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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2017-00033-00

Fecha
19 de junio de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo López
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2017-00033-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la expresión “asegurar” contenida en el parágrafo primero del artículo 6 de la Resolución 372 de 2009 y en el artículo 2 de la Resolución 361 de 2011, expedidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, conforme a lo definido en la parte considerativa de esta sentencia. TERCERO: NO IMPONER condena en costas, de acuerdo con lo previsto en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: Ejecutoriada la providencia se ordena el archivo del proceso, dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2017-00033-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López

19 de junio de 2025

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Radicado: 11001 03 24 000 2017 00033 00
Demandante: Bernardita Pérez Restrepo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C, diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00033 00
Actor: Bernardita Pérez Restrepo
Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible)
Tesis: Son nulas, por violación de normas superiores, las disposiciones emitidas por
el MADS, si crea una obligación nueva para fabricantes e importadores de baterías
plomo-ácido relacionada con el cumplimiento de metas de recolección.
No son nulas, por violación de normas superiores las disposiciones emitidas por el
MADS, si no crea una obligación nueva para distribuidores y comercializadores de
baterías usadas plomo-ácido relacionada con su recolección, recepción y posterior
entrega.
No es nulo, por falta de competencia, el acto administrativo a través del cual se
determinó que la violación de lo allí dispuesto sobre los elementos que debe incluir el
Plan de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo
Ácido, cuya elaboración está a cargo de fabricadores e importadores de esos
productos, es pasible de reproche a través del poder sancionador del Estado.

NULIDAD – ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la demanda instaurada en ejercicio del medio de control
de nulidad promovido por la señora Bernardita Pérez Restrepo en contra del
parágrafo 1° del artículo 6° y el artículo 12 de la Resolución No. 372 del 26 de
febrero de 2009, “Por la cual se establecen los elementos que deben contener los
Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas
Plomo Ácido, y se adoptan otras disposiciones”, y de los artículos 1° y 2° de la
Resolución 361 del 3 de marzo de 2011, “Por medio de la cual se modifica la
Resolución 372 de 2009”, ambas proferidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda
Y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible).

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Radicado: 11001 03 24 000 2017 00033 00
Demandante: Bernardita Pérez Restrepo

I. LA DEMANDA

1.1. Pretensiones

Figuran como pretensiones las siguientes:

“I
LAS NORMAS DEMANDADAS

1) El parágrafo 1º del artículo 6º y el artículo 12 de la Resolución No. 372 de 26
de febrero de 2009, proferida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo territorial, los cuales transcribo a continuación:

PARÁGRAFO 1º del artículo 12 de la Resolución 372 de 2009. Metas de
recolección. Los planes de Gestión de Devolución de Productos
Posconsumo de Baterías Plomo Acido deben asegurar las siguientes
metas mínimas de recolección:

a) En el primer año de implementación del plan, recogida anual mínima
del 40% de las baterías plomo ácido puestas en el mercado en los dos
años precedentes a la entrada en vigencia de la presente resolución. En
el caso de las baterías para motocicletas recogida anual mínima del 15%
de las baterías plomo ácido puestas en el mercado en los dos años
precedentes a la entrada en vigencia de la presente resolución.

b) Para los años subsiguientes, incrementos anuales mínimos de un 10%
hasta alcanzar un 90% de las baterías plomo ácido puestas en el
mercado. En el caso de las baterías para motocicletas, para los años
subsiguientes, incrementos anuales mínimos de un 5% hasta alcanzar un
60% de las baterías plomo ácido puestas en el mercado.

La meta de recolección debe ser cumplida por el fabricante o importador
sobre la base de sus productos puestos en el mercado.

Artículo 12 de la Resolución 372 de 2009. Sanciones. En caso de
violación a las disposiciones ambientales contempladas en el presente
acto administrativo, se impondrán las medidas preventivas y
sancionatorias a que haya lugar de conformidad con lo consagrado en los
artículos 83 a 85 de la Ley 99 de 1993 o la norma que la modifique o
sustituya.

2) Los artículos 1º y 2º de la Resolución 361 de 3 de marzo de 2011, proferida
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial –por la que se
modifica la Resolución 372 de 2009–, que transcribo a continuación:

ARTÍCULO 1o. El artículo 4o de la Resolución 372 de 2009, quedará así:

“Artículo 4o. De los distribuidores y comercializadores de baterías
plomo ácido (incluye proveedores o expendedores). Para efectos de
los Planes de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas
Plomo Ácido, son obligaciones de los distribuidores y comercializadores,
las siguientes:

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Demandante: Bernardita Pérez Restrepo

a) Formar parte de los Planes de Gestión de Devolución de Productos
Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Ácido que establezcan los
fabricantes e importadores y participar en la implementación de dichos
planes;

b) Informar a los usuarios y consumidores sobre los centros de acopio
para la devolución de estos residuos;

c) Apoyar al fabricante e importador y/o a las autoridades en la realización
y/o difusión de campañas de información pública sobre el mecanismo para
la devolución de los residuos posconsumo de las baterías usadas,
establecido por el fabricante o importador;

d) Aceptar la devolución de las Baterías Usadas Plomo Ácido, sin costo
alguno para el consumidor;

e) Entregar las baterías usadas plomo ácido al mecanismo de devolución
establecido por el fabricante o importador de conformidad con el Plan de
Gestión de Devolución Posconsumo.

PARÁGRAFO 1o. La instalación y operación de centros de acopio de
baterías usadas plomo ácido, podrá ser desarrollada únicamente en el
marco de la implementación de los Planes de Gestión de Devolución de
Productos Posconsumo de baterías usadas plomo ácido, en los términos
que se señalan en el parágrafo 2o del artículo 6o y guardando las
prohibiciones señaladas en el artículo 10 de la presente resolución”.

ARTÍCULO 2o. El parágrafo 1o y el literal a) y f) del parágrafo 2o del
artículo 6o de la Resolución 372 de 2009, quedarán así:

“Parágrafo 1o. Metas de recolección. Los Planes de Gestión de
Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Ácido
deben asegurar las metas mínimas de recolección presentadas en la
Tabla 1.

Meta de Periodo de Año de Periodo de ventas de
recolección recolección presentación de baterías plomo ácido para
minima (%) (año fiscal) informe de base de calculo de la meta
actualización y (años fiscales)
avances
Automotores Motocicletas
40 15 2010-2011 2012 2008 y 2009
50 20 2012 2013 2009 y 2010
60 25 2013 2014 2010 y 2011
70 30 2014 2015 2011 y 2012
80 35 2015 2016 2012 y 2013

90 40 2016 2017 2013 y 2014
90 45 2017 2018 2014 y 2015
90 50 2018 2019 2015 y 2016
90 55 2019 2020 2016 y 2017
90 60 2020 2021 2017 y 2018
90 60 2021 2022 2018 y 2019

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Demandante: Bernardita Pérez Restrepo

El porcentaje de la meta de recolección esperada para cada periodo de
recolección se evaluará sobre la base del promedio anual de las unidades
de baterías plomo ácido vendidas en el periodo especificado en la Tabla
1.

Para años posteriores a 2022 y para efectos de seleccionar el período de
ventas correspondiente, para el cálculo de la meta de recolección, se
deberá mantener la tendencia presentada en la Tabla 1”.

PARÁGRAFO 2o. De los centros de acopio. El literal a) quedará así:

a) “La capacidad del centro de acopio no deberá exceder de cuatro (4)
toneladas de baterías usadas plomo-ácido. Si se excede el límite
establecido se entenderá que se trata de un almacenamiento y en
consecuencia se le aplicarán las normas establecidas para este”. El literal
f) quedará así:

f) “Los residuos deberán ser ubicados sobre estibas, con no más de tres
(3) tendidos de baterías y en pilas de máximo tres (3) estibas, o dentro de
recipientes que eviten el derrame de los residuos.”1.

1.2. Normas violadas y concepto de la violación

Señaló que existe una extralimitación de funciones por parte del Ministerio en la
expedición de las Resoluciones 372 de 2009 y 361 de 2011, específicamente en
los artículos impugnados, pues, aunque posee potestad normativa, ésta debe
ajustarse a la Constitución, la Ley y los decretos presidenciales, siendo que en este
caso el ministerio desconoció lo dispuesto en el Decreto 4741 de 2005, modificando
sustancialmente el régimen de obligaciones, toda vez que, lo que inicialmente era
una responsabilidad del consumidor (entregar las baterías usadas), terminó
trasladándose a fabricantes, importadores, comercializadores y distribuidores,
quienes fueron obligados a cumplir metas de recolección y asumir mayores
responsabilidades, agravando la situación con la creación de un régimen
sancionatorio para conductas no previstas en la Ley ni en el decreto reglamentario,
lo que vulnera el principio de legalidad.

1.2.1. Sostuvo que las disposiciones acusadas desconocieron los artículos 1º, 3º,
29, 113, 121 y 209 de la Constitución Política, el artículo 38 del Decreto Ley 2811
de 1974, el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011 (en adelante CPACA), y el Decreto
4741 de 2005, por cuanto fueron expedidas sin competencia y en forma irregular.

1 Visible en el expediente digitalizado que obra en el índice núm. 45 de Samai.

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Explicó esa afirmación indicando que, antes de las resoluciones demandadas, ya
existían deberes claros sobre gestión, seguridad y participación en planes de
gestión de devolución, regulados por el Decreto 4741 de 2005, y que la Resolución
No. 372 de 2009 reguló los elementos que debían incluir los fabricantes e
importadores de baterías plomo-ácido en los Planes de Gestión de Devolución de
Productos Posconsumo, especificando requisitos como planificación, seguimiento
y participación de actores. No obstante, señaló que, en su artículo 7º, estableció
metas mínimas de recolección obligatorias para estos actores, determinando que
debían cumplirlas con base en los productos comercializados, y que esta
imposición configuró una extralimitación del Ministerio, pues creó una obligación no
prevista en la ley ni en los decretos reglamentarios, modificando el régimen de
obligaciones sin competencia para ello.

1.2.2. Adujo que la Resolución No. 361 de 2011 modificó la Resolución No. 372 de
2009, con el propósito de precisar las obligaciones de los distribuidores y
comercializadores de baterías plomo-ácido dentro de los Planes de Gestión de
Devolución de Productos Posconsumo. Inicialmente, la Resolución 372 de 2009
disponía que estos actores debían integrarse a los planes, participar en su
implementación e informar a los consumidores sobre los riesgos asociados a las
baterías y los mecanismos de devolución. No obstante, la Resolución No. 361 de
2011 amplió sustancialmente sus responsabilidades, obligándolos a aceptar sin
costo la devolución de baterías usadas y a garantizar su entrega al mecanismo de
recolección definido por fabricantes o importadores. Sostuvo que este cambio
implicó una alteración sustancial del régimen normativo previsto en el Decreto 4741
de 2005, que solo exigía la participación de distribuidores y comercializadores en
los planes, sin convertirlos en los principales responsables de la recolección; y que,
con esta modificación, el Ministerio transformó su rol en el eje central del sistema
de gestión de devolución, asignándoles una carga que no estaba contemplada en
la regulación original.

