Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2016-00296-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2016-00296-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2016-00296-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López
28 de agosto de 2025
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Radicado: 11001 03 24 000 2016 00296 00
Demandante: Sergio Fernando Jaramillo Pinzón y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C, veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Radicación núm.: 11001 03 24 000 2016 00296 00
Actor: Sergio Fernando Jaramillo Pinzón y David Ricardo Camacho Fernández
Demandado: Presidente de la República y Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Tesis: No son nulos por falta de competencia, los actos administrativos en los que
el MADS reglamentó las tasas por utilización de aguas.
No son nulos por vulneración por normas superiores los actos administrativos en los
que se determinó que los sujetos activos de la tasa de utilización de aguas serían
las Corporaciones Autónomas Regionales, las autoridades ambientales de los
grandes centros urbanos y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parque
Nacionales Naturales, si el ordenamiento jurídico habilita que esas entidades
recauden el aludido tributo.
No es cierto que en las disposiciones demandadas se restringió el sujeto pasivo la
tasa de utilización de aguas únicamente a aquellas personas que cuenten con un
permiso.
No son nulos por desconocimiento de normas superiores, los actos administrativos
por los cuales se reglamentó la tasa por utilización de aguas, si no modificaron la
Ley al determinar que la base gravable estaría constituida por el volumen de agua
captada en lugar de los costos en que se incurre para la prestación del servicio.
No son nulos por desconocimiento de normas superiores, los actos administrativos
por los cuales se reglamentó la tasa por utilización de aguas, si no se modificaron
el sistema y método legal al determinar que el cálculo de ese tributo sería a partir
de una tarifa mínima y un factor regional
NULIDAD – ÚNICA INSTANCIA
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Radicado: 11001 03 24 000 2016 00296 00
Demandante: Sergio Fernando Jaramillo Pinzón y otro
La Sala procede a decidir la demanda instaurada en ejercicio del medio de control
de nulidad promovido por los señores Sergio Fernando Jaramillo Pinzón y David
Ricardo Camacho Fernández en contra de los Decretos 155 de 22 de enero de 2004
y 4742 de 30 de diciembre de 2005, expedidos por el entonces Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Territorio y compilados en los artículos 2.2.9.6.1.1. a
2.2.9.6.22 del Decreto nro. 1076 de 26 de mayo de 2015.
I. LA DEMANDA
1.1. Pretensiones
«1. La nulidad por Inconstitucionalidad del decreto 155 del 22 enero de 2004,
compilado a su vez entre los artículos 2.2.9.6.1.1 y 2.2.9.6.22 del decreto 1076
de 2015, por cuanto fue expedido con violación de los artículos 4 y en especial
el 338 de la Constitución Política de Colombia.
2. La nulidad por Inconstitucionalidad del decreto 4742 del 30 de Diciembre de
2005 por el cual se modifica el artículo 12 del decreto 155 de 2004, compilado
a su vez en el artículo 2.2.9.6.1.12 del decreto 1076 de 2015, por cuanto fue
expedido con violación de los artículos 4 y en especial el 338 de la Constitución
Política de Colombia.
3. Los anteriores decretos se encuentran compilados entre los artículos
2.2.9.6.1.1 y 2.2.9.6.22 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, razón por la
cual solicitamos también la nulidad por inconstitucionalidad para que sean
eliminados del ordenamiento jurídico»1.
1.2. Las disposiciones acusadas
1.2.1. Decreto nro. 1076 de 2015, artículos del 2.2.9.6.1.1. a 2.2.9.6.22.
«Artículo 2.2.9.6.1.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto reglamentar
el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 en lo relativo a las tasas por utilización de
aguas superficiales, las cuales incluyen las aguas estuarinas, y las aguas
subterráneas, incluyendo dentro de estas los acuíferos litorales. No son objeto
de cobro del presente capítulo las aguas marítimas.
(Decreto 155 de 2004, art. 1)
Artículo 2.2.9.6.1.2. Definiciones. Para los efectos del presente capítulo se
adoptan las siguientes definiciones:
Cuenca hidrográfica: Área de aguas superficiales o subterráneas, que vierten
a una red hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de caudal
1 Visible a índice 59 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
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Radicado: 11001 03 24 000 2016 00296 00
Demandante: Sergio Fernando Jaramillo Pinzón y otro
continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede
desembocar en un río principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano
o directamente en el mar.
Unidad hidrológica de análisis: Área natural de concentración y recolección
de aguas superficiales y/o subterráneas que tiene connotación principalmente
hidrológica en la cuantificación, distribución y utilización de los recursos hídricos
disponibles. Para aguas superficiales su delimitación se realiza siguiendo la
divisoria topográfica de aguas, y para aguas subterráneas siguiendo criterios
hidrogeológicos.
Índice de escasez para aguas superficiales: Relación entre la demanda de
agua del conjunto de actividades sociales y económicas con la oferta hídrica
disponible.
Aguas estuarinas: Son cuerpos de agua, donde la desembocadura de un río
se abre al mar. Se caracterizan por la dilución de agua marina con los aportes
de agua dulce provenientes del continente.
Acuífero: Unidad de roca o sedimento, capaz de almacenar y transmitir agua
en cantidades significativas.
Reserva de un acuífero: Es la cantidad de agua subterránea almacenada en
el acuífero.
Caudal disponible de un acuífero: Corresponden al caudal que se podría
extraer continuamente de un acuífero, sin que se reduzcan sus reservas.
Caudal explotable de un acuífero: Corresponden al caudal que se puede
extraer de los recursos disponibles de un acuífero, sin alterar el régimen de
explotación establecido por la autoridad ambiental competente.
Índice de escasez para aguas subterráneas. Es la relación entre la sumatoria
de los caudales captados en el acuífero y los caudales explotables del mismo,
de conformidad con la siguiente expresión:
Acuíferos litorales: Son acuíferos que por su ubicación están expuestos a la
intrusión marina.
(Decreto 155 de 2004, art.2)
Artículo 2.2.9.6.1.3. Sujeto activo. Las Corporaciones Autónomas
Regionales, las Corporaciones para el Desarrollo Sostenible, las Autoridades
Ambientales de los Grandes Centros Urbanos, las que se refiere el artículo 13
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Radicado: 11001 03 24 000 2016 00296 00
Demandante: Sergio Fernando Jaramillo Pinzón y otro
de la Ley 768 del 2002 y el artículo 124 de la ley 1617 de 2013 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, son competentes para recaudar
la tasa por utilización de agua reglamentada en este capítulo.
(Decreto 155 de 2004, art.3)
Artículo 2.2.9.6.1.4. Sujeto pasivo. Están obligadas al pago de la tasa por
utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud de una concesión de aguas.
Parágrafo. La tasa por utilización de aguas se cobrará a todos los usuarios del
recurso hídrico, excluyendo a los que utilizan el agua por ministerio de ley, pero
incluyendo aquellos que no cuentan con la concesión de aguas, sin perjuicio de
la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar y
sin que implique bajo ninguna circunstancia su legalización.
(Decreto 155 de 2004, art. 4 modificado por la Ley 1450 de 2011, art. 216)
Artículo 2.2.9.6.1.5. Hecho Generador. Dará lugar al cobro de esta tasa, la
utilización del agua por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas.
(Decreto 155 de 2004, art.5)
Artículo 2.2.9.6.1.6. Base Gravable. La tasa por utilización del agua se
cobrará por el volumen de agua efectivamente captada, dentro de los límites y
condiciones establecidos en la concesión de aguas.
Parágrafo. El sujeto pasivo de la tasa por utilización de aguas que tenga
implementado un sistema de medición podrá presentar a la autoridad ambiental
competente, en los términos y periodicidad que esta determine conveniente,
reportes sobre los volúmenes de agua captada. En caso de que el sujeto pasivo
no cuente con un sistema de medición de agua captada, la autoridad ambiental
competente procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa con base en
lo establecido en la concesión de aguas.
Para el caso de los usuarios que no cuenten con concesión de uso de las aguas,
se cobrará la tasa por el volumen de agua presumiblemente captado a partir de
la mejor información disponible por parte de la autoridad ambiental competente,
como la contenida en los instrumentos de planificación y administración del
recurso hídrico correspondiente, en el censo de usuarios del recurso hídrico, o
a partir de módulos de consumo adoptados o utilizados por la autoridad
ambiental competente para los diferentes tipos de usos.
(Decreto 155 de 2004, art.6 modificado por/a Ley 1450 de 2011, art.216)
Artículo 2.2.9.6.1.7. Fijación de la tarifa. La tarifa de la tasa por utilización de
agua (TUA) expresada en pesos/m3, será establecida por cada autoridad
ambiental competente para cada cuenca hidrográfica, acuífero o unidad
hidrológica de análisis y está compuesta por el producto de dos componentes:
la tarifa mínima (TM) y el factor regional (FR):
TUA = TM * FR
TUA: Es la tarifa de la tasa por utilización del agua, expresada en pesos por
metro cúbico ($/m3).
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Demandante: Sergio Fernando Jaramillo Pinzón y otro
TM: Es la tarifa mínima nacional, expresada en pesos por metro cúbico ($/m3).
FR: Corresponde al factor regional, adimensional.
(Decreto 155 de 2004, art. 7)
Artículo 2.2.9.6.1.8. Tarifa mínima (TM). El Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, mediante resolución, fijará anualmente el monto tarifario
mínimo de las tasas por utilización de aguas.
(Decreto 155 de 2004, art. 8)
Artículo 2.2.9.6.1.9. Factor regional. El Factor Regional integrará los factores
de disponibilidad, necesidades de inversión en recuperación de la cuenca
hidrográfica y condiciones socioeconómicas de la población; mediante las
variables cuantitativas de índice de Escasez, costos de inversión y el índice de
Necesidades Básicas Insatisfechas, respectivamente. Cada uno de estos
factores tendrá asociado un coeficiente.
(Decreto 155 de 2004, art 9)
Artículo 2.2.9.6.1.10. Cálculo del Factor Regional (FR). El Factor Regional
será calculado anualmente por la autoridad ambiental competente para cada
cuenca hidrográfica, acuífero o unidad hidrológica de análisis, y corresponderá
a un factor adimensional de acuerdo con la siguiente expresión:
FR= 1+(CK+CE) * CS
El factor regional tendrá un rango de variación así:
1 ≤ FR ≤ 7 Para agua superficial.
1 ≤ FR ≤ 12 Para agua subterránea.
Los componentes del factor regional son:
Cs: Coeficiente de condiciones socioeconómicas que tomará los siguientes
valores de acuerdo con el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
determinado por el Departamento Nacional de Planeación del municipio en
donde se ubique el usuario que utiliza el agua para abastecimiento doméstico,
de acuerdo con la siguiente fórmula:
CS= 100-NBI Para consumos de agua asociados con el abastecimiento
100 domestico.
CS: 1 Para los demás casos
Este coeficiente tendrá un rango de variación entre 0 y 1: 0 ˂ CS ≤ Ck
Coeficiente de inversión: Fracción de los costos totales del plan de ordenación
y manejo de la cuenca no cubiertos por la tarifa mínima, de acuerdo con la
siguiente fórmula.
Donde:
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Demandante: Sergio Fernando Jaramillo Pinzón y otro
Ck: Coeficiente de inversión de la cuenca hidrográfica.
CPMC: Costos totales anuales del plan de ordenación y manejo de la cuenca del
año inmediatamente anterior.
CTM: Facturación anual estimada de la tasa por utilización de aguas, aplicando
la Tarifa Mínima a los usuarios de la cuenca.
En ausencia del plan de ordenación y manejo de la cuenca, el valor del
coeficiente de inversión será igual a 0.
CE: Coeficiente de escasez. Este coeficiente varía de acuerdo con la escasez
del recurso hídrico considerando si la captación se realiza sobre agua superficial
o subterránea según las siguientes fórmulas:
Coeficiente de escasez para aguas superficiales.
Dónde:
CE: Coeficiente de escasez para aguas superficiales.
IES: Corresponde al índice de escasez para aguas superficiales estimado para
la cuenca, tramo o unidad hidrológica de análisis.
CE: Coeficiente de escasez para aguas subterráneas.
Dónde:
CE: Coeficiente de escasez para aguas subterráneas.
IES: Corresponde al índice de escasez para aguas subterráneas estimado para
el acuífero o unidad hidrológica de análisis.
(Decreto 155 de 2004, art.10)
Artículo 2.2.9.6.1.11. Factor de Costo de Oportunidad. (FOP). El factor de
costo de oportunidad toma en cuenta si el usuario del agua se encuentra
haciendo un uso consuntivo o no consuntivo, generando costos de oportunidad
para los demás usuarios aguas abajo. El valor del factor de costo de oportunidad
se calculará de conformidad con la siguiente fórmula:
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Parágrafo 1. El factor de costo de oportunidad no podrá tomar un valor inferior
a 0.1 ni mayor a 1.
0.1 ≤ FOP ≤ 1
Parágrafo 2. En el caso que el sujeto pasivo no presente el reporte con
información sobre el volumen de agua captada y vertida, el factor de costo de
oportunidad tomará el valor de 1.
