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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2016-00588-00

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2016-00588-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO. SIN CONDENA EN COSTAS en atención a lo señalado en precedencia. TERCERO. Una vez en firme esta decisión, la Secretaría procederá al archivo del expediente, con las constancias de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2016-00588-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 24 000 2016 00588 00
Demandante: Osmar Alejandro Barreto Guerrero
Demandado: Presidencia de la República – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Medio de control: Nulidad
Tema: Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre. Sujeción de la
recolección con fines de investigación científica no comercial
Decisión: Niega las pretensiones de la demanda. Sin condena en costas

NULIDAD – ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la demanda de la referencia, instaurada por el señor Osmar
Alejandro Barreto Guerrero, en ejercicio del medio de control de nulidad1, en contra de
algunos apartes de los artículos 2.2.9.10.2.5, 2.2.9.10.2.6, 2.2.9.10.2.7 y 2.2.9.10.3.3 del
Decreto núm. 1272 del 3 de agosto de 2016 expedido por el Gobierno Nacional, "por el
cual se adiciona un capítulo al Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo
relacionado con la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre y se dictan otras
disposiciones".

I. LA DEMANDA

1.1. Pretensiones

La demanda tiene las siguientes pretensiones:

PRIMERO: Se declare NULA POR INCONSTITUCIONALIDAD la expresión “los
permisos de recolección con fines de investigación científica no comercial
y” contenida en el parágrafo 1 del artículo 2.2.9.10.2.5 que se encuentran
subrayado y en negrilla en la presente demanda.

SEGUNDO: se declare NULA POR INCOSTITUCIONALIDAD la expresión “los
permisos de recolección con fines de investigación científica no comercial y”
contenida en el parágrafo del artículo 2.2.9.10.2.6 que se encuentra subrayado y
en negrilla en la presente demanda.

TERCERO: se declare NULA POR INCONSTITUCIONALIDAD la expresión “los
permisos de recolección con fines de investigación científica no comercial y”

1 Visible en el índice 37 del SAMAI. Cuaderno Principal, folio 57. La demanda se presentó en ejercicio de

la nulidad por inconstitucionalidad prevista en el artículo 135 CPACA. Por auto del 29 de noviembre de
2018, el Despacho la adecuó al medio de control de nulidad del artículo 137 ibidem y la admitió.

Radicado: 11001 03 24 000 2016 00588 00
Demandante: Osmar Alejandro Barreto Guerrero
Demandado: Presidencia de la República – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible

contenida en el parágrafo del artículo 2.2.9.10.2.7 que se encuentra subrayado y
en negrilla en la presente demanda.

CUARTO: se declare NULA POR INCOSTITUCIONALIDAD la expresión
“permisos de estudio con fines de investigación científica, permisos
individuales de recolección de especies silvestres con fines de investigación
científica no comercial y” contenidas en el parágrafo 2 del artículo 2.2.9.10.3.3
que se encuentran subrayados y en negrilla en la presente demanda.

QUINTO: se declare NULA POR INCOSTITUCIONALIDAD la expresión “por
proyecto o práctica docente” contenidas en el parágrafo 3 del artículo
2.2.9.10.3.3 que se encuentran subrayados y en negrilla en la presente demanda.

SEXTO: se declare NULA POR INCOSTITUCIONALIDAD la expresión “fines de
investigación científica no comercial” contenida en el parágrafo 4 del artículo
2.2.9.10.3.3 que se encuentra subrayado y en negrilla en la presente demanda.

1.2. El acto acusado

A continuación, se transcriben las disposiciones acusadas (subrayado en negrilla los
apartes demandados):

DECRETO 1272 DE 2016

(Agosto 3)

"Por el cual se adiciona un capítulo al Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del
Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la tasa compensatoria por caza
de fauna silvestre y se dictan otras disposiciones"

[…]

ARTÍCULO 2.2.9.10.2.5. Coeficiente biótico. Es el factor que integra tres
elementos correspondientes a: estado de conservación de la especie, su presión
por uso y el estado de conservación del hábitat de la población objeto de caza. Se
determina con base en las categorías establecidas en el numeral 1 del anexo del
presente capítulo, y de conformidad con lo siguiente:

[…]

PARÁGRAFO 1. Para el caso de los permisos de recolección con fines de
investigación científica no comercial y los permisos de estudio con fines de
elaboración de estudios ambientales, el Coeficiente biótico (C/J) tomará un valor
de uno (1).

[…]

ARTÍCULO 2.2.9.10.2.6. Grupo trófico. Esta variable hace referencia a la
posición que un organismo de una especie ocupa en la red alimenticia, la cual está
relacionada con la dieta o tipo de alimento que consume, y considera si este es
invertebrado o vertebrado. El valor del Grupo trófico (Gt) se determina a partir de
las categorías establecidas en el numeral 3 del anexo del presente capítulo.

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Demandante: Osmar Alejandro Barreto Guerrero
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Sostenible

PARÁGRAFO. Para el caso de los permisos de recolección con fines de
investigación científica no comercial y los permisos de estudio con fines de
elaboración de estudios ambientales, se utilizará para el Grupo trófico (Gt) un valor
de 0,15 para los invertebrados y 0,8 para los vertebrados.

[…]

ARTÍCULO 2.2.9.10.2.7. Coeficiente de valoración. Es el factor que categoriza
las especies de fauna silvestre teniendo en cuenta el valor intrínseco, la
importancia cultural y el valor de mercado. El coeficiente de valoración (V) tomará
los siguientes valores según las siguientes categorías:

PARÁGRAFO. Para el caso de los permisos de recolección con fines de
investigación científica no comercial y los permisos de estudio con fines de
elaboración de estudios ambientales, el Coeficiente de valoración (V) tomará un
valor de uno (1).

[…]

ARTÍCULO 2.2.9.10.3.3. Información sobre el número de especímenes y/o
muestras base para el cobro. La tasa compensatoria por caza de fauna silvestre
nativa se cobrará por el número de especímenes en términos de individuos, según
la cantidad cazada o recolectada, o la aprobada en el respectivo permiso o licencia
conforme lo establecido en el presente artículo.

[…]

PARÁGRAFO 2. Para el caso de los permisos de estudio con fines de
investigación científica, permisos individuales de recolección de especies
silvestres con fines de investigación científica no comercial y permisos de
estudio para la recolección de especímenes con fines de elaboración de estudios
ambientales, se cobrará con base en el número de especímenes y/o muestras de
fauna silvestre cazadas o recolectadas, de acuerdo con el respectivo informe
presentado por el usuario de conformidad con lo establecido por la autoridad
ambiental competente y el marco normativo vigente. En caso de que el usuario no
presente dicho informe, se cobrará con base en lo establecido en el respectivo
permiso.

PARÁGRAFO 3. Para el caso de los permisos marco de recolección de que trata
el artículo 2.2.2.8.2.1 y siguientes del presente decreto, o la norma que los
modifique o sustituya, el número de especímenes y/o muestras corresponderá a
aquellas reportadas en la información semestral presentada por el titular del
permiso ante la autoridad ambiental competente a la que se refiere el artículo
2.2.2.8.2.4 del presente decreto. Esta información deberá indicar el número de
especímenes y/o muestras recolectadas por especie en el periodo correspondiente
por proyecto y práctica docente, relacionando la ubicación geográfica detallada
y discriminada por jurisdicción de las autoridades ambientales competentes, y el
cobro de la respectiva tasa se realizará anualmente.

PARÁGRAFO 4. Para el caso de las entidades científicas adscritas y vinculadas
al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que realicen la recolección de
especímenes de fauna silvestre con fines de investigación científica no
comercial en el marco del artículo 2.2.2.8.1.2 del presente decreto, el número de
especímenes y/o muestras corresponderá a las efectivamente cazadas o

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recolectadas según lo registrado en el Sistema de Información sobre Biodiversidad
de Colombia-SiB, conforme a lo establecido en el parágrafo 1 del citado artículo;
esta información deberá ser reportada al menos anualmente a la autoridad
ambiental competente con los debidos soportes, y el cobro de la respectiva tasa
se realizará anualmente.

[…]

1.3. Normas violadas y concepto de violación

El actor señala como infringidos el preámbulo y los artículos 2, 7, 8, 9, 65, 67, 69, 70, 71
y 72 de la Constitución Política.

El demandante formula un solo cargo que denomina así: los parágrafos acusados son
"violatorios de principios y valores constitucionales, vinculantes como el orden justo, la
equidad, la igualdad, la cultura, la fomentación de la investigación científica, el acceso al
conocimiento y la educación".