1.2.3. Adicionalmente, aludió a la Resolución No. 361 de 2011, que mantuvo y
reforzó la disposición de que los sistemas de recolección debían alcanzar metas
mínimas de recuperación de baterías usadas, un requisito que ya había sido
cuestionado en la Resolución No. 372 de 2009, por constituir una nueva obligación
sin respaldo en la ley ni en los decretos reglamentarios, y reiteró que esta situación

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significó una extralimitación de la potestad normativa del Ministerio, al imponer
obligaciones sin fundamento legal y afectar el régimen sancionatorio, además de
trasladar responsabilidades a distribuidores y comercializadores que resultaban
difíciles o incluso imposibles de cumplir.

1.2.4. Argumentó que los actos acusados introdujeron infracciones de carácter
ambiental que no se ajustan a los requisitos constitucionales y legales establecidos
en el ordenamiento jurídico colombiano, puesto que carecen de fundamento
normativo superior que las respalde, ya que no existe una disposición legal previa
que establezca las conductas sancionables en este ámbito, siquiera de manera
genérica.

Manifestó que la vulneración del principio de legalidad en materia sancionatoria
ambiental se evidencia en el artículo 12 de la Resolución No. 372 de 2009, el cual
establece que cualquier violación a sus disposiciones ambientales será sancionada
conforme a lo dispuesto en los artículos 83 a 85 de la Ley 99 de 1993 o la norma
que la modifique o sustituya. Sin embargo, esta remisión se agota dentro de la
propia Resolución, sin una referencia clara a un marco normativo superior que
delimite la configuración de las infracciones. En consecuencia, se vulnera el
principio de reserva de ley o legalidad en sentido lato (nulla poena, nullum crimen
sine lege), pues es la Resolución misma la que define las conductas sancionables,
a pesar de que las sanciones aplicables sí se encuentran en una norma con rango
de ley.

Aseveró que, si bien el ordenamiento jurídico colombiano ha flexibilizado el principio
de legalidad en el ámbito sancionatorio ambiental permitiendo descripciones
amplias de las infracciones, como lo establece el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009,
ello no implica que el Ministerio de Ambiente tenga la facultad ilimitada de crear y
definir infracciones sin una base legislativa previa que establezca el marco general
de las conductas sancionables y sus respectivas sanciones. En este sentido, la
Corte Constitucional ha señalado que el principio de legalidad en sanciones
administrativas exige que una norma con fuerza material de ley contemple una
descripción genérica de las conductas sancionables, las clases de sanciones y sus
cuantías, permitiendo únicamente que los actos administrativos detallen de manera

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específica las conductas reprochables, siempre dentro del marco normativo
previsto en la ley.

Expuso que este principio se materializa a través de las garantías de reserva de ley
y tipicidad. Si bien la tipicidad en el ámbito administrativo es más flexible que en el
derecho penal, el Legislador sigue estando obligado a definir expresamente los
elementos esenciales de la infracción, lo que implica: (i) describir la conducta
sancionable, (ii) determinar la sanción en términos de su tipo, duración o cuantía,
así como la autoridad competente para imponerla, y (iii) establecer el procedimiento
aplicable para su imposición. Además, el derecho sancionatorio administrativo debe
recurrir a mecanismos normativos claros, como prohibiciones, advertencias o
deberes, para luego definir las respectivas sanciones.

1.2.5. Expresó que la Resolución No. 372 de 2009 desconoce el principio de
exigibilidad, que demanda que las normas sancionatorias regulen únicamente
comportamientos que puedan ser cumplidos en condiciones reales y razonables.
Sin embargo, para el caso en concreto de la recolección de baterías plomo-ácido
posconsumo, la regulación impone responsabilidad administrativa a fabricantes,
importadores y comercializadores por omisiones del consumidor final, sin que exista
para este un mecanismo jurídico que lo obligue a devolver la batería usada.

Asimismo, indicó que los supuestos de hecho que configuran estas infracciones
imponen obligaciones que exceden las capacidades y recursos de los sujetos
obligados, haciendo que el cumplimiento de la norma sea prácticamente imposible.

Bajo ese mismo hilo sostuvo que el anterior esquema vulnera el principio de
culpabilidad y de legalidad en sentido estricto, al trasladar la responsabilidad de una
acción ajena a los sujetos regulados, imponiendo metas de recolección
desproporcionadas, pues no contempla la imposibilidad material de los obligados
para controlar el comportamiento del usuario final. En consecuencia, la norma
desconoce el juicio de culpabilidad, pues sanciona a agentes sin vinculación real
con la omisión, lo que evidencia la falta de razonabilidad en la regulación y un
exceso en la competencia del Ministerio de Ambiente.

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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible2 (en adelante MADS)
contestó la demanda y solicitó se nieguen las pretensiones, bajo los siguientes
razonamientos:

Argumentó que lo señalado por la accionante parte de una interpretación errónea,
puesto que el marco legal aplicable a los residuos peligrosos, incluido el Decreto
4741 de 2005 y la Ley 1252 de 2008 en sus artículos 8 y 9, establecen que los
fabricantes e importadores son equiparados a los generadores de residuos,
asumiendo una responsabilidad absoluta hasta que se garantice que los
respectivos residuos hayan sido debidamente aprovechados o dispuestos de
manera adecuada y segura, recalcando que esta responsabilidad no está sujeta a
condicionantes, y que las metas de recolección establecidas en las resoluciones
atacadas no limitan esta obligación, sino que buscan garantizar su cumplimiento
progresivo.

Mencionó que la demandante interpreta de forma incorrecta las normas que
respaldan las disposiciones impugnadas, lo que la lleva a concluir,
equivocadamente, que la obligación de ejecutar los planes de devolución
posconsumo recae únicamente en el consumidor. Esto lo deduce del hecho de que
dichas normas le asignan la responsabilidad de entregar los residuos peligrosos
derivados del uso de ciertos productos. No obstante, esas mismas disposiciones,
específicamente el literal b) del artículo 23 del Decreto 4741 de 2005, aclaran que
dicha entrega debe efectuarse mediante el mecanismo de retorno o devolución
previsto por el fabricante o importador. En consecuencia, no se han invertido ni
alterado las responsabilidades asignadas a los distintos actores dentro de la cadena
de manejo de los residuos, y las normas demandadas simplemente desarrollan lo
que ya estaba previsto en el marco legal.

Explicó que la mención al régimen sancionatorio en las resoluciones demandadas
no implica la creación de nuevas sanciones, sino que se enmarca en el orden
jurídico vigente. En particular, señaló que las sanciones por el incumplimiento de

2 Ibidem.

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dichas normas se encuentran respaldadas por la Ley 1333 de 2009, la cual
establece el procedimiento sancionatorio en materia ambiental.

Así, si las resoluciones se ajustan a la ley, su inobservancia puede dar lugar a
sanciones, incluso si éstas no se mencionan de manera expresa en el texto de las
resoluciones. Además, aclaró que, aun si las resoluciones llegaran a ser
consideradas inválidas, ello no afectaría la aplicación del régimen sancionatorio
legal, pues este opera de manera autónoma y está previsto en una norma con
fuerza de ley.

Rechazó las acusaciones de la demandante señalando que las normas se
elaboraron siguiendo un proceso participativo y transparente y que los proyectos
de resolución fueron socializados con los sectores involucrados, como los gremios
de fabricantes e importadores de baterías plomo-ácido y la industria automotriz, que
presentaron observaciones y propuestas durante los periodos de consulta pública
en los años 2007, 2008 y 2010.

Sostuvo que el Ministerio no excedió su competencia, ya que las resoluciones se
limitaron a desarrollar y reglamentar lo establecido en el Decreto 4741 de 2005,
específicamente en su capítulo IV, para dar operatividad a la norma, e indicó que
las metas de recolección son un elemento central de los planes de devolución
posconsumo, ya que permiten medir el impacto y la efectividad de la normativa,
toda vez que forman parte del numeral 5 del artículo 6 de la Resolución 372 de
2009, que busca realizar un control y seguimiento del desempeño ambiental de los
planes.

Aclaró que la Resolución 361 de 2011 simplemente desarrolló las obligaciones
generales establecidas en el Decreto 4741 de 2005, precisando el papel de los
distribuidores y comercializadores en la implementación de los planes. Además,
negó que se haya trasladado la responsabilidad de cumplir las metas a los
comercializadores, ya que ésta recae exclusivamente en los fabricantes e
importadores, quienes son los sujetos de control y seguimiento.

Refutó los argumentos de la demandante cuando afirma que hay vulneración de los
principios de legalidad y culpabilidad, señalando que el Decreto 4741 de 2005 y las

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resoluciones establecen claramente las obligaciones del consumidor o usuario final.
En particular, el artículo 23 del Decreto y el artículo 5 de la Resolución 372 de 2009,
que indican que el consumidor debe entregar las baterías usadas al mecanismo de
devolución establecido por el fabricante o importador, y que prohibió a los
consumidores entregar las baterías a personas no autorizadas, lo que refuerza su
responsabilidad en la cadena de gestión de residuos.

Destacó que los planes de devolución incluyen estrategias y mecanismos para
facilitar la devolución de las baterías por parte de los consumidores, como
campañas de información y sensibilización. Estas estrategias son desarrolladas por
los fabricantes e importadores en colaboración con los comercializadores, que
tienen un contacto directo con los usuarios finales. Puso como ejemplo que los
comercializadores deben apoyar en la difusión de información sobre los
mecanismos de devolución y aceptar las baterías usadas sin costo para el
consumidor.

Finalmente, indicó que la normativa vigente no vulnera el principio de legalidad ni
el de culpabilidad, ya que las obligaciones de cada actor están claramente definidas
en el Decreto 4741 de 2005 y sus resoluciones reglamentarias, en línea con las
prácticas internacionales, que también exigen metas de recolección y la
participación de toda la cadena de comercialización.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

3.1. La parte actora alegó de conclusión3 que las normas posconsumo que
regulan la recolección de residuos peligrosos, como baterías plomo ácido, buscan
proteger el medio ambiente, y se justifican plenamente dentro del marco de una
constitución ecológica, y para su efectividad es esencial que fabricantes,
importadores, comercializadores y consumidores asuman responsabilidades en el
proceso de recolección y disposición final.

