Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2016-00021-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2016-00021-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2016-00021-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
12 de septiembre de 2024
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Radicado: 11001 03 24 000 2016 00021 00
Demandante: Carolina Bobillier Ceballos y Álvaro Andrés Díaz Palacios
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C, doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación núm.: 11001 03 24 000 2016 00021 00
Actor: Carolina Bobillier Ceballos y Álvaro Andrés Díaz Palacios
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte
Tesis: La pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo demandado no
comporta la declaratoria de su nulidad.
No es nulo, por falta de competencia, el acto administrativo por medio del cual el
Ministerio de Transporte fijó la tarifa que por concepto de tasa de vigilancia debían
pagar a la Superintendencia de Puertos y Transporte los sujetos sometidos a
inspección, vigilancia y control, durante la vigencia fiscal del año 2014.
Es cierto que el acto cuestionado determinó un trato diferenciado para los nuevos
vigilados con respecto a la tasa de vigilancia cobrada por la Superintendencia de
Puertos y Transporte a los antiguos obligados.
Es cierto que el tratamiento diferente es inequitativo e injustificado.
Es nula, por falta de motivación, la resolución que no fundamentó las diferencias
metodológicas que fijó entre los nuevos y antiguos sujetos vigilados por la
Superintendencia de Puertos y Transporte para la liquidación de la tasa de
vigilancia.
No es nulo, por falsa motivación, el acto que definió para la vigencia del año 2014
la tasa de vigilancia que debían pagar a favor de la Superintendencia de Puertos y
Transporte, los sujetos sometidos a su inspección vigilancia y control.
NULIDAD – ÚNICA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la demanda instaurada en ejercicio del medio de control
de nulidad promovido por Carolina Bobillier Ceballos y Álvaro Andrés Díaz Palacios
(en adelante la parte actora) en contra de la Resolución núm. 0004188 del 16 de
diciembre de 2014, “Por la cual se fija la tarifa que por concepto de Tasa de
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Demandante: Carolina Bobillier Ceballos y Álvaro Andrés Díaz Palacios
Vigilancia deben pagar a la Superintendencia de Puertos y Transporte la totalidad
de los sujetos de vigilancia, inspección y control, para la vigencia fiscal del año 2014
y se adoptan otras disposiciones”, expedida por el Ministerio de Transporte (en
adelante el Ministerio).
I. LA DEMANDA
1.1. Pretensiones
Figura como pretensión la siguiente:
“Solicitamos que se declare la nulidad de la Resolución 0004188 de 16 de
diciembre de 2014, expedida por el Ministerio de Transporte, mediante la cual
se fija la tarifa que por concepto de tasa de vigilancia deben pagar a la
Superintendencia de Puertos y Transporte la totalidad de los sujetos de
vigilancia, inspección y control, para la vigencia fiscal del año 2014 y se adoptan
otras disposiciones1.
1.2. El acto cuestionado
A continuación, se transcribirá el acto acusado, de la siguiente manera:
“RESOLUCIÓN NUMERO 0004188 DE 2014
(16 DIC 2014)
"Por la cual se fija la tarifa que por concepto de Tasa de Vigilancia deben pagar
a la Superintendencia de Puertos y Transporte la totalidad de los sujetos de
vigilancia, inspección y control, para la vigencia fiscal del año 2014 y se adoptan
otras disposiciones"
LA MINISTRA DE TRANSPORTE
En ejercicio de las facultades, en especial las conferidos por los artículos 2°
numeral 2.5 y 6° numeral 6.4 del Decreto 087 de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° del Decreto 087 de 2011 "Por el cual se modifica la
estructura del Ministerio de Transporte, y se determinan las funciones de sus
dependencias", establece:
"El Ministerio de Transporte tiene como objetivo primordial la formulación y
adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y regulación
1
Visible en el expediente digitalizado que obra en el índice núm. 47 de Samai.
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económica en materia de transporte, tránsito e infraestructura de los modos
de transporte carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo y la regulación técnica
en materia de transporte y tránsito de los modos carretero, marítimo, fluvial y
férreo."
Que el numeral 27.2 del artículo 21 de la Ley 1° de 1991, establece como
funciones de la Superintendencia General de Puertos, hoy Superintendencia
de Puertos y Transporte - Supertransporte:
"27.2, Cobrar a las sociedades portuarias y a los operadores portuarios, por
concepto de vigilancia, ¡una tasa por la parte proporciona! que le corresponda,
según sus ingresos brutos, en los costos de funcionamiento de la
Superintendencia, definidos por la Contraloría General de la República."
Que el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2010-2014, amplió el cobro de la tasa establecida en
el artículo 27, numeral 2° de la Ley 1° de 1991, así:
"Amplíese el cobro de la tasa establecida en el artículo 27, numeral 2 de la
Ley 1° de 1991, a la totalidad de los sujetos de vigilancia, inspección y control
de la Superintendencia de Puertos y Transporte, para cubrir los costos y
gastos que ocasionen su funcionamiento y/o inversión.
Aquellos sujetos de los cuales se le han (sic) ampliado el cobro de Ia tasa a la
cual hace referencia el presente artículo, pagaran por tal concepto una tasa
por la parte proporcional que les corresponda según sus ingresos brutos, en
los costos anuales de funcionamiento y la inversión de la Superintendencia de
Puertos y Transporte, la cual no podrá ser superior al 0,1% de los ingresos
brutos de los vigilados.”
Que de conformidad con el Decreto N° 3036 de 27 de diciembre de 2013, “Por
el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal
de 2014, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos" las
apropiaciones para la Superintendencia de Puertos y Transporte para la
vigencia fiscal de 2014 son de $31.500.000.000.oo, de los cuales $31.000.000
son para funcionamiento y $500.000.000.oo son para inversión.
Que el Superintendente de Puertos y Transporte a través del oficio No.
20145400574011 del 5 de diciembre de 2014, avaló y allegó en documento
adjunto oficio No. 20145400570501 del 4 de diciembre de 2014, mediante el
cual Ia Coordinadora Grupo de Financiera de la Superintendencia de Puertos
y Transporte certificó los gastos de funcionamiento e inversión de la
Superintendencia de Puertos y Transporte y los ingresos brutos de los
vigilados 2013, reportados con oficios 20145400362511 del 12 de agosto de
2014 y 20145400362511 del 28 de noviembre de 2014, así:
INFORME GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN 2014
(…)
INGRESOS BRUTOS REPORTADOS Y PROYECTADOS 2013
(…)
Que la Oficina de Regulación Económica con fundamento en las cifras
reportadas por la Superintendencia de Puertos y Transporte, elaboró el
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informe técnico "Guía para Fijar la Tarifa por concepto de Tasa de Vigilancia
2014" del 16 de octubre de 2014.
Que en consecuencia, para el cobro de la tarifa por concepto de tasa de
vigilancia a los nuevos sujetos de cobro de que trata el artículo 89 de la Ley
1450 de 2011, se aplicará la siguiente fórmula, que es la resultante de dividir
los costos anuales de funcionamiento e inversión de la Superintendencia de
Puertos y Transporte reportados, sobre los ingresos brutos (reportados y
proyectados) de los nuevos sujetos de cobro, la cual no podrá ser superior al
0,1% de los ingresos brutos de los dichos vigilados:
El análisis comienza con el cálculo de la tarifa por concepto Tasa de Vigilancia,
según el sistema y método establecido en la Ley 1450 de 2011, la fórmula a
aplicar es:
Donde
TVn: Tarifa por concepto de tasa de vigilancia (nuevos vigilados).
GF: Gastos de funcionamiento de la Superintendencia de Puertos y
Transporte de los nuevos sujetos de cobro de que trata la Ley 1450 de 2011.
INV: Inversión de la Superintendencia de Puertos y Transporte.
IBn: Ingresos brutos de los nuevos sujetos de cobro, vigilados por la
Superintendencia de Puertos y Transporte.
Su cálculo corresponde a:
Que al aplicar la fórmula aquí desarrollada, se encuentra que ésta no supera
el límite previsto en el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, por lo que la Tasa
de Vigilancia para los nuevos sujetos de cobro vigilados es de 0.094% para la
vigencia 2014.
Que de otro lado, para el cobro de la tarifa por concepto de tasa de vigilancia
a los vigiados portuarios de que trata la Ley 1° de 1991 (Sociedades
Portuarias, Operadores Portuarios, Embarcaderos, titulares de autorizaciones
obtenidas con anterioridad a la Ley 1° de 1991 y demás autorizados -, se
aplicará la siguiente fórmula, que es la resultante de dividir los costos anuales
de funcionamiento de la Superintendencia de Puertos y Transporte sobre los
ingresos brutos (reportados y proyectados - de los sujetos vigilados de que
trata la Ley )" de 1991 así:
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Donde:
TVp: Tarifa por concepto de Tasa de Vigilancia (Vigilados de que trata la Ley
1° de 1991 -Sociedades Portuarias, Operadores Portuarios, Embarcaderos,
titulares de autorizaciones obtenidas con anterioridad a la Ley 1° de 1991 y
demos autorizados-).
