Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2014-00047-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2014-00047-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2014-00047-00
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Número único de radicación: 110010324000 2014 00047 00
Demandante: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
Temas: En materia de patentes corresponde a la parte actora desvirtuar la
presunción de legalidad de los actos acusados que deniegan el privilegio de
patente - Reiteración jurisprudencial.
SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad
GlaxoSmithKline Biologicals S.A. contra la Superintendencia de Industria y
Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 1610 del 28
de enero de 20131 y 55349 del 18 de septiembre de 20132.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. La sociedad GlaxoSmithKline Biologicals S.A. en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho3, en adelante la parte demandante,
presentó demanda4 contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que
se declare la nulidad de las resoluciones núms. 1610 del 28 de enero de 2013
1 Cfr. Folios 9 a 15.
2 Cfr. Folios 16 a 19.
3 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “[…] Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
4 Por intermedio de apoderada judicial. Cfr. Folios 98 a 115.
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Demandante: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
“Por la cual se deniega una patente de invención” y 55349 del 18 de septiembre
de 2013 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la parte
demandada, mediante las cuales se denegó el privilegio de patente de invención
a la creación denominada “COMPOSICIÓN INMUNOGÉNICA QUE
COMPRENDE CONJUGADOS DE POLISACÁRIDO CAPSULAR DE
NEISSERIA MENINGITIDIS”.
Pretensiones
2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones5:
“[…] (1) que se declare nula la Resolución Número 1610 dictada por el señor
Superintendente de Industria y Comercio el 28 de enero de 2013, por medio
de la cual se niega la solicitud de la patente de invención consistente en
“COMPOSICIÓN INMUNOGÉNICA QUE COMPRENDE CONJUGADOS
DE POLISACÁRIDO CAPSULAR DE NEISSERIA MENINGITIDIS”, con
fundamento en que dicha invención carece de Nivel Inventivo.
(2) Que se declare nula la Resolución Número 55349 dictada por el señor
Superintendente de Industria y Comercio el 18 de septiembre de 2013, por
medio de la cual se confirma en su totalidad la Resolución Número 1610 y
se declara agotada la vía gubernativa.
(3) Que con fundamento en dichas declaraciones a favor de
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. y a título del [sic]
Restablecimiento del Derecho:
(i) Se ordene la concesión a nombre de GLAXOSMITHKLINE
BIOLOGICALS S.A. de la patente de invención “COMPOSICIÓN
INMUNOGÉNICA QUE COMPRENDE CONJUGADOS DE
POLISACÁRIDO CAPSULAR DE NEISSERIA MENINGITIDIS”.
(ii) Se ordene al señor Superintendente de Industria y Comercio expedir
el correspondiente Certificado de Patente, y
(iii) Se ordene su publicación en la Gaceta de la propiedad Industrial,
para los efectos pertinentes […]”. (Negrillas y subraya del texto
original).
Presupuestos fácticos
3. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:
5 Cfr. Folio 100.
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3.1. Que el 27 de diciembre de 2007, por solicitud de la sociedad
GlaxoSmithKline Biologicals S.A., entró a fase nacional la solicitud de patente de
invención titulada “COMPOSICIÓN INMUNOGÉNICA”, que corresponde a la
solicitud internacional PCT/EP2006/006188 del 23 de junio de 2006, con número
de radicado en Colombia 07-136.724.
3.2. Que el 29 de abril de 2008 presentó como nuevo título de la creación el
nombre “COMPOSICIÓN INMUNOGÉNICA QUE COMPRENDE CONJUGADOS
DE POLISACÁRIDO CAPSULAR DE NEISSERIA MENINGITIDIS”, el cual fue
aceptado por ajustarse a lo previsto en la Decisión 486 de 2000.
3.3. Que la solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 602
de 31 de marzo de 2009.
3.4. Que mediante Oficio núm. 8762, notificado por fijación en lista de 30 de mayo
de 2012, le fueron notificadas a la sociedad solicitante las objeciones formuladas
por la Superintendencia de Industria y Comercio con respecto a las
observaciones de carácter técnico relacionadas con la patentabilidad de la
solicitud.
3.5. Que el 23 de agosto de 2012 radicó la respuesta al Oficio núm. 8762,
indicado supra, y presentó un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 23
reivindicaciones, el cual fue aceptado por ajustarse al artículo 34 de la Decisión
486 del 2000.
3.6. Que la parte demandada, mediante Resolución núm. 1610 del 28 de enero
de 2013, denegó el privilegio de patente a la invención denominada
“COMPOSICIÓN INMUNOGÉNICA QUE COMPRENDE CONJUGADOS DE
POLISACÁRIDO CAPSULAR DE NEISSERIA MENINGITIDIS”, por considerar
que carecía de nivel inventivo.
3.7. Que el 5 de marzo de 2013 presentó recurso de reposición contra la
Resolución núm. 1610 del 28 de enero de 2013.
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3.8. Que la parte demandada, mediante Resolución núm. 55349 del 18 de
septiembre de 2013, resolvió el recurso de reposición interpuesto y confirmó en
su integridad la decisión contenida en la Resolución núm. 1610 del 28 de enero
de 2013.
