Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2018-00079-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2018-00079-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2018-00079-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
5 de junio de 2025
1
Radicado: 11001 03 24 000 2018 00079 00
Demandante: Juan Carlos Lancheros Gámez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C, cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación núm.: 11001 03 24 000 2018 00079 00
Actor: Juan Carlos Lancheros Gámez
Demandado: Presidencia de la República – Ministerio de Transporte
Tesis: No es cierto que exista un vacío en la Ley 336 de 1996 en relación con la
posibilidad de que el Ministerio de Transporte reglamente lo concerniente al
servicio de transporte especial.
El Ministerio de Transporte es competente para reglamentar todos los modos de
transporte, dentro de los cuales se encuentra el terrestre, y dentro de este la
modalidad de transporte especial.
No es cierto que al servicio de transporte especial de pasajeros terrestre le sea
exigido un programa de reposición del parque automotor y a las demás
modalidades no les sea requerido tal documento.
No vulneran el derecho a la igualdad las exigencias relacionadas con la necesidad
de contar con programas de salud ocupacional y de capacitación de conductores
y demás personal de la empresa, la implementación de sistemas de comunicación
bidireccional entre la empresa y los conductores, los que determinan gestión de
calidad de acuerdo con los estándares internacionales como las normas ISO u
OHSAS y el de control de infracciones a normas de tránsito como requisitos de
habilitación para la prestación del servicio de transporte especial de pasajeros si
las mismas son justificadas en las condiciones del destinatario del servicio y la
formalidad del negocio juridico.
No vulnera el derecho a la igualdad requerir el diez por ciento (10%) de la
capacidad operacional a las empresas de transporte especial para habilitar el
servicio, si tal porcentaje encuentra justificación en la adopción de una medida
que pondera la reglamentación previa.
No vulnera el derecho a la igualdad exigir un capital pagado minimo que oscila
entre los trescientos (300) SMLMV y mil (1000) SMLMV y un patrimonio líquido
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Demandante: Juan Carlos Lancheros Gámez
que va desde los ciento ochenta (180) SMLMV y los setecientos (700) SMLMV a
las empresas de servicio público de transporte especial, si tales rangos cuentan
con justificación en el estudio técnico adelantado con antelación a la expedición
de la reglamentación.
No es cierto que las empresas que prestan el servicio público de transporte
especial estén en desventaja frente a las demás modalidades de transporte
terrestre, si se reglamentan condiciones especiales para la habilitación de
aquellas.
NULIDAD – ÚNICA INSTANCIA
La Sala procede a decidir el medio de control de nulidad de la referencia
promovido por Juan Carlos Lancheros Gámez contra los númerales 4, 7, 11, 13,
14, 16 y 17 del artículo 12, del inciso 2 del artículo 16 y del artículo 42 del Decreto
431 de 2017, “por el cual se modifica y adiciona el Capítulo 6 del Título 1 de la
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, en relación con la prestación del
servicio público de Transporte Terrestre Automotor Especial, y se dictan otras
disposiciones”, expedido por el Gobierno Nacional.
I. LA DEMANDA
1.1. Pretensiones
El mencionado ciudadano presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad consagrado en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), en la cual solicitó lo
siguiente1:
“PRIMERA. Que se declare la suspensión provisional solicitada en la
presente demanda por encontrarse los elementos de forma y de fondo
exigidos por la ley al respecto, especialmente, por lo prescrito en los
artículos 230 y 231 del CPACA.
SEGUNDA. Que se declare la anulación parcial de los Artículos 12,
numerales 4, 7, 11, 13, 14, 16 y 17, Artículo 16, Inciso 2 y Artículo
1 Folio 11 del Cuaderno Principal.
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42 del Decreto 431 de 2017 de que trata la presente demanda
expedido por el Ministerio de Transporte de conformidad con los
alcances que se indican en la presente demanda”.
1.2. El acto cuestionado
A continuación se transcribirán las disposiciones censuradas del Decreto 431 de
2017, “por el cual se modifica y adiciona el Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2 del
Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, en relación con la prestación del servicio
público de Transporte Terrestre Automotor Especial, y se dictan otras
disposiciones”:
“DECRETO 431 DE 2017
(marzo 14)
Diario Oficial No. 50.175 de 14 de marzo de 2017
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Por el cual se modifica y adiciona el Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2 del
Libro 2 del Decreto número 1079 de 2015, en relación con la prestación del
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, y se dictan otras
disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las
conferidas por los artículos 189, numeral 11, de la Constitución Política de
Colombia, el artículo 3o numerales 2 y 6 de la Ley 105 de 1993, y los artículos
11, 17, 19 y 65 de la Ley 336 de 1996, y
CONSIDERANDO:
Que el Gobierno nacional expidió el Decreto número 348 de 2015, “por el cual
se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial
y se adoptan otras disposiciones”, con el objeto de reglamentar la prestación
del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial y establecer
los requisitos que deben cumplir las empresas interesadas en obtener y
mantener la habilitación en esta modalidad.
Que el Decreto número 1079 de 2015, “por el cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte”, compiló y derogó las normas de
carácter reglamentario que rigen el transporte, entre las cuales se incluyeron
las disposiciones contenidas en el Decreto número 348 de 2015.
Que el Ministerio de Transporte, en atención a las solicitudes presentadas por
las agremiaciones de empresas de transporte, propietarios y conductores del
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, realizó mesas
de trabajo, con el fin de analizar los efectos del Decreto número 348 de 2015,
hoy compilado y derogado por el Decreto número 1079 de 2015, y los
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Demandante: Juan Carlos Lancheros Gámez
avances en el proceso de transformación empresarial, y escuchar las
inquietudes sobre la aplicación del mismo.
Que de acuerdo con lo anterior, se hace necesario modificar y adicionar el
Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1079 de
2015, en relación con la prestación del Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor Especial, para optimizar y garantizar su adecuada
aplicación.
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7o de la Ley 1340 de
2009, el Ministerio de Transporte solicitó a la Superintendencia de Industria y
Comercio que rindiera concepto sobre el presente acto administrativo. En
oficio del 8 de febrero de 2017, esta entidad efectuó varias observaciones,
entre las que cabe destacar: (i) la exigencia de “numerosos, minuciosos y, en
algunos casos, onerosos requisitos” para la habilitación y permanencia en el
mercado de las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre
Automotor Especial, que pueden llegar a restringir de manera excesiva el
principio de libertad de empresa; (ii) la restricción al incremento de la
capacidad transportadora global, lo que impide la vigencia plena las leyes de
oferta y demanda; y (iii) la prohibición de contratar en la modalidad de
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial con juntas de
acción comunal, administradores y consejos de administración de conjuntos
residenciales, la cual limita, en principio, de manera injustificada, la demanda
de estos grupos de usuarios.
Que respecto de las observaciones de la Superintendencia de Industria y
Comercio, el Ministerio de Transporte considera lo siguiente: (i) por tratarse
de una actividad peligrosa, el Estado tiene el deber de regular la prestación
del servicio público de transporte de manera rigurosa y, por tanto, puede
limitar legítimamente la libertad de empresa, para garantizar la seguridad de
los usuarios y el bien común; (ii) de acuerdo con los estudios realizados por el
sector, la modalidad de Transporte Terrestre Automotor Especial presenta
una sobreoferta importante, pues las empresas habilitadas no han logrado
copar, por falta de demanda, su capacidad transportadora; y (iii) la prohibición
para que las juntas de acción comunal, administradores y consejos de
administración de conjuntos residenciales puedan contratar el Servicio
Público de Transporte Terrestre Automotor Especial es una medida necesaria
para evitar que este servicio sea utilizado como transporte terrestre automotor
colectivo o individual de pasajeros.
Que en virtud de lo dispuesto en la Ley 962 de 2005 y el Decreto-ley
número 019 de 2012, se solicitó al Departamento Administrativo de la Función
Pública que rindiera concepto sobre el presente acto administrativo. Esta
entidad, mediante oficio del 20 de febrero de 2017, manifestó que esta
normativa se encuentra acorde con la política de racionalización de trámites.
Que con el fin de garantizar que el presente decreto refleje una visión integral
y coherente de la política pública, los Ministerios de Educación y de Industria,
Comercio y Turismo emitieron observaciones, las cuales fueron analizadas
por el Ministerio de Transporte.
Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA
(…)
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ARTÍCULO 12. Modifíquese el artículo 2.2.1.6.4.1 del Capítulo 6 del Título 1
de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1079 de 2015, el cual quedará
así:
“Artículo 2.2.1.6.4.1. Requisitos. Para obtener y mantener la habilitación
para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor
Especial, las empresas deberán presentar los documentos, demostrar y
mantener los requisitos, cumplir las obligaciones y desarrollar los procesos
que aseguren el cumplimiento del objetivo definido en el artículo 2.2.1.6.1 del
presente decreto.
Específicamente, deberán enviar por correo físico certificado o entregar ante
la Dirección Territorial competente los siguientes documentos:
(...)
4. Documento que describa el programa de reposición del parque automotor
con el que contará la empresa, incluyendo la proyección financiera,
administrativa y operativa, así como los mecanismos de control establecidos
para garantizar su efectividad, suficiencia, equidad e igualdad en la selección
de los beneficiarios. El programa de reposición debe contener la política de
reposición de la empresa tanto para los vehículos nuevos como para los
equipos usados que ingresen por cambio de empresa. Para estos efectos, el
Ministerio de Transporte adoptará un formato estándar del programa de
reposición.
(…)
7. Documento que contenga los programas de salud ocupacional y de
capacitación de los conductores y demás personal de la empresa.
(…)
11. Presentación e implementación de un sistema de comunicación
bidireccional entre la empresa y todos los conductores de los vehículos, y de
las soluciones tecnológicas destinadas a la gestión y control de la flota, así
como todos aquellos componentes que permitan la eficiente y oportuna
comunicación entre las partes.
(…)
13. Las empresas habilitadas y aquellas que ya tengan asignada capacidad
transportadora deberán demostrar, de conformidad con las normas contables
y financieras, y en función de la dimensión de su operación, que cuentan
como mínimo con un capital pagado y patrimonio líquido equivalente al que a
continuación se establece:
DIMENSIÓN DE LA OPERACIÓN CAPITAL PATRIMONIO
EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO DE LA PAGADO LÍQUIDO
FLOTA MÍNIMO MÍNIMO
Empresas con capacidad 300 smlmv >180 smlmv
transportadora operacional
autorizada de hasta 50 vehículos
Empresas con capacidad 400 smlmv >280 smlmv
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transportadora operacional
autorizada entre 51 y 300 vehículos
Empresas con capacidad 700 smlmv >500 smlmv
transportadora operacional
autorizada entre 301 y 600 vehículos
Empresas con capacidad 1000 smlmv >700 smlmv
transportadora operacional
autorizada de más de 600 vehículos
El capital pagado solo será exigido al momento de la habilitación y no se
requerirá su actualización. En los eventos en que sea necesaria su
verificación, la misma se realizará teniendo como referencia el smlmv de la
fecha de solicitud de la habilitación que se ostenta. El patrimonio líquido se
deberá actualizar de acuerdo con la capacidad transportadora con la que se
finalice cada año, de conformidad con el artículo 2.2.1.6.4.2 del presente
capítulo.
14. Las empresas nuevas que solicitan habilitación en la modalidad de
transporte público terrestre automotor especial deberán acreditar la siguiente
capacidad financiera:
DIMENSIÓN DE LA OPERACIÓN CAPITAL PATRIMONIO
EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO DE LA PAGADO LÍQUIDO MÍNIMO
FLOTA MÍNIMO
Empresas nuevas (que todavía no 300 smlmv >180 smlmv
tienen asignada capacidad)
El capital pagado solo será exigido al momento de la habilitación y no se
requerirá su actualización. En los eventos que sea necesaria su verificación,
la misma se realizará teniendo como referencia el smlmv de la fecha de
solicitud de la habilitación que se ostenta.
(…)
16. Certificados de Gestión de Calidad NTC-ISO-9001 y Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud Ocupacional, NTC OHSAS 18001, expedido por un
organismo de certificación debidamente acreditado, de conformidad con las
disposiciones nacionales vigentes, haciendo énfasis en el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el presente capítulo.
Cuando la empresa solicite habilitación en la modalidad por primera vez, el
solicitante podrá presentar un contrato y cronograma de implementación del
Sistema de Gestión de Calidad, el cual no podrá exceder de los 24 meses
contados a partir de la fecha de la habilitación, y de 36 meses para el Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001). Dentro de
estos plazos, las empresas deberán obtener y presentar los certificados
respectivos.
Para las empresas habilitadas con anterioridad al 14 de marzo de 2017, se
otorgará un plazo máximo de 18 meses contados a partir de la fecha
mencionada, para tener implementado el Sistema de Gestión de Calidad, y de
36 meses para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
(OHSAS 18001).
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17. Programa de control de infracciones a las normas de tránsito y transporte,
indicando la periodicidad con la que la empresa hará la verificación de este
aspecto, las sanciones internas establecidas para el control de reincidencias y
los programas de educación y prevención de infracciones.
18. Comprobante de pago de los derechos correspondientes, debidamente.
(…)
ARTÍCULO 16. Modifíquese el artículo 2.2.1.6.7.1 del Capítulo 6 del Título 1
de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1079 de 2015, el cual quedará
así:
“Artículo 2.2.1.6.7.1. Capacidad transportadora. La capacidad
transportadora puede ser global u operacional. La capacidad transportadora
Global es el número de vehículos que se requieren para atender las
necesidades de movilización, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 2.2.1.6.2.1 del presente decreto.
La capacidad transportadora operacional consiste en el número de vehículos
que forman parte del parque automotor o de la flota de vehículos que la
empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial
ocupa en el desarrollo de su actividad.
Las empresas de transporte público terrestre automotor especial deberán
acreditar, como mínimo, su propiedad sobre el 10% del total de los vehículos
que conforman su capacidad operacional.
Para la acreditación del porcentaje mínimo de vehículos exigidos de
propiedad de la empresa, se otorgarán los siguientes plazos:
31 de diciembre de 2017: Acreditar el 5%
31 de diciembre de 2018: Acreditar el 8%
31 de diciembre de 2019: Acreditar el 10%
El incumplimiento de los plazos señalados dará lugar a las sanciones
establecidas en las normas que rigen la materia.
PARÁGRAFO 1o. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 2.2.1.6.7.3 del presente Decreto, las empresas no podrán solicitar el
incremento de la capacidad transportadora hasta tanto acrediten que son
propietarias del 10% del total de los vehículos que conforman su capacidad
operacional.
PARÁGRAFO 2o. La capacidad transportadora desde el punto de vista
operacional puede ser fija o flotante. Será fija toda aquella que corresponda a
vehículos de propiedad de la empresa o adquiridos por esta en arrendamiento
financiero o renting y será flotante toda aquella que corresponda a vehículos
de propiedad de terceros y que se vincule para la efectiva prestación del
servicio.
La capacidad transportadora fija no requiere de la celebración de contratos de
vinculación.
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La capacidad transportadora flotante, por el contrario, sí requerirá de la
celebración de contratos de vinculación entre el propietario del vehículo y la
empresa de transporte”.
(…)
ARTÍCULO 42. Modifíquese el artículo 2.2.1.6.14.1 del Capítulo 6 del Título 1
de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, los cuales quedarán así:
“Artículo 2.2.1.6.14.1. Plazo para acreditar requisitos de habilitación. Las
empresas habilitadas antes del 25 de febrero de 2015 tendrán plazo hasta el
25 de febrero de 2018, para acreditar los nuevos requisitos de habilitación.
Para tal efecto, las empresas deberán presentar ante la dirección territorial
correspondiente los documentos que acrediten el cumplimiento de los
requisitos de habilitación establecidos en este Capítulo.
Si la empresa presenta la solicitud de manera extemporánea o el Ministerio
de Transporte le niega la habilitación, no podrá continuar prestando el
servicio”.
(…)
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de marzo de 2017.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Transporte,
JORGE EDUARDO ROJAS GIRALDO”.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
La parte actora sostuvo que los actos acusados son violatorios de los artículos 13,
333 y 334 de la Constitución Política.
A continuación se realiza una síntesis del concepto de violación esgrimido:
1.3.1. “EL DECRETO 431 DE 2017 DESCONOCE EL DERECHO A LA IGUALDAD ENTRE
LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE SERVICIO PÚBLICO”2
Afirmó que las Leyes 105 de 1993 y 336 de 1996 y sus Decretos reglamentarios,
compilados en el Decreto 1079 de 2015, consagraron normas para la regulación
del servicio público de transporte en sus diferentes modalidades, a saber:
colectivo metropolitano, distrital y municipal de pasajeros, terrestre automotor
2 Folio 17 de este Cuaderno.
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especial y terrrestre automotor mixto, las cuales se diferencian entre sí por las
características propias de la operación de cada una, teniendo en cuenta para ello
factores tales como la calidad de la población/carga que es transportada, la
naturaleza accionaria de la sociedad o el rango geográfico
Explicó el concepto de desigualdad en los siguientes tres aspectos:
1.3.1.1. “Los requisitos para habilitar y mantener la habilitación de las
empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial
son excesivos frente a los requisitos de otras empresas del sector
transporte3”.
