Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2014-00610-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2014-00610-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2014-00610-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
10 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00
Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO
TESIS: ES PROCEDENTE LA CANCELACIÓN, POR NO USO, DEL
CERTIFICADO DE REGISTRO NÚM. 130429 DE LA MARCA MIXTA
“TEJA MOORE”, PARA DISTINGUIR PRODUCTOS DE LA CLASE 19 DE
LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, ORDENADA POR LA
SIC, DADO QUE LA PARTE ACTORA NO PROBÓ QUE LA FALTA DE
USO SE HAYA DEBIDO A UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la
sociedad TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO, mediante
apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 de
la Ley 1437 de 2011, tendiente a obtener las siguientes
declaraciones:
1ª. Son nulas las resoluciones núms. 71694 de 29 de noviembre de
2013, “Por la cual se decide la cancelación de un registro por no
uso de la marca”, expedida por la directora de Signos Distintivos de
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Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO
la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 15046
de 3 de marzo de 2014, “Por la cual se resuelve un recurso de
apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad
Industrial de dicha entidad.
2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se niegue la
solicitud de cancelación total por no uso de la marca comercial “TEJA
MOORE” (mixta), en la Clase 19 de la Clasificación Internacional
de Niza, inscrita bajo el certificado núm. 130429.
3ª. Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de
Propiedad.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en
síntesis, los siguientes:
1º: Que el 10 de septiembre de 2012, la sociedad LADRILLOS
TEJAS Y PISOS MOORE S.A. presentó acción de cancelación por
no uso contra su marca “TEJA MOORE”, que distinguía productos
comprendidos en la Clase 191 de la Clasificación Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de las Marcas2.
1
La marca fue concedida para distinguir los siguientes productos: “[…] Materiales de construcción no
metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones
transportables no metálicas; monumentos no metálicos […]”.
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En adelante Clasificación Internacional de Niza.
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2°: Agregó que una vez la SIC le corrió el traslado de ley, dio respuesta
en la que allegó las pruebas correspondientes que demostraban que
no había podido hacer uso de su marca durante el período
comprendido entre el 10 de septiembre de 2009 y el 10 de septiembre
de 2012, debido a razones de fuerza mayor.
3°: Que mediante la Resolución núm. 71694 de 29 de noviembre de
2013 la directora de Signos Distintivos de la SIC canceló totalmente,
por no uso, el registro de la marca “TEJA MOORE”, para productos
de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.
4º: Que contra dicha decisión interpuso recurso de apelación, siendo
resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm.
15046 de 3 de marzo de 2014, emanada del Superintendente
Delegado para la Propiedad Industria de dicha entidad.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos
165, 166 y 167 de la Decisión 486; 42 y 80 del CPACA; y 13, 29 y
61 de la Constitución Política, por cuanto incurrió en: i) falsa
motivación y violación al debido proceso y las normas en que debía
fundarse, al pasar por alto las pruebas aportadas en el trámite
administrativo que demostraban que le impidió por fuerza mayor y
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caso fortuito usar dentro del período comprendido entre el 10 de
septiembre de 2009 y 10 de septiembre de 2012, productos
identificados con la marca “TEJA MOORE”.
Arguyó que no le fue posible comercializar productos con la marca
“TEJA MOORE” dentro del período comprendido entre el 10 de
septiembre de 2009 y 10 de septiembre de 2012, por cuanto en el
inmueble en el que funcionaba su fábrica fue expropiado por el
Estado, en el que había operado por más de 50 años, lo que la obligó
a trasladar sus operaciones a otro Municipio y, en consecuencia, a
tramitar nuevos permisos ambientales, la construcción de una
edificación, entre otros, para continuar con el objeto de la sociedad.
Que las pérdidas ocasionadas con la cancelación del registro de la
marca cuestionada “TEJA MOORE” ascienden al valor total de
$42.066.250.000, ya que tuvo que abrir una nueva fábrica sin marca
reconocida, por lo que es imprescindible que se le indemnicen los
perjuicios ocasionados.
Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 48
y 50 de la Ley 1116 de 2006, que disponen que frente a las
limitaciones de los actos de las sociedades en liquidación judicial no
sólo quedan disueltas, sino que resultan imposibilitadas para seguir
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desarrollando su objeto social; y que si bien es cierto que continúan
con capacidad jurídica, también lo es que ésta se limita única y
exclusivamente a desarrollar actos tendientes a la inmediata
liquidación de su patrimonio.
Indicó que dicha entidad no tuvo en cuenta las limitaciones respecto
de la capacidad jurídica de la sociedad solicitante LADRILLOS
TEJAS Y PISOS MOORE S.A., desconociendo que se trataba de una
persona jurídica en liquidación; que única y exclusivamente podía
hacer lo que la Ley y sus estatutos le permitieran; y que al
encontrarse en trámite de liquidación judicial, tenía una capacidad
restringida y solamente podía realizar actos tendientes a la
inmediata cancelación de su patrimonio y no solicitudes de
cancelación o registros marcarios.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
II.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad
actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico y de
sustento legal para su prosperidad. En efecto, señaló que el
fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a
derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia
marcaria y la doctrina sobre ese asunto.
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Expresó que no es cierto que en los actos acusados haya omitido
pronunciarse respecto del argumento de la fuerza mayor o caso
fortuito. Por el contrario, destacó que en dichas resoluciones dejó
claro que el proceso de expropiación del inmueble donde se ubicaba
el predio y fabricaban los productos que identificaba con la marca
“TEJA MOORE” se llevó a cabo en el año 2008, esto es, un año
antes del período relevante para demostrar el uso de dicho registro,
por lo que no encontró probadas las razones que justificaran la
fuerza mayor, ya que la demandante tardó alrededor de 4 años sin
comercializar y/o poner a disposición la marca objeto de controversia
al público consumidor.
Advirtió que, adicionalmente, a la actora se le pagó una considerable
suma de dinero por la expropiación de dicho inmueble, de manera
que sí contaba con los recursos necesarios para reiniciar su actividad
y no lo hizo o, por lo menos, no allegó pruebas y argumentos que
explicaran dicha situación.