Normas vulneradas
4. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:
4.1. Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad
Andina.
4.2. Artículo 61 de la Constitución Política.
Concepto de la vulneración
5. La parte demandante expuso el concepto de la vulneración así:
Vulneración al artículo 14 de la Decisión 486 de 2000
5.1. Que los actos demandados son contrarios al artículo 14 de la Decisión 486
de 2000, toda vez que la invención denegada sí cumple con todos los requisitos
de patentabilidad, esto, al ser nueva, tener nivel inventivo y tener aplicación
industrial.
Vulneración al artículo 18 de la Decisión 486 de 2000
5.2. Que se vulneró el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000, porque la invención
denegada sí cumple con el requisito de nivel inventivo, toda vez que un
profesional normalmente versado en la materia no hubiera podido derivar de
manera evidente la composición inmunogénica de la invención a partir de las
enseñanzas del estado de la técnica anterior previstas en las anterioridades D1
y D2.
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5.3. Que las enseñanzas previstas en D1 y D2 no permiten que una persona
versada en la materia prediga que una composición que comprenda “[…]
polisacáridos meningocócicos de tamaño superior a 50 kDa (…) obtenidos, por
ejemplo, por microfluidización […]”, tenga una respuesta inmune mejorada.
Máxime, cuando i) ninguna de las anterioridades indica o sugiere que este
tamaño de polisacárido es deseable para brindar una respuesta inmune
satisfactoria; y, ii) ninguna de éstas enseña o sugiere el uso de la
microfluidización para reducir ligeramente el tamaño del polisacárido capsular,
sino que, al contrario, ambos documentos emplean el procedimiento de “[…]
hidrólisis química para reducir el tamaño de los polisacáridos, lo que conduce
indefectiblemente a polisacáridos de tamaños muy inferiores a los empleados en
la invención […]”. (Subraya del texto original).
5.4. Que la solicitud de patente en cuestión ha sido concedida por Oficinas de
Patentes en Perú, Australia, China, Japón, México, entre otras, lo que constituye
“[…] un indicio fuerte de que la presente solicitud sí cuenta con los requisitos de
patentabilidad exigidos por la normatividad andina […]”.
Vulneración al artículo 61 de la Constitución Política
5.5. La parte demandante enunció la vulneración del artículo 61 de la
Constitución Política, pero no fundamentó el concepto de su vulneración.
Contestación de la demanda
6. La parte demandada6 contestó la demanda7 y se opuso a las pretensiones
formuladas, así:
6.1. Que no existe vulneración los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000,
como tampoco al artículo 61 de la Constitución Política, porque la materia
reclamada no cumple con los requisitos de patentabilidad que prescribe el artículo
14 ibidem, principalmente, porque no tiene nivel inventivo al no constituir un salto
6 Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 196 a 199.
7 Cfr. Folios 184 a 195.
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cualitativo en la regla técnica, tal como lo evidencian las revelaciones específicas
de los antecedentes D1 y D2.
6.2. Que aunque el documento D1 revele la preferencia por el uso del
polisacárido de neisseria meningitidis con un peso entre 12 a 25 kDa en la
elaboración de los conjugados, el documento define que el peso de los
polisacáridos meningocócicos para la elaboración de los referidos conjugados es
de menos de 100 kDa (pág. 10, líneas 22 a 33) y dado que el documento D2
revela de manera específica que el peso de los polisacáridos del serotipo Y de
neisseria meningitidis más preferido para la elaboración de los conjugados se
encuentra entre 50 a 200kDa (pág. 7, párr. [0047]), se observa que el argumento,
según el cual el peso de los polisacáridos no estaba anticipado por las
enseñanzas de los documentos D1 y D2 carece de fundamento.
6.3. Que no se aportó al expediente prueba alguna que permita concluir que el
incremento en la inmunogenicidad es producto del procedimiento de obtención
alternativo utilizado en la solicitud, como tampoco, que todos los polisacáridos
con un peso por encima de 50kDa presenten la inmunogenicidad que se les
atribuye.
6.4. Que aunque en las anterioridades D1 y D2 no se divulgó explícitamente el
procedimiento para la obtención de los activos, esto no le confiere nivel inventivo
a la composición reclamada, toda vez que el procedimiento no corresponde a una
característica técnica esencial del producto tipo composición.
6.5. Que no son vinculantes para la Superintendencia de Industria y Comercio
las concesiones otorgadas en otros países porque el valor de la patente está
circunscrito al territorio en que fue otorgada.
Audiencia inicial
7. El Despacho, mediante auto de 15 de febrero de 20168: i) fijó hora y fecha para
llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) la audiencia inicial se efectuó el 25 de abril
8 Cfr. Folio 209.
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de 20169. En ella se declaró saneado el proceso; se resolvió sobre las
excepciones de que trata el núm. 6. ° del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 y
no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; se
fijó el objeto del litigio; se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas y se
decretó de oficio un dictamen pericial para establecer algunos aspectos técnicos
relacionados con la creación “COMPOSICIÓN INMUNOGÉNICA QUE
COMPRENDE CONJUGADOS DE POLISACÁRIDO CAPSULAR DE
NEISSERIA MENINGITIDIS”; y, se suspendió el proceso para efectos de elaborar
y remitir la solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina.
