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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2014-00396-00

Fecha
3 de julio de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2014-00396-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: RECONOCER al abogado Anderson Mauricio Rincón Castañeda, como apoderado judicial del Ministerio de Transporte, conforme al poder que obra en el expediente digital. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2014-00396-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

3 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: NULIDAD
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00396-00
Demandante: Asociación Sindical de Agentes de Tránsito – ASAGETRAN
Demandado: Ministerio de Transporte
Tema: Se analiza la legalidad del artículo 2.° de la Resolución 4548 de 1.° de
noviembre de 2013. Potestad reglamentaria de los ministros. Reiteración
jurisprudencial.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad promovida por la
Asociación Sindical de Agentes de Tránsito, en contra del artículo 2.° de la
Resolución 4548 de 1.° de noviembre de 20131, expedida por el Ministerio de
Transporte.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda2

I.1.1. La pretensión

1.Los señores Wilder Balanta Mañunga y Héctor Mauricio Álvarez Lenis, en su
condición de presidente y secretario general de la Asociación Sindical de Agentes
de Tránsito (Asagetran) -en adelante parte demandante- en ejercicio del medio de
control de nulidad previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de
20113, interpusieron demanda con el siguiente propósito:

“[…] con fundamento en los hechos y consideraciones expuestas, comedidamente
solicitamos a ustedes respetuosamente, se sirvan DECLARAR LA NULIDAD del
siguiente acto administrativo:

Artículo segundo de la Resolución No 4548 del 01 de noviembre de 2.013 […]”
(Mayúscula y negrilla fuera del texto).

I.1.2. Los hechos

2. Los hechos invocados por la parte demandante, en síntesis, son los siguientes:

1
“[…] Por la cual se reglamenta el artículo 3º y el numeral 5º del artículo 7º de la Ley 1310 de 2009 […]”.
2
Cfr. Folios 1 al 6 del Cuaderno Principal.
3
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.

2

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Demandante: Asociación Sindical de Agentes de Tránsito – ASAGETRAN

3. Explicaron que a través de la Ley 1310 de 26 de junio de 20094, se unificaron las
normas sobre agentes de tránsito y transporte, así como de los grupos de control
vial de las entidades territoriales.

4. Mencionaron que el artículo 3.º de la Ley 1310, señala que, para la formación
técnica en la materia exigida para desempeñarse como autoridad de tránsito y
transporte, los organismos de tránsito con jurisdicción en las capitales de
departamento podrán crear escuelas no formales encargadas de dicha formación
académica, cumpliendo con el pénsum reglamentado por el Ministerio de
Transporte y; en su defecto, esta capacitación técnica o tecnológica deberá
contratarse con universidades públicas reconocidas.

5. Adujeron que el artículo 2.º de la Resolución 4548 de 2013 señala que la
formación puede ser impartida por instituciones de educación superior o
instituciones para el trabajo y desarrollo humano, legalmente constituidas y
aprobadas por la respectiva entidad.

6. Indicaron que el Ministerio de Transporte negó una solicitud de revocatoria
directa del acto administrativo.

I.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación

7. Consideraron que el artículo 2.° de la Resolución 4548 de 2013 quebrantó los
artículos 150 (numeral 1.°) y 189 (numeral 11.°) de la Constitución Política.

8. Indicaron que el Congreso de la República aprobó la Ley 1310 y que, de
conformidad con la doctrina de Hans Kelsen, una norma de rango legal solo puede
ser modificada por una norma de superior jerarquía, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 150 de la Constitución Política, sin que sea posible que el
ejecutivo amplíe o varíe su alcance.

9. Para sustentar la nulidad del artículo 2.º de la Resolución 4548 de 2013, adujeron
lo siguiente:

“[…] El despacho que corresponda, dentro de las formas propias del debido proceso
y las reglas de la sana critica (sic), podrá entrar a observar como (sic) mediante la
inconstitucional e ilegal expedición del artículo 2 de la Resolución 4548 se ha torcido
el ordenamiento jurídico contenido en la Ley 1310 en su artículo 3, inciso segundo,
donde de manera taxativa el legislador estableció que cuando el organismo de tránsito
no imparta directamente la formación académica de los agentes de tránsito, en su
defecto para esta capacitación o la tecnológica se contratará con Universidades
Públicas reconocidas.

Indubitablemente el artículo segundo de la Resolución 4548, difiere sustancialmente
de la norma que le es superior, por cuanto con el exabrupto de que trata el artículo
segundo de la Resolución 4548, se suprime de plano la obligación legal que el
artículo 3 de la Ley 1310 le impone al organismo de tránsito que no imparta

4
“[…] Mediante la cual se unifican normas sobre agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades
territoriales y se dictan otras disposiciones […]”.

3

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Demandante: Asociación Sindical de Agentes de Tránsito – ASAGETRAN

directamente la capacitación de los agentes de tránsito, en el claro entendido que en
su lugar debe contratar dicha capacitación con universidades públicas, muy por el
contrario el artículo segundo de la Resolución 4548, no obliga al organismo de
tránsito a suplir la capacitación directa de los agentes de tránsito, con la contratación
de esta capacitación con universidades por parte del organismo de tránsito.

[…]

Como ya se anotó arriba, la señora Ministra de Transporte se extralimito (sic) en el
ejercicio de sus funciones nominadas por el Decreto 101 de 2.000, al invadir la orbita
(sic) constitucional del Congreso de la Republica (sic), para en lugar de ese órgano
legislativo, reformar por vía de hecho el artículo tercero de la Ley 1310, acudiendo
para ello a la inconstitucional e ilegal expedición del artículo 2, de la Resolución
4548 […]”. (Negrilla y subrayado del texto).

I.2. La contestación de la demanda5

10. El Ministerio de Transporte, por conducto de apoderado judicial, contestó la
demanda, en la que se opuso a las pretensiones, con fundamento en los siguientes
razonamientos:

11. Explicó que el artículo 2.° de la Resolución 4548 de 2013 señala que la formación
podrá ser impartida por instituciones de educación superior o instituciones para el
trabajo y desarrollo humano, entendiéndose como educación superior aquel
proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser
humano de manera integral, con posterioridad a la educación media o secundaria y
tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o
profesional.

12. Trajo a colación las definiciones de la Ley 30 de 28 de diciembre de 19926, para
precisar que las instituciones de educación superior son las siguientes: i) las
instituciones técnicas profesionales; ii) las instituciones universitarias o escuelas
tecnológicas y; iii) las universidades.