Adujo que, contrario a lo señalado por la entidad demandada, el objetivo del medio
de control de nulidad no es excluir a los fabricantes, importadores y

3 Ibidem.

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comercializadores de sus deberes, sino cuestionar la imposición exclusiva de la
meta de recolección al generador del residuo. Lo anterior, por cuanto esta medida
resulta desproporcionada e irrazonable, pues transfiere integralmente la
responsabilidad del consumidor sin dotar al generador de herramientas para exigir
la devolución de las baterías; cuestión que admite el Ministerio al reconocer que las
obligaciones impuestas a fabricantes, importadores y comercializadores eran
absolutas, sin condiciones ni límites, lo que vulnera los principios de razonabilidad
y proporcionalidad.

Estimó que el fundamento normativo de las resoluciones demandadas se basa en
el Decreto 4741 de 2005, reglamentario de varias leyes ambientales, entre ellas la
Ley 1252 de 2008; sin embargo, esta última no establece un régimen de
responsabilidades diferente al de normas anteriores, sino que confirma que la
responsabilidad de todos los agentes persiste hasta la disposición final del residuo,
y que ninguna de estas normas previó una responsabilidad absoluta, por lo que las
resoluciones demandadas excedieron la potestad reguladora al imponer
obligaciones sin respaldo legal.

Adujo que la Resolución 372 de 2009 fijó metas mínimas de recolección
exclusivamente para fabricantes e importadores, lo que constituyó una nueva
obligación no establecida en la ley ni en decretos reglamentarios, toda vez que
amplió aún más las responsabilidades de distribuidores y comercializadores,
obligándolos a recibir y entregar las baterías plomo ácido, modificando lo dispuesto
en la Resolución 372 de 2009 y el Decreto 4741 de 2005; por lo que concluyó que
estas modificaciones desbordaron las competencias del Ministerio, ya que, según
la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, los ministerios
solo pueden regular en el marco de la potestad reglamentaria del presidente y no
imponer requisitos adicionales a los establecidos en la Constitución y la ley.

Por último, indicó que la demanda plantea un cargo autónomo por la vulneración
del régimen sancionatorio ambiental, que el Ministerio no refutó de manera
adecuada. También cuestionó la falta de entrega de los antecedentes
administrativos que sustentaron las resoluciones, lo que podría evidenciar
arbitrariedad en su expedición.

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Por lo anterior, reiteró la solicitud de declaratoria de nulidad de las normas
demandadas.

3.2. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, guardó silencio.

IV. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa rindió concepto4
en el que expuso los siguientes argumentos:

4.1. Señaló que la modificación del parágrafo 1° del artículo 6° de la Resolución
372 de 2009, por la Resolución 361 de 2011, no elimina los efectos jurídicos que
tuvo durante su vigencia, por lo que sigue siendo susceptible de control
jurisdiccional, ya que la derogación o subrogación de una norma afecta su vigencia,
pero no su validez. Afirmó que el Consejo de Estado ha reiterado que la derogación
de un acto administrativo no impide su control judicial si produjo efectos mientras
estuvo en vigor; en consecuencia, es posible un pronunciamiento de fondo sobre
su legalidad, considerando las consecuencias que generó en su aplicación.

4.2. Manifestó que el acto demandado responde a la facultad del Estado de
intervenir en la economía y limitar la libertad económica en función del interés
social, el ambiente y el patrimonio cultural. Si bien la Constitución Política garantiza
la libertad de empresa y la libre competencia, establece que estas libertades
conllevan responsabilidades y pueden ser restringidas por razones ambientales.
Sostuvo que el artículo 333 dispone que la ley puede delimitar la libertad económica
cuando lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural, en
consonancia con el derecho a un ambiente sano y el deber de proteger los recursos
naturales. Por lo tanto, el Estado puede imponer obligaciones ambientales,
incluyendo los “Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de
Baterías Usadas Plomo Ácido”, los cuales no constituyen una barrera a la actividad
económica, sino un instrumento para prevenir la contaminación y el deterioro
ambiental, razón por la cual la responsabilidad se extiende a fabricantes,
importadores, comercializadores, distribuidores y consumidores finales.

4 Ibidem.

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4.3. Mencionó que las normas demandadas establecieron metas de recolección y
periodos de base para la gestión de baterías de plomo ácido del parque vehicular,
conforme a las Resoluciones 372 de 2009 y 361 de 2011; estas normas asignan a
fabricantes e importadores la responsabilidad de formular planes de gestión de
devolución de productos posconsumo, con el fin de garantizar su adecuada
recolección y minimizar el impacto ambiental y en la salud humana. Expuso que la
obligación se fundamenta en la responsabilidad extendida del productor, conforme
a la Ley 1258 de 2008 y el Decreto 4741 de 2005, que imponen la gestión integral
de residuos peligrosos hasta su disposición final, y que otorga al Ministerio de
Ambiente la facultad de definir los elementos de los planes y ampliar su aplicación
a otros productos peligrosos. Afirmó que la meta de recolección establecida no es
del 90% (noventa por ciento) como se alegó en la demanda, sino gradual,
comenzando con un 40% (cuarenta por ciento) para baterías de automotores y 15%
(quince por ciento) para motocicletas, aumentando bianualmente con base en las
ventas anuales, y señaló que estas cargas no vulneran la libertad económica, sino
que se justifican en el deber de los productores de mitigar los impactos de sus
productos, en concordancia con la normativa vigente.

4.4. Consideró que la Resolución 361 de 2011, al modificar la Resolución 372 de
2009, estableció nuevas obligaciones para los comercializadores y distribuidores
de baterías plomo-ácido, en concordancia con el marco normativo superior. Este
desarrollo normativo no representó una extralimitación de competencias por parte
del Ministerio de Ambiente, ya que el Decreto 4741 de 2005 ya los reconocía
expresamente como sujetos obligados dentro de los Planes de Gestión de
Devolución de Productos Posconsumo, conforme lo establece su parágrafo 1° del
artículo 21.

4.5. Expuso que, si bien la Resolución 372 de 2009 ya imponía a los
comercializadores deberes como participar en los planes y brindar información al
consumidor, la Resolución 361 de 2011 precisó estas funciones, agregando
compromisos como aceptar la devolución sin costo, entregar las baterías al
mecanismo definido por los fabricantes o importadores, e incluso apoyar en
campañas informativas. Estas medidas no constituyen una creación de nuevas
responsabilidades ajenas al marco legal, sino un desarrollo operativo de lo

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dispuesto en el Decreto 4741, ajustado a la realidad técnica y al contacto directo
que estos actores tienen con los consumidores.

4.6. Asimismo, subrayó que el argumento de la parte demandante es contradictorio
al considerar conforme la Resolución 372 y, al mismo tiempo, objetar la legalidad
de la Resolución 361, cuando ambas comparten el mismo fundamento legal y
objetivo regulador. Esta contradicción se evidencia al aceptar la participación de los
distribuidores en los planes posconsumo, pero rechazar la ampliación de
obligaciones necesarias para materializar esa participación, como lo requiere la
implementación práctica del sistema de devolución.

4.7. Argumentó que la preocupación de que se estaría trasladando la
responsabilidad del incumplimiento del consumidor al fabricante o comercializador
no es cierta, toda vez que el artículo 23 del Decreto 4741 de 2005 y el artículo 5 de
la Resolución 372 de 2009 establecen que los consumidores tienen la obligación
de entregar los residuos a los mecanismos definidos por el fabricante o importador.
Además, que las resoluciones en cuestión prohíben entregar baterías a gestores
no autorizados, contemplando estrategias dentro de los planes de devolución que
incluyen instrumentos de gestión y campañas informativas para promover el retorno
adecuado del residuo.

Explicó que el problema no radica en la falta de voluntad de los consumidores, sino
en que muchas baterías se desvían a canales informales de reciclaje. Estudios
técnicos, como los adelantados por el antiguo DAMA, han demostrado que esta
situación afecta la eficacia de los planes posconsumo. Por ello, la participación de
los distribuidores, en quienes recae el contacto directo con los usuarios ya sea al
momento de la venta o del cambio de la batería, es clave para lograr una
recolección efectiva y trazable, y por tanto, garantizar el éxito de la política
ambiental.

En relación con el principio de reserva legal, aclaró que la Resolución 361 de 2011
no crea nuevas infracciones ni impone sanciones. Estas ya se encuentran previstas
en la Ley 99 de 1993 y desarrolladas en la Ley 1333 de 2009, que regula el
procedimiento sancionatorio ambiental y permite, bajo el artículo 5, que se
configuren infracciones a partir del incumplimiento de obligaciones contenidas en

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actos administrativos válidamente expedidos. Esta figura de los “tipos en blanco”
ha sido respaldada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, por cuanto
permite dotar de operatividad a las normas ambientales, sin que se vulnere el
principio de legalidad.

Finalmente, se reiteró que la intención de la norma es fortalecer la gestión integral
de residuos peligrosos como las baterías plomo-ácido, distribuyendo de forma
razonable y proporcional las responsabilidades entre los actores de la cadena
fabricantes, importadores, comercializadores y consumidores, con el objetivo de
prevenir la contaminación ambiental y proteger la salud pública. En consecuencia,
solicitó declarar la legalidad de las disposiciones contenidas en las Resoluciones
372 de 2009 y 361 de 2011, toda vez que fueron expedidas dentro del marco de
competencia del Ministerio de Ambiente, desarrollan la normativa superior de
manera armónica y coherente, y responden a los principios de legalidad,
proporcionalidad y eficacia en la protección del ambiente.

V. DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala procede a
decidir el asunto sub lite, previas las siguientes.

VI. CONSIDERACIONES

6.1. Competencia

De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de
lo previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 149 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del artículo 13
del Acuerdo 080 de 2019 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el
Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

6.2. Planteamiento

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De acuerdo con la expuesto en la demanda y la contestación de la entidad acusada,
la Sala advierte que las discrepancias radican en los siguientes puntos: la violación
de normas superiores por virtud de la creación de una nueva obligación para
fabricantes e importadores de baterías de plomo-ácido, la violación del principio de
reserva legal en materia sancionatoria y el desconocimiento del principio de
exigibilidad.

En lo que hace al primer aspecto en debate, la accionante es del criterio de que el
establecimiento de metas de recolección de baterías a los fabricantes e importadores
se traduce en la creación de un nuevo deber para éstos. Alega también que a los
distribuidores y comercializadores se les impuso una carga adicional relacionada con
la recolección, recepción y posterior entrega de las baterías sin que nada de ello se
derive de alguna norma con rango legal ni del Decreto 4171 de 2005, que regula esa
materia, de tal suerte que el MADS incurre en exceso al expedir las disposiciones que
se acusan, puntualmente los artículos 1 y 2 de la Resolución 361 de 2011 y 6 de la
Resolución 372 de 2009. Por su parte, el demandado y el Ministerio Público estiman
que ese deber sí se encuentra previsto en las normas que sirvieron de fundamento
para la expedición de las normativas enjuiciadas, éstas son, el Decreto 4171 de 2005
y la Ley 1258 de 2008, pues de allí se deriva un régimen de responsabilidad que
justifica la expedición de las normas que se impugnan.