Solicitud de interpretación prejudicial
8. El Despacho, mediante auto del 31 de diciembre de 201610, solicitó al Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de
la Decisión 486 de 2000 invocadas por la parte demandante.
9. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación
prejudicial 527-IP-2016 de 4 de mayo de 201711, en la que indicó:
“[…] La Sala consultante solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos
14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede
la interpretación solicitada por ser materia controvertida […]”12.
Prescindencia de las audiencias de pruebas y alegaciones y juzgamiento
10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 9 de marzo de 202613, i) dejó
sin efectos el auto de 25 de abril de 2016 que decretó de oficio la prueba pericial;
ii) prescindió, con base en el artículo 181 de la Ley 1437 de 2011, de la realización
de las audiencias de pruebas y de alegaciones y juzgamiento, previstas en los
artículos 181 y 182 de la Ley 1437 de 2011, respectivamente; iii) corrió traslado
para alegar de conclusión a las partes e intervinientes; y, iv) informó al Ministerio
9 Cfr. Folios 214 a 222.
10 Cfr. Folio 228.
11 Cfr. Folios 246 a 259.
12 Cfr. Folio 251.
13 Cfr. Índice 82 del aplicativo web “SAMAI”.
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Público que podrá presentar concepto dentro de la misma oportunidad de los
alegatos de conclusión.
Alegatos de conclusión
11. La parte demandante guardó silencio en esta oportunidad procesal.
12. La parte demandada si bien aportó los alegatos de conclusión en tiempo, se
observa que son argumentos de defensa que tratan de una materia distinta al
presente caso, toda vez que versan sobre una creación titulada “DISPOSITIVO
ÓPTICO PARA LÁMPARA DE LUMINARIA CON LED” 14.
Concepto del Ministerio Público
13. El agente del Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad
procesal.
II. CONSIDERACIONES
14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) cuestión previa; ii) la competencia de la Sala; iii) los actos acusados; iv) el
problema jurídico; v) la interpretación prejudicial 527-IP-2016 de 4 de mayo de
2017; y, vi) el análisis del caso concreto.
Cuestión previa
15. Mediante comunicación del 29 de abril de 202615, el doctor Carlos Fernando
Mantilla Navarro, Consejero de Estado de la Sección Primera de esta
Corporación, manifestó su impedimento en el presente asunto, con fundamento
en la causal prevista en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del
Proceso que establece:
14 Cfr. Índice 87 del aplicativo web “SAMAI”.
15 Cfr. Índice 89 del expediente digital en SAMAI.
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“[…] ARTÍCULO 141. CAUSALES DE RECUSACIÓN. Son causales de
recusación las siguientes:
[…] 12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial
sobre las cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en este
como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo. […]”.
(Negrilla fuera del texto original).
16. Al respecto, argumentó que intervino como Agente del Ministerio Público en
la audiencia inicial realizada el 25 de abril de 2016.
17. Revisado el expediente, se observa que el doctor Carlos Fernando Mantilla
Navarro fungió como Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa y
en tal calidad intervino en la audiencia inicial realizada el 25 de abril de 2016,
conforme consta en el folio 215 del expediente físico, visible en el índice núm. 67
del aplicativo SAMAI.
18. Por lo anterior, la Sala considera que el argumento del impedimento
manifestado por el Magistrado Carlos Fernando Mantilla Navarro, configura la
causal alegada, comoquiera que, como quedó visto, intervino en la presente
acción como Agente del Ministerio Público.
19. En consecuencia, la Sala declarará fundado el impedimento manifestado por
el citado magistrado y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
Competencia de la Sala
20. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8° del artículo 149 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Sección
Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia
de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con
el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201916, modificado por el
Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024 que contiene las reglas de reparto entre
las distintas secciones de la corporación.
16 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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21. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala
observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procede a
decidir el caso.
Los actos acusados
22. Los actos acusados son los siguientes:
22.1. La Resolución núm. 1610 del 28 de enero de 2013, mediante la cual el
Superintendente de Industria y Comercio denegó la patente de invención a la
creación titulada “COMPOSICIÓN INMUNOGÉNICA QUE COMPRENDE
CONJUGADOS DE POLISACÁRIDO CAPSULAR DE NEISSERIA
MENINGITIDIS”, solicitada por la sociedad GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
22.2. La Resolución núm. 55349 del 18 de septiembre de 2013, mediante la cual
el Superintendente de Industria y Comercio resolvió un recurso de reposición en
el sentido de confirmar la Resolución núm. 1610 del 28 de enero de 2013.
El problema jurídico
23. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, su contestación,
la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial 527-IP-2016 de 4 de
mayo de 2017, determinar:
23.1. Si las resoluciones núms. 1610 del 28 de enero de 2013 y 55349 del 18 de
septiembre de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio,
a través de las cuales se denegó la solicitud de patente de invención a la creación
titulada “COMPOSICIÓN INMUNOGÉNICA QUE COMPRENDE CONJUGADOS
DE POLISACÁRIDO CAPSULAR DE NEISSERIA MENINGITIDIS”, vulneran lo
dispuesto en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad
Andina.