13. A su vez, las instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano son
instituciones de carácter estatal o privadas, organizadas para ofrecer y desarrollar
programas de formación laboral o de formación académica de acuerdo con lo
establecido en la Ley 115 de 8 de febrero de 19947. Para ofrecer el servicio
educativo debe cumplir los siguientes requisitos: i) tener licencia de funcionamiento
o reconocimiento de carácter oficial y; ii) obtener el registro de los programas de
que trata el Decreto 4904 de 16 de diciembre de 20098.

14. Argumentó que las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo
humano hacen parte del servicio público educativo y responden a los fines de la
educación consagrados en el artículo 5.° de la Ley 115.

5
Cfr. Folios 41 a 54 del cuaderno principal.
6
“[…] Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior […]”.
7
“[…] Por la cual se expide la Ley General de Educación. […]”.
8
“[…] Por el cual se reglamenta la organización, oferta y funcionamiento de la prestación del servicio educativo para el trabajo
y el desarrollo humano y se dictan otras disposiciones […]”.

4

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Demandante: Asociación Sindical de Agentes de Tránsito – ASAGETRAN

15. Mencionó que la facultad de formación “[…] continúa siendo del ente territorial
interesado en impartirla, con aprobación de las Secretarías de Educación ya sea
Distrital o Departamental, en ningún momento esta función ha sido radicada en los
organismos de tránsito como tales ya que estos son habilitados y clasificados para
su operación, por el Ministerio de Transporte y la función y competencia en
educación no es del resorte de esta cartera ministerial. […]”.

16. Indicó que el ente territorial interesado en crear una institución de educación
superior o institución para el trabajo y desarrollo humano “[…] PODRÁ, si así lo
requiere o necesita adelantar los trámites necesarios ante la Secretaria de
Educación respectivo Ministerio de Educación, acogiendo el pensum (sic) de
formación técnica establecido en la Resolución 4548 de 2013 […]”. (Negrilla y
subrayado del texto)

I.3. Trámite del proceso

17. Mediante auto de 2 de diciembre de 20159, se admitió la demanda y se ordenó
la notificación a la parte demandada.

18. El Consejero de Estado encargado de la sustanciación del proceso, mediante
auto de 19 de diciembre de 201810, negó la suspensión provisional de los efectos
jurídicos del artículo 2.° de la Resolución 4548 de 201311.

19. El 3 de mayo de 201912, se realizó la audiencia prevista en el artículo 180 de la
Ley 1437. Agotadas las etapas de saneamiento, decisión de excepciones previas,
fijación de litigio y decreto de pruebas y, al considerarse innecesaria la realización
de la audiencia de alegaciones y juzgamiento se corrió traslado para alegar de
conclusión a las partes y a la agente del Ministerio Público, a fin de que rindiera
concepto.

I.4. Los alegatos de conclusión y el concepto del Ministerio Público

20. La parte demandante, mediante escrito de 13 de mayo de 201913, reiteró los
argumentos de la demanda.

21. Igualmente,desarrolló otros planteamientos adicionales y diferentes a los
expuestos en el escrito introductorio, relacionados con la transgresión del artículo
125 de la Constitución Política, porque el Gobierno Nacional se extralimitó en el
ejercicio de sus funciones al establecer los requisitos y condiciones de los
aspirantes respecto del ingreso y ascenso a los cargos de carrera.

9
Cfr. Folios 33 a 35 del cuaderno principal.
10
Cfr. Folios 56 a 63 del cuaderno principal.
11
En la referida providencia se consideró que: i) la parte demandante no cumplió con la carga argumentativa y probatoria
para decretar la medida cautelar de suspensión provisional y; ii) no se advertía la existencia de ningún vicio o perjuicio que
pueda producir durante su vigencia hasta que se profiera sentencia definitiva.
12
Cfr. Folios 107 a 114 del cuaderno principal.
13
Cfr. Folios 135 a 144 del Cuaderno Principal.

5

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Demandante: Asociación Sindical de Agentes de Tránsito – ASAGETRAN

22. Adujo que “[…] La norma viola entonces la reserva legal y desplaza de manera
inconstitucional la competencia del Congreso al Gobierno […] Este asunto de definir
las calidades y requisitos que deben demostrar los funcionarios para ejercer un
empleo de carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción tiene reserva
legal, por mandato específico del artículo 125 de la Carta […]”.

23. La parte demandada reiteró14 los argumentos de la contestación de la demanda.

24. La Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto15
favorable para que se decretara la nulidad del artículo 2.º de la Resolución 4548 de
2013.

25. La agente del Ministerio Público hizo un estudio de los siguientes aspectos: (i) la
facultad reglamentaria del Ministerio de Transporte; y (ii) el análisis de la norma
demandada frente a las disposiciones legales que se consideran trasgredidas, para
finalmente dar respuesta a los interrogantes planteados en el objeto del litigio.

26. Explicó que para los demandantes el artículo 2.º de la Resolución 4548 de 2013
resulta contrario al ordenamiento jurídico, porque “[…] se está modificando el inciso
primero del artículo 3.° de la Ley 1310 de 2009, por cuanto en esta hizo referencia
a las universidades públicas reconocidas. […]”. (Negrilla del texto)

27. Sostuvo que el artículo 3.° de la Ley 1310, dispuso que para poder brindar la
formación técnica de los organismos de tránsito pueden crear escuelas no formales.
Ahora, el inciso final de esta norma indicó que en el evento de que no pueda ser
prestada por estas para esta capacitación o la tecnológica se contratará con
universidades públicas reconocidas.

28. Expuso que la norma demandada señala que la formación de que trata el artículo
4° de la Resolución 4548 de 2013 -alude a la formación profesional o técnica- podrá
ser impartida por instituciones de educación superior o para el trabajo y desarrollo
humano, legalmente constituidas y aprobadas por la entidad respectiva.

29. Manifestó que, en principio, podría señalarse que la norma demandada
reproduce el contenido del artículo 3.° de la Ley 1310. Sin embargo, explicó que de
conformidad con el artículo 16 de la Ley 30, las instituciones de educación superior
se clasifican en: i) instituciones técnicas profesionales; ii) instituciones
universitarias, o, escuelas tecnológicas y; iii) universidades.

