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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2014-00643-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-25-000-2014-00643-00

Fecha
26 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-25-000-2014-00643-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 14 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.” Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 21 Radicado: 11001 03 25 000 2014 00643 00 Demandante: Nicolás Arango Vélez PRIMERO. NEGAR la pretensión de la demanda, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Sin condena en costas, en atención a lo señalado en precedencia. TERCERO. Una vez en firme esta decisión, procédase por Secretaría al archivo del expediente, dejando las constancias a que hubiere lugar.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-25-000-2014-00643-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

26 de septiembre de 2024

1

Radicado: 11001 03 25 000 2014 00643 00
Demandante: Nicolás Arango Vélez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C, veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación núm.: 11001 03 25 000 2014 00643 00
Actor: Nicolás Arango Vélez
Demandado: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM
Tesis: El acto administrativo por medio del cual la entidad demandada determinó
los costos que deben pagar por el proceso de autorización quienes deseen obtener
la acreditación para realizar la medición de emisiones contaminantes, no constituye
una tasa.

NULIDAD – ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la demanda instaurada en ejercicio del medio de control
de nulidad promovido por el señor Nicolás Arango Vélez (en adelante la parte
actora) en contra del artículo 24 de la Resolución núm. 2509 del 16 de noviembre
de 2010, “Por la cual se establece el nuevo procedimiento de autorización y
seguimiento del proceso de medición de emisiones contaminantes generadas por
fuentes móviles, para autoridades ambientales, laboratorios ambientales,
comercializadores representantes de marca, fabricantes, ensambladores e
importadores de vehículos y/o motocicletas, motociclos y mototriciclos”, expedida
por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (en adelante el
IDEAM).

I. LA DEMANDA

1.1. Pretensión

Figura como pretensión la siguiente:

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2

Radicado: 11001 03 25 000 2014 00643 00
Demandante: Nicolás Arango Vélez

“Que se declare la nulidad del Articulo 24 de la Resolución 2509 de 2010 de
noviembre 16 de 2010 publicada en el Diario Oficial No. 47.910 del 1 de
diciembre de 2010, modificada por el Articulo 1 de la Resolución 946 de 2011
de abril 25 publicada en el Diario Oficial No. 48.070 del 15 de mayo de 2011
proferidas por el Director General de la Entidad demandada.”1.

1.2. El acto cuestionado

A continuación, se transcribirá el acto acusado, de la siguiente manera:

“RESOLUCIÓN 2509 DE 2010

(noviembre 16)

Diario Oficial No. 47.910 de 1 de diciembre de 2010

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS
AMBIENTALES

Por la cual se establece el nuevo procedimiento de autorización y seguimiento
del proceso de medición de emisiones contaminantes generadas por fuentes
móviles, para autoridades ambientales, laboratorios ambientales,
comercializadores representantes de marca, fabricantes, ensambladores e
importadores de vehículos y/o motocicletas, motociclos y mototriciclos.

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA,
METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES, IDEAM,

en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por la
Ley 99 de 1993, el Decreto 1600 de 1994 y el Decreto 2241 de 1995, y

CONSIDERANDO:

Que conforme con lo establecido en la Ley 99 de 1993, artículo 17, el Instituto
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, es el
establecimiento público encargado del levantamiento y manejo de la
información científica y técnica sobre los ecosistemas que forman parte del
patrimonio ambiental del país, así como de establecer las bases técnicas para
clasificar y zonificar el uso del territorio nacional para los fines de planificación
y ordenamiento del territorio. Corresponde a este Instituto efectuar el
seguimiento de los recursos biofísicos de la Nación, especialmente en lo
referente a su contaminación y degradación, necesario para la toma de
decisiones de las autoridades ambientales.

Que mediante el Acuerdo 0043 de mayo 21 de 1998, artículo 7o, la Junta
Directiva del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales,
Ideam, autorizó al Director General del Ideam para que determinara los costos
por servicios especiales que no estén contemplados en el mencionado
Acuerdo.

1 Visible en el expediente digitalizado que obra en el índice núm. 47 de Samai.

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3

Radicado: 11001 03 25 000 2014 00643 00
Demandante: Nicolás Arango Vélez

Que la Resolución 910 de 2008, en su artículo 35, estableció que “Las
autoridades ambientales, los comercializadores representantes de marca,
fabricantes, ensambladores e importadores de vehículos y/o motocicletas,
motociclos y mototriciclos, así como los laboratorios ambientales que realicen
medición de emisiones contaminantes para cumplir lo establecido en la
presente resolución, deberán contar con la autorización del proceso de
medición de emisiones contaminantes otorgada por el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam”.

Que en concordancia con lo anterior, el artículo 33 de la Resolución 910 de
2008 determina que la metodología, los equipos y procedimientos para
determinar las emisiones contaminantes de las fuentes móviles son las
establecidas en las Normas Técnicas Colombianas contempladas en la
Resolución 3500 de 2005, o la norma que la modifique, adicione o sustituya.

Que en este sentido, el numeral 1 del artículo 24 de la Resolución 3500,
denominado “Método de Ensayo para Revisión de Gases”, estableció que el
procedimiento para la evaluación en marcha mínima (Ralentí) y las
especificaciones para los equipos empleados en la medición de gases de
fuentes móviles a gasolina se verificará aplicando la Norma Técnica
Colombiana NTC 4983 o la que la modifique o sustituya.

Que así mismo, el numeral 2 del mismo artículo establece que el
procedimiento para la evaluación en marcha mínima (Ralentí) y las
especificaciones para los equipos empleados en la medición de emisiones de
humo generados por fuentes móviles accionadas por diésel, se verificará
aplicando la Norma Técnica Colombiana NTC 4231 o la que la modifique o
sustituya.

