República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-24-000-2016-00535-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-24-000-2016-00535-00 (3325-2018)
Demandantes: Luz Stella Acosta y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Carrera Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Tema: Convocatoria No. 20 de 2012 del Consejo Superior de la Judicatura para la
provisión de cargos de juez civil del circuito con conocimiento de procesos laborales
— Formato de Opción de Sedes que habilitó dicho registro de elegibles para proveer
cargos de juez civil del circuito, especialidad restitución de tierras. Subtema 1. Actos
de trámite y actos definitivos. Distinción conforme al artículo 43 del CPACA. Naturaleza
de trámite del acto que permite la selección de opción de sede dentro del
procedimiento de ingreso a la carrera judicial. Subtema 2. Diferencia entre los medios
de control de nulidad simple y de nulidad y restablecimiento del derecho. Criterio
material y no formal para su distinción. Subtema 3. Ineptitud sustantiva de la demanda.
Sentencia de única instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
demanda de nulidad simple presentada por los señores Luz Stella Acosta, Martina del
Carmen Cuesta Aguas, Fabián Alberto Arrieta Baena, Ángel Uriel Gelves Pineda, Julio
José Osorio Garrido, Camilo Manrique Serrano, Mario Fernando Coral Mejía, Luis
Carlos González Ortega, Juan Guillermo Díaz Ruiz, Jorge Alberto Meza Daza y Luis
Felipe Jaramillo Betancourt contra el «acto administrativo verbal del Consejo Superior
de la Judicatura – Unidad de Carrera Judicial, manifestado en el formulación de opción
de sede, incluyendo a los jueces de restitución de tierras entre las opciones para ser
ocupados por quienes concursaron para el cargo de juez laboral del circuito, según
Convocatoria No. 20 de 2012, cargos que corresponden a una función específica y
transitoria que es la intervención en procesos de restitución de tierras».
1. Síntesis del caso
Un grupo de jueces civiles del circuito, especialidad en restitución de tierras, vinculados
en provisionalidad, demandó en ejercicio del medio de control de nulidad simple el acto
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Demandantes: Luz Stella Acosta y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
administrativo manifestado en el «Formato de Opción de Sedes — Convocatoria No.
20 de 2012», mediante el cual se permitió a quienes concursaron para los cargos de
jueces civiles del circuito con conocimiento de procesos laborales, seleccionar las
sedes correspondientes a los cargos de jueces de restitución de tierras, especialidad
para la cual no fueron evaluados ni clasificados.
La Sala determina que no hay lugar a un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad
del acto acusado, por concurrir dos defectos procesales que tornan inepta la demanda.
De una parte, el Formato de Opción de Sedes constituye un acto de trámite dentro de
la secuencia de etapas prevista en la Ley 270 de 1996 y en el Acuerdo PSAA12-9135
de 2012 —registro de elegibles, opción de sede, lista de candidatos y nombramiento—
, sin que decida por sí mismo el fondo del asunto ni haga imposible la continuación de
la actuación administrativa, calidad que corresponde al acto de nombramiento
proferido por el respectivo nominador. De otra, el concepto de violación de la demanda
revela que la controversia está sustancialmente edificada sobre la reivindicación del
interés subjetivo de los demandantes frente a su permanencia en los cargos de
restitución de tierras, lo que hacía procedente el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, y no el de nulidad simple bajo el cual se formuló la
acción.
2. Antecedentes
2.1. Demanda
1. Mediante escrito radicado el 27 de septiembre de 20161, los ciudadanos arriba
señalados, por intermedio de apoderado judicial, promovieron demanda de nulidad
simple, en los términos del artículo 137 del CPACA, contra la Rama Judicial – Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Carrera Judicial.
2.1.1. Del acto acusado y las pretensiones
2. Precisaron que el acto acusado es de naturaleza verbal, en cuanto no existe
una sustentación escrita que lo contenga, sino una orden manifestada en el «Formato
de Opción de Sedes – Convocatoria No. 20 de 2012», publicado el 1 de septiembre de
2016, mediante el cual se incluyó a los jueces civiles del circuito, especialidad en
restitución de tierras, entre las opciones de sede que podían escoger quienes
concursaron y resultaron habilitados para proveer los cargos de juez civil del circuito
que conocen procesos laborales, en el marco de la Convocatoria 20 de 2012.
3. Solicitaron que se declare la nulidad del acto administrativo verbal reseñado; y
que la decisión que se adopte se comunique a la directora nacional de carrera judicial.
1 Folios 38 a 78 del cuaderno principal.
2
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2.1.2. Hechos
4. Relataron que el Congreso de la República expidió las leyes 1424 de 2010 y
1448 de 2011, esta última orientada a la atención, asistencia y reparación integral de
las víctimas del conflicto armado. Destacaron que la Ley 1448 en su artículo 119
dispuso la creación de cargos de magistrados y jueces con competencia para conocer
de los procesos de restitución de tierras, cargos que, según el artículo 208 ibidem,
tendrían una vigencia de 10 años.
5. Narraron que, el 12 de enero de 2012, la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PSAA12-9135 de 2012, por el cual
reglamentó el proceso de selección por curso-concurso y convocó —Convocatoria 20
de 2012— a proveer, exclusivamente, los cargos de juez civil del circuito que conocen
procesos laborales, identificados en el Acuerdo PSAA11-8131 de 2011.
6. Señalaron que la Unidad de Administración de Carrera Judicial precisó en
repetidas oportunidades —entre ellas, en el Oficio CJOF115-3871 del 2 de diciembre
de 2015, presentado en el trámite de una acción de tutela— que la Convocatoria 20
de 2012 estaba destinada única y exclusivamente a la provisión de los cargos de juez
civil del circuito con conocimiento laboral, y que, por ese motivo, negó las solicitudes
de otros concursantes que pretendían que el registro de elegibles conformado les
permitiera acceder, adicionalmente, a los cargos de juez civil del circuito, juez laboral
o juez de restitución de tierras, en la medida en que ello resultaría contrario al perfil
especializado que se buscó al estructurar el concurso.
7. Indicaron que dicha posición fue avalada por el Consejo de Estado, Sección
Cuarta, en sentencia del 28 de junio de 20162, que negó el amparo constitucional
pedido por otra concursante (Mónica Giovanna Rodríguez Díaz) que pretendía
extender los efectos del registro de elegibles de la Convocatoria 20 de 2012 a cargos
distintos de los ofertados. En esa decisión, que citaron en extenso, el Consejo de
Estado sostuvo que las reglas de la convocatoria son «norma obligatoria» tanto para
la administración como para los concursantes, que no pueden ser alteradas
intempestivamente sin afectar el principio de buena fe, y que el registro de elegibles
de la Convocatoria 20 solo habilita la provisión de los cargos de juez civil del circuito
con conocimiento laboral, mas no los de juez civil del circuito, juez laboral o juez de
restitución de tierras.
8. Afirmaron que, pese a lo anterior, la administración no expidió ningún acto
administrativo expreso que motivara las razones por las cuales, en el Formato de
Opción de Sedes de la Convocatoria 20 de 2012, incluyó como opción de sede y
vacante a los jueces civiles del circuito con especialidad en restitución de tierras,
habilitando de hecho a quien participaron para los empleos de jueces civiles del
2 Expediente 52001-23-33-000-2016-00097-01, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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circuito, especialidad laboral, que nunca concursaron ni fueron evaluados en materia
de restitución de tierras, para acceder a las vacantes de los primero de los cargos
mencionados (jueces civiles del circuito con especialidad en restitución de tierras).