GF: Gastos de funcionamiento de Ia Superintendencia de Puertos y
Transporte vigilados de que trata la Ley 1° de 1991 (Sociedades Portuarios,
Operadores Portuarios, Embarcaderos, titulares de autorizaciones obtenidas
con anterioridad a la Ley 1° de 1991 y demás autorizados).
IBp: Ingresos brutos de los sujetos vigilados de que trata la Ley 1° de 1991
(Sociedades Portuarios, Operadores Portuarios, Embarcaderos, titulares de
autorizaciones obtenidas con anterioridad a Ia Ley 1° de 1991 y demás
autorizados).
De acuerdo a los datos recopilados se obtiene:
Que de acuerdo con la formula establecida, la tarifa por concepto de tasa de
vigilancia para los vigilados de que trata la Ley 1° de 1991 (Sociedades
Portuarios, Operadores Portuarios, Embarcaderos, titulares de autorizaciones
obtenidas con anterioridad a la Ley 1° de 1991 y demás autorizados)
corresponde a 0,345% para la vigencia 2014.
Que el artículo 1 de Ia Ley 1340 de 2009 "Por medio de la cual se dictan
normas en materia de protección de la competencia establece:
(…)
Que el Decreto 2897 de 2010 "Por el cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley
1340 de 2009", establece en su artículo 2:
(…)
Que en cumplimiento a lo regulado por la citada Ley 1340 de 2009, el Jefe de
la Oficina de Regulación Económica del Ministerio de Transporte mediante
comunicación No. 20141400379621 del 16 octubre de 2014, remitió el
proyecto de Resolución "Por la cual se fija la tarifa que por concepto de Tasa
de Vigilancia deben pagar a la Superintendencia de Puertos y Transporte la
totalidad de los sujetos de vigilancia, inspección y control, para la vigencia
fiscal del año 2014 y se adoptan otras disposiciones", o Ia Superintendencia
de Industria y Comercio con el fin de obtener concepto previo.
Que mediante radicado número 14-231291-5-0 del 26 de noviembre de 2014,
el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia de la
Superintendencia de Industria y Comercio, considera que no tiene
observaciones en materia de la libre competencia frente al presente proyecto
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de Resolución.
Que en el mismo sentido, el articulo 8 numeral 8 de la Ley 1437 del 18 de
enero de 2011, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de Io Contencioso Administrativo" establece Io siguiente:
(…)
Que en cumplimiento de Io anterior, se procedió a la publicación del proyecto
de Resolución "Por la cual se fija la tarifa que por concepto de Tasa de
Vigilancia deben pagar a la Superintendencia de Puertos y Transporte la
totalidad de los sujetos de vigilancia, inspección y control, para la vigencia
fiscal del año 2014 y se adoptan otras disposiciones" y la información que la
soporta, en la página web del Ministerio de Transporte del 17 al 30 de octubre
de 2014, sin que se recibieran observaciones.
Que en virtud de Io anterior,
RESUELVE:
ARTICULO 1. Fijar la tarifa que por concepto de Tasa de Vigilancia deben
pagar a la Superintendencia de Puertos y Transporte los vigilados de que trata
la Ley 1° de 1991 (sociedades portuarias, operadores portuarios,
embarcaderos, titulares de autorizaciones obtenidas con anterioridad a Ia Ley
1° de 1991 y demás autorizados) para la vigencia fiscal 2014, en el 0,345% de
los ingresos brutos correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2013, de cada vigilado.
ARTICULO 2. Fijar la tarifa que por concepto de Tasa de Vigilancia deben
pagar a la Superintendencia de Puertos y Transporte la totalidad de los
vigilados a los que se les amplió el cobro de Ia tasa de vigilancia mediante el
artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, para la vigencia fiscal 2014, en el 0,094%
de los ingresos brutos correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2013, de cada vigilado.
ARTICULO 3. Corresponde al Superintendente de Puertos y Transporte de
conformidad con las Leyes 1° de 1991 y 1450 de 2011, definir y aplicar el
procedimiento para la liquidación, la forma de pago y el cobro de la tarifa por
concepto de tasa de vigilancia, para la vigencia fiscal 2014 en los términos y
parámetros establecidos en la presente resolución.
ARTICULO 4. Si la Superintendencia de Puertos y Transporte tuviere un
mayor valor apropiado por recaudo de la tarifo por concepto de tasa de
vigilancia de 2014, este deberá ser reembolsado a los contribuyentes como
un abono a las contribuciones de la tarifa por concepto de tasa de vigilancia
del año 2015, de manera proporcional a los ingresos brutos base de la
liquidación de la presente tarifa por concepto de tasa de vigilancia.
El Ministerio de Transporte, para el control de tutela que ejerce sobre la
Superintendencia de Puertos y Transporte, podrá solicitar la información de
dichos rembolsos.
ARTICULO 5. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la
página WEB del Ministerio de Transporte y remítase copia a la
Superintendencia de Puertos y Transporte.
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ARTICULO 6. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario
Oficial y deroga la Resolución 0004008 del 15 de diciembre de 2014.” 2.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
La parte actora sostuvo que el acto acusado desconoció los artículos 13, 58, 95-9,
115, 121 150-12, 338 y 363 de la Constitución Política; así como el artículo 683 del
Estatuto Tributario, el artículo 27 de la Ley 1ª de 1991, el artículo 89 de la Ley 1450
de 2011, el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 y los artículos 1 y 3 del CPACA.
A continuación, se realizará una síntesis del concepto de violación esgrimido:
Primer cargo: pérdida de ejecutoria del acto administrativo demandado frente a los
nuevos vigilados
1.3.1. Indicó que la Corte Constitucional, mediante sentencia C-218 de 2015,
resolvió declarar parcialmente inexequible el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011,
específicamente: i) la expresión “y/o inversión” del inciso primero, y ii) el inciso
segundo de la norma citada, que había establecido los elementos estructurales del
tributo ampliado a los nuevos vigilados por la Superintendencia de Puertos y
Transporte (en adelante la Superintendencia). Por ende, el acto demandado perdió
su fuerza ejecutoria por haber desaparecido el fundamento jurídico en el que se
sustentó.
Segundo cargo: falta de motivación
1.3.2. Explicó que la Resolución núm. 0004188 de 2014 desconoció los principios
constitucionales tributarios de igualdad, justicia, equidad y distribución de las cargas
públicas, toda vez que sin justificación legal o técnica alguna estableció cargas
tributarias diferentes para los nuevos vigilados por la Superintendencia.
Afirmó que el artículo 27 de la Ley 1ª de 1991 precisó la base gravable de la tasa
de vigilancia tomando como referencia los ingresos brutos de los contribuyentes y
los gastos de funcionamiento de la Superintendencia, pero no definió la tarifa a
2
Ibidem.
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cobrar por este tributo, así como tampoco definió la relación que debía existir entre
los ingresos brutos de los vigilados y los costos de la entidad.
Anotó que la Ley 1450 de 2011 generó dos (2) regímenes de contribuyentes de la
tasa de vigilancia: los nuevos (previstos en el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011) y
los antiguos vigilados (de los que habla la Ley 1ª de 1991). Y con esa diferencia fijó
bases de cálculo diferentes para cada tipo de vigilado, así: para los antiguos tomó
como referencia los gastos de funcionamiento y para los nuevos agregó a ese
parámetro los costos de inversión.
1.3.3. Señaló que la resolución demandada vulneró el principio de proporcionalidad,
en la medida en que para la liquidación de la tasa de los nuevos vigilados adoptó
los costos de inversión de la Superintendencia, cuando a los antiguos vigilados
únicamente les liquidó la tarifa teniendo en consideración los gastos de
funcionamiento de la entidad.
En consecuencia, la base de cálculo que aplicó a los nuevos contribuyentes resultó
sustancialmente más amplia que aquella aplicable a los antiguos vigilados y alteró
la naturaleza de la tasa de vigilancia, puesto que terminó por asociar el tributo no
solo a la recuperación del servicio, sino a la producción de riqueza, desarrollo y
productividad de la entidad.
Sostuvo que, en casos similares, la Corte Constitucional consideró que, si bien el
legislador tenía potestad para establecer los tributos y sus características (hechos
gravables, tarifas aplicables, entre otros aspectos), esa potestad no podía
entenderse como una atribución absoluta, en tanto los artículos 338 y 363, y los
principios superiores consignados en la Constitución Política (igualdad,
proporcionalidad, equidad, entre otros), delimitaban el alcance de la potestad
legislativa.