Que del mismo modo, el numeral 3 del citado artículo establece que el
procedimiento para la evaluación en marcha mínima (Ralentí) y las
especificaciones para los equipos empleados en la medición de gases, de
motocicletas, motociclos, mototriciclos y similares, accionados tanto a
gasolina (cuatro tiempos) como con mezcla gasolina - aceite (dos tiempos), se
verificará aplicando la Norma Técnica Colombiana NTC 5365 o la que la
modifique o sustituya.

Que para dar cumplimiento a lo precitado por las Resoluciones 910 de
2008, 3500 de 2005 y de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 0043 de
1998, se hace necesario establecer de manera explícita los requisitos,
procedimientos y costos específicos que deben cumplir las entidades y
establecimientos mencionados, siempre que realicen mediciones de
emisiones generadas por fuentes móviles, con el fin de obtener la
correspondiente autorización.

En consecuencia, el Director General,

RESUELVE:

(…)

TÍTULO VI

COSTOS

ARTÍCULO 24. COSTOS DE AUTORIZACIÓN. <Artículo modificado por el
artículo 1 de la Resolución 946 de 2011.

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Demandante: Nicolás Arango Vélez

a) Costo de los auditores

Los honorarios de un auditor se fijan en un (1) salario mínimo mensual legal
vigente por cada día de trabajo. Los honorarios de un evaluador asistente se
fijan en 0,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada día de
trabajo. En caso de requerir los servicios de los auditores fuera de Bogotá, los
viáticos se establecerán según la tarifa vigente en el Ideam, equivalente a un
profesional especializado grado 17.

b) Costo técnico-administrativo de la auditoría

Los costos técnico-administrativos del proceso de autorización comprenden la
revisión y sistematización del formulario de solicitud de autorización, revisión
documental y elaboración de programaciones de trabajo, revisión y envío del
informe final de auditoría, apoyo en la verificación de acciones correctivas,
trámites administrativos relacionados con la expedición de la autorización y
seguimiento a la Autoridad Ambiental, laboratorio ambiental, comercializador
representante de marca, fabricante, ensamblador e importador de vehículos
y/o motocicletas, motociclos y mototriciclos.

Los costos técnico-administrativos equivalen al 20% calculado sobre el valor
total de honorarios y viáticos para el auditor o auditores que realizarán la visita.

c) Costo total de la auditoría

El costo total de la auditoría corresponde a la suma de los costos de
honorarios, viáticos, costos técnico-administrativos e IVA, de acuerdo con la
siguiente tabla:

CONCEPTO NÚMERO DE EQUIPOS A AUDITAR
1-4 Equipos 5-8 9-12 Equipos 13-16 Equipos*
Equipos
No de días para 4 5 6 7
liquidación de
honorarios de auditor
líder (Tarifa diaria: 1
SMMLV)
No. de días para 4 5 6 7
liquidación de
honorarios de auditor
asistente (Tarifa diaria:
0.5 SMMLV)
No. de días para 2 3 4 5
liquidación de viáticos
por auditor (Tarifa
vigente Ideam)**
Costo técnico 20% sobre el total de honorarios y viático
administrativo
IVA 16% sobre el total de honorarios, viático y costos técnicos
administrativos

SMMLV: Salario mínimo mensual legal vigente.

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Demandante: Nicolás Arango Vélez

*Por cada cuatro (4) equipos adicionales, se requiere un día más de visita, es
decir, se incrementa un día para liquidación de honorarios y viáticos de los
auditores.

** Costos asociados a visitas fuera de la ciudad de Bogotá.

d) Costos de la verificación de acciones correctivas, seguimiento
posterior a la autorización y extensión del alcance.

Para realizar la verificación de acciones correctivas posterior a la visita de
auditoría y dependiendo del tipo de verificación, in situ o documental, el Ideam
comunicará por escrito el costo respectivo a cancelar de acuerdo con las
tarifas establecidas en el presente artículo.

Una vez obtenida la autorización, para que el Ideam pueda realizar el
seguimiento al cabo de 12 meses o la extensión del alcance de la autorización,
la Autoridad Ambiental, laboratorio ambiental, comercializador representante
de marca, fabricante, ensamblador e importador de vehículos y/o motocicletas,
motociclos y mototriciclos, deberá cancelar los costos totales de auditoría
establecidos en el literal c) de este artículo.

PARÁGRAFO 1o. Previo a adelantar los trámites de la auditoría, la Autoridad
Ambiental, laboratorio ambiental, comercializador representante de marca,
fabricante, ensamblador e importador de vehículos y/o motocicletas,
motociclos y mototriciclos interesado, deberá consignar los valores
correspondientes a honorarios, viáticos de los auditores, costo técnico-
administrativo e IVA según aplique, en la cuenta que designe el Ideam y en
los términos establecidos en la presente resolución. Los anteriores valores no
incluyen los gastos de desplazamiento, los cuales deberán ser asumidos
directamente por el laboratorio u organización a ser evaluado, incluyendo tanto
el desplazamiento aéreo como el desplazamiento terrestre intermunicipal,
según sean requeridos uno o ambos medios para el traslado del equipo
evaluador desde la ciudad de Bogotá hasta las instalaciones de la entidad u
organización y su correspondiente regreso.