Sostuvo que tampoco es cierto que el tercero con interés directo en
las resultas del proceso no cuente con capacidad para iniciar una
acción de cancelación por no uso, ya que la norma comunitaria,
prevé que únicamente se requiere de una persona con interés
legítimo, entendiéndose como cualquier persona que en el
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ordenamiento jurídico encuentre que una marca no está siendo
utilizada, con la finalidad de evitar el abuso de un monopolio legal
concedido sobre la marca, mediante el incumplimiento de la carga
de uso que impone la Decisión 486.
Manifestó que, por lo anterior, aunque una empresa se encuentre en
liquidación, si tiene conocimiento de la vulneración al régimen
jurídico, puede actuar en la protección de éste, ya que si se acogiera
la tesis de la actora, aparecerían situaciones absurdas como, por
ejemplo, que una sociedad en liquidación no pueda denunciar un
delito del cual tuviera conocimiento o fuese víctima solo por el hecho
de no encontrarse dentro de los actos tendientes a su liquidación.
Insistió en que no tiene sentido exigir una capacidad jurídica especial
para poder defender el ordenamiento jurídico en general, más aún
cuando anteriormente, en ejercicio de sus facultades, ha
determinado que el interés jurídico para solicitar la cancelación de
un registro marcario se configura con el solo interés de defender el
ordenamiento jurídico comunitario.
Manifestó que la demandante confunde la no valoración probatoria
con el hecho de no compartir la valoración realizada por ella, ya que
sí se pronunció respecto de las pruebas allegadas en el trámite
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administrativo, que solo permitían concluir que la actora no hizo uso
durante el período relevante de la marca objeto de cancelación
“TEJA MOORE”.
Que el argumento de fuerza mayor fue desestimado en el sentido de
que si a pesar de que sí es cierto que estuvo sujeta a una
expropiación, ésta se realizó en el año anterior al inicio del período
relevante y que por la misma recibió una indemnización cuantiosa,
esto es, de $ 18.402.595.262, por lo que con ese monto recibido
pudo haber iniciado la explotación de la marca dentro de los tres
años siguientes a dicha expropiación, evitando así la cancelación de
la marca.
Agregó que, en todo caso, pudo haber licenciado la marca o haber
autorizado a un tercero de manera temporal la explotación de la
marca objeto de controversia para asegurar la imposibilidad del
proceder de la cancelación de su registro.
Que ninguna de las anteriores acciones fue adelantada por la actora,
de tal manera que, a su juicio, es evidente que el hecho de no haber
explotado la marca comercialmente es totalmente imputable a su
titular.
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Concluyó que: i) no se demostró el uso de la marca “TEJA MOORE”
durante el período relevante, ni que su falta de uso se debiese a un
caso fortuito o fuerza mayor; y ii) que el hecho de encontrarse en
liquidación la solicitante de la cancelación de dicha marca no obsta
para que la misma tenga un interés legítimo en la cancelación del
registro.
II.-2. La sociedad LADRILLOS TEJAS Y PISOS MOORE S.A.,
tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber
sido notificado en debida forma3, guardó silencio.
III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN
De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437
de 20114, el 19 de septiembre de 2016 se llevó a cabo la Audiencia
Inicial, a la cual asistieron la sociedad TUBOS MOORE S.A. EN
CONCORDATO, en su calidad de actora, así como la apoderada de
la parte demandada y el Agente del Ministerio Público.
En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales
surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de
nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el
3
Folios 234 y 241 del cuaderno núm. 2.
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En adelante CPACA.
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artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del
proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún
vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho
sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad
relativa de que pudiere adolecer el proceso.
Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas ni mixtas
por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto.
Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes
términos:
Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las
resoluciones núms. 71694 de 29 de noviembre de 2013 y
15046 de 3 de marzo de 2014, mediante las cuales se canceló
por no uso la marca “TEJA MOORE” (MIXTA), en la Clase 19 de la
Clasificación Internacional de Niza, siendo titular la actora, por
solicitud de la sociedad LADRILLOS, TEJAS Y PISOS MOORE S.A.
EN LIQUIDACIÓN, tercero con interés directo en las resultas del
proceso, incurrió en violación de la norma superior, falsa y falta de
motivación, violación del debido proceso, violación al principio de
legalidad y confianza legítima, lo que conllevó, a juicio de la actora,
la trasgresión de lo dispuesto en los artículos 165, 166 y 167 de la
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Decisión 486; 42 y 80 del CPACA; 13, 29 y 61 de la Constitución
Política; y 48 y 50 de la Ley 1116 de 2006.
Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en
los términos expuestos.
El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto
fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda,
los documentos aportados por las partes.
Finalmente, las partes no manifestaron encontrar irregularidad
alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones
surtidas.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
IV.1- La sociedad actora insistió en acceder a las pretensiones de la
demanda, para lo cual alegó que los medios de prueba allegados
dentro del trámite administrativo demuestran que existió un caso de
fuerza mayor y caso fortuito que la eximía de demostrar el uso de la
marca cuestionada “TEJA MOORE”.
Alegó que la SIC dio trámite a una acción de cancelación propuesta
por una sociedad en liquidación cuya capacidad jurídica estaba
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limitada única y exclusivamente a desarrollar actos tendientes a la
inmediata liquidación de su patrimonio; y que desconoció los
argumentos de defensa desarrollados en los escritos de contestación
a la acción de cancelación y recurso de apelación, formulados por
ella, los cuales estaban sustentados como una causal eximente para
la procedencia de la cancelación, en tanto que las explicaciones
dadas encuadraban, a su juicio, perfectamente en fuerza mayor y
caso fortuito.
IV.2- El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 23-
336, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto,
alegó que la sociedad TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO,
según el material probatorio no logró probar el uso de la marca mixta
“TEJA MOORE”, pues se evidenció que entre el 10 de septiembre
de 2009 y el 23 de enero de 2012, momento en el que se llevó a
cabo el proceso de expropiación, pasaron 2 años y 4 meses, período
durante los cuales la sociedad titular del registro no estaba impedida
para usar su marca, pues el motivo justificado alegado aún no se
había presentado, de manera que la sociedad demandante debía
demostrar los tres años durante los cuales debía probarse el uso.
Agregó que únicamente se pudo establecer que apenas en los
últimos ocho meses se vieron afectados por la causal de justificación
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alegada, existiendo la obligación de la parte actora de probar el uso
real y efectivo de la totalidad de los tres años antes a la apertura de
la acción de cancelación de su marca por no uso.