Insistió en que el contenido de la resolución demandada no era otro que la norma
declarada inexequible. Por ello, el acto cuestionado incurría en el mismo vicio de
violación del principio de igualdad que sustentó la decisión de la Corte
Constitucional en la sentencia C-218 de 2015, lo cual debía ser reconocido por el
Consejo de Estado, declarando la nulidad absoluta de la disposición.
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1.3.4. Manifestó que el Ministerio excedió su potestad y amplió la base de cálculo
del tributo incluyendo los "gastos de inversión" en la determinación de la tasa de
los nuevos vigilados en contravía de lo establecido en el artículo 338 de la
Constitución Política, circunstancia que configuraba una violación del principio de
legalidad y predeterminación de los tributos, por cuanto definió una nueva base de
cálculo de las tasas de vigilancia, cuando esa labor es competencia exclusiva del
legislador.
Tercer cargo: falsa motivación
1.3.5. Advirtió que el acto demandado definió la tarifa de la tasa de vigilancia para
el año 2014 en detrimento de los elementos esenciales de este tipo de tributos
establecidos por la Constitución y la ley, pues fijó unas fórmulas para la
determinación de la tasa que carecían de toda justificación técnica y legal.
Expuso que la Resolución núm. 0004188 de 2014 no empleó como criterio de
diferenciación para el cobro de la tasa de vigilancia el tipo de servicio que se le
prestaba a cada vigilado. Reveló que la Superintendencia brindaba dos (2) tipos de
vigilancia (integral y subjetiva) y, en consecuencia, la tasa de vigilancia no podía
cobrarse de la misma forma a los usuarios que recibían vigilancia integral y a los
contribuyentes con vigilancia subjetiva. Ello redundaba en una interpretación
errónea de la estructura y naturaleza de la tasa establecida en el artículo 338 de la
Constitución Política y en los artículos 27 de la Ley 1ª de 1991 y 89 de la Ley 1450
de 2011.
Cuarto cargo: falta de competencia
1.3.6. Argumentó que el acto cuestionado fue expedido por el Ministerio por fuera
de la órbita de su competencia, toda vez que no existía norma que facultara a la
entidad demandada para fijar la tarifa de la tasa de vigilancia que le corresponde
cobrar y recaudar a la Superintendencia.
Comentó que el Ministerio, en su condición de máxima autoridad de tránsito, tenía
competencia para expedir los reglamentos de carácter general con la formulación
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de las políticas públicas y la regulación económica del sector transporte, tránsito e
infraestructura. Empero, del Decreto 87 de 2011, que concretó las funciones de la
mencionada cartera ministerial, no se evidenciaba que se encontrara facultada para
delimitar la tarifa de la tasa de vigilancia contenida en el acto objeto de censura.
Aseveró que, dada la ausencia de competencias a cargo del Ministerio para fijar la
mencionada tarifa, desde el año 2015, con la expedición de la Resolución núm.
22543, la Superintendencia se ocupó de fijar “la tarifa por concepto de Tasa de
Vigilancia que deben pagar a la Superintendencia de Puertos y Transporte la
totalidad de los sujetos de vigilancia, inspección y control, para la vigencia fiscal de
año 2015”, con lo que, a su juicio, se corrigió el error de años anteriores.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
2.1. El Ministerio3 contestó la demanda, mediante escrito radicado en la
Secretaría de la Sección Primera de esta Corporación el 4 de agosto de 2016,
oponiéndose a la prosperidad de la pretensión de nulidad, al considerar que el acto
acusado se ajustaba a derecho y fue expedido de conformidad con las facultades
legales otorgadas a esa entidad.
No discutió los cargos de la demanda ni de manera puntual el sustento expuesto
por la parte actora. Sin embargo, de forma general indicó que no incurrió en
violación del artículo 338 de la Carta Política. Para sustentar su afirmación, trajo a
colación esa norma constitucional y algunos apartes de las sentencias C-465 de
1993 y C-891 de 2012 de la Corte Constitucional.
Luego señaló que con el acto demandado fijó la tarifa que, por concepto de tasa de
vigilancia para la vigencia fiscal del año 2014, debían pagar a la Superintendencia
los sujetos sometidos a vigilancia, inspección y control, según la información de los
ingresos brutos que reportaran. Con ello, adujo que la Resolución núm. 0004481
de 2014 materializó la competencia en cabeza de la cartera de transporte dirigida
a la “formulación y adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y
regulación de transporte carretero, marítimo, fluvial y férreo”, artículo 1º del Decreto
3
Ibidem.
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087 de 2011, en tanto que a la Superintendencia le correspondía definir y aplicar el
procedimiento para la liquidación y la forma de pago de la tarifa por concepto de
tasa de vigilancia.
III. AUDIENCIA INICIAL
El 15 de junio de 2018 se llevó a cabo audiencia inicial, en la que se fijó el litigio de
la siguiente manera:
“7.2. Vistas las mencionadas coincidencias, observe el Despacho que las
discrepancias son en derecho y se centran, de conformidad con la demanda y
la contestación, en cinco imputaciones, así; Por la pérdida de fuerza ejecutoria
del acto; por la falta de motivación del acto; por falsa motivación del acto; por
falta de competencia en la expedición del acto; y por infracción de las normas
en que el acto debía fundarse. A estos efectos, se deberá resolver lo siguiente:
7.2.1. En relación con la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo
demandado frente a los nuevos vigilados, se debe precisar si es cierto que la
Resolución No. 0004188 del 16 de diciembre de 2014, expedida por el Ministerio
de Transporte perdió fuerza ejecutoria por la expedición de la sentencia C-218
de 2015, dictada por la Corte Constitucional, que declaró la inexequibilidad
parcial del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011
Si la respuesta dada al anterior interrogante es afirmativa, deberá analizarse si:
7.2.1.1. La pérdida de fuerza ejecutoria conlleva la declaratoria de nulidad del
acto administrativo.
7.2.2. En relación con los cargos por la falta de motivación, la Sala deberá
establecer en su oportunidad si:
7.2.2.1. Es cierto que el acto administrativo determinó un trato diferencial a los
nuevos vigilados con respecto a la tasa de vigilancia que se cobra a los antiguos
vigilados.
7.2.2.2. Si la respuesta al numeral anterior es afirmativo, deberá precisarse si
es cierto que el tratamiento es inequitativo e injustificado.
7.2.2.3. Si la respuesta a lo planteado anteriormente es positiva, entonces
deberá resolverse si es acto demandado incurrió en falta de motivación, y como
consecuencia de ello, en causal de nulidad.
7.2.3. En relación con los cargos de nulidad por falsa motivación, se observa
que debe decidirse si:
7.2.3.1. Es cierto que el acto demandado aplicó erróneamente los fundamentos
jurídicos que soportan su actuación, particularmente la estructura y naturaleza
de la tasa establecida en el artículo 338 de la Constitución Política y los artículos
27 de la Ley 1 de 1991 y 89 de la Ley 1450 de 2011.
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7.2.3.2. Si la respuesta a lo esgrimido anteriormente es afirmativa deberá
establecerse si el acto administrativo esta falsamente motivado, y como
consecuencia de ello, incurre en causal de nulidad.
7.2.4. En lo atinente al cargo de falta de competencia, la Sala analizara si el
Ministerio de Transporte era la autoridad facultada por el ordenamiento jurídico
para expedir el acto administrativo acusado, para pronunciarse
consecuentemente si, por este aspecto ha incurrido en causal de nulidad.
7.2.5. En lo que hace al cargo de infracción de las normas en que debía
fundarse, habrá de precisarse si la Resolución No. 0004188 del 18 de diciembre
de 2014, dictada por el Ministerio de Transporte, vulnera uno, o todos, o
cualquiera de los artículos 13, 58, 95, 150-12, 338 y 363 de la Constitución
Política, así como el artículo 683 del Estatuto Tributario, el artículo 27 de la Ley
1 de 1991 o el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011. En el evento de una respuesta
positiva, habría lugar a pronunciarse sobre la nulidad.”4.
IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Antes de finalizar la audiencia inicial, se les concedió a las partes e intervinientes
el término de diez (10) días para alegar de conclusión, lapso dentro del cual el
Ministerio Público también podía rendir concepto. Dicho término inició el 18 de junio
de 2018 y finalizó el 29 del mismo mes y año, dentro del cual se realizaron las
siguientes manifestaciones:
4.1. La parte actora alegó de conclusión5 haciendo referencia a los hechos que
entendió aparecían probados en el expediente de la referencia y a procesos de
nulidad y restablecimiento del derecho, “de idénticos elementos de hecho y de
derecho”, adelantados ante diferentes autoridades judiciales, en los cuales se
declaró la nulidad de actos administrativos relativos a la tasa de vigilancia cobrada
por la Superintendencia. Sobre el fondo de la controversia, reiteró los argumentos
planteados en el libelo introductorio.