PARÁGRAFO 2o. La Autoridad Ambiental, laboratorio ambiental,
comercializador representante de marca, fabricante, ensamblador e
importador de vehículos y/o motocicletas, motociclos y mototriciclos deberá
cancelar el valor de la auditoría con una antelación no inferior a treinta (30)
días calendario con relación a la fecha de la realización de la visita.”2.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

La parte actora afirmó que, mediante la expedición del artículo 24 de la Resolución
núm. 2509 de 2010, modificado por el artículo 1º de la Resolución 946 de 2011, se
vulneraron los artículos 338 de la Constitución Política y 137 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA), expresando el argumento que se sintetiza a continuación:

2 Ibidem.

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Falta de competencia e infracción de norma superior

1.3.1. Indicó que el IDEAM, mediante la Resolución núm. 2509 de 2010, modificada
por el artículo 1 de la Resolución núm. 946 de 2011, creó la tasa derivada del trámite
de autorización de que trata el artículo 35 de la Resolución núm. 910 de 20083,
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Manifestó que el Director General de la entidad demandada expidió la disposición
acusada con fundamento en la facultad otorgada por la Junta Directiva, a través del
artículo 7 del Acuerdo núm. 0043 de 21 de mayo de 1998.

Expuso que, por expresa disposición constitucional, el IDEAM carecía de
competencia para fijar tasas o cualquier otro concepto que constituyera un tributo,
ya que dicha potestad recaía exclusivamente en el Congreso de la República, las
Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales y Municipales.

3 “Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán

cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se
adoptan otras disposiciones.
(…)
Artículo 35°. Autorización y seguimiento del proceso de medición de emisiones contaminantes. Las
autoridades ambientales, los comercializadores representantes de marca, fabricantes,
ensambladores e importadores de vehículos y/o motocicletas, motociclos y mototriciclos, así como
los laboratorios ambientales que realicen medición de emisiones contaminantes para cumplir lo
establecido en la presente resolución, deberán contar con la autorización del proceso de medición
de emisiones contaminantes otorgada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales, IDEAM.
La solicitud de la autorización a la que se refiere el presente artículo se deberá presentar ante el
IDEAM a partir de dieciocho (18) meses contados desde la entrada en vigencia de la presente
resolución.
Para efectos de seguimiento de la autorización otorgada, el IDEAM hará una visita de verificación in
situ cada doce (12) meses.
Parágrafo 1°. El IDEAM establecerá el procedimiento para la autorización y seguimiento a que hace
referencia este artículo, en un plazo máximo de doce (12) meses contados a partir de la entrada en
vigencia de la presente resolución.
Parágrafo 2°. A partir del 1° de enero de 2011 solamente serán aceptadas por las autoridades
ambientales competentes, las mediciones de emisiones contaminantes realizadas por los
comercializadores representantes de marca, importadores, fabricantes o ensambladores de
vehículos y/o motocicletas, motociclos y mototriciclos y de los laboratorios ambientales, que cuenten
con la respectiva autorización otorgada por el IDEAM o laboratorios extranjeros acreditados por otro
organismo de acreditación.
Parágrafo 3°. A partir del 1° de enero de 2011, las autoridades ambientales competentes que realicen
mediciones de emisiones contaminantes deberán contar con la respectiva autorización otorgada por
el IDEAM.”.

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Enfatizó en que, en ninguna circunstancia, un órgano directivo de una entidad del
sector central o descentralizado podía atribuirse tal competencia y mucho menos
delegarla, pues ello implicaría el desconocimiento del principio de legalidad,
comoquiera que únicamente es viable fijar el valor a pagar por una tasa siempre y
cuando exista una norma que previamente determine el sistema y método para
calcularla.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.1. El IDEAM4 contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de la
pretensión de nulidad al considerar que la parte actora fundamentó el libelo
introductorio con una premisa equivocada, toda vez que la norma controvertida no
estableció una tasa, sino un precio público.

Arguyó que expidió la Resolución núm. 2509 de 2010 en atención a la instrucción
emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Resolución núm.
910 de 2008.

Explicó que el costo asociado a la acreditación de que trata el artículo 35 de la
Resolución núm. 910 de 2008 no era impositivo, pues dependía exclusivamente de
la voluntad de los comercializadores representantes de marca, fabricantes,
ensambladores e importadores de vehículos y/o motocicletas, motociclos y
mototriciclos, así como de los laboratorios ambientales, que realizaran medición de
emisiones contaminantes y debieran acceder al servicio de autorización.

Señaló que los recursos provenientes del proceso de acreditación no cuentan con
destinación especifica, en la medida en que se utilizan para sufragar los gastos de
funcionamiento de la entidad y, al mismo tiempo, para la ejecución de todo tipo de
proyectos, que no necesariamente tienen como finalidad beneficiar a los
particulares autorizados.

Comentó que, según el numeral 10 del artículo 20 del Decreto Ley 2241 de 1995,
el IDEAM, en desarrollo de su objeto, se encontraba facultado para establecer

4 Ibidem.

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tarifas y fijar precios para el suministro de información y prestación de servicios de
carácter hidrológico, meteorológico y ambiental.

Así, concluyó que el artículo 24 de la Resolución núm. 2509 de 2010 no creó una
tasa, que evidentemente requería una génesis de carácter legal, motivo por el cual
no era dable predicar su nulidad.

III. AUDIENCIA INICIAL

El 23 de marzo de 2018, se llevó a cabo audiencia inicial, en la que se fijó el litigio
de la siguiente manera:

“7.1. El Despacho observa, después de examinar la demanda y la contestación,
que el actor pretende la nulidad del artículo 24 de la Resolución No. 2509 de
2010, modificado por el artículo 1° de la Resolución No. 946 de 2011, ambas
expedidas por el Director General del IDEAM, pues estima que mediante él se
ha creado una TASA, lo que implica: i) la infracción a normas superiores, a
saber, artículo 137 del CPACA y artículo 338 de la Constitución Política, y ii)
falta de competencia para la expedición del acto demandado.