IV.3- La AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL
ESTADO solicitó denegar las pretensiones de la demanda. En efecto,
sostuvo que de la lectura del artículo 165 de la Decisión 486 no se
advierte que ésta exija alguna habilitación expresa para solicitar la
cancelación de una marca; y que, adicionalmente, en el
ordenamiento jurídico colombiano no es necesario entrar a
demostrar la existencia de habilitación para actuar en pro de la
defensa de ese ordenamiento.
Que, por lo anterior, cualquier persona interesada podía presentar la
acción de cancelación por no uso en contra del registro de la marca
objeto de controversia, sin más calificación, como lo pretende hacer
ver la actora.
Adujo que la sociedad TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO no
utilizó la marca “TEJA MOORE” durante los tres años anteriores a
la fecha en que se dio inicio a la acción de cancelación; y que tanto
en el escrito de la demanda como en aquellos presentados en el
proceso administrativo de cancelación, la sociedad demandante no
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discutió el no uso de la marca por el término indicado, sino que solo
trata de justificar su no uso sin que se puedan apreciar los elementos
propios de configuración de la fuerza mayor.
Llamó la atención del hecho de que en Colombia las sociedades
comerciales tienen personalidad jurídica hasta tanto culmine su
etapa liquidataria; que en el presente asunto la SOCIEDAD
LADRILLOS, TEJAS Y PISOS MOORE S.A. EN LIQUIDACIÓN
presentó la acción de cancelación sin que la etapa liquidataria
hubiese culminado, es decir, aun contaba con capacidad jurídica;
que en este país no se prohíbe a las empresas en liquidación poner
en conocimiento de las autoridades competentes la existencia de
irregularidades o delitos que puedan comprometer el ordenamiento
jurídico; y que la Decisión 486 en su artículo 165 es clara en indicar
que la cancelación de una marca se hace a solicitud de persona
interesada cuando sin motivo justificado no se hubiese utilizado la
marca durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en
que se inició la acción de cancelación.
Señaló que el hecho de haber sido expropiado el predio donde
fabricaba los productos identificados con la marca objeto de
controversia y haber trasladado sus operaciones a otro municipio no
es suficiente para configurar la causal de fuerza mayor o caso
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fortuito puesto que la actora contaba con recursos económicos
suficientes pagados por el Estado a título de indemnización, por lo
que no es dable esgrimir que en un término tan amplio la
demandante omitió cumplir con sus obligaciones andinas como
propietaria de un registro marcario.
Aclaró que el proceso de expropiación administrativa comenzó en el
año 2008, es decir, un año antes de que empezara a correr los tres
años consecutivos anteriores a la solicitud de cancelación de la
marca por su no utilización.
Que, por lo anterior, debió demostrar el uso del signo distintivo entre
el 10 de septiembre de 2009 y el 10 de septiembre de 2012, en
relación con cada producto para el que se concedió el registro, hecho
que no ocurrió, con lo que está sustentada la cancelación efectuada
por la SIC, pues la sociedad titular del registro marcario tardó unos
cuatro años sin comercializar sus productos sin justificación válida.
Mencionó que la actora, producto de dicha expropiación, recibió a
título de indemnización una suma de dinero por valor de más de
DIECIOCHO MIL MILLONES DE PESOS, concretamente
$18.402.595.262 M/cte., los cuales le fueron efectivamente pagados
por el Estado, por lo que, a su juicio, esa suma de dinero no solo
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cumplía con estrictez los parámetros de resarcimiento del daño que
se pretendió, sino que también le otorgó a la actora suficiente
recursos económicos para continuar con su actividad de uso y
explotación de la marca “TEJA MOORE”.
Recordó que para que la fuerza mayor o caso fortuito sea aceptada,
debe demostrarse que el hecho fue intempestivo, súbito, emergente,
imprevisible e insuperable, situaciones éstas que no se presentaron
en el caso sub examine.
Que sería forzoso concluir que durante tres años consecutivos la
expropiación de la cual fue sujeto la actora haya sido insuperable,
pues, insistió, en que contaba con suficientes recursos económicos
para realizar todas las actividades tendientes a continuar y
garantizar el uso y explotación de la marca “TEJA MOORE” durante
el tiempo exigido por la Decisión 486.
Expresó que en el presente asunto la negligencia de la actora produjo
las consecuencias de la cancelación total de la marca, por lo que
dicha actuación no produjo ni podía producir un daño cuyo
resarcimiento mereciera ese antiguo titular.
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IV.4- En esta etapa procesal, tanto la SIC como el tercero con
interés directo en las resultas del proceso guardaron silencio.
V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el
Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de
las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda,
concluyó5:
“[…] PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la
interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente
proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto de la
consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
de la República de Colombia, dentro del proceso interno
11001032400020140061000, constituye un acto aclarado, en los
términos expuestos en la parte considerativa de la presente
providencia judicial.
SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los
criterios jurídicos interpretativos contenidos en la sentencia
emitida en el proceso 426-IP-2022, la cual se encuentra
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5155
del 12 de abril de 2023.
TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia
judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación
uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario
andino.
CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”.
5
Proceso 36-IP-2023.
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VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
La SIC, mediante las resoluciones núms. 71694 de 29 de
noviembre de 2013 y 15046 de 3 de marzo de 2014, canceló
totalmente, por no uso, la marca “TEJA MOORE” (mixta),
registrada con el certificado de registro núm. 130429, cuyo titular
era la sociedad TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO, para
distinguir los siguientes productos de la Clase 19 de la Clasificación
Internacional de Niza: “[…] Materiales de construcción no metálicos;
tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún;
construcciones transportables no metálicas; monumentos no
metálicos […]”, al estimar que no se demostró el uso real y efectivo
de esa expresión, en la cantidad y modo requeridos, teniendo en
cuenta la naturaleza de los productos que distingue y las
modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización.
Al respecto, la actora alegó que no le fue posible comercializar
productos con la marca “TEJA MOORE”, dentro del período
comprendido entre el 10 de septiembre de 2009 y 10 de septiembre
de 2012, por cuanto en el inmueble en el que funcionaba su fábrica
fue expropiado por el Estado, en el que había operado por más de
50 años, lo que la obligó a trasladar sus operaciones a otro Municipio
y, en consecuencia, a tramitar nuevos permisos ambientales, la
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construcción de una edificación, entre otros, para continuar con el
objeto de la sociedad.
