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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-007-2016-00494-02

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-007-2016-00494-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Modificar la sentencia proferida el 26 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se negaron las pretensiones 28 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-000- 2013-00065-01 (1908-2014). 4 Radicado: 76001-23-33-007-2016-00494-02 (2590-2025) Demandante: Francisco Eduardo Rosas Basante de la demanda presentada por Francisco Eduardo Rosas Basante en contra del Hospital Universitario del Valle del Cauca Evaristo García ESE. En su lugar, declarar probada de oficio la excepción de ineptitud de la demanda. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Tercero Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclaración de voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. SSPS 5

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-007-2016-00494-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-007-2016-00494-02 (2590-2025)
Demandante: Francisco Eduardo Rosas Basante
Demandado: Hospital Universitario del Valle del Cauca Evaristo García ESE

Temas: Reliquidación de cesantías definitivas. Inepta demanda

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 26 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Francisco Eduardo Rosas Basante presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en
orden a que se declarara i) la nulidad del Oficio 8420 del 4 de diciembre de 2015
mediante el cual el Hospital Universitario del Valle del Cauca Evaristo García ESE,
negó la reliquidación de las cesantías; y ii) «que la doceava del valor perteneciente a la
LIQUIDACIÓN DE OTROS FACTORES $2.430.665 cancelados posteriormente a la
liquidación de las Cesantías debe adicionarse al promedio reconocido por la Entidad
Accionada, para una reliquidación de cesantías por valor de $78.186.390» (sic).

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el pago de la diferencia de la reliquidación con el nuevo promedio del
salario y la inclusión de los valores omitidos en la primera liquidación; ii) el pago de
los intereses moratorios de ley o la indemnización moratoria; iii) el cumplimiento del

1 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-007-2016-00494-02 (2590-2025)
Demandante: Francisco Eduardo Rosas Basante

fallo en los términos del «artículo 176 del CCA»; y iv) la condena en costas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes2:

3.1. Francisco Eduardo Rosas Basante se vinculó al Hospital Universitario del Valle
Evaristo García ESE y ocupó el cargo de médico especialista en cardiología desde
el 1 de noviembre de 1981 hasta el 1 de enero de 2015, fecha en la cual se pensionó.

3.2. Mediante la Resolución DG-0527-15 del 28 de febrero de 2015, la oficina de
nómina y seguridad social le liquidó y reconoció el pago de sus cesantías, sin que le
hubiera sido notificado, «razón por la que no existen recursos, publicación, etc» (sic).

3.3. El 13 de noviembre de 2015 solicitó a la entidad la reliquidación de las cesantías,
toda vez que se omitió la inclusión de la doceava parte del rubro denominado «otros
factores» como factor salarial a tener en cuenta, el cual comprendía la prima de
servicios proporcional de los meses de julio hasta diciembre del año 2014, las
vacaciones en dinero, las vacaciones proporcionales desde el 25 de julio hasta el 1
de noviembre de 2014, la prima vacacional, la bonificación de recreación
proporcional y el auxilio de jubilación, valores «pertenecientes» que recibió en «el
último año laborado» [sic].

3.4. El 4 de diciembre de 2015, el Hospital Universitario del Valle Evaristo García ESE
dio respuesta negativa a la reclamación «sin notificación y sin conceder recursos de ley»
[sic].

3.5. El 7 de marzo de 2016 solicitó ante la Procuraduría Judicial delegada para
Asuntos Administrativos la audiencia de conciliación prejudicial, la cual se declaró
fallida el 18 de abril de 2016.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 42 del Decreto 1042 de 1978; y 45 y 46 del
Decreto 1045 de 1978.

5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente3:

5.1. En la liquidación de las cesantías no se incluyeron los valores por concepto de
«PRI SERV PROPOR julio/2014, VACA PROP 1/10/2013- 1/8/14, PRIMA VACIONAL,
BONIFICACIPON RECREACIPON PROPORCIONAL PRIMA DE NAVIDAD
PROPORCIONAL, SUELDO RETRACXTIVO y Auxilio de Jubilación» (sic), los cuales

2 La demanda se radicó el 19 de abril de 2016.
Índice 44 de Samai tribunales, actuación denominada:
Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)(.pdf). Página 11.
3 Índice 44 de Samai tribunales, actuación denominada: Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09

(.pdf)(.pdf). Páginas 5 a 11.

2

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Demandante: Francisco Eduardo Rosas Basante

recibió «el último año» y hacían parte del salario promedio.

5.2. El artículo 42 del Decreto 1042 de 1978 señaló que además de la asignación
básica, las sumas percibidas habitual o periódicamente como retribución por el
servicio, constituían salario.

1.2. Contestación de la demanda

6. El Hospital Universitario del Valle Evaristo García ESE se opuso a la prosperidad
de las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos4:

6.1. Las cesantías se liquidaron el 28 de febrero de 2015 con fundamento en los
factores salariales legalmente previstos. Como tales, se reconocieron las vacaciones
en dinero, las doceavas partes de vacaciones, primas y recargos salariales, y no se
incluyó el auxilio de jubilación por no constituir factor de salario. El artículo 45 del
Decreto Ley 1045 de 1978 no señaló como factores para la liquidación de cesantías
las vacaciones, su compensación en dinero, la bonificación de recreación ni el auxilio
de jubilación.