7.2. El apoderado del IDEAM, por su parte, aduce que la demanda incurre en
equivocación, pues el artículo demandado no crea una TASA sino que
establece un precio público, y en ello radica la diferencia fundamental entre uno
y otro escrito.

7.3. Teniendo entonces en cuenta las diferencias entre las partes sobre los
hechos, las pretensiones y las excepciones propuestas, en el presente proceso
se deberá determinar si:

7.3.1. El artículo 24 de la Resolución No. 2509 de 2010, modificado por el
artículo 1° de la Resolución No. 946 de 2011, ambas expedidas por el Director
General del IDEAM, constituye una tasa.

7.3.2. Si la respuesta a Io establecido en el numeral anterior es afirmativa, se
deberá entonces precisar si:

7.3.2.1. El artículo 24 de la Resolución No. 2509 de 2010, modificado por el
artículo 1° de la Resolución No.946 de 2011, ambas expedidas por el Director
General del IDEAM, infringe el artículo 137 del CPACA o el artículo 338 de la
Constitución Política.

7.3.2.2. El artículo 24 de la Resolución No. 2509 de 2010, modificado por el
artículo 1° de la Resolución No. 946 de 2011, ambas expedidas por el Director
General del IDEAM, fue expedido por una autoridad que no tenía competencia
para ello.

7.3.3. Si se infringe el artículo 137 del CPACA o el artículo 338 de la Carta
Fundamental y el acto acusado fue expedido por una autoridad que no tenía

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competencia para ello, se deberá establecer si, como consecuencia de ello, es
nulo el artículo 24 de la Resolución No. 2509 de 2010, modificado por el artículo
1° de la Resolución No. 946 de 2011, ambas expedidas por el Director General
del IDEAM.”5.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

A través de auto del 14 de febrero de 2019 se les concedió a las partes el término
de diez (10) días para alegar de conclusión, lapso dentro del cual el Ministerio
Público también podía rendir concepto.

4.1. La parte actora alegó de conclusión6 que no podía considerarse que la
norma cuestionada tratara de un precio público, ya que éste surge del interés de un
particular por usar o explotar económicamente un bien del Estado. Sin embargo, en
el presente caso, el particular debe solicitar una visita, lo que genera la obligación
estatal de realizar dicha inspección, y si se cumplen los requisitos, expedir una
autorización.

Indicó que la autorización otorgada por el IDEAM no tiene como finalidad la
explotación o el uso de un bien o servicio de carácter público o fiscal, sino que se
otorga para permitir la realización de una actividad privada y/o empresarial. Añadió
que las tarifas corresponden a un costo de recuperación por las auditorías que la
entidad realiza anualmente, las cuales son necesarias para expedir la autorización
que permite al particular medir emisiones contaminantes con sus propios equipos,
un requisito indispensable para la comercialización de sus productos. Además,
señaló que el Estado tiene la facultad de realizar un cobro coactivo tras la auditoría
y la emisión de la correspondiente cotización.

En consecuencia, al tratarse de una tasa y no de un precio público, la entidad
carecía de competencia para expedir un acto administrativo como el que es objeto
del presente litigio, ya que dicha facultad es exclusiva del Congreso de la República,
las Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales y Municipales. Por ello,

5 Ibidem.
6 Ibidem.

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la resolución impugnada infringía el mandato constitucional que establece qué
entidades están facultadas para fijar un tributo.

4.2. El IDEAM presentó sus alegatos de conclusión7 reiterando que los costos de
autorización corresponden a un precio público y destacando que los criterios que lo
diferencian de una tasa están contemplados en el artículo 24 del acto administrativo
demandado. El primer criterio es que el objetivo de la contraprestación no es
recuperar los costos en los que incurre la entidad, sino cubrir los gastos derivados
de las diversas funciones que esta desempeña. El segundo criterio se refiere a la
autonomía de la voluntad, dado que un precio público no constituye una imposición
del Estado, sino una cuota que deben pagar quienes deseen acceder a un mercado
específico. El tercer criterio es la destinación de los recursos obtenidos: mientras
que las tasas se dirigen al beneficio del grupo que tributa, los ingresos provenientes
de un precio público pueden ser asignados a proyectos distintos cuyos beneficiarios
no necesariamente son quienes pagaron el costo de la autorización.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa rindió concepto8
en el que expuso los siguientes argumentos:

En primer lugar, expuso los antecedentes del proceso de la referencia. A
continuación, en el acápite titulado "Consideraciones del Ministerio Público", hizo
referencia al acto administrativo objeto de análisis y procedió al estudio de los
cargos de la demanda, según los problemas jurídicos planteados en la audiencia
inicial celebrada el 23 de marzo de 2018.

Explicó que el artículo 24 de la Resolución núm. 2509 de 2010, modificado por el
artículo 1º de la Resolución núm. 946 de 2011, estableció una contraprestación
para las personas interesadas en acceder al servicio de medición de emisiones
contaminantes. Señaló que esta obligación tenía origen contractual y no legal, por
lo que se trataba de un precio público y no de una tasa. En consecuencia, en su

7 Ibidem.
8 Ibidem.

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criterio, no se generaba una relación tributaria en sentido estricto, razón por la cual
no se vulneró el artículo 338 de la Constitución Política.

En cuanto al cargo de falta de competencia, indicó que el acto objeto de la
controversia se expidió con fundamento en las facultades legales otorgadas a la
Junta Directiva de la entidad para fijar el precio de los servicios prestados por el
IDEAM, conforme a lo dispuesto en el literal n) del artículo 21 del Decreto Ley 1277
de 1994.