Como fundamento sostiene que Colombia es un Estado social de derecho inspirado en
valores como el orden justo y la equidad (artículo 2 y preámbulo), y que gravar con la
tasa al estudiante, docente o investigador que realiza caza con fines de investigación
científica no comercial resulta injusto. Afirma que la imposición de ese gravamen limita el
desarrollo de la investigación científica orientada al beneficio colectivo y desconoce que
quienes la realizan ya contribuyen al interés general mediante la generación de
conocimiento y de aportes científicos que favorecen el mejoramiento de las condiciones
de vida de la sociedad.

Expone que la investigación científica hace parte de la cultura de la Nación y goza de
especial protección del Estado (artículos 7 y 8), como lo reconoció la Corte Constitucional
en la sentencia C-316 de 1995, de modo que gravarla con una tasa contradice ese
mandato. Sostiene que el artículo 9 vincula a Colombia a organizaciones internacionales
como la UNESCO, que reconocen la investigación científica como aporte cultural y la
educación como derecho humano fundamental. Al respecto señala que la imposición de
la tasa desincentiva el desarrollo de la investigación científica, en especial entre
estudiantes, docentes e investigadores con recursos limitados, lo que repercute
negativamente en los intereses de la Nación y en la protección de la diversidad cultural.

Argumenta que el artículo 65 ordena promover la investigación; que el artículo 67
reconoce la educación como derecho y servicio público con función social, orientado al
acceso al conocimiento, para lo cual trae a colación la sentencia C-306 de 2011; que el
artículo 69 obliga al Estado a fortalecer la investigación científica en las universidades y
a ofrecer condiciones especiales para su desarrollo, y prevé la gratuidad de la educación
en las instituciones del Estado. Sustenta que los apartes demandados vulneran el
mandato constitucional de garantizar el ejercicio de la investigación científica ya que la
imposición de la tasa desincentiva su desarrollo, afecta tanto a estudiantes como a
docentes e incide negativamente en el acceso a la educación, la cultura y el conocimiento.

Respecto del artículo 70, señala que este impone promover la investigación, la ciencia y
la difusión de los valores culturales en igualdad de oportunidades, respecto del cual alude
a la sentencia C-506 de 1994. A su juicio, las disposiciones demandadas no ofrecen “[…]
condiciones de igualdad de oportunidades frente a la investigación científica, porque se
establece una carga económica al usuario, es decir, a los sujetos que realicen la caza

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científica no comercial que regula el decreto acusado y que se hace extensiva a los
investigadores en los parágrafos al establecer ´fines de investigación científica no
comercial`”.

Por último, sostiene que el artículo 71 declara libre la búsqueda del conocimiento y ordena
al Estado crear incentivos y estímulos especiales para quienes desarrollen y fomenten la
ciencia, de manera que, a su juicio, quienes hacen investigación científica deberían ser
sujetos activos y receptores de estímulos, más no contribuyentes o sujetos pasivos, como
resulta de los parágrafos acusados. Añade que la carga económica hace más difícil la
investigación y genera desigualdad entre quienes tienen capacidad de pago y quienes
no, en especial estudiantes, docentes e investigadores, y pide por ello el retiro de las
expresiones acusadas del ordenamiento.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.1. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por conducto de su apoderada,
contestó la demanda mediante escrito radicado el 22 de marzo de 2019, en el que solicitó
negar las pretensiones, al considerar que el decreto se expidió con apego a la
Constitución y a la ley2.

Al pronunciarse sobre los hechos, el Ministerio aceptó como ciertos aquellos en que se
afirma que expidió el Decreto núm. 1272 de 2016, de carácter nacional y general, que
adicionó un capítulo al Decreto 1076 de 2015 para reglamentar la tasa compensatoria de
que trata el artículo 42 de la Ley 99 de 1993 por la caza de fauna silvestre nativa.

Igualmente aceptó que el artículo 2.2.9.10.1.2 fijó el ámbito de aplicación, dirigido a las
autoridades ambientales competentes y a las personas naturales o jurídicas que cacen
fauna silvestre nativa, denominadas usuarios, y estableció la tarifa de la tasa; y que los
artículos 2.2.9.10.2.5, 2.2.9.10.2.6, 2.2.9.10.2.7 y 2.2.9.10.3.3 contienen las
disposiciones cuyas expresiones se demandan.

Además, aceptó parcialmente el hecho relativo al gravamen sobre la investigación y
admitió que “efectivamente los parágrafos mencionados gravan la investigación
científica”.

En su defensa, sostuvo que la caza está definida por la ley, pues el Decreto-Ley 2811 de
1974 la clasifica según su finalidad e incluye la caza científica y el Decreto 1076 de 2015
desarrolla la recolección de especímenes con fines de investigación, de modo que el
cobro de la tasa a las instituciones de educación no vulnera derechos constitucionales.

Explicó que las tasas ambientales son tributos de carácter general que la Ley 99 de 1993
estableció tanto para actividades lucrativas como no lucrativas y que la tasa
compensatoria busca compensar los gastos de mantenimiento de la renovabilidad de los
recursos naturales renovables, sin monetizar la biodiversidad. Añadió que, lejos de gravar
más la investigación, el decreto le dio un tratamiento diferencial favorable, pues le asignó

2 Visible en el índice 37 del SAMAI. Cuaderno Principal, folio 68.

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el valor más bajo del tipo de caza y valores reducidos en los demás componentes del
factor regional, y que el estudio de impacto previo a la expedición estimó que la tasa
correspondería a menos del 1% del presupuesto de los proyectos. Precisó que la
reglamentación surgió para dar cumplimiento a una sentencia de acción popular proferida
por el Consejo de Estado, y que el recaudo se destina a la protección y renovación del
recurso fauna silvestre.

En cuanto al concepto de violación, sostuvo que el decreto se expidió conforme a los
artículos 79, 80 y 209 de la Constitución, y que el actor se limitó a transcribir las normas
que estimó vulneradas sin cotejarlas de manera real y clara con los apartes acusados.

Propuso las excepciones que denominó: (i) “presunción de legalidad del acto
administrativo demandado”, sobre la base de que el decreto se expidió ajustado a las
disposiciones legales vigentes y no aparece viciado de nulidad; (ii) “inepta demanda”, por
falta de sustentación del concepto de violación en los términos del artículo 162 del
CPACA; y (iii) “falta de causa para impetrar la presente acción”, por cuanto, a su juicio, la
expedición del acto no vulneró precepto constitucional o legal, ni incurrió en falsa
motivación.

2.2. Presidencia de la República

La apoderada del Presidente de la República contestó la demanda el 26 de marzo de
2021, tras la vinculación dispuesta en la audiencia inicial, y manifestó su oposición a las
pretensiones de nulidad, por considerar que no existe la “inconstitucionalidad” alegada.3

Frente a los hechos, señaló que es cierto que se expidió el decreto demandado, pero no
en los términos expuestos por el demandante, y no aceptó como cierto que el alcance de
los apartes acusados sea el que este les atribuye.

En cuanto al cargo, se remitió a los considerandos del decreto y sostuvo que las normas
demandadas, relativas a la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre y vistas en su
contexto, "no dejan de fomentar la investigación científica ni, mucho menos, limitan su
libre ejercicio, pues con ellas lo que se pretende es garantizar la renovabilidad de la fauna
silvestre, y por ello se cobra a los usuarios que ejercen la caza de la misma".

Añadió que corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible explicar las
razones de defensa de las normas demandadas y manifestó que las coadyuva en todas
sus partes.

Propuso la excepción que denominó "indebida representación de la Nación – falta de
legitimación en la causa material del señor presidente de la República, para ser vinculado
al proceso". La sustentó en que, conforme al artículo 115 de la Constitución y al artículo
159 del CPACA, el Presidente de la República no figura entre las autoridades que
representan a la Nación en los procesos contenciosos, de modo que la defensa de los
decretos reglamentarios corresponde a los ministros y directores de departamento
administrativo que los suscriben, y no al primer mandatario ni a la Presidencia de la
República, salvo en asuntos contractuales suscritos directamente por él en nombre de la
Nación, supuesto que, afirmó, no se presenta en esta demanda. Solicitó, en
consecuencia, su desvinculación del proceso, para que sea el Ministerio, que suscribió el

3 Visible en el índice 53 del SAMAI.

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decreto, quien defienda su legalidad, y pidió que la excepción se decidiera en la audiencia
inicial, en los términos del artículo 180 del citado código.

Manifestó, además, que el Presidente de la República no tiene el deber de archivar los
antecedentes de los actos administrativos que suscribe, por lo que no aportó documento
alguno relacionado con la expedición del decreto.

III. AUDIENCIA INICIAL

La audiencia inicial se surtió en dos sesiones. La primera se celebró el 13 de noviembre
de 20204. En ella, de oficio, se declaró probada la excepción previa del numeral 10 del
artículo 100 del Código General del Proceso, pues habiéndose suscrito el decreto por el
Presidente de la República y el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el auto
admisorio del 29 de noviembre de 2018 solo ordenó notificar al ministro, de modo que el
contradictorio no quedó debidamente integrado.