6.2. El acto demandado y aquellos que reconocieron la liquidación y el pago de las
cesantías fueron notificados personalmente, con indicación del recurso procedente,
la autoridad competente y la oportunidad para interponerlo. Contra la resolución que
liquidó las prestaciones sociales definitivas no se presentó recurso alguno dentro del
término de ley, por lo cual quedó en firme.

6.3. Respecto de la Resolución DG-0527-15 del 28 de febrero de 2015 operó la
notificación por conducta concluyente, en tanto el demandante reconoció
públicamente su conocimiento al solicitar la reliquidación de sus prestaciones
sociales.

6.4. Como excepciones propuso: i) cobro de lo no debido; ii) carencia de causa e
inexistencia de la obligación predicada; iii) inexistencia de responsabilidad conforme
con la ley; iv) exoneración por cumplimiento de la obligación; y v) excepción
innominada o genérica.

1.3. Actuación previa a la sentencia

7. Mediante auto del 26 de mayo de 20165 el tribunal declaró la caducidad del medio
de control porque no se presentó la demanda en el término del artículo 164 del
CPACA, bajo el argumento de que la solicitud de reliquidación buscaba revivir los
términos que dejó vencer para controvertir la Resolución DG-0527-15 del 28 de
febrero de 2015, la cual quedó ejecutoriada con anterioridad a la solicitud de

4 Índice 36 de Samai tribunales, actuación denominada:
12_ALLEGAMEMORIAL_CONTESTACIONFRANCIS(.PDF).
5 Índice 44 de Samai tribunales, actuación denominada: Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09

(.pdf)(.pdf). Páginas 21 a 25.

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Demandante: Francisco Eduardo Rosas Basante

reliquidación del 13 de noviembre de 2015.

8. Francisco Eduardo Rosas Basante presentó recurso de apelación6 contra el
referido auto, en el que señaló que existían tres actos «1.- La Resolución No. DG -
0527-15 de febrero 28 de 2015 del 16 de Abril del 2014. 2.- La liquidación de Cesantías de
fecha 01/02/2015 y 3.- La NEGATIVA DE LA RELIQUIDACIÓN DE CESANTIAS. Bajo
Radicado 8420 del 04/12/2015» (sic), respecto de los cuales optó de manera libre
«demandar la NEGATIVA a la reliquidación de Cesantías» [sic].

9. El 25 de abril de 20197, esta corporación revocó el auto apelado, para lo cual
precisó que compartía la apreciación del a quo respecto de que el presente asunto
buscaba la reliquidación de las cesantías y el acto a demandar era el que las
reconoció, por lo que se trataba de una prestación definitiva que debía demandarse
dentro de los 4 meses siguientes a la notificación.

10. Sin embargo, no existió prueba de que el referido acto hubiera sido notificado y
mucho menos cobrado ejecutoria, por lo tanto, para la Sala el acto acusado quedó
notificado por conducta concluyente el 13 de noviembre de 2015. A partir del día
siguiente corrió el término para presentar la demanda, lo cual era oportuno hasta el
14 de marzo de 2016. La solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 7 de
marzo de 2016 y se declaró fallida el 18 de abril siguiente, por lo tanto, la demanda
podía presentarse a más tardar el 26 de abril de 2016. Como ello ocurrió el 19 de
abril de ese año no operó la caducidad.

11. Análisis efectuado en el contexto de que el acto acusado fuera la resolución que
reconoció las cesantías, situación que no ocurrió en el caso particular porque se
demandó la nulidad del Oficio del 4 de diciembre de 2015, sin embargo, el tribunal
analizó la resolución para concluir el ejercicio extemporáneo de la demanda. En todo
caso, el a quo debía evaluar la ocurrencia de los demás presupuestos procesales
bajo el entendido que el propósito de la demanda era la reliquidación de las
cesantías, «en donde la resolución que la liquidó y reconoció es la que tiene relevancia al
ser una prestación definitiva» [sic].

1.4. La sentencia apelada

12. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 26 de mayo de
2025 negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.
Fundamentó su decisión en lo siguiente 8:

12.1. Al demandante le liquidaron las cesantías definitivas mediante la Resolución DG-
0527-15 del 28 de febrero de 2015, quien el 13 de noviembre de 2015 solicitó su

6 Índice 44 de Samai tribunales, actuación denominada: Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09
(.pdf)(.pdf). Página 28.
7 Índice 44 de Samai tribunales, actuación denominada: Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09

(.pdf)(.pdf). Páginas 38 a 48.
8 Índice 2 de Samai tribunales, Índice 56.

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Demandante: Francisco Eduardo Rosas Basante

reliquidación con la inclusión de algunos valores que habían sido omitidos, la cual
fue negada a través del Oficio 8420 del 4 de diciembre de 2015.

12.2. La Resolución DG-0527-15 del 28 de febrero de 2015 se notificó por conducta
concluyente y produjo efectos legales desde el 13 de noviembre de 2015, como lo
afirmó el Consejo de Estado en el auto del 25 de abril de 2019. Pese a que el
demandante tuvo conocimiento de la referida resolución para ese momento, no se
acreditó en el expediente que haya interpuesto los recursos pertinentes respecto de
esta, por lo tanto, la decisión allí adoptada produjo una situación jurídica consolidada.