En cuanto al segundo punto en controversia, la actora es del parecer que el artículo
12 de la Resolución 372 de 2009 incorpora al orden jurídico conductas que son
pasibles de las sanciones dispuestas en la Ley 99 de 1993, lo cual se traduce en la
infracción del principio de reserva legal, habida cuenta de que la tipicidad en materia
sancionatoria sobre las actividades que deben ser castigadas es del resorte del
Congreso de la República y no del MADS. Mientras que la cartera citada advierte que
tal aserto no haya sustento, pues, habiendo demostrado que las obligaciones sobre
las metas de recolección tienen respaldo legal, no existe discusión sobre las
consecuencias de su incumplimiento, máxime cuando lo que se reglamentó fue una
remisión al régimen legal sancionatorio. Ahora, la Procuraduría en su intervención
asegura que la determinación de las conductas sancionables sí es procedente vía
acto administrativo dada la habilitación que en ese sentido establece el artículo 5 de
la Ley 1333 de 2009.

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Finalmente, en lo atinente al tercer punto en el que difieren las partes, la memorialista
afirma que las resoluciones impugnadas infringen la potestad en la regulación
sancionatoria, habida cuenta de que no se atienden las circunstancias específicas del
funcionamiento del mercado de las baterías plomo-ácido, debido a que imponen
cargas excesivas y de imposible cumplimiento, al trasladar el deber sobre la
disposición final de esos productos del usuario final al fabricante e importador e
incluso al distribuidor y comercializador. Asegura, además, que no existe un
mecanismo que radique una obligación en el consumidor relacionado con la
devolución de las baterías, por lo que así se denota lo inalcanzable de la obligación
creada y lo inevitable de la sanción que ello acarrea. No obstante, el MADS asevera
que el literal b) del artículo 23 del Decreto 4171 de 2005 define expresamente el deber
del consumidor de hacer entrega de los residuos a través del mecanismo de
devolución o retorno que el fabricante o importador establezca; luego no hay tal
confusión de roles y sí medidas necesarias para la gestión ambiental de residuos
peligrosos.

6.3. Violación de normas superiores. Variación del régimen de obligaciones

6.3.1. De los fabricantes e importadores

La Sala tendrá que determinar si son nulas, por violación de normas superiores, las
disposiciones emitidas por el MADS mediante las cuales crea una obligación nueva
para fabricantes e importadores de baterías plomo-ácido relacionada con el
cumplimiento de metas de recolección, si no está contemplada en norma superior que
así lo determine.

6.3.1.1. Pues bien, como la tesis del problema ha sido objeto de
cuestionamiento por parte del accionado y del Ministerio Público, es menester precisar
si el parágrafo primero del artículo 6 de la Resolución 372 de 2009, y su modificación
a través del artículo 2 de la Resolución 361 de 2011, creó un deber no previsto en las
disposiciones que le sirvieron de fundamento a su expedición.

Resulta relevante traer a colación el artículo 38 del Decreto Ley 2811 de 1974, que se
encuentra ubicado en la Parte IV, “DE LAS NORMAS DE PRESERVACIÓN AMBIENTAL

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RELATIVAS A ELEMENTOS AJENOS A LOS RECURSOS NATURALES”, Título III, “DE LOS
RESIDUOS, BASURAS, DESECHOS Y DESPERDICIOS”, según el cual:

“Artículo 38º.- Por razón del volumen o de la calidad de los residuos, las
basuras, desechos o desperdicios, se podrá imponer a quien los produce la
obligación de recolectarlos, tratarlos o disponer de ellos, señalándole los medios
para cada caso”. (Subrayas de la Sala).

A su turno, la Ley 1252 de 2008, “Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia
ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras
disposiciones”, previó el siguiente régimen de responsabilidad:

“Artículo 7o. Responsabilidad del generador. El generador será responsable
de los residuos peligrosos que él genere. La responsabilidad se extiende a sus
afluentes, emisiones, productos y subproductos, equipos desmantelados y en
desuso, elementos de protección personal utilizados en la manipulación de este
tipo de residuos y por todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente.”
(Subrayas de la Sala).

“Artículo 8o. Responsabilidad del fabricante, importador y/o
transportador. El fabricante, importador y/o transportador de un producto o
sustancia química con características peligrosas, para los efectos de la presente
ley, se equiparará a un generador, en cuanto a la responsabilidad por el manejo
de los embalajes, transporte o movilización, almacenamiento hasta su descarga
y recepción en el destino final, residuos del producto o sustancia y elementos
de protección personal utilizados en la manipulación de este tipo de residuos.”
(Subrayas de la Sala).

“Artículo 9o. Subsistencia de la responsabilidad. La responsabilidad integral
del generador, fabricante, importador y/o transportador, subsiste hasta que el
residuo peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto finalmente en
depósitos o sistemas técnicamente diseñados que no represente riesgos para
la salud humana y el ambiente.” (Subrayas de la Sala).

Se desprende de lo anterior que expresamente el Congreso de la República se refirió
al fabricante y al importador y los equiparó al concepto de “generador” (que antaño
estaba vinculado al concepto de “productor”), siendo también parte de su designio la
definición de responsabilidad no sólo en la correcta puesta en el mercado del residuo
peligroso, para el caso baterías ácido-plomo, sino hasta que el mismo sea
debidamente aprovechado, de manera que no genere peligro para la salud y el
ambiente.

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Ahora, el Decreto 4171 de 20055, que reglamentó los artículos 34 al 38 del Decreto
Ley 2811 de 1974, el artículo 4° de la Ley 253 de 19966, y los artículos 6° al 9° de
la Ley 430 de 19987, involucró nuevamente a los fabricantes e importadores dentro
del concepto de generador y concibió la responsabilidad de cada uno de ellos en
los mismos términos que el Legislador lo fijó en la Ley 430 de 1998 y que fue
reiterado en 2008 con la expedición de la Ley 1252; veamos:

“Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos del cumplimiento del presente
decreto se adoptan las siguientes definiciones:

(…)

Generador. Cualquier persona cuya actividad produzca residuos o desechos
peligrosos. Si la persona es desconocida será la persona que está en posesión
de estos residuos. El fabricante o importador de un producto o sustancia
química con propiedad peligrosa, para los efectos del presente decreto se
equipara a un generador, en cuanto a la responsabilidad por el manejo de los
embalajes y residuos del producto o sustancia”. (Subrayas de la Sala).

“Artículo 11. Responsabilidad del generador. El generador es responsable
de los residuos o desechos peligrosos que él genere. La responsabilidad se
extiende a sus afluentes, emisiones, productos y subproductos, por todos los
efectos ocasionados a la salud y al ambiente.”

“Artículo 12. Subsistencia de la responsabilidad. La responsabilidad
integral del generador subsiste hasta que el residuo o desecho peligroso sea
aprovechado como insumo o dispuesto con carácter definitivo.” (Subrayas de
la Sala).

“Artículo 15. Responsabilidad del fabricante o importador. El fabricante o
importador de un producto o sustancia química con propiedad peligrosa, para
los efectos del presente decreto se equipara a un generador, en cuanto a la
responsabilidad por el manejo de los embalajes y residuos del producto o
sustancia. La responsabilidad integral subsiste hasta que el residuo o desecho
peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto con carácter definitivo.”
(Subrayas de la Sala).

Para el manejo de los residuos peligrosos el mismo Decreto ordenó la elaboración de
un Plan de Gestión de Devolución a través del cual se definieran los lineamientos que
debían ser observados por los generadores/productores al momento de cumplir con

5 “por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos

peligrosos generados en el marco de la gestión integral”
6 “Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos

transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, hecho en Basilea el 22 de marzo de
1989”.
7 “Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los desechos

peligrosos y se dictan otras disposiciones”.

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la obligación de disposición final de esos productos e impuso su presentación ante el
Ministerio:

“Artículo 20. De los residuos o desechos peligrosos provenientes del
consumo de productos o sustancias peligrosas. Estarán sujetos a un Plan
de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo para su retorno a la
cadena de producción-importación-distribución-comercialización, los residuos o
desechos peligrosos o los productos usados, caducos o retirados del comercio,
que se listan en la Tabla 1 del presente artículo.

Tabla 1

Lista de residuos o desechos sujetos a Plan de Gestión de Devolución de
Productos Posconsumo

Plazo máximo para la
presentación del Plan
Código Residuo de Devolución a partir
de lo establecido en el
artículo 22
Y4 Plaguicidas en desuso, 6 meses
sus envases o empaques
y los embalajes que se
hayan contaminado con
plaguicidas.
Y3 Fármacos o 12 meses
medicamentos vencidos
Y31 Baterías usadas plomo- 18 meses
Ácido

“Artículo 21. De la formulación, presentación e implementación de los
Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo. Los
fabricantes o importadores, de productos que al desecharse se convierten en
los residuos o desechos peligrosos a los que hace referencia el artículo anterior,
deberán presentar ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, el respectivo Plan de Gestión de Devolución de Productos
Posconsumo para su conocimiento, en las fechas estipuladas para tal fin en la
Tabla 1, e iniciar inmediatamente su implementación. Estos planes de
devolución pueden ser formulados y desarrollados por grupos de importadores
o fabricantes reunidos en torno a la naturaleza igual o similar de sus residuos.
Sin embargo su presentación ante la autoridad ambiental es en forma individual.

Parágrafo 1°. Los distribuidores y comercializadores de los productos que al
desecharse se convierten en residuos o desechos peligrosos descritos en la
Tabla 1 del artículo 20 del presente decreto, deben formar parte de los Planes
de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo y participar activamente
en la implementación de dichos planes.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
establecerá posteriormente mediante acto administrativo otros productos de
consumo que al desecharse se convierten en residuos peligrosos, que deben
ser sometidos a planes de gestión de devolución de productos posconsumo
para ser presentados ante el Ministerio.” (Subrayas de la Sala).

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En el artículo 22, previó que el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial definiera los elementos del Plan de Gestión de Devolución de Productos
Posconsumo, conceptualizado en su artículo 3, así: “Plan de gestión de devolución
de productos posconsumo. Instrumento de gestión que contiene el conjunto de
reglas, acciones, procedimientos y medios dispuestos para facilitar la devolución y
acopio de productos posconsumo que al desecharse se convierten en residuos
peligrosos, con el fin de que sean enviados a instalaciones en las que se sujetarán
a procesos que permitirán su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o
disposición final controlada.”