(Decreto 155 de 2004, art. 11)
Artículo 2.2.9.6.1.12. Cálculo del monto a pagar. El valor a pagar por cada
usuario estará compuesto por el producto de la tarifa unitaria anual de la tasa
por utilización de agua (TU), expresada en pesos/m3, y el volumen captado (V),
expresado en metros cúbicos (m³), corregido por el factor de costo de
oportunidad de acuerdo con la siguiente fórmula:
VP=TU*[V*FOP]
Dónde:
VP: Es el valor a pagar por el usuario sujeto pasivo de la tasa, en el período de
cobro que determine la autoridad ambiental, expresado en pesos.
TU: Es la tarifa unitaria anual de la tasa por utilización de agua, expresada en
pesos por metro cúbico ($/m³).
V: Es el volumen de agua base para el cobro. Corresponde al volumen de agua
captada por el usuario sujeto pasivo de la tasa que presenta reporte de
mediciones para el período de cobro determinado por la autoridad ambiental,
expresado en metros cúbicos (m³).
FOP: Factor de costo de oportunidad, adimensional.
Parágrafo 1. La tarifa unitaria anual de la tasa por utilización de agua (TU) se
determinará de la siguiente manera:
a. Para el año 2006 corresponderá al valor de la tarifa mínima (TM) estimada
para dicho año, conforme a lo establecido en la Resolución 240 de 2004
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la norma que
la sustituya o modifique;
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b. Para el período comprendido entre los años 2007 y 2016 corresponderá a la
resultante de aplicar la siguiente fórmula:
Dónde:
TUt = Tarifa Unitaria anual de la tasa por utilización de agua para el año t,
expresada en pesos por metro cúbico ($/m³).
t = Año en el que se realiza el cálculo de la tarifa unitaria por utilización del agua.
Tut-1 = Tarifa unitaria anual de la tasa por utilización de agua para el año
inmediatamente anterior a aquel en que se aplica el factor de incremento real
anual, expresada en pesos por metro cúbico ($/m³).
Xt = Factor de incremento real anual de la tarifa unitaria anual de la tasa por
utilización de agua (TUt) para el año t, que viene dado por la expresión:
Dónde:
n = 2017 - t, siendo t el año en el que se realiza el cálculo del factor de
incremento real anual.
TUAt-1= Tarifa de la tasa por utilización de agua para el año inmediatamente
anterior a aquel en que se realiza el cálculo del factor de incremento real anual,
expresada en pesos por metro cúbico ($/m³).
Tut-1 = Tarifa unitaria anual para el año inmediatamente anterior a aquel en que
se realiza el cálculo del factor de incremento real anual, expresada en pesos
por metro cúbico ($/m³).
IPCt-1 = Equivale a la variación en el índice de precios al consumidor para el año
correspondiente;
c) A partir del año 2017, la Tarifa Unitaria anual de la tasa por utilización de
agua (TU) corresponderá al valor de la Tarifa de la tasa por utilización de agua
(TUA).
Parágrafo 2. En los casos que el sujeto pasivo no presente los reportes sobre
los volúmenes de agua captada, el cobro se realizará por el caudal
concesionado y la autoridad ambiental para efectos de aplicar la fórmula
contenida en el presente artículo en lo referente al volumen de agua, deberá
aplicar la siguiente expresión:
Dónde:
V: Volumen de agua base para el cobro. Corresponde al volumen concesionado
en el periodo de cobro y expresado en metros cúbicos.
T: Número de días del periodo de cobro.
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Q: Caudal concesionado expresado en litros por segundo (lts/sg).
86.4: Factor de conversión de litros/seg a m³/día.
(Decreto 155 de 2004, art. 12 modificado por el Decreto 4742 de 2005, art.1)
Artículo 2.2.9.6.1.13. Cuencas Compartidas. Cuando dos o más autoridades
ambientales competentes tengan jurisdicción sobre una misma cuenca
hidrográfica, las Comisiones Conjuntas de que trata la sección 8, capítulo 1 del
título 3, parte 2, libro 2 del presente Decreto o la norma que lo sustituya o
modifique, coordinarán la implementación de la tasa por utilización de aguas en
la cuenca compartida, sin perjuicio de las competencias da cada autoridad
ambiental competente.
(Decreto 155 de 2004, art. 13)
Artículo 2.2.9.6.1.14. Forma de Cobro. Las Autoridades Ambientales
Competentes cobrarán las tasas por utilización de agua mensualmente
mediante factura expedida con la periodicidad que estas determinen, la cual no
podrá ser mayor a un (1) año.
Parágrafo. Las facturas se expedirán en un plazo no mayor a 4 meses después
de finalizar el período objeto de cobro. La autoridad ambiental competente no
podrá cobrar períodos no facturados.
(Decreto 155 de 2004, art. 14)
Artículo 2.2.9.6.1.15. Período de cancelación. Las facturas de cobro de las
tasas por utilización de agua deberán incluir un periodo de cancelación mínimo
de 30 días contados a partir de la fecha de expedición de la misma, momento a
partir del cual las Autoridades Ambientales Competentes podrán cobrar los
créditos exigibles a su favor a través de la jurisdicción coactiva.
(Decreto 155 de 2004, art. 15)
Artículo 2.2.9.6.1.16. Presentación de reclamos y aclaraciones. Los
usuarios sujetos al pago de la tasa por utilización de agua tendrán derecho a
presentar reclamos y aclaraciones escritos con relación al cobro de la tasa por
utilización de agua ante la Autoridad Ambiental Competente. La presentación
de cualquier reclamo o aclaración deberá hacerse dentro de los seis (6) meses
siguientes a la fecha de pago establecida en la factura de cobro.
La autoridad ambiental competente deberá llevar cuenta detallada de las
solicitudes presentadas, del trámite y la respuesta dada. Los reclamos y
aclaraciones serán tramitados de conformidad con el derecho de petición
previsto en el Código Contencioso Administrativo.
(Decreto 155 de 2004, art. 16)
Artículo 2.2.9.6.1.17. Recursos. Contra el acto administrativo que resuelva el
reclamo o aclaración procede el recurso de reposición.
(Decreto 155 de 2004, art. 17)
Artículo 2.2.9.6.1.18. Destinación del recaudo de la tasa. De conformidad
con el parágrafo 2 del artículo 216 de la ley 1450 de 2011, los recursos
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provenientes de la aplicación del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, se destinarán
de la siguiente manera:
a) En las cuencas con Plan de Ordenamiento y Manejo Adoptado, se destinarán
exclusivamente a las actividades de protección, recuperación y monitoreo del
recurso hídrico definidas en el mismo;
b) En las cuencas declaradas en ordenación, se destinarán a la elaboración del
Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca;
c) En ausencia de las condiciones establecidas en los literales a) y b), se
destinarán a actividades de protección y recuperación del recurso hídrico
definidos en los instrumentos de planificación de la autoridad ambiental
competente y teniendo en cuenta las directrices del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, o quien haga sus veces.
Para cubrir gastos de implementación, monitoreo y seguimiento; la autoridad
ambiental podrá utilizar hasta el diez por ciento (10%) de los recaudos.
(Decreto 155 de 2004, art. 18 modificado por Ley 1450 de 2011, art.216)
Artículo 2.2.9.6.1.19. Tasa por utilización de agua en el sector hidro
energético. De conformidad con lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 45
de la Ley 99 de 1993, dentro del porcentaje de transferencias al sector ambiental
que hace el sector hidro energético, compuesto por centrales hidráulicas y
térmicas, está comprendido el pago de la tasa por utilización de aguas.
(Decreto 155 de 2004, art. 19)
Artículo 2.2.9.6.1.20. Reporte de actividades. Las autoridades ambientales
competentes reportarán anualmente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible la información relacionada con el cobro de las tasas por utilización
de aguas y el estado de los recursos hídricos, con la finalidad de hacer una
evaluación y seguimiento de la tasa, antes del 30 de junio de cada año conforme
a la Resolución 0866 de 2004 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, o de la norma que la modifique o sustituya.
La información a reportar corresponderá al período comprendido entre el 01 de
enero al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
Parágrafo. La autoridad ambiental competente deberá hacer público las
estimaciones de la oferta hídrica disponible, el coeficiente de escasez y la
demanda de agua para las cuencas o unidades hidrológicas de análisis donde
se cobre la tasa por utilización de agua, incluyendo los avances en los
programas de legalización de los usuarios que no cuenten con la respectiva
concesión de aguas. Con base en los reportes de las Autoridades Ambientales
Competentes, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, publicará
anualmente la evaluación nacional sobre la implementación de la tasa por
utilización de agua.
(Decreto 155 de 2004, art.20)
Artículo 2.2.9.6.1.21. Metodologías para el cálculo del índice de escasez.
Los índices de escasez para agua superficial y subterránea se calcularán con
base en las metodologías establecidas por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible mediante las Resoluciones 865 de 2004 y 872 de 2006,
respectivamente, o de la norma que las modifique o sustituya.
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(Decreto 155 de 2004, art. 21)
Artículo 2.2.9.6.1.22. Divulgación. Las Autoridades Ambientales competentes,
a partir de la publicación del presente capítulo, adelantarán actividades de
divulgación sobre el cobro de la tasa por utilización de aguas.
(Decreto 155 de 2004, art.22)»
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
Identificaron como normas vulneradas los artículos 4 y 338 de la Constitución
Política.
1.3.1. En el acápite de fundamentos de derecho, indicaron que las disposiciones
acusadas infringían el principio de supremacía de la Constitución Política
consagrado en el artículo 4 Superior, el cual establece que las normas que
contraríen esa codificación no serán aplicadas.
Sostuvieron que se vulneró el artículo 338 de la Constitución Política, dado que,
conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, el
Gobierno Nacional no tiene competencia para modificar los elementos esenciales
de un tributo. En ese sentido, recordaron que el Ejecutivo no puede, mediante
decreto, establecer el sistema o método de determinación, definir los sujetos activos
o pasivos, ni configurar el hecho generador del tributo, ni mucho menos suplir vacíos
normativos en esta materia. Tales aspectos, conforme al principio de legalidad
tributaria, deben ser definidos directamente por el Legislador, las Asambleas
Departamentales o los Concejos Municipales, según corresponda.
Afirmaron que los decretos demandados excedieron su función reglamentaria, al
pretender modificar el contenido de los artículos 42 y 43 de la Ley 99 de 1993, cuya
regulación corresponde exclusivamente al Congreso de la República.
Al respecto, precisaron que el artículo 42 de la Ley 99 de 1993 reguló expresamente
las tasas retributivas y compensatorias, estableciendo el sistema y el método para
calcular los costos asociados a la prestación del servicio ambiental correspondiente.
Indicaron que estos lineamientos también resultan aplicables a la tasa por utilización
del agua, según lo dispone el artículo 43 ibidem, que creó dicha tasa en
concordancia con los parámetros del artículo 338 de la Constitución Política.
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Anotaron que los actos demandados modificaron lo definido en la Ley 99 de 1993,
en los siguientes términos:
«
»2
Posteriormente, se refirieron a cada uno de los elementos que integran la tasa por
utilización de aguas, comenzando por el sujeto activo. Señalaron que, aunque la
Ley 99 de 1993 no definió con absoluta claridad a quién debía pagarse, dicha
ambigüedad no facultaba a la cartera ministerial demandada para aclarar, precisar
o modificar ese elemento esencial del tributo, pues tal competencia corresponde
exclusivamente al Legislador.
2 Visible a folio 182 del Cuaderno principal.
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Ahora, en lo que tiene que ver con el sujeto pasivo, sostuvieron que los artículos 4
y 5 del Decreto 155 de 2004 restringían su pago únicamente a quienes contaran
con un permiso para el uso del agua, lo cual contradecía lo dispuesto en el parágrafo
3 del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, según el cual la obligación de pago recae
sobre todos los usuarios del recurso hídrico, sin limitarla a quienes cuenten con un
título habilitante.
Afirmaron que el artículo 6 del Decreto 155 de 2004 vulneró lo previsto en el literal
d) del artículo 42 de la Ley 99 de 1993, al modificar la base gravable, el sistema y
el método para calcular la tasa por utilización de aguas. En efecto, sostuvieron que
mientras la norma legal estableció que la tarifa debía fijarse con base en los costos
de recuperación del recurso afectado, las normas enjuiciadas sustituyeron dicho
parámetro por el volumen de agua captada, a pesar de que la sola captación no
implica necesariamente un daño ambiental. Por tanto, concluyeron que se alteraron
los elementos estructurales del tributo, sin competencia para ello.
Indicaron que los Decretos 155 de 2004 y 4742 de 2005 desarrollaron un sistema y
método para la determinación de la tasa por utilización de aguas sin contar con un
respaldo legal, al incorporar expresamente los factores de tarifa mínima y regional.