En consecuencia, con fundamento en el artículo 115 de la Constitución, se ordenó
vincular al presidente de la República, correrle traslado de la demanda y suspender la
audiencia hasta su vinculación.

La audiencia se reanudó el 6 de febrero de 20235. En dicha sesión se resolvieron las
excepciones previas y mixtas. Respecto de las propuestas por el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, se subsumieron en la de inepta demanda del numeral 5 del
artículo 100 del Código General del Proceso, y fueron negadas, al considerar que la
demanda cumplió la carga mínima argumentativa propia de las acciones públicas y que
el concepto de violación permite el examen de legalidad, sin que se evidenciara indebida
acumulación de pretensiones. La denominada "falta de causa para impetrar la presente
acción" se halló referida al fondo del asunto y se dispuso resolverla en la etapa procesal
correspondiente.

De igual modo, se negó la excepción de la Presidencia de la República denominada "falta
de legitimación en la causa material del señor Presidente de la República". Para ello se
consideró que, tratándose del medio de control de nulidad, la Nación - Gobierno Nacional,
conformada según el artículo 115 de la Constitución por el presidente de la República y
el ministro del ramo, debe estar representada por quienes suscribieron el acto, de modo
que, habiendo firmado el decreto el presidente y el ministro de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, la vinculación de aquel resulta válida.

A continuación, se fijó el litigio en los siguientes términos:

Uno es el cargo que plantea el demandante en su solicitud: el de infracción de
normas superiores. En consecuencia, previa verificación del cumplimiento de la
carga argumentativa que corresponde al accionante y teniendo en cuenta la
congruencia de que trata el artículo 187 del CPACA, en concordancia con lo

4 Visible en el índice 47 del SAMAI. En esa sesión, a partir del informe secretarial sobre la existencia del

proceso 11001-03-24-000-2017-00363-00, a cargo del Consejero de Estado Roberto Augusto Serrato
Valdés, con audiencia inicial ya surtida, el Despacho descartó la cosa juzgada y el pleito pendiente y negó
la acumulación solicitada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por no haberse pedido en
la oportunidad legal, conforme al artículo 165 del CPACA y, por remisión, al artículo 148 del CGP, que la
admiten hasta antes de señalarse fecha para la audiencia inicial.
5 Visible en el índice 71 del SAMAI.

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dispuesto en el artículo 281 del CGP, así como las excepciones propuestas y las
que de oficio se encontraren probadas, en los términos del artículo 282 de esta
última codificación normativa, se deberá decidir:

Si el Gobierno Nacional, integrado por la Presidencia de la República y el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, expidieron los apartes demandados de los
artículos 2.2.9.10.2.5, 2.2.9.10.2.6, 2.2.9.10.2.7, 2.2.9.10.3.3 del Decreto 1272 del
3 de agosto de 2016, 'Por el cual se adiciona un capítulo al Título 9 de la Parte 2
del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la tasa compensatoria por
caza de fauna silvestre y se dictan otras disposiciones', con desconocimiento del
Preámbulo y de los artículos 2, 7, 8, 9, 65, 67, 69, 70, 71 y 72 de la Constitución
Política, así como de los 'principios y valores constitucionales vinculantes', como
son el orden justo, la equidad, la igualdad, la cultura, el fomento de la investigación
científica y al acceso al conocimiento y la educación.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro de la oportunidad prevista en el artículo 181 del CPACA, presentaron alegatos de
conclusión las dos entidades demandadas, el 20 de febrero de 2023. El demandante no
presentó alegatos.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reiteró la posición de su
contestación6. Sostuvo que las tasas ambientales son tributos de carácter general que la
Ley 99 de 1993 estableció para actividades lucrativas y no lucrativas, con apoyo en la
sentencia C-495 de 1996. Precisó que la tasa busca compensar los gastos de
mantenimiento de la renovabilidad del recurso, no monetizar la biodiversidad, y que el
concepto de caza está definido en el Decreto-Ley 2811 de 1974.

Explicó que el Decreto 1272 de 2016 otorgó a la investigación científica no comercial un
tratamiento diferencial, con los valores más bajos del tipo de caza y de los coeficientes,
para no desincentivarla, y que su impacto es inferior al uno por ciento del presupuesto de
los proyectos. Añadió que ese decreto se expidió conforme a los artículos 79, 80 y 209
de la Constitución y que el actor no cotejó de manera real las normas invocadas con los
apartes acusados. Desarrolló la presunción de legalidad del acto y concluyó que los
apartes demandados no contravienen la ley ni la Constitución.

La Presidencia de la República reiteró su oposición a las pretensiones, por ausencia de
la violación alegada7. Se remitió a los considerandos del Decreto 1272 de 2016 para
explicar su fundamento, entre ellos los deberes de protección del ambiente de los
artículos 79 y 80 de la Constitución, el artículo 42 de la Ley 99 de 1993, modificado por
el artículo 211 de la Ley 1450 de 2011, que habilita fijar tasas para compensar los gastos
de mantenimiento de la renovabilidad de los recursos naturales renovables, la
exequibilidad de ese artículo declarada en la sentencia C-495 de 1996, la clasificación de
la caza del Decreto-Ley 2811 de 1974 y la Política para la Gestión Ambiental de la Fauna
Silvestre, que prevé la adopción de instrumentos económicos.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

6 Visible en el índice 73 del SAMAI.
7 Visible en el índice 71 del SAMAI.

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El Agente del Ministerio Público guardó silencio en los alegatos de conclusión.

VI. DEL TRÁMITE POSTERIOR AL TRASLADO PARA ALEGAR DE
CONCLUSIÓN

Mediante escrito del 23 de octubre de 2023, el Consejero de Estado Germán Eduardo
Osorio Cifuentes manifestó su impedimento para conocer del proceso de la referencia, al
considerar que se encontraba incurso en la causal prevista en el numeral 3 del artículo
130 del CPACA. Dicho impedimento fue declarado infundado por la Sección Primera del
Consejo de Estado mediante providencia del 26 de ese mes y año8.

VII. DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala procede a decidir el
asunto sub-lite, previas las siguientes

VIII. CONSIDERACIONES

8.1. Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 137 y 149.1 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 2019 (modificado por el artículo 1º del Acuerdo núm. 434 de 2024),
expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer en única instancia del presente asunto.

8.2. Planteamiento

El debate planteado por las partes en este proceso se concentra en un solo cargo: la
infracción de las normas superiores en las que el acto debía fundarse, correspondiente
al fijado en la audiencia inicial. La controversia se delimita a continuación en los términos
en los que efectivamente fue planteada.

Las partes coinciden en que los apartes acusados de los parágrafos de los artículos
2.2.9.10.2.5, 2.2.9.10.2.6, 2.2.9.10.2.7 y 2.2.9.10.3.3 del Decreto 1272 de 2016 se aplican
a la recolección de especímenes de fauna silvestre con fines de investigación científica
no comercial. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al contestar la demanda,
aceptó que “efectivamente los parágrafos mencionados gravan la investigación
científica”.

La discrepancia recae sobre si esa aplicación desconoce las normas superiores
invocadas. La parte demandante sostiene que someter al pago de la tasa cuestionada a
los estudiantes, docentes e investigadores que realizan investigación científica no
comercial desconoce los deberes estatales de fomento de la ciencia, la cultura y la

8 Visible en el índice 80 del SAMAI.

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educación, y hace depender el ejercicio de la investigación de la capacidad de pago de
quien la realiza, con quebranto del derecho a la igualdad. El Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible sostiene que el concepto de caza está definido por la ley, que el
decreto otorgó a la investigación científica no comercial un tratamiento diferencial para
no desincentivarla y que los recaudos se destinan de manera prioritaria a estudios de
investigación básica y aplicada. La Presidencia de la República sostiene que los apartes
acusados, vistos en su contexto, no dejan de fomentar la investigación científica ni limitan
su libre ejercicio, pues persiguen garantizar la renovabilidad de la fauna silvestre. La
controversia exige a la Sala establecer si los apartes acusados son los que someten la
investigación científica con fines no comerciales a la tasa; y si someterla a ese tributo
desconoce las normas superiores invocadas.

Así, corresponde a la Sala determinar si el Gobierno Nacional, integrado por la
Presidencia de la República y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, expidió
los apartes acusados con desconocimiento del preámbulo, de los artículos de la
Constitución Política invocados en la demanda y de los principios y valores
constitucionales vinculantes que el actor estima vulnerados.