El enunciado artículo 22 determina lo que sigue:

“Artículo 22. Elementos que deben ser considerados en los Planes de
Gestión de Devolución de Productos Posconsumo. El Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en un plazo no mayor a seis (6)
meses a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, establecerá de
manera general y/o especifica los elementos que deberán considerar los
Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo. A partir de ese
momento comenzarán a regir los plazos establecidos en la Tabla 1 del artículo
20 del presente decreto para la presentación e inicio de implementación de los
mismos.” (Subrayas de la Sala).

Quiere decir lo anterior que los generadores/productores de baterías usadas de
plomo-ácido deben elaborar un Plan de Gestión de Devolución de Productos
Posconsumo, cuyo alcance es el que precisamente se encuentra contenido en las
disposiciones que se acusan. El parágrafo primero del artículo 6 de la Resolución 372
de 2009:

"Artículo 6o. Elementos que deben contener los planes de gestión de
devolución de productos posconsumo de baterías usadas plomo
acido. Los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de
Baterías Usadas Plomo Acido del parque vehicular deben contener la
información solicitada en el presente artículo. Así mismo se puede allegar la
información adicional que se estime conveniente.

(…)

Parágrafo. Los planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo
de Baterías Plomo Acido deben asegurar las siguientes metas mínimas de
recolección:

a) En el primer año de implementación del plan, recogida anual mínima del
40% de las baterías plomo ácido puestas en el mercado en los dos años
precedentes a la entrada en vigencia de la presente resolución. En el caso de
las baterías para motocicletas recogida anual mínima del 15% de las baterías

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plomo ácido puestas en el mercado en los dos años precedentes a la entrada
en vigencia de la presente resolución.

b) Para los años subsiguientes, incrementos anuales mínimos de un 10%
hasta alcanzar un 90% de las baterías plomo ácido puestas en el mercado. En
el caso de las baterías para motocicletas, para los años subsiguientes,
incrementos anuales mínimos de un 5% hasta alcanzar un 60% de las baterías
plomo ácido puestas en el mercado.

La meta de recolección debe ser cumplida por el fabricante o importador sobre
la base de sus productos puestos en el mercado.”

Y el artículo 2 de la Resolución 361 de 2011, que lo modificó en los siguientes
términos:

“Artículo 2o. El parágrafo 1o y el literal a) y f) del parágrafo 2o del artículo 6o
de la Resolución 372 de 2009, quedarán así:

Parágrafo 1o. Metas de recolección. Los Planes de Gestión de Devolución
de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Ácido deben asegurar
las metas mínimas de recolección presentadas en la Tabla 1.

TABLA 1.

Metas de recolección y periodos de base, baterías usadas plomo ácido.

Meta de Periodo de Año de Periodo de ventas de
recolección recolección presentación de baterías plomo ácido
mínima (%) (año fiscal) informe de para base de cálculo
actualización y de la meta (años
avances fiscales)
Automotores Motocicletas
40 15 2010-2011 2012 2008 y 2009
50 20 2012 2013 2009 y 2010
60 25 2013 2014 2010 y 2011
70 30 2014 2015 2011 y 2012
80 35 2015 2016 2012 y 2013
90 40 2016 2017 2013 y 2014
90 45 2017 2018 2014 y 2015
90 50 2018 2019 2015 y 2016
90 55 2019 2020 2016 y 2017
90 60 2020 2021 2017 y 2018
90 60 2021 2022 2018 y 2019

El porcentaje de la meta de recolección esperada para cada periodo de
recolección se evaluará sobre la base del promedio anual de las unidades de
baterías plomo ácido vendidas en el periodo especificado en la Tabla 1.

Para años posteriores a 2022 y para efectos de seleccionar el período de
ventas correspondiente, para el cálculo de la meta de recolección, se deberá
mantener la tendencia presentada en la Tabla 1.”

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6.3.1.2. Ilustrado el panorama normativo que gobierna la reglamentación que
se acusa, es pertinente traer a colación el desarrollo sobre el ejercicio del poder
regulador y la potestad reglamentaria con miras a determinar si trasgrede o excede
la norma legal respectiva.

Sobre el concepto de reglamento y clases, resulta útil traer a colación lo expresado
por esta Corporación en la sentencia del 20 de octubre de 2014, radicado 2008-
00087-00, CP Enrique Gil Botero:

“el reglamento es una especie de acto administrativo, entendiendo por este una
declaración unilateral de voluntad, que proviene de la administración o de los
particulares en ejercicio de la función administrativa, y produce efectos
jurídicos8. El reglamento tiene estos mismos elementos, porque entre ambos
existe una relación de género a especie, siendo género el acto administrativo y
especie el reglamento, como también son especies los actos administrativos
generales, los particulares, los reglados, los discrecionales, etc.

(…)

b) Clases de reglamentos: Praeter legem y secundum legem

La clasificación más relevante de los reglamentos los identifica como praeter
legem y secundum legem, que atiende a la relación en que se encuentra dicha
norma frente a las de rango superior. Los secundum legem, como su nombre
lo indica, son los que se someten a la ley –“según la ley”-. No obstante, no todos
desarrollan directamente una Ley, porque pueden tener dicha relación con
otras normas de inferior jerarquía, como por ejemplo otros reglamentos; es el
caso del que expide el alcalde para desarrollar los acuerdos del Consejo (sic),
en este evento aquél no se subordina a una ley sino a un Acuerdo –cuando
este a su vez contiene un reglamento-.

La otra clase de reglamentos son los praeter legem, cuya característica
principal es que no se subordinan a la ley, ni a otro reglamento, por lo que
tienen mayor autonomía para tratar la materia que tienen asignada; ya que a
diferencia de los secundum legem solo la Constitución los crea y justifica,
otorgando directamente la potestad reglamentaria a una autoridad, por lo que
entre ellos no media una ley, así que cuentan con la capacidad creadora propia
del legislador.

En este sentido, el reglamento praeter legem o independiente no completa ni
desarrolla una ley previa, porque surge en virtud de la Constitución, que radica
en él la competencia para regular un asunto, lo que implica que tal espacio

8 El profesor Jaime O. SANTOFIMIO GAMBOA, define el acto administrativo como: “toda
manifestación unilateral, por regla general de voluntad, de quienes ejercen funciones administrativas,
tendiente a la producción de efectos jurídicos.” -Tratado de derecho administrativo, tomo II Acto
administrativo, cuarta edición, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2003, p. 131-.

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queda vedado al legislador, quien debe respetar dicha reserva, so pena de
violar la Constitución.

De esta manera, este reglamento tiene una jerarquía similar a la ley, pues
ambos se someten directamente a la constitución; no obstante, para evitar
confusiones no se suele asimilar este reglamento a la ley, pero sólo porque
formalmente no tienen “fuerza de ley”.

A modo de ejemplo de reglamentos praeter legem, la Constitución establece,
en varios artículos y a favor de diferentes órganos, la reserva de reglamento.
De esta manera establece en el artículo 3559 que al Gobierno le corresponde
reglamentar la forma en la cual se podrán celebrar contratos en los niveles
nacional, departamental, distrital y municipal, con entidades privadas sin ánimo
de lucro, con el fin de impulsar programas y actividades de interés público
acordes con el Plan Nacional y los Planes Seccionales de Desarrollo; el artículo
189.17 atribuye al presidente la república la facultad para distribuir los
negocios, según su naturaleza, entre Ministerios, Departamentos
Administrativos y Establecimientos Públicos10; el artículo 131 inciso 3°
establece que le corresponde al Gobierno crear, suprimir y fusionar los círculos
de notariado y registro, así como determinar el número de notarios y oficinas
de registro; el artículo 268.12, faculta al Contralor General de la República para
“Dictar normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal de todas
las entidades públicas del orden nacional y territorial”; los artículos 235.6, 237.6
y 241.11 facultan a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado y a la
Corte Constitucional, respectivamente, para darse su propio reglamento”.

Esta Sección, en cuanto a los límites de la potestad reglamentaria, ha señalado que
“(…) no puede alterar o modificar el contenido y el espíritu de la ley, ni puede
dirigirse a reglamentar leyes que no ejecuta la Administración, así como tampoco
puede reglamentar materias cuyo contenido está reservado al legislador (…)”11.

Frente al ejercicio de la potestad reglamentaria, esta Corporación, entre otras
providencias, en sentencia del 20 de noviembre de 201412, definió sus parámetros,
así: (i) se trata de una facultad constitucional atribuida permanentemente a ciertas
autoridades para expedir disposiciones jurídicas de carácter general y abstracto, a
través de las cuales se desarrollan reglas y principios fijados en la ley, (ii) su

9 “Art. 355. Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones
en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado.
“El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los
respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de
reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con
el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la
materia”.
10 “Art. 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y

Suprema Autoridad Administrativa: 17. Distribuir los negocios según su naturaleza, entre Ministerios,
Departamentos Administrativos y Establecimientos Públicos”.
11 Corte Constitucional, sentencias C-028 del 30 de enero de 1997, MP. Alejandro Martínez

Caballero, reiterada entre otras por las sentencias C-302 del 5 de mayo de 1999, MP. Carlos Gaviria
Díaz y C-1262 del 5 de diciembre de 2005, M.P. Humberto Sierra Porto.
12 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 20 de noviembre de 2014. C.P.: Guillermo

Vargas Ayala. Expediente radicación nro. 11001-03-24-000-2010-00119-00.

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finalidad consiste en establecer detalles y pormenores necesarios para la debida
aplicación de las disposiciones legales, (iii) en ningún caso puede modificar,
ampliar o restringir su contenido material o alcance, (iv) su atribución corresponde
principalmente al Presidente de la República, pero también, de manera derivada, a
otros órganos constitucionales dentro de la Rama Ejecutiva, como a los Ministerios,
de acuerdo con lo señalado por el artículo 208 de la Carta13, y en la Rama Judicial
a las altas Cortes, como sucede según lo dispuesto así en los artículos 241 para la
Corte Constitucional, 237 para el Consejo de Estado y 235 para la Corte Suprema
de Justicia.

En lo atinente a los límites de la potestad reglamentaria, también ha expresado que,
en ejercicio del poder reglamentario, a las autoridades les compete complementar
la ley en la medida que sea necesaria para lograr su cumplida aplicación, pero que
ello no implica la interpretación de los contenidos legislativos, sino que debe
limitarse y subordinarse a su contenido14.