Explicaron que dichos elementos habían sido introducidos por la Ley 508 de 1999,
la cual modificó el artículo 43 de la Ley 99 de 1993; sin embargo, esa modificación
fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en el año C-557 2000, por lo
que consideraron que los actos reglamentarios carecían de fundamento normativo.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
2.1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante MADS)
respondió el libelo introductorio bajo los argumentos que se sintetizan enseguida 3:
2.1.1. Sostuvo que, la Corte Constitucional en sentencia C 495 de 1996 estudió el
contenido del artículo 42 de la Ley 99 de 1993 y las presuntas contradicciones con
el artículo 338 de la Constitución Política y procedió a citar in extenso apartes del
mencionado fallo.
3 Ibídem.
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Concluyó que, tanto la situación planteada en la Corte como la del presente proceso
son las mismas, por lo que solicitó que el resultado fuese el mismo, es decir, que se
indique que las disposiciones acusadas se encuentran ajustadas a las normas
legales y constitucionales vigentes y, en consecuencia, se declare que el Ministerio
no vulneró ninguna norma.
2.2. Por su parte el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República (en adelante DAPRE), como cuestión previa solicitó la declaratoria de
nulidad de todo lo actuado en el presente proceso, por cuanto estima que la Sección
Primera del Consejo de Estado carece de competencia en el presente asunto, en la
medida que la controversia planteada gira en torno a la legalidad de actos
administrativos que “contienen disposiciones en materia de administración de
tributos en la forma de recursos parafiscales”; además, que el demandante está
alegando la violación del principio de legalidad y reserva de ley en materia tributaria,
y en esa medida el asunto debe ser de conocimiento de la Sección Cuarta de esta
Corporación, de acuerdo con las previsiones del reglamento interno del Consejo de
Estado.
Por último, formuló la excepción de indebida representación judicial de la Nación.
Lo anteriores reparos fueron resueltos de manera negativa a sus pretensiones en la
audiencia inicial del 13 de noviembre de 2020.
III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
3.1. En escritos del 20 de noviembre de 2020, el DAPRE descorrió el traslado
para alegar de conclusión, donde expuso lo siguiente4:
Indicó que, por regla general el Congreso de la República es el encargado de
desarrollar la Constitución Política y dictar las normas con fuerza de Ley. No
4 Visible a índice 67 ibidem.
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obstante, de manera excepcional tal competencia puede ser asignada al Poder
Ejecutivo.
Indicó que, tratándose de materias sometidas a reserva de ley, la competencia
recae exclusivamente en el Legislador, por tratarse de asuntos que deben ser
regulados mediante una ley en sentido formal, expedida por el Congreso de la
República, como ocurre con los impuestos. Sin embargo, precisó que esta regla no
resulta aplicable en el caso de las tasas, ya que la responsabilidad del Legislador
se limita a definir el sistema y el método para su determinación, siendo posible que
otras autoridades, dentro de ese marco, fijen la tarifa correspondiente.
Por lo tanto, destacó que los actos enjuiciados se ajustaban a lo previsto en el
artículo 338 de la Constitución Política, en la medida en que la reglamentación
expedida por el Gobierno Nacional respetó el sistema y el método definidos
previamente por el Legislador para la determinación de la tasa, sin alterar sus
elementos esenciales.
3.2. Mediante memorial del 24 de noviembre de 2020, el MADS reiteró lo
expuesto en el escrito de contestación de la demanda.
V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
5.1. La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa rindió
concepto en el que expuso que, con la Constitución Política de 1991 se dispuso
que, en tiempo de paz, los únicos competentes para imponer contribuciones fiscales
o parafiscales son los cuerpos colegiados de elección popular, es decir, el Congreso
de la República, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales.
Sostuvo que el artículo 338 de la Constitución Política establece tres tipos de
tributos: (i) los impuestos en sentido estricto; (ii) las tasas; y (iii) las contribuciones.
No obstante, dicha disposición consagra una distinción específica respecto de las
tasas y contribuciones, en el sentido de que, una vez creado el gravamen, el órgano
de representación popular podrá delegar en la autoridad administrativa la facultad
para fijar la tarifa, siempre que el sistema y el método para determinar los costos y
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beneficios, así como la forma de distribuirlos, sean definidos previamente por los
cuerpos colegiados.
Manifestó que, en la sentencia C-155 de 2003, la Corte Constitucional precisó que
los conceptos de sistema y método deben entenderse en un sentido general y
amplio, lo cual significa que no se requiere una descripción exhaustiva de cada
componente y procedimiento para fijar la tarifa de una tasa, pero sí debe existir un
marco normativo claro que defina con precisión su alcance y límites.
En ese contexto, sostuvo que el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 creó la tasa por
uso de aguas y facultó al Gobierno Nacional para fijar su tarifa. A su vez, el artículo
42 ibidem definió expresamente el sistema y el método aplicables, señalando los
parámetros y lineamientos que la autoridad administrativa debía observar para
efectos de su implementación.
Sostuvo que la tasa por utilización de aguas se compone de dos elementos: la tarifa
mínima, fijada anualmente por el MADS y el factor regional, determinado por la
autoridad ambiental competente en cada cuenca hidrográfica. Indicó que estos
componentes no contradicen lo dispuesto en la ley ni exceden los parámetros
establecidos para su aplicación, toda vez que la finalidad de la tasa es reflejar
adecuadamente los costos sociales y ambientales derivados del uso del recurso,
así como los asociados a su recuperación.
Frente al supuesto desbordamiento legal en la definición del sujeto activo, pasivo y
del hecho generador mediante las decisiones acusadas, adujo que, aunque se
incorporan nuevas entidades como titulares de los dineros recaudados, ello fue
expresamente autorizado por el numeral 13 del artículo 31 y el artículo 66 de la Ley
99 de 1993. Señaló que el artículo 4° del Decreto 155 de 2004 establece como
sujetos pasivos de la tasa a las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas,
que utilizan el recurso hídrico mediante una concesión, en tanto estas son las
legalmente habilitadas para hacerlo en el marco de sus actividades o prestación de
servicios. No obstante, aclaró que ello no exime del pago a quienes emplean el
recurso sin permiso, ya que en tales casos se aplican medidas preventivas y
sancionatorias propias de una actividad no legalizada. Por lo tanto, dicha regulación
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es coherente con el parágrafo 3 del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, en lo referente
tanto al sujeto pasivo como al hecho generador de la tasa.
Concluyó que, las pretensiones debían ser denegadas.
VI. DEL TRÁMITE POSTERIOR AL TRASLADO PARA ALEGAR DE
CONCLUSIÓN
Mediante escrito del 24 de julio 2025, el Consejero de Estado Germán Eduardo
Osorio Cifuentes manifestó su impedimento para conocer del proceso de la
referencia, al considerar que se encontraba incurso en la causal prevista en el
numeral 3 del artículo 130 del CPACA. No obstante, dicho impedimento fue
declarado infundado por la Sala de Decisión de la Sección Primera del Consejo de
Estado, mediante providencia del 31 de ese mes y año.
VII. DECISIÓN
No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado procede la Sala a decidir
el asunto sub-lite, previas las siguientes:
VIII. CONSIDERACIONES
8.1. Competencia
De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de
lo previsto en los artículos 11, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 149 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es
competente para conocer del asunto de la referencia.
8.2. Planteamiento
De acuerdo con lo expuesto en el libelo introductorio, las contestaciones de la
demanda y los alegatos de conclusión, se advierte que las partes difieren, en primer
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lugar, sobre si el MADS tenía competencia para modificar los elementos esenciales
de la tasa por utilización de aguas en los Decretos 155 de 22 de enero de 2004 y
4742 de 30 de diciembre de 2005, expedidos por el entonces Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Territorio y compilados en los artículos 2.2.9.6.1.1. a
2.2.9.6.22 del Decreto nro. 1076 de 26 de mayo de 2015. En efecto, la parte actora
sostiene que dicha facultad corresponde únicamente al Legislador, por lo que la
actuación del Ministerio vulneró los artículos 4° y 338 de la Constitución Política. En
contraposición, las entidades demandadas y el Ministerio Público consideran que la
cartera ministerial sí estaba habilitada para expedir el acto acusado. En su criterio,
al tratarse de una tasa, el Legislador debe definir el sistema y el método de cálculo,
pero corresponde al Ejecutivo reglamentar los demás parámetros del tributo, de
conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-495 de
1996.
De otro lado, se observa que los demandantes refieren el desconocimiento de los
artículos 42 y 43 de la Ley 99 de 1993 ya que en los actos enjuiciados: (i) se
precisaron los sujetos activos de la tasa, a pesar de que en la Ley 99 de 1993 no se
definieron con absoluta claridad, (ii) respecto al sujeto pasivo, cuestionan que en la
norma enjuiciada lo restrinja únicamente a las personas que cuentan un permisos
de agua, a pesar de que el parágrafo 3 del artículo 43 del artículo 43 de la Ley 99
de 1993, determina que esa obligación recae sobre todos los usuarios del recurso
hídrico, (iii) modificó la base gravable, el sistema y método al señalar que para el
tributo objeto de controversia esos parámetros estarían constituidos por el volumen
de agua captada, a pesar de que el artículo 42 de la Ley 99 de 1993, determinó que
debía calcularse a partir de los costos necesarios el resarcimiento y recuperación
del recurso hídrico y (iv) destacaron que el sistema y método empleados en los
actos enjuiciados no tenía ningún amparo legal que le permitiera incluir la tarifa
mínima y el factor regional. Mientras que para el Ministerio Público las disposiciones
demandadas se encuentran ajustadas al artículo 43 de la Ley 99 de 1993, dado que
allí fueron desarrolladas a efector de permitir su efectiva implementación.
8.2.1. Del cargo de falta de competencia
Tendrá que definirse si son nulos por falta de competencia, los actos administrativos
en los que el MADS reglamentó las tasas por utilización de aguas.
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Las normas que se invocaron como infringidas se transcriben a continuación:
«Artículo 4o. La Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán
las disposiciones constitucionales.
Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la
Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades»
«Artículo 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas
departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer
contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos
deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases
gravables, y las tarifas de los impuestos.
La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen
la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como
recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en
los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir
tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por
la ley, las ordenanzas o los acuerdos.
Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la
base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no
pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la
vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo» (Subrayas de la Sala).
Así la lectura del artículo 338 de la Constitución Política, es posible colegir que dicha
disposición faculta a las autoridades administrativas para fijar las tarifas de las tasas,
en tanto estas correspondan a la recuperación de los costos de los servicios
prestados a los ciudadanos. No obstante, dicha facultad está condicionada a que la
ley, las ordenanzas o los acuerdos definan previamente el sistema y el método para
establecer tales costos, así como la forma en que serán distribuidos entre los
contribuyentes.
En ese sentido, en sentencia C-155 de 2003, la Corte Constitucional indicó que,
tratándose de tasas y contribuciones al Legislador le corresponde fijar de forma
general los elementos estructurales del método y sistema tarifario del tributo,
mientras que a las autoridades administrativas les corresponde desarrollar esos
parámetros. Veamos:
« Sistema y método para que las autoridades administrativas definan la
tarifa
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15.- Como ya fue explicado, en materia de tasas y contribuciones especiales la
Constitución autoriza al Congreso, las asambleas y los concejos, que deleguen
a las autoridades administrativas la determinación de la tarifa. Pero exige a las
corporaciones de representación popular el señalamiento previo del sistema y
el método para definir los costos y beneficios, así como la forma de hacer el
reparto.
La jurisprudencia, tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado,
no ha sido unívoca al respecto, pues en ciertas ocasiones es rigurosa y
demanda absoluta precisión para la regulación del sistema y el método tarifario,
mientras que en otros eventos acude a criterios que de alguna manera resultan
más flexibles. Un recuento histórico ilustra claramente la situación5:
• En la sentencia C-144 de 1993 la Corte debió estudiar la demanda presentada
contra dos normas de la Ley 6 de 1992 (artículos 119 y 124), que facultaban al
Gobierno Nacional para fijar las tasas por la tramitación de los procedimientos
relacionados con la propiedad industrial, así como el monto de las tarifas que
debían sufragarse a favor de las Cámaras de Comercio por diferentes
conceptos. La Corte declaró la exequibilidad de las disposiciones acusadas,
por considerar que no se desconocía el principio de legalidad tributaria. En
cuanto al sistema y método para fijar la tarifa concluyó lo siguiente6:
(…)
• En la sentencia C-465 del mismo año la Corte declaró ajustadas a la
Constitución varias normas del estatuto orgánico del sistema financiero,
relacionadas con la potestad del Superintendente Bancario para fijar y exigir de
las entidades vigiladas el pago de contribuciones necesarias para el
presupuesto de esa entidad. Además de reiterar los argumentos expuestos en
la sentencia C-144/93, la Corte dijo al respecto7:
(…)
• Posteriormente la Corte se vuelve rigurosa en cuanto al señalamiento del
sistema y método para fijar la tarifa en el cobro de tasas y contribuciones
especiales. Es así como la Sentencia C-455 de 1994 declaró inexequibles
varias normas relacionadas con la competencia de la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada que permitían el cobro de una contribución. Dijo
entonces lo siguiente8:
“En esos términos, una interpretación coherente de la normatividad
constitucional y el fin del precepto superior, llevan a la conclusión según
la cual los métodos -pautas técnicas encaminadas a la previa definición
de los criterios que tienen relevancia en materia de tasas y contribuciones
para determinar los costos y beneficios que inciden en una tarifa- y los
sistemas -formas específicas de medición económica, de valoración y
ponderación de los distintos factores que convergen en dicha
determinación- son directrices cuyo acatamiento es obligatorio para el
encargado de fijar la tarifa y constituyen a la vez garantía del contribuyente
frente a la administración.