Sin embargo, argumentó que las competencias relacionadas con la estructura y el
marco legal no podían ser delegadas, menos aún por órganos superiores de
representación como la Junta Directiva. En este sentido, la delegación de la facultad
para determinar el costo de servicios especiales, como la acreditación mencionada,
al Director General del IDEAM, contravino el mandato expreso del legislador
contenido en el literal n) del artículo 21 del Decreto Ley 1277 de 1994. Por esta
razón y en aplicación de la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad al artículo
7 del Acuerdo núm. 00043 de 1998, solicitó que se declarara la nulidad de la
resolución cuestionada.

VI. DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala procede a
decidir el asunto sub-lite, previas las siguientes:

VII. CONSIDERACIONES

7.1. Competencia

De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de
lo previsto en los artículos 11, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 149 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es
competente para conocer del asunto de la referencia.

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7.2. Cuestión previa

Antes de entrar a delimitar la controversia planteada por las partes en el trámite de
la referencia, la Sala estima necesario pronunciarse sobre una de las cuestiones
expuestas por el Ministerio Público, el cual solicitó la nulidad del acto demandado.
Dicho requerimiento se basó en que, de acuerdo con el literal n) del artículo 21 del
Decreto Ley 1277 de 1994, la competencia para expedir la resolución atacada
recaía en la Junta Directiva del IDEAM y que esta facultad no podía ser delegada
al Director General de la entidad.

Sobre ese particular la Sala advierte que el juez de lo contencioso administrativo se
encuentra llamado a respetar el principio de congruencia, razón por la cual debe
pronunciarse sobre la demanda, reforma, contestación y el traslado de las
excepciones. Ello delimita la controversia planteada por las partes. En esa medida,
no tiene facultad para resolver de oficio un cargo que no fue propuesto en el libelo
introductorio o fijado en el litigio de manera precisa, pues, de hacerlo, no solo
desbordaría el marco del debate, sino que también sorprendería a la parte
demandada con un aspecto del cual no le fue posible defenderse, circunstancia que
evidentemente podría conllevar a la afectación de derechos fundamentales.

En el caso concreto, la hipótesis presentada por la Vista Fiscal no forma parte del
cargo de la demanda. Además, en la audiencia inicial celebrada el 23 de marzo de
2018, se procedió a fijar el litigio, en los términos previamente consignados, sin que
se incluyera el punto señalado, ni se interpusiera recurso alguno al respecto. De
hecho, el demandante no invocó en el acápite de las normas violadas y el concepto
de la violación, el sustento normativo traído a colación por la Procuraduría Delegada
para la Conciliación Administrativa, esto es, el literal n) del artículo 21 del Decreto
Ley 1277 de 1994.

Por estas razones, no procede estudiar el argumento presentado por el Ministerio
Público. En consecuencia, se procederá al análisis de las diferencias formuladas
por las partes en torno a los hechos y las pretensiones.

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7.3. Planteamiento

De acuerdo con el libelo introductorio, la contestación de la demanda y los escritos
de alegatos de conclusión, en el presente caso debe ser estudiado el contenido del
acto demandado para determinar si creó una tasa por la prestación del servicio de
autorización y seguimiento del proceso de medición de emisiones contaminantes.

Para la parte actora, el costo que fijó el artículo 24 de la Resolución núm. 2509 de
2010, modificado por el artículo 1º de la Resolución 946 de 2011, cumple con los
requisitos para ser considerado como una tasa en la medida en que: (i) garantiza
el acceso a una actividad particular y/o empresarial, y (ii) no tiene rentabilidad o
utilidad económica para el Estado, simplemente representa la recuperación del
valor en que incurre el IDEAM en la prestación del servicio.

Mientras que, para la autoridad cuestionada, la suma asociada a la acreditación
comentada tiene las características de un precio público pues: (i) el pago que
realizan las autoridades ambientales, los comercializadores representantes de
marca, fabricantes, ensambladores e importadores de vehículos y/o motocicletas,
así como los laboratorios ambientales, no busca el reembolso del monto al cual
equivale la prestación del servicio, sino que se emplea para cubrir los gastos de
funcionamiento de la entidad y la inversión en los diferentes proyectos que
desarrolla en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales; y (ii) no
tiene origen legal, comoquiera que nace de la autonomía de la voluntad de los
interesados en acceder a un mercado específico.

7.4. Análisis de la Sala

La Sala deberá definir si la norma objeto del debate, esto es, por medio de la cual
la entidad demandada determinó los costos que deben pagar por el proceso de
autorización quienes deseen obtener la acreditación para realizar la medición de
emisiones contaminantes, constituye una tasa.

7.4.1. A fin de resolver el problema propuesto, la Sala considera relevante analizar
de forma breve las características que esta Sección ha identificado como elementos
de las tasas tras el estudio de las normas que desarrollan este tributo.

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Las tasas se pueden definir como aquellos ingresos tributarios que se establecen
en la ley o con fundamento en ella, a través de los cuales el ciudadano contribuye
a la recuperación total o parcial de los costos en que incurre el Estado, para
asegurar la prestación de una actividad pública, la continuidad en un servicio de
interés general o la utilización de bienes de dominio público. Por su propia
naturaleza esta erogación económica se impone unilateralmente por el Estado a
manera de retribución equitativa de un gasto público, que, no obstante ser
indispensable para el contribuyente, tan sólo se origina a partir de su solicitud.

