea ésta la oportunidad para recordar que, la ciudad de Bogotá D.C. se
encuentra regida por un modelo transitorio y excepcional para la prestación
del servicio público de aseo, basado en la situación de emergencia que
surgió debido a la imposibilidad de garantizar la prestación del servicio por
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medio de empresas privadas, toda vez que la H. Corte Constitucional en
decisión contenida en el Auto 275 de 2011, dejó sin efectos la Licitación 001
de 2011 para la concesión del servicio de aseo en la ciudad. Por lo cual, la
UAESP previa declaratoria de urgencia manifiesta, contenida en la
Resolución No. 065 de 8 de febrero de 2012, celebró el 07 de marzo de 2012
los contratos de concesión números 013 con Limpieza Metropolitana SA ESP
(LIME S.A ESP), 014 con el Consorcio Aseo Capital SA ESP, 015 con Ciudad
Limpia SA ESP y 016 con el Consorcio Aseo Técnico de la Sabana SA ESP
(ATESA S.A ESP) por el término de seis (6) meses, contados a partir de la
fecha de suscripción del acta de inicio, prorrogados por 3 meses más, tres
de los cuales vencieron el 17 de diciembre de 2012, y el Contrato C-16 de
2012 (ATESA SA S.A ESP) culminó el día 22 de diciembre de 2012, sin que
pudieran ser prorrogados, momento en el cual la prestación quedó en cabeza
de la entidad territorial, quien suscribió varios contratos para el cumplimiento
de su deber, dentro de ellos el Contrato de Operación No. 260 de 19 de
Diciembre de 2012, suscrito entre UAESP y Consorcio Aseo Capital S.A.
E.S.P.".
Al respecto, es pertinente señalar que el Auto 275 de 2011, expedido por la
Corte Constitucional, se produjo en el marco de un proceso de licitación que
para ese entonces adelantaba el Distrito Capital, al tratar de establecer áreas
de servicio exclusivo para la prestación del servicio de Aseo. Más aún, cuando
la libertad de empresa "Es derecho de todas las personas organizar y operar
empresas que tengan por objeto la prestación de los servicios públicos, dentro
de los límites de la Constitución y la ley, por lo que los limitantes para la libertad
de entrada en el mercado obedecen únicamente a la Constitución y la Ley.
Con relación al argumento expuesto por parte de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. - EAAB E.S.P.-, resulta útil verificar lo dicho
dentro del acápite de órdenes concretas de la parte considerativa del Auto 275
de 2011; exactamente en el numeral 112 se establece que:
"En consecuencia, se ordenará al Distrito definir con la colaboración técnica
de la CRA -a quien se exhortará para tal efecto-, parámetros especiales que
definan cómo serán ofrecidos en la práctica los servicios de reciclaje,
tratamiento y aprovechamiento de residuos y, la forma en que la prestación
de los mismos deberá ser remunerada, bien a través de la tarifa o bien
mediante la fijación de un esquema de precios, de forma que estos
componentes sean manejados íntegramente por las organizaciones de
recicladores que entren en proceso de regularización".
En conclusión, el Auto 275 de la H. Corte Constitucional no señaló que el Distrito
debería o no establecer un esquema transitorio, sino por el contrario, las
órdenes del exhorto van encaminadas a que es únicamente el Distrito quien
deberá señalar la manera en que el esquema de libre competencia u otro
legalmente posible para los componentes de reciclaje, tratamiento y
aprovechamiento se coordinará con otros modelos de operación como la
concesión de áreas de servicio exclusivo autorizadas para los componentes de
recolección y transporte de residuos no separados o cualquier otro modelo,
garantizando alternativas a través de las cuales sectores de la población
tradicionalmente marginados, participen de manera real y material en la
prestación del servicio público de aseo en sus componentes complementarios
de reciclaje, transformación y aprovechamiento.
Adicionalmente, en ningún momento se conminó a esta Comisión a que
estableciera modelos de prestación de servicios, hiciera recomendaciones,
diera consejos sobre las decisiones del Distrito en cuanto al modelo a aplicar,
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más allá de sus competencias, por cuanto lo ordenado es definir parámetros y
acompañamiento al Distrito dentro del marco legal vigente. Por lo tanto,
jurídicamente no es viable ampararse en lo que refiere al Auto 275 de 2011
expedido por la Corte Constitucional, para desconocer las competencias y
funciones legales en relación con el inicio y trámite de actuaciones
administrativas, como es el caso de verificación de motivos, facturación
conjunta y legalidad de CCU entre otros.
Es así como las solicitudes que versen sobre la imposición de las condiciones
de facturación conjunta deberán tramitarse con el marco legal vigente y en
igualdad de condiciones a las demás actuaciones administrativas.
Ahora bien, dentro del primer argumento expuesto por parte de la empresa
recurrente, el apoderado de la misma también manifestó:
"Por su parte, el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., expidió el Decreto 564 del
10 de diciembre de 2012, 'Por medio del cual se adoptan disposiciones para
asegurar la prestación del servicio público de aseo en el Distrito Capital en
acatamiento de las órdenes impartidas por la Honorable Corte Constitucional
en la Sentencia T-724 de 2003 y en los Autos números 268 de 2010, 275 de
2011 y 084 de 2012.”
Particularmente, en relación con los convenios de facturación conjunta, el
artículo 13 del mencionado Decreto señaló:
“ARTICULO 13°.- Facturación. Las Empresas de Servicios Públicos de
Bogotá D.C. podrán realizar convenios de facturación conjunta con empresas
privadas que hayan suscrito con el Distrito Capital contratos para la
prestación del servicio público de aseo. La Unidad Administrativa Especial
de Servicios Públicos - UAESP vigilará y controlará que las tarifas cumplan
con las normas legales y correspondan a servicios efectivamente prestados
al usuario'. (Subrayado y negrilla fuera de texto).
En estricto cumplimiento de la referida disposición, resulta necesario que,
previo a la celebración de un convenio de facturación conjunta, la Empresa
de Servicios Públicos que pretenda efectuarlo haya suscrito un contrato con
el Distrito Capital. Si esto no ocurre, resultaría ilegal lo pactado por violación
de las disposiciones legales superiores."
Frente al argumento esgrimido por la empresa impugnante, cabe resaltar que
en el Distrito Capital de Bogotá no existen áreas de servicio exclusivo en aseo
y que por ende existe libre entrada al mercado aún en el marco del Decreto 564
de 2012, debe estarse a lo previsto en los Decretos 2668 de 1999, 1987 de
2000, así:
✓ El Decreto 2668 de 1999 en su Artículo 4º prevé que "Será obligatorio para
las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios facturar los
servicios de alcantarillado y aseo, suscribir el convenio de facturación
conjunta, distribución y/o recaudo de pagos; así como garantizar la
continuidad del mismo, si son del caso, salvo que existan razones técnicas
insalvables comprobables que justifiquen la imposibilidad de hacerlo. Esta
justificación se acreditará ante la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios. El prestador que asuma estos procesos, por libre elección del
prestador del servicio de aseo y/o alcantarillado, no podrá imponer
condiciones que atenten contra la libre competencia ni abusar de una posible
posición dominante."
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✓ Por su parte el Decreto 1987 de 2000, en igual sentido que el anterior, pero
específicamente para el sector de agua potable y saneamiento básico, indicó
que "Las entidades de servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo, suscribirán el convenio de facturación conjunta,
distribución de ésta y/o recaudo de pago, y prestarán este servicio a las
personas prestadoras de servicios de saneamiento básico, de conformidad
con la regulación que al respecto expida la Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico, en los términos del artículo cuarto del
presente decreto y ejecutarlo en la forma convenida, sin perjuicio de que este
servicio se pueda contratar con empresas prestadoras de otros servicios
públicos domiciliarios.... El presente artículo no será aplicable a aquellas
entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios que, por razones
técnicas insalvables, justifiquen la imposibilidad de hacerlo ante la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios".
Quiere lo anterior indicar que salvo que medien razones técnicas insalvables
comprobables, una empresa de acueducto no puede negarse a suscribir un
convenio de facturación conjunta o mantener la vigencia de uno ya suscrito. Las
razones de orden técnico deben ser justificadas ante la Superintendencia de
Servicios Públicos, que es la entidad Llamada a verificarlas y pronunciarse
sobre si efectivamente son válidas o no, situación que en esta actuación no
ocurrió, pues no obra soporte alguno que así lo demuestre.
Ahora bien, esta Comisión se ratifica en lo indicado en la resolución que es
objeto de recurso en la cual se indicó:
"Entonces es claro que la normatividad vigente garantiza la libre
competencia, y dispone que no se podrán exigir permisos previos ni
requisitos, que no estén establecidos en la Ley, por lo cual, no es posible que
esta Comisión ni ninguna otra autoridad, pueda exigir requisitos diferentes a
los que para el efecto establece la Ley 142 de 1994.
Al respecto, es importante precisar que teniendo en cuenta lo dispuesto por
el artículo 40 de la Ley 142 de 1994, quienes están facultados para
establecer áreas de servicio exclusivo son únicamente los entes territoriales,
y para el caso que nos ocupa, se trata de una empresa de carácter privado
que ejerció su derecho de solicitar ante la CRA la imposición de las
condiciones del servicio de facturación conjunta.
En ese orden de ideas y en la medida en que en el Distrito Capital de Bogotá
no hay áreas de servicio exclusivo vigentes, cualquier operador que cumpla
con lo previsto en la ley, puede entrar libremente a competir en el mercado
de aseo."
Así las cosas, esta actuación está dirigida a imponer las condiciones de la
facturación conjunta, cuando quiera que no se logre un acuerdo sobre las
mismas; es por todo lo anterior que el argumento de la recurrente no encuentra
sustento y en razón de lo expuesto, tampoco prospera.
Aunado a lo anterior, en el escrito de recurso objeto del presente análisis, como
fundamentos del primer argumento expuesto, la recurrente también afirmó:
"Tampoco resulta posible desconocer que el 11 de octubre de 2012, la
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP y la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, celebraron el Contrato
Interadministrativo N° 017 de 2012 cuyo objeto es "la gestión y operación del
servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá D.C., en sus componentes
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de recolección, barrido, limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped,
poda de árboles en áreas públicas y transporte de los residuos al sitio de
disposición final y todas las actividades de orden financiero, comercial,
técnico, operativo, educativo y administrativo que ello conlleva' (...).
En desarrollo de este compromiso, la UAESP pactó en los Contratos de
Operación No. 260 el 19 de Diciembre de 2012 con CONSORCIO ASEO
CAPITAL S.A. E.S.P.; No. 261 el 19 de Diciembre de 2012 con LIME S.A.
ESP y No. 268 el 22 de Diciembre de 2012 con ATESA S.A ESP lo siguiente:
“PARAGRAFO PRIMERO. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá-ESP- EAAB ESP realizará la facturación en la zona objeto del
presente contrato, sin costo alguno para la contratista'. Sin embargo, se
observa que Servicios Generales Empresa de Servicios Públicos de Carácter
Privado S.A. E.S.P. -SERVIGENERALES S.A. E.S.P. no ha suscrito contrato
alguno relacionado con la de prestación del servicio de aseo en el Distrito y
además, no cuenta con usuarios a los que les pueda prestar el servicio
puesto que la totalidad de éstos en la Ciudad de Bogotá se encuentra
cubierta en el actual esquema transitorio. En consecuencia y por sustracción
de materia (usuarios) no puede pretenderse la suscripción de un contrato
cuyo objeto es la facturación del servicio prestado a determinados los
usuarios, cuando no hay quien se beneficie de dicha prestación."
En atención al anterior argumento del recurso, se debe señalar que de
conformidad con el inciso 7 del artículo 146 de la Ley 142 de 1994: "(...) Las
empresas podrán emitir factura conjunta para el cobro de los diferentes
servicios que hacen parte de su objeto y para aquellos prestados por otras
empresas de servicios públicos, para los que han celebrado convenios con tal
propósito".
El artículo 147 ibídem señala que "(...) En las facturas en las que se cobren
varios servicios, será obligatorio totalizar por separado cada servicio, cada uno
de los cuales podrá ser pagado independientemente de los demás, con
excepción del servicio público domiciliario de aseo y demás servicios de
saneamiento básico".
El parágrafo de la citada disposición establece: "Cuando se facturen los
servicios de saneamiento básico y en particular los de aseo público y
alcantarillado, conjuntamente con otro servicio público domiciliario, no podrá
cancelarse este último con independencia de los servicios de saneamiento
básico, aseo o alcantarillado, salvo en aquellos casos en que exista prueba de
mediar petición, queja o recurso debidamente interpuesto ante la entidad
prestataria del servicio de saneamiento básico, aseo o alcantarillado".
El artículo 4 del Decreto 1987 de 2000, reglamentario del artículo 11 de la Ley
142 de 1994, contiene disposiciones de carácter especial relacionadas con la
facturación conjunta, que deberán ser atendidas por las personas prestadoras
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo,
correspondiéndole a la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico - CRA la función de regular "(...) las condiciones generales
y particulares con arreglo a las cuales las empresas concedentes y solicitantes
deberán celebrar los convenios de que trata el artículo segundo de esta
disposición".
El artículo 2 ibidem dispone, entre otras cosas, al referirse a la obligación de
facturar que "(...) las entidades de servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo, suscribirán el convenio de facturación conjunta,
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distribución de ésta y/o recaudo de pago, y prestarán este servicio a las
personas prestadoras de servicios de saneamiento básico, de conformidad con
la regulación que al respecto expida la Comisión de Regulación de Agua Potable
y Saneamiento Básico, en los términos del artículo cuarto del presente decreto
y ejecutarlo en la forma convenida, sin perjuicio de que este servicio se pueda
contratar con empresas prestadoras de otros servicios públicos domiciliarios
(...)".
A su turno, el artículo 3 del mencionado Decreto señala que "la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico determinará la forma de
liquidar el servicio de facturación y los costos que serán reconocidos por
concepto del mismo, así como el margen que pueda percibir la empresa
concedente por la prestación del servicio de qué trata este decreto".
En virtud de las disposiciones señaladas anteriormente y en ejercicio de las
facultades legales, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento
Básico expidió la Resolución CRA 145 de 2000 "Por la cual se establecen las
condiciones generales y particulares con arreglo a las cuales las empresas de
servicios públicos de acueducto y saneamiento básico deben celebrar los
convenios de facturación conjunta, distribución de ésta y/o recaudo de pago, y
se dictan otras disposiciones", incorporada en la Sección 1.3.22 de la
Resolución CRA 151 de 2001, adicionada y modificada por la Resolución CRA
422 de 2007 y la Sección 1.3.23 de la Resolución CRA 151 de 2001.
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA a
través de las normas regulatorias precitadas, estableció las disposiciones
aplicables a los convenios de facturación conjunta, tales como condiciones
mínimas del convenio, procedimiento para su suscripción y metodología de
cálculo de los costos.
De acuerdo con el Decreto 2668 de 1999 "Por el cual se reglamentan los
artículos 11 en los numerales 11.1, 11.6 y 146 de la Ley 142 de 1994" "es
obligatorio para las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios
facturar los servicios de alcantarillado y aseo, como también suscribir el
convenio de facturación conjunta, salvo que existan razones técnicas
insalvables comprobables que justifiquen la imposibilidad de hacerlo. Dicha
justificación debe ser acreditada por la empresa concedente ante la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios." (Subrayas y negrillas
fuera de texto).
Con base en la norma transcrita, es claro que la única razón que puede esgrimir
una empresa de acueducto para no suscribir el convenio de facturación conjunta
es que existan razones técnicas insalvables comprobables que justifiquen la
imposibilidad de hacerlo, lo cual debe ser acreditado por la empresa ante la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por lo cual, lo alegado por
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. - EAAB E.S.P. -, no
se enmarca dentro de la única excepción contemplada por la normatividad para
la no celebración del convenio.
Ahora bien, no compete a esta Entidad señalar o dirimir con quien tienen los
contratos de condiciones uniformes los usuarios, pero aún en el hipotético caso
que una empresa debidamente constituida no esté prestando el servicio de aseo
en un determinado municipio, pero quiera entrar en dicho mercado, nada le
impide solicitar el servicio de facturación conjunta a la empresa de acueducto
que atienda en esa localidad, y en caso de no lograr acuerdos sobre la materia,
acudir a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico,
para que se impongan las condiciones que deben regir dicho servicio.
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En efecto, vale también precisar que para solicitar un convenio de facturación
conjunta no se requiere ser prestador del servicio de aseo en operación, sino
que puede tratarse de un acto preparativo para entrar en el respectivo mercado.
Es por ello que en la Resolución CRA 422 de 2007 que reglamenta el
procedimiento de los convenios de facturación conjunta, en su artículo 1º,
establece:
"Artículo 1°. Adiciónese al artículo 1.3.22.1 de la Resolución CRA 151 de
2001, el siguiente literal:
q) Obligaciones adicionales: la persona prestadora solicitante que tenga
intención de suscribir convenio de facturación conjunta, deberá presentar,
ante la potencial persona prestadora concedente, lo siguiente:
(...).
2. En los términos del literal b), del presente artículo, debe presentarse el
catastro actualizado de usuarios, indicando los principales elementos que lo
estructuran, permitiendo identificar individualmente la base de datos de sus
usuarios, estrato socioeconómico, clase de uso del servicio y área de
prestación en la cual se presta el respectivo servicio. En caso de no contarse
con la información anterior, la persona prestadora solicitante pedirá a la
persona prestadora concedente la misma, asumiendo los costos que se
puedan generar. (...)".
De acuerdo con lo anterior, si el prestador solicitante no tiene un catastro de
usuarios, puede solicitar que se tenga como tal el del concedente, asumiendo
aquella el costo. Por lo tanto, no puede ser motivo de rechazo de la facturación
conjunta el no tener contrato de prestación con la EAAB o la UAESP o no ser
prestador en el Distrito.