2.1.3. Concepto de violación
9. Como fundamento de la pretensión de nulidad, invocaron la violación de los
artículos 1 a 6, 13, 29, 40, 45, 121, 122, 125, 229 a 233 y 254 de la Constitución
Política; 167 de la Ley 270 de 1996; 11.3 de la Ley 489 de 1998; 97 y 137 del CPACA;
1, 119 y 208 de la Ley 1448 de 2011; y 10 de la Ley 1424 de 2010. Así como de la
Convocatoria 20 de 2012 y de los acuerdos 9135 de 2012 y 8131 de 2011, ambos
expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura. Desarrollaron su concepto de
violación en cargos que a continuación se sintetizan:
10. En primer lugar, adujeron la violación del debido proceso (art. 29 C.P.) y
desconocimiento de las reglas de la convocatoria (Convocatoria 20 y los acuerdos
9135 de 2012 y 8131 de 2011 del Consejo Superior de la Judicatura) y del principio de
confianza legítima. Sostuvieron que las reglas establecidas en una convocatoria a
concurso público de méritos constituyen «norma obligatoria» tanto para la
administración como para los concursantes, que no puede modificarse unilateralmente
ni con posterioridad a su expedición, conforme lo reconoció el propio Consejo de
Estado en la sentencia antes referida.
11. Argumentaron que, al incluir de facto los cargos de restitución de tierras como
opción de sede para quienes concursaron por los de jueces del circuito, especialidad
laboral, la administración desconoció ese carácter inmodificable, alteró el
procedimiento concursal que se venía desarrollando específicamente para proveer los
cargos de restitución de tierras, y defraudó la confianza legítima de quienes ocupaban
dichos cargos en provisionalidad, en el sentido de que solo serían desplazados por
quienes concursaran y obtuvieran el mérito para ello, y no por la vía de una habilitación
carente de sustento normativo.
12. En segundo lugar, plantearon la expedición irregular del acto por
desconocimiento de los principios de especialidad y de planeación. Argumentaron que
los concursantes de la Convocatoria 20 de 2012 únicamente fueron evaluados y
clasificados en la especialidad laboral, disciplina que —a su juicio— cuenta con reglas
hermenéuticas y un desarrollo deontológico disímil frente a la especialidad de
restitución de tierras, la cual, además, exige capacitaciones específicas (citaron, a
título ilustrativo, la formación recibida a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla y de la agencia de cooperación USAID).
13. En esa medida, sostuvieron que asimilar ambas especialidades resulta
indefendible y contrario a la eficiencia de la administración de justicia. A ello agregaron
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que los cargos de restitución de tierras ni siquiera existían al momento de estructurarse
la Convocatoria 20 de 2012 —pues la especialidad solo fue creada mediante el
Acuerdo PSAA12-9785 del 20 de diciembre de 2012, esto es, once meses después—
, por lo que su inclusión posterior careció de toda planeación y de ponderación de las
competencias exigibles para dicha especialidad, en contravía de la naturaleza
temporal que a esos cargos les asignan las leyes 1424 de 2010 y 1448 de 2011.
14. Con apoyo en la jurisprudencia constitucional (sentencias T-829 de 2012 y SU-
446 de 2011) y en el artículo 167 de la Ley 270 de 1996, argumentaron que el registro
de elegibles de un concurso solo puede utilizarse para proveer los cargos
efectivamente ofertados en la respectiva convocatoria, y no otros distintos, así hayan
surgido con posterioridad.
15. Agregaron que «con la decisión de proveer los cargos creados se les lesionaron
los derechos y las expectativas legítimas a [quienes] ya habían sido designados en
provisionalidad en las mismas posiciones; e impide que los cargos sean provistos por
quienes concursaron y optaron o lleguen a optar para ocuparlos».
16. En tercer lugar, alegaron la incompetencia de la Unidad de Administración de
Carrera Judicial para modificar los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura y
revocar un acto administrativo que habría creado situaciones particulares. Sostuvieron
que, conforme al artículo 254 de la Constitución Política, es la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura —y no la Unidad de Carrera Judicial— la autoridad
competente y con facultad indelegable (art. 11-3 de la Ley 489 de 1998) para
reglamentar el sistema de carrera judicial, de modo que dicha Unidad carecía de
atribuciones para modificar, mediante un simple formato, lo dispuesto en los acuerdos
9135 de 2012 y 8131 de 2011.
17. En cuarto lugar, aseveraron que, en todo caso, la Convocatoria 20 de 2012
había generado situaciones jurídicas particulares y concretas en favor de quienes
ocupaban los cargos de restitución de tierras en provisionalidad y de quienes
concursaron para proveerlos, las cuales no podían ser modificadas sin el
consentimiento de los afectados, en los términos del artículo 97 del CPACA. Esto en
la medida que existía la convicción, la confianza legítima de que con la lista de
elegibles de la anterior convocatoria no se iban a proveer los referidos empleos de
jueces de restitución de tierras.
18. En quinto lugar, invocaron la expedición irregular por falta de motivación, al
considerar que la decisión de habilitar los cargos de restitución de tierras como opción
de sede se adoptó sin ningún tipo de sustentación, en abierta contradicción con las
posiciones motivadas que la propia entidad había asumido con anterioridad —incluso
ante el Consejo de Estado— en el sentido de que los jueces laborales no podían optar
a dichos cargos.
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19. Finalmente, adujeron la violación del derecho a la igualdad (art. 13 C.P.),
argumentando que el acto acusado genera una discriminación injustificada en la
medida en que privilegia el nombramiento de personas que nunca fueron evaluadas ni
cuentan con experiencia en la especialidad de restitución de tierras, en detrimento de
quienes vienen ocupando esos cargos, lo que equivale, en su criterio, a proveerlos
materialmente sin concurso.
2.2. Contestación de la demanda
20. La Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda por
las siguientes razones3:
21. En primer lugar, invocó como excepción la improcedencia del medio de control
de la referencia por haberse dirigido contra un acto administrativo de trámite. Alegó
que el formulario acusado «constituye un simple acto de trámite, pues el mismo no
tiene la virtud de concluir una actuación administrativa, ya que no decide ni directa o
indirectamente el fondo del asunto y no produce efectos jurídicos definitivos, sino que
contiene una decisión administrativa, cual es la de ofertar las sedes disponibles, a fin
de elaborar la lista de elegibles para dichos cargos y poder emitir el acto administrativo
definitivo que permita el nombramiento con apego a dicha lista, y en tal sentido dicho
acto no es demandable», como en términos similares lo indicó la Sección Quinta del
Consejo de Estado, en sentencia del 22 de octubre de 2009, dentro del proceso 20008-
00027.
22. En segundo lugar, solicitó, de desestimarse la anterior excepción, que se
declarara la de ausencia de la causa petendi. Argumentó que la decisión enjuiciada no
es contraria al ordenamiento superior, pues corresponde «a la ejecución de la
instrucción impartida por el Consejo Superior[,] quien en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales y especialmente las relativas a la administración de la
carrera judicial, tomó la determinación de aplicar el Registro de Elegible de la
Convocatoria No. 20 de 2012 correspondiente a los cargos de jueces civiles de circuito
con conocimiento de procesos laborales, para la provisión de los cargos de jueces
civiles del circuito, entre ellos lo de restitución de tierras».