Ahora bien, sobre el concepto de reserva de ley, resulta particularmente
demostrativa la sentencia C-507-14, en la que se estudió la constitucionalidad del
parágrafo del artículo 25 de la ley 1564 de 2012, por el cual se le asignaba al
Consejo Superior de la Judicatura la facultad para modificar las cuantías como factor
de competencia. En esa oportunidad, la Corte Constitucional indicó lo siguiente:

“4.2.1. De manera reiterada la jurisprudencia constitucional ha señalado que en
razón de la cláusula general de competencia a que se refieren los numerales
1° y 2° del artículo 150 de la Constitución Política, corresponde al Legislador
regular los procedimientos judiciales y administrativos, especialmente lo
relacionado con la competencia de los funcionarios, los recursos, los términos,
el régimen probatorio, las cuantías, entre otros.

4.2.2. En estos términos, la Corte ha señalado que en virtud de su potestad
legislativa en materia de procedimientos, el legislador puede “(…) regular y
definir15 entre los múltiples aspectos de su resorte legislativo, algunos de los
siguientes elementos procesales: (i) el establecimiento de los recursos y
medios de defensa que pueden intentar los administrados contra los actos que
profieren las autoridades, -esto es, los recursos de reposición, apelación, u

13 El artículo 208 de la Carta Política dispone que los ministros y los directores de departamentos

administrativos son los jefes de la administración en su respectiva dependencia y que bajo la
dirección del Presidente de la República, les corresponde formular las políticas atinentes a su
despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda. Sentencia del 6 de

julio de 2017. Consejero Ponente William Hernández Gómez, expediente radicación nro. 11001-03-
24-000-2008-00390-00(0585-09),
15 Sentencia C-1104 de 2001.

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otros -, así como los requisitos y las condiciones de procedencia de los
mismos.16 (ii) Las etapas procesales y los términos y formalidades que se
deben cumplir en cada uno de los procesos. (iii) La radicación de competencias
en una determinada autoridad judicial, siempre y cuando el constituyente no se
haya ocupado de asignarla de manera explícita en la Carta.17 (iv) Los medios
de prueba18 y (v) los deberes, obligaciones y cargas procesales de las partes,
del juez y aún de los terceros intervinientes, sea para asegurar la celeridad y
eficacia del trámite, o para proteger a las partes o intervinientes, o para prevenir
daños o perjuicios en unos u otros procesos”19. Sin embargo, ha señalado esta
Corporación que dicha potestad no es absoluta, pues “[…] debe ser ejercida
sin desconocer los principios y valores constitucionales, la vigencia de los
derechos fundamentales de los ciudadanos,20 y los principios de
razonabilidad,21 proporcionalidad22 y prevalencia del derecho sustancial sobre
lo adjetivo (Art. 228 C.P.), que se constituyen en límites al ejercicio legítimo de
tales competencias” 23.

4.2.3. Esta competencia, según lo ha señalado esta Corporación, “le permite al
legislador fijar las reglas a partir de las cuales se asegura la plena efectividad
del derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 C.P.), y del acceso
efectivo a la administración de justicia (artículo 229 C.P.). Además, son reglas
que consolidan la seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y finalidad de
los procesos, y permiten desarrollar el principio de legalidad propio del Estado
Social de Derecho24. Y […] mientras el legislador, no ignore, obstruya o
contraríe las garantías básicas previstas por la Constitución, goza de discreción
para establecer las formas propias de cada juicio, entendidas éstas como ‘el
conjunto de reglas señaladas en la ley que, según la naturaleza del proceso,
determinan los trámites que deben surtirse ante las diversas instancias
judiciales o administrativas’”25.

4.3.1. La cláusula de reserva de ley es una de las manifestaciones de los
principios democrático y de separación de poderes26, que suponen que las
normas que rigen la vida en sociedad reflejen mínimos de legitimidad, al ser la
expresión de la soberanía popular, el resultado del procedimiento deliberativo
en el proceso de formación de las leyes y el reparto del ejercicio del poder
normativo, que significa que el Legislador debe adoptar las decisiones que el
Constituyente le ha confiado, y que el instrumento a través del cual estas se
reglamentan no puede establecer disposiciones que sean propias del ámbito
del Legislador27.

4.3.2. La reserva de ley exige que la regulación de ciertas materias solo pueda
adelantarse mediante ley, o cuando menos se funde en ella, en ciertos casos

16 Sentencias C-742 de 1999, C-384 de 2000, C-803 de 200 entre otras.
17 Sentencia C-111 de 2000.
18 Sentencia C-1270 de 2000.
19 Sentencia C-1104 de 2001.
20 Sentencia de la Corte Constitucional C-728 de 2000.
21 Sentencia de la Corte Constitucional C-886 de 2004.
22 Sentencia de la Corte Constitucional C-1104 de 2001.
23 Sentencias de la Corte Constitucional C-927 de 2000, C-555 de 2001, C-640 de 2002, C-642 de

2002, C-736 de 2002, C-740 de 2002, C-788 de 2002, C-561 de 2004, C-340 de 2006, T-738 de
2006, C-692 de 2008.
24 Sentencia T-001 de 1993.
25 Sentencia C-562 de 1997.
26 Corte Constitucional, Sentencia C-570 de 1997, C-448 de 1998, C-111 de 2000, C-710 de 2001,

C-234 de 2002, C-265 de 2002, C-675 de 2005, C-818 de 2005, C-1262 de 2005, C-507 de 2006, C-
713 de 2008, C-823 de 2011, entre otras.
27 Sentencia C-823 de 2011.

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bajo el concepto de ley en sentido formal, es decir, emanada directamente del
Congreso de la República, y denominada estricta reserva legal; y en otros bajo
la noción de ley en sentido material, permitiendo la intervención del ejecutivo
como excepcionalmente facultado para dictar normas con fuerza de ley (CP.
art. 150.10). Lo anterior, significa que el Legislador de ninguna manera puede
despojarse de las funciones que la Constitución le ha atribuido para delegarlas,
sin más, en otra autoridad so pretexto de su reglamentación.

Bajo estos parámetros, a manera de síntesis, se puede afirmar que, según lo
dispuesto en el artículo 150 numeral 2° y la jurisprudencia, la regulación de los
aspectos procesales aplicables a los procedimientos judiciales y administrativos le
corresponde al legislador, y la potestad reglamentaria está reservada para
complementar la ley con el fin de garantizar su debida aplicación.

Es decir, que, cuando el legislador ejerce su competencia y expide la ley regulando
el tema, las autoridades revestidas de la potestad reglamentaria, llámese Presidente
de la República, Ministerios, órganos independientes o Rama Judicial, podrán
complementar la ley para su debida aplicación, atendiendo criterios de necesidad,
adecuación y suficiencia; pero en ningún caso podrán modificar, ampliar, o restringir
su contenido material o alcance, so pena de excederse en la potestad
reglamentaria, pues estaría usurpando una función constitucional de una de las
ramas del poder público.

Ahora bien, materialmente lo anterior implica que se configura la extralimitación en
la potestad reglamentaria en dos eventos. El primero de ellos es cuando el legislador
no ha ejercido su función constitucional, es decir, no ha expedido la ley, y la
autoridad revestida de la potestad reglamentaria lo hace en su lugar. El segundo
escenario se presenta cuando, existiendo la ley, la autoridad revestida de la
potestad reglamentaria expide el acto y materialmente no cumple con la finalidad de
complementariedad, adoptando reglas que no son necesarias, o no son adecuadas
y suficientes para alcanzar el propósito que la reglamentación persigue, que es el
cumplimiento de la ley que reglamenta28.

28 CP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, radicado 2017-00030-00. “Empero, como lo señaló la
jurisprudencia de esta Sección, el ejercicio de esa competencia debe respetar los principios de
necesidad y legalidad.
Según el primero, la facultad reglamentaria debe ser ejercida únicamente sobre aspectos de la ley
que requieran de precisión para su correcta implementación. Por esto es que se afirma que entre
más amplio o general sea el contenido de la ley, más amplia será la facultad reglamentaria. Mientras
que, por el contrario, entre más precisa sea la ley menor será el ámbito de la facultad.

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Existe un tercer supuesto según el cual, expedida la ley, la autoridad revestida de
la potestad reglamentaria modifica, amplía, o restringe su contenido material o
alcance; en este caso desconoce la norma superior que reglamenta, lo que implica
la nulidad de la reglamentación, pero no precisamente por extralimitación en la
competencia, sino por infracción a norma superior.

6.3.1.3. En ese orden, teniendo en cuenta el anterior desarrollo y de cara a la
regulación expuesta sobre la prevención y manejo de residuos peligrosos,
concretamente, de las baterías usadas plomo-ácido, lo que encuentra la Sala es que,
si bien está definida la responsabilidad del generador sobre la disposición de este tipo
de productos y la elaboración del Plan de Gestión correspondiente, lo cierto es que
impone el cumplimiento de unas metas sin proveerlo de los instrumentos que las
garanticen.

En efecto, cuando la Administración establece índices como los que pasan a
enunciase en la transcripción literal de la norma acusada, tal reglamentación resulta
del todo suficiente para mitigar el grave riesgo que comporta este tipo de productos
en el sistema ambiental y en la propia salud humana. El parágrafo primero del artículo
6 de la Resolución 372 de 2009:

“Parágrafo. Los planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo
de Baterías Plomo Acido deben asegurar las siguientes metas mínimas de
recolección:

a) En el primer año de implementación del plan, recogida anual mínima del
40% de las baterías plomo ácido puestas en el mercado en los dos años
precedentes a la entrada en vigencia de la presente resolución. En el caso de
las baterías para motocicletas recogida anual mínima del 15% de las baterías
plomo ácido puestas en el mercado en los dos años precedentes a la entrada
en vigencia de la presente resolución.

En cuanto al segundo, no puede exceder el alcance de la ley que dice reglamentar, pues en ese
caso no está asegurando su cumplimiento, sino adicionando un contenido normativo lo que no tiene
sustento en una norma de rango superior” .
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 11001-03-
27- 000-2017-00047-00 (23490). Sentencia del 28 de junio de 2018. C.P.: Julio Roberto Piza
Rodríguez. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso:
11001-03-27- 000-2012-00024-00 (19359). Sentencia del 6 de diciembre de 2017. C.P.: Milton
Chaves García. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso:
11001-03-27- 000-2009-00024-00 (17699). Sentencia del 30 de mayo de 2011. C.P.: Martha Teresa
Briceño de Valencia

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b) Para los años subsiguientes, incrementos anuales mínimos de un 10%
hasta alcanzar un 90% de las baterías plomo ácido puestas en el mercado. En
el caso de las baterías para motocicletas, para los años subsiguientes,
incrementos anuales mínimos de un 5% hasta alcanzar un 60% de las baterías
plomo ácido puestas en el mercado.

La meta de recolección debe ser cumplida por el fabricante o importador sobre
la base de sus productos puestos en el mercado.”