Ahora bien, como ya fue expuesto, en Bogotá D.C. no existen áreas de servicio
exclusivo, por lo cual, cualquier persona de las que señala el artículo 15 de la
Ley 142 de 1994 puede prestar dicho servicio en el Distrito Capital y, por ende,
puede solicitar el servicio de facturación conjunta a la empresa que preste el
servicio de acueducto, como es el caso de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. - EAAB E.S.P., y en caso de no lograr acuerdos
sobre la materia, acudir a la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico, para que se impongan las condiciones que deben regir
dicho servicio.
Así las cosas, resulta claro que el argumento en estudio, expuesto por la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. - EAAB E.S.P., no
prospera.
Finalmente, dentro del primer argumento que arguyó la recurrente, expuso:
"Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el Decreto 564 mencionado, se
encuentra revestido de la presunción de legalidad señalada expresamente
en el 88 de la Ley 1437 del 2011- Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo- que a su tenor establece:
... Los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido
anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo...' (Subrayado y
negrilla fuera de texto). (...).
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En virtud de lo anterior, es claro que la Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico (CRA) no puede expedir resoluciones que
contraríen o desconozcan las medidas adoptadas en virtud de la urgencia
manifiesta y el deber constitucional, legal y jurisprudencial que le atañe a las
autoridades distritales de garantizar la prestación eficiente de los servicios
públicos, y menos desestimar las prerrogativas otorgadas por las decisiones
del máximo órgano de la jurisdicción constitucional, las cuales se constituyen
de imperativo cumplimiento so pena de desfigurar los derechos de acceso a
la justicia y la realización de una justicia real y efectiva". (...).
En atención al presente argumento, se debe señalar lo siguiente:
El Artículo 333 de la Constitución Política establece que la actividad económica
y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común, que, para
su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización
de la ley y que la libre competencia económica es un derecho de todos que
supone responsabilidades. Finalmente indica que será a través de la ley que se
delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés
social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.
En concordancia con lo anterior, el Artículo 365 de la Constitución dispone:
"Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es
deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del
territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen
jurídico que fije la ley, (negrilla y Subraya fuera de texto) podrán ser
prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades
organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la
regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de
soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobade por la
mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno
decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios
públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que, en
virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de une actividad licita."
Tal y como lo señala la Carta Política, puede decirse que dicho texto refleja la
importancia que el constituyente le otorgó a los servicios públicos dentro del
Estado Social de Derecho y así lo reconoció la Corte en la sentencia C-247 de
1997, donde consagró:
"El Constituyente de 1991 concibió la prestación de los servicios públicos
como una función inherente a los fines del Estado Social de Derecho (CP,
Artículo 365), con el deber correlativo de una realización eficiente para todos
los integrantes del territorio nacional, dada la estrecha vinculación que los
mismos mantienen con la satisfacción de derechos fundamentales de las
personas, con la vida y la salud. Dicha prestación debe adelantarse bajo un
régimen jurídico determinado por el legislador (CP, Articulo 150-23) acorde
con las necesidades de la comunidad y dentro de nueva perceptiva
expansionista del ámbito tradicionalmente estatal de ejecución de
actividades que comprenden servicios públicos, permitiendo la participación
de las comunidades organizadas y de los particulares." (Subrayado fuera de
texto).
Así mismo, la Constitución en su artículo 367 dispone que:
"La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación
de los servicios públicos (subraya y negrilla fuera de texto) domiciliarios, su
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cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta
además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de
ingresos." (Subrayas y negrillas fuera de texto).
Quiere lo anterior indicar que es únicamente posible mediante una ley
establecer limitaciones a la libre competencia en una actividad económica, que
como se verá a continuación, en materia de servicios públicos la Ley 142 de
1994 estableció cómo único mecanismo para limitar la competencia en el
mercado, la figura de las áreas de servicio exclusivo.
En este orden de ideas, el artículo 10 de la Ley 142 de 1994 "Por la cual se
establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones", establece la Libertad de Empresa, señalando que es derecho
de todas las personas organizar y operar empresas que tengan por objeto la
prestación de los servicios públicos, dentro de los límites de la Constitución y la
ley.
No obstante, lo anterior, se debe tener en cuenta que el artículo 40 de la Ley
142 de1994 dispone que por motivos de interés social y con el propósito de que
la cobertura de los servicios públicos, entre los cuales se encuentra el de aseo,
la autoridad territorial competente, podrá establecer mediante invitación pública,
áreas de servicio exclusivas, en las cuales podrá acordarse que ninguna otra
empresa pueda ofrecer los mismos servicios en la misma área durante un
tiempo. Para lo cual, deberá Cumplirse con el procedimiento allí establecido. En
este sentido, se pronunció el Consejo de Estado en la sentencia de la Sección
Tercera, Exp. 888-AP, de agosto 13 de 2008, M.P. Ruth Stella Correa
Palacio:
"Como una situación de excepción al esquema general de competencia en
el mercado de los servicios públicos implantado desde la Constitución, la ley
permitió la constitución de las denominadas Áreas de Servicio Exclusivo-
ASE, por cuya virtud el legislador autorizó la concesión por parte de los
alcaldes de un servicio, siempre que se reúnan las estrictas condiciones de
aplicación de esta figura. En efecto, el artículo 40 de la Ley 142 de 1994, por
la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios,
prescribe: "Articulo 40. Áreas de Servicio exclusivo." (...) Tal y como ya lo ha
señalado la jurisprudencia, de la lectura del texto legal transcrito se tiene que
las áreas de servicio exclusivo-ASE son una figura excepcional en cuanto
entrañan la concesión del servicio, esto es, que ninguna otra empresa de
servicios públicos pueda ofrecer los mismos servicios en la misma área
durante un tiempo determinado. De ahí que la disposición en cita, cuya
constitucionalidad no es materia de este juicio, imponga las siguientes
rigurosas condiciones de aplicación: i) Sólo podrá tener lugar por motivos de
interés social y con el propósito de extender la cobertura a los usuarios
pobres; ii) La competencia para fijarlas es de la autoridad o autoridades
territoriales competentes; iii) Supone la celebración de un contrato en el que
se precisará el espacio geográfico en el cual se prestará el servicio
concesionado en exclusividad, los niveles de calidad que debe asegurar y
demás obligaciones en torno a la prestación del servicio. iv) La Comisión
Reguladora respectiva debe definir por vía general cómo se verifica la
existencia de los motivos que permiten la inclusión de áreas de servicio
exclusivo en este tipo de contratos, los lineamientos generales y las
condiciones a las cuales deben someterse; metodología que fue establecida
para el sector de acueducto y saneamiento básico en la Resolución CRA 151
de 2001, Sección 1.3.7. v) El proceso de adjudicación del contrato de
concesión de áreas de servicio exclusivo se debe adelantar previa licitación
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que asegure concurrencia de oferentes (competencia por el mercado); vi) El
ente regulador competente deberá verificar, antes de la apertura de la
licitación, que las ASE son indispensables para asegurar la viabilidad
financiera de la extensión de la cobertura a las personas de menores
ingresos".
También, la H. Corte Constitucional en Sala de Revisión de Tutelas, mediante
Sentencia No. T-021 de 20 de enero de 2005, indicó:
"Sin embargo, para que una entidad territorial pueda establecer un área de
servicio exclusivo, según el parágrafo primero del artículo 40 de la Ley 142
de 1994 y el artículo 4º del Decreto 891 de 2002, ésta debe, antes de dar
inicio a la respectiva licitación pública, solicitar a la Comisión de Regulación
de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA, la verificación de los motivos
que permiten la creación de este tipo de áreas, a partir de estudios que
demuestren que el establecimiento de las mismas constituye el mecanismo
más apropiado para asegurar la viabilidad financiera de la extensión de la
cobertura a las personas de menores ingresos".
Lo anterior, lleva a la conclusión de que sólo mediante áreas de servicio
exclusivo constituidas conforme con el procedimiento del artículo 40 de la Ley
142 de 1994, desarrollado por la Resolución CRA 151 de 2001 en sus artículos
1.2.1.1 y siguientes, es posible restringir el acceso a una zona geográfica a los
demás prestadores a favor de otro u otros.
En efecto, el artículo 15 de la Ley 142 de 1994 establece quiénes son las
personas autorizadas por la misma para la prestación de los servicios públicos
domiciliarios, citándose en primer lugar a las empresas de servicios públicos.
Teniendo en cuenta que Servicios Generales Empresa de Servicios Públicos de
Carácter Privado S.A. E.S.P. - SERVIGENERALES S.A. E.S.P. está constituida
como una empresa de servicios públicos, resulta evidente que la misma está
legitimada para prestar el servicio de aseo en el Distrito Capital, toda vez que
en el mismo no existen áreas de servicio exclusivo.
Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política, es el
Legislador quien debe formular las normas básicas relativas a la naturaleza, la
extensión y la cobertura del servicio público, su carácter de esencial, los sujetos
encargados de su prestación, las condiciones para asegurar la regularidad, la
permanencia, la calidad y la eficiencia en su prestación, las relaciones con los
usuarios, sus deberes y derechos, el régimen tarifario, y la manera como el
Estado ejerce la inspección, el control y la vigilancia para asegurar su prestación
eficiente y su regulación.
Entonces, es claro que la Constitución y la ley garantizan la libre competencia,
y es la misma ley la que establece que no se podrán exigir permisos previos ni
requisitos, que no estén contemplados en ella, por lo cual, no es posible que
esta Comisión ni ninguna otra autoridad, pueda exigir requisitos diferentes a los
que para el efecto establece la ley.
Es así como esta Comisión debe reiterar que tal cual como lo señaló en el acto
administrativo impugnado, como lo dispone el artículo 4 del Decreto 2668 de
1999, salvo motivos de orden técnico insalvables y debidamente verificados por
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, un prestador de
acueducto no puede negarse a suscribir un convenio de facturación conjunta
con un prestador de aseo, de suerte que en el evento en el que éstos no logren
ponerse de acuerdo, será la CRA quien, conforme lo previsto en la Resolución
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CRA 422 de 2007, previa solicitud de parte, fijará mediante acto administrativo,
las condiciones que deben regir el servicio de facturación conjunta.
Así las cosas, el argumento del recurso referido a que "LA RESOLUCIÓN CRA
639 DE 2013 DESCONOCE Y VULNERA EL DECRETO 564 DE 2012 Y EL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 017 DE 2012", no prospera.
"b) LOS LÍMITES DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE COMPETENCIA".
"(...) en el marco de sus competencias constitucionales y legales, la UAESP
propendiendo por garantizar la inclusión de la población recicladora, instituyó
un esquema transitorio y excepcional, mientras se lleva a cabo el
procedimiento señalado en el artículo 40 de la ley 142 de 1994.
Con todo, se respetó el núcleo esencial de la libertad de empresa, en el
sentido que el actual esquema es transitorio, y más aún, el esquema
transitorio integra participación publico privada de empresas caracterizadas
por su solidez financiera y prestación con calidad, que fueron seleccionadas
por su trayectoria en la prestación de servicios públicos, y para promover la
inclusión de la población recicladora desde antes que se lleve a cabo el
procesos (sic) de concesión de áreas de servicio exclusivo en el Distrito
Capital."
En este orden, se reitera que tanto la Constitución como la Ley consagran la
libre competencia, la cual sólo puede ser restringida por las causas señaladas
en la Ley.
Por lo anterior, es deber legal de la Comisión continuar adelantado las
actuaciones administrativas de facturación conjunta solicitada, pues como ya se
dijo, en el Distrito no hay áreas de servicio exclusivo, lo cual significa entonces
que en el Distrito rige la regla general de prestación del servicio en libre
competencia y que dentro de dicho esquema, es obligación de las empresas
prestadoras de servicios públicos domiciliarios celebrar convenios de
facturación conjunta con los prestadores de los servicios de saneamiento
básico, como es el caso del servicio de aseo, siempre que no existan razones
técnicas insalvables, debidamente justificadas ante la Superintendencia de
Servicios Públicos.
Así las cosas, teniendo en cuenta que Servicios Generales Empresa de
Servicios Públicos de Carácter Privado S.A. E.S.P. - SERVIGENERALES S.A.
E.S.P., presentó ante la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico, solicitud de imposición de facturación conjunta en los
términos del Decreto 2668 de 1999 y la Resolución CRA 422 de 2007, la Entidad
debía adelantar el trámite correspondiente y culminarlo con la decisión de fondo,
que correspondía en derecho.
Lo anterior lleva a la conclusión de que sólo mediante áreas de servicio
exclusivo constituidas conforme con el procedimiento del artículo 40 de la Ley
142 de 1994, desarrollado por la Resolución CRA 151 de 2001 en sus artículos
1.2.1.1 y siguientes, es posible restringir el acceso a una zona geográfica a los
demás prestadores a favor de otro u otros.
Entonces es claro que la normatividad vigente garantiza la libre competencia, y
dispone que no se podrán exigir permisos previos ni requisitos, que no estén
establecidos en la Ley, por lo cual, no es posible que esta Comisión ni ninguna
otra autoridad, pueda exigir requisitos diferentes a los que para el efecto
establece la Ley 142 de 1994.
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Aunado a lo anterior, es importante agregar que una empresa de aseo puede
escoger libremente con quién quiere suscribir el convenio de facturación
conjunta, pudiendo hacerlo con una empresa que preste el servicio de energía,
o de gas o de acueducto, pues se reitera que de conformidad con el Decreto
2668 de 1999 es obligatorio para las entidades prestadoras de servicios
públicos domiciliarios Facturar los servicios de alcantarillado y aseo, como
también suscribir el convenio de facturación conjunta, salvo que existan razones
técnicas Insalvables comprobables que justifiquen la imposibilidad de hacerlo.
Ahora bien, si la empresa de aseo escoge suscribir el convenio de facturación
conjunta con una empresa del servicio de acueducto, es claro que para el
trámite de dicha actuación, las partes deberán cumplir con lo dispuesto por la
Resolución CRA 151 de 2001 modificada y adicionada por la Resolución CRA
422 de 2007, y en caso de no lograr la suscripción de dicho convenio, acudir
ante la CRA, para que se impongan las condiciones que deben regir dichos
convenios.
La celebración de los convenios de facturación conjunta, se constituye en un
instrumento para que se facturen los servicios de saneamiento básico (aseo y
alcantarillado), con otro servicio que en caso de no pago, pueda ser suspendido,
con el fin de acrecentar las posibilidades de recaudo de los servicios de
saneamiento básico. Así las cosas, es derecho de las empresas prestadoras de
los servicios de saneamiento básico (aseo y alcantarillado), contar con un
convenio de facturación conjunta que le permita ésta (sic) posibilidad de cobro,
pues no tenerlo, la podría poner en desventaja frente a otros operadores de
aseo que si (sic) lo tienen, por lo cual, no puede ser cercenada en dicho
derecho.
En este orden de ideas, resulta importante recalcar sobre la relevancia del
hecho que en un mercado en competencia, no contar con el convenio de
facturación conjunta crea una desventaja comparativa con los demás
prestadores de dicho mercado, en tanto no le impide prestar el servicio pero le
dificulta el cobro y recaudo del precio del servicio y la exigibilidad del pago solo
se haría por vía judicial, lo que de suyo le implica un desgaste en su imagen
ante sus usuarios, lo cual puede ser aprovechado por aquellos prestadores que
si cuenten con dicho convenio.
Por todo lo expuesto, la facturación conjunta es un tema de orden legal que se
encuentra debidamente reglamentado y regulado y, por ende, se convierte de
obligatorio cumplimiento para todas las empresas prestadoras de los servicios
de acueducto, alcantarillado y aseo, como es el caso de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. - EAAB E.S.P. - No puede olvidar
dicha empresa que el artículo 3º de la Ley 142 de 1994 establece que "Todos
los prestadores quedarán sujetos, en lo que no sea incompatible con la
Constitución o con la ley, a todo lo que esta Ley dispone para las empresas y
sus administradores y, en especial, a las regulaciones de las Comisiones.".
(Negrilla y subrayado fuera de texto).
En mérito de todo lo expuesto, el argumento de la empresa referido a "b) LOS
LÍMITES DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE COMPETENCIA", no prospera
"III.- VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO POR INDEBIDA NOTIFICACIÓN DE
LA RESOLUCIÓN CRA No. 639 DE 2013.
IV.- VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL".
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Si bien estos dos argumentos fueron expuestos por el apoderado de la
recurrente en dos numerales diferentes, el análisis de esta Comisión respecto
de los mismos se expondrá de manera conjunta, teniendo en cuenta que ambos
se refieren a la supuesta vulneración del derecho y principio del debido proceso
por indebida notificación de la resolución impugnada.
En este punto afirmó el apoderado de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Bogotá E.S.P. que "El artículo 68 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo regula la forma como debe llevarse a cabo
la citación para la notificación personal de los actos administrativos señala que:
"...el envío de la citación se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la
expedición del acto, y de dicha diligencia se dejará constancia en el expediente."
(Negrilla y cursiva fuera de texto).
Así mismo, expuso: "Sin lugar a duda, el término de citación del artículo 68 de
la Ley 1437 de 2011, es de orden público y aplicación preferencial, amparado
por el marco constitucional previsto en los incisos 10. Y 2°. Del artículo 29 de la
Constitución Nacional al exigir la aplicación del DEBIDO PROCESO en toda
actuación judicial o ADMINISTRATIVA y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio".
Para analizar los presentes argumentos, es importante señalar que el artículo
29 de la Constitución Política de 1991 establece que:
"Articulo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. (...)".
En concordancia con lo anterior, el artículo 209, ibidem señala que: "La función
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la
delegación y la desconcentración de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en
todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos
que señale la ley (...)".
Ahora, en lo relativo al deber y forma de la notificación personal, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el artículo
66 establece: "Los actos administrativos de carácter particular deberán ser
notificados en los términos establecidos en las disposiciones siguientes".
Es así como, en lo que refiere a la notificación personal, el artículo 67 del mismo
Código, dispone que:
"Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa se
notificarán personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la
persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse.
En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia integra,
auténtica y gratuita del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora,
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los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben
interponerse y los plazos para hacerlo.
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación
(...)".