23. Aclaró que los juzgados civiles de circuito que conocen procesos laborales
pertenecen al sistema de carrera, y ellos al igual que los jueces civiles de restitución
de tierra, no constituyen una nueva especialidad según la Ley 270 de 1996, sino que
simplemente hacen parte de la Jurisdicción Ordinaria Civil, como lo ha precisado el
Consejo Superior de la Judicatura4 y la Corte Constitucional5. Por ende, en
cumplimiento de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, las vacantes
3 Folios 97 a 102 del cuaderno principal.
4 Citó el artículo 1 del Acuerdo PSAA13-9866 del 13 de marzo de 2013 y la Circular PSAC13-14 del 22 de mayo de
2013.
5 Refirió los fallos T-319 de 2014 y SU-553 de 2015.
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existentes de jueces de circuito de la especialidad civil deben proveerse con el registro
de elegibles vigente.
24. Con fundamento en lo anterior, concluyó que quienes aprobaron el concurso de
méritos convocado mediante el «Acuerdo No. 458 de 2008» y conforman el respectivo
registro de elegibles para el cargo de juez civil del circuito, tuvieron la oportunidad de
optar durante su vigencia para cargos de jueces civiles del circuito especializados en
restitución de tierras.
25. Aclaró que con fundamento en las anteriores razones, la entonces Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en sesión del 26 de junio de
2016, decidió «aplicar el registro de elegibles vigente para los cargos de jueces civiles
con conocimientos en procesos laborales, para proveer los cargos de jueces civiles de
circuito. En cumplimiento de la instrucción impartida sobre el asunto y con base en las
vacantes informadas por cada Consejo Seccional de la Judicatura conforme a lo
establecido en los Acuerdos PSAA08-4536 de 2008 y PSAA14-10269 de 2014, esta
Unidad publicó durante los primeros cinco días hábiles del mes de julio de presente
año, las sedes donde se presentó vacancia definitiva, con el fin de que los funcionarios
de carrera presentaran solicitudes de traslado y los integrantes del registro de elegibles
conformado en desarrollo del Acuerdo PSAA12-9135 de 2012, que convocaron a
concurso de méritos para la provisión de cargos de jueces civiles del circuito que
conocen procesos laborales, optaran por la sede o sedes de su interés».
26. Agregó que el 31 de agosto de 2016, el Consejo Superior de la Judicatura
analizó el fallo de tutela del 28 de junio de 2016 de la Sección Cuarta del Consejo de
Estado al que hizo alusión la demanda, pero concluyó que la sentencia no tiene efectos
inter comunis, por ende, ratificó la decisión de publicar el listado de vacantes para optar
en los términos antes señalados. Sin embargo, narró que posteriormente el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, en fallo del 29 de
septiembre de 2016, adicionado el 12 de octubre del mismo año, con efectos inter
comunis, «ordenó cesar los efectos de la decisión de aplicar el registro de elegibles
vigente de los cargos de jueces civiles del circuito con conocimiento de procesos
laborales, derivado de la Convocatoria 20 de 2012, para proveer los cargos de jueces
civiles del circuito, contemplados en la Convocatoria 22 de 2013».
27. Indicó que con ocasión de la decisión de tutela del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el trámite de conformación y publicación de listas para proveer los
cargos de jueces civiles de circuito de restitución de tierras, cuyas vacantes fueron
publicadas en septiembre de 2017, se encuentra suspendido, así como la publicación
de sedes para dichas vacantes.
28. Finalmente, precisó que los demandantes no son participantes de los concursos
de méritos involucrados en la presente controversia, por lo que ni siquiera tienen meras
expectativas susceptibles de ser protegidas. Añadió que los demandantes, en su
condición de funcionarios provisionales, pretenden mantenerse en los cargos de
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jueces de restitución de tierras, con el argumento de que los empleos no pueden ser
provistos mediante el registro de elegibles de la convocatoria correspondiente al
Acuerdo PSAA12-9135, pasando por alto que dada su condición de provisionales no
ostenta estabilidad en los cargos que desempeñan, que están llamados a proveerse
en virtud de un concurso de méritos, como ocurre en esta oportunidad.
2.3. Trámite procesal
29. Inicialmente la demanda fue admitida por la Sección Primera del Consejo de
Estado, mediante auto del 22 de noviembre de 20166. No obstante, posteriormente se
remitió por competencia a la Sección Segunda de la misma corporación, que, a través
de providencia del 29 de abril de 20217, avocó conocimiento del asunto, precisando
que conservaban validez las actuaciones adelantadas por la Sección Primera.
30. Posteriormente, mediante providencia de 8 de septiembre de 20238, se requirió
al Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial,
para que aportara la siguiente información:
a. Copia del acto administrativo denominado «formato opción de sedes-
convocatoria No. 20 de 2012. Fecha de publicación: 1 de septiembre de 2016;
fecha límite para escoger sede 7 de septiembre de 2016», y su corrección.
b. Los antecedentes administrativos del referido formato, convocatoria y de
los actos definitivos proferidos dentro de esta.
c. Certifique la vigencia de los «formatos de opción de sedes», entre estos,
el publicado el 1 de septiembre [de 2016] y su corrección, así como el estado
actual de la convocatoria.
31. En respuesta al anterior requerimiento la Unidad de Carrera Judicial, mediante
escrito del 1 de abril de 2024, aportó los antecedentes de la referida convocatoria en
«106 documentos»9. Además, frente al estado actual de esta informó lo siguiente:
se tiene que la vigencia de los formatos de opción de sede es de (5) cinco días para
que los interesados opten y el estado actual de la convocatoria 20 es finalizado,
teniendo en cuenta que la vigencia de los registros de elegibles es de (4) cuatro años,
de conformidad con el artículo 164 de la Ley 270 de 1996, que en esta convocatoria
comenzó el día 11-05-2016 y finalizó el día 10-05-2020, con el último registro de
elegibles reclasificado que se expidió el 26 de junio de 2019, cumpliendo con el objetivo
de dicha convocatoria, que se tradujo en 120 posesiones.
6 M.P. Guillermo Vargas Ayala. Folios 81 a 82, cuaderno principal.
7 Folio 148 cuaderno principal.
8 M.P. César Palomino Cortés. Folios 150 a 151, cuaderno principal.
9 Samai, expediente digital, índices 51 y 52.
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32. En providencia del 17 de junio de 202410 el entonces magistrado ponente11 se
pronunció sobre las excepciones propuestas, considerando que la mayoría de ellas
por referirse al fondo del asunto debían resolverse en la sentencia, salvo la atinente a
«la improcedencia del medio de control frente al acto impugnado-acto de trámite»,
respecto de la cual consideró que no se encontraba probada. Para tal efecto, luego de
resaltar cuáles son los actos definitivos de conformidad con el artículo 43 de la Ley
1437 de 2011 e indicar que el Consejo de Estado en providencia del 5 de noviembre
de 202012 determinó que en los concursos de méritos las listas de elegibles o las
decisiones que impidan continuar en el proceso de selección son actos definitivos,
concluyó lo siguiente:
14. Así las cosas, en principio se advierte que el acto demandado [FORMATO DE
OPCIÓN DE SEDES CONVOCATORIA No. 20 de 2012], contiene una decisión, capaz
de producir efectos jurídicos; luego la excepción de «improcedencia del medio del control
frente al acto impugnado-acto de trámite», no se encuentra probada.