Indicó que la entidad demandada omitió pronunciarse sobre la
capacidad jurídica de la sociedad solicitante LADRILLOS TEJAS Y
PISOS MOORE S.A., desconociendo que se trataba de una persona
jurídica en liquidación; que única y exclusivamente podía hacer lo
que la Ley y sus estatutos le permitieran; y que al encontrarse en
trámite de liquidación judicial, tenía una capacidad restringida y
solamente podía realizar actos tendientes a la inmediata cancelación
de su patrimonio y no solicitudes de cancelación o registros
marcarios.
Por su parte, la SIC sostuvo que no es cierto que en los actos
acusados haya omitido pronunciarse respecto del argumento de la
fuerza mayor o caso fortuito. Por el contrario, destacó que en dichas
resoluciones dejó claro que el proceso de expropiación del inmueble
donde se ubicaba el predio y fabricaban los productos que
identificaba con la marca “TEJA MOORE” se llevó a cabo en el año
2008, esto es, un año antes del período relevante para demostrar el
uso de dicho registro, por lo que no encontró probadas las razones
que justificaran la fuerza mayor, ya que la demandante tardó
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alrededor de 4 años sin comercializar y/o poner a disposición la
marca objeto de controversia al público consumidor.
Advirtió que, adicionalmente, a la actora se le pagó una considerable
suma de dinero por la expropiación de dicho inmueble, de manera
que sí contaba con los recursos necesarios para reiniciar su actividad
y no lo hizo o, por lo menos, no allegó pruebas y argumentos que
explicaran dicha situación.
Sostuvo que tampoco es cierto que el tercero con interés directo en
las resultas del proceso no cuente con capacidad para iniciar una
acción de cancelación por no uso, ya que la norma comunitaria,
prevé que únicamente se requiere de una persona con interés
legítimo, entendiéndose como cualquier persona que en el
ordenamiento jurídico encuentre que una marca no está siendo
utilizada, con la finalidad de evitar el abuso de un monopolio legal
concedido sobre la marca, mediante el incumplimiento de la carga
de uso que impone la Decisión 486.
El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial
deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial
36-IP-2023, en la cual indicó que la autoridad consultante debe
remitirse al criterio interpretativo contenido en la Interpretación
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Prejudicial núm. 426-IP-20226, en la que se interpretaron los
artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486.
Así las cosas, el texto de la norma aludida, es el siguiente:
Decisión 486.
“[…]
Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el
registro de una marca a solicitud de persona interesada,
cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese
utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su
titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada
para ello durante los tres años consecutivos precedentes a
la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La
cancelación de un registro por falta de uso de la marca
también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento
de oposición interpuesto con base en la marca no usada.
No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá
iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres
años contados a partir de la fecha de notificación de la
resolución que agote el procedimiento de registro de la
marca respectiva en la vía administrativa.
Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a
algunos de los productos o servicios para los cuales
estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o
limitación de la lista de los productos o servicios
comprendidos en el registro de la marca, eliminando
aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese
usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud
de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre
que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o
caso fortuito.
Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra
en uso cuando los productos o servicios que ella distingue
han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles
en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo
que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la
6
Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5155 del 12 de abril de 2023.
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naturaleza de los productos o servicios y las modalidades
bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga
exclusivamente productos que son exportados desde
cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en
el párrafo anterior.
El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en
que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que
no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación
del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que
corresponda a la marca.
Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca
corresponderá al titular del registro.
El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas
comerciales, documentos contables o certificaciones de
auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la
comercialización de las mercancías identificadas con la
marca, entre otros. […]”.
Como ya se indicó, el debate esencial gira en torno a establecer si el
no uso de la marca “TEJA MOORE” (mixta), para distinguir los
productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, en
los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de
cancelación7, se encontraba justificada al haberse configurado el
supuesto de caso fortuito o fuerza mayor.
En ese sentido, para resolver el caso concreto, la Sala encuentra
oportuno referirse a (i) la procedencia de la cancelación de marcas
por no uso; (ii) las pruebas de uso de las marcas; y (iii) las causales
de improcedencia de la acción de cancelación de marcas por no uso.
7 La solicitud de cancelación de la marca “TEJA MOORE” fue presentada el 10 de
septiembre de 2009.
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Respecto de la procedencia de la cancelación de marcas porno uso, en
la Interpretación Prejudicial traída a colación en este proceso, el
Tribunal precisó:
“[…] 1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se
deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca.
El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta
en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el
principio de uso real y efectivo de la marca en el
mercado. Dicho principio consagra que una marca se
encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se
encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las
cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la
forma de su comercialización.
[…]
1.5. El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486
establece que, para que proceda la acción de
cancelación por falta de uso tiene que darse en los tres
años consecutivos precedentes a la fecha en que se
inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años
inmediatamente anteriores a la presentación de la
acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el
titular haya usado la marca en algún momento durante esos
tres años para que no proceda la cancelación del registro por
falta de uso.
[…]
2.15. Resta señalar que se desprende de lo establecido en el
primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, que para
que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la
ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en
los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se
inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar
dicha acción, basta que el titular de la marca acredite
que en cualquier momento dentro de dicho período usó
la marca en los términos explicados anteriormente.
[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).
En consecuencia, para determinar el uso de una marca debe
demostrarse que ésta haya sido utilizada de manera real y efectiva
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en cualquier momento de los tres años inmediatamente anteriores
a la presentación de la acción de cancelación.
Y para probar el uso real y efectivo de una marca debe verificarse
que los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en
el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa
denominación, en la cantidad y modo pertinentes, de
conformidad con su naturaleza y la forma de su
comercialización.
En relación con la cantidad de los productos o servicios
comercializados, es del caso traer a colación la sentencia de 15 de
diciembre de 20178, en la que esta Sección señaló lo siguiente:
“[…] Y con relación a la cantidad de los servicios y productos
comercializados, el Tribunal señaló:
“2.6.1 La cantidad del producto o servicio puesto en el
mercado del modo en que normalmente corresponde
con la naturaleza de los productos o servicios: Este
punto es fundamental para determinar el uso real, ya que
unas pocas cantidades de un producto que se
comercializa masivamente no es prueba del uso real y
efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional
Competente o el Juez Competente, en su caso, deberán
determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la
naturaleza del producto son meramente simbólicas y no
demuestran el uso real de la marca.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
15 de diciembre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación
11001-03-24-000-2009-00624-00.