4.2. El Ministerio presentó alegatos de conclusión6 insistiendo en la defensa que
planteó en la contestación de la demanda.
V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
4
Ibidem.
5
Ibidem.
6
Ibidem.
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La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa rindió concepto
mediante memorial radicado en la Secretaría de esta Sección el 29 de junio de
20187, en el que expuso los siguientes argumentos:
En primera medida, relató los antecedentes del proceso de la referencia. A renglón
seguido, en el acápite denominado consideraciones del Ministerio Público, aludió
al acto administrativo enjuiciado y luego, como una cuestión previa, emprendió el
estudio del cargo relacionado con la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución
núm. 0004188 de 2014. Para ello, aludió al artículo 91 del CPACA y más adelante
manifestó que prohijaría las consideraciones anotadas en los autos del 18 de julio
de 2016 y 4 de abril de 2018, con los cuales se negó la solicitud de suspensión
provisional de la disposición acusada y se confirmó tal decisión, respectivamente.
Explicó que, si bien con la declaratoria de inexequibilidad parcial del artículo 89 de
la Ley 1450 de 2011, acaecida con la sentencia C-218 de 2015 de la Corte
Constitucional, se produjo el decaimiento del acto administrativo porque
desaparecieron los fundamentos jurídicos que lo originaron, lo cierto era que el fallo
de constitucionalidad tenía efectos hacia el futuro. Esto implicaba que, en el
momento en que se emitió el acto demandado, existió fundamento legal para su
expedición. Por ello, el juez del control de legalidad podía realizar el análisis
necesario para determinar si, durante el tiempo en que estuvo vigente y contó con
fuerza ejecutoria, se cumplieron los elementos de validez correspondientes.
Enseguida, expuso que el acto demandado incurrió en falta de motivación toda vez
que, como lo argumentó la parte actora, no justificó el tratamiento diferenciado a
los sujetos vigilados por la Superintendencia.
Expresó que, aunque la Resolución núm. 0004481 de 2014 hacía referencia al
concepto técnico de la Coordinadora del Grupo Financiero de la Superintendencia,
que certificó los gastos de funcionamiento e inversión de esa entidad, no se
encontraban razones claras, expresas y precisas dirigidas a sustentar por qué se
incluían los costos de inversión de la entidad que ejercía la inspección, vigilancia y
7
Ibidem.
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control en el cálculo de la base gravable de la tasa de vigilancia para los nuevos
vigilados.
De forma posterior, respecto del cargo de falta de competencia, advirtió que ni la
Ley 105 de 1993, ni el Decreto 019 de 2012, le asignaron al Ministerio la facultad
para fijar las tarifas que debían pagar los sujetos vigilados por la Superintendencia.
Precisó que, pese a que la primera de las normas mencionadas sí atribuyó
facultades para que la cartera ministerial accionada determinara algunas tarifas,
por ejemplo, la prevista en el parágrafo 2º del artículo 17, “La Política sobre
terminales de transporte terrestre en cuanto a su regulación, tarifas y control
operativo”, o la establecida en el artículo 21, “Tasas, tarifas y peajes en la
infraestructura de transporte a cargo de la Nación”, nada dispuso sobre el régimen
tarifario de los sujetos vigilados por la Superintendencia. Por lo que, al abrogarse
la comentada potestad, desconoció el principio de legalidad y las normas superiores
que en este aspecto fueron invocadas por la parte actora.
Así, al evidenciar que los cargos del libelo introductorio por falta de competencia y
de motivación prosperaban, se abstuvo de analizar los reproches que sustentaron
la falsa motivación.
Con todo, entendió que la parte actora logró desvirtuar la presunción de legalidad
de la Resolución núm. 0004481 de 2014, expedida por el Ministerio y solicitó que
se accediera a las pretensiones de la demanda.
VI. DECISIÓN
No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a
decidir el asunto sub-lite, previas las siguientes:
VII. CONSIDERACIONES
7.1. Competencia
De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de
lo previsto en los artículos 11, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración de
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Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 149 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es
competente para conocer del asunto de la referencia.
7.2. Planteamiento
De acuerdo con el contenido del libelo introductorio, la contestación de la demanda
y los escritos de alegatos de conclusión, los siguientes son los aspectos que deben
ser estudiados en el presente caso:
El primero tiene que ver con la pérdida de fuerza ejecutoria del acto. De lo expuesto
en los antecedentes de esta providencia se advierte que las partes están de
acuerdo en que el Congreso de la República expidió la Ley 1ª de 1991 y en el
artículo 27, “Funciones de la Superintendencia General de Puertos”, dispuso que la
Superintendencia estaría encargada del cobro a las sociedades portuarias y a los
operadores portuarios, por concepto de vigilancia, de una tasa proporcional según
sus ingresos brutos. Además, que el legislador expidió la Ley 1450 de 2011 y en el
artículo 89 amplió el cobro antes referido.
También convienen en que el Ministerio emitió la Resolución núm. 0004188 del 16
de diciembre de 2014, “Por la cual se fija la tarifa que por concepto de Tasa de
Vigilancia deben pagar a la Superintendencia de Puertos y Transporte la totalidad
de los sujetos de vigilancia, inspección y control, para la vigencia fiscal del año 2014
y se adoptan otras disposiciones”, y en que, mediante sentencia C-218 de 22 de
abril de 2015, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad parcial del artículo
89 de la Ley 1450 de 2011.
Así, para la parte actora, la última circunstancia se traduce en que el acto
demandado perdió fuerza ejecutoria, lo cual conllevaba a la declaratoria de su
nulidad. Mientras que, para la autoridad cuestionada, el hecho de que el
fundamento jurídico del acto desapareciera, como consecuencia de su
inexequibilidad, aunque implicaba la pérdida de fuerza ejecutoria de la resolución,
no generaba su nulidad.
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El segundo se encuentra relacionado con la falta de competencia. Para la parte
actora el Ministerio carecía de facultades para fijar la tarifa de la tasa de vigilancia
que le corresponde cobrar y recaudar a la Superintendencia. A su turno, la cartera
ministerial es del criterio que, en aplicación de la potestad para la “formulación y
adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y regulación de transporte
carretero, marítimo, fluvial y férreo”, podía fijar el tributo objeto de la discusión.
El tercero de los reproches está ligado a la falta de motivación. La parte actora
argumentó que, sin justificación legal o técnica, la Resolución núm. 0004188 de
2014 dispuso un trato diferenciado e inequitativo para los nuevos vigilados en
comparación con la tasa de vigilancia cobrada a los antiguos vigilados. Esto debido
a que, en la fórmula para calcular el tributo de los primeros, se incluyeron los gastos
de inversión de la Superintendencia, mientras que en la base de liquidación de los
segundos solo se computaron los costos de funcionamiento de dicha entidad. Esta
situación vulneraba los principios de legalidad, proporcionalidad e igualdad. Por su
parte, en términos generales, el Ministerio apuntó a que la decisión controvertida
no vulneró las normas superiores en que se fundamentó y que con su expedición
no invadió el marco de competencias del legislador.
El cuarto cargo se concreta en la falsa motivación. La parte actora sugiere que, para
fijar la tasa de vigilancia, el Ministerio no observó los elementos constitucionales y
legales del tributo, en la medida en que pasó por alto que la vigilancia impartida por
la Superintendencia para unos sujetos era integral y para otros subjetiva, lo cual
debió impactar en la fórmula que utilizó para precisar el cobro de la tarifa. Sobre el
particular no se evidenció argumento de defensa de la entidad demandada.
Los cargos se pasarán a resolverse en el orden propuesto.
7.3. Primer cargo. De la pérdida de fuerza ejecutoria
La Sala deberá definir si la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo
demandado comporta la declaratoria de su nulidad.
Pues bien, para la Sala resulta fundamental no confundir el fenómeno de pérdida
de fuerza ejecutoria con la nulidad de los actos administrativos. La nulidad ocurre
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cuando se detecta un vicio en la competencia, en la expedición, en los motivos o en
los fines del acto en el momento en que se expide, los cuales afectan el atributo
principal de estas decisiones, que es la legalidad. En contraste, la pérdida de fuerza
ejecutoria se refiere a la determinación del momento a partir del cual un acto
administrativo deja de producir efectos jurídicos.
Ambos conceptos tienen competencias claramente definidas en el orden jurídico.
Por un lado, el juez administrativo tiene la responsabilidad de controlar la legalidad
de los actos administrativos y, en general, de todas las actuaciones de la
administración pública. Por otro lado, para el control de las situaciones descritas en
el artículo 91 del CPACA, la ley confiere esta facultad a la misma entidad pública,
estableciendo que la pérdida de fuerza ejecutoria opera de pleno derecho.