33. A través de otro auto del 17 de junio de 202413, como medida de saneamiento,
se determinó integrar «a la proposición jurídica, el documento denominado “Consejo
Superior de la Judicatura Unidad de Administración de Carrera Judicial VACANTES
JUECES – SEPTIEMBRE 2016. Rama Judicial del Poder Público”». También dispuso
tener como pruebas los documentos aportados por las partes en la demanda y en
cumplimiento del requerimiento efectuado en providencia del 8 de septiembre de 2023.
Finalmente, determinó que, aunque correspondería fijar fecha y hora para la audiencia
inicial, como no había pruebas que practicar, resultaba procedente dictar sentencia
anticipada, por lo que corrió traslado a los sujetos procesales para alegar de conclusión
y al Ministerio público para que rindiera su concepto, oportunidad de la que solo hizo
uso la parte demandante en los siguientes términos14.
2.4. Alegatos de conclusión
34. Ratificó los cargos formulados en la demanda, para lo cual hizo énfasis en que la
violación de las reglas de la convocatoria y del debido proceso se tradujo, en concreto,
en que se habilitó a los jueces civiles del circuito con conocimiento en laboral
(Convocatoria 20 de 2012), para optar también por las vacantes del cargo de juez civil
del circuito de la Convocatoria 22 de 2013, lo que a su juicio desconoce las reglas de
ambas convocatorias, y, además, alteró «las legítimas expectativas de los
demandantes de continuar desempeñando los cargos que ejercían mientras no fueran
provistos por quien accediera a ellos por mérito en virtud de un concurso y no
simplemente ofreciendo la vacante a quien nunca concursó para los mismos,
desconociendo el principio de confianza legítima».
10 Folios 167 a 169 del cuaderno principal.
11 M.P. César Palomino Cortés.
12 Rad. 25000-23-41-000-2012-00680-01 (3562-15).
13 Folios 158 a 162 del cuaderno principal.
14 Samai, expediente digital, índice 68.
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35. Añadió que, con la decisión acusada, se vulneraron igualmente los derechos
constitucionales fundamentales al trabajo (artículo 25) y a la estabilidad laboral
(artículo 53).
36. Afirmó que el acto demandado sí produjo efectos jurídicos definitivos —en
contraposición a lo que, según refirió, sostuvo la parte demandada en la
contestación— señalando que, en concreto, la variación de las reglas del concurso
«concluyó con la separación del cargo de algunos de los demandantes».
3. Consideraciones
3.1. Competencia
37. De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 149 de la Ley
1437 de 2011 (antes de su reforma por el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021 15), y el
artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado, esta Subsección es competente para conocer y tramitar en única instancia el
proceso de la referencia.
3.2. Problemas jurídicos
38. La Sala advierte que, con anterioridad a que se fijara el objeto del litigio, el
entonces magistrado ponente, mediante providencia del 17 de junio de 2024, se
pronunció sobre las excepciones propuestas por la parte demandada, entre ellas la
relativa a la improcedencia del medio de control frente al acto impugnado por tratarse,
según se adujo, de un acto de trámite. En esa oportunidad, tras citar el artículo 43 del
CPACA y la providencia del Consejo de Estado del 5 de noviembre de 2020 —
conforme a la cual, en los concursos de méritos, las listas de elegibles o las decisiones
que impidan continuar en el proceso de selección constituyen actos definitivos—,
concluyó que «el acto demandado [Formato de Opción de Sedes — Convocatoria No.
20 de 2012] […] contiene una decisión, capaz de producir efectos jurídicos», razón por
la cual declaró no probada la excepción.
39. Frente a dicho pronunciamiento, la Sala observa que se produjo en la etapa
preliminar de excepciones previas, en la cual el análisis se circunscribió a verificar, de
manera sumaria, si el acto acusado contenía o no una decisión con vocación de
producir efectos jurídicos, sin que se hubiese ahondado, a la luz del contenido material
del Formato de Opción de Sedes y de las etapas del procedimiento de selección
regulado por la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo PSAA12-9135 de 2012, si dicho acto se
enmarca dentro de los actos de trámite o preparatorios, o si, por el contrario, ostenta
la aptitud de decidir el fondo del asunto o de hacer imposible la continuidad de la
actuación administrativa, en los términos del artículo 43 del CPACA.
15 Debido a que la demanda se presentó el 27 de septiembre de 2016.
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40. Tratándose la aptitud del acto acusado para ser sometido a control judicial de
un presupuesto procesal de la demanda en forma, es indispensable para que pueda
proferirse una decisión de mérito, y no de una cuestión que quede definitivamente
agotada por el auto interlocutorio que decidió las excepciones previas, corresponde a
la Sala, en ejercicio del deber de sanear los vicios que puedan conducir a una decisión
inhibitoria en cualquier estado del proceso16, profundizar en dicha cuestión en esta
instancia. Esto en consonancia con la facultad y el deber que tiene el juez de decidir
sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que encuentre probada,
propuestas o no, sin perjuicio de la non reformatio in pejus17, según lo establece el
artículo 187 del CPACA en su inciso segundo.
41. En ese orden de ideas, el primer problema jurídico que la Sala debe resolver
consiste en: ¿el Formato de Opción de Sedes - Convocatoria No. 20 de 2012
constituye un acto administrativo definitivo, susceptible de control judicial en los
términos del artículo 43 del CPACA, o si, por el contrario, se trata de un acto de trámite
o preparatorio dentro del procedimiento de selección regulado por la Ley 270 de 1996
y el Acuerdo PSAA12-9135 de 2012?
42. En segundo lugar, la Sala observa que, aunque la demanda se formuló en
ejercicio del medio de control de nulidad simple previsto en el artículo 137 del CPACA,
el concepto de violación y los hechos que la sustentan —en particular, la alegación de
que la decisión acusada lesionó los derechos y las expectativas legítimas de los
demandantes en su condición de jueces de restitución de tierras en provisionalidad—
sugieren que la controversia involucra la protección de situaciones jurídicas
particulares y concretas, que en principio podrían ventilarse a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.
43. En consecuencia, el segundo problema jurídico consiste en determinar si:
¿dada la naturaleza de las pretensiones y la causa petendi de la demanda, el medio
de control de nulidad simple era el procedente para ventilar la controversia planteada,
o si correspondía a los demandantes acudir al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho?
44. Finalmente, en el evento en que el acto acusado sea susceptible de control
judicial y que el medio de control adecuado corresponda al de nulidad simple, como
como tercer problema jurídico a resolver se plantea el siguiente: ¿la inclusión de los
jueces civiles del circuito, especialidad en restitución de tierras, entre las opciones de
sede de quienes concursaron y resultaron habilitados en la Convocatoria No. 20 de
2012, vulneró el debido proceso, la confianza legítima y las reglas de especialidad y
planeación de la convocatoria; y si, con ello, se afectaron situaciones jurídicas
16 Deber previsto en los artículos 207 del CPACA y 42 (numerales 5 y 12) del CGP.
17 Prohibición de agravación en peor.
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particulares y concretas como las invocadas por los demandantes, así como el derecho
a la igualdad, en los términos planteados por estos?
45. Para la resolución de los problemas jurídicos planteados, en especial el primero
de ellos, se efectuarán algunas consideraciones sobre los actos administrativos
susceptibles de control judicial. Seguidamente, se destacarán los hechos probados
más relevantes, para finalmente proceder al análisis de aquellos.