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2.6.2. La cantidad del producto o servicio puesto en el
mercado del modo en que normalmente corresponde
con las modalidades bajo las cuales se efectúa su
comercialización: Para determinar el uso real y
efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se
comercializan los productos y servicios que amparan.
[…]
2.8. El elemento cuantitativo para determinar la existencia
del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en
términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el
producto o servicio de que se trate y con las
características de la empresa que utiliza la marca. Así,
si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital,
podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración
de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues
su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que
ese número de operaciones tenga nivel comercial.
2.9. En cambio no podría decirse que exista comercialización
real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un
año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del
grano con la denominación de la marca que pretende probar
su uso.”
[…]
Al respecto, vale la pena precisar que, en el presente caso, al
tratarse de una marca que protege servicios de la Clase 43
Internacional, como son los de “bar, restaurante, cafetería y
taberna”, la demostración de que en un mes o un período
muy corto se prestaron los mismos, no resulta ser suficiente
para acreditar su uso, pues la naturaleza de estos servicios
conlleva que se comercialicen con frecuencia y no
esporádicamente […]”.
Por consiguiente, para verificar el uso real de una marca es
fundamental determinar la cantidad del producto o servicio puesto
en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la
naturaleza del producto o servicio, ya que pocas cantidades de un
producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real
y efectivo de la marca.
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Precisamente, en la Interpretación Prejudicial traída a colación en
este proceso, el Tribunal frente a la prueba capaz de enervar la
acción de cancelación en la Decisión 486, señaló:
“[…] 2.2. La carga de la prueba del uso efectivo de una
marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta
necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de
determinar cuándo se ha acreditado dicho uso.
2.3. Al respecto, el artículo 166 de la Decisión 486 plantea los
supuestos bajo los cuales, se entiende que la marca se
encuentra en uso, conforme a continuación se detalla:
a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido
puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el
mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que
normalmente corresponde, teniendo en cuenta la
naturaleza de los productos o servicios y las modalidades
bajo las cuales se efectúa su comercialización en el
mercado.
b) Cuando distinga exclusivamente productos que son
exportados desde cualquiera de los países miembros, según
lo establecido en el párrafo anterior.
c) El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en
que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos
que no alteren su carácter distintivo.
2.4. En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer
supuesto que señala la norma, referido a la puesta o
disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la
cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos
la pregunta a qué se refiere – o quiso referirse – la norma
cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio
de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que
corresponda a la naturaleza de dichos productos.
2.5. En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo
análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii)
disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero
de ellos podemos entender a que los productos han sido
materia de venta o comercialización y por el segundo a
aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para
su comercialización efectiva.
2.6. Cuando la autoridad competente analiza el uso
efectivo de una marca, es usual que se encuentre en
alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si
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la comercialización de una cantidad de productos
acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva
disponibilidad de una cantidad de estos también sirve
para acreditar dicho uso, en función a las pruebas
aportadas.
2.7. Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta
debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al
mercado -que ofreció a los consumidores- los bienes o
servicios (en adelante productos) identificados con su marca.
Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al
público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o
transacciones que hubiera realizado.
2.8. Debe tenerse en cuenta que el sentido de los establecido
en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular
de una marca que, si bien diligentemente publicita,
promociona y pone a disposición de potenciales clientes o
consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los
resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve
reflejado en una gran cantidad de productos comercializados.
2.9. Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165
de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar
haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el
uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos
detenemos a analizar el primer parágrafo del Artículo 166 de
la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una
marca se encuentra en uso cuando los productos que ella
distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran
disponibles en el mercado bajo esa marca.
[…]
2.12. En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el
comercio del producto como en lo referido a que el producto
se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del
Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba
de uso de la marca va a depender de la cantidad y del
modo que normalmente corresponde y las modalidades
bajo las cuales se efectúa su comercialización en el
mercado.
[…]
3.2. La carga de la prueba en el trámite de cancelación
de la marca por no uso corresponde al titular del
registro de la marca objeto de cancelación y no al
solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al
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titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo
apercibimiento que se cancele dicha marca.
3.3. El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado
enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que
pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese
sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos
los medios de prueba permitidos en la legislación
nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá
evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el
régimen probatorio aplicable.
[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).
Adicionalmente, para que resulte procedente la acción de
cancelación de una marca por no uso, el Tribunal ha señalado que
se requiere el cumplimiento de los siguientes presupuestos
procesales y probatorios:
“[…] a) Legitimación para iniciar el trámite. De conformidad con
el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud
de parte; es decir, que no pueda ser promovido de manera
oficiosa por la oficina nacional competente. Cualquier persona
interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que
el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de
la marca respectiva, lo que se traduce en la intención en
registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado.
b) Oportunidad para iniciar el trámite. El segundo párrafo del
Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de
la acción de cancelación por no uso de la marca, que es después
de tres años contados a partir de quedar en firme y
debidamente notificada la resolución que agota la vía
administrativa en el trámite de concesión de registro de marca.
Siendo ello así, incluso si la notificación antes referida se
efectuara fuera del plazo legal contemplado en el
procedimiento interno, el inicio del cómputo para interponer la
acción de cancelación es a partir de dicha fecha.
c) Falta de uso de la marca: Para que opere la cancelación del
registro de marca es necesario que la marca no haya sido
utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra
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persona autorizada para ello en al menos uno de los Países
Miembros, durante los tres años consecutivos
precedentes a la fecha en que se inicie la acción de
cancelación”9. (resaltado de la Sala)
Sin perjuicio de lo anterior, cuando el titular demuestre que la falta de
uso de la marca se debió, entre otras razones, a fuerza mayor o
caso fortuito, no se podrá cancelar la marca mientras subsistan
dichas condiciones que le impiden hacer uso de ella.
En ese orden, el artículo 165 de la Decisión 486 señala que se
cancelará el registro de una marca cuando sin motivo justificado no
se hubiese utilizado por su titular o una persona autorizada durante
los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se
inicie la acción de cancelación, lo cual implica que el titular del
registro marcario debe probar el uso de la misma dentro de dicho
período.