23.2. Se pone de presente que no se incluirá en el problema jurídico la
vulneración al artículo 61 de la Constitución Política, por cuanto la parte
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demandante no desarrolló en el escrito de demanda el concepto de violación con
referencia a dicha norma.
23.3. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la
nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte
demandada.
Interpretación prejudicial 527-IP-2016 de 4 de mayo de 201717
24. La Sala procede a destacar los principales aportes de la interpretación
prejudicial proferida por el Tribunal de la Comunidad Andina para este caso:
“[…] D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN.
1. Requisitos de patentabilidad
[…]
1.3. Según lo dispuesto en la norma transcrita [art. 14. Decisión 486 de
2000], son tres los requisitos para que un invento sea considerado
patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de
aplicación industrial.
1.4. Se deberá considerar que toda solicitud de invención debe cumplir
con los requisitos de novedad, nivel inventivo y la aplicación
industrial, los cuales constituyen requisitos absolutamente
necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el
otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de
procedimiento, en todos los campos de la tecnología.
2. Nivel inventivo y estado de la técnica
[…]
2.3. Conforme se desprende de esta disposición normativa [art. 18.
Decisión 486 de 2000], el requisito de nivel inventivo ofrece al
examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos
técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido
llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido
obvio para un experto medio en la materia de que se trate; es decir,
para una persona del oficio normalmente versada en el asunto
técnico correspondiente.
2.4. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza
de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que
se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los
conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que
17 Cfr. Folios 246 a 259.
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de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea
consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un
avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.
[…]
3. Autonomía de la Oficina Nacional de Patentes para tomar sus
decisiones
3.1. La demandante ha sostenido que la solicitud de patente presentada
ha sido concedida en otros países, lo que evidencia un indicio de que
la materia técnica revelada en la solicitud de patente en cuestión
cumple con los requisitos de patentabilidad. En atención a ello resulta
pertinente abordad este tema.
3.2. Sobre el partículas cabe señalar que el sistema adoptado por la
Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma
e independiente de las oficinas de patentes de cada país miembro.
Dicha actividad que, aunque de manera general se encuentra
regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada
independencia, y es así que el Capítulo IV de la Decisión 486 regula
el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben
contener las mismas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales
competentes el procedimiento y el respectivo examen de
patentabilidad.
3.3. Dicha autonomía es manifiesta tanto en relación con decisiones
emanas de otras oficinas de patentes (principio de independencia),
como en relación con sus propias decisiones […]”. (Negrilla del
texto original).
Análisis del caso concreto
25. De conformidad con lo indicado y atendiendo a los argumentos de las partes
demandante y demandada, la Sala procederá a resolver el problema jurídico
planteado supra.
26. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con
fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
en relación con el análisis de los requisitos de patentabilidad, particularmente, el
nivel inventivo, y la carga de la prueba.
El requisito de nivel inventivo
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27. En el régimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina, se
considerará que una invención tiene nivel inventivo si, para una persona del oficio
normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no
hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado
de la técnica (Decisión 486 del 2000, artículo 18).
28. Frente al requisito del nivel inventivo, el Tribunal, en la interpretación
prejudicial, rendida en el caso concreto, precisó:
“[…] 2.4. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza
de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se
trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos
técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el
estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho
estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de
la regla técnica. […]”.
29. En el caso sub examine, atendiendo a que la parte demandada denegó la
solicitud de patente de invención argumentando que no cumplía con el requisito
de nivel inventivo, la Sala procederá a estudiar el cumplimiento de este requisito,
para lo cual, en primer lugar, hará referencia a los argumentos expuestos por la
Superintendencia de Industria y Comercio; en segundo lugar, analizará los
argumentos de la parte actora y, en tercer lugar, procederá a apreciar y valorar
las pruebas aportadas por las partes, de conformidad con las reglas de la sana
crítica y en los términos del artículo 176 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 18,
aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados
hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda.
30. En cuanto a lo expuesto por la Superintendencia de Industria y Comercio, la
Sala evidencia que, de acuerdo con lo establecido en la descripción de la solicitud
en la Resolución 1610 de 28 de enero de 2013, la entidad identificó como
problema técnico objetivo “la necesidad de inmunizar contra la meningitis
bacteriana”19.
31. La entidad demandada sostuvo que, para resolver dicho problema, la
solicitante proporciona “una vacuna que contiene un conjugado conformado por:
18 ”Por la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
19 Cfr. Folio 10.
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Polisacáridos capsulares de N. meningitidis de por lo menos uno de los
serogrupos A, C, W135 y Y (de tamaño mayor que 50, 75, 100, 110, 120 o 130
kDa) y una proteína (vehículo), la cual pretende solucionar el problema que
consiste en la necesidad de inmunizar con la meningitidis bacteriana”20.