El artículo 68 ibidem señala que: "Si no hay otro medio más eficaz de informar
al interesado, se le enviará una citación a la dirección, al número de fax o al
correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro
mercantil, para que comparezca a la diligencia de notificación personal. El envió
de la citación se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del
acto, y de dicha diligencia se dejará constancia en el expediente (...)".
Y más adelante, en el artículo 69, se prevé que: "Si no pudiere hacerse la
notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta
se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al
correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro
mercantil, acompañado de copia integra del acto administrativo. El aviso deberá
indicar la Fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los
recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben
interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se
considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el
lugar de destino".
Pues bien, en concordancia con las normas del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señaladas anteriormente que
establecen el deber de la administración de notificar personalmente o en su
defecto por aviso las decisiones que pongan fin a una actuación administrativa,
la Corte Constitucional ha determinado respecto a las notificaciones, lo
siguiente:
"9. Dentro del contexto de las actuaciones administrativas como etapas del
proceso administrativo que culminan con decisiones de carácter particular,
la notificación, entendida como la diligencia mediante el cual se pone en
conocimiento de los interesados el contenido de los actos que en ellas se
produzcan, tiene como finalidad garantizar los derechos de defensa y de
contradicción como nociones integrantes del concepto de debido proceso a
que se refiere el artículo 29 de la Constitución Política. En efecto, la
notificación permite que la persona a quien concierne el contenido de una
determinación administrativa la conozca, y con base en ese conocimiento
pueda utilizar los medios jurídicos a su alcance para la defensa de sus
Intereses. Pero más allá de este propósito básico, la notificación también
determina el momento exacto en el cual la persona interesada ha conocido
la decisión, y el correlativo inicio del término preclusivo dentro del cual puede
interponer los recursos para oponerse a ella. De esta manera, la notificación
cumple dentro de cualquier actuación administrativa un doble propósito: de
un lado, garantiza el debido proceso permitiendo la posibilidad de ejercer los
derechos de defensa y de contradicción, y de otro, asegura los principios
superiores de celeridad y eficacia de la función pública al establecer el
momento en que empiezan a correr los términos de los recursos y acciones
que procedan en cada caso. También la notificación da cumplimiento al
principio de publicidad de la función pública.
Por todo lo anterior no es constitucionalmente indiferente cómo el legislador
regula la forma en la cual deben cumplirse las notificaciones dentro de las
actuaciones administrativas que culminan con decisiones de carácter
particular. Una deficiente regulación al respecto, que impida que los
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administrados conozcan efectivamente el contenido de las decisiones que
les incumben, atenta directamente contra sus derechos fundamentales,
concretamente contra los de defensa y contradicción involucrados en la
noción de debido proceso, Pero además, una deficiente regulación de la
notificación, que arroje incertidumbre sobre el momento en el cual queda
surtida o sobre el real conocimiento del acto por parte de los posibles
afectados por su contenido, Impide que los actos administrativos cobren
firmeza, con lo cual la celeridad y eficacia de la función pública, amén de la
publicidad de la misma, quedan comprometidas." (Subrayado y negrilla fuera
del texto)".
De lo trasuntado anteriormente, se colige que la notificación de las decisiones
que ponen fin a las actuaciones administrativas es la oportunidad de dar a
conocer al interesado el contenido de dichas decisiones y que de esa manera
pueda utilizar los mecanismos jurídicos que considere pertinentes para
oponerse a ellos de conformidad con las normas vigentes, garantizando el
debido proceso administrativo en cuanto al derecho de defensa y dando
cumplimiento a los principios de publicidad, celeridad y eficacia que deben regir
la función pública.
Es así como "Las actuaciones administrativas constituyen la etapa del
procedimiento administrativo que antecede al acto administrativo.
Posteriormente a esta etapa viene la comunicación, publicación o notificación
de tal acto y luego el trámite de los recursos, llamado también vía gubernativa.
Las actuaciones administrativas vinieron a ser reguladas por primera vez en el
C.C.A., ante la necesidad sentida de establecer unas normas que se refirieran
a la actividad de la Administración previa al acto administrativo. Esta etapa
previa de formación del acto administrativo no había sido hasta entonces objeto
de regulación específica, pues las leyes anteriores se limitaban a establecer las
normas para impugnar tales actos mediante la llamada vía gubernativa.
(Subrayas y negrillas fuera de texto).
Establecido lo anterior y de cara al argumento expuesto en el recurso, en lo que
se refiere al debido proceso, como se citó anteriormente en el artículo 29 de la
Constitución Política de Colombia, señala que cuenta con las siguientes
características: "
• Es de rango constitucional.
• Involucra todas las garantías propias del derecho al debido proceso
en general: los derechos de defensa, contradicción y controversia probatoria,
el derecho de impugnación, y la garantía de publicidad de los actos de la
Administración.
• No existe solamente para impugnar una decisión de la
Administración, sino que se extiende durante toda la actuación administrativa
que se surte para expedirla, y posteriormente en el momento de su
comunicación e impugnación. Debe responder no sólo a las garantías
estrictamente procesales, sino también a la efectividad de los principios que
informan el ejercicio de la función pública, como los son los de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.
• La adecuada notificación de los actos administrativos de carácter
particular tiene especial importancia para garantizar el derecho al debido
proceso administrativo, y los principios de publicidad y de celeridad de la
función administrativa.
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• Se trata de un derecho subjetivo que está relacionado con la facultad
que tienen las personas interesadas en una decisión administrativa de exigir
que su adopción se someta a un proceso dentro del cual asegure la vigencia
de los derechos constitucionales de contradicción, impugnación y publicidad.
Es así como debe entenderse que los derechos de defensa, contradicción y
publicidad, que conforman la noción de debido proceso, deben considerarse
como garantías constitucionales que deben presidir toda actividad o actuación
de la administración, en cualquiera de sus etapas, es decir desde la iniciación
misma de cualquier procedimiento administrativo hasta su conclusión, cobijando
a todas las personas que puedan resultar obligadas en virtud de lo resuelto por
la Administración.
Aunado a lo anterior, se debe destacar que los actos administrativos de carácter
particular deben ser notificados, para lo cual, la administración debe ponerlos
en conocimiento de sus destinatarios, con el fin, no sólo de que éstos se enteren
de su contenido y los observen, sino que, además, permita impugnarlos a través
de los correspondientes recursos, como sucede en el caso en estudio.
En razón a lo anterior, la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico expidió la Resolución CRA 639 de 2013, "Por la cual se
imponen las condiciones que deben regir el servicio de facturación conjunta del
servicio público de aseo entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá E.S.P. EAAB E.S.P. y Servicios Generales Empresa de Servicios
Públicos de Carácter Privado S.A. E.S.P. SERVIGENERALES S.A. E.S.P."., y
mediante radicados CRA 2013-211- 003108-1 y 2013-211-003107-1 de 19 de
junio de 2013 fueron enviadas las respectivas citaciones para notificación
personal tanto a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P -
EAAB E.S.P., como a Servicios Generales Empresa de Servicios Públicos de
Carácter Privado S.A. E.S.P. - SERVIGENERALES S.A. E.S.P.; en dichas
citaciones se estableció lo siguiente:
"El artículo segundo de la Resolución CRA 639 de 2013, ordena lo siguiente:
"NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución al
representante legal de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P. EAAB E.S.P. o a quien haga sus veces, así como así como al
representante legal de Servicios Generales Empresa de Servicios Públicos
de Carácter Privado S.A. E.S.P. - SERVIGENERALES S.A. E.S.P. o a quien
haga sus veces, entregándoles copia Integra, auténtica y gratuita de la
misma, y advirtiéndoles que contra ella sólo procede el recurso de reposición
ante la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, el
cual deberá ser interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a
la fecha de su notificación, conforme lo establece el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
"Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
de envío de la citación, esta se hará por medio de aviso, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo".
En consecuencia, nos permitimos solicitarle acercarse a las instalaciones de
esta Comisión de Regulación, ubicadas en la camera 12 No. 97-80 Piso 2,
de la ciudad de Bogotá D.C., a más tardar el quinto (5°) día hábil siguiente al
envío de la presente comunicación, a fin de notificarle personalmente el acto
administrativo mencionado.
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Si al finalizar el término indicado, usted, o su apoderado debidamente
autorizado no se han hecho presentes, la notificación se hará por medio de
aviso, que se entenderá surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega
del mismo en el lugar de destino, de conformidad con el procedimiento
establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo".
La mencionada notificación se llevó a cabo según lo establecido en el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en cuanto
al deber y la forma de la notificación personal, y el contenido de ésta (artículo
67), tanto así que como quiera que ninguno de los representantes legales de
las empresas referidas se notificaron personalmente de la Resolución CRA 639
de 2013, dentro del término legal para ello, en acatamiento de lo dispuesto por
el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, se procedió a notificar dicho acto a través
de avisos remitidos a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P. mediante radicado CRA 2013-211-003360-1 de 4 de julio de 2013, y a
Servicios Generales Empresa de Servicios Públicos de Carácter Privado S.A.
E.S.P. SERVIGENERALES S.A. E.S.P. por medio de comunicación CRA 2013-
211-003490-1 de 10 de julio de 2013, informándoles que contra la misma
procedía el recurso de reposición, el cual debía interponerse ante esta Comisión
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, la cual se
entendería surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el
lugar de destino.
De conformidad con lo antes visto respecto de las notificaciones, debe
entenderse que para que la decisión tomada por la administración pueda
producir los efectos jurídicos mencionados, resulta necesario que la misma
haya sido puesta en conocimiento del interesado o afectado.
Ahora bien, el acto administrativo que cumpla con los elementos esenciales es
válido desde el momento de su creación unilateral por parte de la
Administración; diferente será lo relativo a su eficacia, la cual se requiere para
empezar a contar los términos de prescripción, caducidad y pérdida de fuerza
ejecutoria del acto administrativo válidamente expedido. Es así como sólo a
partir del momento en que el acto administrativo sea eficaz, esto es, que se
haya surtido su notificación, será oponible frente a terceros y, por ende, es sólo
a partir de dicha fecha que se pueden empezar a contar los términos para su
ejecutabilidad, quedando claro que la publicidad de un acto administrativo no es
requisito para su validez, solo constituye un requisito de eficacia del mismo, este
no será obligatorio para los particulares hasta tanto no se da a conocer.
Sobre la notificación, ha establecido la jurisprudencia de la H. Corte
Constitucional en la Sentencia C- 1114 de 2003, lo siguiente:
"La notificación es el acto material de comunicación por medio del cual se
ponen en conocimiento de las partes o terceros interesados los actos de
particulares o las decisiones proferidas por la autoridad pública. La
notificación tiene como finalidad garantizar el conocimiento de la existencia
de un proceso o actuación administrativa y de su desarrollo, de manera que
se garanticen los principios de publicidad, de contradicción y, en especial, de
que se prevenga que alguien pueda ser condenado sin ser oído. Las
notificaciones permiten que materialmente sea posible que los interesados
hagan valer sus derechos, bien sea oponiéndose a los actos de la
contraparte o impugnando las decisiones de la autoridad, dentro del término
que la ley disponga para su ejecutoria. Sólo a partir del conocimiento por las
partes o terceros de las decisiones definitivas emanadas de la autoridad,
comienza a contabilizarse el término para su ejecutoria...".
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Así las cosas, se observa que si bien es cierto dentro de la presente actuación
no se envió la citación para notificación personal dentro de los cinco (5) días
siguientes a su expedición, no es menos cierto que la notificación de la decisión
sí se produjo de conformidad con las ritualidades que exige el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo cual, la
Resolución CRA 639 de 2013, es válida desde su expedición, y empezó a
producir efectos desde el momento de su notificación.
Por lo expuesto, el hecho señalado por la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá E.S.P - EAAB E.S.P. no invalida la actuación, pues lo
cierto del caso es que la notificación se produjo en debida forma tanto a la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P - EAAB E.S.P. como
a Servicios Generales Empresa de Servicios Públicos de Carácter Privado S.A.
E.S.P. SERVIGENERALES S.A. E.S.P., tal como consta en las respectivas
constancias de notificación por aviso que se hizo a ambas empresas.
Es necesario señalar, además, que la falta de notificación o la notificación
irregular de los actos administrativos, no es una causal de nulidad de los mismos
conforme a nuestro ordenamiento, sino un requisito de eficacia y oponibilidad.
Así las cosas, una vez se produjo la notificación de la Resolución CRA 639 de
6 de mayo de 2013 a las partes, ésta empezó a producir los respectivos efectos.
Aunado a lo anterior y en orden al escrito de la recurrente, la notificación de la
Resolución CRA 639 de 2013, se surtió en debida forma, con fecha cierta y
permitió hacer uso de los medios jurídicamente idóneos para la salvaguarda de
los intereses de las partes, tanto así, que la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. - EAAB E.S.P. interpuso reposición contra la
misma, que hoy es objeto de estudio en el presente acto administrativo.
Es por todo lo anterior, que el planteamiento de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. - EAAB E.S.P., resulta insustancial en la
presente actuación, teniendo en cuenta que no existe repercusión alguna en las
posibilidades de defensa ni mucho menos se perturbó el curso normal del
proceso, aun mas, para que los actos que ponen fin a las actuaciones
administrativas tengan vocación de ejecutoria, es requisito indispensable que el
mismo esté en posibilidad de producir efectos jurídicos y sólo cumplen tal
condición las decisiones de la Administración que han sido dadas a conocer a
los interesados a través del medio y condiciones de fondo y forma previstas en
la ley para el efecto, como ocurrió en el presente caso.
Finalmente, no está de más señalar que de conformidad con el artículo 72 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, si
la notificación se realiza "Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá
por hecha la notificación, ni producirá efectos legales la decisión, a menos que
la parte interesada revele que conoce el acto, consienta la decisión o interponga
los recursos legales". (Subraya fuera de texto). Dicha situación se presentó ante
la interposición del recurso de reposición mediante radicado CRA 2013-321-
003326-2 de 22 de julio de 2013, que hoy nos ocupa.
Respalda lo anterior, la tesis acogida por el Consejo de Estado, en donde
señaló:
"...La falta de notificación del acto administrativo conlleva su ineficacia, que
consiste en la imposibilidad de producir los efectos para los cuales se profirió,
en consideración a que la publicidad del acto administrativo es un requisito
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indispensable para que las decisiones administrativas sean obligatorias. Así
lo ha señalado la Sala con sustento en lo dispuesto en el CCA: "La falta de
notificación o la notificación irregular de los actos administrativos, fenómenos
que tienen efectos equivalentes según lo preceptuaba el Decreto
Extraordinario N° 2733 de 1959 y lo dispone hoy el Decreto Extraordinario
N° 01 de 1984, no es causal de nulidad de los mismos; en efecto, dicha
notificación es necesaria, cuando así lo señala la ley (y lo hace para todos
los actos administrativos de contenido particular que hayan culminado una
actuación administrativa), como una condición de su eficacia; es decir en
tanto constituye una de las etapas del procedimiento que tiene por objeto dar
firmeza a la decisión administrativa, la cual -a su tumo- es requisito necesario
para su ejecución válida. En otros términos, la notificación del acto
administrativo no dice relación con su validez jurídica la cual no sufre
variación por el hecho de que se haya cumplido con la obligación de
notificarlo legalmente o se haya prescindido de dicha diligencia; el acto
administrativo que nació viciado no se sanará porque, con posterioridad, se
notifique legalmente; y al revés, el acto que nace válido no pierde validez
porque se deje de notificar o porque la notificación sea irregular. Es una
simple aplicación del principio según el cual el examen de validez jurídica de
los actos administrativos que hace el contralor jurisdiccional se debe
efectuar, por regla general, en el momento de su nacimiento, de modo que
las circunstancias posteriores no afectan una situación inicial...".
En consecuencia, los argumentos de la empresa recurrente analizados en este
punto, no prosperan.
Abogacía de la competencia.
De conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 "Por
medio de la cual se dictan normas en materia de protección a la competencia",
"(...) la Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto previo
sobre los proyectos de regulación estatal que puedan tener incidencia sobre la
libre competencia en los mercados. Para estos efectos las autoridades de
regulación informarán a la Superintendencia de Industria y Comercio de los
actos administrativos que se pretendan expedir (...)".
El artículo 4 del Decreto 2897 de 2010, "Por el cual se reglamenta el artículo 7
de la Ley 1340 de 2009", contempla las excepciones al deber de informar sobre
los proyectos de regulación a la Superintendencia de Industria y Comercio.
En relación con las excepciones contenidas en el mencionado artículo, en el
numeral 3 se dispone que no se requerirá informar a la Superintendencia de
Industria y Comercio sobre un proyecto de regulación "Cuando se trate de un
acto de carácter particular y concreto que tenga por finalidad resolver un
conflicto entre empresas."
Lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 4 del
citado Decreto, que señala: "En cualquiera de los anteriores eventos la
autoridad de regulación deberá dejar constancia expresa en el acto
administrativo de la razón o razones que sustentan la excepción que invoca
para abstenerse de informar a la Superintendencia de Industria y Comercio
sobre el proyecto".
En mérito de lo expuesto, la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico,
RESUELVE:
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ARTÍCULO 1º. CONFIRMAR íntegramente la Resolución CRA 639 de 6 de
mayo de 2013 "Por la cual se imponen las condiciones que deben regir el
servicio de facturación conjunta del servicio público de aseo entre la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. - EAAB E.S.P. y Servicios
Generales Empresa de Servicios Públicos de Carácter Privado S.A. E.S.P. -
SERVIGENERALES S.A. E.S.P.", de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente resolución.
ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente
resolución al representante legal de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.- EAAB E.S.P.-, doctor Alberto
Merlano Alcocer o a quien haga sus veces, así como a la representante legal
de SERVICIOS GENERALES EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
CARÁCTER PRIVADO S.A. E.S.P. - SERVIGENERALES S.A. E.S.P., doctora
Mayda Johana Forero o a quien haga sus veces, informándoles que contra la
misma no procede ningún recurso.
De no poder hacerse la notificación personal, ésta se hará por medio de aviso,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO 3º.- COMUNICAR el contenido de la presente resolución a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para lo de su
competencia.