Así lo ha definido de manera uniforme, reiterada y pacífica la jurisprudencia:
“Al respecto, debe precisarse que la declaración de pérdida de fuerza ejecutoria
y la consecuente inejecutabilidad de los actos administrativos no es de
competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, pues ésta está
instituida para dirimir las controversias y litigios originados en la actividad de las
entidades públicas y las personas privadas que desempeñen funciones propias
de los distintos órganos del Estado.
Concretamente, le corresponde a la juez contencioso administrativo declarar la
nulidad de la resoluciones acusadas de conformidad con las causales
establecidas en el ordenamiento jurídico, esto es, por infringir las normas en
que deberían fundarse, por haber sido expedidos por funcionario incompetente,
o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa,
o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del
funcionario o corporación que los profirió, esto es, por vicios en los elementos
de validez de los mismos.
Lo anterior tiene fundamento en el hecho de que la institución jurídica en
comento trae sus propias causales, cuales son, que el acto administrativo haya
sido suspendido provisionalmente, que hayan desaparecido sus fundamentos
de hecho o de derecho, que al cabo de cinco (5) años de estar en firme la
administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlo,
que se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto o
cuando pierde su vigencia.”8.
Así las cosas, no es procedente declarar la nulidad de la Resolución núm. 0004481
de 2014 con fundamento en la declaratoria de inexequibilidad parcial del artículo 89
8
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés. Expediente radicación número: 13001-23-31-000-2004-01385-01.
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de la Ley 1450 de 2011, comoquiera que, si bien desaparecieron sus fundamentos
de derecho, lo cierto es que la pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo
no resulta en un vicio que enerve su legalidad.
7.4. Segundo cargo. De la falta de competencia
La Sala establecerá si es nulo, por falta de competencia, el acto administrativo por
medio del cual el Ministerio de Transporte fijó la tarifa que por concepto de tasa de
vigilancia debían pagar a la Superintendencia de Puertos y Transporte los sujetos
sometidos a inspección, vigilancia y control, durante la vigencia fiscal del año 2014.
7.4.1. En dirección a resolver la pregunta formulada, es menester referirse a las
normas enunciadas por el Ministerio en la parte considerativa de la Resolución núm.
0004481 de 2014. Veamos:
La cartera ministerial demandada entendió que le asistían facultades para la
expedición de la tasa de vigilancia en cuestión, en virtud de lo previsto en los
artículos 2 (numeral 5) y 6 (numeral 4) del Decreto 087 de 2011, “Por el cual se
modifica la estructura del Ministerio de Transporte, y se determinan las funciones
de sus dependencias”, que disponen:
“ARTÍCULO 2°. Funciones. Corresponde al Ministerio de Transporte cumplir,
además de las funciones que determina el artículo 59 de la Ley 489 de 1998,
las siguientes:
(…)
2.5. Formular la regulación económica en materia de tránsito, transporte e
infraestructura para todos los modos de transporte.
(…)
ARTÍCULO 6°. Funciones del Despacho del Ministro de Transporte. Son
funciones del Despacho del Ministro de Transporte, además de las señaladas
por la Constitución Política y la ley, las siguientes:
(…)
6.4. Formular la política de regulación económica en materia de tránsito,
transporte e infraestructura en todos los modos de transporte.”
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De igual manera, soportó su competencia enunciando el artículo 1 del Decreto 087
de 2011, del siguiente tenor literal:
“ARTÍCULO 1°. Objetivo. El Ministerio de Transporte tiene como objetivo
primordial la formulación y adopción de las políticas, planes, programas,
proyectos y regulación económica en materia de transporte, tránsito e
infraestructura de los modos de transporte carretero, marítimo, fluvial, férreo y
aéreo y la regulación técnica en materia de transporte y tránsito de los modos
carretero, marítimo, fluvial y férreo.”
Ahora bien, aunque no formó parte del sustento normativo de la Resolución núm.
0004481 de 2014, la Sala evidencia que el artículo 2º del Decreto 2741 de 2001,
“Por el cual se modifican los Decretos 101 9 y 1016 de 200010”, modificó
parcialmente el artículo 30 del Decreto 101 de 2000, así:
“ARTÍCULO 30. Funciones y Facultades Generales de la CRTR. La CRTR
cumplirá las siguientes funciones:
(…)
17. Definir el monto de la tasa de vigilancia que deben pagar los puertos
marítimos, y demás sujetos de vigilancia de la Superintendencia de Puertos y
Transporte de conformidad con la ley”.
No sobra recordar que, según el artículo 28 del Decreto 101 de 2000, la CRTR, o
Comisión de Regulación del Transporte, es una dependencia especial del Ministerio
de Transporte, sin personería jurídica, con autonomía administrativa y financiera,
integrada por el ministro de Transporte o su delegado, que la preside.
Esa competencia es consonante con lo dispuesto en otras normas, como, por
ejemplo, en el artículo 6º del Decreto 2741 de 2001, que modificó el artículo 4 del
Decreto 1016 de 2000, que contenía las funciones en su momento atribuidas a la
Superintendencia de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 6°. Modifica el Artículo del 4 del Decreto 1016 de 2000. Derogado
por el art. 28 del Decreto Nacional 2409 de 2018. Modificar el artículo 4° del
decreto 1016 de 2000, el cual quedará así:
"ARTÍCULO 4°. Funciones. La Superintendencia de Puertos y Transporte, en
consonancia con la Ley 01 de 1991 y de conformidad con los artículos 41 y 44
del Decreto 101 de 2000 ejercerá las siguientes funciones:
9
"Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Transporte y se dictan otras disposiciones".
10
“Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Puertos y Transporte”.
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(…)
18. Establecer los parámetros de administración y control del sistema de cobro
de las tasas de vigilancia que le competan a esta Superintendencia.”
Incluso, el artículo 11 del Decreto 2741 de 2001, el cual modificó el numeral 3 del
artículo 15 del Decreto 1016 de 2000, estableció que en manos de la Secretaría
General de la entidad estaban las funciones de:
“ARTÍCULO 11. Modifica parcialmente (numeral 3) del Artículo 15 del Decreto
1016 de 2000. Derogado por el art. 28 del Decreto Nacional 2409 de 2018.
Modificar el numeral 3 del artículo 15 del Decreto 1016 de 2000, el cual quedará
así:
"3. Dirigir y coordinar con las respectivas superintendencias delegadas, el
adecuado y oportuno recaudo de las tasas que le correspondan de acuerdo
con la ley.”
7.4.2. Como se puede apreciar, de la lectura de las disposiciones antes referidas
es claro que, para el momento en que se expidió el acto objeto del presente
proceso, la competencia para fijar el valor de la tasa de vigilancia la ostentaba el
Ministerio, y la potestad de administración y control del sistema de cobro de tal tarifa
le correspondía a la Superintendencia.
Si bien el Decreto 087 de 2011 no precisó con detalle la facultad de la cartera
ministerial para expedir el acto acusado, comoquiera que, en términos genéricos,
en su objeto estableció que se encontraba encargada de “la formulación y adopción
de las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica en materia
de transporte, tránsito e infraestructura de los modos de transporte carretero,
marítimo, fluvial, férreo y aéreo y la regulación técnica en materia de transporte y
tránsito de los modos carretero, marítimo, fluvial y férreo”, lo cual reiteró en los
artículos 2 (numeral 5) y 6 (numeral 4), que tratan sobre las funciones del Ministerio
y del ministro, lo cierto es que el artículo 2º del Decreto 2741 de 2001, que modificó
parcialmente el artículo 30 del Decreto 101 de 2000, arrogó esa capacidad a una
de sus dependencias, la Comisión de Regulación del Transporte; debido a ello debe
entenderse que el Ministerio era competente para fijar la tarifa que por concepto de
tasa de vigilancia debían pagar a la Superintendencia los sujetos sometidos a
inspección, vigilancia y control, durante la vigencia fiscal del año 2014.
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Aunque el demandante sugiere, como prueba de la falta de competencia de la
entidad demandada, que con la emisión de la Resolución núm. 22543 de 2015 la
Superintendencia se ocupó de fijar el tributo en cuestión, pasó por alto que el marco
normativo cambió en razón de la expedición de la Ley 1753 de 2015 (junio 9),
comoquiera que el artículo 36 sustituyó la tasa de vigilancia prevista por el numeral
2 del artículo 27 de la Ley 1ª de 1991, y ampliada por el artículo 89 de la Ley 1450
de 2011, por una contribución especial de vigilancia a favor de la Superintendencia
que sería fijada por esa entidad; y, además, le dotó de personería en pro de darle
la facultad para expedir el acto administrativo que fijara la tarifa que por concepto
de tasa de vigilancia debían pagar los sujetos sobre los cuales recaía la inspección,
vigilancia y control.