30. Precisó que a pesar de que las universidades son instituciones de educación
superior, “[…] tienen otro nivel frente a las instituciones técnicas o las instituciones
universitarias o esculas (sic) tecnológicas, y su nota característica está en la
investigación científica o tecnológica: la formación académica en profesionales
o disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la

14
Cfr. Folios 145 a 150 del cuaderno principal.
15
Cfr. Folios 152 a 156 del cuaderno principal.

6

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cultura universal y nacional, artículo 19 de la Ley 30 de 1992. […]”. (Negrilla del
texto).

31. Aseguró que “[…] la norma acusada amplió el espectro de las instituciones de
educación superior -lES- llamadas a prestar la formación académica y técnica de
los agentes de tránsito en el evento en que los organismos de tránsito no pudieran
crear las escuelas no formales o de educación para el trabajo y el desarrollo,
encargadas de la formación académica de los agentes de tránsito […]”. (Negrilla
del texto).

32. Argumentó que el Ministerio de Transporte estaba facultado para establecer el
pénsum o fijar los parámetros para su actualización, pero no para ampliar las
instituciones de educación superior pues el legislador determinó de manera clara
que solo podían impartirla las universidades públicas.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

33. Para decidir la presente controversia, se abordará el análisis de los siguientes
aspectos: (i) la competencia; (ii) la norma demandada; (iii) la fijación del litigio; (iv)
cuestiones previas; (v) caso concreto y (vi) condena en costas.

II.1. Competencia

34. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
en el numeral 1.° del artículo 149 de la Ley 1437 y en el artículo 1316 del Acuerdo
80 de 12 de marzo de 201917, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer, en única instancia, de los procesos de nulidad de los
actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional.

II.2. La norma demandada

35.La demanda va dirigida a cuestionar la legalidad del artículo 2.° de la Resolución
4548 de 2013, cuyo texto es el siguiente:

“[…] Artículo. 2º. Instituciones para impartir educación. La formación de que trata
el artículo 4º de la presente resolución, podrá ser impartida por instituciones de
educación superior o instituciones para el trabajo y desarrollo humano, legalmente
constituidas y aprobadas por la entidad respectiva.

[…]”. (Negrilla del texto).

16
Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los
artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
17
“[…] Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”.

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II.3. La fijación del litigio

36. El día 3 de mayo de 2019, se celebró la audiencia inicial prevista en el artículo
180 de la Ley 1437 y se fijó el litigio en los siguientes términos:

“[…] determinar si el MINISTERIO DE TRANSPORTE con ocasión a la expedición del
artículo 2° de la Resolución número 4548 de noviembre 1º de 2013 “Por la cual
se reglamenta el articulo 3 y el numeral 5 del artículo 7 de la Ley 1310 de 2009”, llegó
a quebrantar los artículos 150 numeral 1° y 189 numeral 11 de la Constitución Política,
en tanto en su entender, el mismo fue expedido con extralimitación en el ejercicio de
la potestad reglamentaria, al modificar lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 3° de la
Ley 1310 de junio 26 de 2009, “mediante la cual se unifican normas sobre agentes de
tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan
otras disposiciones”.

Concretamente la parte actora formuló como cargo de violación el atinente al
desconocimiento de las normas en que debía fundarse el acto acusado, en cuanto el
mismo suprimió la obligación legal para que el organismo de tránsito creara escuelas
no formales para ofrecer los servicios educativos para la capacitación de los agentes
de tránsito y “no obliga al organismo a suplir la capacitación directa de los agentes de
tránsito con la contratación de esta capacitación con universidades por parte del
organismo de tránsito” […]”. (Negrilla y cursiva del texto).

II.4. Cuestiones previas

III.4.1. Los límites de la facultad del Ministerio Público para introducir
argumentos nuevos distintos de los planteados en la demanda

37. El numeral 7.° del artículo 277 de la Constitución Política, en consonancia con el
artículo 303 de la Ley 1437, señala que el Ministerio Público está facultado para
actuar como demandante o como sujeto procesal especial y podrá intervenir en
todos los procesos e incidentes que se adelanten ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y
de los derechos y garantías fundamentales.

38. La función de intervención a cargo de los agentes del Ministerio Público como
voceros y representantes de la sociedad, según lo ha indicado la jurisprudencia18,
le impide desplazar a las partes o demás sujetos procesales y relevarlas de las
cargas y deberes procesales.

39. En el presente caso, la procuradora solicitó la declaratoria de nulidad del
artículo 2.º de la Resolución 4548 de 2013, sobre la base de que para los
demandantes “[…] se está modificando el inciso primero del artículo 3.° de la Ley
1310 de 2009, por cuanto en esta hizo referencia a las universidades públicas
reconocidas. […] la norma acusada amplió el espectro de las instituciones de
educación superior -lES- llamadas a prestar la formación académica y técnica de
los agentes de tránsito en el evento en que los organismos de tránsito no pudieran

18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de septiembre de 2024, MP:
Oswaldo Giraldo López, radicado núm.: 11001 03 25 000 2014 00643 00.

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crear las escuelas no formales o de educación para el trabajo y el desarrollo,
encargadas de la formación académica de los agentes de tránsito […]” (negrilla del
texto).

40. El argumento presentado por la agente del Ministerio Público resulta novedoso,
porque no fue planteado en la demanda ni se incluyó en la fijación del litigio.

41. Por lo tanto, en aplicación del principio de congruencia y el debido proceso, la
Sala no analizará el planteamiento nuevo que presentó la procuradora delegada, en
su concepto de fondo, porque si bien el constituyente le encomendó la función de
intervenir en la defensa del patrimonio público, el ordenamiento jurídico y los
derechos fundamentales, no por ello puede desplazar a las partes, en este caso, la
parte actora, en desmedro del derecho de defensa de la parte contraria.

42. Esta Sección, en sentencia de 26 de septiembre de 202419, al referirse a la
imposibilidad por parte del Ministerio Público de introducir, en su concepto,
argumentos nuevos que no fueron incorporados en la demanda, indicó lo siguiente:

“[…] Antes de entrar a delimitar la controversia planteada por las partes en el trámite
de la referencia, la Sala estima necesario pronunciarse sobre una de las cuestiones
expuestas por el Ministerio Público, el cual solicitó la nulidad del acto demandado.
Dicho requerimiento se basó en que, de acuerdo con el literal n) del artículo 21 del
Decreto Ley 1277 de 1994, la competencia para expedir la resolución atacada recaía
en la Junta Directiva del IDEAM y que esta facultad no podía ser delegada al Director
General de la entidad.