ARTÍCULO 4°. VIGENCIA La presente Resolución rige desde la fecha de su
notificación.
NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE”
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
Como normas infringidas, la demandante señaló los artículos 2 y 13 del Decreto nro.
564 de 2012 y el artículo 68 del CPACA.
Como cargos, expuso los siguientes:
1.3.1. En el primero, que denominó como “Las Resoluciones CRA 639 de 2013 y
CRA 653 de 2013 fueron expedidas con desconocimiento de la vigencia y
vinculación del Decreto 564 de 2012, especialmente lo dispuesto en su artículo 2°”,
Indicó que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 del Decreto nro. 564 de 2012,
a partir del 18 de diciembre de 2012 y una vez finalizados los contratos de
concesión, el Distrito de Bogotá, a través de la Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos, asumió el deber de prestar de manera eficiente el servicios de
aseo en la ciudad, adoptando de forma transitoria un esquema diferente al de las
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áreas de Servicios Exclusivo ( en adelante ASE). Sin embargo, la CRA desconoció
la vigencia, legalidad y obligatoriedad de dicha norma respecto de EAAB, ya que en
los actos acusados estableció que el Distrito Capital se regía por un sistema de libre
competencia en el servicio de aseo desde el 2011; esto, en razón a que la Corte
Constitucional, mediante auto nro. 275 del 19 de diciembre de 2011, dejó sin efectos
la Licitación Pública nro. 001 de 2011, así como todas las decisiones relacionadas
con dicho proceso.
Resaltó que la autoridad acusada no debió desestimar el Decreto nro. 564 de 2012,
pues este busca restablecer los derechos de un grupo marginal de la población
como son los recicladores. Por esa razón, es que procede la nulidad de las
resoluciones impugnadas.
1.3.2. Por otro lado, formuló el cargo de “La Resolución CRA 639 de 2013 y CRA
653 de 2013 fueron expedidas desconociendo la vigencia y legalidad del artículo 13
del Decreto nro. 564 de 2012”. Señaló que, de acuerdo con el artículo 13 del Decreto
nro. 564 de 2012, es necesario que, previo a celebrar un convenio de facturación
conjunta, se cumpla con lo dispuesto en ese Decreto, ya que está revestido de
presunción de legalidad; es decir, la empresa interesada tenía que acreditar la
suscripción de un contrato con el Distrito Capital para la prestación del servicio de
aseo. Aspecto que debió ser acatado y la CRA se encontraba en la obligación de
darle cumplimiento cuando expidió las decisiones acusadas, debido a que se estaba
resolviendo una situación jurídica de una entidad Distrital, como es la EAAB.
1.3.3. Por último, propuso el de “Violación al debido proceso por indebida
notificación de la Resolución Nro. CRA 639 de 2013”. Mencionó que el artículo 68
del CPACA reguló la forma en que debía llevarse a cabo la notificación personal de
los actos administrativos.
Afirmó que recibió el 21 de junio de 2013 la Comunicación CRA nro.
20132110031081, en la que se le solicitó acercarse ante la CRA con el fin de
notificarle personalmente la Resolución nro. 639 de 2013. No obstante, al no poder
acudir el Gerente de la EAAB, el acto quedó notificado mediante aviso del 5 de julio
de 2013.
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Resaltó que, el acto acusado había sido proferido el 6 de mayo de 2013, pero fue
puesto en conocimiento hasta el 21 de junio del mismo año, es decir, treinta y seis
(36) días hábiles después. Por lo que se incumplió lo previsto en el artículo 68 del
CPACA, el cual exige que dicho trámite se haga dentro de los cinco (5) días
siguientes a su expedición. Por lo tanto, con la demora se invalidó la notificación y
se vulneró el derecho al debido proceso.
Manifestó que lo mismo sucedió con la Resolución nro. 653 de 2013, que fue emitida
el 24 de septiembre de 2013 y notificada hasta el 18 de octubre de 2013.
Expuso que, el único facultado contractualmente para realizar la facturación del
servicio de aseo en la Ciudad de Bogotá es la EAAB, que, desde diciembre de 2012,
viene efectuando la labor. Lo que evidencia que las Resoluciones CRA nro. 639 y
653 de 2013, deben ser declaradas nulas.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
2.1. Por su parte la CRA y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (en
adelante MVCT), bajo los mismos argumentos, se pronunciaron sobre el libelo
introductorio mediante memoriales del 11 de diciembre de 2015 y 19 de julio de
20192, solicitando que se negaran las pretensiones, debido a que carecían de
fundamento de hecho y de derecho. En lo que tiene que ver con la petición a título
de restablecimiento del derecho, indicaron que no era procedente, pues no ha
desconocido el contenido del Decreto nro. 564 de 2012.
2.1.1. Mencionaron que, de acuerdo con los datos recopilados en el expediente
administrativo, como fueron los análisis de la información y las pruebas allegadas,
la CRA resolvió fijar las condiciones que debían regir el servicio de facturación
conjunta del servicio de aseo entre Servigenerales S.A. ESP y EAAB y para adoptar
la decisión tuvieron las siguientes consideraciones:
2 Ibidem.
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A. Las normativas constitucionales y legales establecieron que una empresa de
acueducto solo puede negarse a suscribir un convenio de facturación conjunta si
existen razones técnicas insalvables que hayan sido comprobadas y acreditadas
por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por lo que el argumento
que en su momento la EAAB utilizó para negar la solicitud de Servigenerales S.A.
ESP, no es la única excepción que prevé la Ley.
B. Resaltaron que, si bien una compañía no está prestando el servicio de aseo en
cierto municipio, no es motivo para impedirle que requiera la facturación conjunta
con la empresa de acueducto local. Además, si no logran llegar a un acuerdo,
pueden acudir ante la CRA para que esta imponga las condiciones que rige la labor.
C. Expusieron que la falta de catastro de usuarios por parte del prestador solicitante
no era un motivo válido para rechazar la petición de facturación conjunta, ya que la
empresa puede usar el del concedente asumiendo el costo. Además, tampoco es
necesario tener contrato con la EAAB o la Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos (en adelante UAESP).
D. El hecho de no contar con un convenio de facturación conjunta crea una
desventaja comparativa con las demás prestadoras, pues le dificulta el cobro y
recaudo del precio del servicio y la exigibilidad del pago solo sería por vía judicial.
E. El único mecanismo para limitar la competencia en servicios públicos de acuerdo
con la Ley 142 de 1994 es el ASE.
F. En Bogotá existe la libre entrada al mercado al no existir ASE. Además, el
Decreto nro. 564 de 2012 reconoció la necesidad de seguir el trámite ante la CRA
para constituir dichas zonas conforme al artículo 40 ibidem.
2.1.2. Se pronunciaron sobre los cargos formulados en el libelo introductorio.
Indicaron que no era posible aceptar el argumento de que el régimen de los servicios
públicos ha venido experimentando transformaciones en los últimos años, las cuales
le otorgaron primacía a una interpretación armónica entre normas sustanciales,
formales y doctrina constitucional por encima de los mandatos legales.
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Por lo tanto, la CRA rechazó la postura que asumió el actor, que justificó su omisión
al negar la suscripción de un convenio de facturación conjunta, basándose en
decisiones de la Corte Constitucional que se relacionan con la inclusión de la
población recicladora. Lo cual no es aceptable, debido a que la solicitud presentada
por Servigenerales S.A. ESP no tiene relación con el tema de recicladores.
Asimismo, mencionaron que los actos acusados no podían leerse ni interpretarse
desconociendo las normas de la Constitución Política, la Ley 142 de 1994, el
Decreto nro. 2668 de 1999 y 1987 de 2000, pues estas buscan garantizar la
prestación continua y eficiente de los servicios públicos, evitar el abuso de la
posición dominante, proteger los derechos fundamentales como la igualdad y el
trabajo y asegurar que las empresas prestadoras permitan el acceso a los bienes
necesarios para la prestación del servicio, conforme a la función social de la
propiedad.
Posteriormente, manifestaron que, en lo que respecta a la Licitación Pública nro.
001 adelantada por la UAESP, el 9 de febrero de 2011 expidió la Resolución CRA
541, “Por la cual se decide la solicitud de verificación de la existencia de motivos
que permitan la inclusión de cláusulas de áreas de servicio exclusivo en los
contratos de concesión que se suscriban para la prestación del servicio público de
aseo en Bogotá Distrito Capital”, la cual quedó sin efectos con ocasión del auto nro.
275 de 2011 de la Corte Constitucional. Por lo tanto, desde el 16 de septiembre de
2011 no existen ASE en Bogotá, es decir, que el esquema que se aplica es el de
libre competencia, lo que significa que puede entrar cualquier prestador a atender
el mercado del servicio público de aseo.
Informaron que la UAESP el 8 de mayo de 2012 desistió de la solicitud de
verificación de motivos para incluir las ASE en el Distrito Capital en los contratos de
concesión del servicio de aseo.
Resaltaron que no era posible fundarse en el auto 275 de 2011 de la Corte
Constitucional para desconocer las competencias y funciones legales de las
actuaciones administrativas, como es el caso de la facturación conjunta.
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Sostuvieron que cualquiera de las personas señaladas en el artículo 15 de la Ley
142 de 1994, podía prestar el servicio de aseo en Bogotá y, por ende, tenía la
posibilidad de solicitar la facturación conjunta a EAAB. Pero, en caso de que no
llegaran a un acuerdo sobre la materia, acudirían ante la CRA, para que dispusiera
sobre las condiciones que debían regir el servicio.
Expusieron que los actos acusados no vulneraban el Decreto nro. 564 de 2012,
pues estaban fundados en normas de rango nacional; además, respetaban los
derechos a la igualdad, debido proceso, trabajo, libre competencia y prestación
eficiente de servicios públicos.
2.1.3. Posteriormente, trajeron a colación el marco legal y constitucional que rige la
facturación conjunta, para señalar que solo a través de la ley se podrán establecer
límites a la libre competencia; tal como sucede en la Ley 142 de 1992 que, respecto
de los servicios públicos, creó como única limitante las ASE.
Precisaron que la Resolución nro. 151 de 2001 reguló en su artículo 1.3.7. el
proceso que debe acoger la entidad territorial para implementar dicha zona, y esto
incluye acreditar las condiciones previas para celebrar los contratos, previstas en el
artículo 5 ibidem, y la presentación de estudios que justifiquen que esa figura es el
mecanismo más adecuado para garantizar la viabilidad financiera y ampliar la
cobertura a usuarios de menores ingresos, lo cual será verificado por la CRA. Sin
embargo, la ciudad de Bogotá no ha agotado los requisitos para que se pudiera
hablar de ASE.
Afirmaron que la normativa vigente para el servicio público de aseo garantiza la libre
competencia y prohíbe exigir permisos o requisitos no contemplados en el Ley 142
de 1994, es decir, que ninguna autoridad puede imponer condiciones distintas a las
establecidas en dicha norma.
Reiteraron que el Decreto nro. 564 de 2012 no establece una exclusividad en la
prestación del servicio público de aseo en Bogotá, D.C., pues en su artículo 4
reconoce la necesidad de continuar ante la CRA el trámite de constitución de las
ASE, regulado en el artículo 40 de la Ley 142 de 1994, ya que es la única medida
para crear el efecto de restricción del servicio público de aseo.
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Mencionaron que Servigenerales S.A. ESP presentó ante la CRA la solicitud de
imposición de facturación conjunta en los términos del Decreto nro. 2668 de 1999 y
la Resolución CRA 422 de 2007, por lo que la autoridad adelantó el trámite
correspondiente y resolvió de fondo, todo ello acatando la norma pertinente.
2.1.4. Frente al auto expedido por la Corte Constitucional, dijeron que la actora
partía de premisas equivocadas, debido a que el proveído 275 no estableció que el
Distrito estaba en la obligación de regular un esquema transitorio, sino por el
contrario, previó que dicha entidad, en mecanismo de libre competencia u otro
legalmente posible para los componente de reciclaje, tratamiento y
aprovechamiento, coordinara con otros modelos de operación, como es la
concesión de ASE, con el fin de garantizar que la comunidad marginada prestara el
servicio público de aseo.
Resaltaron que la orden no exigía que la prestación de las actividades de
aprovechamiento y reciclaje fueran exclusivas, sino, por el contrario, eran
actividades que podían ir en libre competencia o mediante contratos de prestación
de servicio. Por lo tanto, no es viable usar como fundamento el auto de la alta corte
para desconocer las competencias y funciones relacionadas con el inicio y trámite
de las actuaciones administrativas, como es el caso de la facturación conjunta, ya
que todo debe ser resuelto de acuerdo con el marco legal vigente.
2.1.5. Sobre la vulneración del derecho al debido proceso, señalaron que, con los
radicados CRA 2013-211-003108-1 y 2013-211-0031071 de 19 de junio de 2013,
fueron enviadas las citaciones para notificar personalmente a EAAB y a
Servigenerales S.A ESP de la Resolución nro. 639 de 2013, en estas se estableció
lo siguiente:
“La mencionada notificación se llevó a cabo según lo establecido en el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en cuanto
al deber y la forma de la notificación personal, y el contenido de ésta (artículo
67), tanto así que como quiera que ninguno de los representantes legales de
las empresas referidas se notificaron personalmente de la Resolución CRA 639
de 2013, dentro del término legal para ello, en acatamiento de lo dispuesto por
el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, se procedió a notificar dicho acto a través
de avisos remitidos a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P. mediante radicado CRA 2013-211-003360-1 de 4 de julio de 2013, y a
Servicios Generales Empresa de Servicios Públicos de Carácter Privado S.A.
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E.S.P. — SERVIGENERALES S.A. E.S.P. por medio de comunicación CRA
2013-211- 003490-1 de 10 de julio de 2013, informándoles que contra la misma
procedía el recurso de reposición, el cual debía interponerse ante esta Comisión
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, la cual se
entendería surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el
lugar de destino.”3
Sostuvieron que, si bien la notificación no se surtió dentro de los cinco (5) días
siguientes a la expedición del acto, lo cierto es que, se produjo de acuerdo con los
lineamientos del CPACA; tanto así, que la actora contó con la oportunidad para
interponer el recurso de reposición y posteriormente, acudió a los medios judiciales,
lo que demuestra que se garantizaron los derechos a la contradicción y defensa.
Expusieron que, la falta de notificación no era una causal de nulidad, sino que se
trataba de un requisito de eficacia y oportunidad.
2.1.6. Reiteraron que la norma vigente garantiza la libre competencia y dispone que
no se podrán exigir requisitos diferentes a los previstos en la Ley 142 de 1994. Por
lo tanto, al no existir ASE en el Distrito de Bogotá cualquier operador que cumpla
con el marco legal podrá entrar a competir libremente en el mercado de aseo.
Resaltó que, en el caso en el que una empresa no esté prestando el servicio de
aseo en un municipio en específico, pero quiere entrar a hacerlo, nada le impide
requerir la facturación conjunta ante la empresa de acueducto que atienda la
localidad. Sin embargo, de no llegar a un acuerdo, será la CRA la encargada de
imponer las condiciones a seguir.
2.2. Servigenerales S.A. ESP respondió el libelo introductorio bajo los
argumentos que se sintetizan enseguida4:
2.2.1. Formuló la excepción que denominó “Decreto 564 de 2012 – Falsa
motivación”; indicó que el Decreto nro. 564 de 2012 fue motivado con las decisiones
de la Corte Constitucional contenidas en la sentencia T 724 de 2003 y los autos 275
de 2011 y 084 de 2012, donde se le ordenó a la administración Distrital incluir dentro
de los esquemas de prestación del servicio público de aseo, acciones a favor de la
3 Ibidem.
4 Visible a folios 101 a 110 ibídem.
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población de recicladores de la ciudad de Bogotá, normalizó el servicio y se exhortó
a la CRA para que verificara la metodología tarifaria de la función de aseo. Sin
embargo, nunca autorizó la implementación de un esquema diferente al
contemplado en el Ley 142 de 1994 para ejecutar el servicio de aseo, tampoco
impuso reglas que obstruyeran la libre competencia o generaran discriminación,
desigualdad y abuso de la posición dominante a favor de las empresas oficiales.
2.2.2. Por otro lado, propuso la de “Violación del derecho a la igualdad, libre
empresa y ejercicio de una actividad lícita, por establecimientos de permisos y
autorizaciones no contempladas en la Ley”. Afirmó que, de acuerdo con los artículos
365 a 370 de la Constitución Política, la organización de los servicios públicos
domiciliarios está sometida a reserva de ley, es decir, que solo el Legislador puede
establecer esquemas o formas de prestación diferentes, pues de no ser así, se
vulneraría el principio de legalidad.
Señaló que el parágrafo del artículo 5 y el artículo 6 del Decreto nro. 564 de 2012
disponen que las empresas interesadas en prestar el servicio de aseo en Bogotá
bajo el esquema de libre competencia deben contar con un contrato suscrito con la
UAESP o la EAAB, lo que viola la Constitución y el artículo 22 de la Ley 142 de
1994, pues está creando un nuevo requisito.
Asimismo, con dicha exigencia se vulneran los artículos 24 y 25 de la Ley 142 de
1994 y el derecho a la igualdad, al poner a la EAAB en una posición dominante en
el mercado del servicio de aseo, cuando esta debe ser una competidora más. Y el
derecho al debido proceso, ya que prevé una formalidad que no contempla la
legislación, lo que genera una restricción en la libre competencia.
Mencionó que el artículo 9 del Decreto nro. 564 de 2012 infringió el artículo 251 de
la Ley 1450 de 2011, el Decreto nro. 2436 de 2008, el artículo 26 de la Ley 142 de
1994, los artículos 3 y 11 del Decreto nro. 1713 de 2002, el Decreto nro. 838 de
2005 y la Resolución nro. 1390 de 2005, debido a que exige un permiso o
celebración de un contrato como condición para acceder al servicio de disposición
final en el Relleno Sanitario Doña Juana, creando así un nuevo requisito que le ha
generado una situación de discriminación y la vulneración a su derecho a la
igualdad, por no contar con un convenio con la UAESP y la EAAB.