3.3. Actos administrativos susceptibles de control judicial
46. El acto administrativo ha sido definido como la expresión de la voluntad de la
administración que produce efectos jurídicos, en el sentido de que crea, modifica o
extingue una situación particular o general; es decir, que: (1) constituye una
declaración unilateral de la voluntad; (2) es expedido en ejercicio de la función
administrativa; (3) encaminado a producir efectos jurídicos de manera directa sobre
una situación jurídica; y (4) conlleva la creación, modificación o extinción de una
situación jurídica general o particular, que impacta en los derechos u obligaciones de
las personas concernidas, «sean subjetivos, personales, reales o de crédito»18.
47. Ahora bien, el artículo 43 del CPACA define los actos administrativos definitivos
como aquellos que deciden «directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan
imposible continuar la actuación» administrativa, ya sea porque definen la situación
jurídica en cuestión o impiden la continuación del procedimiento. Esta corporación los
ha distinguido respecto de los de trámite, preparatorios y de ejecución; los
primeros, son aquellos que dicta la administración para impulsar el respectivo
procedimiento y decidir posteriormente el fondo del asunto, los cuales en principio no
son objeto de control judicial, salvo que hagan imposible la continuación del
procedimiento administrativo19.
48. Por su parte, los actos preparatorios, según lo ha señalado la doctrina 20, más
que impulsar la actuación administrativa, tienen por finalidad contribuir para estructurar
la decisión o el acto que la terminará. Por ello, se pueden considerar como tales los
conceptos, dictámenes, consultas, propuestas y demás actuaciones de igual
naturaleza. Estos actos no contienen órdenes ni decisiones vinculantes para el
desarrollo del procedimiento; su función es más probatoria que de impulso del
procedimiento administrativo. A su vez, pueden ser examinados por el juez de lo
contencioso-administrativo cuando impiden continuar con la actuación
administrativa21.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 7 de mayo de 2018, proceso con radicado 52001-
33-33-000-2015-00650-01 (1921-16). M. P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de julio de 2018, proceso con radicado
76001 23 31 000 2015 05190 01 (3625-2015). M. P. William Hernández Gómez.
20 Berrocal Guerrero, Luis Enrique. Manual del acto administrativo según la ley, la jurisprudencia y la doctrina.
Librería Ediciones del Profesional Ltda. 7ª Ed., 2015, pág. 327.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de julio de 2018, exp.
050012333000201501359 01 (4887-2016), M. P. William Hernández Gómez.
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49. Por último, los de ejecución se circunscriben a dar cumplimiento a una decisión
judicial o administrativa, sin que de ellos surjan situaciones jurídicas diferentes a las
de la providencia judicial o el acto ejecutado.
50. En tal sentido, por regla general, los actos administrativos definitivos serían los
únicos susceptibles de control jurisdiccional por cuanto tienen la vocación de crear,
modificar o extinguir una situación jurídica particular o general, los cuales pueden ser
expresos o fictos.
3.4. Hechos probados
51. De conformidad con las certificaciones visibles a folios 29 a 37 del expediente
físico, se evidencia que algunos de los demandantes desempeñaban el cargo de juez
de circuito especializado en restitución de tierras, para la fecha en que se emitieron
aquellas, de la siguiente manera:
Nombre Vinculación a Cargo que ejerce al Entidad que Fecha de la
la Rama momento de proferirse certifica certificación
Judicial la certificación
Fabián Desde el 16 de Juez de circuito, grado Dirección 26 de
Alberto enero de 2012 00, en el Juzgado 001 Seccional de septiembre
Arrieta Baena Civil de Circuito Administración de 2016
Especializado en Judicial de Santa
Restitución de Tierras de Marta
Santa Marta.
Nombramiento en
«encargo por licencia»
Martina del Desde el 1 de No se evidencia el cargo, Dirección No se
Carmen abril de 2011 pero sí una relación de Seccional de evidencia la
Cuesta acreencias Administración fecha de
Aguas correspondientes al Judicial de expedición
empleo de juez. Cartagena - de la copia
Bolívar aportada
Nombramiento en
provisionalidad.
Luis Carlos Desde el 24 de Juez de circuito, grado Dirección 26 de
González enero de 1994 00, en el Juzgado 1 Civil Seccional de septiembre
Ortega del Circuito Administración de 2016
Especializado en Judicial de
Restitución de Tierras de Villavicencio
Villavicencio.
Nombramiento en
provisionalidad.
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Juan Desde el 5 de Juez de circuito, grado Dirección 19 de julio de
Guillermo febrero de 2013 00, en el Juzgado 002 Seccional de 2016
Díaz Ruiz Civil del Circuito Administración
Especializado en Judicial de Santa
Restitución de Tierras de Marta
Santa Marta.
Nombramiento en
provisionalidad.
Luis Felipe 1 de agosto de Juez de circuito, grado Dirección 26 de
Jaramillo 2012 00, en el Juzgado 1 Civil Seccional de septiembre
Betancour del Circuito Administración de 2016
Especializado en Judicial de
Restitución de Tierras de Popayán - Cauca
Popayán.
Nombramiento en
provisionalidad.
Mario 5 de diciembre Juez de circuito, grado Dirección 26 de
Fernando de 2014 00, en el Juzgado 1 Civil Seccional de septiembre
Coral Mejía del Circuito Administración de 2016
Especializado en Judicial de Pasto
Restitución de Tierras.
Nombramiento en
provisionalidad.
Ángel Uriel 29 de noviembre Juez de circuito, grado Dirección 26 de
Gelves de 2011 00, en el Juzgado 001 Seccional de septiembre
Pineda Civil del Circuito Administración de 2016
Especializado en Judicial de
Restitución de Tierras de Bucaramanga
Barrancabermeja.
Nombramiento en
provisionalidad.
Jorge Alberto 14 de febrero de Juez de circuito, grado Dirección 26 de
Meza Daza 2013 00, en el Juzgado 003 Seccional de septiembre
Civil del Circuito Administración de 2016
Especializado en Judicial de
Restitución de Tierras de Valledupar
Valledupar.
Nombramiento en
provisionalidad.
Tabla 1. Relación de algunos de los demandantes que se desempeñaron como jueces de circuito
especializados en restitución de tierras.
52. Mediante el Acuerdo PSAA12-9135 del 12 de enero de 2012 el Consejo
Superior de la Judicatura – Sala Administrativa22, reglamentó el proceso de selección,
22Samai, expediente digital, índice 51, documento «31RECIBEMEMORIAL_ANEXOSREQUERIMIENTOC(.7z)
NroActua 51», archivo «1. Acuerdo Convocatoria».
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en la modalidad curso-concurso, y convocó al concurso de méritos para la provisión
de los cargos de juez civil de circuito que conocen procesos laborales.
53. Del anterior acuerdo, se destacan los artículos primero y tercero (numerales 7
y 8), en tanto describen el objeto de la referida convocatoria, sus etapas y, dentro de
estas, el detalle correspondiente al registro nacional de elegibles y a la elaboración de
las listas de candidatos, en relación con los cuales se dictó el acto acusado:
ARTICULO PRIMERO.- Adelantar el proceso de selección en la modalidad de curso-
concurso para la provisión de los cargos de juez civil del circuito que conocen procesos
laborales en la Rama Judicial, que de conformidad con lo establecido en los artículos
162 y 168 de la Ley 270 de 1996, comprende las etapas de: i) Curso-Concurso de
méritos, ii) Conformación del Registro Nacional de Elegibles, iii) Elaboración de listas de
candidatos, iv) Nombramiento y v) Confirmación.
(…)
ARTICULO TERCERO.- El concurso es público y abierto. La convocatoria es norma
obligatoria y reguladora de este proceso de selección, por consiguiente es de obligatorio
cumplimiento tanto para los participantes como para la administración, quienes estarán
sujetos a las condiciones y términos señalados en el presente Acuerdo.