8.3. Análisis de la Sala

8.3.1. Naturaleza jurídica y régimen de la tasa compensatoria por caza de fauna
silvestre

La tasa compensatoria por caza de fauna silvestre es un instrumento económico de
gestión ambiental. La Constitución Política encomienda al Estado la protección de la
diversidad e integridad del ambiente y la planificación del manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. La Ley 99 de 1993 desarrolló ese mandato y adoptó, entre los
principios de la política ambiental colombiana que “el Estado fomentará la incorporación
de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos para la prevención,
corrección y restauración del deterioro ambiental y para la conservación de los recursos
naturales renovables”9.

Dentro de esos instrumentos, la ley previó las tasas ambientales, que trasladan a quien
aprovecha un recurso natural el costo que ese aprovechamiento representa para el
Estado, encargado de mantenerlo. La caza de fauna silvestre nativa es una de esas
formas de aprovechamiento y su ejercicio da lugar al cobro de la tasa compensatoria. La
jurisprudencia constitucional ha caracterizado la tasa como un ingreso tributario que el
Estado establece de manera unilateral pero que solo se hace exigible cuando el particular
decide utilizar el servicio correspondiente, cuya finalidad es la recuperación total o parcial
del costo que ese servicio genera. Las tasas ambientales, en particular, se originan en
“la utilización de un bien de uso público cuya conservación está a cargo del Estado”, de
modo que esa conservación constituye un costo que debe asumir quien utiliza el
ambiente10.

9 Numeral 7 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993.
10 Corte Constitucional, sentencia C-495 de 1996, M.P. Fabio Morón Díaz. La Corte resolvió una acción

pública de inconstitucionalidad contra el artículo 42 y su parágrafo, el artículo 43 y su parágrafo y el numeral
4 del artículo 46 de la Ley 99 de 1993, y contra el artículo 18 del Decreto Ley 2811 de 1974, por la presunta
infracción de los artículos 150 numeral 11, 154, 338, 359 y 363 de la Constitución Política. Declaró
exequibles las disposiciones acusadas de la Ley 99 de 1993 y se inhibió respecto del artículo 18 del Decreto

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La Corte Constitucional, en la sentencia C – 495 de 1996, distinguió las dos tasas del
artículo 42 de la Ley 99 de 1993. La retributiva, en la que el hecho generador lo constituye
la utilización de la atmósfera, del agua o del suelo para introducir o arrojar desechos u
otras sustancias con un efecto nocivo, y lo que se retribuye es el servicio de remoción de
la contaminación producida por el sujeto pasivo. La compensatoria, en cambio, “[…]
puede interpretarse en un sentido económico como una modalidad de reintegro de los
costos que invierte el Estado a través de sus instituciones encargadas del manejo,
administración, conservación y preservación de estos recursos naturales y del medio
ambiente”.

El servicio que la compensatoria retribuye es el mantenimiento de la renovabilidad de los
recursos naturales renovables. Sobre esa diferencia, la Corte precisó que “las tasas
compensatorias a diferencia de las retributivas, en este caso no buscan crear incentivos
permanentes”. Esta Sección acudió a esa caracterización al juzgar reglamentos de las
tasas ambientales11.

De lo anterior se sigue una precisión que orienta la lectura del régimen. Aunque la tasa
compensatoria pertenece al género de los instrumentos económicos, no cumple una
función de disuasión de la conducta gravada. Su medida no es el reproche a la actividad,
sino el costo que ella representa para el Estado, y su finalidad no es desalentar el
aprovechamiento del recurso, sino financiar su renovabilidad.

La tasa compensatoria tiene su fundamento legal en el artículo 42 de la Ley 99 de 1993,
cuyo inciso segundo prevé que “[…] podrán fijarse tasas para compensar los gastos de
mantenimiento de la renovabilidad de los recursos naturales renovables”12, disposición
que subrogó el artículo 18 del Decreto-Ley 2811 de 1974.

Ley 2811 de 1974. En esa providencia caracterizó la naturaleza de las tasas ambientales y distinguió la
retributiva de la compensatoria.
11 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 28 de agosto de 2025, radicación 11001-03-24-000-

2016-00296-00, C.P. Oswaldo Giraldo López. La Sala transcribió y acudió a la caracterización de las tasas
ambientales de la sentencia C-495 de 1996 al resolver una demanda de nulidad contra los decretos
reglamentarios de la tasa por utilización de aguas.
12 ARTÍCULO 42. Tasas Retributivas y Compensatorias. La utilización directa o indirecta de la

atmósfera, el agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o
industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean
resultado de actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio,
sean o no lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las
actividades expresadas.
También podrán fijarse tasas para compensar los gastos de mantenimiento de la renovabilidad de los
recursos naturales renovables. Queda así subrogado el artículo 18 del Decreto 2811 de 1974.
Para la definición de los costos y beneficios de que trata el inciso 2o. del artículo 338 de la Constitución
Nacional, sobre cuya base hayan de calcularse las tasas retributivas y compensatorias a las que se refiere
el presente artículo, creadas de conformidad con lo dispuesto por el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974, se aplicará el sistema
establecido por el conjunto de las siguientes reglas: a) La tasa incluirá el valor de depreciación del recurso
afectado; b) El Ministerio del Medio Ambiente teniendo en cuenta los costos sociales y ambientales del
daño, y los costos de recuperación del recurso afectado, definirá anualmente las bases sobre las cuales se
hará el cálculo de la depreciación; c) El cálculo de la depreciación incluirá la evaluación económica de los
daños sociales y ambientales causados por la respectiva actividad. Se entiende por daños sociales, entre
otros, los ocasionados a la salud humana, el paisaje, la tranquilidad pública, los bienes públicos y privados
y demás bienes con valor económico directamente afectados por la actividad contaminante. Se entiende
por daño ambiental el que afecte el normal funcionamiento de los ecosistemas o la renovabilidad de sus
recursos y componentes; d) El cálculo de costos así obtenido, será la base para la definición del monto
tarifario de las tasas.

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En ejercicio de la potestad reglamentaria del numeral 11 del artículo 189 de la
Constitución Política y con fundamento en el artículo 42 de la Ley 99 de 1993, el Gobierno
Nacional expidió el Decreto 1272 de 201613 y adicionó un capítulo al Decreto 1076 de
2015. El artículo 2.2.9.10.2.1 de esa codificación declara que el cálculo de la tasa se
desarrolla “de conformidad con el sistema y el método definidos por el artículo 42 de la
Ley 99 de 1993”. El reglamento se sitúa así, por sus propios términos, como desarrollo
de los parámetros legales.

La estructura de ese cálculo se enuncia en el artículo 2.2.9.10.2.2:

ARTÍCULO 2.2.9.10.2.2. Tarifa de la tasa compensatoria por caza de fauna
silvestre. La tarifa de la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre para cada
especie objeto de cobro, expresada en pesos, está compuesta por el producto de
la tarifa mínima base (TM) y el factor regional (FR), componentes que se
desarrollan en los siguientes artículos, de acuerdo con esta expresión:

TFSi = TM x FRi

Donde:

TFSi: es la tarifa de la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre para la
especie i, expresada en pesos por espécimen o muestra.

TM: es la tarifa mínima base, de conformidad con lo establecido por el artículo
2.2.9.10.2.3, expresada en pesos por espécimen o muestra.

FRi: es el factor regional determinado para cada especie i de conformidad con lo
establecido por el artículo 2.2.9.10.2.4, adimensional.

La tarifa mínima base la fija el Ministerio mediante resolución, conforme al artículo
2.2.9.10.2.3 de la misma codificación, teniendo en cuenta los costos de recuperación del
recurso como base para el cálculo de su depreciación, de acuerdo con las pautas y reglas
del artículo 42 de la Ley 99 de 1993. El artículo 2.2.9.10.2.4 define el factor regional en
estos términos:

ARTÍCULO 2.2.9.10.2.4. Factor regional. Es un factor multiplicador que se aplica
a la tarifa mínima base y representa los costos sociales y ambientales causados
por la caza de fauna silvestre, como elementos estructurantes de su depreciación,
de acuerdo con lo establecido en los incisos tercero y cuarto del artículo 42 de la
Ley 99 de 1993.