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Indicó que los artículos 10 y 14 ibidem infringieron el régimen tarifario vigente, que
fue establecido para todo el país y no cuenta con alguna excepción para la ciudad
de Bogotá. Dicho aspecto solo puede ser regulado por la CRA, más no son
atribuciones propias de la administración Distrital; además, al no contar con un
esquema de libertad tarifaria no puede inaplicar el que ya se encuentra definido por
la autoridad competente, el cual no prevé el servicio de aseo para la actividad de
reciclaje.
Resaltó que el Distrito vulneró el principio de legalidad y confianza legítima de los
administrados, al facultar a la UAESP con funciones propias de la CRA.
Por otro lado, advirtió que el artículo 13 del Decreto nro. 564 de 2012 restringió el
acceso al servicio de facturación conjunta, pues, si una empresa no cuenta con un
contrato para la prestación del servicio público de aseo en Bogotá, no podrá ser
beneficiario de la citada figura y, en consecuencia, no podrá facturar la labor
prestada, lo que evidencia una clara vulneración del artículo 147 de la Ley 142 de
1994 y el Decreto nro. 2668 de 1999 y del derecho a la igualdad, de las empresas
que no cuenten con dicho convenio.
Resaltó que, el Decreto de la administración distrital no cumplió con el requisito de
publicidad establecido en el CPACA en su artículo 8.
2.2.3. Formuló el medio exceptivo de “Obligaciones de la empresa concedente en
el trámite para llevar a cabo un convenio de facturación conjunta”. Expuso que la
demandante afirmó que existía un convenio vigente de facturación conjunta con
CUPIC, por lo que era necesario celebrar un contrato con el Distrito para continuar
con el trámite. Sin embargo, dichos argumentos no justificaban la procedencia de la
nulidad de los actos acusados, ya que no se presentaron razones técnicas que
demostraran la imposibilidad de la facturación conjunta o un pronunciamiento de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que acreditara ello.
2.2.4. “La CRA no desconoció la vigencia ni legalidad del Decreto 564 de 2012”.
Aseguró que el artículo 73 de la Ley 142 de 1994 dispuso que la CRA se encontraba
facultada para impedir “que quienes captan o producen un bien que se distribuye
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por medio de empresas de servicios públicos adopten pactos contrarios a la libre
competencia en perjuicio de los distribuidores”5. Por lo tanto, al estar vigente una
sanción la demandada, tenía que darle prevalencia a la Ley sobre los pactos que
desconocían la libre competencia.
2.2.5. Asimismo, propuso que “Las resoluciones CRA nro. 69 y 653 de 2013, en
ningún momento se expidieron existiendo por parte de uno de los comisionados la
causal de impedimento”. Señaló que, si bien en su momento uno de los funcionarios
de la CRA manifestó estar impedido, este fue resuelto declarándolo infundado, lo
que no es motivo para declarar la nulidad de los actos acusados.
2.2.6. Por último, formuló la de “Irregularidad en las notificaciones no es causal para
declarar nulo un acto administrativo ni vulnera el derecho al debido proceso”.
Argumentó que, de acuerdo con el artículo 72 del CPACA, la notificación tiene dos
(2) fines que son: dar a conocer la decisión y garantizar los derechos a la
contradicción y a la defensa.
Mencionó que los actos cuestionados fueron notificados correctamente, pues la
EAAB tuvo la oportunidad de presentar los recursos correspondientes.
III. AUDIENCIA INICIAL6
El 5 de marzo de 2021 se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial.
Particularmente, se fijó el litigio en los siguientes términos:
“VII. FIJACIÓN DEL LITIGIO
La causal de nulidad invocada fue la de violación de normas superiores la cual
es explicada de acuerdo a los siguientes tres reproches: (i) violación del artículo
2º del Decreto 564 de 2012 proferido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, (ii)
violación del artículo 13 ibidem, y (iii) violación al debido proceso por indebida
5 Ibidem.
6 En la audiencia inicial se adoptaron las siguientes decisiones respecto de las excepciones previas
formuladas: “PRIMERO: DECLARAR probada la excepción previa denominada “INEPTITUD
SUSTANCIAL DE LA DEMANDA” en lo relacionado con la pretensión número 4.3. del acápite de
“PRETENSIONES DE LA DEMANDA”; en consecuencia, abstenerse de conocer de la misma.
SEGUNDO: DECLARAR no probada en lo demás la excepción previa de “INEPTITUD SUSTANCIAL
DE LA DEMANDA” y de indebida integración del contradictorio, propuesta por los apoderados
judiciales de la CRA y del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de conformidad con lo
argumentos expuestos.”.
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notificación. En consecuencia, previa verificación del cumplimiento de la carga
argumentativa que corresponde al demandante y teniendo en cuenta la
congruencia de que trata el artículo 187 del CPACA y 281 del CGP, así como
las excepciones propuestas y las que de oficio se encontraren probadas, en los
términos del artículo 282 del mismo Código, se deberá decidir:
7.1. Infracción del artículo 2º del Decreto 564 de 2012 expedido por la Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C.
Corresponde a la Sala definir si los actos acusados vulneran lo dispuesto en el
artículo 2º del Decreto 564 de 2012, al señalar dentro de su parte motiva que
Bogotá D.C. se encuentra bajo un esquema de libre competencia en materia del
servicio de aseo, y no bajo el régimen especial transitorio que fue creado por la
Alcaldía Mayor en la mencionada disposición legal.
De advertir que es positiva la respuesta a la anterior formulación, deberá
resolverse si es procedente declarar la nulidad por esa razón.
7.2. Infracción del artículo del artículo 13º del Decreto 564 de 2012 proferido por
la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
La Sala deberá determinar si las resoluciones acusadas debían observar el
procedimiento previsto en el artículo 13 del Decreto 564 de 2012, es decir, si la
CRA debía exigir a Servigenerales S.A. E.S.P. celebrar un contrato para la
prestación del servicio público de aseo con el Distrito Capital, previo a
establecer las condiciones de facturación conjunta de esa sociedad con la
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá.
De encontrar que la anterior afirmación es cierta, entonces la Sala deberá
precisar si se desconoció lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 564 de 2012,
en tanto los actos demandados fueron expedidos sin que Servigenerales S.A.
E.S.P. tuviera un contrato para la prestación del servicio público de aseo con la
Alcaldía Mayor de Bogotá.
De prosperar la anotada inconformidad, deberá la Sala analizar si es procedente
acceder a la pretensión de nulidad.
7.3. Infracción del artículo del artículo 68 del CPACA
7.3.1. La Sala deberá determinar si entidad demandada desconoció lo previsto
en el artículo 68 del CPACA, al citar a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo de Bogotá para que ésta se notificara personalmente de las
Resoluciones No. 629 y 656 de 2013, en un término superior a los cinco (5) días
después de la expedición de las mismas.
7.4. Finalmente, la Sala analizará si es procedente estudiar los cargos relativos
a la violación de lo dispuesto en artículos 13, 25 y 29 de la Constitución Política,
88 del CPACA, 1602 y 1603 del Código Civil que fueron invocados como
vulnerados en la solicitud de suspensión provisional, si no fueron incluidos
dentro del acápite de concepto de violación de la demanda o en el texto íntegro
de aquella.
Si la respuesta al mencionado interrogante es afirmativa, tendrá que analizarse
si una, alguna o todas esas disposiciones fueron infringidas, y si ello fuere así,
deberá establecerse si hay lugar a decretar la nulidad del acto enjuiciado.”7
7 Visible a índice 78 ibidem.
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IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
4.1. En escritos del 16 y 17 de marzo de 2021, el MVCT y la CRA descorrieron el
traslado para alegar de conclusión reiterando los argumentos expuestos en la
contestación.8
4.2. Mediante memorial del 19 de marzo de 20219, la parte actora descorrió el
traslado para alegar de conclusión, resaltando que el régimen legal vigente y la
regulación de la CRA hasta el año 2011, debieron ser interpretados y aplicados en
concordancia con lo establecido por la Corte Constitucional en el auto nro. 275 de
2011, del cual derivo la necesidad de adoptar un esquema especial y transitorio
para la prestación del servicio de aseo en Bogotá, que quedó plasmado en el
Decreto nro. 564 de 2012. Por lo tanto, nunca debió desconocerse, pues con este
se buscaba restablecer los derechos de los grupos marginales, como son los
recicladores.
Manifestó que los actos acusados desconocieron el deber que le asistía a la
compañía interesada de aportar el catastro de usuarios para efectos de la
correspondiente facturación, conforme a los dispuesto en el artículo 1.3.22.1 de la
Resolución CRA 151 de 2001.
4.3. Por otro lado, Servigenerales S.A. ESP10 reiteró los argumentos expuestos
en la contestación de la demanda.
V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
La Procuraduría Quinta Delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en
el que expuso los siguientes argumentos11:
8 Visibles a índices 80 y 81 ibidem.
9 Visible a índice 84 ibidem.
10 Visible a índice 79 ibidem.
11 Visibles a índice 82 ibidem.
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Respecto del primer cargo, señaló que las Resoluciones nro. 639 de 2013 y 653 de
2013 se dictaron acatando lo previsto en la Ley 142 de 1994, los Decretos nro. 2668
de 1999, 1987 de 2000 y 2882 de 2007 y en desarrollo de lo previsto en la
Resolución nro. CRA 422 de 2007.
Resaltó que la facturación conjunta de servicios públicos domiciliarios está orientada
a asegurar la continuidad de la labor en favor de los usuarios, privilegiando intereses
generales por encima de los particulares, fijando límites en el ejercicio de la libertad
económica.
Manifestó que el Decreto nro. 1987 de 2000 le concedió competencias a la CRA
para reglamentar las condiciones en que las empresas conceden y solicitan la
facturación conjunta, previo al agotamiento del mecanismo de acuerdo; y, cuando
no se logre llegar a un consenso, autorizó que la misma imponga las condiciones
que deben regir.
Indicó que, al verificar el procedimiento previo que surtió la demandada con ocasión
de la expedición de los actos acusados, se advirtió que, desde el 20 de septiembre
de 2012, Servigenerales S.A. ESP le informó a la misma de la petición del servicio
de facturación conjunta elevada ante la EAAB para el servicio de aseo, en
cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones CRA 151 de 2001 y 422 de 2007.
Asimismo, mencionó que dicha compañía informó que el 23 de noviembre de 2012
culminó la etapa de negación directa, por lo que la CRA debía fijar las condiciones.
Sin embargo, la autoridad procedió a convocar un comité al que fue citado la EAAB,
sin que esta se hiciera presente, lo cual configuró la causal para imposición de los
parámetros de la facturación conjunta.
Expuso que el artículo 2.3.6.2.4. del Decreto nro. 1077 de 2015 estableció que no
es facultativo para la empresa concedente negarse a suscribir convenio de
facturación conjunta o posponerla en el tiempo; y solo excepcionalmente no procede
cuando existan razones técnicas insanables. Por lo tanto, la demandada estaba
autorizada para fijar las medidas en las que procedería dicha figura.
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Por otro lado, sostuvo que la transitoriedad del esquema adoptado para la ciudad
de Bogotá mediante el Decreto nro. 564 de 2012 tenía un carácter temporal, el cual
estaba limitado por la fecha en la que se adjudicaran, a través de licitación pública,
contrato de concesión del servicio público de aseo, tal como lo previó el artículo 40
de la Ley 142 de 1994.
Agregó que el artículo 8 ibidem estableció que, para garantizar la continuidad del
servicio de aseo, podría ser prestado por las empresas de servicios públicos del
Distrito mediante convenios o contratos celebrados por la UAESP.
Adujo que el demandante afirmaba que el artículo 13 del Decreto exigía que las
empresas privadas tuvieran contrato con el Distrito para celebrar acuerdos de
facturación conjunta y que Servigenerales S.A. ESP no contaba con dicho requisito.
Sin embargo, la norma permitía que EAAB celebrara dichos convenios con
compañías privadas, lo que demuestra la participación de esta aún dentro del
esquema transitorio propuesto por la entidad territorial.
Enunció que los actos acusados fueron expedidos en ejercicio de las competencias
legales y reglamentarias de la CRA y materializaron el procedimiento de facturación
conjunta previsto en las normas legales a las que podía acudir Servigenerales S.A.
ESP.
Sobre el segundo cargo, adujo que, si bien la notificación personal había sido
remitida treinta y seis (36) días después de la fecha de emisión, lo cierto era que la
actuación cumplió con la finalidad, que era la de dar a conocer al interesado el
contenido de la decisión de la administración, garantizándole sus derechos.
Puso de presente que la EAAB no explicó como la demora en la comunicación
vulneró sus derechos, pues tuvo conocimiento de lo decidido por la CRA y pudo
ejercer su derecho de defensa al impugnar la Resolución. Por lo tanto, el cargo no
tiene fundamento.
VI. DEL TRÁMITE POSTERIOR AL TRASLADO PARA ALEGAR DE
CONCLUSIÓN
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Mediante escrito del 16 de julio de 2025, el Consejero de Estado Germán Eduardo
Osorio Cifuentes manifestó su impedimento para conocer del proceso de la
referencia, al considerar que se encontraba incurso en la causal prevista en el
numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso. No obstante, dicho
impedimento fue declarado infundado por la Sala de Decisión de la Sección Primera
del Consejo de Estado, mediante providencia del 24 de julio de 2025.
VII. DECISIÓN
No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado procede la Sala a decidir
el asunto sub-lite, previas las siguientes:
VIII. CONSIDERACIONES
8.1. Competencia
De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de
lo previsto en los artículos 11, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 149 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es
competente para conocer del asunto de la referencia.
8.2. Planteamiento
La Sala observa que las partes presentan discernimientos diferentes en torno a la
legalidad de las resoluciones expedidas por la CRA, en las que se impuso a la EAAB
la obligación de realizar la facturación conjunta con un operador del servicio público
de aseo. Las discrepancias se concretan en los siguientes aspectos:
Aplicación del Decreto Distrital 564 de 2012
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La empresa demandante aduce que el Decreto 564 de 2012 forma parte del marco
jurídico para la organización del servicio público de aseo en Bogotá, expedido por
el Distrito Capital en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
conforme a las órdenes de la Corte Constitucional. En su criterio, dicho decreto
debía ser observado por la CRA al regular condiciones específicas de la facturación
conjunta, por lo que la omisión de este marco normativo torna ilegales las
resoluciones cuestionadas.
A su turno, la parte demandada sostiene que el Decreto 564 de 2012 no resulta
aplicable a los actos acusados, en tanto no ha sido incorporado al régimen de
regulación expedido por la CRA y, por ende, no condiciona el ejercicio de las
funciones regulatorias. Agrega que dicho decreto tiene un ámbito de aplicación
eminentemente local y no puede oponerse a las disposiciones de carácter nacional
que rigen el servicio público de aseo.
El tercero coincide en que el Decreto 564 no puede limitar el acceso de los
operadores al mecanismo de facturación conjunta, máxime cuando han sido
habilitados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y cumplen
los requisitos previstos en la regulación nacional. Considera que supeditar la
facturación a la existencia de un contrato con el Distrito vulnera principios de libre
competencia y favorece una barrera de entrada al mercado.
Supuestos de hecho y derecho para acceder a la facturación conjunta
La parte actora alega que, al ordenar la facturación conjunta sin atender las
condiciones establecidas por el Distrito en el Decreto 564, particularmente el
requisito de contar con un contrato con el ente territorial, se vulneraron las normas
superiores contenidas en los artículos 2 y 13 ibidem. De forma concreta, sostiene
que el artículo 13 del Decreto 564 establece una condición necesaria para acceder
a la facturación conjunta: la suscripción previa de un contrato con el Distrito como
entidad responsable del servicio. Esta exigencia, en su concepto, tiene por finalidad
garantizar que el operador cuente con autorización legal y contractual para prestar
el servicio en el territorio.
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En defensa de la legalidad de la actuación demandada se afirma que la CRA actuó
dentro del marco de sus competencias legales como autoridad nacional de
regulación, en desarrollo de los principios de eficiencia, neutralidad y libre elección
del prestador. Para las demandadas, la condición impuesta por el Decreto 564 no
puede erigirse en obstáculo a una obligación derivada directamente del marco legal
del servicio y del régimen de regulación. Aseguran que el régimen de facturación
conjunta se aplica a todos los prestadores debidamente habilitados por la autoridad
competente y que no puede quedar supeditado a condiciones contractuales locales
no contempladas en la regulación sectorial. Resaltaron que la función de la CRA
consiste en velar por un tratamiento equitativo entre prestadores y en evitar
prácticas discriminatorias por parte de quienes administran el sistema de
facturación. El prestador del servicio reitera que la CRA tiene competencia para
ordenar la facturación conjunta, sin que sea necesario el contrato con el Distrito,
que considera una condición administrativa ajena al régimen general. Añade que
dicha exigencia vulneraría el derecho al acceso efectivo al mercado en condiciones
de igualdad.
Vicios en la notificación personal de las resoluciones acusadas
El demandante cuestiona que la notificación personal de los actos administrativos
demandados no se haya realizado en debida forma ni dentro del término legal, lo
cual configura una violación al debido proceso. Las demandadas aducen que las
resoluciones fueron notificadas conforme al CPACA y que cualquier defecto formal
no tuvo incidencia material en el derecho de defensa de la EAAB, por cuanto esta
participó activamente en el trámite posterior. El prestador comparte la posición de
la defensa de las resoluciones controvertidas.
Los cargos se pasarán a resolver en el orden propuesto.
8.3. De la infracción de norma superior
8.3.1. En primer lugar, la Sala deberá definir si es nulo, por vulneración de norma
superior, el acto por medio del cual la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico fijó las condiciones de facturación conjunta entre una
prestadora del servicio de aseo y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
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Bogotá E.S.P., si, en criterio de la parte actora, se desconocieron disposiciones de
orden territorial contenidas en el decreto por medio del cual se adoptaron medidas
para asegurar la prestación del servicio público de aseo en el Distrito Capital en
acatamiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional para asegurar la
inclusión de acciones afirmativas efectivas en favor de la población de recicladores
de Bogotá.