Sobre ese particular la Sala advierte que el juez de lo contencioso administrativo se
encuentra llamado a respetar el principio de congruencia, razón por la cual debe
pronunciarse sobre la demanda, reforma, contestación y el traslado de las
excepciones. Ello delimita la controversia planteada por las partes. En esa medida,
no tiene facultad para resolver de oficio un cargo que no fue propuesto en el
libelo introductorio o fijado en el litigio de manera precisa, pues, de hacerlo, no
solo desbordaría el marco del debate, sino que también sorprendería a la parte
demandada con un aspecto del cual no le fue posible defenderse, circunstancia
que evidentemente podría conllevar a la afectación de derechos fundamentales.

En el caso concreto, la hipótesis presentada por la Vista Fiscal no forma parte del
cargo de la demanda. Además, en la audiencia inicial celebrada el 23 de marzo de
2018, se procedió a fijar el litigio, en los términos previamente consignados, sin que
se incluyera el punto señalado, ni se interpusiera recurso alguno al respecto. De
hecho, el demandante no invocó en el acápite de las normas violadas y el concepto
de la violación, el sustento normativo traído a colación por la Procuraduría Delegada
para la Conciliación Administrativa, esto es, el literal n) del artículo 21 del Decreto Ley
1277 de 1994.

Por estas razones, no procede estudiar el argumento presentado por el Ministerio
Público. En consecuencia, se procederá al análisis de las diferencias formuladas por
las partes en torno a los hechos y las pretensiones.

[…]”. (Negrilla fuera del texto).

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de septiembre de 2024, MP:
Oswaldo Giraldo López, radicado núm.: 11001 03 25 000 2014 00643 00.

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II.4.2. La improcedencia de analizar los argumentos planteados por la parte
actora en la etapa de alegaciones

43. La Sala pone de presente que la parte demandante, en el escrito de
alegaciones, presentó argumentos adicionales a los expuestos en el escrito de la
demanda20.

44. La jurisprudencia de esta Corporación Judicial21 ha señalado que la etapa de
alegaciones no constituye la oportunidad procesal para introducir argumentos
nuevos que no fueron planteados en la demanda, so pena de afectar garantías
constitucionales como el derecho de defensa y de contradicción de la parte
demandada.

45. Por ello, la Sala no analizará el argumento que introdujo la parte demandante en
la etapa de alegaciones, según el cual, el Ministerio de Transporte se extralimitó en
el ejercicio de la potestad reglamentaria porque no podía establecer los requisitos y
condiciones de los aspirantes respecto del ingreso y ascenso a los cargos de
carrera, por cuanto este reproche no se planteó oportunamente desde el libelo
introductorio, para así preservar las garantías del debido proceso.

46. En el siguiente cuadro, se evidencian los cargos de nulidad que presentó la parte
actora durante el trámite del proceso:

Demanda Alegatos de conclusión

Trasgresión de los artículos 150 (numeral Trasgresión de los artículos 4.º, 125, 150,
1.°) y 189 (numeral 11.°) de la Constitución (numerales 1.º y 2.º) y 189 (numeral 11.°)
Política y, como resultado de ello se de la Constitución Política, porque el
produjo una extralimitación en el ejercicio Ministerio de Transporte se extralimitó en
de funciones por parte del Ministerio al el ejercicio de sus funciones al establecer
suprimir la obligación legal para que el los requisitos y condiciones de los
organismo de tránsito creara escuelas no aspirantes respecto del ingreso y ascenso
formales para ofrecer los servicios a los cargos de carrera.
educativos para la capacitación de los
agentes de tránsito y “[…] no obliga al
organismo a suplir la capacitación directa
de los agentes de tránsito con la
contratación de esta capacitación con
universidades por parte del organismo de
tránsito. […]”.

20
Cabe anotar que a través de escrito de 13 de agosto de 2018, la actora presentó escrito en el cual señaló: “[…] Por tal
motivo por fuerza de ley, la 1310 de 2009, ley especial que unifica las normas sobre Agentes de Tránsito, la formación de los
Agentes de Tránsito está a cargo del estado ya que debe ser impartida por este a través de los organismos de tránsito o en
su defecto por una universidad pública reconocida contratada por estos, el ministerio de transporte no está facultado para
modificar esta disposición legal optando por otras entidades al momento de reglamentar. […]”.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, radicación número: 73001-23-31-000-2006-
01785-01(18580), actor: Cémex Colombia S.A; demandado: Municipio San Luis, CP: Hugo Fernando Bastidas.

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Radicación núm.: 11001-03-24 -000-2014-00396-00
Demandante: Asociación Sindical de Agentes de Tránsito – ASAGETRAN

II.5. Caso concreto

II.5.1. La potestad reglamentaria de los Ministerios

47. La potestad reglamentaria reconocida al presidente de la república como
suprema autoridad administrativa encuentra su fundamento en el artículo 189
numeral 11 de la Constitución Política, la cual tiene como propósito dictar las normas
complementarias necesarias para la cumplida ejecución de las leyes. En relación
con el alcance de la potestad reglamentaria, esta Sección22 ha establecido lo
siguiente:

“[…] Constitucionalmente la potestad reglamentaria pertenece al Presidente de la
República (Artículo 189 (11) Superior), quien como Jefe de Gobierno la ejerce
mediante la expedición de decretos, resoluciones y órdenes; actos que de acuerdo
con lo previsto en el artículo 115 Superior, revisten una forma especial, en la medida
en que deben contar con la firma del Ministro o Director de Departamento
Administrativo respectivo, quienes por ese hecho se hacen responsables.

El ejercicio de la potestad reglamentaria tiene por objeto dictar las normas
complementarias necesarias para la cumplida ejecución de una regulación. Por ello,
el acto reglamentario es un acto complementario de la regulación y no una creación
originaria como ésta.

Así, en sentencia de febrero 8 de 200023, la Sala Plena del Consejo de Estado, sobre
esta temática, puntualizó:

“El poder reglamentario lo otorga directamente la Constitución al Presidente de la
República como suprema autoridad administrativa, con la finalidad de que expida
normas de carácter general para la correcta ejecución de la ley. Por ser una atribución
propia que le confiere la Carta Política, no requiere de una norma legal que
expresamente la conceda y se caracteriza además por ser atribución inalienable,
intransferible e inagotable, no tiene un plazo para su ejercicio y es irrenunciable,
aunque no es un poder absoluto pues se halla limitado por la Constitución y la
ley, ya que al ejercerla el Presidente de la República no puede alterar o modificar
la ley que reglamenta.