Señaló que los requisitos habilitantes de las empresas de servicio público de
transporte especial que fueron determinados en los artículos 12 y 42 del Decreto
431 de 2017, son excesivos frente a aquellos que fueron fijados para las
empresas de servicio de transporte regular. Lo anterior, en tanto a las primeras se
les exige los siguientes programas en tanto que a las demás modalidades no les
es requerido ninguno de ellos, a saber: un programa de reposición del parque
automotor, programas de salud ocupacional, selección, contratación y
capacitación de los conductores, un sistema de comunicación bidireccional,
certificados de gestión de calidad ISO -9001 y del sistema de gestión de
seguridad y salud ocupacional NTH OHSAS 18001, así como un programa de
control de infracciones a las normas de tránsito y transporte, obligaciones que,
aún cuando hacen referencia a requisitos que están relacionados directamente
con las condiciones de trabajo de los conductores, aspecto transversal a los
diferentes tipos de servicio de transporte público, ninguna otra empresa de
transporte debe cumplir.
Resaltó que los mencionados requerimientos contenidos en los numerales 4, 7,
11, 13, 14, 16 y 17 del artículo 12 y el artículo 42 del acto impugnado, se
relacionan con condiciones de trabajo de los conductores y sus mejoras o el
manejo de personal que resultarían aplicables a todas las modalidades de
3 Folio 18 de este Cuaderno.
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transporte, y que en tal medida, no responden a criterios técnico y de forma
propios del transporte especial de pasajeros.
1.3.1.2. “El requisito de capacidad transportadora de las empresas de
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial es
significativamente desproporcionado frente a la capacidad transportadora
que se exige a otras empresas del sector transporte”4
Aseguró que el inciso 3 del artículo 16 del acto enjuiciado exige que las empresas
de transporte especial acrediten que tienen una capacidad transportadora que sea
de su propiedad o de sus socios del diez por ciento (10%) mínimo, mientras que
el resto de empresas transportadoras o no tienen que acreditar porcentaje alguno,
como es el caso de las empresas de pasajeros en vehículos de taxi o de carga, o
solo tienen que acreditar un tres por ciento (3%) por ese concepto. Ilustró así la
diferencia:
EMPRESAS DE SERVIVICO PÚBLICO
CAPACIDAD TRANSPORTADORA
DE TRANSPORTE TERRESTRE
MÍNIMA QUE DEBE ACREDITAR
AUTOMOTOR
Especial 10%
Colectivo metropolitasno, distrital y
3%
municipal de pasajeros
De pasajeros por carretera 3%
No establecen un porcentaje mínimo
De pasajeros en Vehículo Taxi
exigible sobe su capacidad transportadora
No establecen un porcentaje mínimo
De carga
exigible sobe su capacidad transportadora
Mixto 3%
Adujo que la aludida diferencia, es decir, que se les exija a las empresas de
transporte especial una capacidad transportadora tres (3) veces mayor a la de las
demás sociedades de otros tipos de transporte, no tiene justificación alguna, pues
el objeto de todas las empresas de transporte sigue siendo el mismo, esto es,
cubrir un servicio esencial que garantice la comodidad y el traslado seguro y
eficaz de la sociedad.
4 Folio 23 de este Cuaderno.
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1.3.1.3. “El requisito del monto del capital pagado o patrimonio líquido
de las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Especial es
superior frente al exigido a otras empresas del sector transporte de
pasajeros”5
Indicó que según el numeral 16 del artículo 12 del Decreto 431 de 2017, uno de
los requisitos habilitantes para la constitución de una empresa de servicio de
transporte especial, lo es el capital pagado o el patrimonio líquido, lo cual implica
que el capital mínimo con el que se puede iniciar una empresa de transporte
especial es de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes (en
adelante smlmv), para un total de cincuenta (50) vehículos.
Explicó que por el contrario, para autorizar a las demás empresas de transporte
de pasajeros se determinaron condiciones más favorables. Así, manifestó que el
numeral 12 del artículo 16 del Decreto 170 de 2001 y el numeral 12 del artículo
14 del Decreto 171 de 2001, señalaron que para que el servicio público terrestre
automotor colectivo, distrital y municipal operen deben acreditar los mismos
trescientos (300) smlmv que se exigen para el servicio de transporte especial, con
la diferencia que, ello permitiría la entrada de trescientos (300) vehículos en caso
de optar por automóviles, camperos o camionetas, es decir, tienen almenos seis
(6) veces mayor capacidad transportadora, por el mismo valor. Resaltó que
incluso en la situación más exigente para ese tipo de empresa, esto es, si optan
por buses o busetas, podrían poner en operación cien (100) vehículos, por el
mismo dinero, esto es, el doble de la capacidad del que es autorizado a las
empresas de transporte especial.
Ahora bien, respecto de las empresas de transporte de pasajeros de taxis
mencionó que el numeral 11 del artículo 13 del Decreto 172 de 2001, le otorga un
valor a cada vehículo de cero punto veinticinco (0.25) smmlv, de manera que, si
se diera la condición más exigente, esto es, doscientos (200) smmlv, se podrían
poner en operación, ochocientos (800) taxis. Ello implica que la capacidad de las
empresas de taxis con cien (100) smmlv menos respecto de las empresas de
5 Folio 24 d e este Cuaderno.
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transporte especial, es dieciséis veces mayor que la contemplada para las
empresas que operan ese tipo de servicio.
El siguiente cuadro explica su razonamiento:
DIMENSIÓN DE LA
CAPITAL PAGADO PATRIMONIO LÍQUIDO
OPERACIÓN EN FUNCIÓN
MÍNIMO MÍNIMO
DEL TAMAÑO DE LA FLOTA
Empresas con capacidad 300 SMLMV 180 SMLMV
trasnportadora operacional
autorizada hasta de 50 vehículos
Empresas con capacidad 400 SMLMV 280 SMLMV
transportadora operacional
autorizada entre 51 y 300
vehículos
Empresas con capacidad 700 SMLMV 500 SMLMV
transportadora autorizada entre
301 y 600 vehículos
Empresas con capacidad 1000 SMLMV 700 SMLMV
transportadora operacional
autorizada de más de 600
vehículos
Concluyó el cargo de violación del derecho a la igualdad manifestando que “si
bien cada empresa obedece a unas regulaciones y condiciones diferentes
relacionadas con su objeto específico (definido por la calidad de la
población/carga que es transportada, la naturaleza accionaria de la sociedad o el
rango geográfico donde puede operar), las cuales no están en discusión en este
documento, estas no judtifican el trato evidentemente desproporcionado que se le
da las (sic) empresas de Servicio de Transporte Automotor Especial en ámbitos
como el manejo laboral (de sus conductores), la capacidad transportadora o el
capital pagado al momento de la habilitación, que muchas veces son el doble o el
triple de exigentes que los de las demás categorías de empresas”6.
1.3.2. “EL DECRETO 431 DE 2017 DESCONOCE EL DERECHO A LA LIBRE
COMPETENCIA ENTRE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE SERVICIO PÚBLICO”7
Luego de citar lo expuesto por esta Corporación en sentencia del 21 de mayo de
2008, en el expediente identificado con número 1749-01 (AP-127), respecto del
6 Visible a folio 28 del Cuaderno Principal.
7 Ibídem.
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derecho de libre competencia, adujo que ese derecho está orientado en los
siguientes principios: (i) es permitido que las diferentes categorías de transporte
público coexistan y operen en condiciones justas, cuya única limitación es el
respeto de los demás; (ii) el límite más importante de esa libertad es el interés
general; (iii) el Estado debe intervenir a fin de garantizar dicho derecho y el bien
común; (iv) está estrechamente relacionada con la competencia desleal, de
manera que existen regulaciones explícitas para impedir que los actores
empresariales actúen en detrimento de los demás y; (v) la competencia desleal
no incumbe únicamente a los privados, pues con la garantía de la libre
competencia se garantizan los derechos de los usuarios.