Dar respuesta al anterior interrogante obliga a la Sala, de manera previa, a definir
si una regulación de orden territorial puede entenderse como un requerimiento
adicional en materia regulatoria para la prestación de un servicio público, pues de
ello depende el sustento de los cargos de la demanda por infracción de norma
superior, relacionados con la falta de atención de la CRA de los artículos 2 y 13 del
Decreto Distrital 564 de 2012. Para tal fin, se aludirá al régimen constitucional de
los servicios públicos y al alcance y competencia de la función reguladora.
8.3.2. Régimen constitucional de los servicios públicos. Alcance y competencia
de la función reguladora
Uno de los pilares fundamentales perseguidos por el Constituyente fue el de
asegurar que la adopción del Estado Social de Derecho consiguiera la prevalencia
del interés general, aspecto éste que se vislumbra desde el artículo primero
Superior; veamos:
“Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran
y en la prevalencia del interés general”. (Subrayas de la Sala).
La jurisprudencia constitucional no ha sido ajena al estudio de tal carácter y por
supuesto lo ha desarrollado a partir de la concepción de los servicios públicos como
instrumento para alcanzar dichos fines. La siguiente sentencia es muestra de ello:
“El concepto de servicio público ha sido objeto de un permanente desarrollo
ligado a la constante evolución de la situación política, económica y social del
mismo Estado. En el momento actual, no ha presentado una modalidad estática,
sino cambiante y adaptable a la praxis económica y social, así como
consecuente con el permanente avance de sus contenidos, entendiéndose el
mismo, en el ámbito jurisprudencial y doctrinario, como aquellas actividades que
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el Estado tiene el deber de prestar a todos los habitantes del territorio nacional,
de manera eficiente, regular y continua, en igualdad de condiciones, en forma
directa o mediante el concurso de particulares, con el propósito de satisfacer
necesidades de interés general que la sociedad demanda”12. (Subrayas de la
Sala).
Así mismo, en sentencia T-380 de 1994, la misma Corte expuso:
“Habiéndose dado al Estado colombiano por parte del constituyente de 1991 un
carácter social, se hace indispensable que éste acometa acciones positivas en
favor de la comunidad. En este contexto, la prestación de los servicios públicos
para asegurar en forma igualitaria y sin interrupción el cumplimiento de
actividades encaminadas a la realización de derechos fundamentales de los
individuos que hacen parte de la comunidad es una de las actuaciones positivas
a las que está obligado el Estado colombiano. El carácter solidario de los
servicios públicos se suma a la necesidad de que éstos sean prestados
ininterrumpidamente, es decir que los inconvenientes particulares no tengan
como efecto la suspensión en la prestación del servicio”. (Subrayas de la Sala).
Dentro de la estructura de la Carta Fundamental los servicios públicos son
importantes si no cardinales para alcanzar las finalidades propuestas en el
mencionado precepto, pues expresamente los concibe como inherentes a la
finalidad social del Estado:
“Artículo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del
Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los
habitantes del territorio nacional.
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley,
podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades
organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la
regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de
soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría
de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide
reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá
indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley,
queden privadas del ejercicio de una actividad lícita”. (Subrayas de la Sala).
De la lectura del anotado precepto se desprende que los servicios públicos son
vistos como una actividad esencial para el logro de los fines últimos del Estado, con
un claro cariz social. En la sentencia T-380 de 1994 se resalta tal aspecto; veamos:
“Se busca a través de los servicios públicos satisfacer necesidades de interés
general en forma regular y contínua (sic). Son además, el medio por el cual el
Estado realiza los fines esenciales de servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes constitucionales. La razón de ser de los poderes constituidos es el
12 Corte Constitucional. Sentencia C-075 de 1997.
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servicio a la comunidad, la satisfacción de sus necesidades y la protección de
los derechos individuales de sus miembros. En este sentido los servicios
públicos deben mantener un nivel de eficiencia aceptable para dar respuesta a
las necesidades sociales, en orden a la realización de los fines esenciales del
Estado, a la justicia social y a promover la igualdad en forma real y efectiva”.
De la exposición normativa y jurisprudencial esgrimida se puede extraer que la
participación del Estado en las actividades relacionadas con el servicio público está
orientada a la ejecución del deber de garantizar el bienestar y mejoramiento de la
calidad de vida de la sociedad. Así lo vislumbra el artículo 366 Superior:
“Artículo 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de
la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de
su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de
educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.
Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades
territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra
asignación”. (Subrayas de la Sala).
Nótese hasta aquí que del texto constitucional no se deriva el carácter público del
sujeto que presta los servicios públicos sino del objetivo que se persigue, es decir,
del fin social que define al Estado mismo cuando desarrolla tal actividad.
Lo anterior viene a reafirmarse cuando desde la misma Carta se describen cuáles
son los sujetos llamados a prestar el servicio. En efecto, el artículo 365 ibidem
determina que puede ser el Estado directa o indirectamente, las comunidades
organizadas o incluso los particulares13, lo cual, sin duda, responde a la asimilación
en el entorno nacional de la “crisis de los servicios públicos”, en cuanto que permite
que personas privadas participen en dicha gestión14.
13 El Decreto 1050 de 1968 tan sólo hacía referencia a los establecimientos públicos, las sociedades
de economía mixta y las empresas industriales y comerciales del Estado como modalidades
institucionales de la actuación estatal.
14Como la mayor parte de las instituciones en materia de derecho administrativo lo concerniente a
los servicios públicos tiene su principal origen en Francia. En efecto, el primer antecedente conocido
se remonta a la existencia de un servicio real de correos organizado por Luis XI en 1464, que
consistía en la ubicación de caballos en distintas partes del reino para facilitar las comunicaciones.
(Michel Pinard. “La tradición francesa del servicio público”. “Los servicios públicos como instrumento
de solidaridad y cohesión social del Estado”. Bogotá. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez. 2005. pág.
469).
Posteriormente, y luego de otros vestigios históricos sobre el particular, viene el conocido Fallo
Blanco, que permite evidenciar elementos nuevos en el derecho administrativo a partir de
circunstancias especiales que ameritaban un tratamiento igualmente específico dada la necesidad
de entender el servicio público como parte de esa rama del derecho. (Montaña Plata, Alberto. “El
concepto de servicio público en el derecho administrativo”. Universidad Externado de Colombia,
2008, Segunda edición, p. 128).
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Ahora bien, el artículo 365 Superior prevé que la regulación, control y vigilancia se
encuentran a cargo del Estado, lo cual se entiende como una clara fórmula de
intervención en la economía, particularmente en los servicios públicos, que viene
dada desde el artículo 334 ibidem, que es del siguiente tenor:
“Artículo 334. La dirección general de la economía estará a cargo del Estado.
Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos
naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y
consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar
la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco
de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes,
la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y
la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal
deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los
objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso el gasto público
social será prioritario.
El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los
recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas,
en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los
bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y
competitividad y el desarrollo armónico de las regiones.
Lo anterior justificaba entonces la existencia de una jurisdicción especial, lo cual fue aún más
concluyente como quiera que también se evidenciaba como nota característica de esa actividad el
ejercicio de las potestades exorbitantes o puissance publique.
Más adelante, los fines sociales y solidarios terminaron por legitimar aún más la consolidación del
concepto de servicios públicos dentro de la concepción de derecho administrativo, todo lo cual
explicó de manera más clara la esencia de los servicios públicos y su consagración normativa 14. Sin
duda, la determinación de si se estaba en presencia de un servicio público, dependía no sólo de
definir si estaba ejerciendo autoridad pública, sino que además se sujetaba a que estuviera de por
medio la necesidad de garantizar el interés general.
Pues bien, el rumbo de toda esa corriente doctrinal y jurisprudencial francesa cambió cuando se
propició la participación del Estado en actividades que no correspondían a la esencia material del
mencionado concepto de servicios públicos, apareciendo lo que se conoció como la “crisis del
servicio público”, dada la división alcanzada en ese país entre los llamados servicios públicos
administrativos y los servicios públicos industriales y comerciales.
El énfasis en la inestabilidad de la noción de servicio público logró su mayor punto por el anotado
cambio de rol del Estado, como partícipe en actividades económicas que poco o nada se
identificaban con el bien común y el consiguiente régimen de derecho privado al que se encontraba
sometido en ese supuesto, y además por la posibilidad de que los particulares coadyuvaran en la
prestación de, ahora sí, los servicios típicamente públicos, a través de figuras como la concesión.
No obstante lo dicho, y aun cuando el concepto de servicio público ha tenido diferentes matices y ha
sido objeto de no pocas discusiones de todo orden, la mayoría de esas posturas tienden por
identificar como carácter preponderante para la determinación de la existencia de tales servicios la
relación entre las actividades de servicio público y las finalidades públicas o la preeminencia del
interés general en la actividad desplegada ya sea por la Administración o por los particulares en los
contextos anotados.
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La sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ramas y Órganos del Poder Público,
dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica.
El Procurador General de la Nación o uno de los Ministros del Gobierno, una
vez proferida la sentencia por cualquiera de las máximas corporaciones
judiciales, podrán solicitar la apertura de un Incidente de Impacto Fiscal, cuyo
trámite será obligatorio. Se oirán las explicaciones de los proponentes sobre las
consecuencias de la sentencia en las finanzas públicas, así como el plan
concreto para su cumplimiento y se decidirá si procede modular, modificar o
diferir los efectos de la misma, con el objeto de evitar alteraciones serias de la
sostenibilidad fiscal. En ningún caso se afectará el núcleo esencial de los
derechos fundamentales.” (Subrayas de la Sala).
Tal intervención debe desarrollarse dentro de los límites del bien común, tal y como
lo ordena el artículo 333 ibidem:
“Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro
de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos
previos ni requisitos, sin autorización de la ley.
La libre competencia económica es un derecho de todos que supone
responsabilidades.
La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica
obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el
desarrollo empresarial.
El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la
libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o
empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.
La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el
interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación”. (Subrayas de
la Sala).
Si ello es así, el Estado juega un doble rol, pues a veces puede actuar como
prestador del servicio o ejecutor de la actividad de manera directa, y en otras, como
el encargado de asegurar su prestación efectiva a través de su intervención en esta
estructura económica; todo lo cual, se reitera y enfatiza, debe sujetarse a un fin,
esto es, el interés general y la libertad de empresa, que también se erige como límite
de una y otra facultad.
Ahora bien, del tantas veces citado artículo 365 de la Constitución, también se
deduce que se dejó en manos del Congreso de la República la función de delimitar
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el régimen jurídico de los servicios públicos domiciliarios15, intención que fue
reiterada en los artículos 367 a 369 ibidem, tal y como se evidencia a continuación:
“Artículo 367. La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la
prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y
financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios
de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos.
Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada
municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las
conveniencias generales lo permitan y aconsejen, y los departamentos
cumplirán funciones de apoyo y coordinación.
La ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas”. (Subrayas
de la Sala).
“Artículo 368. La Nación, los departamentos, los distritos, los municipios y las
entidades descentralizadas podrán conceder subsidios, en sus respectivos
presupuestos, para que las personas de menores ingresos puedan pagar las
tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesidades
básicas”.
“Artículo 369. La ley determinará los deberes y derechos de los usuarios, el
régimen de su protección y sus formas de participación en la gestión y
fiscalización de las empresas estatales que presten el servicio. Igualmente
definirá la participación de los municipios o de sus representantes, en las
entidades y empresas que les presten servicios públicos domiciliarios”.
(Subrayas de la Sala)
Por su parte, el artículo 370 de la Constitución atribuyó al presidente de la República
la responsabilidad de señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de
administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer,
por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la
inspección y vigilancia de las entidades que los presten:
“Artículo 370. Corresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción
a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los
servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las
entidades que los presten.”
15 Todo lo relacionado con la estructuración de servicios públicos en nuestro país fue objeto de amplio
debate al interior de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, como quiera que a ella se
presentaron 224 propuestas, 39 de ellas de origen constituyente, La Asamblea optó por consagrar
en la nueva Carta los lineamientos generales que regulan los servicios públicos. De ello dan muestra
las Gacetas de 16 de abril y 29 de mayo de 1991: “Introducir en la Carta Constitucional materias que
son susceptibles de un desarrollo legislativo detallado, puede crear, en el tema que nos ocupa, una
camisa de fuerza que impida el desarrollo mismo de los distintos servicios públicos o la ausencia de
normatividad en otros servicio (sic) que, por su misma naturaleza, requieren un tratamiento especial”.
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La mencionada función presidencial, descrita en la primera parte, fue la que el
artículo 68 de la Ley 142 de 1994 autorizó delegar en las Comisiones de Regulación
de los servicios públicos en los siguientes términos:
“Artículo 68. Delegación de funciones presidenciales a las Comisiones. El
Presidente de la República señalará las políticas generales de administración y
control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, que le encomienda
el artículo 370 de la Constitución Política, y de los demás a los que se refiere
esta Ley, por medio de las comisiones de regulación de los servicios públicos,
si decide delegarlas, en los términos de esta Ley.
Las normas de esta Ley que se refieren a las comisiones de regulación se
aplicarán si el Presidente resuelve delegar la función aludida; en caso contrario,
el Presidente ejercerá las funciones que aquí se atribuyen a las comisiones”.
(Subrayas de la Sala).
Tal disposición fue objeto de control de constitucionalidad en sentencia C-272 de
1998, en la cual se delimitó el alcance de tal atribución, de la manera que se indica
a continuación:
“6- Esta importancia de la ley en la regulación de los servicios públicos se
explica no sólo por la centralidad del principio democrático en la Carta (CP art.
3º), por lo cual es natural que sean los representantes del pueblo quienes
organicen jurídicamente estos servicios, sino además por la voluntad explícita
que tuvo el Constituyente en su momento, y que se refleja en el artículo 365 de
la Carta, de evitar constitucionalizar toda la ordenación jurídica de los servicios
públicos, ya que ello podía ser excesivamente rígido e ir en contra de los
principios de eficiencia y calidad del servicio público, al poner un obstáculo al
posterior desarrollo normativo de un campo que esta (sic) sujeto a cambios muy
dinámicos. Así, la ponencia sobre este tema en la Asamblea Constituyente
expresó específicamente al respecto:
"Introducir en la Carta Constitucional materias que son susceptibles de
un desarrollo legislativo detallado, puede crear en el tema que nos ocupa,
una camisa de fuerza que impida el desarrollo mismo de los distintos
servicios públicos o la ausencia de normatividad en otros servicios que,
por su misma naturaleza, requieren de un tratamiento especial.
De acuerdo a lo expresado anteriormente, se deja a la ley el desarrollo
de los mandatos constitucionales, atendiendo la naturaleza y
características de cada uno de los servicios públicos, las dificultades que
se presentan entre las empresas y los usuarios, los elementos propios de
cada uno de ellos que, inciden en la fijación de las tarifas o en su
actualización, etc.16
Es pues claro que el Estado debe fijar el régimen de la prestación de los
servicios públicos a través de la ley, porque la Asamblea Nacional
Constituyente consideró inconveniente elevar a normas constitucionales todas
16Ponencia sobre Servicios Públicos presentada por Eduardo Verano de la Rosa. Asamblea
Nacional Constituyente. Gaceta Constitucional. No 51, p. 17.
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las apreciaciones en materia de servicios públicos. La Carta asigna entonces a
la ley toda la competencia necesaria para regular y estructurar la materia, de
conformidad con las necesidades e intereses del Estado y la sociedad,
atendiendo sin lugar a dudas lo relativo a los fines sociales, a la participación
ciudadana y la descentralización administrativa. La ley es entonces el marco
normativo idóneo para definir con precisión los principales aspectos de los
servicios públicos, susceptibles de variación en el tiempo, de tal forma que
se concilien los factores de descentralización incluidos en la Carta, la
participación ciudadana y las complejas características técnicas y
económicas que hacen diferente un servicio de otro.
7- Lo anterior no significa que sólo la ley puede regular los servicios públicos
pues la Carta atribuye competencias a otros órganos estatales. Así, conforme
al carácter autonómico y descentralizado del Estado colombiano (CP art. 1º),
los departamentos y los municipios pueden reglamentar las normas fijadas por
el Congreso, y adaptarlas a las necesidades particulares propias del ámbito
territorial en que se encuentran.17 En ese orden de ideas, los departamentos
pueden conceder subsidios y reglamentar servicios a su cargo, según se
desprende de los artículos 298 y 302 de la Constitución. Los municipios,
igualmente, en virtud de los artículos 311, 366, 367 y 368 de la Carta, pueden
también reglamentar los servicios públicos a su cargo, conceder subsidios,
participar en los ingresos corrientes de la Nación, adelantar obras de inversión
social en el tema y prestar directamente el servicio, en los casos en que ello
sea posible.
8. Por su parte, el Presidente no sólo conserva en esta materia, como en
todos los campos, la potestad para reglamentar, por medio de decretos,
las leyes sobre servicios públicos expedidas por el Congreso a fin de
asegurar su cumplida ejecución (CP art. 150 ord 11) sino que, además,
tiene competencias propias en materia de servicios domiciliarios. En
efecto, el artículo 370 de la Carta le atribuye la facultad de señalar, con
sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de
eficiencia de los servicios públicos domiciliarios. Igualmente le
corresponde el ejercicio, por medio de la Superintendencia de Servicios
Públicos, del control, inspección y vigilancia de las entidades prestadoras de
tales servicios. Respecto a la competencia del Presidente para formular dichas
políticas, debe aclararse que, tal y como esta Corte ya lo ha precisado, es el
Legislador a quien compete fijar los parámetros generales según los cuales el
Presidente debe señalar esas políticas18.
La función presidencial de señalar políticas generales en materia de
servicios públicos, el alcance de la norma acusada y la autonomía de las
comisiones de regulación.