12.3. En consecuencia, el Oficio 8420 del 4 de diciembre de 2015 fue producto de una
petición dirigida a obtener una nueva manifestación sobre una situación particular
que ya había sido definida en la Resolución DG-0527-15 del 28 de febrero de 2015,
acto que decidió de manera definitiva la forma en que se reconocieron y pagaron las
cesantías del demandante, sin embargo, no se incluyó como acto demandado.

1.4. El recurso de apelación

13. Francisco Eduardo Rosas Basante solicitó que se revocara la decisión del a quo
con fundamento en los siguientes términos9:

13.1. El tribunal desconoció lo resuelto por el Consejo de Estado en materia de
caducidad dentro de este mismo proceso, con lo cual incurrió en violación al debido
proceso.

13.2. La entidad no aportó prueba de la notificación del acto, lo cual desconoció lo
dispuesto en el artículo 67 del CPACA que exige la entrega de su copia íntegra y
auténtica con anotación de la fecha, la hora, los recursos procedentes, las
autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo, so pena de
invalidez, por lo tanto, «[s]obre una indebida notificación de un acto administrativo no está
obligado el Servidor Público a presentar recursos de ley sobre ese mismo acto» (sic).

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

14. De conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado
por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el
decreto de pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar10.

1.6. Concepto del Ministerio Público

9 Índice 2 de Samai tribunales, Índice 59.
10 Samai, índice 6.

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Demandante: Francisco Eduardo Rosas Basante

15. El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado presentó su concepto
de forma extemporánea11.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

16. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para
conocer del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 125 y 150 del
CPACA, según los cuales «[l]as salas, secciones y subsecciones dictarán las
sentencias» y «(e)l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos […]».

2.2. El problema jurídico

17. De acuerdo con el artículo 328 del CGP, la competencia del juez de segunda
instancia está enmarcada por los argumentos expuestos en los recursos de
apelación, en esas condiciones el problema jurídico que se debe resolver en esta
instancia se contrae a determinar ¿si el acto demandable era la Resolución DG-
0527-15 del 28 de febrero de 2015 o el Oficio 8420 del 4 de diciembre de 2015?

17.1. De ser demandable el primer acto administrativo, establecer ¿si el demandante
agotó los recursos correspondientes contra este?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. De la proposición jurídica completa

18. Elnumeral 512 del artículo 100 del Código General del Proceso 13 prevé la
excepción previa de inepta demanda para aquellos casos en donde el libelo
introductorio no cumple con los requisitos formales para su presentación, o cuando
no exista una debida acumulación de pretensiones.

19. En efecto, con el fin de ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento

11 El proceso ingresó al despacho para sentencia el 29 de octubre de 2025 (samai índice 8) y el

concepto fue presentado el 7 de noviembre de 2025 (samai índice 9).
12 ARTÍCULO 100. EXCEPCIONES PREVIAS. Salvo disposición en contrario, el demandado podrá

proponer las siguientes excepciones previas dentro del término de traslado de la demanda: […]
5. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de
pretensiones.
13 En adelante CGP.

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del derecho, los artículos 16214, 16315 y 16616 del CPACA, establecen, entre otros
requisitos, que la parte actora individualice con precisión aquellos actos
administrativos objeto de reproche y particularmente aquel que contiene la
declaración de voluntad que produce efectos jurídicos directos o definitivos, es decir,
aquel que crea, modifica o extingue una situación jurídica particular, junto a los que
con el constituyan toda la unidad porque contienen la voluntad unánime de la
administración sobre un tema particular y definen un solo aspecto.

14 ARTÍCULO 162. CONTENIDO DE LA DEMANDA. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea

competente y contendrá:
1. La designación de las partes y de sus representantes.
2. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por
separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de
pretensiones.
3. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados,
clasificados y numerados.
4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto
administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.
5. La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá
aportar todas las documentales que se encuentren en su poder.
6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.
7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones
personales. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital.
8. El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico
copia de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas
o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado. Del mismo modo deberá
proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El
secretario velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación se inadmitirá la demanda.
De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico
de la misma con sus anexos.
En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al
demandado, al admitirse la demanda, la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio
al demandado.
15 ARTÍCULO 163. INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PRETENSIONES. Cuando se pretenda la nulidad

de un acto administrativo este se debe individualizar con toda precisión. Si el acto fue objeto de
recursos ante la administración se entenderán demandados los actos que los resolvieron.
Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un acto,
deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda».
16 ARTÍCULO 166. ANEXOS DE LA DEMANDA. A la demanda deberá acompañarse:

1. Copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, comunicación, notificación o
ejecución, según el caso. Si se alega el silencio administrativo, las pruebas que lo demuestren, y si la
pretensión es de repetición, la prueba del pago total de la obligación.
Cuando el acto no ha sido publicado o se deniega la copia o la certificación sobre su publicación, se
expresará así en la demanda bajo juramento que se considerará prestado por la presentación de la
misma, con la indicación de la oficina donde se encuentre el original o el periódico, gaceta o boletín
en que se hubiere publicado de acuerdo con la ley, a fin de que se solicite por el Juez o Magistrado
Ponente antes de la admisión de la demanda. Igualmente, se podrá indicar que el acto demandado
se encuentra en el sitio web de la respectiva entidad para todos los fines legales.
2. Los documentos y pruebas anticipadas que se pretenda hacer valer y que se encuentren en poder
del demandante, así como los dictámenes periciales necesarios para probar su derecho.
3. El documento idóneo que acredite el carácter con que el actor se presenta al proceso, cuando
tenga la representación de otra persona, o cuando el derecho que reclama proviene de haberlo otro
transmitido a cualquier título.
4. La prueba de la existencia y representación en el caso de las personas jurídicas de derecho privado.
Cuando se trate de personas de derecho público que intervengan en el proceso, la prueba de su
existencia y representación, salvo en relación con la Nación, los departamentos y los municipios y las
demás entidades creadas por la Constitución y la ley.
5. Copias de la demanda y de sus anexos para la notificación a las partes y al Ministerio Público.

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20. Ciertamente, establecer el requisito procedimental y sustantivo de demandar la
totalidad de la unidad jurídica conformada por distintos pronunciamientos que
contienen la voluntad unánime de la administración, se hace necesario por cuanto
ese va a ser el universo en el cual se va a desarrollar la actividad judicial y el campo
de decisión del operador jurídico, ante una futura anulación integral de los actos.

21. En línea con lo expuesto, la Sección Segunda de esta Corporación17, ha señalado:

«[…] la proposición jurídica incompleta ocurre en aquellos casos en los cuales no se
individualiza con toda precisión los actos acusados de acuerdo con los lineamientos que
están señalados en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011. Significa, entonces, que es
requisito indispensable demandar el acto que contiene la manifestación de la voluntad de
la administración respecto de la situación jurídica particular y concreta; y, además, las
decisiones que en el procedimiento administrativo constituyan la unidad jurídica, pues, en
tal sentido gira la decisión que se deba adoptar en la sentencia, en lo relacionado con las
pretensiones de la demanda.

14. En síntesis de lo anterior, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, se debe tener en
cuenta que el acto o los actos administrativos que contienen íntegramente la
manifestación de voluntad de la administración, frente a una situación jurídica particular,
son los que deben ser objeto de impugnación, junto con aquellos que en la vía gubernativa
o administrativa constituyan una unidad jurídica con el mismo, esto es, aquellos que
resuelven los recursos interpuestos, de conformidad con el artículo 163 de la Ley 1437
de 2011, toda vez que ellos determinan la órbita que delimita la decisión del juzgador, en
lo relacionado con la pretensión de anulación de los mismos. Por ende, si no se observan
tales aspectos, esto es, la proposición jurídica o individualización de la actuación
administrativa acusada, de forma completa, se vicia de manera sustancial el contenido
de la pretensión del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; y con ello
se impide un pronunciamiento de fondo frente a lo pretendido por el actor.». (sic).

22. Aunado a lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación 18 ha establecido que
la proposición jurídica incompleta se configura cuando:

«[…] el acto acusado torna lógicamente imposible la decisión de fondo debido a una
irreparable ruptura de su relación con la causa pretendí, o ii) cuando el acto demandado
no es autónomo por encontrarse en una inescindible relación de dependencia con otro u
otros no impugnados que determinan su contenido, validez o su eficacia, eventos en los
que como se expresó resulta imposible emitir una decisión de fondo para el juez. […]».
(sic).

23. En tal sentido, cuando se pretende la nulidad de actos administrativos que por su
contenido se encuentren integrados por una unidad jurídica, es requisito
indispensable demandar su anulación junto con los demás actos que contienen la
voluntad unánime de la administración frente a un aspecto jurídico para que opere
de forma correcta su anulación, y evitar decisiones contradictorias.

2.3. Caso concreto

17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 26 de junio de

2020, radicado 73001-23-33-000-2018-00454-01 (4432-2019). M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 18 de mayo de 2011 radicado: 76001-23-31-

000-2006-02409-01 (1282-10) M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

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Radicado: 76001-23-33-007-2016-00494-02 (2590-2025)
Demandante: Francisco Eduardo Rosas Basante

2.3.1. Hechos probados

24. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

24.1. En la Resolución DG-0527-15 del 28 de febrero de 201519 se acreditó que
Francisco Eduardo Rosas Basante prestó sus servicios al Hospital Universitario del
Valle ESE desde el 1 de noviembre de 1981 hasta el 1 de enero de 2015 y pertenecía
al «régimen retroactivo» de cesantías.

24.2. Mediante la referida resolución se reconoció y liquidó el pago de las cesantías
definitivas por el valor de $21.131.781 y se indicó que contra esta procedían los
recursos de reposición y apelación, los cuales debían interponerse dentro de los 10
días siguientes a la fecha de su notificación.