5 Teniendo en cuenta que las divergencias surgidas al interior del Consejo de Estado guardan
estrecha relación con el tema de la valorización, la Corte hará referencia a ellas al estudiar ese punto
específico.
6 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. Salvamento de voto de los magistrados Jorge Arango Mejía y
Antonio Barrera Carbonell.
7 MP. Vladimiro Naranjo Mesa. Salvamento de voto de los magistrados Jorge Arango Mejía y Antonio
Barrera Carbonell.
8 MP. José Gregorio Hernández Galindo. No se presentaron salvamentos de voto
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Ni el artículo 34 ni ninguna de las normas integrantes de la Ley 62 de
1993, ni precepto alguno del Decreto 2453 de 1993 previeron el método
o el sistema aplicables para definir los costos y beneficios con base en los
cuales pueda el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada fijar la
tarifa de la contribución creada, razón por la cual se confirió a dicho
funcionario una atribución ilimitada que no se compadece con los
enunciados principios constitucionales.
En efecto, estatuir que la contribución guardará proporción con los
activos de la empresa, las utilidades, el número de puestos vigilados
y el costo de la vigilancia; que estará de acuerdo con las
modalidades de los servicios prestados y que se determinará según
ellos se destinen a terceros o a la seguridad interna de una empresa,
no implica haber establecido el método ni el sistema ordenados por
la Constitución, pues de manera absoluta la fijación de la tarifa queda en
cabeza del Superintendente, sin que el legislador haya establecido
ninguna medida base para ella, ningún tope máximo, ni criterio
econométrico alguno del cual éste se pueda deducir.” (subrayado no
original).
En aquella oportunidad la sentencia fue expresa en reconocer un giro frente a
la posición asumida en pronunciamientos anteriores:
“Debe advertir la Corte que mediante el presente fallo imprime a la
interpretación constitucional sobre el tema un sentido más exigente que
el acogido en un comienzo, contenido en Sentencia C-465 del 21 de
octubre de 1993. La Corporación estima necesario que, en guarda de los
derechos de los contribuyentes, del interés público y de la estricta
aplicación del artículo 338, inciso 2º, de la Constitución, se exija del
legislador el exacto y cabal cumplimiento de los requisitos allí señalados,
con el fin de evitar que funciones clara y típicamente atribuidas a órganos
representativos queden a la postre transferidas de manera incondicional
a funcionarios de la Rama Ejecutiva del Poder Público.”
• La anterior posición fue reiterada en la Sentencia C-545/94, donde la Corte
declaró inexequible una norma de la ley 10 de 1990, que autorizaba a la
Dirección Nacional del Sistema de Salud para “fijar y cobrar tasas o derechos
por la expedición de permisos, licencias, registros y certificaciones". En todo
caso, en aquella oportunidad era absolutamente claro que la Ley no había
previsto criterio alguno sobre el sistema y método tarifario.9
• Nuevamente en la Sentencia C-482 de 1996 la Corte cambia su posición para
volver a los planteamientos acogidos en sus primeras sentencias (flexibles).
Para declarar la exequibilidad del artículo 21 de la ley 105 de 1993, referente a
las tasas, tarifas y peajes en la infraestructura de transporte a cargo de la
Nación, la Corte sostuvo10:
“¿En qué consisten el sistema y el método? ¿Cuál es su contenido mínimo
y cuál su alcance? Es claro que la Constitución no hizo estas precisiones,
sencillamente porque no podía hacerlas, habida cuenta de su carácter de
norma fundamental y de la inmensa variedad de tasas y contribuciones
9 MP. Fabio Morón Díaz. No se presentaron salvamentos de voto.
10 MP. Jorge Arango Mejía y Hernando Herrera Vergara. Salvamento de voto de los magistrados
Antonio Barrera Carbonell, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo.
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posibles, correspondientes a una multiplicidad de servicios y de
beneficios.
En algunas sentencias, la Corte Constitucional ha intentado
aproximaciones al tema, sin que pueda decirse que ha hecho las
determinaciones que la propia Constitución no hace. Y está bien que se
haya abstenido de hacerlas, porque de lo contrario habría ido más allá de
la norma constitucional, y la habría quebrantado.
Si la propia Constitución no definió “el sistema y el método”, es claro que
tales expresiones deben entenderse en un sentido general y amplio, y que
su contenido y su alcance deben examinarse en cada caso concreto,
como lo reconoció expresamente la Corte en la sentencia C-144 de 1993,
a la cual pertenecen estos apartes: (...)
La ley, en síntesis, no tiene por qué contener una descripción detallada
de los elementos y procedimientos que deben tenerse en cuenta para
establecer los costos y definir las tarifas. Tal exigencia haría inútil la
delegación prevista en el artículo 338, y crearía un marco rígido dentro del
cual no podrían obrar las autoridades competentes.
Autoridades que, por lo demás, están obligadas a ejercer sus atribuciones
con sujeción a los principios de equidad, eficiencia y progresividad
consagrados expresamente por el artículo 363 de la Constitución. Y cuya
buena fe se presume, según el principio general del derecho, mientras no
se demuestre lo contrario.
Quienes sostienen la tesis de que el artículo 338 exige leyes detalladas y
casuistas que establezcan minuciosamente todo lo relativo a la fijación de
las tarifas, aducen como una de sus razones principales la necesidad de
impedir los posibles abusos de funcionarios arbitristas. Olvidan, al
presumir el dolo y la mala fe, lo que se acaba de exponer sobre la sujeción
a los principios del sistema tributario, y sobre la presunción universal de
la buena fe. Olvidan, además, que el fraude a la ley siempre podrá
intentarse, pues no se origina en la ley misma sino en su torcida
interpretación. Y olvidan, finalmente, que los actos administrativos que
fijen las tasas y tarifas en virtud de la delegación prevista en el artículo
338, están sujetos al control de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, por regla general.
A todo lo anterior, puede agregarse que no es necesario que las leyes
previstas en el inciso segundo del artículo 338, usen las palabras
“sistema” y “método”, como si se tratara de fórmulas sacramentales.
Basta que de su contenido se deduzcan el uno y el otro, es decir, los
principios que deben respetar las autoridades y las reglas generales a que
están sujetas, al definir los costos recuperables y las tarifas
correspondientes.” (Subrayado fuera de texto).
• No obstante, las consideraciones expuestas en la Sentencia C-455 de 1994
MP. José Gregorio Hernández (posición rigurosa), son nuevamente retomadas
en la sentencia C-816 de 1999, con ponencia del mismo magistrado11. Esos
argumentos, sumados con los que a continuación se transcriben, sirvieron de
11 Salvamento de voto de los magistrados Vladimiro Naranjo Mesa y Alvaro Tafur Galvis.
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fundamento a la Corte para declarar la inexequibilidad del artículo 96 de la Ley
488 de 1998, que modificaba el artículo 119 de la Ley 6 de 199212.
“Tal delegación no es posible en cuanto toca con los demás elementos de
tales tributos, cuyo señalamiento debe estar contenido en las leyes,
ordenanzas o acuerdos.
Se tiene entonces que únicamente las tarifas de tasas y contribuciones
pueden ser objeto de la especial autorización prevista en el inciso
segundo del artículo 338 de la Constitución.
Pero, por otra parte, la disposición constitucional no permite una
transferencia ilimitada ni incondicionada de esa facultad, ya que exige de
modo perentorio que, a falta de la previsión directa de las tarifas, la ley,
las ordenanzas y los acuerdos fijen el sistema y el método para definir los
costos de los servicios prestados, la participación en los beneficios
proporcionados y la forma de hacer su reparto.
Se pretende con tal requisito -que resulta indispensable para que pueda
entenderse constitucional la delegación- impedir toda forma de ejercicio
abusivo de la facultad, de donde se infiere que ésta no puede entregarse
por la ley, la ordenanza o el acuerdo a otras autoridades sin que los
aludidos elementos se encuentren claramente definidos. Ellos constituyen
a la vez directrices técnicas y limitaciones para que los contribuyentes
gocen de una mínima certidumbre acerca de la manera como les serán
calculadas y cobradas las tarifas de tasas y contribuciones, así como en
torno a la relación entre esos gravámenes y los servicios y beneficios que
reciben.
No se trata de fórmulas sacramentales ni de simples denominaciones,
sino de linderos sustanciales de la atribución que se otorga a las
autoridades administrativas. En consecuencia, bien pueden encontrarse
fijados en la norma el método y el sistema sin nombrarlos, o por el
contrario estar mencionados y materialmente no hallarse contenidos en el
precepto. Será el Juez Constitucional el encargado de verificar si su
contenido corresponde o no a la exigencia plasmada en la Carta Política,
según que se consagre una atribución técnicamente reglada o que se
conceda una autorización para obrar arbitrariamente.”
• Por último, en la sentencia C-1371 de 2000 MP. Alvaro Tafur Gálvis, la Corte
declaró exequible el artículo 11 (parcial) de la Ley 505 de 1999, mediante la cual
se impuso a las empresas de servicios públicos domiciliarios el deber de hacer
aportes con destino a los Comités Permanentes de Estratificación Municipal o
Distrital. Respecto del deber legal de señalar el sistema y el método para la
imposición de la tarifa la Sentencia indicó13:
“Entonces, el señalamiento de los elementos y procedimientos que
permitirán fijar los costos y definir las tarifas no requiere de una regulación
detallada y rígida, pues se estaría desconociendo la delegación misma
autorizada a las autoridades administrativas en el artículo 338 superior,
antes citado. Así, ese señalamiento legal deberá hacerse desde una
perspectiva general y amplia, ajustada a la naturaleza específica y a las
12 La norma modificada fue, precisamente, la que había sido declarada exequible en la sentencia C-
144 de 1993.
13 No se presentaron salvamentos de voto.
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modalidades propias del servicio del cual se trate (consultar entre otras
las sentencias C-144 de 1993 y C-482 de 1996).”
16.- El anterior recuento jurisprudencial demuestra que no ha sido fácil precisar
el alcance de los términos “sistema” y “método”, particularmente en aquellos
eventos en los cuales la ley, las ordenanzas o los acuerdos, delegan a las
autoridades administrativas la facultad de fijar la tarifa de tasas y contribuciones
especiales. Sin embargo, la Corte considera que a partir de esta la Sentencia
C-1371 de 2000 es posible armonizar dichos conceptos de manera que el
artículo 338 de la Constitución sea interpretado a la luz del principio de efecto
útil de las normas.
Lo primero que la Sala observa es que para determinar las tarifas de tasas y
contribuciones la Constitución no señaló lo que debía entenderse por “sistema”
y “método”, pero reconoció la necesidad de acudir a ellos al menos en tres
momentos: (i) para definir los costos de los servicios, esto es, los gastos en que
incurrió un entidad, (ii) para señalar los beneficios generados como
consecuencia de la prestación de un servicio (donde naturalmente está incluida
la realización de una obra) y, (iii) para identificar la forma de hacer el reparto de
costos y beneficios entre los eventuales contribuyentes.
Si bien es cierto que la falta de definición se explica por la naturaleza abierta de
las normas constitucionales, así como por la multiplicidad de tasas y
contribuciones que pueden crearse, también lo es que la significación de esos
conceptos no puede desvanecerse a tal punto que desaparezca su eficacia
como norma jurídica. En consecuencia, a juicio de la Corte, es necesario
identificarlos con claridad, pues aunque los términos guardan cierta relación de
conexidad tienen sin embargo connotaciones distintas.
En efecto, un sistema “se define por el hecho de no ser un simple agregado
desordenado de elementos sino por constituir una totalidad, caracterizada por
una determinada articulación dinámica entre sus partes”14. Supone coherencia
interna para relacionar entre sí los componentes de un conjunto, que en el
ámbito tributario representan la combinación de reglas y directrices necesarias
para determinar los costos y beneficios de una obra o servicio, así como la forma
de hacer su distribución.
Por su parte, el método está referido a los pasos o pautas que deben observarse
para que los componentes del sistema se proyecten extrínsecamente. Así,
constituye el procedimiento a seguir con el objeto de determinar en concreto el
monto de la obligación tributaria.
17.- Frente a las tasas y contribuciones especiales la Corte considera que
tanto el “sistema” como el “método”, referidos en el artículo 338 de la
Constitución, deben ser lo suficientemente claros y precisos a fin de evitar
que los órganos de representación popular desatiendan un expreso
mandato Superior, mas no por ello tienen que hacer una descripción
detallada o rigurosa de cada uno de los elementos y procedimientos a
tener en cuenta para fijar la tarifa, pues en tal caso la facultad
constitucional de las autoridades administrativas perdería por completo
su razón de ser.