(…)
7. REGISTRO DE ELEGIBLES
7.1. Registro:
Concluida la etapa clasificatoria la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura se procederá a conformar el correspondiente Registro Nacional de Elegibles,
y las inscripciones en él se harán según orden descendente de puntajes por la
correspondiente categoría de cargo y especialidad. La inscripción individual en el mismo
se computará a partir del primer día en que se oferte la primera opción de sede.
7.2. Reclasificación:
La reclasificación se hará de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales
(art 165 de la ley 270 de 1996) y el reglamento vigente.
7.3. Opciones de sede:
Esta se realizará de conformidad con el parágrafo del artículo 165 de la ley 270 de 1996
y el reglamento vigente. Para quienes aspiren a vacantes en San Andrés isla, deberán
tener presente que de conformidad con los artículos 45 y 57 de la ley 47 de 1993, deben
acreditar el dominio del idioma ingles, por cualesquiera de los medios probatorios
autorizados por la ley.
8. LISTAS DE CANDIDATOS
La conformación de listas de candidatos se realizará conforme al reglamento vigente. De
tal suerte que las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura
conformarán y remitirán a los respectivos nominadores, las listas de candidatos por sede,
con base en los cuales se procederá al nombramiento.
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54. El registro de elegibles para el cargo de «juez civil del circuito que conoce
procesos laborales en la Rama Judicial», correspondiente a la convocatoria de que
trata el Acuerdo PSAA12-9135 del 12 de enero de 2012, se conformó a través de la
Resolución PSAR16-67 de 29 de abril de 2016 de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura23, aportada por la Unidad de Carrera Judicial.
55. Seguidamente, la misma Unidad aportó el documento denominado «FORMATO
DE OPCIÓN DE SEDES CONVOCATORIA No. 20 de 2012»24, en formato Excel, que
registra fecha de publicación el 1 de septiembre de 2016, a través del cual los elegibles
tenían hasta el 7 de septiembre de 2016 para seleccionar las opciones de sede de su
preferencia. Para mayor ilustración, a continuación, puede apreciarse una captura de
pantalla del mencionado documento:
FORMATO DE OPCION DE SEDES
CONVOCATORIA No. 20 de 2012
Fecha de Publicación: 1 de Septiem bre de 2016
Fecha lím ite para escoger sede: 7 de Septiem bre de 2016
• Diligencie el presente formato teniendo en cuenta el cargo aprobado, marcando las opciones de sede que sean de su preferencia de
conformidad con el Acuerdo 4536 de 2008, modificado por los Acuerdos PSAA13-9941 de 2013 y PSAA14-10269 de 2014.
ANTES DE OPTAR POR SEDE - TENGA EL CUENTA EL ACUERDO PSAA14-10269 DE 2014
Nom bre: Cédula:
Dirección: Ciudad:
Teléfono: E-Mail:
CIVILES DEL CIRCUITO QUE CONOCEN PROC. LABORALES
M arque con
una (X)
Sede
El Santuario - Antioquia
Soacha - Cundinamarca
Vélez - Santander
CIVILES DEL CIRCUITO
M arque con
una (X)
Sede
Barrancabermeja - Santander
Bucaramanga - Santander
Florencia - Caquetá
Manizales - Caldas
Medellín - Antioquia
Montería - Córdoba
Quibdó - Chocó
San Andrés - Islas (*)
CIVILES DEL CIRCUITO ESP. RESTITUCIÓN DE TIERRAS
M arque con
una (X) Sede
Antioquia
Apartadó - Antioquia
Barrancabermeja - Santander
Bucaramanga - Santander
Cali - Valle del Cauca
Cúcuta - Norte de Santander
Cundinamarca
El Carmen de Bolívar - Bolivar
Montería - Córdoba
Pereira - Risaralda
Quibdó - Chocó
Santa Marta - Magdalena
Sincelejo - Sucre
Valledupar - Cesar
Villavicencio - Meta
CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
M arque con
una (X)
Sede
Barranquilla - Atlántico
Bogotá D.C.
Bucaramanga - Santander
Cali - Valle del Cauca
Medellín - Antioquia (*) Tener en cuenta Artículo 45 de la ley 47 de 1993
Manifiesto bajo la gravedad del juram ento que hasta la fecha, en virtud de los procesos de Selección de la referencia,
no he tom ado posesión en propiead en un cargo de la m ism a especialidad y categoría para el (los) cual(es) estoy
optando en el presente form ulario.
Este formato diligenciado y suscrito por el aspirante, deberá enviarse exclusivamente por uno de los siguientes medios:
1. Correo Electrónico: "uacjsedes@cendoj.ramajudicial.gov.co", 2. Fax: Teléfonos 2842033 ó 2842058 de Bogotá. 3. Personalmente:
Unidad de Administración de la Carrera Judicial: Carrera 8 # 12B-82 Piso 6 de Bogotá(NUEVA), y para todos los efectos, se tendrán como
radicados en la fecha y hora de su recepción en dicha dependencia.
Firm a:
Cédula: Ciudad y Fecha:
Pág ina 1 d e 1
23 Samai, expediente digital, índice 51, documento «31RECIBEMEMORIAL_ANEXOSREQUERIMIENTOC(.7z)
NroActua 51», archivo «85. PSRA16-67-REGISTRO DE ELEGIBLES INICIAL.pdf».
24 Samai, expediente digital, índice 51, documento «31RECIBEMEMORIAL_ANEXOSREQUERIMIENTOC(.7z)
NroActua 51», archivo «88. Formato Opción de Sede».
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56. La Unidad de Carrera Judicial en el escrito del 1 de abril de 202425, a través del
cual dio cumplimiento al requerimiento de allegar la información relacionada con el
acto acusado, destacó que este fue corregido, para lo cual relacionó en los siguientes
términos un documento que denominó «Corrección formato opción de sede – vacantes
jueces – septiembre 2016»26, en el que se evidencia lo siguiente:
25 Samai, expediente digital, índice 51, documento «30RECIBEMEMORIAL_33252018RESPUESTAAOF(.pdf)
NroActua 51».
26 Samai, expediente digital, índice 51, documento «31RECIBEMEMORIAL_ANEXOSREQUERIMIENTOC(.7z)
NroActua 51», archivo «89. Corrección vacantes jueces 2016».
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57. Se destaca que el referido registro elegibles fue actualizado y/o modificado,
entre otras, mediante las resoluciones CJR17-107 del 31 de marzo de 201727, CJR17-
127 del 9 de junio de 201728, CJR18-272 del 15 de mayo de 201829 y CJR19-0663 del
23 de mayo 201930 de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura.
58. La parte accionada a través de un documento con fecha de emisión del 17 de
febrero de 2020, en cuyo encabezado se relaciona al «Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial, Convocatoria jueces
civiles del circuito que conocen procesos laborales», da cuenta de 114 posesiones en
los señalados cargos, precisando los datos de identificación de los beneficiados, en
qué despacho y sede se posesionaron y la fecha en que aquellas se llevaron a cabo31.
59. Se agrega a la información antes descrita, que la mencionada Unidad, como se
expuso el acápite de trámite procesal de esta providencia, informó que la vigencia del
mencionado registro de elegibles venció el 10 de mayo de 2020, teniendo en cuenta
la última reclasificación que se llevó a cabo el 26 de junio de 2019. Además, que
finalmente se efectuaron 120 posesiones32.