Y el artículo 2 de la Resolución 361 de 2011, que lo modificó prevé:

“Artículo 2o. El parágrafo 1o y el literal a) y f) del parágrafo 2o del artículo 6o
de la Resolución 372 de 2009, quedarán así:

Parágrafo 1o. Metas de recolección. Los Planes de Gestión de Devolución
de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Ácido deben asegurar
las metas mínimas de recolección presentadas en la Tabla 1.

TABLA 1.

Metas de recolección y periodos de base, baterías usadas plomo ácido.

Meta de Periodo de Año de Periodo de ventas de
recolección recolección presentación de baterías plomo ácido
mínima (%) (año fiscal) informe de para base de cálculo
actualización y de la meta (años
avances fiscales)
Automotores Motocicletas
40 15 2010-2011 2012 2008 y 2009
50 20 2012 2013 2009 y 2010
60 25 2013 2014 2010 y 2011
70 30 2014 2015 2011 y 2012
80 35 2015 2016 2012 y 2013
90 40 2016 2017 2013 y 2014
90 45 2017 2018 2014 y 2015
90 50 2018 2019 2015 y 2016
90 55 2019 2020 2016 y 2017
90 60 2020 2021 2017 y 2018
90 60 2021 2022 2018 y 2019

El porcentaje de la meta de recolección esperada para cada periodo de
recolección se evaluará sobre la base del promedio anual de las unidades de
baterías plomo ácido vendidas en el periodo especificado en la Tabla 1.

Para años posteriores a 2022 y para efectos de seleccionar el período de
ventas correspondiente, para el cálculo de la meta de recolección, se deberá
mantener la tendencia presentada en la Tabla 1.”

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No obstante, de su lectura no se desprende la existencia de herramienta alguna
dirigida a alcanzar el objetivo propuesto, este es, la devolución y acopio de productos
posconsumo que permitan su disposición final controlada.

Nótese que, como lo señaló la accionante, en la cadena de producción y
comercialización de esos bienes interviene no sólo el generador, sino también el
distribuidor y el consumidor, y no se halla en la reglamentación una fórmula
coercitiva para exigirles a estos la devolución de la batería.

Al respecto, lo que indica la cartera ministerial es que tal mecanismo se encuentra en
el literal b) del artículo 23 del Decreto 4171 de 2005, que es del siguiente tenor:

“Artículo 23. Del consumidor o usuario final de productos o sustancias
químicas con propiedad peligrosa. Son obligaciones del consumidor o usuario
final de productos o sustancias químicas con propiedad peligrosa:

a) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por el fabricante o
importador del producto o sustancia química hasta finalizar su vida útil y;

b) Entregar los residuos o desechos peligrosos posconsumo provenientes de
productos o sustancias químicas con propiedad peligrosa, al mecanismo de
devolución o retorno que el fabricante o importador establezca.” (Subrayas de la
Sala).

Sin embargo, una disposición como la invocada no refleja la posibilidad de que el
fabricante o importador tengan bajo su dominio la real posibilidad de devolver las
baterías usadas, pues estas ya no se hallan comprendidas en su radio de control y no
se determina una acción coercitiva que propicie una actuación del consumidor o
comercializador en ese sentido.

Se observa, entonces, que la imposición de un deber que asegure el cumplimiento
de una meta no es adecuada para conseguir el propósito que la reglamentación
persigue, toda vez que es una carga que escapa de la órbita propia de la actividad de
los fabricantes o importadores, que en manera alguna “facilita la devolución y acopio
de productos posconsumo que al desecharse se convierten en residuos peligrosos,
con el fin de que sean enviados a instalaciones en las que se sujetarán a procesos
que permitirán su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición
final controlada”. Es decir, que no se acompasa con el concepto que sobre ese tipo
de planes previó el Decreto 4171 de 2005, en su artículo 3.

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Si ello es así, es claro para la Sala que la definición de una serie de metas exigibles al
generador del desecho peligroso dentro del marco del Plan de Gestión no es ajena al
alcance de la responsabilidad legal que le es atribuible; pero, la exigencia de que este
asegure su cumplimiento desborda la potestad de reglamentación ya que, como se
explicó, no cumple la finalidad ni complementa la norma legal.

En otras palabras, esa expresión no es adecuada a la necesidad de dar efectividad
al mandato del Legislador sobre el alcance de la responsabilidad que debe exigirse a
los importadores y fabricantes para garantizar el debido aprovechamiento y
disposición de residuos peligrosos, habida cuenta que no consulta los lineamientos
superiores que le sirven de sustento y rebasa el límite de posibilidad real al que se
halla sujeta la actividad que estos despliegan.

En consecuencia, la Sala accederá parcialmente a la solicitud de nulidad invocada
por la demandante, en el sentido de declarar la invalidez de la palabra “asegure”
contenida en el parágrafo primero del artículo 6 de la Resolución 372 de 2009 y en el
artículo 2 de la Resolución 361 de 2011, de tal suerte que se entienda que las metas
allí dispuestas podrán ser cumplidas por el generador y evaluadas por la
Administración en términos de diligencia y cuidado.

Ahora, es necesario precisar que la nulidad declarada respecto de la expresión
“asegure” no elimina ni debilita la obligación de cumplir con las metas de recolección
establecidas en el marco del Plan de Gestión de Devolución de Productos
Posconsumo, en tanto que dichas metas continúan siendo de obligatorio
cumplimiento para los fabricantes e importadores al derivarse directamente del
régimen de responsabilidad extendida previsto por el Decreto 4741 de 2005 y la Ley
1252 de 2008.

En consecuencia, el cumplimiento de las metas debe ser evaluado por la autoridad
ambiental en términos de diligencia, esfuerzo razonable y acciones implementadas
y no con base en un estándar absoluto de eficacia que imponga cargas de imposible
cumplimiento.

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Finalmente, dado que el cargo de violación del principio de exigibilidad de las normas
sancionatorias está asociado a la validez de la citada expresión, y la misma se
expulsará del orden jurídico por estar viciada de nulidad, la Sala no efectuará
pronunciamiento sobre ese cargo.

Lo dicho, en atención a que comparten el alcance ya explicado, ya que está enfocado
a evidenciar que la regulación no es concordante con las circunstancias específicas
del funcionamiento del mercado de las baterías plomo-ácido, al imponer cargas
excesivas y de imposible cumplimiento, porque traslada el deber sobre la disposición
final de esos productos del usuario final al fabricante e importador e incluso al
distribuidor y comercializador, sin dotarlos de los medios para lograr tal resultado.

6.3.2. De los distribuidores y comercializadores

La Sala tendrá que determinar si son nulas, por violación de normas superiores, las
disposiciones emitidas por el MADS, mediante las cuales crea una obligación nueva
para distribuidores y comercializadores de baterías usadas plomo-ácido relacionada
con su recolección, recepción y posterior entrega, si no está contemplada en norma
superior que así lo determine.

El reproche surge por lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Resolución 361 de 2011,
que se analizarán de manera separada. La primera disposición tiene el siguiente
alcance:

“Artículo 1o. El artículo 4o de la Resolución 372 de 2009, quedará así:

“Artículo 4o. De los distribuidores y comercializadores de baterías plomo
ácido (incluye proveedores o expendedores). Para efectos de los Planes
de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Ácido,
son obligaciones de los distribuidores y comercializadores, las siguientes:

a) Formar parte de los Planes de Gestión de Devolución de Productos
Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Ácido que establezcan los
fabricantes e importadores y participar en la implementación de dichos planes;

b) Informar a los usuarios y consumidores sobre los centros de acopio para la
devolución de estos residuos;

c) Apoyar al fabricante e importador y/o a las autoridades en la realización y/o
difusión de campañas de información pública sobre el mecanismo para la
devolución de los residuos posconsumo de las baterías usadas, establecido
por el fabricante o importador;

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d) Aceptar la devolución de las Baterías Usadas Plomo Ácido, sin costo alguno
para el consumidor;

e) Entregar las baterías usadas plomo ácido al mecanismo de devolución
establecido por el fabricante o importador de conformidad con el Plan de
Gestión de Devolución Posconsumo.

Parágrafo 1o. La instalación y operación de centros de acopio de baterías
usadas plomo ácido, podrá ser desarrollada únicamente en el marco de la
implementación de los Planes de Gestión de Devolución de Productos
Posconsumo de baterías usadas plomo ácido, en los términos que se señalan
en el parágrafo 2o del artículo 6 y guardando las prohibiciones señaladas en
el artículo 10 de la presente resolución”.

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 4171 de 2005, los Planes de Gestión a los
que hemos hecho referencia cobijan las actividades desplegadas también por el
distribuidor y comercializador de baterías plomo-ácido usadas, tal y como lo dispone
el parágrafo de su artículo 21:

“Artículo 21. De la formulación, presentación e implementación de los
Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo.

(…)

Parágrafo 1°. Los distribuidores y comercializadores de los productos que al
desecharse se convierten en residuos o desechos peligrosos descritos en la
Tabla 1 del artículo 20 del presente decreto, deben formar parte de los Planes
de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo y participar activamente
en la implementación de dichos planes.”

La regulación del Decreto supone un hecho incontrastable, cual es que en la
generación de residuos peligrosos intervienen no solo los productores/generadores,
sino los distribuidores y comercializadores, pues no de otra manera se pone en el
comercio un producto luego de ser fabricado o importado.

Bajo esa perspectiva, es comprensible que se halla incorporado como parte de los
planes de gestión a otros agentes para el debido y completo control de tales residuos,
so pena de desconocer la cadena de consumo de productos que después de finalizar
su vida útil se convierten en un riesgo para el ecosistema.

Así las cosas, cuando el artículo 1 de la Resolución 361 de 2011 alude a los deberes
de comercializadores y distribuidores en el marco del plan de gestión no hace una
cosa distinta que reconocer esa realidad y ponerla a tono con la necesidad de

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salvaguardar de manera completa y efectiva el bienestar comunitario ante el peligro
en la indebida disposición de ese tipo de elementos. En otras palabras, se trata de
establecer sinergia en las actuaciones de quienes intervienen en el mercado de
productos que luego pueden convertirse en riesgosos para la sociedad y el medio
ambiente.

Esa forma de concretar la participación de distribuidores y comercializadores no
infringe norma superior alguna; por el contrario, materializa una condición fáctica en
los planes de gestión a los que se ha hecho referencia que debe ser reconocida, so
pena de que quede incompleta la regulación sobre la materia.

De otro lado, el artículo 2 ibidem es del tenor que a continuación se transcribe:

“Artículo 2o. El parágrafo 1o y el literal a) y f) del parágrafo 2o del artículo 6o
de la Resolución 372 de 2009, quedarán así:

Parágrafo 1o. Metas de recolección. Los Planes de Gestión de Devolución
de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Ácido deben asegurar
las metas mínimas de recolección presentadas en la Tabla 1.

TABLA 1.

Metas de recolección y periodos de base, baterías usadas plomo ácido.