Precisado lo anterior, la Sala se referirá inicialmente respecto del
argumento de la actora referente a que el tercero con interés directo
en las resultas del proceso no se encontraba legitimado para presentar
la acción de cancelación por no uso y, posteriormente, se abordará el
tema de la justificación del no uso de la marca objeto de controversia
por motivos de fuerza mayor o caso fortuito.
9
Interpretación Prejudicial 27-IP-2022
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Respecto del interés para solicitar la cancelación por no uso, esta
Sección en sentencia de 17 de septiembre de 201510 precisó lo
siguiente:
“[…] Para resolver el asunto objeto de estudio, la Sala
considera necesario analizar el cargo de falta de legitimación
para solicitar la cancelación por no uso.
Así pues, la Sala encuentra que de conformidad con la
normativa andina, cualquier persona que acredite un
interés, se encuentra legitimada para solicitar ante las
autoridades nacionales competentes la cancelación
por no uso de una marca registrada. Para que opere
dicha cancelación, es preciso que la marca no haya sido
utilizada de manera real y efectiva en al menos uno de los
países miembros de la Comunidad Andina, durante los tres
(3) años inmediatamente anteriores a la fecha en que se
radique la correspondiente solicitud de cancelación.
Teniendo en cuenta que la sociedad Calzado Atlas Ltda., es
titular de la marca ATLAS para identificar productos
comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional
de Niza, la Sala encuentra debidamente acreditado el interés
de la sociedad Calzado Atlas Ltda., para solicitar la
cancelación por no uso del registro del cual es titular la
sociedad Paños Atlas S.A. […]” (Destacado fuera de texto).
Ciertamente, de conformidad con la normativa andina, cualquier
persona interesada que acredite un interés se encuentra legitimada
para iniciar el trámite y solicitar, ante la autoridad competente, la
cancelación por no uso de una marca registrada.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de
septiembre de 2015, C.P. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2008-
00235-00.
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Dicho interés se traduce en la intención de proteger el ordenamiento
jurídico comunitario, ya que con el registro de una marca surge la
obligación de su uso efectivo en el mercado, de manera que cualquier
persona natural o jurídica que tenga conocimiento de una marca que
no es usada efectivamente puede presentar una acción de cancelación
por no uso.
Lo anterior quiere decir que la simple afirmación de que una marca no
está siendo utilizada en el mercado, es suficiente para calificar al
accionante como persona interesada y así lo señaló la Interpretación
Prejudicial 438-IP-2019:
“[…] Legitimación para adelantar el trámite. De
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 165 de la Decisión
486, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no
puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional
Competente. Cualquier persona interesada puede iniciar
el trámite. […]”.
Por ello, la Sala encuentra debidamente acreditado el interés de la
sociedad LADRILLOS TEJAS Y PISOS MOORE S.A. EN
LIQUIDACIÓN para solicitar la cancelación por no uso del certificado
marcario núm. 130429, toda vez que la normatividad comunitaria
establece que cualquier persona que acredite un interés se encuentra
legitimada para iniciarla, presupuesto que se cumple en el presente
caso, en razón a que se demostró la intención de proteger el
ordenamiento jurídico comunitario pues, como ya se dijo, cualquier
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persona natural o jurídica que tenga conocimiento de una marca que
no es usada efectivamente puede presentar una acción de cancelación
por no uso.
Así las cosas, la Sala considera que independientemente del hecho de
que el tercero con interés directo en las resultas del proceso se encuentre
en proceso de liquidación o no, nada le impide poner en conocimiento
ante la entidad demandada que una marca no está siendo utilizada, lo
que conlleva que su titular se encontrara incumpliendo con el deber de
hacer uso significativo de ésta en el mercado.
Adicionalmente, la Sala considera que si bien es cierto que cuando
una sociedad se encuentra en proceso liquidatario únicamente puede
llevar a cabo acciones tendientes a la liquidación del patrimonio,
también lo es que verificado el sistema SIPI de la SIC, el tercero con
interés directo en las resultas del proceso había intentado en
múltiples ocasiones obtener el registro de la marca “MOORE” para
productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza,
pero ésta le había sido negada por resultar similarmente confundible
con la marca aquí objeto de controversia “TEJA MOORE”.
También se advierte que mediante auto de 23 de enero de 201211,
la Superintendencia de Sociedades decretó la apertura del trámite
11
Folios 75 a 77 (vuelto
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de liquidación judicial de la sociedad LADRILLOS TEJAS Y PISOS
MOORE S.A. EN LIQUIDACIÓN y le ordenó llevar a cabo acciones
tendientes a la liquidación del patrimonio, sin perjuicio de aquellos
que busquen la adecuada conservación de los activos.
Por lo anterior, la Sala considera que el hecho de procurar obtener
el registro de la marca bajo la cual comercializaban sus productos y
que para ello era necesario obtener la cancelación del registro de
una marca que resultaba similarmente confundible a la suya, ya que
ésta impedía su concesión, no persigue otro fin distinto a la de la
conservación de uno de los mayores activos que puede tener una
empresa, esto es, el registro de su marca.
De allí que tampoco se advierta vulneración alguna a los artículos 48
y 50 de la Ley 1116 de 2006.
Así las cosas, teniendo en cuenta que se cumple el primer presupuesto
para la procedencia de la acción de cancelación por no uso, esto es que
la acción se presente por una persona que acredite tener interés, la Sala
procederá a examinar las pruebas allegadas al expediente, con el objeto
de analizar si, en efecto, existió o no un caso fortuito o fuerza mayor
que le impidió a la actora hacer uso de la marca “TEJA MOORE” para
productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza,
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durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de
cancelación, es decir, en el período comprendido entre el 10 de
septiembre de 2009 y el 10 de septiembre de 2012, a efectos de
establecer si los actos administrativos acusados se ajustan a la legalidad
requerida en la Decisión 486.
De las pruebas obrantes en el expediente, la Sala destaca las
siguientes:
• Certificado expedido por la señora LUZ MARINA ROJAS MURCIA,
obrando como revisora fiscal de la sociedad TUBOS MOORE S.A.