Con tal contexto, pasó a explicar el alcance del cargo en dos direcciones,
veamos:
1.3.2.1. “Con el Decreto 431 de 2017 se restringe la posibilidad de que
las Empresas de Servicio de Transporte Especial ingresen al mercado
dadas las condiciones restrictivas que le fueron impuestas”8
Adujo que las condiciones para que las Empresas de Servicio Público de
Transporte Especial operen son completamente desproporcionadas y las ubican
en posición de seria desventaja, en tanto deben asumir el cumplimiento de
requisitos mucho más exigentes respecto de las demás modalidades de
transporte, lo que a su vez, incide en la calidad de la operación que pueden
ofrecer.
Anotó que si bien el servicio prestado por las empresas de transporte especial
está dirigido a un grupo de personas específico y que de allí derivan requisitos
concretos, lo cierto era que tales presupuestos desbordaban su naturaleza, dado
que no se relacionaban de ninguna manera, directa o indirectamente con el
mismo y negaba la oportunidad de participar en condiciones equitativas de
acuerdo con el objetivo que todas buscaban, esto es, garantizar la movilización
de las personas de acuerdo con sus necesidades y posibilidades.
8 Folio 30 de este Cuaderno.
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1.3.2.2. “El Estado debe intervenir en situaciones de competencia
desleal a fin de garantizar el bien común”9
Resaltó que de acuerdo con lo expuesto por la Corte Constitucional en sentencia
C-066 de 1999, el servicio público de transporte es de gran trascendencia al ser
una garantía para la realización de los derechos contemplados en la Carta
Política. En tal medida, arguyó que es deber del Estado intervenir en la economía
con el fin de garantizar los derechos de los usuarios del servicio de transporte a
quienes se les deben ofrecer servicios de calidad, que den respuesta a sus
necesidades de movilización; situación que no se lograría modificando los
requisitos que ponen en desventaja a las empresas prestadoras del servicio de
transporte especial respecto de las que ofrecen otras categorías de servicio.
Resaltó que la intervención del Estado en la economía se justifica no sólo por el
beneficio de quienes participan directamente de la competencia en el mercado,
sino justamente por la protección del usuario, quién es la parte más débil de las
relaciones de consumo, al encontrarse en una posición de subordinación,
desventaja e inferioridad, y quedaría en desamparo con medidas como las
adoptadas en la decisión que se enjuicia.
A manera de conclusión expuso que:
“i. Dada las perspectiva de este derecho, esto es, la afectación directa sobre
la actividad económica de las Empresas de Servivio de Trasnporte
Automotor Especial, es deber del Estado velar porque las condiciones de
operaciòn de las empresas de transporte público automotor sean justas y
equitativas, cuyo único límite sea el respeto por los derechos de los
demás.
ii. Desde un ámbito público de este derecho, es deber del Estado regular los
mercados econñomicos que involucren servicios públicos a fin de
garantizar las mejores condiciones para los usuarios, quienes son los
directos afectados por una prestación deficiente del servicio, producto de
las normativas que vulñneran el derecho a la libre competencia”10
1.3.3. “EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PROMULGÓ EL DECRETO 431 DE 2017 SIN
LA COMPETENCIA PARA HACERLO”11
9 Folio 31 de este Cuaderno.
10 Folio 33 de este Cuaderno.
11 Ibídem.
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Luego de hacer una análisis de lo que la doctrina ha entendido respecto de los
límites de las facultades excepcionales legislativas en cabeza del Ejecutivo,
manifestó que para el caso colombiano, el numeral 11 del artículo 189 de la
Constitución Política, determinó que dicha rama del poder público tiene
potestades para la expedición de decretos, resoluciones y órdenes para la
correcta ejecución de las leyes. Así, indicó que la Carta Superior establece una
configuración bastante rígida y restringida de los alcances de tal delegación,
atendiendo además de los límites temporales y materiales, “los requerimientos de
trámite bastante estrictos que incluyen la exigencia de una solicitud formal y la
aprobación por parte del Congreso de forma unánime”12.
Expuso que de los considerandos del acto cuestionado se tiene que el Ministerio
de Transporte derivó su competencia para la expedición del mismo de las
facultades conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Carta Fundamental,
los numerales 2 y 6 del artículo 3º de la Ley 105 de 1993, y los artículos 11, 17,
19 y 65 de la Ley 336 de 1996 y que no por haberse invocado el mencionado
artículo 11 de esta última normativa que prevé un término de seis (6) meses para
definir los requisitos de habilitación de cada modo de transporte, el Decreto
acusado se convertía automáticamente en una ley.
Igualmente, señaló que la competencia para regular los servicios públicos está en
cabeza del Congreso de la República de acuerdo con lo estipulado en el numeral
23 del artículo 150 de la Constitución Política y que el Presidente podría
eventualmente reglamentar tales servicios en lo que explícitamente se señale en
ella; pero que si en la norma legal existen vacíos y no se determinan criterios
generales de funcionamiento de servicios públicos, debe ser el Congreso quien
los solucione y no el Presidente como aconteció con el Decreto 431 de 2017 que
optó por fijar los requisitos de habilitación y operación de las empresas de
servicio público de transporte.
En este punto, advirtió que si bien la Ley 336 de 1996 fijó una delegación al
Ejecutivo, lo cierto era que las temáticas a que hacían referencia dichas
12 Visible a folio 34 del Cuaderno Principal
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reglamentaciones tenían vacíos normativos, razón por la cual, el Ministerio de
Transporte debía acudir al Legislador a efectos de que subsanara los vacíos
normativos con el fin de evitar la usurpaciones de éste últmo.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
2.1. La Presidencia de la República hizo manifiesto su desacuerdo con el
demandante señalando que las Leyes 105 de 1993 y 336 de 1996 prevén como
competencia del Ministerio de Transporte la definición de políticas generales de
transporte y tránsito y las condiciones de carácter técnico y operativo para la
prestación del servicio de transporte especial.
Señaló que el objeto de la reglamentación vertida en el acto administrativo
demandado es la regulación del servicio de transporte especial que se define
como aquel que se “presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte
legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad, a un grupo
específico de personas que tengan una característica homogénea en su origen y
destino, como estudiantes, turistas, empleados, personas con discapacidad y/o
movilidad reducida , pacientes crónicos y particulares que requieren de un servicio
expreso”13, y que se explica en la necesidad de dar aplicación al articulo 365 de la
Constitución Política, que establece que los servicios públicos son inherentes a la
finalidad social del Estado, que debe establecer el régimen jurídico que contemple
las características de su prestación, para asegurar su prestación eficiente en todo
el territorio nacional.
Sostuvo que se trata de una modalidad de transporte que exige una mayor
ritualidad y una reglamentación más exigente pues en muchas ocasiones el
servicio que se contrata entre la empresa y el grupo específico de usuarios, es
prestado a sujetos de especial protección constitucional, como los niños.
Afirmó que el acto censurado garantiza la libertad de empresa pero al involucrar
diversos aspectos de la seguridad de la vida de las personas, su prestación está
condicionada a una habilitación estatal la cual supone condiciones y limitaciones,
13 Folio 113 vuelto de este Cuaderno.
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sin que pueda desprenderse de ello alguna vulneración a los cánones
constitucionales e intereses allí involucrados ni supone tampoco una restricción
irrazonable e injustificada.
Por lo anterior, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.
2.2. El Ministerio de Transporte indicó que expidió el acto demandado sin
exceder sus facultades reglamentarias, es decir, lo emitió en virtud de lo dispuesto
en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución, artículos 3, 6, 9 y 11 de la
Ley 336 de 1996 y del inciso 4, numeral 6 del artículo 3 y artículo 5 de la Ley 105
de 1996.
2.2.1.1. Asimismo, explicó que la existencia de normas específicas para el
servicio especial de transporte de pasajeros no implica desconocimiento del
artículo 13 constitucional por dos razones: la primera, por las circunstancias
especiales que la justifican, como el hecho de que el servicio se presta a un grupo
especial de usuarios con alto grado de sensibilidad como estudiantes, en su
mayoría niños, pacientes con discapacidad o movilidad reducida y turistas tanto
nacionales como extranjeros.
Tales condiciones le imponen al Gobierno Nacional la determinación de requisitos
encaminados a que la prestación del servicio cumpla con los estándares de
calidad que permitan garantizar la seguridad e integridad de las personas que se
encuentren en debilidad manifiesta, como es el caso de algunos de los usuarios
del servicio especial.
La segunda, que la prestación del servicio de transporte especial debe
formalizarse a través de un contrato escrito, el cual no se celebra con el conductor
del vehículo, como ocurre en el transporte regular, sino que debe suscribirse
directamente con la empresa de transporte y alguno de los usuarios de transporte
especial, razón por la que también se justifica que para esta modalidad de
transporte se exija el cumplimiento de los requisitos contemplados en el acto
censurado.