También se descarta el argumento que en su concepto trae el agente del Ministerio
Público, pues la norma que expone para sustentar la falta de competencia del ente
accionado, la Ley 105 de 1993, “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre
el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las
Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se
dictan otras disposiciones”, que contiene los diferentes principios que regulan el
transporte en Colombia, establece el Sistema Nacional de Transporte y define las
responsabilidades de diferentes entidades, no trata sobre las funciones y/o
estructura orgánica de la cartera ministerial o de la Superintendencia, y mucho
menos de la obligación tributaria objeto de reglamentación por parte de la
Resolución núm. 0004481 de 2014. Por consiguiente, no es dable inferir que las
potestades que no se encuentren allí enunciadas no formaron parte de las
competencias que le estaban dadas al Ministerio. En todo caso, como bien lo
expresó la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa, las tasas
mencionadas en esa norma estaban circunscritas a los recursos para la
construcción y conservación de la infraestructura de transporte.
Correlato de lo expuesto, el cargo no prospera.
7.5. Tercer cargo. De la falta de motivación
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En primer lugar, la Sala deberá establecer si es cierto que el acto cuestionado
estableció un trato diferenciado para los nuevos vigilados con respecto a la tasa de
vigilancia que se cobra a los antiguos obligados.
En segundo lugar, si la respuesta al anterior interrogante es afirmativa,
corresponderá precisarse si es cierto que el tratamiento es inequitativo e
injustificado.
En tercer y último lugar, si la solución a lo planteado anteriormente es positiva,
entonces convendrá definir si el acto demandado incurrió en falta de motivación y,
como consecuencia de ello, en causal de nulidad.
7.5.1. Para contestar el primer cuestionamiento es necesario traer a colación el
marco normativo de la tasa de vigilancia a cargo de los sujetos sometidos a
vigilancia, inspección y control de la Superintendencia. Veamos:
El artículo 27.2 de la Ley 1ª de 1991, “Por la cual se expide el Estatuto de Puertos
Marítimos y se dictan otras disposiciones”, otorgó a la Superintendencia la facultad
de cobrar a las sociedades portuarias y a los operadores portuarios una tasa, por
concepto de vigilancia, indicando para el efecto:
“Cobrar a las sociedades portuarias y a los operadores portuarios, por concepto
de vigilancia, una tasa por la parte proporcional que les corresponda según sus
ingresos brutos, en los costos de funcionamiento de la Superintendencia,
definidos por la Contraloría General de la República.”
Posteriormente, el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011 señaló: i) la ampliación de
los sujetos pasivos de la tasa de vigilancia establecida en el artículo 27 de la Ley
1° de 1991, por cuanto esta pasó de estar a cargo de las sociedades portuarias y
de los operadores portuarios, para incluir como sujetos pasivos a todos los sujetos
de vigilancia, inspección y control de la Superintendencia; ii) la inclusión dentro de
la tarifa para los nuevos sujetos pasivos de cubrir los gastos de inversión de la
entidad, y iii) limitó el monto de cobro de la tasa a máximo el 0.1% de los ingresos
brutos de los vigilados, así:
“Artículo 89. Amplíese el cobro de la tasa establecida en el artículo 27, numeral
2 de la Ley 1ª de 1991, a la totalidad de los sujetos de vigilancia, inspección y
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control de la Superintendencia de Puertos y Transporte, para cubrir los costos
y gastos que ocasionen su funcionamiento y/o inversión.
Aquellos sujetos de los cuales se le han ampliado el cobro de la tasa a la cual
hace referencia el presente artículo, pagarán por tal concepto una tasa por la
parte proporcional que les corresponda según sus ingresos brutos, en los
costos anuales de funcionamiento y la inversión de la Superintendencia de
Puertos y Transporte, la cual no podrá ser superior al 0,1% de los ingresos
brutos de los vigilados.
Parágrafo. Facúltese a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que
en un plazo de 15 meses expida la reglamentación de las características
técnicas de los sistemas de seguridad documental que deberán implementar
cada uno de los vigilados, para que se garantice la legitimidad de esos
certificados y se proteja al usuario de la falsificación.”
Estas dos disposiciones establecieron una metodología diferente para determinar
el monto de la tasa por vigilancia que cobra la Superintendencia, pues, mientras los
sujetos objeto de la obligación por disposición de la Ley 1ª de 1991 lo hacían por
concepto de gastos de funcionamiento, aquellos a quienes se les hizo extensivo el
pago del tributo en virtud de la Ley 1450 de 2011 debían concurrir, además, con los
gastos de inversión.
Con lo anterior queda claro que el acto cuestionado sí determinó un trato diferente
para los nuevos vigilados con respecto a la tasa de vigilancia que se cobraba a los
antiguos obligados.
7.5.2. En ese orden, en aras de despachar el segundo punto del cargo, la Sala
considera imperativo referirse al contenido de la sentencia C-218 de 2015, por
medio de la cual la Corte Constitucional efectuó el examen de constitucionalidad
del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, estudiando si dicha norma era o no violatoria
de los principios de equidad e igualdad tributarias establecidos en el artículo 363
de la Constitución Política.
Para efectuar el análisis de constitucionalidad de la norma, la Corte empleó el test
de razonabilidad, con el objetivo de determinar si la norma incorporó un tratamiento
injustificado a la luz de los principios constitucionales de equidad e igualdad. Para
ello, la Corte examinó: i) el propósito de la medida; ii) el medio utilizado para
alcanzarlo, y iii) la relación entre el medio y el fin.
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La Corte Constitucional distinguió dos etapas en la evolución normativa de la tasa
en cuestión. La primera etapa surgió con la expedición de la Ley 1ª de 1991, cuyo
artículo 2 establecía que la Superintendencia General de Puertos cobraría a las
sociedades portuarias y a los operadores portuarios, por concepto de vigilancia,
“una tasa proporcional a sus ingresos brutos, en los costos de funcionamiento de
la Superintendencia, definidos por la Contraloría General de la República”.
La segunda etapa normativa ocurrió con la expedición del Plan Nacional de
Desarrollo. En esta fase, el legislador, en ejercicio de su amplio poder de
configuración normativa, amplió el cobro de la tasa a la “totalidad de los sujetos de
vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Puertos y Transporte,
para cubrir los gastos de su funcionamiento y/o inversión”.
La Corte Constitucional consideró que, con la modificación introducida por el Plan
Nacional de Desarrollo, se realizaron dos reformas: la primera consistió en ampliar
los sujetos vigilados que deben financiar los servicios prestados por la
Superintendencia; y la segunda se dirigió a adoptar una nueva metodología para el
cobro y tope de la tasa, dado que los nuevos vigilados tenían la obligación de
financiar tanto los gastos de funcionamiento como los de inversión de la
Superintendencia.
Con base en lo anterior, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del
artículo 89 de la Ley 1450 de 2011 en cuanto a la inclusión, dentro de la tarifa, de
la obligación de los nuevos sujetos pasivos de cubrir los gastos de inversión de la
entidad y la limitación del monto del cobro de la tasa a un máximo del 0.1% de los
ingresos brutos de los vigilados. Sin embargo, la Corte consideró ajustada a la
Constitución la ampliación del cobro de la tasa de vigilancia a todos los sujetos
vigilados por la Superintendencia, ya que resultaba inequitativo que solo algunas
entidades vigiladas cubrieran los gastos necesarios para su funcionamiento,
mientras otras, que reciben los mismos servicios, no tuvieran tal obligación. Dicha
Corporación sostuvo lo siguiente en ese sentido:
“A partir de ello, la justificación para ampliar el cobro de la tasa de vigilancia,
corresponde a la necesidad de fortalecer técnica, institucional y
financieramente a esa entidad. Desde ese punto de vista y con el propósito de
brindar un mejor servicio, la Corte encuentra que hay una justificación válida
para ampliar el cobro de la tasa a aquellos sujetos que no fueron obligados a
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ello en virtud del artículo 27 de la Ley 1ª de 1991, pues resultaría inequitativo
que algunos de los vigilados por la Superintendencia de Puertos y Transporte
concurrieran con los gastos que requiere su funcionamiento y otros, a pesar de
recibir sus servicios, no lo hicieren.
En ese sentido, la ampliación del cobro de la referida tasa es una manifestación
de la potestad que tiene el legislador para establecer tributos, cuando ello tiene
una razón lógica y un fin plausible, en este caso el mejoramiento del servicio,
bajo un criterio de equidad. Ciertamente, exigir que todos los vigilados
concurran al sostenimiento de la entidad, también es una manifestación del
principio de igualdad que no vulnera garantía ius fundamental alguna.