EN CONCORDATO, de fecha 6 de agosto de 2014, en la que certifica
que por concepto de inversión en la compra de terreno, construcción,
adquisición de maquinaria, gastos de desmontaje, traslado y
montaje de la planta de dicha compañía desde junio de 2008 hasta
diciembre 31 de 2013, los gastos ascienden a los siguientes valores:
12
“[…] que los gastos de desmonte, traslado y montaje,
incurridos desde junio del año 2008 hasta diciembre 31 de
2013, ascienden a la suma de CINCO MIL VEINTE
MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS
DIECIOCHO PESOS M/CTE ($5.020.520.718). […]”.
• Copia de la Resolución núm. 1306 de 6 de mayo de 2008, “Por la
cual se ordena una expropiación por vía administrativa”, expedida por
12
Folio 148 del cuaderno físico núm. 1.
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la directora técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano,
mediante la cual se ordenó lo siguiente13:
• Copia del registro de importación en línea expedido por el Ministerio
de Industria y Comercio, de fecha noviembre de 2012, en la que se
advierte que el importador es la sociedad TUBOS MOORE S.A. EN
CONCORDATO por valor de USD $ 381.210, para los siguientes
productos14:
“[…]
13
Folios 19 a 22 del cuaderno físico núm. 1.
14
CD visible a folio 261 del cuaderno físico principal.
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[…]”.
• Copia de la Resolución núm. 000385 de 201015, expedida por la
Corporación Autónoma Regional del Atlántico, mediante la cual se
autorizó a la sociedad TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO a
desarrollar un proyecto comercial e industrial en la Finca la Lucha,
ubicada en el municipio de Tubará, Atlántico.16
• Copia del contrato de opción de compra de la unidad funcional
productiva utilizada para la manufactura de ladrillos de arcilla, de
fecha 31 de octubre de 2012, suscrito entre la sociedad TUBOS
MOORE S.A. EN CONCORDATO y CERÁMICA VIRGEN DE LA
ENCARANCIÓN S.L.17
Sea lo primero advertir que tanto el contrato de opción de compra
suscrito entre las sociedades TUBOS MOORE S.A. EN
CONCORDATO y CERÁMICA VIRGEN DE LA ENCARANCIÓN S.L.
como la copia del registro de importación en línea, expedido por el
Ministerio de Industria y Comercio, no pueden ser tenidos en cuenta
comoquiera que éstos resultan extemporáneos al ser expedidos con
15
Día y mes ilegibles.
16
Folios 26 a 33 del cuaderno físico núm. 1.
17
Folios 26 a 33 del cuaderno físico núm. 1.
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posterioridad al período relevante comprendido entre el 10 de
septiembre de 2009 y el 10 de septiembre de 2012, ya que éstos
tienen fechas de octubre y noviembre de 2012, respectivamente.
Ahora, en cuanto a las demás pruebas allegadas la Sala estima que
éstas no demuestran la afirmación de la actora relativa a que el no
uso se debió a motivos de fuerza mayor o caso fortuito, por cuanto
dichas causales aplican, única y exclusivamente cuando se presenta
un acontecimiento inesperado no atribuible al titular de la
marca. Y conforme al artículo 165 de la Decisión 486, las causales de
fuerza mayor o caso fortuito deben ser demostradas. Dicha norma,
prevé:
“[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente
cancelará el registro de una marca a solicitud de persona
interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se
hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros,
por su titular, por un licenciatario o por otra persona
autorizada para ello durante los tres años consecutivos
precedentes a la fecha en que se inicie la acción de
cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso
de la marca también podrá solicitarse como defensa en un
procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca
no usada.
[…]
El registro no podrá cancelarse cuando el titular
demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a
fuerza mayor o caso fortuito. […]” (Destacado fuera de
texto).
Aunado a lo anterior, la Sala precisa que la carga de la prueba en el
trámite de cancelación de la marca, por no uso, le corresponde a la
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actora, en su condición de titular del registro; y como tal estaba
obligada a demostrar “de manera transparente e inequívoca, que se
ha hecho uso de la marca de manera pública, acreditando por medio
de hechos la utilización en el ámbito mercantil de los productos o
servicios amparados por ella”, por lo menos en los tres (3) años
inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación18, a través de
los medios de prueba enunciados en el artículo 167 de la Decisión
486, o con cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación
del País Miembro donde se solicite la cancelación19.
De lo expuesto, resulta evidente que la actora no logró demostrar que
la falta de uso se debió a fuerza mayor o caso fortuito, esto es, a
acontecimientos externos que justifiquen la ausencia de uso, habida
cuenta que si bien es cierto que el inmueble en el cual operaba la
actora para la fabricación de productos identificados con la marca
“TEJA MOORE” fue objeto de expropiación, también lo es que ésta
ocurrió en el año 2008, esto es, un año antes inclusive de que
empezara a contabilizarse el término de los 3 años para demostrar el
uso de ésta.
18
Esta Sección en la sentencia de 26 de abril de 2013 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, C. P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2004-00285-
01) consideró que “[…] para que una marca pueda tenerse por usada, es menester que el titular del registro
marcario cumpla de manera satisfactoria con la carga de demostrar: […] que el uso de la marca registrada
se ha dado por lo menos en los 3 años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación […]”.
19
Así lo ha sostenido la Sala, entre otras, en sentencia de 15 de diciembre de 2017 (Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, núm.
único de radicación 11001-03-24-000-2009-00624-00).
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Adicionalmente, la Sala considera que aunque dichas pruebas
demuestran que la falta de uso sí se debió a un acontecimiento
externo, ajeno a la voluntad de la demandante, como titular de la
marca, las mismas no acreditaron que dicho acontecimiento se
haya extendido a través de los tres años que comprendieron el
período dentro del cual debía demostrar el uso de la marca
objeto de cancelación.
Al respecto, cabe señalar que la Sala en sentencia de 27 de junio de
202420, respecto de la justificación para la falta de uso referente a la
fuerza mayor o caso fortuito, precisó lo siguiente:
“[…] De la lectura de la norma comunitaria se establece que
procede la cancelación de la marca cuando el no uso de la marca
no este justificado. Por ende, la entidad competente solamente
deberá tener en cuenta el tiempo de no uso sin justificación,
puesto que darle una interpretación distinta a la norma
transcrita haría inane la comprobación de los motivos de
justificación para su no uso (fuerza mayor o el caso fortuito).