Se trata, si se quiere, de una suerte de competencias compartidas, donde el
Congreso, las asambleas y los concejos son los encargados de señalar los
elementos estructurales del método y del sistema tarifario, mientras que a las
14 Corte Constitucional, Sentencia C-251 de 2002 MP. Eduardo Montealgre Lynett.
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autoridades administrativas corresponde desarrollar los parámetros
previamente indicados.
Una exigencia muy fuerte sobre la determinación del método y del sistema
prácticamente haría inocua la posibilidad de delegación, pues la propia ley
estaría fijando la tarifa de la contribución. Por el contrario, una excesiva
indeterminación dejaría en manos de las autoridades administrativas la
regulación absoluta de ese elemento, en contravía del principio de legalidad,
concretado en el de la predeterminación del tributo y la representación popular.
Lo que la ley exige es, más que la simple enunciación de criterios, la definición
de una cierta manera de proceder en la articulación de esos criterios.
Ahora bien, la anterior exigencia no implica que la ley, las ordenanzas o los
acuerdos, necesariamente deban utilizar las palabras “sistema” y “método”
como fórmulas retóricas sacramentales, porque el criterio definitorio será
siempre de carácter material. Ello se explica en virtud de la prevalencia del
derecho sustancial y de la posibilidad de resolver las dudas hermenéuticas
frente a cualquier clase de norma.15 En consecuencia, “basta que de su
contenido se deduzcan el uno y el otro, es decir, los principios que deben
respetar las autoridades y las reglas generales a que están sujetas, al definir
los costos recuperables y las tarifas correspondientes”16»17 (Subrayas y
negrillas de la Sala)
Visto lo anterior, es menester indicar que el artículo 5 de la Ley 99 de 1993, asignó
las siguientes potestades en cabeza de la cartera ministerial demandada:
«Artículo 5o. Funciones del ministerio. Corresponde al Ministerio del Medio
Ambiente:
(…)
2) Regular las condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente,
y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación
de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto
de actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o del
patrimonio natural;
(…)
10) Determinar las normas ambientales mínimas y las regulaciones de carácter
general sobre medio ambiente a las que deberán sujetarse los centros urbanos
y asentamientos humanos y las actividades mineras, industriales, de transporte
y en general todo servicio o actividad que pueda generar directa o
indirectamente daños ambientales;
11) Dictar regulaciones de carácter general tendientes a controlar y reducir las
contaminaciones geosféricas, hídricas, del paisaje, sonoras y atmosféricas, en
todo el territorio nacional;
15 Ver fundamento No. 14 de esta sentencia.
16 Corte Constitucional, Sentencia C-482 de 1996. Ver también C-816 de 1999.
17 Corte Constitucional. Sentencia C-155 de 2003. Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre
Lynett.
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(…)
19) Administrar las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales
Naturales, velar por la protección del patrimonio natural y la diversidad biótica
de la nación, así como por la conservación de las áreas de especial importancia
ecosistémica;
(…)
29) Fijar el monto tarifario mínimo de las tasas por el uso y el aprovechamiento
de los recursos naturales renovables a las que se refieren el Código Nacional
de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto
ley 2811 de 1974, la presente ley y las normas que los modifiquen o adicionen;
30) Determinar los factores de cálculo de que trata el artículo 19 del Código
Nacional de Reursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente,
Decreto-ley 2811 de 1974, sobre cuya base han de fijarse los montos y rangos
tarifarios de las tasas creadas por la ley;»
En ese orden, lo que se observa es que al MADS le corresponde regular las
condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente y el manejo, uso y
conservación de los recursos naturales, con el fin de prevenir o mitigar impactos
contaminantes o deteriorantes. Asimismo, es facultad del Ministerio dictar normas
generales y mínimas en materia ambiental, así como regulaciones tendientes a
controlar y reducir diversas formas de contaminación en todo el territorio nacional.
Además, corresponde a esa entidad regular y fijar el monto de las tasas creadas por
la Ley y el Decreto Ley 2811 de 1974.
Ahora, tratándose de la tasa por utilización de aguas resulta oportuno traer a
colación lo expuesto en el 43 de la Ley 99 de 1993, cuyo tenor literal se transcribe
enseguida:
«Artículo 43. Tasas por utilización de aguas. La utilización de aguas por
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas
fijadas por el Gobierno Nacional que se destinarán al pago de los gastos de
protección y renovación de los recursos hídricos, para los fines establecidos por
el artículo 159 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1.974. El Gobierno Nacional
calculará y establecerá las tasas a que haya lugar por el uso de las aguas.
El sistema y método establecidos por el artículo precedente para la definición
de los costos sobre cuya base se calcularán y fijarán las tasas retributivas y
compensatorias, se aplicarán al procedimiento de fijación de la tasa de que trata
el presente artículo
Parágrafo 1o. Todo proyecto que requiera licencia ambiental y que involucre
en su ejecución el uso del agua, tomada directamente de fuentes naturales, bien
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sea para consumo humano, recreación, riego o cualquier otra actividad, deberá
destinar no menos del 1% del total de la inversión para la recuperación,
preservación, conservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta
la respectiva fuente hídrica. El beneficiario de la licencia ambiental deberá
invertir estos recursos en las obras y acciones de recuperación, preservación y
conservación de la respectiva cuenca hidrográfica, de acuerdo con la
reglamentación vigente en la materia.
Parágrafo 2o. Los recursos provenientes del recaudo de las tasas por
utilización de agua, se destinarán de la siguiente manera:
a) En las cuencas con Plan de Ordenamiento y Manejo Adoptado, se destinarán
exclusivamente a las actividades de protección, recuperación y monitoreo del
recurso hídrico definidas en el mismo;
b) En las cuencas declaradas en ordenación, se destinarán a la elaboración del
Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca;
c) En ausencia de las condiciones establecidas en los literales a) y b), se
destinarán a actividades de protección y recuperación del recurso hídrico
definidos en los instrumentos de planificación de la autoridad ambiental
competente y teniendo en cuenta las directrices del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, o quien haga sus veces.
Para cubrir gastos de implementación, monitoreo y seguimiento; la autoridad
ambiental podrá utilizar hasta el diez por ciento (10%) de los recaudos.
<Ver Notas del Editor> Un porcentaje de los recursos provenientes del recaudo
de las tasas por utilización de agua se destinarán de manera prioritaria a la
conservación de los páramos, a través de la subcuenta establecida para tal fin
en el Fondo Nacional Ambiental (Fonam), bajo la reglamentación que determine
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Los recursos provenientes de la aplicación del parágrafo 1 del artículo 43 de la
Ley 99 de 1993, se destinarán a la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con el respectivo Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca
o en la formulación y adopción del Plan.
Parágrafo 3o. La tasa por utilización de aguas se cobrará a todos los usuarios
del recurso hídrico, excluyendo a los que utilizan el agua por ministerio de ley,
pero incluyendo aquellos que no cuentan con la concesión de aguas, sin
perjuicio de la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que
haya lugar y sin que implique bajo ninguna circunstancia su legalización»
(Subrayas de la Sala).
Así, de contenido del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 se desprende que el
Legislador facultó expresamente al Gobierno Nacional para fijar la tarifa de la tasa
por utilización de las aguas. Asimismo, estableció que el sistema y el método para
determinar los costos sobre los cuales se calculará dicha tarifa deben ser los
mismos previstos para las tasas retributivas y compensatorias, conforme a lo
dispuesto en el artículo 42 ibidem.
La exequibilidad de las anotadas normas fue estudiada por la Corte Constitucional
quien en sentencia C-495 de 1996, indicó:
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«LA NATURALEZA DE LAS TASAS AMBIENTALES DE QUE TRATAN LOS
ARTÍCULOS ACUSADOS
Como cuestión preliminar en el presente asunto la Corte estima necesario hacer
algunas reflexiones que le permitan examinar en detalle cada uno de los
elementos de las disposiciones acusadas, así:
Las disposiciones acusadas establecen la obligación del pago de unas tasas
nacionales, en el caso de ciertas actividades relacionadas con la utilización de
recursos naturales y que, como lo advierte uno de los expertos citados en este
asunto, tiene como común denominador el hecho de causar consecuencias
nocivas, sin las cuales no se configura la hipótesis material que da lugar a la
aplicación de las mismas
No se debe olvidar que, precisamente, cuando se trata de tasas, el “hecho
generador” son los servicios que se prestan o la participación en el beneficio
que se permite y a los cuales se accede voluntariamente y por esto resulta claro
que está precisamente determinada en la Ley 99 de 1993. De modo que en las
tasas retributivas el hecho generador lo constituye la utilización de la atmósfera,
el agua o el suelo para introducir o arrojar desechos u otras sustancias, con un
efecto nocivo; por tanto sólo deben pagarlas las personas que utilizan tales
recursos, para depositar desechos siempre que se cause un efecto nocivo,
definido técnicamente. En el mundo moderno, la prestación de este servicio
(recepción de desechos), implica costos que alguien debe pagar, porque en casi
todos los casos afectan a la sociedad; por tanto, es claro que al Estado le
corresponde cobrar estos costos a través de tasas.
De manera general es preciso observar que los artículos 42,43 y 46 de la Ley
99 de 1993, determinan los sujetos activos y pasivos de la obligación tributaria,
lo que permite anticipar de una parte que las Corporaciones Autónomas
Regionales han sido definidas como los acreedores de las tasas; además
téngase en cuenta que de acuerdo con el inciso 2 del artículo 66 de la ley, los
grandes centros urbanos también son sujetos activos de las tasas retributivas
y compensatorias causadas dentro del perímetro urbano por el vertimiento de
afluentes contaminantes conducidos por la red de servicios públicos. En este
sentido es claro que por fuera del perímetro urbano, se debe transferir el 50% a
la Corporación Autónoma Regional correspondiente.
De otra parte también es claro que el sujeto pasivo es toda persona que arroja
o deposita desechos en el agua, aire, o suelo, dentro de los límites que, con
fines reglamentarios sea definidos por vía general pero administrativa por
el Ministerio del Medio Ambiente, de conformidad con la Ley 99 de 1993.
En este caso es evidente que las tasas ambientales previstas en las
disposiciones acusadas son un instrumento económico fundamental para la
precaver la contaminación en niveles insoportables e irremediables y para
proceder a pagar la descontaminación.
De otra parte, la doctrina sobre el tema de las finanzas públicas ha clasificado
los ingresos en tres categorías, en primer lugar, los impuestos, en segundo
lugar, las tasas por la prestación de servicios públicos, y, finalmente, las
contribuciones parafiscales. En cuanto a la naturaleza jurídica de las tasas, en
la sentencia No. C-465/93, esta Corporación sostuvo que:
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"...son aquellos ingresos tributarios que se establecen unilateralmente por
el Estado, pero sólo se hacen exigibles en el caso de que el particular
decida utilizar el servicio público correspondiente. Es decir, se trata de una
recuperación total o parcial de los costos que genera la prestación de un
servicio público; se autofinancia este servicio mediante una remuneración
que se paga a la entidad administrativa que lo presta.
Toda tasa implica una erogación al contribuyente decretada por el Estado
por un motivo claro, que, para el caso, es el principio de razón suficiente:
Por la prestación de un servicio público específico. El fin que persigue la
tasa es la financiación del servicio público que se presta.
La tasa es una retribución equitativa por un gasto público que el Estado
trata de compensar en un valor igual o inferior, exigido de quienes,
independientemente de su iniciativa, dan origen a él.
Bien importante es anotar que las consideraciones de orden político,
económico o social influyen para que se fijen tarifas en los servicios
públicos, iguales o inferiores, en conjunto, a su costo contable de
producción o distribución. Por tanto, el criterio para fijar las tarifas ha de
ser ágil, dinámico y con sentido de oportunidad. El criterio es
eminentemente administrativo." (M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).
A partir de la anterior transcripción, se puede afirmar que las contribuciones
previstas en los artículos 42 y 43 de la Ley 99 tienen el carácter de tasas
nacionales con destinación específica, pues, en efecto, tales contribuciones
procuran la recuperación total o parcial de los costos que genera la prestación
por parte de las autoridades ambientales de los siguientes servicios:
a) En las tasas retributivas, la remoción de la contaminación que no exceda los
límites legales, producida por la utilización directa o indirecta de la atmósfera,
del agua y del suelo, por parte de personas jurídicas o naturales, para introducir
o arrojar desechos o desperdicios agrícolas mineros o industriales, aguas
negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas
que sean resultado de actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o
actividades económicas o de servicios, sean o no lucrativas.