32. Frente a lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio afirmó que
la solicitud de patente de invención carece del requisito de nivel inventivo, toda
vez que: i) D1 enseña que el peso de los polisacáridos meningocócicos para la
elaboración de los conjugados es de menos de 100kDa y D2 recomienda un peso
de los polisacáridos entre 50 y 200kDa, lo que permite concluir que el peso de
éstos ya estaba previsto en el estado de la técnica anterior al 27 de junio de 2005;
ii) no se aportó prueba de que el efecto inmunogénico sea consecuencia del peso
de los polisacáridos igual o superior a 50 kDa; y, iii) que si bien los documentos
D1 y D2 no enseñan el procedimiento para la obtención de los activos, lo cierto
es que ésta circunstancia no le otorga nivel inventivo a la solicitud, por cuanto al
ser una solicitud de patente de invención de una composición, no hace parte
esencial de ésta el procedimiento.
33. Por su parte, la parte actora en su escrito de demanda adujo que, a su juicio,
la decisión demandada es contraria a los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de
2000, por cuanto la solicitud de patente de invención sí cumple con el requisito
del nivel inventivo, porque ninguna de las anterioridades D1 y D2 enseña o
sugiere que 50kDa, o más, es el tamaño de polisacárido deseable para brindar
una respuesta inmune satisfactoria, como tampoco enseñan un procedimiento de
microfluidización para reducir ligeramente el tamaño del polisacárido capsular.
Además, que al haber sido concedida la patente en otros países se tiene que
existen indicios de su patentabilidad.
34. En cuanto a los medios probatorios, la Sala destaca que, si bien la parte
demandante allegó como pruebas copia de las resoluciones demandadas, el
original de la certificación con relación a su notificación y ejecutoria y el
expediente administrativo, también lo es que no solicitó la práctica de testimonios,
ni dictamen pericial ni otro tipo de prueba técnica o científica para poder llegar a
la conclusión pretendida.
20 Cfr. Folio 124.
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35. Sobre lo anterior, si bien el día 7 de julio de 2014 la parte demandante
presentó un escrito de reforma a la demanda21 en donde aportó un dictamen
pericial rendido por el profesor José Manuel Lozano Moreno, la Sala observa que
la misma parte, mediante memoriales posteriores de fechas 10 de julio de 201422
y 18 de septiembre de 201423, retiró expresamente la reforma de la demanda y
solicitó continuar la actuación con el escrito de demanda inicial.
36. Lo anterior, determina que el dictamen pericial no se tuviera en cuenta en la
audiencia inicial y, en consecuencia, tampoco puede ser tenido en cuenta en la
presente decisión.
37. Así mismo, también es cierto que, si bien el Despacho Sustanciador decretó
de oficio, mediante auto de 25 de abril de 2016, un dictamen pericial para
establecer algunos aspectos técnicos relacionados con la creación
“COMPOSICIÓN INMUNOGÉNICA QUE COMPRENDE CONJUGADOS DE
POLISACÁRIDO CAPSULAR DE NEISSERIA MENINGITIDIS”, también lo es
que por la inactividad de las partes en la consecución de la misma se dejó sin
efectos tal decisión mediante auto de 9 de marzo de 2026. Así, se tiene que en
el presente proceso no obra prueba técnica que permita desvirtuar la presunción
de legalidad de los actos administrativos demandados.
38. Precisado lo anterior, la Sala reitera lo expuesto por esta Sección24 en la cual
se ha considerado que le corresponde a la parte demandante demostrar que la
solicitud de patente de invención cumplía con los requisitos previstos en la
normatividad comunitaria andina, es decir, que cumplía el requisito de nivel
inventivo, demostrando, por un lado, que el análisis de la parte demandada no
se ajustó a derecho y, por el otro, que los actos acusados se encuentran incursos
en las causales de nulidad invocadas en la demanda.
39. Para la Sala es claro que la parte demandante tiene la carga de demostrar el
cumplimiento de los requisitos de patentabilidad acreditando que las
21 Cfr. Índice 10 del aplicativo web “SAMAI”. Cfr. Folios 128 a 130.
22 Cfr. Folio 183.
23 Cfr. Folio 201.
24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 2 de mayo de
2025. Rad.: 2013-00600. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 25 de septiembre de 2025. Rad.: 2015-00222-00. MP: Dr.
Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
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consideraciones técnicas o jurídicas de la Superintendencia de Industria y
Comercio no fueron correctas, es decir, que la parte demandada, por medio de
los actos acusados, no logró desvirtuar el nivel inventivo.
40. Lo anterior, en el entendido de que, en una oportunidad previa, la Sala así lo
consideró con fundamento en la interpretación prejudicial rendida para ese caso,
en los siguientes términos:
“[…] 51. La Sala considera que el demandante tiene la carga de
demostrar los requisitos de patentabilidad; sin embargo, considera que
esta carga consiste en demostrar que las consideraciones técnicas o
jurídicas de la parte demandada no fueron correctas, es decir, que la
parte demandada, por medio de los actos administrativos acusados, no
logró desvirtuar la novedad, el nivel inventivo o la aplicación industrial de
la solicitud.