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2.2.1.2. Ahora bien, en cuanto al requisito del numeral 4º del artículo 12 del
acto enjuiciado, relativo al programa de reposición, explicó que aquel ya había
sido ordenado para todas las empresas de carácter colectivo de pasajeros y/o
mixto en el artículo 7 de la Ley 105 de 1993, razón por la cual no constituía un
requisito único del servicio especial.
2.2.1.3. En cuanto al programa de salud ocupacional y la capacitación del
personal de la empresa consagrado en el numeral 7º del artículo 12 del Decreto
431 de 2017, manifestó que tanto el artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo
como el artículo 2.2.4.6.11 del Decreto 1072 de 2015, preveían esa obligación
para todas las empresas, por lo que no es un requisito que le sea requerido
únicamente al servicio especial.
Añadió que los conductores de vehículos de cualquier modalidad, están
expuestos a factores de riesgo que pueden prevenirse a través de programas de
salud ocupacional y capacitación que fortalezcan la cultura del autocuidado, lo
que redundaría en una disminución de los accidentes de tránsito.
2.2.1.4. Respecto del numeral 11 del artículo 12 del decreto demandado,
indicó que el sistema bidireccional permite la comunicación entre la empresa y los
conductores de los vehículos vinculados a aquella, garantizando la emisión y
recepción de mensajes; todo lo cual tiene sustento, como requisito habilitante, en
la exigencia de prestar atención especializada y personalizada a los usuarios que
transportan, a saber: niños, enfermos, turistas, personas en condición de
discapacidad, entre otros. Resaltó sobre ese particular que al existir un contrato
entre usuarios y la empresa, se genera la obligación del seguimiento al servicio
contratado, pues uno de los presuouestos de suscripciòn del mendionado
negocxio es la definición del origen y destino que deben quedar consignados en
un Formato Único de Extracto de Contrato – FUEC, cuyos eventuales cambios
tanto en recorrido como en el conductor deben ser necesariamente informados a
la empresa para que sean autorizados y se proceda luego con la prestación del
servicio.
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2.2.1.5. Acerca del capital pagado y patrimonio líquido del numeral 13 del
artículo 12 ibídem, arguyó que en esta modalidad de transporte se tiene una
demanda variable que no es posible garantizar ni estimar como, por ejemplo, en
las de servicio público de transporte terrestre automotor, por lo que se hizo
necesario, dependiendo de la capacidad transportadora de la empresa, fijar
rangos para esos conceptos, con el fin de garantizar el mantenimiento preventivo
y correctivo de los vehículos.
Afirmó que teniendo en cuenta la modernización del sector y las nuevas normas
de calidad es necesario que las empresas de transporte posean una mayor
capacidad económica que les permita prestar un mejor servicio y el cubrimiento
de cualquier eventualidad.
2.2.1.6. Argumentó que la exigencia del numeral 16 del artículo 12 de la
disposición demandada, esto es el Certificado de Gestión de Calidad NTC-ISO-
9001 y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional NTC OHSAS
18001, tiene su razón de ser en que el Decreto atacado fue expedido en el año
2017, cuando ya se encontraban adoptadas en el país esas normas técnicas.
Adicionalmente señaló que su incorporación pretende fomentar una eficiente
gestión empresarial cuyo propósito sea la obtención de altos niveles de calidad
que se reflejen en un mejor servicio a los usuarios.
2.2.1.7. Sobre el numeral 17 del artículo 12 del Decreto 431 de 2017, que
trata del programa de control de infracciones a las normas de tránsito, refirió que
como requisito de habilitación encuentra sustento en el artículo 204 del Decreto
019 de 2012 y el artículo 93 de la Ley 769 de 2002, en los que se establece el
control de infracciones de tránsito, con el fin de tener conocimiento acerca de la
idoneidad de las personas que conducen los vehículos con el objeto de disminuir
la accidentalidad.
2.2.1.8. Con respecto al inciso segundo del artículo 16 del Decreto 431 de
2017, explicó que la exigencia de que las empresas sean propietarias del diez por
ciento (10%) de los vehículos con capacidad transportadora garantiza que
aquellas no se conviertan en meras afiliadoras, sino que hagan parte de la
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operación directa del servicio, pues al estar involucrado de manera considerable
su patrimonio se reducirán las malas prácticas que se puedan presentar en
cuanto al grupo poblacional al que se transporta. Además, un mayor porcentaje
en la capacidad transportadora obliga a que la empresa plantee políticas para su
fortalecimiento, generando mayor seguridad para los usuarios.
2.2.1.9. En lo que se refiere al artículo 333 de la Constitución, indicó que la
iniciativa privada no es absoluta ni puede convertirse en un obstáculo para la
intervención del Estado en la economía o en lo servicios públicos. Afirmó que la
normativa demandada es más flexible que la anterior, dispuesta en el Decreto 348
de 2016 pues disminuyó, por ejemplo, la capacidad financiera que se exigía y los
requisitos de habilitación, por lo que mal podría afirmarse que restrinja el ingreso y
permanencia de empresas en el mercado del servicio de transporte especial.
Finalmente, señaló que el actor no planteó cómo es que la norma atacada afecta
el normal desenvolvimiento del mercado nacional; y ello es así, porque no existen
barreras para la prestación del servicio por el hecho de establecer exigencias
justificadas en la seguridad para la prestación del servicio.
En consecuencia, solicitó que los cargos de la demanda sean desestimados.
III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Con el auto del 10 de septiembre de 2020, se les concedió a las partes el término
de diez (10) días para alegar de conclusión, lapso dentro del cual el Ministerio
Público también podía rendir concepto.
3.1. La Presidencia de la República y el Ministerio de Transporte
intervinieron para reiterar los argumentos expuestos en las contestaciones de la
demanda.
3.2. El Demandante guardó silencio.
IV. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
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El Agente del Ministerio Público emitió concepto en el que expuso el siguiente
razonamiento:
Mencionó que las disposiciones acusadas establecían que las empresas que
prestaban el servicio público de transporte terrestre automotor especial debían
contar con programas de reposición del parque automotor, de salud ocupacional,
capacitación de conductores y demás personal; con un sistema de comunicación
bidireccional entre la compañías y los transportadores; un capital pagado y un
patrimonio líquido acorde con su capacidad transportadora autorizada; el
certificado de calidad ISO-9001; el mecanismo de gestión de seguridad y salud
ocupacional NTH OHSA 18001 y una herramienta de control de infracciones de
tránsito y transporte.
Indicó que, el Decreto nro. 431 de 2017, previó que el mencionado servicio era
prestado por una empresa transportadora que estaba legalmente constituida y
habilitada para esa modalidad y estaba dirigido a personas que tenían
características comunes en su origen y destino, tales como estudiantes, turistas o
sujetos con discapacidades. Por lo tanto, las disposiciones acusadas son
necesarias para proteger la vida e integridad física de los usuarios y posibilitar la
prestación de forma segura y evitando riesgos.
Sostuvo que, no podía considerarse un trato desigual o discriminatorio entre las
empresas de transporte público de pasajeros en modalidad ordinarios y aquellos
del servicio especial, ya que se trata de labores con características y formas de
prestación distintas. En el primero, el usuario abordar y pagar directamente al
vehículo que transita por su ubicación, mientras que el segundo requiere de una
contratación previa por parte de un grupo específico de personas y se ofrece bajo
parámetros técnicos, operativos, financieros y de seguridad establecidos por una
empresa determinada.
Respecto del artículo 16 del Decreto nro. 431 de 2017, expuso que no encontraba
objeciones a la exigencia de que las empresas de transporte especial acrediten la
propiedad de al menos el diez por ciento (10%) de su capacidad operacional,
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como quiera que no se trata de una medida excesiva y garantiza respaldo
estructural y patrimonial, así como un enfoque centrado en la prestación del
servicio, más que en la obtención de ingresos por afiliación de vehículos de
terceros.
Sobre el artículo 42 ibidem, indicó que no existía ninguna ilegalidad en el hecho
de haber fijado el 25 de febrero de 2018 como plazo para que las compañías
habilitadas acreditaran los nuevos requisitos, pues como estaban constituidas
previamente, solo les quedaba reunir los nuevos requerimientos en un término
que no era corto, si se pone en consideración la fecha de expedición del acto
acusado que es 14 de marzo de 2017.