Los límites de la potestad reglamentaria están señalados en cada caso por la
necesidad de que sea cumplida debidamente la ley de que se trate, de manera que
si la ley suministra todos los elementos indispensables para su cumplimiento, nada
habrá de agregársele y, por consiguiente, no habrá oportunidad para el ejercicio de
la potestad reglamentaria; pero si faltan en ella detalles necesarios para su correcta
aplicación habrá lugar a proveer a la regulación de esos detalles, en ejercicio de la
potestad reglamentaria. En otros términos, tanta será la materia reglamentable cuanta
determine la necesidad de dar cumplimiento a la ley. […]” (negrilla fuera del texto).

48. Al lado de la potestad reglamentaria del presidente de la república encaminada
a lograr la cumplida ejecución de la ley, los ministros son titulares de la potestad
reglamentaria residual, subsidiaria o de segundo grado para expedir
reglamentaciones que le son propias, la cual encuentra fundamento en el artículo
208 de la Constitución Política y en la Ley 489 de 1998. Sobre la justificación de la

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Oswaldo Giraldo López, sentencia de 28
de junio de 2019, radicación número: 11001-03-24-000-2011-00245-00.
23
M.P. Javier Díaz Bueno, Radicación C-761.

11

Radicación núm.: 11001-03-24 -000-2014-00396-00
Demandante: Asociación Sindical de Agentes de Tránsito – ASAGETRAN

potestad reglamentaria a cargo de los ministros, la Corte Constitucional, en
sentencia C-917 de 200224 indicó:

“[…] Tal como lo establece el artículo 208 de la Carta Política, los ministros, junto con
los jefes de departamentos administrativos, son los jefes de la Administración en su
respectiva dependencia.

En concordancia con esta preceptiva, la Ley 489 de 1998, que regula aspectos
vinculados con la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional,
ha dispuesto que los ministerios son organismos pertenecientes a la rama ejecutiva
del poder público (Art. 38 ibídem), que son los principales órganos de la
Administración (Art. 39 ídem) y que, con los departamentos administrativos y las
superintendencias, constituyen el Sector Central de la Administración Pública
Nacional (ídem).

El fundamento constitucional de las competencias asignadas a los ministerios
también se encuentra normado por el artículo 208 de la Carta. El canon prescribe que
a los ministros les corresponde “formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir
la actividad administrativa y ejecutar la ley”, todo ello bajo la dirección del Presidente
de la República.

[…]”.

49. La potestad reglamentaria confiada a los ministros debe realizarse con sujeción
a la Constitución Política, la ley y el reglamento. En este sentido, esta Corporación25
ha señalado que la potestad tiene los siguientes límites:

“[…] de un lado, se encuentra el criterio de competencia y, del otro, el criterio de
necesidad. El primero se refiere al alcance de la atribución que se entrega al ejecutivo,
de tal manera que le está prohibido, so pretexto de reglamentar la ley, adicionar
nuevas disposiciones, por lo que, para asegurar la legalidad de su actuación, de
limitarse al ámbito material desarrollado por el legislativo. La necesidad de
reglamento, por su parte, se desprende de la ley que le sirve de soporte, pues solo
tendrá lugar el ejercicio de la potestad cuando la norma emanada del poder legislativo
sea genérica, imprecisa, oscura y ello obligue a su mayor desarrollo y precisión. Si la
ley es clara o agota el objeto o la materia regulada, la intervención del ejecutivo no
encuentra razón de ser, puesto que las posibilidades se reducen a la repetición de lo
dispuesto en la norma reglamentada (lo cual resulta inoficioso)26. […]”.

II.5.2. El profesionalismo de los agentes de tránsito y el alcance del artículo
3.° de la Ley 1310

50. El parágrafo 2.° del artículo 4.° de la Ley 769 de 6 de agosto de 200227 dispuso
que los cuerpos especializados de policía de tránsito urbano y policía de carreteras
de la Policía Nacional y los cuerpos especializados de agentes de policía de tránsito
dependientes de los organismos de tránsito departamental, metropolitano, distrital
y municipal deberán acreditar formación técnica o tecnológica en la materia.

24
Corte Constitucional, sentencia C- 917 de 2002, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, CP: Enrique Gil Botero, sentencia de 23 de
mayo de 2012, radicado núm.: 11001-03-26-000-2011-00018-00(40743)
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 14 de junio de 2019, CP: Carlos
Alberto Zambrano Barrera, radicado núm.: 11001-03-26-000-2009-00047-00 (36860).
27
“[…] Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones. […]”.

12

Radicación núm.: 11001-03-24 -000-2014-00396-00
Demandante: Asociación Sindical de Agentes de Tránsito – ASAGETRAN

51. La Ley 1310, unificó las normas sobre los agentes de tránsito y transporte y
grupos de control vial de las entidades territoriales. Frente a la formación exigida
para desarrollar la actividad de tránsito y transporte, indicó:

“[…] ARTÍCULO 3°. Profesionalismo. La actividad de Agente de Tránsito y
Transporte es una profesión y como tal deberán recibir una formación académica
integral acorde con su rango que permita una promoción profesional, cultural y
social, con acento en la instrucción ética, moral, física, ecológica, de liderazgo y de
servicio comunitario.

Para efectos de la formación técnica en la materia, exigida para desempeñarse
como autoridad de tránsito y transporte, los organismos de tránsito con jurisdicción
en las capitales de departamento podrán crear escuelas no formales encargadas de
dicha formación académica, cumpliendo con el pensum reglamentado por el
Ministerio de Transporte o en su defecto para esta capacitación o la tecnológica se
contratará con Universidades Públicas reconocidas. […]”. (Negrilla del texto).

52. De acuerdo con lo anterior, esta disposición señaló que: i) los organismos de
tránsito con jurisdicción en las capitales de departamento podían crear escuelas no
formales para impartir la formación técnica exigida para desempeñarse como
autoridad de tránsito y transporte, para lo cual deben cumplir con el pénsum
reglamentado por el Ministerio de Transporte o; ii) en su defecto, para brindar la
capacitación técnica o tecnológica se contratará con universidades públicas
reconocidas.

53. En los antecedentes legislativos que dieron origen a la Ley 1310, se indicó lo
siguiente:

“[…] Así, en el proyecto se encuentran normas referidas a:

– La profesionalización de la actividad de agente de tránsito y transporte y a la
necesidad de que se brinde una formación académica integral a los agentes,
para lo cual se dispone que los organismos de tránsito podrán crear escuelas
no formales encargadas de dicha formación académica o contratar con
universidades públicas reconocidas (artículo 3°).