Varios de los intervinientes afirmaron que no existía un servicio que retribuir o
compensar en las tasas retributivas, pues no hay un señalamiento expreso
sobre el particular en la norma acusada, sin embargo, el operador jurídico no
puede partir de una interpretación estrictamente literal de la disposición, sino
que es menester utilizar todos los elementos hermenéuticos para definir el
espíritu de la norma respectiva, más si los problemas de interpretación se tornan
insolubles, por la oscuridad invencible del texto legal que impide encontrar una
aplicación razonable sobre los elementos esenciales de la contribución, habrá
lugar a predicar su inconstitucionalidad18.
Ahora bien, en el caso de las tasas retributivas no se puede predicar la
mencionada oscuridad invencible, pues a partir de un análisis sistemático y
lógico, es claro que en la tasa retributiva se esta retribuyendo el servicio de
remoción de la contaminación producida por el sujeto pasivo, pues la conexión
lógica entre el hecho gravado y la función de las autoridades públicas,
constituidas como es sujeto activo de esta contribución, las Corporaciones
Autónomas Regionales, ya que están orientadas constitucionalmente hacia la
protección y el mantenimiento del medio ambiente, como lo señala claramente
18 Corte Constitucional. Sentencia No. C-253/95. M.P.: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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el artículo 79 de la Carta, así: “es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica”.
b) En las tasas compensatorias, el mantenimiento de la renovabilidad de los
recursos naturales renovables, y;
c) En las tasas por utilización de aguas, la protección y renovación de los
recursos hídricos.
Además, téngase en cuenta que, como tuvo oportunidad de observar la Corte,
según los conceptos de los expertos, las descargas de desechos pueden ser
de cuatro tipos o categorías, para los fines de definir los hechos materia de las
tasas, así:
Las que no tienen carácter nocivo, porque la contaminación producida es
asimilada por el ambiente; las que presentan y producen efectos nocivos, pero
con daños menores a los costos de recaudar un tributo, las que expresan
efectivo carácter nocivo, pero dentro de los “límites permitidos” por la ley y
susceptibles de ser cobradas por los daños que generan y las que
definitivamente arrojan efectos nocivos, por fuera de los mencionados límites y
que según la ley resultan, acreedoras de sanciones.
En este sentido se dejó en claro que en el caso del primero y del segundo
eventos no se cobran tasas; de otra parte, en el evento cuarto se debe imponer
las sanciones legales; en los casos del tercer tipo se habilita el cobro de las
tasas.
Tal como lo indican dos de los expertos convocados en este asunto, la conducta
o la acción de generar contaminación, consiste en el acto o los actos de aportar
al entorno vertimientos o emisiones de sustancias nocivas de tal manera que el
hecho económico objeto de la imposición es el aprovechamiento particular de
un bien público y la subsiguiente función de descontaminación por la cual se
debe pagar o asumir previamente a la emisión. En efecto este sentido, como lo
indican los expertos Ana Rocío Sabogal, y Luis Fernando Barco, la
configuración del hecho generador de las tasas en estos casos, supone que el
vertimiento o emisión se encuentre dentro de los límites permitidos según las
normas vigentes, pues, en caso de exceder esos límites se impondrían las
multas correspondientes a la contravención, y adicionalmente habría lugar al
pago de las indemnizaciones que judicialmente se establecieran en función del
daño causado.
De otra parte, es evidente que la Constitución Política permite que, en el caso
de las tasas y de las contribuciones, la autoridad administrativa fije las tarifas tal
como lo expresa la Ley 99 de 1993, siempre que ella establezca el método y el
sistema para fijarlas.
De otro lado, comparte plenamente esta Corte, la interpretación que sobre las
características particulares de las tasas ambientales expuso en su escrito de
justificación el apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en este
proceso; en efecto, las tasas ambientales se originan en la utilización de un bien
de uso público cuya conservación está a cargo del Estado (ambiente sano). El
Estado está en la obligación de garantizar un ambiente sano a sus habitantes,
en consecuencia, su conservación constituye un costo que debe ser pagado por
quienes "utilizan el ambiente" en forma nociva, de forma que las tasas
retributivas, poseen un referente específico sobre la depreciación del recurso
prestado, tal como aparece en la elaboración del sistema y método para su
determinación en la Ley 99 de 1993.
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Para esta Corporación es claro que del tenor literal de los artículos 42 y 43 de
la Ley 99 de 1993 y de su propia interpretación sistemática y teleológica, el
efecto nocivo determina la causación de la tasa aludida y el respectivo derecho
a favor de las Corporaciones Autónomas Regionales de cobrar la obligación
tributaria a los sujetos pasivos, con base en criterios científicos, técnicos y de
las variables que de una u otra forma inciden en la elaboración de las tasas. En
consecuencia, existe una íntima relación entre el valor del precio pagado por el
usuario, quien utiliza el ambiente sano, y el grado de deterioro ocasionado por
el mismo y cuyo fin es la defensa del ecosistema en el marco del principio
constitucional del desarrollo sostenible.
Estas tasas deben variar de acuerdo con la ubicación geográfica, dependiendo
de la gravedad de los daños causados por la contaminación, o de acuerdo con
la capacidad de recirculación o asimilación del medio ambiente o recurso natural
que está siendo objeto de deterioro.
Por lo que hace a las tasas compensatorias, es claro que éstas pueden
interpretarse en un sentido económico como una modalidad de reintegro de los
costos que invierte el Estado a través de sus instituciones encargadas del
manejo, administración, conservación y preservación de estos recursos
naturales y del medio ambiente, así como en la recolección, el tratamiento y la
disposición de residuos, o por otros servicios tales como los análisis de
laboratorios, etc.; por tanto, las tasas compensatorias a diferencia de las
retributivas, en este caso no buscan crear incentivos permanentes.
Así, estas tasas constituyen mecanismos de financiamiento de algunos
servicios públicos específicos de carácter administrativo sobre el medio
ambiente. En consecuencia de lo anterior no le cabe duda a esta Corporación,
que nos encontramos ante verdaderas tasas por la prestación de un servicio
público específico.
Vista la existencia del requerimiento teleológico de la tasa en las tasas
ambientales, la Corporación abordará los cargos específicos dirigidos contra las
disposiciones acusadas.
De otra parte es preciso observar que en esta materia quien arroja o deposita
desechos con consecuencias nocivas, priva a otros del disfrute que obtendrían
los recursos en mejores condiciones si no se deterioran, es decir con dicha
conducta se genera un deterioro que implica costos para toda la sociedad, lo
cual habilita al legislador para definir que quien utiliza los recursos naturales
para producir efectos nocivos en ellos debe pagar por su conducta pues de lo
contrario, el costo se trasladaría a toda la sociedad.
En este sentido es claro que en el caso de que se ocupan las disposiciones
acusadas existen dos clases de servicios que originan las dos clases de tasas
en cuestión, es decir, de una parte se trata de mantener a disposición de todas
las personas el aire, agua o suelo para que depositen sus desechos, que da
lugar a una tasa retributiva y de otra se encuentra el servicio de garantizar la
renovabilidad de los recursos, que da lugar a una tasa compensatoria.
Obsérvese que en este caso la ley 99 de 1993 no creó nuevas tasas, sino que
se ocupó de regular en el orden legal y dentro del marco de la nueva Carta
Política las creadas en el Decreto ley 2811 de 1974, pero ahora dentro de la
nueva normatividad constitucional las reguló como rentas de inversión social y
como tales son la excepción a la regla de que no pueden existir rentas
nacionales con destinación específica.
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(…)»19 (Negrillas y subrayas de la Sala)
En similar sentido, esta Corporación ha entendido que, de acuerdo con los artículos
42 y 43 de la Ley 99 de 1993, corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible le corresponde la fijación de las tasas por la utilización de aguas:
«El Decreto 2811 de 1974 determinó que la utilización de las aguas con fines
lucrativos por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, daba lugar al
cobro de tasas.
El Decreto 1451 de 1978, en su artículo 232 autorizó al INDERENA para fijar tasas
a quienes utilicen las aguas y cauces en virtud de concesión o permiso.
De conformidad con el Decreto 501 de 1989, correspondía al INDERENA fijar y
recaudar el monto de las tasas y derechos que deben cobrarse por concepto del
aprovechamiento de los recursos naturales renovables con el fin mantener su
renovabilidad.
La Ley 99 de 1993 asigna al Ministerio del Medio Ambiente las siguientes
funciones en materia de determinación de tarifas
(…)
De conformidad con las normas trascritas, es claro que la fijación de las tasas
por la utilización de las aguas corresponde al Gobierno Nacional, Ministerio del
Medio Ambiente. En esta ocasión la Sala reitera los planteamientos expuestos
en sentencia del 27 de febrero de 2003 de esta Sección, en la cual se dijo:
”....corresponde al Gobierno Nacional –Presidente de la República y Ministro del
ramo-, expedir el correspondiente decreto fijando el monto de la tasa mínima por
el uso del agua tomada de la fuente natural para consumo humano, riego o
cualquiera otra actividad industrial o agropecuaria, conclusión con la cual se
encuentra de acuerdo esta Sección, con las siguientes salvedades: que hasta
tanto el Gobierno Nacional no expida dicha reglamentación bien puede la CAR
fijar la tarifa de las tasas, y que una vez expedida la reglamentación por parte del
Gobierno Nacional respecto de la fijación de las tarifas por la utilización del agua
de que trata el artículo 43 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca deberá ajustar a dicha reglamentación las tasas establecidas
mediante el acuerdo acusado”. (Cfr. Consejo de Estado. Sección Primera.
Expediente 7698. Sentencia del 27 de febrero de 2002. C.P. Dra. Olga Inés
Navarrete Barrero)»20 (Subrayas de la Sala).
En suma, de lo expuesto se concluye que el MADS sí cuenta con facultades para
reglamentar las tasas por utilización de aguas, siempre que actúe dentro de los
límites establecidos por el Legislador. Ahora bien, si bien lo anterior habilita a la
19 Corte Constitucional. Sentencia C-495/96. Magistrado ponente: Fabio Morón Díaz
20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Proceso radicado
número. 11001 03 24 000 2001 00164 01. Consejera Ponente: Olga Inés Navarrete Barrero.
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entidad para expedir regulaciones en la materia, no se desconoce que el
demandante plantea cargos por presunta extralimitación en el ejercicio de dicha
potestad ya que en su criterio de infringieron los artículos 42 y 43 de la Ley 99 de
1993, los cuales serán examinados a partir del punto 8.2.2 de esta providencia.
En consecuencia, el cargo no prospera.
8.2.2. Del cargo de vulneración de normas superiores
8.2.2.1. Tendrá que determinarse si son nulos por vulneración por normas
superiores los actos administrativos en los que se determinó que los sujetos activos
de la tasa de utilización de aguas serían las Corporaciones Autónomas Regionales,
las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parque Nacionales Naturales, si se alega
que en la Ley no se estableció que esas entidades serían las beneficiarias del
anotado tributo.
Pues bien, para una mejor contextualización del anterior cargo, es menester indicar
que el artículo 2.2.9.6.1.3. del Decreto 1076 de 2015 que compiló el artículo 3 del
Decreto 155 de 2004, disposiciones enjuiciadas en este asunto, prevé:
«Artículo 2.2.9.6.1.3. Sujeto activo. Las Corporaciones Autónomas
Regionales, las Corporaciones para el Desarrollo Sostenible, las Autoridades
Ambientales de los Grandes Centros Urbanos, las que se refiere el artículo 13
de la Ley 768 del 2002 y el artículo 124 de la ley 1617 de 2013 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, son competentes para recaudar
la tasa por utilización de agua reglamentada en este capítulo»
Ahora bien, aunque le asiste razón al demandante en cuanto a que el artículo 43 de
la Ley 99 de 1993 no definió de manera precisa quiénes son los sujetos activos de
la tasa, lo cierto es que existen otras disposiciones en el ordenamiento jurídico que
sí permiten establecer con claridad quiénes ostentan dicha calidad. En efecto, el
numeral 13 del artículo 31 ibidem, determinó:
«Artículo 31. Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán
las siguientes funciones:
(…)
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13) Recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasa, derechos, tarifas y
multas por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables, fijar su monto en el territorio de su jurisdicción con base en las
tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente» (Subrayas
de la Sala).
A su vez, el numeral 4º del artículo 46 ibidem dispone:
«Artículo 46. Patrimonio y rentas de las Corporaciones Autónomas
Regionales. Constituyen el patrimonio y rentas de las Corporaciones
Autónomas Regionales:
(…)
4) Los recursos provenientes de derechos, contribuciones, tasas, tarifas, multas
y participaciones, que perciban, conforme a la ley y las reglamentaciones
correspondientes; y en especial el producto de las tasas retributivas y
compensatorias de que trata el Decreto-Ley 2811 de 1.974 en concordancia con
lo dispuesto en la presente ley» (Subrayas de la Sala).
En cuanto a los grandes centros urbanos que ejercen funciones ambientales, el
artículo 66 ibidem contempló:
«Artículo 66. Competencias de grandes centros urbanos. Los municipios,
distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a
un millón de habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las
mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo
que fuere aplicable al medio ambiente urbano. Además de las licencias
ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones que les corresponda
otorgar para el ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro del
territorio de su jurisdicción, las autoridades municipales, distritales o
metropolitanas tendrán la responsabilidad de efectuar el control de vertimientos
y emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuos
tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación de daños
ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación.