Manifestó que, el Ministerio de Transporte se encontraba habilitado para
reglamentar las condiciones de carácter técnico u operativo para la prestación del
servicio de transporte especial, al igual que para definir las condiciones de
organización, capacidad económica y técnica, estados financieros, capital suscrito
y pagado, patrimonio bruto, y vinculación de equipos de transporte, de acuerdo
con lo previsto en el numeral 23 artículo 150 y numeral 11 artículo 189 de la
Constitución Política y las Leyes 105 de 1993 y 336 de 1996. Por lo tanto, no se
configuraba la causal de falta de competencia.
VI. DECISIÓN
No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a
decidir el asunto sub lite, previas las siguientes
VII. CONSIDERACIONES
7.1. Competencia.
De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de
lo previsto en los artículos 11, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 150 del CPACA y del artículo 13
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del Acuerdo 080 de 2019 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el
Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.
7.2. Cuestión previa
Mediante escrito del 28 de mayo de 202514, el Consejero de Estado Germán
Eduardo Osorio Cifuentes puso de presente a la Sala su impedimento para
conocer del proceso de la referencia.
El mencionado Consejero aduce estar incurso en la causal de impedimento
prevista en el numeral 3° del artículo 130 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo15. Manifestó que la señora
Margarita María Revelo Ramírez, quien es la compañera permanente de su
hermano, Carlos Alberto Osorio Cifuentes, se encuentra vinculada en el cargo de
Asesora del DAPRE, entidad que es parte demandada en el proceso de la
referencia.
Así, frente a la causal de impedimento invocada, la Sala ha sostenido que para
que se configure dicha causal deben concurrir dos elementos objetivos: 1) el
parentesco y 2) su condición de servidor público de una entidad pública que
intervenga en el respectivo proceso en calidad de parte o de tercero interesado16.
Conforme a lo anterior, la Sala entiende que se cumplen los supuestos
establecidos en la causal de impedimento antes referida, comoquiera que en el
presente proceso se ordenó notificar al DAPRE como entidad de la rama ejecutiva
del poder público y el Consejero Osorio Cifuentes tiene una relación en el segundo
grado de afinidad con la señora Revelo Ramírez, que ostenta la condición de
servidora pública del nivel asesor en la comentada parte demandada en el
proceso de la referencia.
14 Visible en el índice 66 del Sistema de Gestión SAMAI.
15 Aplicable al presente trámite por remisión del artículo 44 de la Ley 472 de 1998.
16 Auto de 11 de diciembre de 2015. Expediente núm. 11001-03-24-000-2014-00433-00, Consejero
ponente: Guillermo Vargas Ayala.
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Por ende, se declarará fundado el impedimento y en consecuencia se separará al
mencionado Magistrado del conocimiento del asunto bajo examen.
7.3. Planteamiento
Vistas las posturas de las partes en el asunto bajo examen, lo que advierte la Sala
es que están de acuerdo en el trato diferenciado existente entre las distintas
modalidades del transporte terrestre automotor, entendiéndose por estas las
relacionadas con el colectivo metropolitano, distrital y municipal de pasajeros, el
de pasajeros por carretera, el individual de pasajeros en vehículos taxi, el de
carga, el mixto, y por supuesto el especial.
Ahora bien, la controversia entonces surge a partir de tres tópicos, a saber: el
relacionado con la vulneración del derecho a la igualdad, con la infracción al
derecho a la libre competencia económica y la falta de competencia para la
expedición de la decisión.
En lo atinente al primero, la discrepancia se sustenta en la justificación del trato
desigual que ha dado el Ejecutivo para el servicio público de transporte terrestre
automotor especial en relación con la exigencia de los siguientes aspectos que no
se encuentran requeridos para las demás modalidades: (i) programas de
reposición del parque automotor, el de salud ocupacional y capacitación de
conductores y demás personal, el sistema de comunicación bidireccional entre la
empresa y los conductores, los certificados de gestión de calidad y de seguridad y
salud ocupacional y el programa de control de infracciones a las normas de
tránsito, (ii) el porcentaje sobre la propiedad de los vehículos que conforman la
capacidad operacional, y (iii) el monto de capital pagado o patrimonio líquido que
le son exigidos como requisitos para habilitar a las empresas que pretendan
prestar el mencionado servicio.
En lo que hace al segundo, la Sala advierte que el disenso radica en que para el
demandante las disposiciones censuradas ponen en situación de desventaja a las
empresas de transporte especial en relación con las demás modalidades y con
ello afecta a los usuarios de tal servicio; en tanto que para la cartera ministerial
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que intervino en el proceso no existe prueba de tal afectación y tampoco podría
evidenciarse si se tiene en cuenta que el régimen anterior era más riguroso que el
que se demanda.
Finalmente, en lo que concierne al tercero de los cargos señalados, la
controversia se suscita en torno a la competencia para la expedición del acto,
pues para el accionante existe un vacío en la Ley 336 de 1996 que debía ser
colmado por el Congreso, y en esa medida el Ejecutivo no contaba con
atribuciones para reglamentar los requisitos de habilitación de las empresas de
transporte especial; pero para los demandados las normas son claras en indicar
que sí tenían competencia para expedir el acto cuestionado.
Entendiendo entonces las pautas específicas de la controversia, la Sala pasará a
analizar cada uno de estos aspectos, comenzando con el último de los reparos
esgrimidos, es decir, con el de falta de competencia.
7.4. Competencia del Ministerio de Transporte
El transporte, entendido como actividad, ha sido concebido como parte
fundamental de la sociedad, no sólo desde la perspectiva económica sino también
desde la arista pública que emerge cuando se erige un Estado como Social de
Derecho, orientado a garantizar los conceptos básicos de la vida en sociedad. Así
lo entendió la Corte Constitucional al estudiar la exequibilidad de algunas
disposiciones de las Leyes 105 de 1993 y 336 de 1996 en la sentencia C-066 de
1999; veamos:
“De otro lado, es claro que el transporte juega un papel muy importante en el
desarrollo social y económico y en la realización de los derechos
fundamentales. Así, la libertad de movimiento y circulación (CP art. 24,
Convención Interamericana art. 22, Pacto de Derechos Civiles y Políticos art.
12) presupone la existencia de formas y modos de transporte, pues mal
podrían las personas transitar libremente por el territorio nacional, si la
sociedad no les ofrece los medios para hacerlo. En segundo término, la
realización de las actividades económicas y el intercambio de mercancías
sólo son posibles si existen medios idóneos de transporte, que permitan que
los sujetos económicos y los distintos bienes puedan desplazarse de un lugar
a otro. La profundización de la división social del trabajo y el desarrollo de una
libre competencia presuponen entonces el perfeccionamiento de los medios
de transporte. Finalmente, en la sociedad moderna, la actividad
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transportadora implica en general riesgos importantes, por cuanto los
adelantos técnicos permiten que éstos se realicen a velocidades importantes,
por lo cual resulta indispensable no sólo potenciar la eficacia de los modos de
transporte sino garantizar su seguridad.”
En nuestro ordenamiento el transporte siempre ha gozado de una especial
protección, y ha sido calificado como un servicio público esencial, cuya
planeación, control, regulación y vigilancia corresponde al Estado, y en esa
medida se trata de una actividad intervenida dados sus efectos en el desarrollo
progresivo de las interacciones de la vida moderna y el significativo progreso
social resultante del crecimiento económico que promueve y dinamiza.
En sentencia de 16 de agosto de 2007, la Sala reiteró:
“La actividad misma del transporte constituye un servicio público, que ha de
prestarse en forma permanente, regular y continua, dada la función
económica que con ella se cumple y, además, por cuanto resulta
indispensable para el desarrollo de las demás actividades de los usuarios,
tanto si se trata del desplazamiento de mercancías de un lugar a otro, como
en el transporte de pasajeros”17.
El literal b) del artículo 2 de la Ley 105 de 199318 incluyó dentro de los principios
fundamentales orientadores en la prestación de este importante servicio lo que
denominó “INTERVENCIÓN DEL ESTADO”, definiendo por tal que “Corresponde
al Estado la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de
las actividades a él vinculadas”.
A su turno, en el numeral 6º del artículo 3º ibídem, se destacó como otro derrotero
de dicha actividad la libertad de empresa cuyo concepto pasa a transcribirse
literalmente, resaltando que el órgano legislativo encargó directamente al
Ministerio de Transporte la reglamentación de las condiciones de carácter técnico
y operativo para la ejecución de esa actividad:
“De la libertad de empresa:
17 Consejo de Estado. Sección Primera. Proceso número 11001-03-24-000-2004-00231-01. C.P.
Marco Antonio Velilla Moreno.
18 “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y
recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector
transporte y se dictan otras disposiciones”.