No obstante, la Sala advierte que ni la Ley 1450 de 2011 ni sus antecedentes,
permiten justificar de modo alguno, la necesidad de implementar dos
regímenes de liquidación de la tasa de vigilancia, esto es, (i) la de los antiguos
vigilados que se determina con base en los gastos de funcionamiento de la
entidad; y (ii) la de los nuevos vigilados que se establece teniendo en cuenta
los gastos de funcionamiento, pero también los de inversión de la entidad”
La inclusión en el artículo 89 de la Ley 1450 de los gastos de inversión de la
Superintendencia, como uno de los rubros a observar para efectos de la fijación y
liquidación de la tasa de vigilancia que se le cobra a las sociedades portuarias y a
los operadores portuarios por parte de dicha autoridad, fue estudiada en la
mencionada sentencia de constitucionalidad así:
“La Sala reitera que no puede entenderse que el legislador no pueda ampliar la
base de un tributo, sino que al hacerlo se debe ajustar a los principios de
igualdad y equidad. Así las cosas, y dada la diferencia entre los gastos de
funcionamiento y las de inversión, se concluye que la inclusión de los gastos
de inversión dentro de la base gravable de los nuevos vigilados genera una
sobrecarga adicional para estos frente a los antiguos, al asociar el tributo no
sólo a la recuperación de los gastos en los cuales incurre la Superintendencia
de Puertos y Transporte en la prestación del servicio, sino a la productividad y
desarrollo de la entidad (gastos de inversión). Este trato diferencial que no tiene
sustento alguno en la ley que consagra el tributo ni en los antecedentes de la
misma, vulnera el principio de igualdad. Si bien las tasas pueden incluir
aspectos diferenciadores en razón a la capacidad contributiva de los
destinatarios del servicio, o la frecuencia de uso del mismo, no es el caso del
asunto objeto de estudio, pues el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011 no
establece una diferencia fundada en el principio de equidad, pues las
diferencias entre los sujetos gravables no se abordan ni se mencionan en la
ley. Ahora bien, respecto a la eficacia de la medida la Sala considera que la
justificación expuesta en la Ley 1450 de 2011 según la cual la ampliación de la
tasas se hace con el fin de “fortalecer técnica, institucional y financieramente a
la Superintendencia de Puertos y Transporte… a través del cobro de una tasa
de vigilancia a los agentes vigilados” resulta contraria a la fórmula establecida
para el cobro de la tasa, puesto que para lograr un verdadero fortalecimiento
de la Superintendencia bastaba, como se expuso con la extensión de la
exigencia del gravamen a todos los vigilados y no sólo a un grupo de ellos,
razón por la cual el propósito de la norma no guarda una relación de coherencia
con el fin utilizado.
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En ese sentido, la Sala reitera que el legislador no desbordó sus competencias
al ampliar el universo de vigilados que deben concurrir con el funcionamiento
de la Superintendencia de Puertos y Transporte, pues tal medida obedece a un
fin legítimo. Así las cosas, la vulneración del principio de igualdad radica en la
inclusión de los gastos de inversión, sólo para un grupo de vigilados al momento
de establecer el monto de la obligación tributaria. Por ello, es necesario que el
legislador en ejercicio de la potestad que le otorga la Constitución Política,
determine una nueva metodología para calcular el valor en que deben incurrir
los sujetos objeto de vigilancia por parte de la Superintendencia de Puertos y
Transporte, para la financiación de los servicios que presta esa entidad. Sobre
la base de lo expuesto, las expresiones “y/o inversión”, así como la totalidad
del inciso segundo de la disposición acusada, vulneran el principio de igualdad
en materia tributaria, razón por la cual desconoce la Constitución Política y
como consecuencia deberá ser sustraída del ordenamiento jurídico”
De tal forma, la Corte consideró que la norma acusada estableció un trato
diferenciado contrario a la Constitución Política en materia de tasas de vigilancia,
señalando al respecto:
“A partir de ello, se concluye que, aunque el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011,
señale que amplía la tasa de vigilancia a la totalidad de sujetos, en la realidad
establece un nuevo tributo diferente al establecido en el artículo 27 de la Ley
1ª de 1991, pues los nuevos vigilados, deben concurrir a financiar los gastos
de inversión y funcionamiento, mientras que los antiguos solamente lo están
realizando sobre estos últimos. De esta manera, si la intención del legislador
hubiese sido la de gravar a todos los vigilados con mismo tributo, tenía a su
disposición dos mecanismos para ello, como bien lo exponen los demandantes:
“(i) ampliar el cobro de la tasa de vigilancia exigiendo a todos los contribuyentes
liquidar su tributo tomando como referente únicamente los gastos de
funcionamiento de la entidad, tal como se estructuró originalmente en la Ley 1ª
de 1991, o
(ii) ampliar el cobro del tributo y actualizar el mismo, incluyendo además de los
gastos de funcionamiento, los gastos de inversión, en la base gravable tanto
de los nuevos como de los antiguos vigilados, sin generar diferencias entre
unos y otros.
[…]
En ese sentido, la Sala reitera que no puede entenderse que el legislador no
pueda ampliar la base de un tributo, sino que al hacerlo se debe ajustar a los
principios de igualdad y equidad. Así las cosas, y dada la diferencia entre los
gastos de funcionamiento y las de inversión, se concluye que la inclusión de
los gastos de inversión dentro de la base gravable de los nuevos vigilados
genera una sobrecarga adicional para estos frente a los antiguos, al asociar el
tributo no sólo a la recuperación de los gastos en los cuales incurre la
Superintendencia de Puertos y Transporte en la prestación del servicio, sino a
la productividad y desarrollo de la entidad (gastos de inversión). Este trato
diferencial que no tiene sustento alguno en la ley que consagra el tributo ni en
los antecedentes de la misma, vulnera el principio de igualdad.
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En ese sentido, la Sala reitera que el legislador no desbordó sus competencias
al ampliar el universo de vigilados que deben concurrir con el funcionamiento
de la Superintendencia de Puertos y Transporte, pues tal medida obedece a un
fin legítimo. Así las cosas, la vulneración del principio de igualdad radica en la
inclusión de los gastos de inversión, sólo para un grupo de vigilados al momento
de establecer el monto de la obligación tributaria.
[…]
Sobre la base de lo expuesto, las expresiones “y/o inversión”, así como la
totalidad del inciso segundo de la disposición acusada, vulneran el principio de
igualdad en materia tributaria, razón por la cual desconoce la Constitución
Política y como consecuencia deberá ser sustraída del ordenamiento jurídico”.
De acuerdo con las consideraciones que sustentaron la sentencia C-218 de 2015,
la Corte Constitucional determinó que el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011
vulneraba los principios fundamentales de equidad e igualdad tributarias al no
justificar la necesidad de implementar dos regímenes de liquidación de la tasa de
vigilancia: i) uno para los antiguos vigilados, basado en los gastos de
funcionamiento de la entidad precitada, y ii) otro para los nuevos vigilados, que
consideraba tanto los gastos de funcionamiento como los de inversión de la
Superintendencia.
En ese contexto, dado que la Resolución núm. 0004188 de 2014, al reglamentar el
artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, amplió el cobro de la tasa establecida en el
artículo 27, numeral 2º, de la Ley 1ª de 1991 a todos los sujetos de vigilancia,
inspección y control de la Superintendencia, para cubrir los costos y gastos de
funcionamiento "y/o inversión", basándose en la disposición declarada inexequible
por la Corte Constitucional en la sentencia C-218 de 2015, resulta evidente que el
acto ahora impugnado incurrió en los mismos defectos de trato inequitativo e
injustificado demostrados en dicha sentencia.
7.5.3. Finalmente, para resolver la última cuestión del cargo, la Sala debe
determinar si el acto demandado fundamentó las diferencias metodológicas que fijó
entre los nuevos y antiguos sujetos vigilados por la Superintendencia para la
liquidación de la tasa de vigilancia. Una respuesta negativa a esta pregunta
conducirá inevitablemente a concluir que la Resolución núm. 0004481 de 2014
incurrió en falta de motivación.
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Para tal efecto, es indispensable referirse nuevamente a la parte considerativa de
la resolución controvertida.
Pues bien, inmediatamente después de exponer el sustento normativo, al cual ya
se efectuó una extensa y detallada referencia, la Resolución núm. 0004481 aludió
al Decreto núm. 3036 de 27 de diciembre de 2013, “Por el cual se liquida el
Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2014, se detallan las
apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”.
Enseguida, mencionó el informe de gastos de funcionamiento e inversión de la
entidad para el año 2014 y el documento denominado “Guía técnica para fijar la
tarifa por concepto de tasa de vigilancia 2014”.
Más adelante, precisó las fórmulas que procedía aplicar para realizar los cálculos,
tanto a nuevos como antiguos vigilados. En este aspecto, explicó únicamente que
el tributo se delimitaría, para los nuevos sujetos de cobro, según el sistema y
método definido en la Ley 1450 de 2011; y, para los vigilados portuarios, teniendo
en cuenta el procedimiento de la Ley 1ª de 1991.