24.3. De acuerdo con el formato de liquidación de prestaciones sociales definitivas de
Francisco Eduardo Rosas Basante del 28 de febrero de 2015, sin firma ni número de
radicación, que identifica el centro de costo 309115 y el código 1336-8, se registra20:

• Tiempo a liquidar: 11.580 días

CONCEPTOS VALOR
SUELDO 4.499.852
1/12 TIEMPO SUPLEMENTARIO 0
1/12 PRIMA VACACIONAL 208.536
1/12 PRIMA SERVICIOS 385.581
1/12 PRIMA NAVIDAD 435.434
1/12 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS 131.246
PRESTADOS
SALARIO PROMEDIO 5.660.649

CESANTÍAS
LIQUIDACIÓN DE CESANTÍAS = (SALARIO PROMEDIO/360 X NO. DE DÍAS
LABORADOS) 182.084.210

MENOS ANTICIPOS HUV 144.289.804
MENOS CONSIGNACIONES / SALDO 16.662.625
CESANTÍAS
LIQUIDACIÓN CESANTÍAS 21.131.781
DEFINITIVAS

LIQUIDACIÓN DE OTROS FACTORES
CONCEPTO VALOR

19 Índice 44 de Samai tribunales, actuación denominada: Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09
(.pdf)(.pdf). Página 13.
20 Página 12 ibidem.

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Radicado: 76001-23-33-007-2016-00494-02 (2590-2025)
Demandante: Francisco Eduardo Rosas Basante

PRIMA DE SERVICIOS DOCEAVAS 6 2.315.549
PROPORCIONAL JULIO/DICIEMBRE
DE 2014 (023)
VACACIONES EN DINERO (020) NO. DÍAS 52 7.799.743
VACACIONES PROPORCIONALES NO. DÍAS 3 501.668
DEL 25/07/2014 AL 01/11/2014 (019)
PRIMA VACACIONAL (021) NO. DÍAS 3 501.668
BONIFICACIÓN DE RECREACIÓN 49.948
PROPORCIONAL (035)
TOTAL OTROS FACTORES 11.168.576
DESCUENTOS
RETENCIÓN EN LA FUENTE SOBRE 1.381.000
SUBTOTAL DESCUENTOS 1.381.000

PRESTACIONES SOCIALES A CANCELAR POR NÓMINA 9.787.576
TOTAL CESANTÍAS Y PRESTACIONES SOCIALES 30.919.357
Se canceló Auxilio por jubilación en el mes de Diciembre de 2014, por un valor de $
17,999,408, menos retención en la fuente por $2,987,000, Neto cancelado: $ 15.012.408.

24.4. El 13 de noviembre de 2015, el demandante radicó una petición21 ante la entidad
en la que solicitó la reliquidación de las cesantías por la omisión de factores «cuya
doceava debe ingresar al salario promedio de liquidación, FACTORES, como: PRIMA DE
SERVICIOS PROPORCIONAL julio- dic-2014 VACACIONES EN DINERO; VACACIONES
PROPORCIONALES del 25/07/2014 al 01/11/2014; PRIMA VACACIONAL; BONIFICACION
DE RECREACION PROPORCIONAL y AUXILIO DE JUBILACION» (sic).

24.5. El 4 de diciembre de 2015, con Oficio 842022, la entidad negó la solicitud de
reliquidación de las cesantías en atención a que para la determinación del salario
base de liquidación de las cesantías definitivas utilizó los conceptos de salario
legales del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, causados durante los 12 meses
anteriores a la fecha de retiro.

24.6. El 7 de marzo de 2016 Francisco Eduardo Rosas Basante presentó solicitud de
conciliación extrajudicial. El 18 de abril de 2016 se realizó audiencia de conciliación
la cual se declaró fallida23.

2.4. Análisis sustancial

25. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la
demanda con fundamento en que la Resolución DG-0527-15 del 28 de febrero de
2015, a través de la cual se definió la situación jurídica del demandante no fue
cuestionada, y respecto de la cual, tampoco se interpusieron los recursos de ley, una

21 Índice 44 de Samai tribunales, actuación denominada: Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09
(.pdf)(.pdf). Página 14.
22 Índice 44 de Samai tribunales, actuación denominada: Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09

(.pdf)(.pdf). Páginas 15 a 16.
23 Índice 44 de Samai tribunales, actuación denominada: Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09

(.pdf)(.pdf). Página 18.

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Radicado: 76001-23-33-007-2016-00494-02 (2590-2025)
Demandante: Francisco Eduardo Rosas Basante

vez notificada por conducta concluyente. En lugar de ello, demandó el Oficio 8420
del 4 de diciembre de 2015, a través del cual la administración decidió de manera
desfavorable una petición de reliquidación de las cesantías presentada el 13 de
noviembre anterior.

26. La parte demandante cuestionó la anterior decisión al considerar que se había
desconocido lo resuelto previamente por el Consejo de Estado en materia de
caducidad, con lo cual incurrió en violación del debido proceso. Además, el hecho de
que la entidad no hubiese acreditado la notificación de la Resolución DG-0527-15
del 28 de febrero de 2015, no estaba obligado a interponer los recursos procedentes.