En este orden, se consideran tasas aquellos gravámenes que tengan los siguientes
rasgos distintivos: (i) la prestación económica necesariamente tiene que originarse
en una imposición legal; (ii) la misma nace como recuperación total o parcial de los
costos que le representan al Estado prestar una actividad, un bien o servicio público;
(iii) la retribución pagada por el contribuyente guarda relación directa con los
beneficios derivados del bien o servicio ofrecido; así lo reconoce el artículo 338
Superior al disponer que “La ley [puede] permitir que las autoridades fijen las tarifas
de las [tasas] que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de
los servicios que les presten”; (iv) los valores que se establezcan como obligación
tributaria excluyen la utilidad que se deriva de la utilización de dicho bien o servicio;
(v) aun cuando su pago resulta indispensable para garantizar el acceso a
actividades de interés público o general, su reconocimiento tan sólo se torna
obligatorio a partir de la solicitud del contribuyente, por lo que las tasas
indefectiblemente se tornan forzosas a partir de una actuación directa y referida de
manera inmediata al obligado, y (vi) el pago, por regla general, es proporcional, pero
en ciertos casos admite criterios distributivos, como por ejemplo, con las tarifas
diferenciales9.

7.4.2. De igual forma, por resultar pertinente para dilucidar la presente controversia,
pues es el argumento central de defensa de la entidad demandada, es menester
hacer una sucinta referencia a la noción de precio público y sus diferencias con la

9 Sentencia del 25 de julio de 2019 de la Sección Primera del Consejo de Estado. Radicación número:

11001-03-24-000-2012-00062-00. Actor: Jorge Enrique Ibáñez Najar. Demandado: SIC. Consejero
Ponente: Oswaldo Giraldo López.

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tasa, según los pronunciamientos de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado.

En la sentencia C-927 de 2006, al pronunciarse sobre la constitucionalidad de los
artículos 7° de la Ley 72 de 198910 y 59 del Decreto Ley 1900 de 199011,
demandadas por la presunta vulneración del artículo 338 Superior, por establecer
la creación de una tasa en materia de telecomunicaciones sin determinar todos los
elementos constitucionales de dicha obligación, la Corte Constitucional consideró:

“Tanto las tasas como los precios públicos parten en principio del mismo
supuesto, esto es, el Estado entrega bienes o presta servicios frente a los
cuales es posible obtener a cambio una retribución. Sin embargo, mientras que
en el caso de los “precios públicos” la obligación surge de una relación
eminentemente contractual o voluntaria fundada en el postulado de la
autonomía de la voluntad (origen ex contractu); en tratándose de las tasas
dicha obligación emana de la potestad tributaria del Estado que se ejerce
mediante ley (origen ex lege).

En este sentido, mientras que el contribuyente en el caso de las tasas a partir
de su solicitud, se compromete de manera coercitiva con el pago de una suma
de dinero en la recuperación del costo que le implica al Estado la prestación de
una actividad, bien o servicio de interés público o general; el beneficiario en el
caso de los precios públicos asume el compromiso de pagar una remuneración
como contraprestación conmutativa por un bien o servicio que se demanda
siempre de forma voluntaria, en aras de obtener una ventaja o utilidad
económica frente al resto de la población como beneficio derivado de la
cancelación de dicha erogación pecuniaria.

(…)

A diferencia de lo expuesto por la demandante, en criterio de esta Corporación,
si bien los preceptos acusados denominan como “tasas” las prestaciones que
surgen por concepto del otorgamiento de concesiones, autorizaciones o
permisos, las mismas no tienen carácter tributario y, por lo mismo, no se
someten al cumplimiento de las exigencias constitucionales consagradas en el
artículo 338 Superior. Ello es así, entre otras, por las siguientes razones:

• Por una parte, porque el cobro de los derechos, tasas o tarifas a que se
refieren los artículos demandados se causa con ocasión de lo que en el derecho
de las telecomunicaciones se denomina título habilitante, el cual corresponde
a la autorización administrativa que se realiza con fundamento en el
ordenamiento jurídico para permitir el uso del espectro electromagnético (C.P.
arts. 75 y 101).

10 “Por la cual se definen nuevos conceptos y principios sobre la organización de las
telecomunicaciones en Colombia y sobre el régimen de concesión de los servicios y se confieren
unas facultades extraordinarias al Presidente de la República”.
11 “Por el cual se reforman las normas y estatutos que regulan las actividades y servicios de

telecomunicaciones y afines”.

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Conforme lo afirman la Vista Fiscal y la mayoría de los intervinientes, ese tipo
de “contraprestaciones” se reconocen en la teoría de la Hacienda Pública
con el nombre de “precios públicos”, los cuales se predican de los
ingresos no tributarios del Estado que surgen como erogación pecuniaria
de contrapartida directa, personal y conmutativa a cargo de los
beneficiarios, cuya causa jurídica es -como ya se señaló- la autorización
para acceder al uso temporal de bienes y servicios de propiedad estatal.

(…)

El caso propuesto se ubica exactamente en la última hipótesis: los pagos que,
con destino al Fondo de televisión pública, deben hacer periódicamente los
concesionarios por la explotación de frecuencias en el campo de la televisión
en canales de operación privada, no son un impuesto, pues carecen de la
generalidad que para tal categoría tributaria resulta esencial y, además, a
diferencia de los impuestos, es evidente que la obligación de pagar las
cantidades periódicas previstas en la norma están vinculadas directamente con
el beneficio que a los obligados otorga el Estado mediante la concesión para el
uso exclusivo de canales integrantes del espectro electromagnético. Tales
pagos tampoco gozan de la característica de la parafiscalidad en sentido
estricto, ya que no se establece que el sector privado de las
telecomunicaciones deba asumir una exacción predeterminada que haya de
aplicarse al mismo sector. Tal obligación legal en cabeza de los concesionarios
es solamente una retribución económica que, por razones de interés general,
el Estado exige, junto con las demás previstas en la ley, a los particulares a
quienes ha otorgado facultad temporal para hacer uso del espectro
electromagnético”. (Énfasis de la Sala).