Meta de Periodo de Año de Periodo de ventas de
recolección recolección presentación de baterías plomo ácido
mínima (%) (año fiscal) informe de para base de cálculo
actualización y de la meta (años
avances fiscales)
Automotores Motocicletas
40 15 2010-2011 2012 2008 y 2009
50 20 2012 2013 2009 y 2010
60 25 2013 2014 2010 y 2011
70 30 2014 2015 2011 y 2012
80 35 2015 2016 2012 y 2013
90 40 2016 2017 2013 y 2014
90 45 2017 2018 2014 y 2015
90 50 2018 2019 2015 y 2016
90 55 2019 2020 2016 y 2017
90 60 2020 2021 2017 y 2018
90 60 2021 2022 2018 y 2019

El porcentaje de la meta de recolección esperada para cada periodo de
recolección se evaluará sobre la base del promedio anual de las unidades de
baterías plomo ácido vendidas en el periodo especificado en la Tabla 1.

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Para años posteriores a 2022 y para efectos de seleccionar el período de
ventas correspondiente, para el cálculo de la meta de recolección, se deberá
mantener la tendencia presentada en la Tabla 1.

Parágrafo 2o. De los centros de acopio. El literal a) quedará así:

a) “La capacidad del centro de acopio no deberá exceder de cuatro (4)
toneladas de baterías usadas plomo-ácido. Si se excede el límite establecido
se entenderá que se trata de un almacenamiento y en consecuencia se le
aplicarán las normas establecidas para este”.

El literal f) quedará así:

f) “Los residuos deberán ser ubicados sobre estibas, con no más de tres (3)
tendidos de baterías y en pilas de máximo tres (3) estibas, o dentro de
recipientes que eviten el derrame de los residuos”

De la lectura de la anotada norma no se deriva la consecuencia que la accionante
formula en su escrito, pues no se alude a los distribuidores o comerciantes como
sujetos a las metas de cumplimiento referidas y tampoco se describe un deber a su
cargo de recolección, recepción y posterior entrega de baterías usadas de plomo-
ácido.

Lo que sí se observa es que se modificó el último inciso del artículo 6 de la Resolución
372 de 2009, que establecía que dichas metas se predicaban de importadores y
fabricantes, no siendo ello suficiente para entender que tal omisión hizo que su
cumplimiento también fuese exigible a los distribuidores y comercializadores, pues los
artículos 1 y 2 de la Resolución 361 de 2011 precisaron con completa claridad el
objeto y ámbito de aplicación, así:

“Artículo 1º. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer los
elementos que deben incluir los fabricantes o importadores de baterías plomo
ácido del parque vehicular, en los Planes de Gestión de Devolución de
Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Acido, para su retorno a la
Cadena de importación-producción-distribución-comercialización, con el fin de
proteger la salud humana y el ambiente.” (Subrayas de la Sala).

“Artículo 2o. Ámbito de aplicación. Los residuos o desechos objeto del
presente acto administrativo comprenden los baterías usadas plomo ácido del
parque vehicular.

Están sujetos a formular, presentar y desarrollar los Planes de Gestión de
Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Acido las
siguientes personas naturales o jurídicas:

a) Aquellos que fabrican baterías plomo ácido en el territorio nacional.

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b) Aquellos que importan baterías plomo ácido según numeral arancelario
8507.10.00.00 (Acumuladores de plomo) en una cantidad igual o superior a
300 unidades al año.

Estos planes de devolución pueden ser formulados o desarrollados por grupos
de importadores o fabricantes reunidos en torno a la naturaleza igual o similar
de sus residuos”. (Subrayas de la Sala).

Por ende, el cargo no tiene vocación de prosperidad.

6.4. Violación del principio de reserva de ley en materia sancionatoria

La Sala debe auscultar si es nulo, por falta de competencia, el acto administrativo a
través del cual se determinó que la violación de lo allí dispuesto sobre los elementos
que debe incluir el Plan de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de
Baterías Usadas Plomo Ácido, cuya elaboración está a cargo de fabricantes e
importadores, sería susceptible de imposición de las medidas preventivas y
sancionatorias contenidas en el régimen legal vigente al momento de su expedición.

El artículo 12 de la Resolución 372 de 2009 (demandado), es el que pasa a ilustrarse
a continuación:

“Artículo 12. Sanciones. En caso de violación a las disposiciones
ambientales contempladas en el presente acto administrativo, se impondrán
las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar de conformidad
con lo consagrado en los artículos 83 a 85 de la Ley 99 de 1993 o la norma
que la modifique o sustituya.”

6.4.1. En ese contexto, lo primero que debe acotar esta Sala es que la conclusión a
la que se llegó sobre la legalidad de las disposiciones estudiadas supra no hace
automáticamente que el presente cargo carezca de fundamento, como parece
entenderlo el MADS, como quiera que el problema que ahora se plantea tiene que ver
con la competencia para connotar unas conductas como infracción y que, por ende,
sean pasibles del poder sancionatorio de la Administración.

6.4.2. Despejado así el punto sobre el cual girará el discernimiento que en adelante
abordará la Sala, es pertinente referirse al alegato del Ministerio Público, cuando
aseveró que tal regulación era del todo legítima en consideración a lo dispuesto en el
artículo 5 de la Ley 1333 de 2009.

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Tal razonamiento no podría desatar el reparo de la accionante por una razón básica,
y es que la Ley 1333 de 2009 no existía cuando se emitió la Resolución 372 de 2009,
ya que aquella se publicó el 21 de julio, en tanto que ésta fue dictada el 26 de febrero,
motivo por el cual el artículo 12 enjuiciado no remitió a la aplicación de sus preceptos,
sino a los artículo 83 y 85 de la Ley 99 de 1993, que, como quedó ya explicado,
contemplaba el alcance de la atribución sancionatoria y enlistaba el tipo de decisiones
que en ese sentido se podían emitir. En esa medida, lo allí dispuesto no podría servir
para medir la validez del artículo 12 enjuiciado, por la razón de que la legalidad de los
actos administrativos debe sopesarse con los elementos existentes al momento en
que nacen a la vida jurídica, es decir, cuando son expedidos29.

6.4.3. En tal escenario, es menester definir el alcance del principio de reserva legal
en materia sancionatoria, lo que de suyo impone aludir a la aplicación del principio
de legalidad, en el que se “exige que una norma con fuerza material de ley
contemple una descripción genérica de las conductas sancionables, las clases y
cuantía de las sanciones, pero con posibilidad de remitir a los actos administrativos
la descripción pormenorizada de las conductas reprochables, sin que pueda decirse
en este caso que las normas de carácter reglamentario complementan los
enunciados legales, pues se trata de una remisión normativa contemplada
específicamente por la disposición legal de carácter sancionador”30.

Siendo ello así, en el contexto de la regulación que nos ocupa se halla la Ley 430
de 1998, que, como se indicó previamente, fue reglamentada por el Decreto 4171
de 2005, cuyos mandatos fueron desarrollados en las resoluciones que se
impugnan. El artículo 1 de la disposición expedida por el Congreso de la República,
previó:

“Artículo 1o. Objeto. La presente ley tendrá como objeto, regular todo lo
relacionado con la prohibición de introducir desechos peligrosos al territorio
nacional, en cualquier modalidad según lo establecido en el Convenio de
Basilea y sus anexos, y con la responsabilidad por el manejo integral de los
generados en el país y en el proceso de producción, gestión y manejo de los
mismos, así mismo regula la infraestructura de la que deben ser dotadas las
autoridades aduaneras y zonas francas y portuarias, con el fin de detectar de

29
Tal consideración es del todo relevante pues la flexibilización de la potestad sancionatoria en materia
ambiental fue reconocida justamente en el artículo 5 de la Ley 99 de 1993 y con los expresos matices
que la interpretación de la Corte dio a su contenido, de acuerdo con la sentencia C-219 de 2017. Todo
lo cual, como ya quedó esclarecido no es aplicable al asunto bajo examen.
30 Sentencia SU-1010 de 2008.

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manera técnica y científica la introducción de estos residuos, regula las
sanciones en la Ley 99 de 1993 para quien viole el contenido de esta ley y se
permite la utilización de los aceites lubricantes de desechos, con el fin de
producir energía eléctrica”. (Subrayas de la Sala).

De esa manera, la Sala estima que el artículo 12 que se enjuicia, tiene sustento
en el anotado artículo 1 de la Ley 430 de 1998 (hoy 1252 de 2008), pues aquí se
describe de manera general que el responsable del manejo integral de los
desechos peligrosos generados en el país (ya sea en el proceso de producción,
gestión o manejo), puede ser destinatario de las sanciones que regula la Ley 99
de 1993.

Así las cosas, y de acuerdo con el anotado desarrollo de la jurisprudencia, se
ajusta al concepto de reserva legal el artículo 12 de la Resolución 372 de 2009,
cuando indica:

“Artículo 12. Sanciones. En caso de violación a las disposiciones
ambientales contempladas en el presente acto administrativo, se impondrán
las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar de conformidad
con lo consagrado en los artículos 83 a 85 de la Ley 99 de 1993 o la norma
que la modifique o sustituya.” (Subrayas de la Sala).

El discernimiento expuesto se funda en la necesidad de que sea el Ejecutivo,
como órgano técnico de la estructura del Estado, el que detalle las conductas
sancionables con la debida descripción genérica expuesta por el Legislador, tal y
como acontece en el caso bajo examen, en donde la Resolución 372 de 2009,
para el caso de los deberes de los generadores de residuos peligrosos en cuanto
a la adopción del Plan de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas
Plomo Ácido, prevé una serie de deberes que garantizan el debido control y
vigilancia derivada de esa importante actividad comercial con claros impactos en
el sistema ambiental y en la salud humana.

Correlato de lo expuesto es que la citada disposición no resulta inválida a la luz del
cargo esgrimido.

6.5. Costas

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De acuerdo con el artículo 188 del CPACA31, la Sala considera que no hay lugar a
imponer condena en costas, teniendo en cuenta que el presente asunto fue
promovido en ejercicio del medio de control de nulidad, el cual tiene por objeto la
protección del ordenamiento jurídico en abstracto, donde el interés que mueve al
actor es público y no es otro distinto al de defender la prevalencia del principio de
legalidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la expresión “asegurar” contenida en el
parágrafo primero del artículo 6 de la Resolución 372 de 2009 y en el artículo 2 de la
Resolución 361 de 2011, expedidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible).

SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, conforme a lo
definido en la parte considerativa de esta sentencia.

TERCERO: NO IMPONER condena en costas, de acuerdo con lo previsto en la
parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Ejecutoriada la providencia se ordena el archivo del proceso, dejando
las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión del 19 de junio de 2025.

31 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.”

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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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