3.5. Análisis del caso en concreto
3.5.1. Resolución del primer problema jurídico
60. Para resolver si el Formato de Opción de Sedes — Convocatoria No. 20 de 2012
constituye un acto definitivo o de trámite, la Sala parte de las consideraciones
generales expuestas en el acápite precedente sobre los actos administrativos sujetos
a control judicial, conforme a las cuales los actos de trámite son aquellos que impulsan
el procedimiento hacia la decisión de fondo, sin decidirla, y que, por regla general, no
son susceptibles de control judicial autónomo, salvo que hagan imposible la
continuación de la actuación administrativa.
61. Sobre este punto, se destaca que tanto la Ley 270 de 1996 como el Acuerdo
PSAA12-9135 de 2012 —que desarrolla en concreto la Convocatoria 20— estructuran
el ingreso a la carrera judicial en etapas sucesivas y diferenciadas. El artículo 162 de
la Ley 270 dispuso que el sistema de ingreso a los cargos de carrera judicial, para
27 Samai, expediente digital, índice 51, documento «31RECIBEMEMORIAL_ANEXOSREQUERIMIENTOC(.7z)
NroActua 51», archivo «90. CJR17-107 – Reclasificación 2017-».
28 Samai, expediente digital, índice 51, documento «31RECIBEMEMORIAL_ANEXOSREQUERIMIENTOC(.7z)
NroActua 51», archivo «92. CJR17-127 – adiciona la Resolución No. CJR17-107 de 31 de marzo de 2017».
29 Samai, expediente digital, índice 51, documento «31RECIBEMEMORIAL_ANEXOSREQUERIMIENTOC(.7z)
NroActua 51», archivo «97. CJR18-272– Reclasificación».
30 Samai, expediente digital, índice 51, documento «31RECIBEMEMORIAL_ANEXOSREQUERIMIENTOC(.7z)
NroActua 51», archivo «100. CJR19-0663– Reclasificación».
31 Samai, expediente digital, índice 51, documento «31RECIBEMEMORIAL_ANEXOSREQUERIMIENTOC(.7z)
NroActua 51», archivo «106. Posesiones Reportadas.pdf».
32 Samai, expediente digital, índice 51, documento «30RECIBEMEMORIAL_33252018RESPUESTAAOF(.pdf)
NroActua 51».
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funcionarios, comprende las siguientes etapas: concurso de méritos, conformación del
Registro Nacional de Elegibles, elaboración de listas de candidatos, nombramiento y
confirmación. En idéntico sentido, el artículo primero del Acuerdo PSAA12-9135 de
2012, con fundamento expreso en los artículos 162 y 168 de la Ley 270, dividió el
proceso de selección en: 1) curso-concurso de méritos, 2) conformación del Registro
Nacional de Elegibles, 3) elaboración de listas de candidatos, 4) nombramiento y 5)
confirmación.
62. Dentro de esa secuencia, la manifestación de la opción de sede se ubica, tanto
en la ley como en la señalada convocatoria, en la etapa de conformación y vigencia
del Registro Nacional de Elegibles, y no como una etapa autónoma ni, mucho menos,
como la etapa final del proceso. Así lo dispone el parágrafo del artículo 165 original33
de la Ley 270 de 1996, al establecer que «en cada caso de conformidad con el
reglamento, los aspirantes en cualquier momento podrán manifestar las sedes
territoriales de su interés», norma que el numeral 7.3 del Acuerdo PSAA12-9135 de
2012 desarrolla en los mismos términos. La opción de sede, entonces, no es más que
el ejercicio de una facultad del aspirante inscrito en el registro de elegibles, cuyo
propósito es servir de insumo para el paso siguiente del procedimiento.
63. Ese paso es la conformación de las listas de candidatos por sede, prevista en
el artículo 166 de la Ley 270 de 1996 y en el numeral 8 del Acuerdo PSAA12-9135 de
2012, las cuales son remitidas por las Salas Administrativas Seccionales a los
respectivos nominadores. Y es únicamente con fundamento en esas listas que,
conforme al artículo 167 de la Ley 270 de 1996 y al numeral 9 del citado Acuerdo, el
nominador procede al nombramiento del candidato. Es este último acto el que, en los
términos de la secuencia legal y reglamentaria descrita, agota el trámite de provisión
del cargo y define la situación jurídica del aspirante frente a la administración.
64. Adicionalmente, la Sala observa que el Formato de Opción de Sedes tampoco
decide, en términos generales, la situación de ninguno de los destinatarios a quienes
está dirigido, esto es, los concursantes habilitados de la Convocatoria 20 de 2012. La
manifestación de la sede de interés no es una declaración que por sí sola determine
el cargo que finalmente ocupará cada concursante, ni le confiere un derecho a ser
nombrado en la sede escogida; se trata de una simple expresión de preferencia que,
según el propio diseño legal y reglamentario ya descrito, constituye insumo para la
elaboración de las listas de candidatos, las cuales, a su vez, son consideradas por el
nominador.
65. Entre la opción de sede y la provisión efectiva del cargo median al menos tres
filtros adicionales. Primero, la verificación de que el concursante que manifestó su
interés en una sede efectivamente sea incluido en la correspondiente lista de
candidatos. Segundo, la decisión del nominador de proveer o no el cargo con quien
33 Antes de la modificación introducida por el artículo 82 de la Ley 2430 de 2024.
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figure en dicha lista. Tercero, la aceptación y posesión efectiva del candidato
nombrado.
66. Un concursante puede, en consecuencia, optar por una sede y no ser incluido
en la lista de candidatos correspondiente; ser incluido en ella y, sin embargo, no ser
finalmente nombrado; o, incluso siendo nombrado, no aceptar o no posesionarse en el
cargo. En esa medida, el acto acusado no agota ni decide, respecto de sus propios
destinatarios, ninguna situación jurídica definitiva, sino que se limita a preparar una
etapa posterior del procedimiento cuyo resultado está sujeto a filtros y contingencias
sucesivas que el propio Formato no controla ni anticipa.
67. Tampoco puede sostenerse que el acto haga imposible, en abstracto, la
continuación de la actuación administrativa. Por el contrario, su función es
precisamente la opuesta, esto es, permitir que el procedimiento continúe hacia la
elaboración de las listas de candidatos y, en definitiva, hacia el nombramiento, sin que
su expedición cierre la posibilidad de que la administración adopte decisiones
ulteriores sobre la provisión de los cargos. Es esta ausencia de vocación decisoria de
fondo, verificada en general y no solo respecto de los aquí demandantes, la que
permite calificarlo como un acto de trámite en los términos del artículo 43 del CPACA.
68. A lo anterior se suma, ya en el plano particular de quienes promovieron la
presente demanda, que tampoco se evidencia que el Formato de Opción de Sedes
haya significado que inmediatamente se viera afectada su permanencia en los cargos
de jueces de restitución de tierras que desempeñaban en provisionalidad, en la medida
que ello solo tendría lugar en virtud de los nombramientos en propiedad
correspondiente. Esto descarta que, ni siquiera bajo la hipótesis excepcional
reconocida por la jurisprudencia de esta corporación —según la cual un acto de trámite
puede tornarse definitivo cuando impide la continuación de la actuación administrativa
respecto de su destinatario, generándole indefensión o un perjuicio irreparable—, el
acto acusado adquiera para ellos el carácter de definitivo.