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Para la constitución de empresas o de formas asociativas de transporte no se
podrán exigir otros requisitos que los establecidos en las normas legales y en
los reglamentos respectivos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, para acceder a la prestación
del servicio público, las empresas, formas asociativas de transporte y de
economía solidaria deberán estar habilitadas por el Estado. Para asumir esa
responsabilidad, acreditarán condiciones que demuestren capacidad técnica,
operativa, financiera, de seguridad y procedencia del capital aportado.
Las autoridades sólo podrán aplicar las restricciones a la iniciativa privada
establecidas en la ley, que tiendan a evitar la competencia desleal, el abuso
que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado,
para garantizar la eficiencia del sistema y el principio de seguridad.
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte o sus organismos
adscritos reglamentará las condiciones de carácter técnico u operativo para la
prestación del servicio, con base en estudios de demanda potencial y
capacidad transportadora
El transporte de carga será prestado por personas naturales o jurídicas
debidamente autorizadas por las autoridades y el Gobierno Nacional regulará
su funcionamiento. El Gobierno establecerá los lineamientos para que el
transporte de carga se lleve a cabo bajo condiciones de seguridad y
eficiencia. Igualmente no existirán restricciones para rutas y frecuencias,
estas serán determinadas por el mercado. El Gobierno Nacional podrá
establecer condiciones técnicas y de seguridad para la prestación del servicio
y su control será responsabilidad de las autoridades de tránsito. ”. (Subrayas
de la Sala).
También debe resaltarse lo dispuesto en el numeral 7º ibídem que contempló la
necesidad de la suscripción de permisos o contratos de concesión para la
prestación del servicio público de transporte incluyendo expresamente al
transporte especial:
“7. De los permisos o contratos de concesión:
Sin perjuicio de lo previsto en tratados, acuerdos o convenios de carácter
internacional, la prestación del servicio de transporte público estará sujeta a la
expedición de un permiso o contrato de concesión u operación por parte de la
autoridad competente.
Quien cumpla con las exigencias que al respecto se establezcan, tendrá
derecho a ese permiso o contrato de concesión u operación. Quedan incluidos
dentro de este literal los servicios de transportes especiales”. (Subrayas de la
Sala).
Más adelante, esa misma ley fijó en el Ministerio de Transporte la función de
coordinación y definición de las políticas generales sobre el transporte y tránsito:
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“Artículo 5o. Definición de competencias. Desarrollo de políticas.
Regulaciones sobre transporte y tránsito. Es atribución del Ministerio de
Transporte en coordinación con las diferentes entidades sectoriales, la
definición de las políticas generales sobre el transporte y el tránsito.
Créase el Consejo Consultivo de Transporte, que será reglamentado por el
Gobierno Nacional, estará integrado por el Ministro de Transporte, dos (2)
delegados del Presidente de la República, cinco (5) delegados nominados por
las asociaciones de transporte constituidas en el país, así: uno (1) por el
transporte carretero de carga, uno (1) por el sector de transporte de pasajeros
por carretera, uno (1) por el sector de transporte de pasajeros urbanos, uno
(1) por el sector férreo y uno (1) por el sector fluvial, cuya designación la
efectuará el Ministerio de Transporte, un (1) representante de la Sociedad
Colombiana de Ingenieros y un (1) representante de la Asociación
Colombiana de Ingenieros de Transporte - ACIT.
Este Consejo se reunirá por lo menos una vez al semestre y será convocado
por el Ministro de Transporte.
En concordancia corresponde específicamente a la Dirección General
Marítima las responsabilidades consagradas en el artículo 13, Decreto 2327
de 1991”. (Subrayas de la Sala).
El 20 de diciembre de 1996, con la expedición de la Ley 336 de 1996 o Estatuto
General de Transporte, se indicó que el objeto de las normas allí contenidas sería
unificar los criterios y principios que servirán de fundamento para la regulación y
reglamentación de cada modo de transporte, es decir, el aéreo, marítimo, fluvial,
férreo, masivo y terrestre (artículo primero). Para el efecto, el Título II,
Disposiciones Especiales, de la citada Ley, reguló en términos generales cada
uno los modos de transporte. Así por ejemplo los artículos 56 a 67 se dedicaron al
transporte terrestre; los artículos 68 y 69 al aéreo; los artículos 70 a 73 al
marítimo; las disposiciones contenidas en los artículos 74 a 79 al fluvial; los
artículos 80 a 84 al ferroviario y el 85 y 86 al transporte masivo.
El artículo 5 ibídem dejó en manos del reglamento la determinación de los
derechos y obligaciones de las empresas de transporte en cuanto a la garantía en
la prestación del servicio público en cada uno de los modos ya establecidos por la
norma legal:
“Artículo 5o. El carácter de servicio público esencial bajo la regulación del
Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte
público, implicará la prelación del interés general sobre el particular,
especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la
protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que
señale el Reglamento para cada Modo.
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El servicio privado de transporte es aquel que tiende a satisfacer necesidades
de movilización de personas o cosas, dentro del ámbito de las actividades
exclusivas de las personas naturales y/o jurídicas. En tal caso sus equipos
propios deberán cumplir con la normatividad establecida por el Ministerio de
Transporte. Cuando no se utilicen equipos propios, la contratación del servicio
de transporte deberá realizarse con empresas de transporte público
legalmente habilitadas en los términos del presente Estatuto”. (Subrayas de la
Sala).
Así mismo, el artículo 6º ibídem definió lo que debía entenderse por actividad
transportadora aludiendo a que tal sería el concepto en cada uno de los modos de
transporte, pero que en todo caso, las autorizaciones a que hubiere lugar en esos
escenarios debían corresponder al desarrollo de la reglamentación que para el
efecto expidiera el Ministerio de Transporte:
“Artículo 6o. Por actividad transportadora se entiende un conjunto
organizado de operaciones tendientes a ejecutar el traslado de personas o
cosas, separada o conjuntamente, de un lugar a otro, utilizando uno o varios
Modos, de conformidad con las autorizaciones expedidas por las autoridades
competentes basadas en los Reglamentos del Gobierno Nacional.” (Subrayas
de la Sala).
Pues bien, nótese que hasta aquí el criterio adoptado por el Legislador en las
Leyes 103 de 1995 y 336 de 1996 ha sido el de deferir en el Gobierno Nacional -
Ministerio de Transporte la adopción de los parámetros y fundamentos técnicos,
operativos y económicos en la prestación del servicio público de transporte
respecto de cada uno de los modos definidos previamente en esta actividad a
través de la expedición de reglamentos, lo cual no podría ser de otro modo dada
la especialidad de dicha cartera en ese sector.
Ahora, téngase en cuenta además que los artículos 11 y 12 de la Ley 336 de 1996
continúan reconociendo en el ministerio demandado la potestad para la
reglamentación de puntos específicos tales como las condiciones para el
otorgamiento de la habilitación para la prestación del servicio, para la
organización estructural de las empresas, las condiciones de carácter técnico
(nuevamente), de seguridad y las relacionadas con la capacidad financiera y
origen de los recursos:
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“Artículo 11. Las empresas interesadas en prestar el servicio público de
transporte o constituidas para tal fin, deberán solicitar y obtener Habilitación
para operar.
La Habilitación, para efectos de esta Ley, es la autorización expedida por la
autoridad competente en cada Modo de transporte para la prestación del
servicio público de transporte.
El Gobierno Nacional fijará las condiciones para el otorgamiento de la
Habilitación, en materia de organización y capacidad económica y técnica,
igualmente, señalará los requisitos que deberán acreditar los operadores,
tales como estados financieros debidamente certificados, demostración de la
existencia del capital suscrito y pagado, y patrimonio bruto, comprobación del
origen del capital, aportado por los socios, propietarios o accionistas,
propiedad, posesión o vinculación de equipos de transporte, factores de
seguridad, ámbito de operación y necesidades del servicio.
y los prestadores del servicio público de transporte que se encuentren con
Licencia de Funcionamiento tendrán dieciocho (18) meses a partir de la
reglamentación para acogerse a ella”. (Subrayas de la Sala).
“Artículo 12. En desarrollo de lo establecido en el Artículo anterior, para
efectos de las condiciones sobre organización, deberán tenerse en cuenta,
entre otros, la estructura establecida para la dirección y administración de la
empresa, los sistemas de selección del recurso humano y la disponibilidad de
las instalaciones adecuadas para su funcionamiento.
Para efectos de las condiciones de carácter técnico, se tendrán en cuenta,
entre otras, la preparación especializada de quienes tengan a su cargo la
administración y operación de la empresa, así como los avances técnicos
utilizados para la prestación del servicio.