52. Lo anterior, por cuanto de conformidad con la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es la parte demandada la
que durante el trámite administrativo tiene la carga de desvirtuar los
requisitos de patentabilidad, es decir, tiene la carga de demostrar que una
solicitud de patente carece de novedad, nivel inventivo o aplicación
industrial: […]”25.
41. Así, y teniendo en cuenta que los actos acusados gozan de presunción de
legalidad, no es la Superintendencia de Industria y Comercio la que debe demostrar
en esta instancia que la invención solicitada no cumplió los requisitos previstos en
la normatividad comunitaria andina, lo cual se determinó en los actos acusados.
42. Ahora, la Sala advierte que tampoco le correspondía a la parte demandante
probar como tal el nivel inventivo de su solicitud, puesto que esto implicaría que
aquella parte debe comparar su solicitud con todo el estado del arte, lo cual no es
posible.
43. Por el contrario, la Sala estima que lo que debe probar la parte demandante,
como se señaló anteriormente, es que las consideraciones técnicas o jurídicas
sustento de la negación no fueron correctas y, en ese sentido, que la
Superintendencia de Industria y Comercio no cumplió con su carga probatoria
dentro del trámite administrativo de desvirtuar los requisitos de patentabilidad.
25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 4 de agosto
de 2023. Rad.: 2013-00427-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez.
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44. En consecuencia, la demandante no debe probar como tal el nivel inventivo de
su solicitud, sino que su carga recae en demostrar que las anterioridades citadas
por el examinador, por un lado, no divulgan todas las características técnicas
reivindicadas en la solicitud, o no que no sugieren, de manera obvia para una
persona medianamente versada en la materia, las características técnicas
reivindicadas como solución al problema técnico objetivo planteado.
45. En efecto, esta Sección, en jurisprudencia reiterada26, ha considerado que le
corresponde al solicitante demostrar el cumplimiento de los requisitos sustanciales
de patentabilidad de un producto o de un proceso cuando la entidad competente ha
proferido una decisión desfavorable a sus intereses, particularmente, porque las
solicitudes de patente involucran reglas técnicas cuyo conocimiento se atribuye a
expertos medios en la materia de la patente de invención.
46. Al respecto, cabe señalar que esta Sección27, al estudiar si una solicitud de
patente cumplía con los requisitos previstos en la normativa comunitaria andina,
señaló lo siguiente:
“[…] Pues bien, tal y como se muestran las cosas, le correspondía a la
sociedad actora demostrar en este juicio, que la solicitud para
patentar hidrato novedoso de sal de ácido maleico de 5-[4-2(n-metil-(2-
piridil) amino) etox]benci]tiazolidin-2-4-diona, cumple con los requisitos
de novedad y nivel inventivo, a pesar de que existen las publicaciones
del estado del arte ya aludidas […].
Además, tratándose de la discusión sobre la legalidad de un acto
administrativo, se debe tener en cuenta que este se presume legal,
de suerte que su presunción solo puede ser desvirtuada cuando el
actor prueba que alguno o algunos de los elementos esenciales del
acto se encuentran incursos en un vicio invalidante […]”. (Negrilla
fuera del texto original).
47. En otra oportunidad, esta Sección28 sostuvo que la allí demandante, por ser
la solicitante de la patente, es quien tenía la carga procesal de desvirtuar que las
anterioridades citadas por la Superintendencia de Industria y Comercio restaban
26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 15 de octubre
de 2009. Rad.: 2002-00096-01. MP: Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; 22 de mayo de 2014. Rad.: 2005-
00164-01. MP: Dr. Guillermo Vargas Ayala; y 19 de noviembre de 2018. Rad.: 2006-00257-00. MP: Dr.
Roberto Augusto Serrato Valdés.
27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 22 de mayo
de 2014. Rad.: 2005-00164-01. MP: Dr. Guillermo Vargas Ayala.
28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de febrero
de 2008. Rad.: 2002-00324-01. MP: Dr. Camilo Arciniegas Andrade.
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altura inventiva a su solicitud, por lo que reiteró el principio onus probandi
incumbit actori, tal y como se observa a continuación:
“[…] El artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a esta
materia por remisión expresa del artículo 168 CCA dispone que «toda
decisión debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente
allegadas al proceso.». Cada parte tiene la carga de probar sus
afirmaciones, con las excepciones establecidas en la ley. Así se
aplica desde el Derecho Romano, conforme a los aforismos «onus
probandi incumbit actori» o sea que al demandante le incumbe el deber
de probar los hechos en que funda su acción, y «reus in excipiendo fit
actor», es decir que el demandado cuando excepciona o se defiende se
convierte en demandante para el efecto de tener que probar los hechos
en que funda su defensa. En el ordenamiento colombiano esta regla está
contemplada para el Derecho Privado en el artículo 1757 del Código Civil,
a cuyo tenor, «incumbe probar las obligaciones o su extinción al que
alega aquellas o ésta» y para los procesos en el artículo 177 del Código
de Procedimiento Civil, que dispone que «incumbe a las partes
probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen.»