Con base en el conjunto de reglas establecidas en el sistema de qué trata el inciso anterior, el Ministerio
del Medio Ambiente aplicará el siguiente método en la definición de los costos sobre cuya base hará la
fijación del monto tarifario de las tasas retributivas y compensatorias: a) A cada uno de los factores que
incidan en la determinación de una tasa, se le definirán las variables cuantitativas que permitan la medición
del daño; b) Cada factor y sus variables deberá tener un coeficiente que permita ponderar su peso en el
conjunto de los factores y variables considerados; c) Los coeficientes se calcularán teniendo en cuenta la
diversidad de las regiones, la disponibilidad de los recursos, su capacidad de asimilación, los agentes
contaminantes involucrados, las condiciones socioeconómicas de la población afectada y el costo de
oportunidad del recurso de que se trate; d) Los factores, variables y coeficientes así determinados serán
integrados en fórmulas matemáticas que permitan el cálculo y determinación de las tasas correspondientes.
[…]
13 "Por el cual se adiciona un capítulo al Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015,

Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la
tasa compensatoria por caza de fauna silvestre y se dictan otras disposiciones"

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Este factor considera las condiciones biológicas del recurso y su hábitat, la presión
antrópica ejercida sobre el mismo, aspectos socioeconómicos y el tipo de caza. El
factor regional será calculado por la autoridad ambiental competente para cada
una de las especies objeto de cobro, según el hábitat relacionado de la población
animal, de acuerdo con la siguiente expresión:

FR = (Cb + 4,5N) x Tc x Gt x V

Donde:

FR: es el factor regional, adimensional.

Cb: es el Coeficiente biótico que toma valores entre 1 y 5, de conformidad con el
numeral 1 del anexo del presente capítulo.

N: es la variable de nacionalidad que toma valor de 0 para usuarios nacionales y
de 1 para extranjeros.

Tc: corresponde a la variable que indica el Tipo de caza, y toma valores entre 0,1
y 1,2 de conformidad con la tabla incluida en el numeral 2 del anexo del presente
capítulo.

Gt: corresponde al Grupo trófico, y toma valores entre 0,08 y 1,0 de acuerdo con
la tabla incluida en el numeral 3 del anexo del presente capítulo.

V: corresponde al Coeficiente de valoración, y toma valores entre 0,01 y 20 de
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.9.10.2.7 del presente capítulo.

En los siguientes artículos se describen el Coeficiente biótico (Cb), el Grupo trófico
(Gt) y el Coeficiente de valoración (V).

El decreto define cada una de esas variables, unas en el articulado y otras en el anexo
del capítulo. Estas variables se definen así:

El coeficiente biótico “integra tres elementos correspondientes a: estado de
conservación de la especie, su presión por uso y el estado de conservación del hábitat
de la población objeto de caza”. El artículo 2.2.9.10.2.5 desarrolla cada uno de ellos y
remite, para su graduación, a las categorías del numeral 1 del anexo. Toma valores entre
uno y cinco.

La variable de nacionalidad toma el valor de cero para los usuarios nacionales y de uno
para los extranjeros.

El tipo de caza se gradúa en el numeral 2 del anexo según la finalidad del
aprovechamiento, con los siguientes valores: caza comercial, de fomento y deportiva, 1,2;
caza científica con fines comerciales, 0,9; caza científica para estudios ambientales, 0,6;
caza de control, 0,3; y caza científica no comercial, 0,1.

El grupo trófico “hace referencia a la posición que un organismo de una especie ocupa
en la red alimenticia, la cual está relacionada con la dieta o tipo de alimento que consume,
y considera si este es invertebrado o vertebrado”. Se gradúa conforme al numeral 3 del
anexo y toma valores entre 0,08 y 1,0.

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El coeficiente de valoración, único que el articulado define por sí mismo, “categoriza
las especies de fauna silvestre teniendo en cuenta el valor intrínseco, la importancia
cultural y el valor de mercado”. El artículo 2.2.9.10.2.7 le asigna el valor de 20 para las
especies carismáticas de gran porte; 10 para las de mediano porte; un valor entre 0,01 e
inferior a 1,0 para las especies con amplio uso consuntivo local y de alta importancia
cultural; y 1,0 para las demás especies.

De la lectura de estas disposiciones se advierte que la tarifa se determina en función de
las condiciones de la especie cazada, del estado de su hábitat, de la posición del
espécimen en la red alimenticia, del valor de la especie, de la nacionalidad del usuario y
de la finalidad del aprovechamiento, esta última mediante la variable de tipo de caza.

Finalmente, el artículo 2.2.9.10.4.2 destina el recaudo a la protección y renovación del
recurso fauna silvestre, destinación que comprende “el monitoreo y la elaboración de
estudios de investigación básica y aplicada, estas últimas prioritarias para efectos de la
inversión de la tasa”.

8.3.2. Sobre el cargo de infracción de las normas superiores en que el acto debía
fundarse

Los reproches del actor

El actor sostiene que las expresiones acusadas convierten en sujetos pasivos de la tasa
a quienes cazan fauna silvestre con fines de investigación científica no comercial. Así lo
expresa al afirmar que

[…] estos parágrafos gravan la investigación científica, convirtiendo a los
investigadores en sujetos pasivos por parte del estado (sic), cuando deberían ser
sujetos activos del mismo.

De esa premisa la parte demandante deriva la totalidad de su reproche.

Conviene precisar el alcance de esa premisa, porque de ella depende el examen que
sigue. El reproche del actor no se dirige al valor de los coeficientes ni a la cuantía de la
tasa. Lo que atribuye a las expresiones acusadas es un efecto anterior: la sujeción misma
al tributo, esto es, la conversión del investigador en obligado a su pago.

Sobre esa atribución el actor edifica un cargo único, cuya argumentación la Sala agrupa
en dos reproches: el primero, someter a la tasa a quien desarrolla la investigación
científica desconoce el deber estatal de fomentarla, pues, en palabras del actor, quienes
la ejercen “deberían ser sujetos activos por parte del estado […] y no convertirlos en
contribuyentes o sujetos pasivos”; el segundo, dicha carga económica quebranta la
igualdad de oportunidades, al recaer sobre quienes no tienen la misma capacidad de
pago.

El Ministerio, al contestar, aceptó parcialmente el hecho relativo al gravamen y admitió
que “efectivamente los parágrafos mencionados gravan la investigación científica”. Esa
admisión, sin embargo, no zanja la controversia. Que la investigación científica no
comercial esté alcanzada por la tasa es cuestión distinta de si son las expresiones
acusadas las que producen ese efecto. Corresponde entonces a la Sala verificar qué

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disponen en realidad las expresiones demandadas y si de ellas se sigue la sujeción que
el actor les imputa.

Antes de abordar el fondo del asunto, la Sala advierte que, si bien la parte actora enunció
entre las normas infringidas el artículo 72 de la Constitución Política, conforme al cual el
patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado, lo cierto es que en el
concepto de violación no lo menciona en parte alguna ni expone razón que explique en
qué consistiría su desconocimiento.

No se trata de una argumentación insuficiente, sino de la ausencia total de reproche.
Como el medio de control de nulidad se rige por el principio de justicia rogada, la Sala no
puede construir de oficio la acusación que el demandante no formuló, pues hacerlo
quebrantaría el derecho de defensa de las entidades demandadas, que no tuvieron
oportunidad de controvertir lo que nunca se les imputó. Por tanto, el cargo, en cuanto se
predica del artículo 72 de la Constitución Política, no prospera por falta de concepto de
violación.

El alcance de las normas acusadas

Delimitado así el reproche, la Sala establece qué disponen los apartes acusados y cuál
es su lugar en el régimen de la tasa.

La caza que da lugar al cobro comprende la recolección. El artículo 2.2.1.2.5.1 del
Decreto 1076 de 2015, que recoge la definición del Decreto-Ley 2811 de 1974, entiende
por caza “todo acto dirigido a la captura de animales silvestres ya sea dándoles muerte,
mutilándolos o atrapándolos vivos y la recolección de sus productos”, y comprende “bajo
la acción genérica de cazar todo medio de buscar, perseguir, acosar, aprehender o matar
individuos o especímenes de la fauna silvestre o recolectar sus productos”. El Decreto-
Ley clasifica la caza según su finalidad y entre sus modalidades figura la caza científica.

El sometimiento de esa actividad a la tasa proviene de dos disposiciones que el actor no
demandó, que se describen a continuación:

El artículo 2.2.9.10.1.2 delimita el ámbito de aplicación del tributo y, al hacerlo, incluye
entre los usuarios a los titulares de permisos de recolección de especímenes con fines
de investigación científica no comercial:

ARTÍCULO 2.2.9.10.1.2. Ámbito de aplicación. El presente capítulo se dirige a las
autoridades ambientales competentes a que se refiere el artículo 2.2.9.10.1.3, y a
las personas naturales o jurídicas que cacen la fauna silvestre nativa en el país,
en adelante denominadas usuarios.

La tasa compensatoria en materia de caza científica incluye (i) los permisos de
estudio con fines de investigación científica de que trata el artículo 2.2.1.5.1.1 y
siguientes del presente decreto (caza científica con fines comerciales); (ii) los
permisos de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad
biológica con fines de investigación científica no comercial de que trata el artículo
2.2.2.8.1.1 y siguientes del presente decreto (caza científica no comercial); y, (iii)
los permisos de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres
de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales de que
trata el artículo 2.2.2.9.2.1 y siguientes del presente decreto (caza científica para
estudios ambientales), o los que los modifiquen o sustituyan.