[…]

Como se observa, el proyecto de ley trata sobre temas muy variados, referidos a la
profesionalización de la actividad de agentes de tránsito y a la vinculación de estos a
la carrera administrativa; a los cuerpos de tránsito territoriales; a la moralización de
los cuerpos de tránsito y a la creación de sistemas de participación ciudadana para
orientar y facilitar la relaciones entre la ciudadanía, los agentes de tránsito de las
entidades territoriales y las autoridades administrativas; a los uniformes y distintivos
de los agentes; y a la reglamentación de la ley. […]28”. (Negrilla fuera del texto).

28
Gaceta 565 de 10 de julio de 2010.En los debates que precedieron esta iniciativa quedó consignado lo siguiente: “[…]
Honorable Senador Alexánder López Maya: Senador, yo creo que por el contrario, lo que busca el proyecto de ley es darle la
profesionalización a los Agentes de Tránsito en el país; lo que busca es que ellos tengan una vida jurídica en cada una de las
entidades territoriales, básicamente le dice a las entidades territoriales, porque hemos conocido de casos de las entidades
territoriales donde buscan a terceros, evadiendo ellos inclusive la responsabilidad constitucional que tienen de asumir la
regulación del tránsito en sus entidades; entonces, básicamente el proyecto de ley lo que busca es darle un orden, inclusive
nosotros estamos planteando una estructura, estamos hablando del Comandante de Agentes de Tránsito, el Subcomandante,
el Supervisor y el Agente de Tránsito; es una estructura mínima que debe tener, consideramos que no debe tener mayor
jerarquización ni mayor denominación en la estructura, es muy práctico y es absolutamente aplicable a cada una de las
entidades territoriales. Una consideración importante es que en algunos pequeños municipios en donde se esté presentando,
por ejemplo, la tercerización, en donde esto lo contraten directamente con una empresa o lo contraten directamente con CTA,
finalmente lleva a la municipalidad a que revise esa posibilidad y destinen un presupuesto y ellos puedan tener un organigrama

13

Radicación núm.: 11001-03-24 -000-2014-00396-00
Demandante: Asociación Sindical de Agentes de Tránsito – ASAGETRAN

54. Así las cosas, consultando el propósito del legislador, se tiene que la
profesionalización de los agentes de tránsito puede realizarse por: i) escuelas no
formales creadas por los organismos de tránsito, hoy denominadas instituciones
para el trabajo y desarrollo humano, creadas por los organismos de tránsito con
jurisdicción en las capitales de departamento siempre que cumplan con el pénsum
reglamentado por el Ministerio de Transporte o; ii) en su defecto, por las
universidades públicas reconocidas, mediante la contratación.

55. Nótese que la Ley 30, dispuso que las universidades, junto con las instituciones
técnicas profesionales y las instituciones universitarias, o, escuelas tecnológicas,
son instituciones de educación superior29 y estas se definen como las reconocidas
actualmente como tales y las instituciones que acrediten su desempeño con criterio
de universalidad en las siguientes actividades: la investigación científica o
tecnológica; la formación académica en profesiones o disciplinas; y la producción,
desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional30.

56. Por su parte, la Ley 115, señala que la educación no formal es aquella que se
ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en
aspectos académicos o laborales, sin sujeción al sistema de niveles y grados
previsto en el artículo 11 de esa ley.

57. La Sala debe destacar que a través de la Ley 1064 de 26 de julio de 200631, se
cambió la denominación de educación no formal, la cual pasó a llamarse por
educación para el trabajo y el desarrollo humano, la cual se concibe como un factor
esencial del proceso educativo de la persona y componente dinamizador en la
formación de técnicos laborales y expertos en las artes y oficios.32

II.5.3. Análisis del contenido de la Resolución 4548 de 2013

58. El Ministerio de Transporte expidió la Resolución 4548 de 2013, en ejercicio de
las facultades previstas en “[…] el parágrafo 1º del artículo 3º de la Ley 1310 de
2009 y los numerales 6.1 y 6.3 del artículo 6º del Decreto 87 de 2011 […]”, con el
objeto de determinar las áreas del plan de estudio del programa académico, técnico
o tecnológico requerido para garantizar la idoneidad de los agentes de tránsito y
transporte.

59. La Sala considera relevante transcribir los fundamentos de la Resolución 4548
de 2013, en el siguiente sentido:

“[…] Que el parágrafo 2º del artículo 4º de la Ley 769 de 2002, señaló:

y una estructura adscrita a las entidades de tránsito municipales de cada una de las entidades. […]”. (Gaceta 298 de 30 de
mayo de 2008).
29
Artículo 16 de la Ley 30.
30
Artículo 19 de la Ley 30.
31
“[…] Por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación para el trabajo y el desarrollo humano
establecida como educación no formal en la Ley General de Educación. […]”.
32
Artículo 2° de la Ley 1064.

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Radicación núm.: 11001-03-24 -000-2014-00396-00
Demandante: Asociación Sindical de Agentes de Tránsito – ASAGETRAN

“Parágrafo 2°. Los cuerpos especializados de Policía de Tránsito Urbano y Policía de
Carreteras de la Policía Nacional y los cuerpos especializados de agentes de policía
de tránsito dependientes de los organismos de tránsito departamental, metropolitano,
distrital y municipal, deberán acreditar formación técnica o tecnológica en la materia”.

Que los artículos 3º, 6º y numeral 5º del artículo 7º de la Ley 1310 de 2009,
establecieron:

“Artículo 3º. Profesionalismo. La actividad de agente de tránsito y transporte es una
profesión y como tal deberán recibir una formación académica integral acorde con su
rango que permita una promoción profesional, cultural y social, con acento en la
instrucción ética, moral, física, ecológica, de liderazgo y de servicio comunitario.

Para efectos de la formación técnica en la materia, exigida para desempeñarse como
autoridad de tránsito y transporte, los organismos de tránsito con jurisdicción en las
capitales de departamento podrán crear escuelas no formales encargadas de dicha
formación académica, cumpliendo con el pénsum reglamentado por el Ministerio de
Transporte o, en su defecto, para esta capacitación o la tecnológica se contratará con
universidades públicas reconocidas.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Transporte, dentro de los seis (6) meses siguientes a
la publicación de la presente ley, fijará las parámetros para actualizar el pénsum de
capacitación, inducción, reinducción, y formación técnica para ser agente de
tránsito...”.