27. La Sala examinará en primer lugar el argumento relativo al desconocimiento de lo
resuelto por esta corporación en el auto del 25 de abril de 201924. Así, se observa
que en dicha oportunidad se revocó la decisión proferida el 26 de mayo de 2016 por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y se declaró no probada la excepción
de caducidad, pero bajo la hipótesis que el acto demandado debió ser la Resolución
del 28 de febrero de 2015 mediante la cual se le reconoció cesantías definitivas,
respecto de la cual no obraba prueba de su notificación o ejecutoria. Diferente fue,
que con la petición de reliquidación de dicha prestación presentada el 13 de
noviembre de 2015, se entendió la notificación de aquella por conducta concluyente,
por lo que a partir de esta fecha era claro que no había caducado el medio de control.

28. Sin perjuicio de lo anterior, precisó que «el a quo deb[ía] evaluar […] la concurrencia
de los demás presupuestos procesales, entendiendo que el propósito de esta demanda es
la reliquidación de las cesantías definitivas del actor, en donde la resolución que la liquidó y
reconoció es la que tiene relevancia al ser una prestación definitiva» [sic].

29. Como se observa, contrario a lo considerado por el apelante, el tribunal no se
apartó de lo resuelto por el superior en oportunidad anterior, pues, en manera alguna,
desconoció el hecho de que el acto a demandarse debía ser la Resolución DG-0527-
15 del 28 de febrero de 2015 y, bajo ese entendido, no había operado el fenómeno
de la caducidad.

30. Situación distinta es que, en concordancia con lo anterior, el tribunal considerara
que el acto susceptible de control era aquel en cuanto fue el que definió las
condiciones en que se le liquidaron las cesantías definitivas, el cual no se demandó,
y no el Oficio 8420 del 04 de diciembre de 2015, al tratarse de una respuesta
«tendiente a lograr una nueva manifestación unilateral del Hospital Universitario del
Valle».

31. Así, es claro que la oportunidad para la presentación del medio de control y la
aptitud del acto acusado para ser controlado judicialmente son presupuestos
independientes, cuyo examen no se agota en la decisión sobre admisibilidad de la
demanda. Bajo ese entendido, se precisa que acudir de forma oportuna a la

24
Índice 44 de Samai tribunales, actuación denominada: Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09
(.pdf)(.pdf). Páginas 38 a 49.

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Radicado: 76001-23-33-007-2016-00494-02 (2590-2025)
Demandante: Francisco Eduardo Rosas Basante

administración de justicia no significa per se que el acto demandado sea el correcto.

32. Al respecto, en el expediente está acreditado que Francisco Eduardo Rosas
Basante prestó sus servicios al Hospital Universitario del Valle Evaristo García ESE
desde el 1 de noviembre de 1981 hasta el 1 de enero de 2015, desempeñó el cargo
de médico especialista en cardiología y que su retiro obedeció al reconocimiento de
la pensión de jubilación. Pertenecía al régimen retroactivo de cesantías, según se
consignó en la Resolución DG-0527-15 del 28 de febrero de 2015 expedida por la
jefe de la oficina de recursos humanos del Hospital Universitario del Valle, sin que
ello fuera objeto de controversia.

33. En ese acto administrativo, se reconoció y liquidó el auxilio de cesantías
definitivas por el valor de $21.131.781, y se autorizó al fondo de cesantías Protección
para el retiro y pago de este concepto. Asimismo, se indicó que respecto de este
procedían los recursos de reposición y apelación, los cuales debían interponerse
dentro de los 10 días siguientes a su notificación.
34. El 13 de noviembre de 2015, el demandante radicó petición ante la entidad para
que se reliquidaran sus cesantías con la inclusión de algunos valores presuntamente
omitidos, esto es, la «PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL julio- dic-2014
VACACIONES EN DINERO; VACACIONES PROPORCIONALES del 25/07/2014 al
01/11/2014; PRIMA VACACIONAL; BONIFICACION DE RECREACION PROPORCIONAL
y AUXILIO DE JUBILACION» (sic).

34. De conformidad con lo expuesto, respecto del primer problema jurídico la Sala
concluye que el acto susceptible de control judicial era la Resolución DG-0527-15
del 28 de febrero de 2015 y no el Oficio 8420 del 4 de diciembre de 2015, pues fue
a través de aquel que la entidad definió su situación jurídica, le determinó el régimen
prestacional aplicable, los factores que integraban el salario base, el tiempo de
servicio, el monto de las cesantías definitivas a reconocer y ordenó su pago, el cual
no fue demandado, pese a lo decidido por esta Corporación en una oportunidad
procesal anterior.

35. El oficio, en cambio, no adoptó decisión alguna sobre esos aspectos, se limitó a
responder la petición de reliquidación radicada el 13 de noviembre de 2015 y a
explicar que la liquidación se había efectuado con los factores del artículo 45 del
Decreto Ley 1045 de 1978, causados durante los doce meses anteriores al retiro.

36. Cabe destacar que el demandante identificó desde el recurso de apelación contra
el auto que rechazó la demanda, la existencia de tres actos administrativos «1.- La
Resolución No. DG - 0527-15 de febrero 28 de 2015 del 16 de Abril del 2014. 2.- La
liquidación de Cesantías de fecha 01/02/2015 y 3.- La NEGATIVA DE LA RELIQUIDACIÓN
DE CESANTIAS. Bajo Radicado 8420 del 04/12/2015» (sic) y manifestó que optó de
manera libre «al escoger de los tres actos demandar la NEGATIVA a la reliquidación de
Cesantías» (sic). No se trató entonces de un error en la individualización del acto
acusado susceptible de subsanarse mediante la interpretación de la demanda, sino

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Radicado: 76001-23-33-007-2016-00494-02 (2590-2025)
Demandante: Francisco Eduardo Rosas Basante

de una escogencia consciente o deliberada, se insiste, a pesar de la oportunidad que
se le brindó para haber integrado en debida forma la proposición jurídica.