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[...]

El artículo 2.2.9.10.1.4 determina el sujeto pasivo:

ARTÍCULO 2.2.9.10.1.4. Sujeto Pasivo. Están obligados al pago de la tasa
compensatoria todos los usuarios que cacen la fauna silvestre nativa, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 99 de 1993.

No obstante, las expresiones efectivamente acusadas cumplen una función distinta. Por
una parte, en los artículos 2.2.9.10.2.5, 2.2.9.10.2.6 y 2.2.9.10.2.7, lo demandado es la
expresión que incluye a los permisos de recolección con fines de investigación científica
no comercial entre los supuestos a los que se asigna un valor determinado de los
coeficientes que integran el factor regional. Y, por la otra, en el artículo 2.2.9.10.3.3, lo
demandado se refiere a la información sobre el número de especímenes o muestras que
sirve de base para el cobro.

En ambos casos, las expresiones acusadas presuponen que la actividad ya está sujeta
a la tasa y se limitan a determinar el valor de un componente del cálculo o la base sobre
la cual se liquida.

La sujeción y su fundamento legal

Los elementos esenciales de la tasa son materia reservada a la ley. Conforme al inciso
segundo del artículo 33814 de la Constitución Política, el sistema y el método para definir
los costos que la tasa recupera deben ser fijados por la ley, mientras que la fijación de la
tarifa puede confiarse a la autoridad administrativa.

El artículo 42 de la Ley 99 de 1993 dispone que “para la definición de los costos y
beneficios de que trata el inciso 2º del artículo 338 de la Constitución Nacional sobre cuya
base hayan de calcularse las tasas retributivas y compensatorias […], se aplicará el
sistema establecido por el conjunto de [las siguientes] reglas”, y a continuación fija el
método conforme al cual “el Ministerio del Medio Ambiente aplicará […] la definición de
los costos sobre cuya base hará la fijación del monto tarifario”.

La Corte Constitucional examinó ese reparto en la sentencia C-449 de 2015, al resolver
una demanda contra los incisos 3º y 4º del artículo 42, en la que se sostenía que confiar
a la autoridad ambiental la aplicación del método para fijar el monto tarifario desconocía
el principio de legalidad tributaria. Los declaró exequibles y reiteró que el sistema y el
método corresponden a la ley, mientras que la tarifa puede confiarse a la autoridad

14 ARTICULO 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los
concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las
ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases
gravables, y las tarifas de los impuestos.
La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y
contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les
presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir
tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los
acuerdos.
Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos
ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience
después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo.

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administrativa, siempre que la ley haya fijado aquellos15. Esta Sección aplicó ese mismo
reparto al juzgar los reglamentos de las tasas por utilización de aguas, y concluyó que el
reglamento que fija la tarifa mediante una tarifa mínima y un factor regional desarrolla el
sistema y el método legales sin modificarlos.16

El artículo 42 de la Ley 99 de 1993 contiene la habilitación legal para establecer tasas
destinadas a compensar los gastos de mantenimiento de la renovabilidad de los recursos
naturales renovables y fija el sistema y el método conforme a los cuales deben
determinarse los costos y el monto tarifario. La inclusión específica de la caza de fauna
silvestre nativa y de la modalidad científica no comercial se concreta, en cambio, en las
disposiciones reglamentarias que delimitan el ámbito de aplicación y el sujeto pasivo, las
cuales no fueron objeto de la demanda.

En efecto, como fueron citados en párrafos anteriores, el artículo 2.2.9.10.1.2 del Decreto
1076 de 2015 incluye expresamente dentro del ámbito de aplicación de la tasa a los
titulares de permisos de recolección de especímenes con fines de investigación científica
no comercial, mientras que el artículo 2.2.9.10.1.4 ídem establece que están obligados al
pago todos los usuarios que cacen fauna silvestre nativa. Estas disposiciones, y no las
expresiones acusadas, son las que concretan reglamentariamente la sujeción de esa
modalidad de recolección a la tasa.

Las expresiones acusadas ocupan un lugar posterior en ese esquema normativo. No
delimitan el ámbito de aplicación ni determinan el sujeto pasivo, sino que fijan el valor de
algunos componentes del factor regional o establecen la información sobre el número de
especímenes o muestras que sirve de base para el cobro. En consecuencia, presuponen
que la actividad se encuentra sometida a la tasa y regulan aspectos relativos a su
liquidación.

De ahí que la conjunción con que concluyen las expresiones de los artículos 2.2.9.10.2.5,
2.2.9.10.2.6 y 2.2.9.10.2.7 no altere esa conclusión. Que esas expresiones incluyan a la
recolección científica en el supuesto del coeficiente no las convierte en la fuente de la
sujeción. La sujeción específica de la investigación científica no comercial se encuentra
prevista en las normas reglamentarias que delimitan el ámbito de aplicación y el sujeto
pasivo, expedidas con fundamento en la habilitación contenida en el artículo 42 de la Ley
99 de 1993. Las expresiones acusadas únicamente determinan la manera en que esa
actividad participa en la liquidación de la tasa.

De lo expuesto se concluye que las expresiones acusadas no convierten al investigador
en sujeto pasivo de la tasa. Esa condición proviene de normas que el actor no demandó,
y que remiten a la ley que autoriza el tributo. Las expresiones acusadas presuponen esa
sujeción y se limitan a fijar el valor con que la actividad participa en la liquidación.

15 Corte Constitucional, sentencia C-449 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. La Corte examinó si

delegar en el Ministerio de Ambiente la definición anual de las bases del cálculo de la depreciación y la
aplicación del método para fijar el monto tarifario de las tasas retributivas y compensatorias desconocía la
reserva de ley del artículo 338 de la Constitución. Concluyó que la delegación se ajusta a la Carta en tanto
la ley haya fijado el sistema y el método, y declaró exequibles, por el cargo examinado, las expresiones
acusadas de los incisos tercero y cuarto del artículo 42 de la Ley 99 de 1993.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de agosto

de 2025, rad. 11001-03-24-000-2016-00296-00, C.P. Oswaldo Giraldo López. Al resolver la nulidad de los
decretos reglamentarios de la tasa por utilización de aguas, la Sección sostuvo que los componentes del
reglamento —tarifa mínima y factor regional— se ajustan al sistema y el método definidos por el legislador
en los artículos 42 y 43 de la Ley 99 de 1993, de modo que los desarrollan sin modificarlos.

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De ello se sigue una consecuencia que confirma lo anterior. La anulación de las
expresiones acusadas no liberaría a la investigación científica no comercial del pago de
la tasa, pues su sujeción no depende de ellas. Antes bien, en los artículos 2.2.9.10.2.5,
2.2.9.10.2.6 y 2.2.9.10.2.7 esa anulación podría privar a la actividad del valor favorable
que esas mismas disposiciones le reconocen, cuestión que se examinará al estudiar el
reproche fundado en la igualdad.

La premisa sobre la que el actor edifica el cargo no se corresponde, entonces, con lo que
las expresiones acusadas disponen. Ello bastaría para negar el cargo. No obstante, dado
que los reproches planteados cuestionan materialmente el tratamiento que se dispensa
a la investigación científica no comercial, la Sala los examinará con el fin de establecer si
las expresiones demandadas desconocen los mandatos superiores invocados.

Sobre el reproche de desconocimiento de los deberes de fomento de la investigación
científica, la cultura y la educación

El actor sostiene que los apartes acusados, al convertir en sujetos pasivos de la tasa a
quienes realizan investigación científica no comercial, desconocen los deberes que la
Constitución Política le impone al Estado en materia de fomento de la ciencia, la cultura
y la educación.

El deber de promover la investigación que el artículo 65 de la Constitución Política
establecía al expedirse el acto acusado está referido a la producción de alimentos y de
materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad.
Esa materia es ajena al reproche formulado en el cargo, comoquiera que no se cuestiona
una medida relativa a la producción agropecuaria, sino la recolección de especímenes
de fauna silvestre con fines de investigación científica no comercial.

El actor invoca también los artículos 7 y 9 de la Constitución Política. Del primero, que
reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación, deriva que la investigación,
por ser parte de la cultura, merece protección estatal. Del segundo, que sujeta las
relaciones exteriores del Estado a los principios del derecho internacional aceptados por
Colombia, deriva que los pronunciamientos de la Unesco sobre el valor de la investigación
resultan vinculantes. En ninguno de los dos casos formula un reproche distinto del que
dirige contra los deberes de fomento, razón por la cual la Sala los examina conjuntamente
con aquellos.