Reiterando el anterior criterio, en sentencia C-402 de 2010, al revisar la
constitucionalidad del artículo 78 de la Ley 160 de 1994, la Corte Constitucional
consideró:

“debe tenerse en cuenta que las tasas y contribuciones no deben confundirse
con otros institutos que carecen de naturaleza tributaria, como es el caso de
los precios públicos. Como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional,
los precios públicos son ingresos no tributarios que surgen como
erogación pecuniaria de contrapartida directa, personal y conmutativa a
cargo de los beneficiarios, cuya causa jurídica es la autorización para
acceder al uso temporal de bienes y servicios de propiedad estatal. Los
precios públicos y las tasas parten del mismo supuesto, relativo a que “el
Estado entrega bienes o presta servicios frente a los cuales es posible obtener
a cambio una retribución. Sin embargo, mientras que en el caso de los “precios
públicos” la obligación surge de una relación eminentemente contractual o
voluntaria fundada en el postulado de la autonomía de la voluntad (origen ex
contractu); en tratándose de las tasas dicha obligación emana de la potestad
tributaria del Estado que se ejerce mediante ley (origen ex lege). || En este
sentido, mientras que el contribuyente en el caso de las tasas a partir de su
solicitud, se compromete de manera coercitiva con el pago de una suma de
dinero en la recuperación del costo que le implica al Estado la prestación de
una actividad, bien o servicio de interés público o general; el beneficiario en el
caso de los precios públicos asume el compromiso de pagar una remuneración
como contraprestación conmutativa por un bien o servicio que se demanda
siempre de forma voluntaria, en aras de obtener una ventaja o utilidad

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económica frente al resto de la población como beneficio derivado de la
cancelación de dicha erogación pecuniaria.”

Esta diferenciación entre tasas e ingresos públicos es compartida por la
doctrina comparada, la cual insiste en que mientras para el caso de la tasa (i)
prevalecen los rasgos de obligatoriedad y autoridad, y (ii) su monto usualmente
no cubre el costo total de la actividad o servicio; respecto del precio público el
aspecto central es el carácter conmutativo de la contraprestación, rasgo que
tiene preeminencia sobre el carácter coactivo del ingreso.”. (Énfasis de la
Sala).

Por su parte, en sentencia del 19 abril de 201812, al prohijar los argumentos
expuestos por la Corte Constitucional, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
determinó:

“Las tasas han sido definidas como ingresos tributarios que se caracterizan por
tener origen en la ley, a través de los cuales el ciudadano contribuye a la
recuperación total o parcial de los costos en que incurre el Estado para
asegurar la prestación de una actividad pública, la continuidad en un servicio
de interés general o la utilización de bienes de dominio público.

Consiste, entonces, en una erogación económica impuesta de manera
unilateral por el Estado a manera de retribución equitativa de un gasto público,
que no obstante ser indispensable para el contribuyente, tan sólo se origina a
partir de su solicitud.

Por su parte, los precios públicos comportan ingresos no tributarios del Estado,
que surgen como erogación pecuniaria de contrapartida directa, personal y
conmutativa a cargo de los beneficiarios, cuya causa jurídica es la autorización
para acceder al uso temporal de bienes y servicios de propiedad estatal.

De tales definiciones se desprende que si bien ambas figuras comparten un
fundamento común: la entrega de bienes o la prestación de servicios frente a
los cuales es posible obtener a cambio una retribución, se diferencian en que,
mientras en el caso de los precios públicos la obligación surge de una relación
eminentemente contractual o voluntaria fundada en el postulado de la
autonomía de la voluntad, la obligación que emana de las tasas supone el
ejercicio de la potestad tributaria del Estado.

En el caso de las tasas, el contribuyente paga con el fin de cubrir (bien sea total
o parcialmente) el gasto en que incurre la administración para la prestación del
servicio o la entrega del bien, puede decirse entonces, que hay una relación
indirecta entre el pago y el servicio o bien, pues no se trata de una
contraprestación directa y conmutativa que se entrega por equivalencia de lo
recibido.

Condiciones que sí se predican del precio público, en el que el usuario
beneficiario retribuye directamente la prestación recibida, esto es, paga por lo
que obtiene. Por eso, generalmente el valor pagado es equivalente al bien o
servicio, o incluso mayor, pues incluye la utilidad generada.”

12 Consejero ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Radicación número: 23001-23-31-000-2007-

00456-01 (21176). Actor: Juan Rafael Bravo Arteaga.

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Sobre el particular, en sentencia del 21 de noviembre de 201313, esta Sección
resolvió en segunda instancia un recurso de apelación que se originó en una
demanda de nulidad en contra de la Resolución 167 de 2004, expedida por el
Director del Área Metropolitana de Cúcuta, en la que se fijaron los derechos a pagar
por los trámites y servicios prestados en materia de transporte público colectivo,
individual y mixto de pasajeros. En tal oportunidad se consideró:

“De la jurisprudencia reseñada se deduce claramente que lo que se denomina
precio público, es el valor dinerario que el Estado recibe por la prestación de
un servicio público que ofrece, al igual que lo podría hacer una empresa
privada. Siendo el ejemplo típico el servicio público de transporte, donde el
Estado es su administrador, quien concede a las transportadoras, bien sean
públicas o privadas, la explotación de dicho servicio que pueda generar
utilidades, a cambio de un precio.