69. En consecuencia, la Sala concluye que el Formato de Opción de Sedes —
Convocatoria No. 20 de 2012 constituye un acto de trámite, insertado en la etapa de
conformación y vigencia del registro de elegibles, que impulsa el procedimiento hacia
la elaboración de las listas de candidatos y, en definitiva, hacia el nombramiento, sin
decidir por sí mismo el fondo del asunto ni hacer imposible la continuación de la
actuación administrativa, tanto en general respecto de sus destinatarios naturales
como, en particular, frente a los demandantes. Por tal razón, no es susceptible de
control judicial autónomo a través del medio de control de nulidad simple.
3.5.2. Resolución del segundo problema jurídico
70. Para resolver si el medio de control de nulidad simple, ejercido en la demanda,
era el procedente para ventilar la controversia planteada, la Sala recuerda que,
conforme al artículo 137 del CPACA, dicho medio de control tiene por objeto propender
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por la preservación del ordenamiento jurídico mediante un juicio de legalidad en
abstracto, sin que de él se derive el reconocimiento de un derecho subjetivo en cabeza
del demandante. Por su parte, el artículo 138 del mismo estatuto prevé el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho para aquellos casos en que el titular
de un derecho subjetivo alega que este fue afectado por un acto administrativo, de
manera que no es la pretensión formalmente enunciada, sino la naturaleza del interés
que la sustenta, lo que determina la vía procesal adecuada34.
71. En ese sentido, el criterio decisivo para diferenciar ambos medios de control no
es la mera literalidad de la pretensión formulada en la demanda, sino lo que se
desprende del concepto de violación, de los hechos que la sustentan y del análisis de
las consecuencias de la decisión que puede adoptarse; por lo tanto, si estos revelan
que lo perseguido es exclusivamente la depuración objetiva del ordenamiento jurídico,
la vía es la de nulidad simple; si, por el contrario, evidencian que el reproche está
edificado sobre la reivindicación de un derecho subjetivo radicado en cabeza de
personas determinadas, el medio de control pertinente es el de nulidad y
restablecimiento del derecho, con independencia de que la demanda se haya
presentado bajo una u otra denominación.
72. Al examinar, bajo esta óptica, el concepto de violación de la demanda, la Sala
advierte que este no se limita a cuestionar en abstracto la legalidad del Formato de
Opción de Sedes frente a las reglas generales de la Convocatoria 20 de 2012, sino
que está construido, en su núcleo argumentativo, sobre la afectación de la situación
individual de los demandantes en su condición de jueces civiles del circuito,
especialidad en restitución de tierras, vinculados en provisionalidad. Así, se alegó que
la decisión desconoció la confianza legítima de «quienes ocupaban dichos cargos en
provisionalidad», en el entendido de que solo deberían ser reemplazados por quienes
concursaran y obtuvieran el mérito para los cargos de restitución de tierras, y no por la
vía de una habilitación carente de sustento normativo.
73. También sostuvieron que la decisión enjuiciada afectó situaciones jurídicas
particulares y concretas consolidadas en favor de quienes ocupaban dichos cargos,
las cuales no podían modificarse sin su consentimiento, en los términos del artículo 97
del CPACA. Además, los accionantes frente a su situación particular, argumentaron
que la decisión enjuiciada vulneró sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral35.
74. Estos argumentos no son incidentales ni accesorios al debate de legalidad
abstracta, en tanto constituyen el fundamento central de varios de los cargos de la
demanda y presuponen, necesariamente, la existencia de un derecho subjetivo
radicado en cabeza de los demandantes —su permanencia en los cargos de
restitución de tierras mientras no fueran desplazados por el mérito— cuya protección
34 Sobre el análisis de procedibilidad de los medios de control de simple nulidad y nulidad y restablecimiento del
derecho, ver entre otros: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto del 16 de diciembre de 2024,
Rad. 11001-03-25-000-2020-00392-00 (0848-2020), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
35 Como lo reiteró el apoderado de los accionantes en la etapa de alegatos de conclusión.
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es lo que en esencia se persigue, con independencia de que la pretensión se haya
formulado bajo la fórmula de la nulidad simple prevista en el artículo 137 del CPACA.
75. En consecuencia, la Sala concluye que la controversia planteada, en cuanto
está edificada sobre la reivindicación de un interés subjetivo y concreto de los
demandantes frente a su permanencia en los cargos de restitución de tierras que
venían desempeñando en provisionalidad, debió tramitarse bajo el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA, y no
bajo el de nulidad simple del artículo 137 ibidem, bajo el cual se formuló la demanda.
3.5.3. Conclusión
76. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que el Formato de Opción de
Sedes — Convocatoria No. 20 de 2012 constituye un acto de trámite, no susceptible
de control judicial autónomo, y que, con independencia de ello, la controversia
planteada en la demanda, por estar sustancialmente edificada sobre la reivindicación
de un interés subjetivo y concreto de los demandantes, debió tramitarse mediante el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y no mediante el de nulidad
simple bajo el cual se formuló.
77. En consideración a las anteriores circunstancias la demanda es inepta, en
cuanto no reúne los presupuestos exigidos por el CPACA para que la Sala pueda emitir
un pronunciamiento de mérito sobre la legalidad del acto acusado. En consecuencia,
no hay lugar a que la Subsección se adentre en el examen de los cargos de fondo
formulados en la demanda, por lo que el tercer problema jurídico planteado —relativo
al hipotético análisis de dichos cargos—no será objeto de pronunciamiento,
comoquiera que su estudio presuponía la superación de los obstáculos procesales
advertidos con anterioridad, lo cual no ocurrió.
78. Por lo anterior, se declarará la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda.
3.6. Otras decisiones
79. En los índices 67 y 68 del expediente digital se advierte que el abogado de la
parte demandante, el señor Álvaro José Lemos González36, sustituyó el poder
conferido al doctor Jesús María Lemos Bustamante, con la cédula de ciudadanía
10.516.664 de Popayán y la tarjeta profesional 14.695 del Consejo Superior de la
Judicatura, por lo que se le reconocerá personería para actuar en el presente trámite.
80. Igualmente, se reconocerá personería jurídica al abogado César Augusto Mejía
Ramírez, identificado con la cédula de ciudadanía 80.041.811 y la tarjeta profesional
159.699, para que asuma la representación y defensa de la Nación – Rama Judicial,
conforme al poder visible en el índice 66 del expediente digital.
36 A quien se le reconoció personería jurídica en providencia del 17 de junio de 2024.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla
Primero. Declarar la ineptitud de la demanda de simple nulidad presentada por los
señores Luz Stella Acosta, Martina del Carmen Cuesta Aguas, Fabián Alberto Arrieta
Baena, Ángel Uriel Gelves Pineda, Julio José Osorio Garrido, Camilo Manrique
Serrano, Mario Fernando Coral Mejía, Luis Carlos González Ortega, Juan Guillermo
Díaz Ruiz, Jorge Alberto Meza Daza y Luis Felipe Jaramillo Betancourt contra la
Nación, Rama Judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. Se reconoce personería jurídica al doctor Jesús María Lemos Bustamante,
identificado con la cédula de ciudadanía 10.516.664 de Popayán y la tarjeta profesional
14.695 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la parte
demandante, en los términos de la sustitución visible en los índices 67 y 68 del
expediente digital.
Igualmente, se reconoce personería jurídica al abogado César Augusto Mejía Ramírez,
identificado con la cédula de ciudadanía 80.041.811 y la tarjeta profesional 159.699,
para que asuma la representación y defensa de la parte demandada, conforme al
poder visible en el índice 66 del expediente digital.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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