Los municipios distritos o áreas metropolitanas de que trata el presente artículo
asumirán ante las Corporaciones Autónomas Regionales la obligación de
trasferir el 50% del recaudo de las tasas retributivas o compensatorias causadas
dentro del perímetro urbano y de servicios, por el vertimiento de afluentes
contaminantes conducidos por la red de servicios públicos y arrojados fuera de
dicho perímetro, según el grado de materias contaminantes no eliminadas con
que se haga el vertimiento» (Subrayas de la Sala) .
En lo que tiene que ver con la Unidad Administrativa Especial del Sistema de
Parques Nacionales Naturales, el numeral 5 del artículo 19 del Decreto Ley 216 de
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200321, vigente para el momento de expedición del Decreto 155 de 2004, estableció
lo siguiente:
«Artículo 19. Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales. La Unidad Administrativa Especial del Sistema de
Parques Nacionales Naturales - UAESPNN, es una dependencia del Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con autonomía administrativa y
financiera, en los términos del literal j) del artículo 54 de la Ley 489 de 1998,
encargada del manejo y administración del Sistema de Parques Nacionales
Naturales y de los asuntos que le sean asignados o delegados.
La Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales –UAESPNN tendrá las siguientes funciones:
(…)
5. Liquidar, cobrar y recaudar conforme a la ley, los derechos, tasas, multas,
contribuciones y tarifas por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales
asociados a las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y demás
bienes y servicios ambientales ofrecidos por dichas áreas» (Subrayas de la
Sala).
A su vez la Corte Constitucional en sentencia C-495 de 1996, arguyó los que sigue
sobre el sujeto activo del anotado tributo:
«5.1. LA SUPUESTA VIOLACION DEL ARTICULO 338 C.P.
Como quedó dicho más arriba, observa esta Corte que el legislador no se apartó
de los elementos básicos de la legalidad en materia de tasas, en efecto, estima
la Corporación que los artículos 42 y 43 de la Ley 99 de 1993, cumplen a
cabalidad, con el respeto al principio de legalidad en el tributo que exige la carta
política, como se verá a continuación:
(…)
d) Sujeto activo.
El sujeto activo está radicado en las Corporaciones Autónomas Regionales,
según el numeral 4º del artículo 46 de la Ley 99 de 1993, encargadas de prestar
el servicio y como tal, se les debe pagar por el mismo»22 (Subrayas de la Sala).
Así es evidente que en el ordenamiento jurídico sí se establecieron los sujetos
activos de la tasa objeto de controversia y que estos se encuentran en
correspondencia con el acto enjuiciado, de modo que el cargo no prospera.
21 Dicha facultad fue reiterada por el numeral 9 del artículo 2 Decreto Ley 3572 de 2011.
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8.2.2.2. De otro lado, se resolverá si son nulos por desconocimiento de normas
superiores, los actos administrativos por el cuales se reglamentó la tasa por
utilización de aguas, si se alega que se restringió el sujeto pasivo de ese tributo
únicamente a aquellas personas que cuenten con un permiso de aguas, si se
reprocha que en la Ley, dicha obligación recae sobre todos los usuarios del recurso
hídrico.
Con miras a resolver ese interrogante es pertinente indicar que originalmente el
artículo 43 de la Ley 99 de 1993, antes de sus modificaciones, determinó que el
hecho gravable del tributo sería la utilización de aguas por parte de personas
naturales y jurídicas, como se observa enseguida:
«Artículo 43. Tasas por utilización de aguas. La utilización de aguas por
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas
fijadas por el Gobierno Nacional que se destinarán al pago de los gastos de
protección y renovación de los recursos hídricos, para los fines establecidos por
el artículo 159 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1.974. El Gobierno Nacional
calculará y establecerá las tasas a que haya lugar por el uso de las aguas.
El sistema y método establecidos por el artículo precedente para la definición
de los costos sobre cuya base se calcularán y fijarán las tasas retributivas y
compensatorias, se aplicarán al procedimiento de fijación de la tasa de que trata
el presente artículo (…)» (Subrayas de la Sala).
En ese sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-495 de 1996, señaló que el
sujeto pasivo del tributo sería aquella persona que incurra en el hecho gravable:
«5.1. LA SUPUESTA VIOLACION DEL ARTICULO 338 C.P.
Como quedó dicho más arriba, observa esta Corte que el legislador no se apartó
de los elementos básicos de la legalidad en materia de tasas, en efecto, estima
la Corporación que los artículos 42 y 43 de la Ley 99 de 1993, cumplen a
cabalidad, con el respeto al principio de legalidad en el tributo que exige la carta
política, como se verá a continuación:
(…)
e) Sujeto pasivo.
El sujeto pasivo es cualquier persona natural o jurídica, que si bien no se
encuentra totalmente determinado es determinable, en función de ocurrencia
del hecho gravable, y por tanto se establece con plenitud su identidad, situación
constitucionalmente razonable en la configuración legal de los elementos
esenciales de la obligación tributaria23. Estima la Corte que si la norma jurídica
23 Corte Constitucional. Sentencia C-537/95. M.P.: Dr. Hernando Herrera Vergara.
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producida por el legislador consagra la forma de determinación del sujeto pasivo
de la obligación tributaria, ella no puede ser declarada inexequible por eventual
indeterminación del sujeto pasivo»24 (Subrayas de la Sala).
Atendiendo a lo anterior, en el artículo 4 del Decreto 155 de 2004, demandado, se
determinó que el sujeto pasivo de la tasa sería toda persona natural jurídica, pública
o privada, que utilice el recurso hídrico en virtud de una concesión de aguas, como
se transcribe a continuación:
« Artículo 4°.Sujeto pasivo. Están obligadas al pago de la tasa por utilización
del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que
utilicen el recurso hídrico en virtud de una concesión de aguas»
Ahora bien, con la expedición de la Ley 1450 de 2011 se adicionó el parágrafo
tercero al artículo 43 de la Ley 99 de 1993, que es objeto de controversia en esta
sede, estableciendo expresamente que la tasa por utilización de aguas también
debe ser cobrada a aquellas personas que, aun sin contar con una concesión,
hagan uso del recurso hídrico, sin perjuicio de las medidas preventivas y
sancionatorias a que haya lugar. La anotada disposición prevé:
«Artículo 43. Tasas por utilización de aguas. La utilización de aguas por
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas
fijadas por el Gobierno Nacional que se destinarán al pago de los gastos de
protección y renovación de los recursos hídricos, para los fines establecidos por
el artículo 159 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1.974. El Gobierno Nacional
calculará y establecerá las tasas a que haya lugar por el uso de las aguas.
(…)
Parágrafo 3o. La tasa por utilización de aguas se cobrará a todos los usuarios
del recurso hídrico, excluyendo a los que utilizan el agua por ministerio de ley,
pero incluyendo aquellos que no cuentan con la concesión de aguas, sin
perjuicio de la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que
haya lugar y sin que implique bajo ninguna circunstancia su legalización»
(Subrayas de la Sala).
Así, resulta evidente que la incorporación del parágrafo tercero al artículo 43 de la
Ley 99 de 1993 fue posterior a la expedición del Decreto 155 de 2004. Esta
circunstancia es relevante, en tanto el juicio de legalidad debe realizarse con base
en el marco normativo vigente al momento de expedición del acto acusado. En
consecuencia, no es posible afirmar que dicho decreto haya restringido el alcance
24 Corte Constitucional. Sentencia C-495/96. Magistrado ponente: Fabio Morón Díaz
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de la norma legal, pues para entonces el parágrafo en mención aún no había sido
incorporado al ordenamiento jurídico.
Con todo, la Sala no pasa por alto que, con ocasión de la compilación normativa
realizada mediante el Decreto 1076 de 2015, que también fue objeto de demanda,
el Gobierno Nacional incorporó como un parágrafo del acto reglamentario el
contenido introducido por la Ley 1450 de 2011 al artículo 43 de la Ley 99 de 1993.
Veamos:
«Artículo 2.2.9.6.1.4. Sujeto pasivo. Están obligadas al pago de la tasa por
utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud de una concesión de aguas.
Parágrafo. La tasa por utilización de aguas se cobrará a todos los usuarios del
recurso hídrico, excluyendo a los que utilizan el agua por ministerio de ley, pero
incluyendo aquellos que no cuentan con la concesión de aguas, sin perjuicio de
la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar y
sin que implique bajo ninguna circunstancia su legalización.
(Decreto 155 de 2004, art. 4 modificado por la Ley 1450 de 2011, art. 216)»
(Subrayas de la Sala).
Por ende, es evidente que el artículo 2.2.9.6.1.4. ibidem, ya contiene el parágrafo
del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 que echan de menos los demandantes, de
modo que el cargo no prospera.
8.2.2.3. Entre tanto, se dirimirá si son nulos por desconocimiento de normas
superiores, los actos administrativos por los cuales se reglamentó la tasa por
utilización de aguas, si se sostiene que modificaron la Ley al determinar que la base
gravable estaría constituida por el volumen de agua captada en lugar de los costos
en que se incurre para la prestación del servicio.
Pues bien, en lo que respecta a la base gravable para la determinación de la tasa
por utilización de aguas, es pertinente señalar que el artículo 43 de la Ley 99 de
1993 remite expresamente al artículo 42 ibidem para la definición del sistema y
método aplicables. Esta última disposición determina:
«Artículo 42. Tasas retributivas y compensatorias. La utilización directa o
indirecta de la atmósfera, del agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos
o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de
cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de
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actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades económicas
o de servicio, sean o no lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por
las consecuencias nocivas de las actividades expresadas.
También podrán fijarse tasas para compensar los gastos de mantenimiento de
la renovabilidad de los recursos naturales renovables. Queda así subrogado el
artículo 18 del Decreto número 2811 de 1974.
Para la definición de los costos y beneficios de que trata el inciso 2o. del
artículo 338 de la Constitución Nacional, sobre cuya base hayan de calcularse
las tasas retributivas y compensatorias a las que se refiere el presente artículo,
creadas de conformidad con lo dispuesto por el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de
1974, se aplicará el sistema establecido por el conjunto de las siguientes reglas:
a) La tasa incluirá el valor de depreciación del recurso afectado;
b) El Ministerio del Medio Ambiente teniendo en cuenta los costos sociales y
ambientales del daño, y los costos de recuperación del recurso afectado,
definirá anualmente las bases sobre las cuales se hará el cálculo de la
depreciación;
c) El cálculo de la depreciación incluirá la evaluación económica de los daños
sociales y ambientales causados por la respectiva actividad. Se entiende por
daños sociales, entre otros, los ocasionados a la salud humana, el paisaje, la
tranquilidad pública, los bienes públicos y privados y demás bienes con valor
económico directamente afectados por la actividad contaminante. Se entiende
por daño ambiental el que afecte el normal funcionamiento de los ecosistemas
o la renovabilidad de sus recursos y componentes;
d) El cálculo de costos así obtenido, será la base para la definición del monto
tarifario de las tasas.
Con base en el conjunto de reglas establecidas en el sistema de que trata el
inciso anterior, el Ministerio del Medio Ambiente aplicará el siguiente método en
la definición de los costos sobre cuya base hará la fijación del monto tarifario de
las tasas retributivas y compensatorias: a) A cada uno de los factores que
incidan en la determinación de una tasa, se le definirán las variables
cuantitativas que permitan la medición del daño; b) Cada factor y sus variables
deberá tener un coeficiente que permita ponderar su peso en el conjunto de los
factores y variables considerados; c) Los coeficientes se calcularán teniendo en
cuenta la diversidad de las regiones, la disponibilidad de los recursos, su
capacidad de asimilación, los agentes contaminantes involucrados, las
condiciones socioeconómicas de la población afectada y el costo de
oportunidad del recurso de que se trate; d) Los factores, variables y coeficientes
así determinados serán integrados en fórmulas matemáticas que permitan el
cálculo y determinación de las tasas correspondientes» (Subrayas de la Sala).
Así, para la determinación de la base gravable deben considerarse elementos como
la depreciación del recurso hídrico, los costos ambientales asociados al daño
causado, los gastos necesarios para su recuperación, así como el cálculo de la
depreciación económica derivada de los impactos sociales y ambientales
generados por la actividad que origina el uso del agua.
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Ahora bien, el artículo 6 del Decreto 155 de 2004, demandado, estableció que la
base gravable de la tasa por utilización de aguas corresponde al volumen de agua
efectivamente captada, conforme a los límites y condiciones señalados en la
respectiva concesión. Posteriormente, como se vio, con la incorporación de esta
disposición en el Decreto 1076 de 2015, enjuiciado, se adicionó un parágrafo que
precisó, entre otros aspectos, que las personas que no cuenten con una concesión
deberán pagar la tasa con base en el volumen de agua presumiblemente captado,
el cual será determinado por la autoridad ambiental competente a partir de la mejor
información disponible.