En este orden de ideas, no cabe duda, que la tarifa establecida por el Área
Metropolitana de Cúcuta, es un precio público, y no un impuesto, tasa o
contribución.

No es un impuesto, por cuanto éste es un tributo que no contiene
contraprestación directa, el cual se cobra sin discriminación alguna a todo
ciudadano, y no a un sector determinado.

No es una contribución, toda vez que ésta se presenta por la realización de
obras públicas o actividades del Estado de interés colectivo, además porque la
prestación que surge a cargo del contribuyente, si bien le reporta un beneficio,
es proporcional a dicho privilegio.

Tampoco es una tasa porque ésta excluye el reconocimiento de una utilidad
económica a favor del Estado, “…por lo que se entiende que el precio pagado
por el contribuyente guarda relación directa con los costos en que incurre el
Estado y con los beneficios derivados del bien o servicio ofrecido.

Así la cosas, el derecho que se prevé en el artículo primero de la Resolución
enjuiciada (desmovilización y reposición), no encuadra en ninguno de los
conceptos antes definidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de
esta Corporación, pues es evidente que sus elementos son diferentes,
empezando por su causa y el hecho base o generador de los mismos, así como
su finalidad o destinación, tal como lo asevera el a quo.

Lo anterior da pie para advertir, que la Desvinculación y Reposición de los
vehículos que prestan el servicio público individual, colectivo y mixto de
pasajeros en la jurisdicción del Área Metropolitana de Cúcuta es un servicio
prestado por la Administración que, por su naturaleza, se reitera, es un precio
público.”.

13 Consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicación número: 54001-23-31-000-2009-

00134-01. Actor: COOMICRO LTDA. Y OTROS.

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7.4.3. En relación con el acto demandado, la Resolución núm. 2509 de 2010
emitida por el IDEAM estableció el procedimiento para la autorización y seguimiento
de la medición de emisiones contaminantes generadas por fuentes móviles. Las
disposiciones allí contenidas están dirigidas a las autoridades ambientales,
laboratorios, fabricantes, ensambladores, importadores y comercializadores de
vehículos, y especifican los requisitos que deben cumplir los solicitantes, como la
inscripción, el pago de tarifas y la realización de auditorías.

El proceso contempla visitas de auditoría iniciales, de seguimiento, y, en caso de
irregularidades, auditorías extraordinarias. Los resultados de estas auditorías
pueden dar lugar a la autorización, suspensión o revocación de la acreditación. En
cuanto a los costos, se establecen valores por los servicios de auditoría, que
incluyen honorarios, viáticos y gastos administrativos. El artículo 24 detalla: (a) los
honorarios de los auditores y sus asistentes, (b) los costos técnico-administrativos
de la auditoría, (c) el costo total de la auditoría, y (d) los costos adicionales para la
verificación de acciones correctivas, seguimiento y extensión de la autorización.

En este punto, es importante resaltar que la Resolución núm. 2509 de 2010 se
deriva del cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 35 de la Resolución núm.
910 de 2008, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, disposición que incluso dio la posibilidad de que la acreditación precitada
se obtuviera en “laboratorios extranjeros acreditados”.

7.4.4. Así, es pertinente concluir que el costo fijado por el IDEAM en el artículo 24
de la Resolución núm. 2509 de 2010, modificado por el artículo 1º de la Resolución
946 de 2011, no reúne los elementos constitucionales y legales de las tasas y, por
ende, no constituye una obligación tributaria de esa tipología, en la medida en que:
(i) no tiene origen legal, es decir, no obedece al ejercicio de la facultad impositiva
del Estado; (ii) los sujetos llamados a realizar el pago de los valores precisados en
el acto demandando acuden a la entidad para lograr la habilitación necesaria para
el desarrollo de sus actividades, pues se encuentran interesados en participar de
un mercado específico; y (iii) el costo se configura como la remuneración de la
prestación del servicio y no como un concepto para la recuperación parcial o total
de los gastos que implica el proceso de autorización para quienes deseen obtener
la acreditación para realizar la medición de emisiones contaminantes.

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7.4.5. Si bien tanto las tasas como los precios públicos comparten el mismo
supuesto de hecho: la entrega bienes o prestación de servicios, por lo que tarifas
como la estudiada en esta providencia pueden eventualmente generar confusión
en el administrado, lo cierto es que, en el caso de la tasa, la obligación surge de la
potestad que el Estado ejerce mediante la ley y genera en el contribuyente la
obligación de pago de un bien o servicio que le presta directamente el Estado, en
tanto que los precios públicos nacen de forma voluntaria, esto es, la fuente es el
contrato, y son la contraprestación que paga el usuario a la entidad por la labor que
ejecuta.

En ese orden, toda vez que la afirmación que sustenta los cargos de la demanda
no es cierta, habiéndose demostrado que no se trata de una tasa sino de un precio
público, no se probó la alegada falta de competencia para expedir el acto acusado,
como lo argumentó el demandante. Por lo tanto, la Sala negará la pretensión de la
demanda.

Costas

Visto el artículo 188 del CPACA14, la Sala considera que no hay lugar a imponer
condena en costas teniendo en cuenta que el presente asunto fue promovido en
ejercicio del medio de control de nulidad, el cual tiene por objeto la protección del
ordenamiento jurídico en abstracto, donde el interés que mueve al actor es público
y no es otro distinto al de defender la prevalencia del principio de legalidad.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA

14 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.”

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PRIMERO. NEGAR la pretensión de la demanda, de acuerdo con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas, en atención a lo señalado en precedencia.

TERCERO. Una vez en firme esta decisión, procédase por Secretaría al archivo del
expediente, dejando las constancias a que hubiere lugar.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del
26 de septiembre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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