37. Así las cosas, de acuerdo con lo previsto por los artículos 162, 163 y 166 del
CPACA y 100 del CGP, y contrario a lo expuesto en el recurso de apelación, en la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se debió solicitar la nulidad de
la Resolución DG-0527-15 del 28 de febrero de 2015, que definió el reconocimiento
y pago de las cesantías definitivas del demandante.

38. Sumado a ello, se recuerda que con la petición del 13 de noviembre de 2015 el
demandante reveló conocer la Resolución DG-0527-15 del 28 de febrero de 2015, la
cual aportó como prueba en el escrito de demanda, que en su artículo cuarto señaló
que contra este procedían los recursos de reposición y apelación dentro de los 10
días siguientes a la notificación. Sin embargo, no obra en el expediente prueba de
que aquellos hubieran sido interpuestos. En su lugar, continuó su actuación con la
solicitud de conciliación extrajudicial y la radicación de la demanda dirigida a
controvertir únicamente la legalidad del Oficio 8420 del 4 de diciembre de 2015 que
negó la petición de reliquidación de las cesantías.

39. Llama la atención de la Sala que la Resolución DG-0527-15 del 28 de febrero de
2015 y el formato de liquidación de las prestaciones sociales de la misma fecha
exhiben una firma que, al ser cotejada con la que figura en el poder conferido para
la presentación de la demanda, resultan coincidentes en sus caracteres o letras
manuales:

• Firma del poder otorgado con la demanda:

• Firma en la Resolución DG-0527-15 del 28 de febrero de 2015:

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Radicado: 76001-23-33-007-2016-00494-02 (2590-2025)
Demandante: Francisco Eduardo Rosas Basante

• Firma del formato de liquidación de prestaciones sociales del 28 de febrero de
2015:

40. Lo anterior, pese a que el actor fue quien aportó esos documentos, no objetó que
los hubiese suscrito en su momento, diferente es, lo cual no está en discusión, la
ausencia de prueba alguna que permitiera establecer su debida notificación.
Circunstancia que permite inferir que sí conoció de la resolución de reconocimiento
y pago de sus cesantías, así como, del formato de liquidación de sus prestaciones
sociales con anterioridad a la petición del 13 de noviembre de 2015, pero no con
exactitud cuándo.

41. Tan así es, que de su contenido se extrae que el demandante sabía que sus
cesantías se liquidaron el 28 de febrero de 2015 y bajo que parámetros, toda vez
que señaló con exactitud los factores que se tuvieron en cuenta en la liquidación y
respecto de los cuales consideró que debían hacer parte del salario promedio. Con
todo, la Sala se atiene a lo establecido en la primera instancia y sobre la cual no hubo
discusión, esto es, que el 13 de noviembre de 2015 fue notificado por conducta
concluyente del acto acusado.

42. Dicha consideración se ajusta a lo decidido en oportunidad anterior por esta
corporación, en la que concluyó que la notificación de la Resolución DG-0527-15 del
28 de febrero de 2015 se surtió por conducta concluyente el 13 de noviembre de
2015, lo cual «se produjo en la etapa preliminar de excepciones previas, en la cual el
análisis se circunscribió a verificar, de manera sumaria»25, lo pertinente acerca de la

25 Sentencia 6 de agosto de 2026. Expediente 11001-03-24-000-2016-00535-00 (3325-2018). CP

Elizabeth Becerra Cornejo. En este asunto se declaró la ineptitud de la demanda de nulidad, pese a
que en oportunidad anterior la corporación había considerado la aptitud del acto acusado y declarar
no probada la excepción.

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Radicado: 76001-23-33-007-2016-00494-02 (2590-2025)
Demandante: Francisco Eduardo Rosas Basante

excepción de caducidad, pero bajo «la hipótesis de que el acto acusado hubiese sido la
Resolución del 28 de febrero de 2015 mediante la cual le fueron reconocidas las cesantías
definitivas al demandante»26.
43. Ahora, si bien el análisis del juez de segunda instancia se debe circunscribir a los
puntuales cargos planteados en la apelación [artículo 328 del CGP], mal pudiera
considerarse que ello lo releve de valorar la totalidad de las pruebas decretadas en
el expediente, por el contrario, es deber del juzgador emitir una sentencia motivada
contentiva de «un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales»27. Así,
debe resaltar la Sala que para el momento en el que se analizó y decidió lo pertinente
a la excepción de la caducidad, los documentos contentivos de la firma del
demandante no fueron analizados.

44. En ese contexto, no se advierte vulneración del derecho al acceso a la
administración de justicia, pues si bien el demandante afirmó que la resolución le fue
entregada en copia simple y desconocía su notificación, lo cierto es que el acto
aparece suscrito por él, lo que permite concluir que sí tuvo conocimiento de su
contenido y de los recursos que procedían, sin embargo, no los agotó en la
oportunidad concedida, ni los ejerció cuando entendió que se había notificado por
conducta concluyente.