Por lo mismo, admitir una tesis contraria implicaría reducir el
tiempo que la norma confiere al titular de la marca para
acreditar su uso real y efectivo y conjurar la procedencia de la
cancelación de la marca por no uso, propiciando un escenario
favorable para el solicitante de la cancelación de la marca para
lograr su objetivo. En efecto, el sentido normativo del
artículo citado pone de presente que, si el titular de la
marca logra demostrar el uso o una justificación para la
falta de utilización en algún momento de los tres años
anteriores a la iniciación de la acción a los que se refiere
la norma, no hay lugar a cancelar el registro de la marca.
Dicho de otro modo, para que opere la cancelación por
falta de uso, debe comprobarse la ausencia de la marca
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Oswaldo Giraldo
López, núm. único de radicación 2012-00127-00
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en el mercado durante los tres años consecutivos
anteriores a la iniciación de la acción de cancelación sin
que medie motivos de fuerza mayor o caso fortuito que
justifiquen el no uso de la marca. […]”. (Destacado fuera de
texto).
Lo anterior, quiere decir que ese evento de fuerza mayor o caso
fortuito debe presentarse en algún momento dentro de los tres
años anteriores a la presentación de la acción de cancelación
por no uso, situación que no se presentó en el caso sub examine, ya
que el suceso que alegó la actora que justificó el no uso de la marca
“TEJA MOORE”, esto es, la expropiación del predio donde se ubicaba
la fábrica en la que operaba la actora ocurrió en el 2008, esto es, un
año antes de que empezara a contarse los tres años anteriores a la
fecha de la presentación de la acción de cancelación, de manera que
no hacía parte del período relevante.
El único documento que sí se encontró que hace parte del período
relevante es la Resolución núm. 000385 de 2010, en la que se
habilitaba a la actora a desarrollar su proyecto industrial en el
Municipio de Tubará, Atlántico, de manera que la Sala no encuentra
justificado el porqué de la tardanza en volver a empezar a usar y
explotar su marca “TEJA MOORE”, para productos de la Clase 19 de
la Clasificación Internacional de Niza, máxime si se tiene en cuenta
que la compensación económica que recibió por la expropiación fue
suficientemente cuantiosa para retomar su actividad.
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Todo lo anterior significa que teniendo la calidad de titular de la marca
“TEJA MOORE” y a la vez la obligación de probar el uso de la marca
para que no fuera cancelada, la actora no cumplió con esa carga y
como consecuencia de ella se imponía la obligación de la SIC de
cancelar totalmente el registro de dicha marca para amparar
productos comprendidos en la Clase 19.
Finalmente, la actora también alegó que se vulneraron los artículos
42 y 80 del CPACA; y 13, 29 y 61 de la Constitución, ya que los actos
acusados fueron expedidos con falsa motivación, violación al debido
proceso y violación al principio de legalidad y confianza legítima,
pues, a su juicio, la SIC pasó por alto las pruebas aportadas en el
trámite administrativo que demostraban que le impidió por fuerza
mayor y caso fortuito usar dentro del período comprendido entre el
10 de septiembre de 2009 y 12 de septiembre de 2012, productos
identificados con la marca “TEJA MOORE”.
Al respecto, esta Sección, en sentencia de 14 de abril de 201621,
reiteró los supuestos establecidos en el fallo de 25 de febrero de
200922 para la configuración de la causal de nulidad de falsa
motivación, en el que se señaló lo siguiente:
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril
de 2016, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 2008-00265-01.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 25 de
febrero de 2009, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, núm. único de radicación 85001-23-31-000-1997-
00374-01(15797)
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Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO
“[…] la falsa motivación del acto tiene ocurrencia cuando
i) se presenta inexistencia de fundamentos de hecho o
de derecho en la manifestación de voluntad de la
Administración Pública; ii) los supuestos de hecho
esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien
por error o por razones engañosas o simuladas; iii)
porque el autor del acto le ha dado a los motivos de
hecho o de derecho un alcance que no tienen y iv) porque
los motivos que sirven de fundamento al acto no
justifiquen la decisión […]” (Resaltado fuera de texto).
En este orden de ideas y atendiendo el contenido de las resoluciones
demandadas, esta Sala no encuentra que se presente ninguno de los
supuestos para la configuración de la causal de nulidad por falsa
motivación, habida cuenta que dichos actos contienen tanto la
fundamentación fáctica como jurídica, los supuestos de hecho no son
contrarios a la realidad, la entidad no dio un alcance diferente a los
hechos o a las normas en que basó la decisión y existe coherencia en
la motivación y la decisión adoptada por la SIC, al haber cancelado
totalmente la marca cuestionada “TEJA MOORE”, teniendo en cuenta
que no allegó pruebas que demostraran que la justificación para su no
uso se debió a motivos de fuerza mayor o caso fortuito.
Y el hecho de haber llegado a esa conclusión, no desconoce su debido
proceso ni vulnera los principios de legalidad y confianza legítima,
ya que el registro de la marca cuestionada fue cancelado totalmente
conforme a las normas pertinentes sobre la materia, máxime si se
tiene en cuenta que la obligación de la entidad demandada es realizar
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Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00
Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO
un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, de
manera autónoma e independiente del análisis efectuado ya sea sobre
signos idénticos o similares23, de conformidad con lo dispuesto,
precisamente, en dicha normativa24; además, de considerarse que
eventualmente la Administración se hubiera equivocado en el
análisis de otras cancelaciones marcarias, la jurisprudencia25
reiteradamente ha señalado que la comisión de un error no puede
generar cadena sucesiva de errores.
Así las cosas, la Sala concluye que no se violaron las normas
alegadas como vulneradas por la parte actora, por cuanto se
demostró en el proceso que la entidad demandada estudió y aplicó
correctamente la normativa andina, así como los criterios
establecidos por el Tribunal, al cancelar la marca “TEJA MOORE”
(MIXTA), identificada con el certificado de registro núm. 130429,
bajo la titularidad de la sociedad TUBOS MOORE S.A. EN
CONCORDATO, para amparar productos de la Clase 19 de la
Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se
mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los
actos administrativos acusados.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de junio
de 2011, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040006901.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio
de 2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación
11001032400020130046300.
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio
de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2013-00255-00.
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Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00
Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO
En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el
artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad
Andina.
TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas
las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00610-00
Actora: TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de octubre de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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