Al reemplazar los valores predefinidos con los datos recopilados regló para cada
uno de los nuevos vigilados una tarifa de vigilancia del 0,094% de los ingresos
brutos correspondientes al periodo comprendido entre el 1º de enero y 31 de
diciembre de 2013. Mientras que para los antiguos vigilados fijó la tarifa en el
0,345%.
Por último, dejó consignado el cumplimiento de las obligaciones legales
establecidas en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, desarrollado por el Decreto
2897 de 2010, relacionada con la abogacía de la competencia y el deber de las
autoridades de informar a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre los
proyectos de regulación que pudieren llegar a tener incidencia en la libre
competencia de los mercados, así como la observancia de lo previsto en el numeral
8 del artículo 8 del CPACA, sobre el deber de información al público los proyectos
específicos de regulación y la información que se fundamentan.
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Como resultado de lo antes expuesto, resulta indudable que el acto objeto de
discusión no motivó, más allá de la referencia a las normas que reglamentó, la
técnica que empleó para implementar el cobro de la tasa de vigilancia a los sujetos
de los dos regímenes.
En consecuencia, comoquiera que la Resolución núm. 0004481 del 16 de diciembre
de 2014, expedida por el Ministerio de Transporte, no justificó el trato diferente e
inequitativo que estableció para los nuevos sujetos sometidos al pago de la tasa de
vigilancia en favor de la Superintendencia, respecto del cobro realizado a los
antiguos obligados, debe declararse su nulidad, como se dispondrá en la parte
resolutiva de este fallo.
Corolario de lo dicho, el cargo de falta de motivación prospera.
7.6. Cuarto cargo. De la falsa motivación
Ahora le corresponde a la Sala estudiar si es nulo, por falsa motivación, el acto que
definió, para la vigencia del año 2014, la tasa de vigilancia que debían pagar a favor
de la Superintendencia, los sujetos sometidos a su inspección vigilancia y control,
si, como lo expone la parte actora, desconoció los parámetros legales y
constitucionales del tributo.
7.6.1. A fin de resolver el problema propuesto, la Sala considera relevante analizar
de forma breve las características que esta Sección ha identificado como elementos
de las tasas tras el estudio de las normas que desarrollan este tributo.
Las tasas se pueden definir como aquellos ingresos tributarios que se establecen
en la ley o con fundamento en ella, a través de los cuales el ciudadano contribuye
a la recuperación total o parcial de los costos en que incurre el Estado, para
asegurar la prestación de una actividad pública, la continuidad en un servicio de
interés general o la utilización de bienes de dominio público. Por su propia
naturaleza esta erogación económica se impone unilateralmente por el Estado a
manera de retribución equitativa de un gasto público, que, no obstante ser
indispensable para el contribuyente, tan sólo se origina a partir de su solicitud.
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En este orden, se consideran tasas aquellos gravámenes que tengan los siguientes
rasgos distintivos: (i) la prestación económica necesariamente tiene que originarse
en una imposición legal; (ii) la misma nace como recuperación total o parcial de los
costos que le representan al Estado prestar una actividad, un bien o servicio público;
(iii) la retribución pagada por el contribuyente guarda relación directa con los
beneficios derivados del bien o servicio ofrecido; así lo reconoce el artículo 338
Superior al disponer que “La ley [puede] permitir que las autoridades fijen las tarifas
de las [tasas] que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de
los servicios que les presten”; (iv) los valores que se establezcan como obligación
tributaria excluyen la utilidad que se deriva de la utilización de dicho bien o servicio;
(v) aun cuando su pago resulta indispensable para garantizar el acceso a
actividades de interés público o general, su reconocimiento tan sólo se torna
obligatorio a partir de la solicitud del contribuyente, por lo que las tasas
indefectiblemente se tornan forzosas a partir de una actuación directa y referida de
manera inmediata al obligado, y (vi) el pago, por regla general, es proporcional, pero
en ciertos casos admite criterios distributivos, como por ejemplo, con las tarifas
diferenciales11.
7.6.2. De igual manera, en orden a resolver el presente cargo, la Sala recordará el
concepto que ha desarrollado la jurisprudencia de esta Corporación frente a la falsa
motivación como causal de nulidad de los actos administrativos:
“El citado vicio de nulidad en cuestión debe ser entendido desde tres (3)
enfoques distintos, a saber: la falsa motivación de hecho, la falsa motivación en
derecho y la indebida motivación, aspectos estos que deben ser analizados
siempre desde el contenido mismo del acto censurado, es decir, atendiendo su
alcance interno, lo que impone que el análisis haga referencia a lo que expone
el acto administrativo en la parte motiva y en la resolutiva.
Pues bien, el primero supone un juicio de certeza, es decir, el cuestionamiento
acerca de si son ciertos los hechos que se esgrimen como fundamento para
expedir la decisión que se cuestiona. Así, de advertir que son falsos, el Juez no
tiene opción diferente que acoger la pretensión de nulidad que se funda en la
mencionada argumentación, si ellos son determinantes para la decisión que el
acto toma.
11
Sentencia del 25 de julio de 2019 de la Sección Primera del Consejo de Estado. Radicación
número: 11001-03-24-000-2012-00062-00. Actor: Jorge Enrique Ibáñez Najar. Demandado: SIC.
Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López.
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Por su parte, un cargo de falsa de motivación en derecho está orientado a
atacar los supuestos jurídicos esgrimidos en la parte motiva y que
sustentan la expedición del acto, de modo que, si llega a acreditarse que
la normativa que invoca la Administración no tiene el alcance para definir
la situación jurídica en el acto, la suerte que corre en un juicio de nulidad
será la de desaparecer del orden jurídico por ilegal.
Finalmente, la indebida motivación emerge del análisis del acto a partir de cinco
(5) tipos de inferencias lógicas que se excluyen entre sí, pues cada una de ellas
depende de la tesis y sus fundamentos (...).”12 (Énfasis de la Sala).
7.6.3. Desde esta perspectiva, es pertinente concluir que el tributo reglamentado
en la Resolución núm. 0004481 de 2014, en favor de la Superintendencia, no
inadvirtió los elementos constitucionales y legales de las tasas y, por ende, que no
incurrió en falsa motivación, en la medida en que atendió todas las características
que por regla general se encuentran previstas para esta tipología de obligaciones
tributarias: (i) el hecho generador se concreta en la prestación de un servicio, el de
vigilancia; (ii) lleva implícito un beneficio en favor del sujeto obligado que se genera
de manera directa con la prestación misma del servicio; (iii) tiene naturaleza
retributiva, en la medida en que los recursos recaudados se destinan a recuperar
los costos de prestación del servicio, en términos del acto demandado los gastos
de funcionamiento de la entidad, y (iv) es exigible, por ende, obligatorio, en la
medida en que el sujeto pasivo decida ejecutar la actividad regulada. Además, los
supuestos jurídicos que sustentaron la resolución controvertida, consignados en la
parte motiva de la determinación, a los cuales ya se efectuó completa y detallada
referencia, no tienen un alcance diferente al dado por la administración.
En ese orden, como se expuso en precedencia, la Resolución núm. 0004481 de
2014 desarrolló el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011 siguiendo fielmente el tenor
literal de su contenido, sin distorsionar la intención original del legislador. Dicho de
otra forma, la motivación expuesta en el acto impugnado coincide con lo dispuesto
en la normativa legal, sin contradecirla ni exceder su significado. En este aspecto
pierde importancia el tipo de vigilancia impartida por la Superintendencia, si para
algunos sujetos obligados al pago de la tasa es integral y para otros subjetiva, toda
vez que ese evento no fue previsto en la ley varias veces mencionada a efectos de
definir la fórmula para determinar el cobro de la tarifa.
12
Sentencia de 28 de abril de 2022. C.P. Oswaldo Giraldo López. Actor: Nicolás Arango Vélez.
Demandado: Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. Radicado núm. 47001 23 31 000
2012 00414 01.
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Por las razones esgrimidas el cargo no prospera.
Costas
Visto el artículo 188 del CPACA13, la Sala considera que no hay lugar a imponer
condena en costas teniendo en cuenta que el presente asunto fue promovido en
ejercicio del medio de control de nulidad, el cual tiene por objeto la protección del
ordenamiento jurídico en abstracto, donde el interés que mueve al actor es público
y no es otro distinto al de defender la prevalencia del principio de legalidad.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA
PRIMERO. DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución núm. 0004481 del 16 de
diciembre de 2014, expedida por el Ministerio de Transporte, de acuerdo con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Sin condena en costas, en atención a lo señalado en precedencia.
TERCERO. Una vez en firme esta decisión, procédase por Secretaría al archivo del
expediente, dejando las constancias a que hubiere lugar.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del
12 de septiembre de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
13
“Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.”
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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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