9- Las anteriores consideraciones sobre el reparto de competencias en materia
de servicios domiciliarios permiten concluir que la disposición acusada hace
exclusiva referencia a unas funciones presidenciales. En efecto, explícitamente
la norma señala que el Presidente de la República señalará las políticas
generales de la administración y control de eficiencia de los servicios públicos
domiciliarios, que le encomienda el artículo 370 de la Constitución, por medio
de las comisiones de regulación, cuando decida delegarlas en ellas, de
conformidad con la ley. Es cierto que la norma impugnada también extiende
esa atribución a “los demás a los que se refiere esta ley”, enunciado poco claro
que podría dar lugar a algunos equívocos sobre los alcances de la disposición
17 Sentencia C-539 de 1995.
18 Sentencia C - 242 de 1997. Magistrado Ponente Dr. Hernando Herrera Vergara.
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acusada. Así, no se sabe si esa expresión se refiere a otros servicios públicos,
o a otras competencias de las comisiones de regulación, o a otros fenómenos
jurídicos. Sin embargo, una interpretación sistemática de la disposición, en el
contexto general de la Ley 142 de 1994, y en especial tomando en
consideración el artículo 14 sobre el sentido de las definiciones previstas por
esa ley, permite concluir que esa expresión hace referencia a ciertas
actividades complementarias (art. 14.2), que si bien no configuran en sentido
estricto la prestación de un servicio domiciliario, se encuentran tan íntimamente
ligadas al mismo, que resulta razonable que los mandatos de la ley también las
cubran. Tal es el caso, por ejemplo, del procesamiento y tratamiento del agua
en relación con el servicio de acueducto (art. 14.22).
10- Es entonces claro que la norma impugnada está simplemente permitiendo
la delegación de unas funciones presidenciales, a saber, la posibilidad que
tiene el Ejecutivo de señalar, de conformidad con la ley, las políticas generales
de la administración y control de eficiencia de los servicios públicos
domiciliarios. Esta conclusión es ya suficiente para rechazar uno de los cargos
de la demandante, según el cual no podría la ley permitir esa delegación
presidencial por ser ésta una función compartida con el legislador. En efecto,
la simple lectura del artículo 370 de la Carta, que es literalmente reproducido
por la norma impugnada, muestra que esas atribuciones son eminentemente
presidenciales, teniendo en cuenta que han sido colocadas en cabeza del
primer mandatario. Todo lo anterior, como es obvio, respetando la órbita que
fue definida por el Legislador con el pleno de las atribuciones constitucionales,
para que el Presidente pudiera fijar dichas políticas.
11- El anterior análisis no niega que otros artículos de la ley 142 de 1994 hayan
podido eventualmente asignar a las comisiones de regulación funciones que no
son directamente del Presidente sino del Legislador, lo cual podría suscitar
algunos problemas de constitucionalidad. Sin embargo, en caso de que tal
fenómeno hubiera sucedido, no por ello la norma acusada sería
inconstitucional, pues ella se limita a permitir la delegación de las atribuciones
previstas por el artículo 370 de la Carta, las cuales son eminentemente
presidenciales, y por lo tanto no representan una competencia compartida con
el legislador. Además, la Corte recuerda que la atribución a las comisiones de
regulación de competencias no presidenciales no es per se inconstitucional. En
efecto, en la sentencia C-066 de 1997, esta Corporación precisó, en lo
concerniente al examen de constitucionalidad de otros artículos de la Ley 142
de 1994, que “no es admisible el cargo imputado por el actor, en razón a que
no existe traslado de competencias del legislador al Presidente de la República,
sino que se trata, se repite, de una facultad directamente atribuida del legislador
directamente a las comisiones de Regulación, que en este sentido son
instrumentos de realización de los intereses públicos consagrados en la
Constitución y la ley.”19 Habría pues que estudiar específicamente el tipo de
competencias y su alcance, pero no corresponde a la Corte, en el presente
caso, adelantar ese examen ya que las distintas atribuciones de las comisiones
se encuentran previstas en otras disposiciones de la Ley 142 de 1994, las
cuales no fueron acusadas por la demandante.
12- El examen precedente permite también desechar la impugnación de uno
de los intervinientes, según la cual, la inconstitucionalidad de la norma acusada
derivaría de la falta de autonomía de las comisiones de regulación frente al
Ejecutivo. Así, es cierto que en esas comisiones, a pesar de ser unas unidades
administrativas especiales, con independencia administrativa, técnica y
patrimonial, se encuentran sujetas a una importante injerencia presidencial ya
19 Sentencia C-066 de 1997. Magistrado Ponente Fabio Morón Díaz.
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que el ministro del ramo las preside (Ley 142 de 1994 arts 89 a 71). Sin
embargo, esa dependencia de las comisiones de regulación frente al Gobierno
en manera alguna implica la inconstitucionalidad de las mismas, ni de la
posibilidad de que el Presidente delegue en ellas la definición de las políticas
generales de la administración y control de eficiencia de los servicios públicos
domiciliarios, por la sencilla razón de que, como ya se ha visto, se trata de
funciones presidenciales. En efecto, mal podría el juez constitucional declarar
inconstitucional una ley porque permite la delegación de una función del
Presidente en una agencia estatal subordinada al Ejecutivo, por considerar que
ésta no es suficientemente autónoma, pues en general es propio de la
delegación que la autoridad delegataria se encuentra en una cierta
subordinación frente a quien delega.
13- Es cierto que bien hubiera podido la Carta, con el fin de tecnificar la
formulación de las estrategias en materia de servicios públicos, atribuir esa
función a una autoridad técnica autónoma, tal y como lo hizo en relación con la
política monetaria o la regulación de la televisión. Es más, en los propios
debates en la Asamblea Constituyente se llegó a plantear esa posibilidad. Sin
embargo, lo cierto es que finalmente no se adoptó ese modelo y se atribuyó
esa función al Presidente, tal y como lo establece el artículo 370 superior. Un
breve examen de los debates en la Asamblea Nacional es ilustrativo en este
punto.
Así, el Informe-Ponencia en materia de servicios públicos presentado en la
Asamblea20 resaltó la importancia de los servicios públicos, por lo cual se
propuso consolidar su eficiencia y legitimidad mediante un organismo que fuera
el titular de la fijación de políticas de desarrollo, de conservación, tarifas, control
y vigilancia de los servicios públicos, al cual inicialmente se denominó “Consejo
Nacional de Servicios Públicos”. Igualmente, respecto a la dirección y control
de los servicios públicos21, se planteó también la posibilidad de permitir que
organismos especializados determinarán el control, regulación y vigilancia de
los mismos, al señalar que “si bien se introduce la posibilidad de que algunos
servicios públicos sean atendidos por los particulares, la dirección, vigilancia y
control de los mismos, se radica en cabeza del Estado, a través de instituciones
especializadas que se organizarán para tal fin. Dichos organismos
fiscalizadores se crearían atendiendo la naturaleza y particularidad de los
servicios públicos”. Así mismo, dentro del articulado, se propuso que tales
entidades especializadas del Estado fueran determinadas “en los términos y
condiciones que fije la Ley.” 22
En el curso de los debates tuvo una importante acogida la tesis de entregar esa
dirección, vigilancia y control de los servicios públicos a una Superintendencia
de Servicios Públicos, que evitara la corrupción y desidia que se había dado
con anterioridad. Sin embargo, también se señaló que existiendo servicios
públicos domiciliarios muy diferentes “y un gran número de municipios,
entonces de golpe podría ser un poco rígido decir que es una Superintendencia
porque a la hora de la verdad en el futuro, la ley puede considerar que es mejor
tener dos, o asignarle parte de las funciones a otro organismo”.23
20 Gaceta Constitucional No 41. Informe-Ponencia. Martes 9 de abril de 1991. Augusto Ramirez
Cardona.
21 Ponencia sobre Servicios Públicos. Abril 4 de 1991. Ponente: Eduardo Verano de la Rosa. Gaceta
Constitucional No 51. Martes 16 de Abril de 1991.
22 Ibidem.
23 Comentario del Constituyente. Guillermo Perry. Presidencia de la República. Consejería para el
desarrollo de la Constitución. Transcripciones Asamblea Nacional Constituyente. Antecedentes de
los artículos 365 a 370 de la Constitución.
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Esto explica que si bien el Constituyente pudo dejar en cabeza de la
Superintendencia de Servicios Públicos, o de una entidad autónoma
especializada, la función de determinar las políticas de administración y
eficiencia de los servicios domiciliarios, así como las de inspección y vigilancia
de los mismos, en realidad optó por otro modelo, de suerte que el artículo 370
de la Carta separa esas atribuciones, de las cuales la primera se radica en el
Presidente, y la de control, vigilancia e inspección, en la superintendencia.
Por consiguiente, el cargo sobre la ausencia de autonomía frente al Gobierno
de las comisiones de regulación no es de recibo, pues constituye más una
argumentación en favor de una reforma del modelo adoptado por la Carta en
este campo, la cual puede ser respetable desde el punto de vista político, pero
es improcedente en el presente examen, pues el interviniente no demuestra
una violación a la Constitución por parte de la norma acusada.” (Énfasis de la
Sala).
En cumplimiento del artículo 68 de la Ley 142 de 1994, el Presidente de la República
expidió el Decreto 1524 de 1994, “Por el cual se delegan las funciones
presidenciales de señalar políticas generales de administración y control de
eficiencia en los servicios públicos domiciliarios, y se dictan otras disposiciones”,
delegando en la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico el
establecimiento del régimen de prestación de ese servicio, con la posibilidad de
reasumir tal atribución:
“Artículo 1. Delégase las funciones del Presidente de la República, a las que
se refieren el artículo 68, y las disposiciones concordantes, de la Ley 142 de
1994, "por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios
y se dictan otras disposiciones", en la Comisión de Regulación de Agua Potable
y Saneamiento Básico y en la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones,
que crea esa Ley, para que las ejerzan en la forma allí prevista, en relación con
cada uno de los servicios públicos respectivos.” (Subrayas de la Sala).
“Artículo 3. La delegación de funciones a que se refiere este decreto exime de
responsabilidad al Presidente de la República, la cual corresponderá
exclusivamente a las Comisiones delegatarias, cuyos actos o resoluciones
podrá siempre reformar o revocar el Presidente, reasumiendo la
responsabilidad consiguiente”. (Subrayas de la Sala).
Debe ponerse de relieve que el ejercicio de la función reguladora constituye uno de
los instrumentos más representativos y característicos de la intervención del Estado,
junto con el ejercicio de las funciones de control y vigilancia, con lo cual el
ordenamiento jurídico busca contribuir a la realización de los fines de nuestro Estado
Social de Derecho, a la concreción efectiva de las libertades económicas y a la
satisfacción de las necesidades colectivas24. De ahí la necesidad y la importancia
24 Sobre este tema, la H. Corte Constitucional, mediante Sentencia C-955 del 14 de Noviembre de
2007, expresó: “Es importante señalar que la regulación es una forma de intervención estatal en la
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de precisar el sentido y el alcance de esa modalidad de intervención. La sentencia
del 30 de abril de 2009, proferida por esta misma Sección en el proceso número
11001-03-24-000-2004-00123-01, delimitó dicho concepto de manera muy precisa,
de modo que pudiera entenderse su ejercicio en sentido amplio o estricto, según el
órgano que lo desarrolle:
“El vocablo “regulación” suele ser utilizado en el lenguaje cotidiano como
sinónimo de “legislación”, “reglamentación” o “normatividad”, tendencia que se
explica por el hecho de que esa es precisamente una de las acepciones más
difundidas en nuestro lenguaje cotidiano, sin ser desde luego la única. En
efecto, según lo enseña el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la
palabra “regulación” evoca en términos generales la acción y el efecto de
“regular”, expresión que según su sentido más usual significa “Determinar las
reglas o normas a que debe ajustarse alguien o algo.”. Podría afirmarse
entonces, en sentido lato, esto es, haciendo referencia abstracta a los distintos
ámbitos de la acción estatal, que la acción de “regular” comprende y describe
todos los procesos de elaboración o producción de normas jurídicas
encaminadas a ordenar la vida en comunidad, mediante la definición de las
reglas a las cuales han de someterse los sujetos tanto públicos como privados
en el contexto de sus relaciones mutuas y en el ámbito de su actividad personal
o institucional. Percibido desde esta perspectiva, el vocablo “regular” evoca en
suma la idea de “producción de normas jurídicas”.
Desde este punto de vista puede decirse que en el derecho positivo colombiano
existen distintos instrumentos de regulación, empezando precisamente por
aquellos que se encuentran contenidos en la propia Constitución Política, en
cuyo articulado se consagra, un amplio catálogo de principios, mandatos y
reglas de carácter superior, relativos a ciertos asuntos que son de gran
relevancia e interés para la vida de la Nación y que atañen, en términos
generales, a la definición y cumplimiento de los fines del Estado, a la
organización y funcionamiento de nuestro andamiaje jurídico-político y a la
determinación de los derechos, garantías, deberes y obligaciones de quienes
habitan del territorio nacional.
Aparte de lo que se dispone en esos mandatos de rango superior, la ley, en
cuanto declaración de la voluntad soberana manifestada en la forma prevista
en la Constitución, es considerada como el instrumento de regulación por
excelencia, a través del cual el Congreso de la República precisa y desarrolla
las reglas de derecho en aquellas materias que expresamente le han sido
indicadas por el constituyente. Sin perjuicio de lo anterior, también es función
suya disciplinar los demás tópicos de la vida en sociedad, así su regulación por
vía legal no haya sido contemplada o prevista de manera puntual por el
ordenamiento constitucional, pues al fin y al cabo el Congreso también es
competente para ello, en virtud de la cláusula general de competencias
normativas establecida en los artículos 114 y 150 de la Carta.25
economía, y se convierte en una eficaz herramienta constitucional tendiente a evitar que la sola
operancia de las leyes del mercado pueda desdibujar los fines sociales de nuestro Estado
(preámbulo, artículos 1, 2, 333, 334, 365, 367 y 370 CP).
25 Artículo 114. Corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes
y ejercer control político sobre el gobierno y la administración.
Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes
funciones:
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En nuestro derecho interno los instrumentos de regulación que tienen fuerza y
carácter de ley se clasifican en leyes ordinarias y especiales26, que lo son tanto
por el procedimiento y requisitos definidos para su expedición, modificación o
derogación como por su contenido material propiamente dicho. A esas leyes se
añaden también los decretos dictados por el Gobierno Nacional durante la
vigencia de los estados de excepción, los decretos proferidos en ejercicio de
facultades extraordinarias y los decretos leyes propiamente dichos.
Descendiendo en la jerarquía normativa, se encuentran igualmente los actos
administrativos tanto de alcance general como los de contenido particular,
individual y concreto, proferidos unos y otros por las autoridades administrativas
de distinto nivel dentro del marco de sus competencias constitucionales y
legales, los cuales también pueden ser considerados, desde este particular
punto de vista como expresiones de la función reguladora.
Además de lo dicho hasta aquí, es pertinente observar que el constituyente de
1991 radicó algunas potestades de regulación en determinadas autoridades
administrativas, debiendo aclararse en todo caso que su ejercicio es catalogado
como una expresión más de la función administrativa del Estado y no como una
función de naturaleza legislativa, tal como podría llegar a pensarse. La anterior
precisión, además de su pertinencia, permite comprender el por qué a diferencia
de lo que ocurre con las leyes y los decretos que tienen fuerza de ley, el examen
de la legalidad de esos actos corresponde a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo y no a la Corte Constitucional.
Ahora bien. En tratándose de la intervención del Estado en el plano económico
y social, los vocablos “regular” y “regulación”, adquieren una connotación bien
particular, pues desborda esa concepción meramente normativa para aludir
también a la realización de ciertas acciones y a la adopción de determinadas
decisiones, sin las cuales el mercado no podría existir ni funcionar en debida
forma.
En un sentido mucho más estricto, la regulación socioeconómica dice relación
con aquella intervención que realiza el Estado a través de autoridades
específicamente concebidas para fijar y ajustar de manera continua las reglas
de juego a las cuales deben sujetarse los actores que intervienen en una
actividad socioeconómica determinada, tal como acontece por ejemplo con la
intervención que realiza el Estado en el ámbito de los servicios públicos
domiciliarios, la cual responde a ciertos criterios técnicos y a las especificidades
inherentes a su prestación y a su propia dinámica. En ese orden de ideas, la
actividad sujeta a regulación reviste una especial trascendencia en cuanto
1. Interpretar, reformar y derogar las leyes.
7. Determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios,
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del
orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica; reglamentar la creación y
funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales dentro de un régimen de autonomía;
así mismo, crear o autorizar la constitución de empresas industriales y comerciales del estado y
sociedades de economía mixta.
21. Expedir las leyes de intervención económica, previstas en el artículo 334, las cuales deberán
precisar sus fines y alcances y los límites a la libertad económica.
23. Expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios
públicos.
26 Participan del carácter de leyes especiales las llamadas leyes marco o cuadro, las orgánicas, las
estatutarias, las de facultades extraordinarias, las de autorizaciones, las relativas a la intervención
económica, las aprobatorias de tratados públicos, las que tienen por objeto facilitar o
instrumentalizar los procesos de reforma constitucional, y por último, la ley anual de presupuesto y
la ley del plan.
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compromete el desarrollo del mercado mismo en un ámbito donde, en mayor o
menor medida, está involucrado el disfrute efectivo de los derechos
fundamentales e individuales y donde se impone la adopción de medidas de
protección social y de corrección de las fallas del respectivo mercado.
En estas circunstancias, la intervención del Estado se explica entonces por la
necesidad de preservar o restablecer el equilibrio que debe existir entre aquellos
actores que abrigan intereses legítimos contrapuestos en un ámbito
socioeconómico que es de suyo dinámico y competitivo, de tal suerte que el rol
a desempeñar por parte del Estado, debe traducirse básicamente en la
orientación de tales actividades hacia los fines de interés general que han sido
señalados por el constituyente y el legislador.
Lo anterior permite comprender la razón por la cual el vocablo “regulación” que
como ya se dijo se encuentra estrechamente asociado a la idea de producción
normativa, significa también, desde esta otra perspectiva y en forma adicional,
“Ajustar, reglar o poner en orden algo” y “Ajustar el funcionamiento de un
sistema a determinados fines”, lo cual concuerda precisamente con el propósito
consignado en el artículo 365 de la Carta, en el sentido de lograr el cumplimiento
de los fines sociales del Estado a través de la prestación eficiente de los
servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional”. (Subrayas de la
Sala).