La Sala comparte la premisa de la que parte el actor, y lo hace con apoyo en la misma
providencia que él invoca. Según lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-316
de 1995,
[…] la investigación científica y el desarrollo tecnológico hacen parte de la cultura
y se han convertido por voluntad del Constituyente en una responsabilidad del
Estado de amplio espectro, hasta el punto que debe asumirlos como un
presupuesto básico de la educación y particularmente de la formación universitaria
[…], e igualmente como instrumento del desarrollo económico y social.

Esa premisa, sin embargo, no conduce a la conclusión que el demandante extrae de ella.
La Sala encuentra que los preceptos transcritos imponen al Estado deberes de
protección, promoción y fomento en materia de cultura, educación y ciencia. Sobre el
alcance de esa clase de deberes, la Corte Constitucional precisó lo siguiente, al examinar

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los artículos 8 y 70 de la Constitución Política, en relación con la protección del patrimonio
cultural:

Ahora bien, a pesar de que es cierto que el patrimonio cultural de la Nación está
bajo la protección del Estado, no es menos cierto que la Carta no establece
fórmulas, ni mecanismos precisos, ni unívocos que impongan los mecanismos o la
manera cómo deben protegerse, por lo que es lógico concluir que al legislador
corresponde reglamentarlos, haciendo uso de su libertad de configuración política.

[…]

De igual manera, si bien los artículos 8º y 70 superiores consagraron el deber del
Estado de proteger las riquezas culturales de la Nación y promover y fomentar el
acceso a la cultura de todos los ciudadanos, no señalaron fórmulas precisas para
llegar a ese cometido, de ahí que deba entenderse que el Constituyente dejó al
legislador o al ejecutivo a cargo de esa reglamentación17.

En esa misma providencia, la Corte concluyó que la restricción examinada no implicaba
“desatención ni descuido de los deberes que consagra la Constitución”, porque el
ordenamiento cumple esos deberes por otras vías.

En sentido concordante, y ya sobre la actividad de fomento de la ciencia, la misma
Corporación había señalado:

La especificidad de la norma del art. 355 […] no puede significar en modo alguno
un cercenamiento de la actividad de fomento que el Estado cumple a través de
mecanismos y formas variadas y complejas18.

Así, los deberes constitucionales de promover y fomentar la ciencia, la cultura y la
educación no prescriben el medio por el cual han de cumplirse. Una disposición no los
desconoce, por tanto, por el solo hecho de no ser ella misma una medida de fomento.
Los desconocería si impidiera al Estado cumplirlos, o si sustrajera a la actividad
fomentada de la protección que el ordenamiento le dispensa por otras vías. Nada de eso
hacen las expresiones acusadas.

Que las expresiones acusadas no sean una medida de fomento no las hace contrarias a
los deberes de promoción y fomento de la ciencia y la cultura que el actor invoca, del
mismo modo que no lo son las demás normas del ordenamiento que, sin fomentar la
ciencia, imponen cargas a quienes la ejercen.

A ello se agrega una consideración que se desprende de la naturaleza de la tasa
compensatoria. Conforme quedó expuesto, esa tasa no busca crear incentivos
permanentes ni disuadir la conducta gravada, sino compensar el costo que el Estado

17 Corte Constitucional, sentencia C-742 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. La Corte resolvió

una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 4 (parcial) de la Ley 397 de 1997, fundada en la
infracción de los artículos 8, 70 y 72 de la Constitución Política, por restringir la protección del patrimonio
cultural a los bienes declarados de interés cultural. Declaró exequible la expresión acusada, tras precisar
el alcance de los deberes estatales de protección y fomento.
18 Corte Constitucional, sentencia C-316 de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell. La Corte examinó la

constitucionalidad del Decreto 393 de 1991, sobre asociación del Estado con particulares para actividades
científicas y tecnológicas, frente a la prohibición de auxilios del artículo 355 de la Constitución Política, y
declaró exequibles las disposiciones acusadas. En esa providencia caracterizó la actividad estatal de
fomento de la ciencia.

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asume para mantener la renovabilidad del recurso aprovechado. Que el Ministerio haya
explicado el tratamiento diferencial de la investigación científica no comercial como una
manera de no desincentivarla19 no altera esa naturaleza, pues la tasa no es un
instrumento dirigido contra la investigación científica ni contra actividad alguna. Su
medida es el costo del servicio, y ese costo se causa con independencia de la finalidad
con que se realice la caza.

El artículo 71 ordena al Estado estimular a quien desarrolla la ciencia. La tasa
compensatoria se cobra a quien caza fauna silvestre nativa, con independencia de la
finalidad con que lo haga. Que una misma persona pueda ser destinataria de un estímulo
por investigar y sujeto pasivo de una tasa por cazar no encierra contradicción, pues los
títulos por los cuales se le estimula y se le cobra son diversos.

El demandante afirma, además, que el investigador “en cierta medida ya está
retribuyendo por el uso del medio ambiente al hacer aportes en conocimiento a la nación”.
La Sala encuentra que la afirmación desatiende la naturaleza del tributo. Según la
jurisprudencia constitucional ya citada, la tasa nace como recuperación de los costos que
al Estado le representa prestar una actividad o autorizar el uso de un bien de dominio
público, y la retribución que paga el contribuyente guarda relación directa con los
beneficios que de ese bien o servicio deriva.

La tasa se mide, pues, por el costo del servicio que retribuye. El servicio que la
compensatoria retribuye es el mantenimiento de la renovabilidad del recurso, esto es, un
costo material que el Estado asume a través de sus instituciones. El conocimiento que la
investigación produce, por valioso que sea, no sufraga ese costo. La utilidad social de
una actividad no suprime el costo ambiental que ella genera, ni lo traslada a quien no lo
causó.

El actor sostiene también que, al someter a los investigadores al pago de la tasa, “se
estaría cobrando de alguna manera por el acceso a la educación, al conocimiento, a la
ciencia que debe ser libre”.

El reproche parte de identificar como equivalentes dos situaciones jurídicamente
distintas. La tasa controvertida no recae sobre el acceso al sistema educativo, la
matrícula, la enseñanza, la producción de conocimiento ni el ejercicio de la investigación
científica considerados en sí mismos. La obligación surge de una actuación diferente: la
caza o recolección de especímenes de fauna silvestre nativa, conducta incluida dentro
del ámbito de aplicación del régimen de la tasa compensatoria.

De este modo, el pago de la tasa no constituye una contraprestación por recibir
educación, acceder al conocimiento o ejercer la libertad de investigación. Tampoco
condiciona el ingreso o la permanencia en una institución educativa, ni impone una
erogación por la prestación del servicio público de educación. Por esa razón, la regla del
artículo 67 de la Constitución relativa a la gratuidad de la educación en las instituciones
del Estado y a la posibilidad de cobrar derechos académicos no constituye el parámetro
directamente aplicable al caso: la tasa compensatoria no tiene la naturaleza de derecho
académico ni remunera un servicio educativo.

Los artículos 69, 70 y 71 de la Constitución imponen al Estado deberes de fortalecimiento,
promoción y estímulo de la investigación científica, la cultura y la educación. Sin embargo,
19 Contestación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuaderno principal, folio 68.

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de esos mandatos no se deriva una inmunidad general frente a las cargas ambientales
asociadas al aprovechamiento de recursos naturales. Para que se configurara la
vulneración alegada sería necesario demostrar que la tasa impide o restringe de manera
desproporcionada el desarrollo de la investigación científica, circunstancia que el actor
no acreditó.

En consecuencia, las expresiones acusadas no someten a gravamen el acceso a la
educación, al conocimiento o a la ciencia, sino que regulan aspectos de la liquidación de
una tasa derivada de la recolección de fauna silvestre. Por ello, no prospera el reproche
fundado en el desconocimiento de los deberes constitucionales de fomento de la
investigación científica, la cultura y la educación.

Sobre el reproche de desconocimiento de la igualdad y la capacidad de pago del
investigador

Sostiene el actor que

[…] no todos los estudiantes, docentes, o investigadores en general, tienen la
capacidad económica para hacer el pago de la tasa compensatoria de caza de
fauna silvestre, lo que crearía más desigualdad con estudiantes, docentes y
investigadores en general que sí tengan estos recursos, aumentando así la brecha
de desigualdad social, ya que es precisamente la educación el principal medio para
salir de la pobreza.

Y, al referirse al artículo 70 de la Constitución Política, que

[…] no se ofrecen condiciones de igualdad de oportunidades frente a la
investigación científica, porque se establece una carga económica al usuario […].
[F]rente a esto habrá estudiantes que sí tengan estas capacidades de pago, lo que
genera una clara desigualdad en la oportunidad de acceder al conocimiento.