Acerca de la actividad de probar, uno de los grandes inspiradores del
Derecho Procesal Civil ha escrito: «Probar indica una actividad del
espíritu dirigida a la verificación de un juicio. Lo que se prueba es una
afirmación; cuando se habla de probar un hecho, ocurre así por el
acostumbrado cambio entre la afirmación y el hecho afirmado. Como los
medios para la verificación son las razones, esta actividad se resuelve en
la aportación de razones. Prueba, como sustantivo de probar, es, pues,
el procedimiento dirigido a tal verificación. Pero las razones no pueden
estar montadas en el aire; en efecto, el raciocinio no actúa sino partiendo
de un dato sensible, que constituye el fundamento de la razón. En
lenguaje figurado, también estos fundamentos se llaman pruebas; en este
segundo significado, prueba no es un procedimiento, sino un quid
sensible en cuanto sirve para fundamentar una razón».
Síguese de lo expuesto que contra lo que esta afirma, la solicitante
tenía la carga procesal de desvirtuar que las anterioridades citadas
por la SIC restaban novedad y altura inventiva a su solicitud. Si
quería obtener el privilegio, debía probar que su invención tenía
elementos y características novedosos que la hacían patentable. Se
advierte que no solicitó la práctica de pruebas, i.e. un dictamen
pericial, pudiendo hacerlo. No es dable que en esta instancia alegue
a su favor la consecuencia resultante de no haber cumplido con su
carga procesal. Se reitera que no basta con afirmar un hecho, puesto
que el actor tiene la carga procesal de demostrarlo, lo que no ocurrió
en el sub iudice […]” (negrilla fuera del texto).
48. En este contexto, la Sala considera que en el caso sub examine, la parte
demandante es quien debe demostrar, en esta instancia, que las divulgaciones
previas, referidas por la entidad demandada como anterioridades, no afectan el
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requisito de nivel inventivo exigidos por la normativa comunitaria andina, como
se indicó en los actos acusados.
49. Así las cosas, teniendo en cuenta que se debía determinar si, para un experto
medio en la materia, la solicitud de patente se encontraba comprendida dentro
de las anterioridades citadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, es
necesario que exista en el expediente material probatorio técnico o científico que
soporte las afirmaciones de la demanda, en la medida en que el juez no tiene los
conocimientos ni técnicos ni científicos para poder llegar a la conclusión
pretendida por la parte demandante.
50. Es por ello por lo que la Sala pone de presente que el dictamen pericial es un
medio de prueba procedente para verificar hechos que interesen al proceso y que
requieran especiales conocimientos técnicos, científicos o artísticos; sin que
implique que sea el único medio de prueba para demostrar los supuestos
pretendidos.
51. La Sala advierte que la demandante aportó en la demanda los actos
administrativos acusados, con el certificado de su notificación y ejecutoria, junto
con el expediente administrativo, sin aportar material probatorio técnico o
científico que soporte las afirmaciones de la demanda.
52. En ese sentido, la Sala reitera que correspondía a la demandante acreditar,
con soporte probatorio suficiente, que las consideraciones técnicas de la
Superintendencia de Industria y Comercio respecto de la falta de nivel inventivo
no eran correctas. Al limitarse a allegar copia de los actos administrativos
demandados sin respaldo técnico adicional, la parte demandante incumplió con
su carga procesal de desvirtuar la legalidad de los actos demandados.
53. Además, como se indicó anteriormente, la parte demandante no realizó
actuación alguna para la consecución de la prueba pericial decretada de oficio el
25 de abril de 2016, conducta que llevó al Despacho Sustanciador a dejar sin
efectos la orden de practicar dicha prueba, decisión que quedó en firme.
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54. Lo anterior demuestra el incumplimiento de la parte demandante a la carga
procesal de demostrar los supuestos de hecho de las normas que pretende le
sean aplicables.
55. En consecuencia, no obra en el proceso prueba técnica que permita otorgar
certeza acerca de que las consideraciones de la entidad demandada, en cuanto
a la falta de nivel inventivo, resultaran equivocadas.
56. De conformidad con lo anterior, en el expediente solo obran afirmaciones
referidas al presunto nivel inventivo de la solicitud de patente, sin que exista algún
elemento de juicio que lleve al convencimiento de la Sala de que, en el caso sub
examine, la solicitud de patente no se deriva de las divulgaciones previas citadas
por la Superintendencia de Industria y Comercio y, en ese sentido, que no se
encuentra comprendida en el estado de la técnica, esto es, que no había sido
divulgada al público de manera explícita o implícita.
57. En ese orden de ideas, la Sala observa que, al no existir material probatorio
en el expediente del proceso de la referencia, se desconoció la obligación
prevista en el artículo 167 de la Ley 1564 de 2012, en virtud del cual “[…] incumbe
a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen […]” y, por lo tanto, la parte demandante debe asumir
las consecuencias propias de su inactividad probatoria.