45. En este punto, podría plantearse que la petición constituyó un recurso contra la
resolución que reconoció y liquidó las cesantías. Sin embargo, el escrito se limitó a
pedir la reliquidación de las cesantías, sin que haya solicitado la revocatoria o
modificación de aquella, de modo que buscaba el inicio de una nueva actuación
administrativa no la continuación de la ya en curso. A ello se suma que el
demandante fue expreso en señalar en su recurso de apelación contra la sentencia
de instancia, que no estaba obligado a recurrir la resolución que le reconoció y liquidó
las cesantías.

46. Contrario a lo expuesto por el demandante, la falta de notificación personal no lo
relevaba de la interposición de los recursos correspondientes, pues el artículo 72 del
CPACA prevé que, sin el lleno de los requisitos del artículo 67 ibidem, se tendrá por
realizada la notificación cuando el interesado revele que conoce el acto, es decir,
debió agotar los recursos correspondientes una vez configurado este segundo
evento. En el presente caso, se le entendió notificado el 13 de noviembre de 2015,
por conducta concluyente, de la Resolución DG-0527-15 del 28 de febrero de 2015,
lo cual no está en discusión.

47. De manera que esa forma de notificación cumplió igual propósito y efecto que la
personal, sumado a que el artículo cuarto de la referida resolución señaló que
procedían los recursos de reposición y apelación dentro de los 10 días siguientes a
su notificación, de modo que el demandante contaba con la información necesaria

26 Auto del 25 de abril de 2019.
27 Artículo 187 del CPACA.

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Radicado: 76001-23-33-007-2016-00494-02 (2590-2025)
Demandante: Francisco Eduardo Rosas Basante

para controvertir el acto que debió ser recurrido en sede administrativa, lo cual no
ocurrió.

48. Actuación que resultaba obligatoria para acceder a la jurisdicción de conformidad
con el inciso final del artículo 76 del CPACA, en concordancia con el numeral 2 del
161 ibidem, pues para pretender la nulidad de un acto administrativo particular se
exige que se haya agotado el recurso de apelación, el cual de acuerdo con la ley era
obligatorio. Por lo tanto, además de que el acto a demandar era la Resolución DG-
0527-15 del 28 de febrero de 2015, esta no podía ser objeto de control judicial por
no haberse agotado el requisito de procedibilidad.

49. A ello no se opone el hecho que la resolución hubiera sido aportada con la
demanda, pues el objeto del control judicial lo delimitan los actos acusados y no los
documentos incorporados al expediente, sumado a que respecto de esta tampoco
se invocaron normas violadas ni concepto de violación.

50. En conclusión, ninguno de los reparos formulados por el apelante está llamado a
prosperar, pues la debida individualización del acto acusado constituye un
presupuesto procesal de orden público cuya verificación corresponde al juez en
cualquier estado del proceso y con independencia de los argumentos formulados en
la apelación. Como se expuso, la situación jurídica del demandante quedó definida
en la Resolución DG-0527-15 del 28 de febrero de 2015, que no fue incluida como
acto acusado y contra la cual tampoco se agotó el recurso de apelación, obligatorio
para acceder a la jurisdicción, mientras que el Oficio 8420 del 4 de diciembre de 2015
solo dio respuesta a la petición de reliquidación, en consecuencia, se configura una
proposición jurídica incompleta que impide a la Sala emitir pronunciamiento de fondo.

51. Por último, se precisa que, si bien esta corporación en distintas oportunidades ha
establecido que las decisiones inhibitorias no es la manera normal de terminar el
proceso, también es cierto que, en caso como en el sub judice, no se puede superar
el requisito con el simple análisis de legalidad propuesto, pues la consecuencia sería
que el contenido del acto no cuestionado se mantendría incólume en contravía de la
posible desaparición jurídica del acto impugnado.

52. En consecuencia, se modificará la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en el sentido de declarar probada de oficio la
excepción de inepta demanda.

2.4. Costas

53. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

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Demandante: Francisco Eduardo Rosas Basante

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.

54. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.

55. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma28.

56. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

57. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la sala se abstendrá de imponerlas en esta instancia.

3. Conclusión

58. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que la situación jurídica de
Francisco Eduardo Rosas Basante quedó definida en la Resolución DG-0527-15 del
28 de febrero de 2015, que no fue incluida como acto acusado y contra la cual
tampoco se agotaron los recursos obligatorios para acceder a la jurisdicción,
mientras que el Oficio 8420 del 4 de diciembre de 2015 solo dio respuesta a la
petición de reliquidación. En consecuencia, se modificará la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, se declarará probada de oficio la excepción de ineptitud de
la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Modificar la sentencia proferida el 26 de mayo de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se negaron las pretensiones

28 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 76001-23-33-007-2016-00494-02 (2590-2025)
Demandante: Francisco Eduardo Rosas Basante

de la demanda presentada por Francisco Eduardo Rosas Basante en contra del
Hospital Universitario del Valle del Cauca Evaristo García ESE. En su lugar, declarar
probada de oficio la excepción de ineptitud de la demanda.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Tercero Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

SSPS

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