El reproche parte de un presupuesto que no se corresponde con la naturaleza del tributo.
La Corte Constitucional ha precisado las características que identifican a las tasas:

[…] (ii) la misma nace como recuperación total o parcial de los costos que le
representan al Estado, directa o indirectamente, prestar una actividad, un bien o
servicio público; […] (v) aun cuando su pago resulta indispensable para garantizar
el acceso a actividades de interés público o general, su reconocimiento tan sólo se
torna obligatorio a partir de la solicitud del contribuyente, por lo que las tasas
indefectiblemente se tornan forzosas a partir de una actuación directa y referida de
manera inmediata al obligado20.

De esas características se sigue que la medida de la tasa es el costo del servicio, no la
capacidad económica del obligado. El inciso segundo del artículo 338 de la Constitución
Política, ya transcrito, así lo dispone al concebir la tarifa como recuperación de los costos
de los servicios prestados. Y la tasa se torna exigible cuando el contribuyente provoca su
prestación, esto es, cuando decide aprovechar el recurso.

20 Corte Constitucional, sentencia C-402 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Al distinguir las
categorías tributarias, la Corte enunció como características de las tasas, entre otras, que su
reconocimiento tan sólo se torna obligatorio a partir de la solicitud del contribuyente, tornándose forzosas
a partir de una actuación referida de manera inmediata al obligado.

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Coherente con ello, ninguna de las variables que las expresiones acusadas emplean para
determinar la tarifa atiende a la capacidad económica del usuario. El factor regional se
compone del coeficiente biótico, la variable de nacionalidad, el tipo de caza, el grupo
trófico y el coeficiente de valoración, que atienden al estado de conservación de la
especie, a la presión de uso sobre ella, al estado de su hábitat, a la posición del
espécimen en la red alimenticia, al valor de la especie y a la finalidad del
aprovechamiento. La tarifa no varía, en consecuencia, según la capacidad económica de
quien la paga. Lo mismo cabe decir de la base sobre la cual se liquida el tributo, que los
parágrafos del artículo 2.2.9.10.3.3 fijan según el número de especímenes o muestras
efectivamente recolectados: el criterio es la magnitud del aprovechamiento, no el
patrimonio de quien lo realiza.

La Sala advierte, además, que la desigualdad que el actor describe no proviene de los
apartes acusados. La tarifa no varía según el patrimonio del usuario; bajo las mismas
condiciones relativas a especie, finalidad del aprovechamiento y nacionalidad, el
resultado tarifario es uniforme. Lo que el actor reprocha no es, en rigor, que la norma trate
de manera desigual a los investigadores, sino que la carga que impone por igual a todos
resulte más gravosa para quienes disponen de menos recursos. Esa consecuencia no
deriva del contenido de los apartes acusados, sino de la desigual capacidad económica
de las personas.

La jurisprudencia constitucional admite que las tasas incorporen criterios distributivos, sin
imponerlos. Al enumerar las características de este tributo, la Corte Constitucional señaló
que el pago “por regla general, es proporcional, pero en ciertos casos admite criterios
distributivos”21. Se trata de una posibilidad excepcional y no de una exigencia
constitucional, de modo que su ausencia no vicia el tributo.

A ello se agrega una consideración que descarta la desigualdad que el actor alega. Lejos
de gravar con mayor rigor a la investigación científica no comercial, las expresiones
acusadas le reconocen un tratamiento más favorable que el aplicable a las demás
modalidades de caza. El régimen reconoce a la investigación científica no comercial un
tratamiento especial en varios componentes de la fórmula, particularmente en la variable
correspondiente al tipo de caza y en el coeficiente biótico.

De ese modo, la tarifa que corresponde a la investigación científica no comercial resulta
sensiblemente inferior a la que soportan quienes cazan con otros fines.

De ahí que la anulación que el actor pretende produciría un efecto contrario al que
persigue. Suprimidas las expresiones acusadas, la investigación científica no comercial
no quedaría exenta de la tasa —cuya sujeción, según se expuso, no depende de ellas—
, sino que perdería los coeficientes reducidos que hoy le reconocen esos parágrafos, con
lo cual pasaría a liquidarse conforme a los valores ordinarios. El reproche de desigualdad
se dirige, así, contra las únicas disposiciones del régimen que dispensan a la
investigación el trato tarifario más benigno.

Conviene precisar este aspecto. El literal c) del método establecido en el artículo 42 de
la Ley 99 de 1993 dispone que los coeficientes “se calcularán teniendo en cuenta”, entre
otros factores, “las condiciones socioeconómicas de la población afectada”. La ley, por
tanto, impone que ese elemento sea considerado al estructurar el sistema tarifario. Sin
21 Ibidem.

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embargo, ello no significa que las condiciones socioeconómicas de la población afectada
deban identificarse, sin más, con la capacidad económica individual del sujeto pasivo, ni
que el legislador haya ordenado que la tarifa varíe según el patrimonio o los ingresos de
cada usuario.

La expresión empleada por la ley admite que la población afectada sea entendida como
la colectividad que soporta los efectos ambientales y sociales del aprovechamiento del
recurso, de modo que la incidencia de ese factor puede reflejarse en la metodología
tarifaria de formas distintas a un coeficiente construido sobre la capacidad económica
individual del obligado. En consecuencia, el solo hecho de que la tarifa no se gradúe
según la situación patrimonial de cada investigador no demuestra el desconocimiento del
mandato legal.

En cuanto a la igualdad de oportunidades del artículo 70 de la Constitución Política, ese
precepto impone al Estado el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de
todos los colombianos en igualdad de oportunidades. Conforme se expuso al examinar
el reproche anterior, la Carta no señala fórmulas precisas para el cumplimiento de esa
clase de deberes, cuya realización concreta corresponde al desarrollo normativo. De esa
cláusula no se desprende que toda carga tributaria que recaiga sobre quien ejerce una
actividad cultural o científica deba modularse según su capacidad económica.

Los mismos razonamientos son aplicables al orden justo y a la equidad que el actor deriva
del preámbulo y del artículo 2 de la Constitución Política, que enuncian fines esenciales
del Estado y no reglas sobre la estructura de los tributos.

En consecuencia, no prospera el reproche fundado en el desconocimiento de la igualdad
y de la capacidad de pago del investigador.

Los reproches examinados se dirigen a la sujeción de la investigación científica no
comercial a la tasa y a la tarifa que le corresponde. Resta una expresión acusada cuyo
contenido es distinto y que, por ello, no quedó comprendida en ese examen: la que, en
la pretensión quinta, el actor dirige contra las palabras “por proyecto o práctica docente”
del parágrafo tercero del artículo 2.2.9.10.3.3. El actor no desarrolló respecto de ella un
concepto de violación autónomo; con todo, como la expresión alude a la actividad
docente, conviene precisar su alcance para descartar que someta la enseñanza al tributo.

El contraste entre el encabezado del artículo y el parágrafo tercero muestra que la norma
no grava la enseñanza. El encabezado dispone que la tasa se cobra por el número de
especímenes “según la cantidad cazada o recolectada”; el hecho que da lugar al cobro
es la recolección. El parágrafo tercero no somete actividad alguna al tributo: dispone que
la información semestral que el titular de un permiso marco debe presentar indique el
número de especímenes recolectados “por especie en el periodo correspondiente por
proyecto y práctica docente”. La práctica docente opera allí como criterio de
desagregación del reporte, no como actividad gravada. La norma no somete a la tasa la
enseñanza, sino la recolección que se realice, entre otros supuestos, con ocasión de ella.

Examinados los reproches en que el actor sustentó el cargo, la Sala concluye que los
apartes acusados de los parágrafos de los artículos 2.2.9.10.2.5, 2.2.9.10.2.6,
2.2.9.10.2.7 y 2.2.9.10.3.3 del Decreto 1076 de 2015, adicionado por el Decreto 1272 de
2016, no desconocen los deberes constitucionales de fomento de la investigación
científica, la cultura y la educación, ni la igualdad, ni el orden justo, ni la equidad. Tampoco

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prospera el cargo en cuanto se predica del artículo 72 de la Constitución Política, respecto
del cual el actor no expuso concepto de violación alguno.

Por lo anterior, el cargo de infracción de las normas superiores en que el acto debía
fundarse no prospera, y la Sala negará las pretensiones de la demanda.

8.4. Costas

Visto el artículo 188 del CPACA22, la Sala considera que no hay lugar a imponer condena
en costas teniendo en cuenta que el presente asunto fue promovido en ejercicio del medio
de control de nulidad, el cual tiene por objeto la protección del ordenamiento jurídico en
abstracto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la
parte motiva.

SEGUNDO. SIN CONDENA EN COSTAS en atención a lo señalado en precedencia.

TERCERO. Una vez en firme esta decisión, la Secretaría procederá al archivo del
expediente, con las constancias de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 6 de
agosto de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
Aclara Voto

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON
Consejero de Estado Consejera de Estado

22 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil.”.

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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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