58. Así las cosas, la sociedad GlaxoSmithKline Biologicals S.A. no allegó al
proceso los medios de prueba necesarios y, en consecuencia, no demostró que
la Superintendencia de Industria y Comercio hubiere incurrido en alguna
irregularidad al concluir que la solicitud de patente no cumplía con el requisito de
nivel inventivo, ni que los actos acusados se encontraran incursos en algún vicio
de nulidad.
59. Por todo lo anterior, al no haberse acreditado técnica o científicamente en
este proceso que las consideraciones técnicas de la entidad demandada,
fundamento de la negación de la solicitud de patente, fueron incorrectas, dicha
alegación se tendrá como no demostrada.
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60. En conclusión, la Sala considera que no se vulneró el artículo 18 de la
Decisión 486 de 2000, razón suficiente para que se mantenga incólume la
presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados por
este cargo.
Del cargo de la vulneración del artículo 14 de la Decisión 486 de 2000
61. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación
Prejudicial solicitada por esta corporación, al hacer referencia al artículo 14 de la
Decisión 486 de 2000, mencionó: “[…] 1.3. Según lo dispuesto en la norma
transcrita, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable:
ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. […]”.
62. Esta Sala considera que, en efecto, una vez encontrado que los actos
acusados no violaron el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000, relativo al
requisito de nivel inventivo, tampoco vulneraron el artículo 14 de la Decisión 486
de 2000, por cuanto existe una obligación para los Países Miembros de otorgar
patentes para invenciones que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean
susceptibles de aplicación industrial.
Sobre la concesión de la patente en el extranjero
63. Frente al argumento relativo a que hay “[…] un claro indicio de que la materia
técnica revelada en la solicitud en cuestión cumple a cabalidad con los requisitos
de patentabilidad […]” porque ésta ha sido registrada en otras jurisdicciones, es
necesario poner de presente que la Sala en sus pronunciamientos sobre este
punto ha sido pacífica en establecer que el hecho de que otras oficinas de
patentes hayan otorgado el privilegio de patente a la invención cuestionada no
es razón para que automáticamente en Colombia deba concederse dicho
privilegio29.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 7 de noviembre
de 2025, C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 110010324000 2016 00172 00.
Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 12
de febrero de 2026, C.P. Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta, núm. único de radicación 110010324000 2014
00051 00.
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64. Así se sostuvo en reciente sentencia del de 7 de noviembre de 2025 30:
“[…] El sistema de registro de patentes que se adoptó en la Comunidad
Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente
de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro. Así, la
referida autonomía se manifiesta, no solo en relación con decisiones
emanadas de otras oficinas de registro de patentes, sino además respecto
de sus propias decisiones.
Igualmente, debe tenerse en cuenta que el estudio de la patentabilidad se
rige bajo el principio de independencia de las oficinas de patentes, y en ese
orden dicho estudio se debe hacer 'sin tener en consideración el análisis
realizado en otra u otras Oficinas Competentes, es decir, el examen
realizado por las Oficinas no es vinculante para la Oficina de Patentes del
respectivo País Miembro'. En consecuencia, la existencia de una patente
concedida en el exterior no afectaba el análisis efectuado por la SIC en sede
administrativa […]”.
65. Adicionalmente, y sobre la base del Tratado de Cooperación en materia de
Patentes (PCT) del 19 de junio de 197031, es menester señalar que cuando una
solicitud entra en fase nacional, ésta deja de regirse exclusivamente por el trámite
internacional y pasa a regirse integralmente por el ordenamiento jurídico interno,
en particular, la Decisión 486 de 2000. En ese contexto, la Superintendencia de
Industria y Comercio asume competencia para efectuar el examen de
patentabilidad con autonomía e independencia respecto de lo actuado en otros
países.
66. En consecuencia, el registro de la invención en las Oficinas de Patentes en
otras jurisdicciones no es un “claro indicio” respecto de la patentabilidad de la
misma y no obliga a la Oficina de Registro de la Superintendencia de Industria y
Comercio de Colombia a registrar la invención solicitada.
Conclusión
67. La Sala, en el caso sub examine, considera que los actos proferidos por la
parte demandada, mediante el cual denegó el privilegio de patente a la creación
titulada “COMPOSICIÓN INMUNOGÉNICA QUE COMPRENDE CONJUGADOS
DE POLISACÁRIDO CAPSULAR DE NEISSERIA MENINGITIDIS” a nombre de
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 7 de noviembre
de 2025, C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 110010324000 2016 00172 00.
31 Disponible en: https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/textdetails/12635.
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la sociedad GlaxoSmithKline Biologicals S.A., no vulneraron los artículos 14 y 18
de la Decisión 486 de 2000, pues se expidieron de acuerdo con lo previsto en las
normas jurídicas vigentes y con las pruebas allegadas al proceso. Por esta razón
se negarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá
en la parte resolutiva de este proveído.
Condena en Costas
68. Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que no aparecen
causadas ni probadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. FALLA:
PRIMERO: DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el doctor
Carlos Fernando Mantilla Navarro y, en consecuencia, separar al citado
magistrado del conocimiento de la acción de la referencia.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda de conformidad con las
consideraciones expuestas en la presente providencia.
TERCERO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante.
CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la
Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de
Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las
anotaciones de rigor.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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