Artículo 6º. Jerarquía. Es la organización interna del grupo de control vial que
determina el mando en forma ascendente o descendente. La jerarquía al interior de
estos cuerpos para efectos de su organización, nivel jerárquico del empleo en carrera
administrativa, denominación del empleo, lo mismo que para todas las obligaciones y
derechos consagrados en esta ley, será lo determinado en el presente artículo.

La profesión de agente de tránsito por realizar funciones que exigen el desarrollo de
procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las
relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología como policía judicial,
pertenecerá en carrera administrativa al nivel técnico y comprenderá los siguientes
grados en escala descendente:

Parágrafo. No todas las entidades territoriales tendrán necesariamente la totalidad
de los códigos y denominaciones estas serán determinados por las necesidades del
servicio.

[…]” (negrilla y cursivas del texto).

60. El artículo 2.° de la resolución supra indicó lo siguiente:

“[…] Artículo. 2º. Instituciones para impartir educación. La formación de que trata
el artículo 4º de la presente resolución, podrá ser impartida por instituciones de

15

Radicación núm.: 11001-03-24 -000-2014-00396-00
Demandante: Asociación Sindical de Agentes de Tránsito – ASAGETRAN

educación superior o instituciones para el trabajo y desarrollo humano, legalmente
constituidas y aprobadas por la entidad respectiva. […]”. (Negrilla del texto)

61. Por su parte, el artículo 4.° ibidem es del siguiente tenor:

“[…] Artículo 4º. Sin perjuicio del nivel de educación requerida en el artículo
anterior, el agente de tránsito deberá acreditar mediante certificaciones expedidos
(sic) por instituciones debidamente registradas ante las secretarías de educación o
el Ministerio de Educación Nacional, la siguiente formación profesional o técnica:

EJE
DEFINICIÓN DEL EJE OBJETIVO DEL EJE SUBTEMAS MÍNIMOS POR EJE
ESTRUCTURANTE
Brindar herramientas jurídicas,
para que cada una de las
actuaciones que se realice a lo
largo • Introducción al Derecho.
de su desempeño como • Constitución Política. Comprende toda la
Agente de Tránsito, se haga • Derechos Humanos y Derecho
normatividad relacionada con
en el marco del respeto y Internacional Humanitario.
la actividad de tránsito y
Normatividad garantía de los derechos de • Normatividad de Tránsito.
transporte en Colombia, la
los diferentes actores del • Normatividad de Transporte.
estructura normativa y los
tránsito, y se propenda por la • Derecho Público y Privado
preceptos superiores.
búsqueda de la equidad y (diferencias y ramas).
valor de las normas de • Normatividad Ambiental.
tránsito, respetando las
competencias que le asiste
como autoridad.
• Procedimientos de regulación y
control del tránsito. Capacitar al cuerpo de
• Procedimientos de control de
agentes de tránsito en las
embriaguez
Desarrollo de técnicas técnicas básico que le
• Actuaciones contravencionales en
básicas para el control, la permitan actuar de manera
Ejercicio de la tránsito y transporte.
regulación del tráfico y la idónea ante las situaciones
autoridad de tránsito • Planes de tránsito: formulación,
asistencia técnica a cotidianas del ejercicio de la
evaluación de los mismos.
conductores. autoridad en el tránsito, el
• Conducción, maniobra de vehículos
transporte, el tráfico y el uso
y mecánica básica.
adecuado del espacio público.
• Regulación y accesibilidad del
espacio público
Analizar los actos que el ser Brindar a los cuerpos de
humano realiza de modo Agentes de Tránsito, un
•Ética.
consciente y libre (es decir, componente de desarrollo
•Moral.
aquellos actos sobre los que moral y ético en relación con
•Valores.
ejerce de algún modo un las actitudes y aptitudes que
•Cultura Ciudadana.
control permitan
• Responsabilidad del servidor
Ética racional), sin limitarse sólo a llevar a cabo la ejecución de
público.
ver cómo se realizan esos sus actividades con
•Penal.
actos, sino que busca emitir transparencia, celeridad,
•Fiscal
un juicio sobre estos, que honestidad, ética, moral,
•Disciplinaria.
permite determinar si un acto equidad, justicia y
• Administrativa
ha sido éticamente bueno o responsabilidad dentro del
éticamente malo. marco del respeto por todos.
• Planes de Seguridad vial.
• Transporte.
• Movilidad. Brindar orientaciones teóricas
Se refiere al conjunto de • Papel de los actores del tránsito en
y metodológicas a los cuerpos
acciones, mecanismos, la movilidad.
de Agentes de Tránsito en los
estrategias y medidas • Espacio público e infraestructura.
componentes de la seguridad
orientadas a la prevención de • Conductas de riesgo.
vial, para que con base en
Seguridad vial accidentes de tránsito, o a • Transgresión de la norma desde lo
esta ejecuten todas las
anular o disminuir los efectos comportamental y lo
acciones de control en vía,
de los mismos, con el objetivo sociológico.
procurando por la
de proteger la vida de los • Biocinemática de los accidentes de
minimización y prevención de
usuarios de las vías. tránsito.
los accidentes de tránsito.
• Mecánica básica.
• Nociones en auditorías de seguridad
vial. Brindar herramientas técnicas
a los cuerpos de agentes de
tránsito, para que cuenten con • Procedimientos de Policía Judicial.
conocimientos respecto a las • Metodología de la Investigación.

El estudio de técnicas y
actividades que como policía • Topografía Forense.
procedimientos de
judicial deben adelantar en el • Fotografía forense.
investigación cuyo objetivo es
Criminalística proceso de atención de un • Actuaciones ante autoridades
el descubrimiento, explicación
accidente de tránsito que judiciales.
y prueba de los hechos de
produzca daños, lesiones o • Sistema de identificación
tránsito.
muerte de actores en la vía o • Procedimientos de investigación.
de eventos que sin involucrar • Medicina Legal
accidentes, requieren la
atención primaria del agente. Resolución de Compendio de conocimientos Capacitar a los cuerpos de • Habilidades. Comunicativas.
conflictos y y habilidades para agentes en vía, para • Manejo de las emociones.
comunicación comprender e intervenir en la que cuenten con herramientas • Asertividad y empatía
asertiva. resolución pacífica y no para llevar a cabo el manejo • Manejo y resolución de conflictos.