8.3.3. Alcance de los artículos 2º y 13º del Decreto Distrital 564 de 2012
Ahora bien, el hecho de que el Decreto 564 de 2012 tenga un ámbito de aplicación
territorial no excluye, por sí solo, su posible incidencia en los actos regulatorios
demandados, toda vez que estos también tienen cobertura local, pues su objeto es la
facturación conjunta del servicio público domiciliario de aseo en el Distrito Capital. En
efecto, las Resoluciones 639 y 653 de 2013 regulan la relación entre la EAAB y el
prestador privado SERVIGENERALES S.A. E.S.P., respecto de los usuarios del
servicio de aseo en la ciudad de Bogotá. Por tanto, resulta indispensable analizar el
contenido de las disposiciones invocadas por la parte actora para determinar si
constituyen un requisito para la expedición de las decisiones regulatorias acusadas.
El artículo 2º del Decreto Distrital 564 de 201227 instauró un esquema transitorio de
organización del servicio público de aseo en el Distrito Capital. Este régimen, adoptado
27 “ARTÍCULO 2°. Esquema Transitorio del Servicio de Aseo. En cumplimiento de lo ordenado en los
autos 275 del 2011 y 084 de 2012 de la Honorable Corte Constitucional, se adopta para la ciudad de
Bogotá, de manera transitoria, el esquema de prestación del servicio público de aseo contenido en
el presente decreto con el fin de garantizar el cumplimiento del programa Bogotá Basura Cero
establecido en el Acuerdo No. 489 de 2012, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico,
Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2012-2016, y atender la obligación de
ejecutar a cabalidad el plan de inclusión de la población recicladora, así como para garantizar la
continuidad del servicio en condiciones de calidad y sin discriminación para la totalidad de los
habitantes de la ciudad y asegurar el debido cumplimiento de las obligaciones de prestación,
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en atención al cumplimiento de decisiones de la Corte Constitucional, perseguía
incorporar a la población recicladora y garantizar la continuidad del servicio hasta la
adjudicación de contratos de concesión en los términos del artículo 40 de la Ley 142
de 199428, es decir, hasta la creación formal de las Áreas de Servicio Exclusivo —
ASE—. La transitoriedad permanecería vigente únicamente mientras no se hubiesen
suscrito dichos contratos definitivos.
Por su parte, el artículo 13º ibidem dispuso que las empresas prestadoras en Bogotá
podrían celebrar convenios de facturación conjunta con aquellas entidades que
hubiesen suscrito contrato con el Distrito Capital para la prestación del servicio de
aseo, otorgándole a la UAESP funciones de vigilancia tarifaria y de prestación efectiva
del servicio. Así, este artículo posibilita el acceso al mecanismo de facturación conjunta
para los prestadores con vinculación contractual29.
En este punto resulta pertinente resaltar que la Ley 142 de 1994 autoriza la posibilidad
de establecer ASE para la prestación de servicios públicos domiciliarios, con el
propósito de promover la ampliación de la cobertura en favor de la población de
menores ingresos. Dicha figura se encuentra condicionada a la realización de un
coordinación, supervisión y control del servicio atribuidas por la Constitución Política y la Ley al
Distrito Capital.
PARÁGRAFO. La transitoriedad del esquema adoptado en el presente decreto se extiende hasta la
fecha en la cual se adjudiquen, mediante licitación pública, contratos de concesión del servicio
público de aseo según lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 142 de 1994.”.
28 “ARTÍCULO 40. Áreas de Servicio exclusivo. Por motivos de interés social y con el propósito de
que la cobertura de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, saneamiento ambiental,
distribución domiciliaria de gas combustible por red y distribución domiciliaria de energía eléctrica,
se pueda extender a las personas de menores ingresos, la entidad o entidades territoriales
componentes, podrán establecer mediante invitación pública, áreas de servicio exclusivas, en las
cuales podrá acordarse que ninguna otra empresa de servicios públicos pueda ofrecer los mismos
servicios en la misma área durante un tiempo determinado. Los contratos que se suscriban deberán
en todo caso precisar el espacio geográfico en el cual se prestará el servicio, los niveles de calidad
que debe asegurar el contratista y las obligaciones del mismo respecto del servicio. También podrán
pactarse nuevos aportes públicos para extender el servicio.
PARÁGRAFO 1. La comisión de regulación respectiva definirá, por vía general, cómo se verifica la
existencia de los motivos que permiten la inclusión de áreas de servicio exclusivo en los contratos;
definirá los lineamientos generales y las condiciones a las cuales deben someterse ellos; y, antes de
que se abra una licitación que incluya estas cláusulas dentro de los contratos propuestos, verificará
que ellas sean indispensables para asegurar la viabilidad financiera de la extensión de la cobertura
a las personas de menores ingresos.”.
29 “ARTÍCULO 13°. Facturación. Las Empresas de Servicios Públicos de Bogotá D.C. podrán realizar
convenios de facturación conjunta con empresas privadas que hayan suscrito con el Distrito Capital
contratos para la prestación del servicio público de aseo. La Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos – UAESP vigilará y controlará que las tarifas cumplan con las normas legales y
correspondan a servicios efectivamente prestados al usuario.”.
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proceso de licitación pública y a la delimitación de condiciones específicas, tales como
la determinación del espacio geográfico correspondiente, los niveles mínimos de
calidad del servicio, las obligaciones del contratista y la eventual incorporación de
aportes públicos destinados a garantizar la sostenibilidad y extensión del servicio.
Todo ello debe sujetarse a los lineamientos generales definidos por la respectiva
comisión de regulación, conforme a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la
citada ley.
La característica definitoria de las ASE radica en su exclusividad, entendida como la
atribución a un único prestador del derecho a operar en una zona determinada,
durante un tiempo específico y bajo condiciones previamente establecidas en el
contrato de concesión. Sin embargo, es preciso aclarar que no toda concesión de
servicios públicos implica, per se, la configuración de un área de servicio exclusivo.
Por el contrario, el establecimiento de una ASE exige el cumplimiento de requisitos
particulares y la verificación de condiciones excepcionales que la distinguen de otras
formas de contratación o autorización para la prestación del servicio, razón por la cual
su existencia debe constatarse de manera expresa y previa a través del procedimiento
legalmente previsto.
De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra que en el caso analizado no se
acreditó la existencia de un ASE, lo que significa que no existía una exclusividad
otorgada por el Distrito, ni una obligación legal de contratar con éste para poder prestar
el servicio o acceder al mecanismo de facturación conjunta.
Si bien el demandante sostiene que el artículo 13 del Decreto Distrital 564 de 2012
supeditaba la celebración de convenios de facturación conjunta con empresas
privadas a la suscripción previa de un contrato con el Distrito Capital para la prestación
del servicio público de aseo, lo cierto es que dicha disposición, lejos de excluir de plano
a los operadores privados, prevé expresamente la posibilidad de que se celebren
convenios de facturación conjunta con dichos prestadores. Ello evidencia que, incluso
dentro del esquema transitorio adoptado por el Distrito Capital, se contemplaba la
participación de agentes privados en la prestación del servicio, al menos en lo relativo
al mecanismo de facturación.
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En la parte considerativa del Decreto Distrital 564 de 2012, se afirmó que la
adjudicación de contratos de concesión mediante licitación pública ASE se
consideraba “la forma más idónea y conveniente para garantizar la libre competencia
por el mercado, la cobertura total del servicio y el adecuado cumplimiento de las
funciones de supervisión, vigilancia y control asignadas a las autoridades
competentes”. Ello evidencia que la prestación del servicio no se encontraba
restringida exclusivamente a operadores contratados por el Distrito, por lo que
resultaba jurídicamente viable la participación de entidades privadas habilitadas para
prestar el servicio público de aseo en Bogotá.
Nótese que incluso el artículo 8 ibidem indicó que, con “el propósito de asegurar la
continuidad del servicio de aseo, en los términos establecidos por la Ley, la prestación
se podrá hacer a través de Empresas de Servicios Públicos pertenecientes al Distrito
a través de convenios o contratos que celebre la Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos – UAESP para el efecto. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Bogotá EAAB ESP, expedirá los actos, celebrará los contratos y realizará las
operaciones que se requieran, todo de conformidad con lo previsto en la Ley 142 de
1994 y con estricta sujeción a las órdenes impartidas por la Honorable Corte
Constitucional”.
En consecuencia, al momento en que la empresa SERVIGENERALES S.A. E.S.P.
solicitó a la CRA la imposición de condiciones para acceder al servicio de facturación
conjunta, el marco normativo vigente –incluido el artículo 13 del Decreto 564 de 2012–
permitía que dicho mecanismo se articulara con operadores privados. A ello se suma
el hecho de que, para esa fecha, no existían en Bogotá ASE definidas ni adjudicadas
mediante los procedimientos establecidos en el artículo 40 de la Ley 142 de 1994. La
ausencia de ASE implica que el servicio se encontraba abierto a la libre competencia,
sin restricciones contractuales que impidieran a un operador debidamente habilitado
acceder a mecanismos como la facturación conjunta, conforme al régimen general de
los servicios públicos domiciliarios y a los principios de igualdad de trato y no
discriminación entre prestadores.
En este contexto, la CRA actuó en el marco del régimen general aplicable a la libre
competencia en la prestación del servicio público de aseo, conforme a lo previsto en
los artículos 333, 365 y 367 de la Constitución Política, desarrollados por la Ley 142
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de 1994. En efecto, dicha ley garantiza la libre competencia como principio rector del
régimen de los servicios públicos, y faculta a las empresas prestadoras para celebrar
acuerdos sobre aspectos operativos, entre ellos la facturación conjunta, con base en
criterios técnicos y de eficiencia, bajo supervisión de la autoridad regulatoria.
En línea con lo anterior, la CRA expidió la Resolución 639 de 2013, mediante la cual
ordenó a la EAAB E.S.P. prestar el servicio de facturación conjunta a
SERVIGENERALES S.A. E.S.P., estableciendo condiciones operativas, financieras y
técnicas. Esta decisión fue confirmada por la Resolución 653 de 2013, sin exigencia
alguna de contrato con el Distrito como condición habilitante. En ambos actos, la CRA
actuó dentro del marco de su competencia como autoridad nacional de regulación.
Así las cosas, la Sala considera que, en ausencia de un ASE, no puede oponerse la
interpretación de una norma local al ejercicio legítimo de la competencia regulatoria
de la CRA, cuyo alcance es técnico, general y orientado a promover condiciones de
eficiencia, neutralidad y no discriminación en el acceso a mecanismos como la
facturación conjunta. La cláusula establecida en el artículo 13° del Decreto 564 de
2012 debe entenderse como aplicable a un modelo específico —el régimen transitorio
adoptado por el Distrito—, pero no tiene la virtualidad de desnaturalizar la regulación
general ni de restringir la competencia de la autoridad nacional en contextos donde no
existe ASE. Entonces, si ese modelo ha previsto la facturación conjunta previa
suscripción de acuerdos con el Distrito, como quiera que éste no puede limitar la libre
competencia si no lo es con el establecimiento de ASE, ello no excluye que también,
sin acuerdo alguno y atendiendo los principios de libre competencia y libertad de
empresa, el interesado en prestar el servicio solicite a la autoridad competente que fije
las condiciones de tal facturación.
En suma, la CRA no desconoció norma superior al expedir las resoluciones
demandadas, por cuanto no se encontraba obligada a supeditar el acceso a la
facturación conjunta a una condición de naturaleza contractual no prevista en el
régimen general de los servicios públicos domiciliarios, ni a replicar en su regulación
una presunta exigencia del esquema local de transición.
8.4. De la infracción del artículo del artículo 68 del CPACA
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En relación con el reparo formulado por la parte actora, consistente en que la
notificación personal de los actos demandados no se realizó en debida forma ni
dentro del término legal, lo cual configuraría una vulneración del debido proceso, la
Sala advierte que dicha censura se refiere a uno de los atributos del acto
administrativo, concretamente su ejecutoriedad u obligatoriedad. Este atributo
implica la posibilidad de que el acto produzca efectos jurídicos una vez ha nacido a
la vida jurídica, salvo que concurra alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 91 del CPACA que suspenda o impida su ejecución.
En ese sentido, la notificación extemporánea no afecta la validez del acto
administrativo, pues esta únicamente se desvirtúa cuando se acredita la ausencia
de uno o varios de sus elementos esenciales de legalidad. Ello ocurre, por ejemplo,
cuando se demuestra que el acto es contrario al ordenamiento jurídico superior
vigente al momento de su expedición; que fue proferido por autoridad incompetente;
que se fundamenta en hechos falsos; que adolece de vicios sustanciales en el
procedimiento; que vulnera de manera material los derechos al debido proceso, a
la defensa o de audiencia; o que desatiende los fines que justifican su existencia.
Esta postura ha sido reiterada por la jurisprudencia de manera constante, pacífica
y uniforme30.
8.5. De los reparos contenidos en la solicitud de suspensión provisional
Finalmente, atendiendo lo dicho en la fijación del litigio, la Sala advierte que no
resulta procedente abordar el análisis de los cargos fundados en la presunta
infracción de los artículos 13, 25 y 29 de la Constitución Política, 88 del CPACA,
30 Los siguientes apartes han sido acogidos en diversos pronunciamientos entre los cuales vale la
pena resaltar: Sección Quinta, Sentencia del 23 de agosto de 2018. Proceso número 52001 23 31
000 2011 00002 01. M.P: Alberto Yepes Barreiro; Sección Primera. Sentencia del 10 de mayo de
2012. Radicación número: 66001-23-31-000-2006-00353-01. C.P. María Claudia Rojas Lasso;
Sección Primera. Sentencia del 26 de julio de 2018. Expediente número 11001 03 24 000 2010 00199
00. M.P. María Elizabeth García González. Sección Primera. Fallo del 15 de noviembre de 2019.
Proceso número 11001 03 24 000 00163 01. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Sección Tercera.
Sentencia del 11 de agosto de 2005. Proceso número 1001 03 26 000 2000 08345 01 (18345). M.P.
María Elena Giradlo López. Sección Primera, Sentencias de 3 de agosto de 2000, M. P. Olga Inés
Navarrete Rodríguez, exp. No. 5722; 9 de diciembre de 2004, M. P. María Inés Ortiz Barbosa, exp.
No. 14152; sentencia de 4 de noviembre de 2004, M.P. María Inés Ortiz Barbosa, exp. No. 13822;
Sección Tercera. Radicación número: 11001 03 26 000 1995 1215 01. Dra. María Elena Giraldo
Gómez. Referencia: No. Interno 11.215.
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1602 y 1603 del Código Civil, toda vez que dichos preceptos, si bien fueron
mencionados como normas presuntamente vulneradas en el escrito de solicitud de
suspensión provisional, lo cierto es que no fueron desarrollados en el acápite
correspondiente al concepto de violación, ni en ninguna otra parte sustancial del
texto de la demanda. Ello impide a esta Sala examinar su presunta transgresión,
toda vez que únicamente le corresponde pronunciarse sobre los cargos
expresamente formulados y debidamente sustentados por el actor en el libelo
introductorio. En efecto, se requería de una carga mínima de argumentación que
no puede suplirse con el contenido del escrito de la medida cautelar.
Lo anterior pues, conforme lo establece el artículo 187 del CPACA31, la sentencia
debe estar motivada y fundada en un análisis crítico de los razonamientos
probatorios, legales, doctrinales y de equidad que resulten estrictamente
necesarios para adoptar una decisión de fondo. Este deber de motivación impone
también límites: la decisión judicial debe centrarse en los aspectos jurídicos que
hayan sido expresamente planteados por el demandante y que cuenten con una
mínima exposición argumentativa que permita su análisis, sin que sea posible suplir
la falta de sustentación con otros apartados del expediente, como lo es el escrito
de solicitud de medidas cautelares. De manera reiterada, la jurisprudencia ha
resaltado que el concepto de la violación constituye el eje estructural del control de
legalidad, en tanto delimita los aspectos sustantivos sobre los cuales debe versar
el pronunciamiento judicial. Es por esa razón que la sentencia deberá producirse
de acuerdo con los hechos y pretensiones indicados en el libelo introductorio, así
como con las excepciones que sean planteadas por la contraparte o aquellas que
resulten debidamente probadas en el transcurso del trámite judicial.
31 “ARTÍCULO 187. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará
un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los
razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las
conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen.
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador
encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la
excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.
Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir
disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas.
Las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando como
base el Índice de Precios al Consumidor.”.
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En ese orden, al no haber sido desarrolladas en el concepto de la violación de la
demanda las razones por las cuales los artículos antes mencionados habrían sido
vulnerados por los actos demandados, no es posible para esta Sala pronunciarse
sobre tales reparos.
Por todo lo expuesto, la Sala negará las pretensiones de la demanda.
8.6. Costas
En observancia de los artículos artículos 188 del CPACA32 y 365 del CGP33, en
especial su numeral 8, sobre condena en costas, y a lo expuesto sobre el punto por
esta Corporación, la Sala advierte que esa clase de condenas atiende a un criterio
objetivo valorativo. Dicho criterio: i) es objetivo porque no resulta de un obrar
temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es
resultado de su derrota en el proceso o recurso que hay interpuesto, y ii) es
valorativo, porque se requiere en el expediente que el juez revise si las mismas se
causaron y en la medida de su comprobación, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad efectivamente realizada dentro de este.
32 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil.”
33 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de
excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación
con la temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al
recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada
a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o
pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su
interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán
los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán
renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción”.
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En consecuencia, la Sala considera que no hay lugar a imponer una condena en
costas a la empresa demandante, pues no existe prueba de que las mismas se
ocasionaran.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Sin condena en costas, en atención a lo señalado en precedencia.
TERCERO. Una vez en firme esta decisión, procédase por Secretaría al archivo del
expediente, dejando las constancias a que hubiere lugar.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del
18 de septiembre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado (E)
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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