Al respecto, en el artículo 2.2.9.6.1.6. ibidem, se estableció:
«Artículo 2.2.9.6.1.6. Base Gravable. La tasa por utilización del agua se
cobrará por el volumen de agua efectivamente captada, dentro de los límites y
condiciones establecidos en la concesión de aguas.
Parágrafo. El sujeto pasivo de la tasa por utilización de aguas que tenga
implementado un sistema de medición podrá presentar a la autoridad ambiental
competente, en los términos y periodicidad que esta determine conveniente,
reportes sobre los volúmenes de agua captada. En caso de que el sujeto pasivo
no cuente con un sistema de medición de agua captada, la autoridad ambiental
competente procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa con base en
lo establecido en la concesión de aguas.
Para el caso de los usuarios que no cuenten con concesión de uso de las aguas,
se cobrará la tasa por el volumen de agua presumiblemente captado a partir de
la mejor información disponible por parte de la autoridad ambiental competente,
como la contenida en los instrumentos de planificación y administración del
recurso hídrico correspondiente, en el censo de usuarios del recurso hídrico, o
a partir de módulos de consumo adoptados o utilizados por la autoridad
ambiental competente para los diferentes tipos de usos.
(Decreto 155 de 2004, art.6 modificado por/a Ley 1450 de 2011, art.216)»
Por ende, en criterio de la Sala, la disposición enjuiciada es concordante con lo
previsto en los artículos 42 y 43 de la Ley 99 de 1993, que exigen considerar
variables cuantitativas para medir el daño ambiental y calcular los costos asociados.
En efecto, el volumen de agua utilizada constituye una variable objetiva que permite
reflejar, de manera proporcional, la intensidad del uso del recurso hídrico y, con ello,
aproximarse a los impactos ambientales que dicho uso genera. La captación del
recurso, entonces, se configura como un criterio técnico idóneo que facilita la
aplicación práctica del sistema de cálculo definido por el Legislador.
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En otras palabras, el volumen de agua captada es un parámetro que permite estimar
la depreciación ambiental y los costos necesarios para la recuperación del recurso
hídrico. Por tanto, la norma reglamentaria no introduce un elemento nuevo ni
modifica lo previsto en la Ley 99 de 1993, sino que lo desarrolla dentro del marco
de competencia conferido al Gobierno Nacional para esos efectos.
8.2.2.4. Por último, se analizará si son nulos por desconocimiento de normas
superiores, los actos administrativos por los cuales se reglamentó la tasa por
utilización de aguas, si se alega que se modificaron el sistema y método legal al
determinar que el cálculo de ese tributo sería a partir de una tarifa mínima y un factor
regional.
Pues bien, como se expuso en el acápite anterior, el artículo 42 de la Ley 99 de
1993 estableció el sistema y método para la fijación de la tarifa de las tasas
ambientales, precisando que para dicho cálculo deben considerarse los costos
asociados al daño causado al recurso natural, así como los gastos necesarios para
su recuperación. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia C-495 de
1996, destacó:
«5.1. LA SUPUESTA VIOLACION DEL ARTICULO 338 C.P.
c) Tarifa.
Para determinar la tarifa de las tasas ambientales estudiadas, estima la Corte,
que el legislador estableció los criterios objetivos en el inciso 3º del artículo 42
de la Ley 99 de 1993, así:
• A cada uno de los factores se le establece una variable cuantitativa.
• Estos generan un coeficiente que pondera el peso que cada una tiene en el
conjunto de todos los factores.
• El coeficiente dependerá de la región, la disponibilidad de los recursos, su
capacidad de asimilación, los agentes contaminantes involucrados, las
condiciones socioeconómicas de la población afectada y el costo de
oportunidad; de la lectura que desarrolle la autoridad ambiental en cada caso
concreto se determinará el monto a pagar por parte de los sujetos pasivos.
La consagración de un método y un sistema no significa necesariamente la
expresión aritmética o numérica mediante fórmulas exactas, sino que mediante
la ley, ordenanzas y acuerdos se recojan también hipótesis normativas
mediante las cuales se puedan definir los costos y beneficios que fijen la tarifa
como recuperación de los costos que les presenten o participación en los
beneficios que les proporcionen las autoridades administrativas competentes en
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materia de ingresos públicos, de forma que las autoridades administrativas
pueden ejercer excepcionalmente un poder tributario derivado de las tasas o
contribuciones, en forma precaria y limitada.
Como se aprecia, el legislador no desconoció la determinación del sistema y
método para calcular el costo del servicio, señalando la forma como la autoridad
administrativa debe definir la tarifa de las tasas. Tal determinación legal del
sistema y el método para definir el costo de un servicio, sólo puede juzgarse en
cada caso concreto y tomando en consideración las modalidades peculiares del
mismo.
Finalmente, es de mérito agregar que las frases “fijadas por el Gobierno
Nacional” y “El Gobierno Nacional calculará y establecerá las tasas a que
haya lugar por el uso de las aguas”, contenidas en el artículo 43 acusado,
en una interpretación conforme a la Constitución deben ser entendidas en
el sentido que el Gobierno Nacional determina, fija o calcula la tarifa de las
tasas, a partir de los métodos y sistemas que determine la ley»25
(Subrayas de la Sala).
Ahora, en el artículo 2.2.9.6.1.7. y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015, del
Decreto 155 de 2004, demandados, se estableció que para el establecimiento de la
tarifa se tendría en cuenta una tarifa mínima y un factor regional. Veamos:
«Artículo 2.2.9.6.1.7. Fijación de la tarifa. La tarifa de la tasa por utilización de
agua (TUA) expresada en pesos/m3, será establecida por cada autoridad
ambiental competente para cada cuenca hidrográfica, acuífero o unidad
hidrológica de análisis y está compuesta por el producto de dos componentes:
la tarifa mínima (TM) y el factor regional (FR):
TUA = TM * FR
TUA: Es la tarifa de la tasa por utilización del agua, expresada en pesos por
metro cúbico ($/m3).
TM: Es la tarifa mínima nacional, expresada en pesos por metro cúbico ($/m3).
FR: Corresponde al factor regional, adimensional.
(Decreto 155 de 2004, art. 7)
Artículo 2.2.9.6.1.8. Tarifa mínima (TM). El Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, mediante resolución, fijará anualmente el monto tarifario
mínimo de las tasas por utilización de aguas.
(Decreto 155 de 2004, art. 8)
Artículo 2.2.9.6.1.9. Factor regional. El Factor Regional integrará los factores
de disponibilidad, necesidades de inversión en recuperación de la cuenca
hidrográfica y condiciones socioeconómicas de la población; mediante las
variables cuantitativas de índice de Escasez, costos de inversión y el índice de
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Necesidades Básicas Insatisfechas, respectivamente. Cada uno de estos
factores tendrá asociado un coeficiente.
(Decreto 155 de 2004, art 9)
Artículo 2.2.9.6.1.10. Cálculo del Factor Regional (FR). El Factor Regional
será calculado anualmente por la autoridad ambiental competente para cada
cuenca hidrográfica, acuífero o unidad hidrológica de análisis, y corresponderá
a un factor adimensional de acuerdo con la siguiente expresión:
FR= 1+(CK+CE) * CS
El factor regional tendrá un rango de variación así:
1 ≤ FR ≤ 7 Para agua superficial.
1 ≤ FR ≤ 12 Para agua subterránea.
Los componentes del factor regional son:
Cs: Coeficiente de condiciones socioeconómicas que tomará los siguientes
valores de acuerdo con el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
determinado por el Departamento Nacional de Planeación del municipio en
donde se ubique el usuario que utiliza el agua para abastecimiento doméstico,
de acuerdo con la siguiente fórmula:
CS= 100-NBI Para consumos de agua asociados con el abastecimiento
100 domestico.
CS: 1 Para los demás casos
Este coeficiente tendrá un rango de variación entre 0 y 1: 0 ˂ CS ≤ Ck
Coeficiente de inversión: Fracción de los costos totales del plan de ordenación
y manejo de la cuenca no cubiertos por la tarifa mínima, de acuerdo con la
siguiente fórmula.
Donde:
Ck: Coeficiente de inversión de la cuenca hidrográfica.
CPMC: Costos totales anuales del plan de ordenación y manejo de la cuenca del
año inmediatamente anterior.
CTM: Facturación anual estimada de la tasa por utilización de aguas, aplicando
la Tarifa Mínima a los usuarios de la cuenca.
En ausencia del plan de ordenación y manejo de la cuenca, el valor del
coeficiente de inversión será igual a 0.
CE: Coeficiente de escasez. Este coeficiente varía de acuerdo con la escasez
del recurso hídrico considerando si la captación se realiza sobre agua superficial
o subterránea según las siguientes fórmulas:
Coeficiente de escasez para aguas superficiales.
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Radicado: 11001 03 24 000 2016 00296 00
Demandante: Sergio Fernando Jaramillo Pinzón y otro
Dónde:
CE: Coeficiente de escasez para aguas superficiales.
IES: Corresponde al índice de escasez para aguas superficiales estimado para
la cuenca, tramo o unidad hidrológica de análisis.
CE: Coeficiente de escasez para aguas subterráneas.
Dónde:
CE: Coeficiente de escasez para aguas subterráneas.
IES: Corresponde al índice de escasez para aguas subterráneas estimado para
el acuífero o unidad hidrológica de análisis.
(Decreto 155 de 2004, art.10)»
Así, la tarifa mínima de la tasa por utilización de aguas debe ser fijada anualmente
por el MADS. Por su parte, el factor regional será calculado por la autoridad
ambiental competente, teniendo en cuenta variables como la disponibilidad del
recurso hídrico, las necesidades de inversión para la recuperación de la cuenca
hidrográfica correspondiente y las condiciones socioeconómicas de la población
beneficiaria o afectada por su uso.
En ese contexto, en lo que respecta a la tarifa mínima, advierte la Sala que esta no
modifica el sistema y método previsto en el artículo 42 de la Ley 99 de 1993, sino
que lo desarrolla de manera armónica. En efecto, como se expuso en el punto
8.2.2.1. de esta providencia, el establecimiento de una tarifa mínima anual por parte
del MADS se encuentra expresamente autorizado en el numeral 29 del artículo 5
ibidem, y su finalidad no es otra que fijar un porcentaje obligatorio que asegure que
el cobro por el uso del agua refleje, al menos en su valor mínimo y los costos
asociados al impacto ambiental.
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Radicado: 11001 03 24 000 2016 00296 00
Demandante: Sergio Fernando Jaramillo Pinzón y otro
Entre tanto, respecto del factor regional, advierte la Sala que la norma enjuiciada se
ajusta a lo previsto en la ley. En efecto, dicho factor permite ajustar la tarifa según
las condiciones particulares de cada jurisdicción ambiental, lo cual resulta
compatible con las características específicas del ecosistema en cada área
geográfica. Asimismo, esta variable permite reflejar de manera más precisa las
necesidades locales de inversión para la recuperación y conservación de las
cuencas hidrográficas, garantizando así la proporcionalidad del cobro frente al
impacto ambiental generado.
En ese sentido, observa la Sala que los componentes establecidos en el decreto
enjuiciado se ajustan al sistema y método definidos por el Legislador en los artículos
42 y 43 de la Ley 99 de 1993. Ello, por cuanto desarrollan criterios técnicos y
económicos orientados a reflejar el impacto ambiental derivado del uso del recurso
hídrico, así como los costos asociados a su recuperación, en consonancia con lo
dispuesto por la norma legal.
Finalmente, debe precisarse que, si bien la Ley 508 de 1999 modificó el artículo 43
de la Ley 99 de 1993 para incluir expresamente una tarifa mínima y un factor
regional como parte del sistema y método de la tasa por utilización de aguas, norma
que, se encontraba contenida en el Plan Nacional de Desarrollo que fue declarado
inexequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-557 de 2000 por
vicios de procedimiento, dicha circunstancia no afecta la legalidad de los actos
administrativos enjuiciados. En efecto, como se expuso, los factores allí
incorporados son consistentes con el sistema y método establecidos en el artículo
42 de la Ley 99 de 1993, por lo que su desarrollo normativo resulta ajustado al marco
legal vigente.
Por tanto, el cargo no prospera.
8.3. Costas
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Radicado: 11001 03 24 000 2016 00296 00
Demandante: Sergio Fernando Jaramillo Pinzón y otro
Visto el artículo 188 del CPACA26, la Sala considera que no hay lugar a imponer
condena en costas a la parte demandante teniendo en cuenta que el presente
asunto fue promovido en ejercicio del medio de control de nulidad, el cual tiene por
objeto la protección del ordenamiento jurídico en abstracto, donde el interés que
mueve al actor es público y no es otro distinto al de defender la prevalencia del
principio de legalidad.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas, en atención a lo señalado en precedencia.
TERCERO: Una vez en firme esta decisión, procédase por Secretaría al archivo del
expediente, dejando las constancias a que hubiere lugar.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del
28 de agosto de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
26 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.”
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Demandante: Sergio Fernando Jaramillo Pinzón y otro
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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