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Radicación núm.: 11001-03-24 -000-2014-00396-00
Demandante: Asociación Sindical de Agentes de Tránsito – ASAGETRAN

violenta de los conflictos de los diferentes conflictos que • Normatividad relacionada con
sociales. como agentes deben enfrentar resolución de conflictos.
en vía. De manera específica • Conciliación extrajudicial.
se busca generar • Técnicas de conciliación
conocimiento respecto o los
derechos y deberes de los
ciudadanos y se desarrollen
habilidades conciliatorias en el
agente.
Brindar herramientas de
Orientar, capacitar y aportar carácter educativa al agente, • Educación y pedagogía.
instrumentos a los agentes para que a través de las • Didáctica.
Pedagogía respecto a las normas de diferentes • Manejo del lenguaje.
tránsito y transporte, para que actividades de control en vía, • Uso de herramientas para la
se conviertan en agentes promueva comportamientos pedagogía.
transformadores de la cultura adecuados en los diferentes • Técnicas de educación y pedagogía.
actores del tránsito.
• Uso de Botiquín de emergencia.
• Técnicas de valoración Inicial del
paciente.
• Técnicas de valoración secundaria.
Capacitar al personal en la • Conocimiento en lesiones,
Conocer y controlar los
respuesta y atención inicial a osteomusculares (Fracturas,
peligros presentes en la
un paciente, controlando los Esguinces y Luxaciones).
escena donde se ha
factores que puedan • Conocimiento de alteraciones de
Primeros auxilios presentado un accidente y
complicar su condición tejidos blando •
adquirir destrezas en la
mientras llega personal y Conocimiento en heridas,
valoración inicial de un
equipo especializado a la hemorragias, quemaduras, etc.
paciente.
escena. • Conocimiento en identificación de
Signos Vitales.
• Conocimiento en alteraciones de la
Conciencia.

II.5.4. Conclusiones del análisis

62. La parte actora consideró que el artículo 2.° de la Resolución 4548 de 2013,
suprimió la obligación legal para que el organismo de tránsito creara escuelas no
formales para ofrecer los servicios educativos para la capacitación de los agentes de
tránsito y “[…] no obliga al organismo a suplir la capacitación directa de los agentes
de tránsito con la contratación de esta capacitación con universidades por parte del
organismo de tránsito […]”.

63. El artículo 2.° de la Resolución 4548 de 2013, en cuanto a su estructura, se
compone de lo siguiente: la formación profesional o técnica -sujeto- podrá ser
impartida (verbo) por: i) instituciones de educación superior o; ii) por instituciones
para el trabajo y desarrollo humano, legalmente constituidas y aprobadas por la
entidad respectiva (complemento).

64. Nótese que el artículo 2.° de la Resolución 4548 de 2013 permite que la formación
profesional o técnica pueda ser impartida por instituciones de educación superior o
por instituciones para el trabajo y desarrollo humano, toda vez que se encuentra
marcada por el verbo “[…] podrá ser impartida […]”.

65. La Resolución 4548 de 2013 fue expedida con el objeto de determinar las áreas
del plan de estudio del programa académico, técnico o tecnológico requerido para
garantizar la idoneidad de los agentes de tránsito y transporte y su artículo 2°, en
cuanto precisa las instituciones que pueden impartir la formación o capacitación, se
encuentra en consonancia con la disposición legal que sirvió de base para su
expedición.

66. Según se indicó con anterioridad, el propósito del legislador en el artículo 3.° de
la Ley 1310, no es otro que garantizar que la profesionalización de los agentes de

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Radicación núm.: 11001-03-24 -000-2014-00396-00
Demandante: Asociación Sindical de Agentes de Tránsito – ASAGETRAN

tránsito se realice a través de: i) las escuelas no formales creadas por los organismos
de tránsito, hoy instituciones para el trabajo y desarrollo humano, o; ii) las
universidades públicas reconocidas para brindar la capacitación técnica o
tecnológica, a través de la contratación.

67. Así las cosas, el artículo 2.° de la Resolución 4548 de 2013, en cuanto indica que
la formación profesional o técnica podrá ser impartida por: i) instituciones de
educación superior, en sentido amplio, o; ii) por instituciones para el trabajo y
desarrollo humano, legalmente constituidas y aprobadas por la entidad respectiva, lo
que hace es reiterar el mandato del legislador.

68. Ahora, a juicio de la Sala, el hecho de que la norma demandada no reproduzca el
contenido del artículo 3.°de la Ley 1310, no supone que su intención haya sido la de
suprimir los requisitos previstos en la norma que le sirvió de fundamento.

69. Al respecto, esta Corporación ha precisado en diversos pronunciamientos que
“[…] el objeto del reglamento es hacer explícito lo que está implícito en la ley; y no
se trata de que al desarrollar ésta se reproduzca íntegramente su texto, sino que
exista consonancia o armonía de lo consagrado en uno y otra, al punto de que sin
dicho reglamento, la voluntad o espíritu de la ley resultaría ilusoria en sus efectos.
[…]33”.

70. Por lo tanto, no son de recibo los argumentos de la demanda, ya que el artículo
2.° de la Resolución 4548 de 2013 no suprime la obligación legal para que el
organismo de tránsito creara escuelas no formales para ofrecer los servicios
educativos para la capacitación de los agentes de tránsito ni elimina la obligación
legal de contratar la capacitación con universidades públicas y, por el contrario, la
norma demandada permite hacer efectiva la voluntad del legislador.

71. Así las cosas, se concluye que el Ministerio de Transporte no excedió la potestad
reglamentaria o residual de la cual es titular, por lo que el cargo no está llamado a
prosperar.

II.6. Condena en costas

72. Esta Sala no condenará en costas a la parte demandante, en tanto que no
concurren los supuestos del artículo 188 de la Ley 1437, esto es, por tratarse de
un asunto en el que se ventila un interés público.

73. Igualmente, se reconocerá al abogado Anderson Mauricio Rincón Castañeda
como apoderado judicial de la parte demandada, de conformidad con los
documentos que obran en el expediente digital34.

33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de octubre de 2002, radicado:
1001-03-24-000-2001-00098-01, (6937), MP: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
34
Índice 56, SAMAI.

18

Radicación núm.: 11001-03-24 -000-2014-00396-00
Demandante: Asociación Sindical de Agentes de Tránsito – ASAGETRAN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: RECONOCER al abogado Anderson Mauricio Rincón Castañeda, como
apoderado judicial del Ministerio de Transporte, conforme al poder que obra en el
expediente digital.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente previas las
anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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