Para efecto de las condiciones sobre seguridad se tendrán en cuenta, entre
otras, la implantación de programas de reposición, revisión y mantenimiento
de los equipos, los sistemas de abastecimiento de combustibles y los
mecanismos de protección a los pasajeros y a la carga.
Para efectos de las condiciones relacionadas con la capacidad financiera y
origen de los recursos, se tendrán en cuenta, entre otras, las últimas
declaraciones de renta y los estados financieros actuales y anteriores
debidamente certificados, confrontando el capital pagado, patrimonio neto y
bruto, los análisis financieros requeridos, así como los demás mecanismos
establecidos por las disposiciones vigentes para verificar el origen del capital
invertido.” (Subrayas de la Sala).
De lo dispuesto en los artículos 16 y 17 ibídem también se colige la competencia
de la cartera accionada nuevamente para la habilitación, definición de horarios,
frecuencias de despacho, y por supuesto para los servicios de transporte
especiales, enunciando a manera de ejemplo el escolar, de asalariados, turístico
u ocasional:
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“Artículo 16. De conformidad con lo establecido por el Artículo 3o. numeral
7o. de la Ley 105 de 1993, sin perjuicio de lo previsto en Tratados, Acuerdos
o Convenios de carácter internacional, la prestación del servicio público de
transporte estará sujeta a la habilitación y a la expedición de un permiso o a la
celebración de un contrato de concesión u operación, según que se trate de
rutas, horarios o frecuencias de despacho, o áreas de operación, servicios
especiales de transporte, tales como: escolar, de asalariados, de turismo y
ocasional”. (Subrayas de la Sala).
“Artículo 17. El permiso para la prestación del servicio en áreas de operación,
rutas y horarios o frecuencias de despacho, estará sometido a las condiciones
de regulación o de libertad que para su prestación se establezcan en los
Reglamentos correspondientes. En el transporte de pasajeros existente o
potencial, según el caso para adoptar las medidas conducentes a satisfacer
las necesidades de movilización”.(Subrayas de la Sala).
Por último, el artículo 66 ibídem da cuenta de que siendo el Ministerio de
Transporte una de las autoridades competentes para regular las modalidades de
transporte de la manera en que se ha explicado con antelación, también ostenta
facultades de reglamentación para el ingreso de vehículos por incremento de la
demanda del servicio:
“Artículo 66. Las autoridades competentes en cada una de las modalidades
terrestres podrán regular el ingreso de vehículos por incremento del servicio
público”.
De lo expuesto, se advierte con absoluta claridad que no es cierto que exista un
vacío en la Ley 336 de 1996 en relación con la posibilidad de reglamentar lo
concerniente al servicio de transporte especial. Por el contrario, lo que se observa
es que el Ministerio cuenta con autorización del Legislador para definir los
requerimientos de tipo operacional, técnico y dentro de ellos los presupuestos de
habilitación, de seguridad, de organización, de capacidad financiera, entre otros,
ya referidos en todos los modos de transporte, entre los que se encuentra el
terrestre, y dentro de este, la modalidad de transporte especial cuya
reglamentación primigenia fue vertida en el Decreto 174 de 2001, y luego en el
Decreto 348 de 2015 que derogó el primero para ser compilado en el Decreto
1079 de esa misma anualidad, modificado por el que ahora se acusa, el Decreto
431 de 2017.
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Con ocasión a juicios de validez propuestos frente a actos administrativos que
han suspendido por ejemplo la habilitación del transporte especial esta Sección
ha coincidido con el razonamiento expuesto:
“5.- Las facultades del Ministerio de Transporte respecto del servicio de
transporte terrestre automotor.
El punto está, entonces, en verificar si dentro de las facultades invocadas por
el Ministro está la de poder suspender bajo la condición anotada esos trámites
administrativos en relación con el Servicio Público de Transporte Terrestre
Automotor Especial, puesto en ellos centra el actor su inconformidad con las
resoluciones acusadas.
Al respecto, se observa que en la normatividad citada así como la atinente al
referido servicio especial de transporte terrestre automotor, se le atribuye al
Ministerio de Transporte el carácter de autoridad nacional de transporte
terrestre y consiguientemente una facultad reguladora y reglamentaria del
servicio público de transporte terrestre y de aquella modalidad en particular,
facultad que se refiere principalmente a las condiciones y aspectos técnicos de
las diferentes modalidades de ese servicio de transporte, como uno de los
mecanismos para procurar la efectividad de los principio y fines del mismo, en
especial, los de la seguridad, eficiencia y economía, en armonía con los de la
libre competencia y la libertad de empresa o iniciativa privada, tal como
seguidamente se verifica.
Al efecto, se debe tener en cuenta que el servicio a que alude el actor es una
de las varias modalidades del servicio público de transporte terrestre que
define la Ley 105 de 1993 y que por eso se encuentra sujeto a ésta y a la Ley
336 de 1995, que modifica aquélla.
Dicha modalidad está reglamentada por el Decreto 174 de 2001 y por lo
anterior se señala en el artículo 2º de ese decreto que sus disposiciones se
aplicarán de acuerdo con los lineamientos establecidos en las Leyes 105
de 1993 y 336 de 1996 y que, al tenor de su artículo 1º, su objeto es el de
reglamentar la habilitación de las empresas de Transporte Público Terrestre
Automotor Especial y la prestación por parte de estas de un servicio eficiente,
seguro, oportuno y económico, bajo los criterios básicos de cumplimiento
de los principios rectores del transporte, como el de la libre competencia y
el de la iniciativa privada, a los cuales solamente se aplicarán las
restricciones establecidas por la Ley y los Convenios Internacionales.
En ese orden, se tiene que el numeral 6 del artículo 3º de la Ley 105 de 1993
establece que El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte o
sus organismos adscritos reglamentará las condiciones de carácter técnico
u operativo para la prestación del servicio, con base en estudios de
demanda potencial y capacidad transportadora.
A su turno, el numeral 7 ibídem establece:
“Sin perjuicio de lo previsto en tratados, acuerdos o convenios de
carácter internacional, la prestación del servicio de transporte público
estará sujeta a la expedición de un permiso o contrato de concesión u
operación por parte de la autoridad competente.
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Quien cumpla con las exigencias que al respecto se establezcan, tendrá
derecho a ese permiso o contrato de concesión u operación. Quedan
incluidos dentro de este literal los servicios de transportes
especiales.”
Ello aparece reiterado en el artículo 16 de la Ley 336 de 1996, a saber:
“De conformidad con lo establecido por el Artículo 3o. numeral 7o. de la
Ley 105 de 1993, sin perjuicio de lo previsto en Tratados, Acuerdos o
Convenios de carácter internacional, la prestación del servicio público de
transporte estará sujeta a la habilitación y a la expedición de un permiso
o a la celebración de un contrato de concesión u operación, según que
se trate de rutas, horarios o frecuencias de despacho, o áreas de
operación, servicios especiales de transporte, tales como: escolar,
de asalariados, de turismo y ocasional.”
En tanto que el artículo 17 de la precitada ley prevé que “El permiso para la
prestación del servicio en áreas de operación, rutas y horarios o frecuencias
de despacho, estará sometido a las condiciones de regulación o de
libertad que para su prestación se establezcan en los Reglamentos
correspondientes. En el transporte de pasajeros existente o potencial, según
el caso para adoptar las medidas conducentes a satisfacer las necesidades de
movilización.”
Por otra parte, el artículo 66 ibídem, señala que “Las autoridades
competentes en cada una de las modalidades terrestres podrán regular el
ingreso de vehículos por incremento del servicio público.”19 (Negritas del
texto original).
Así mismo, en sentencia del 18 de julio de 2012, emitida en el expediente
identificado con el número 11001 03 24 000 2006 00313 00, con ponencia del
Consejero de Estado Marco Antonio Velilla Moreno, se manifestó que el Ministerio
de Transporte era titular de facultad reglamentaria para definir puntos técnicos y
operacionales del servicio de transporte especial; veamos:
“1.- Competencia general del Ministerio de Transporte para expedir la
Resolución 4000 de 2005.
A juicio de esta Sala, se justifica la intervención del Estado en la prestación
del servicio de transporte, teniendo en cuenta el carácter esencial del mismo.
Obviamente, primando siempre el interés general en las decisiones que se
tomen para su regulación, tal como lo indicó la Sección Primera en sentencia
de 29 de julio de 2010, que dispuso:
“El ordenamiento legal caracteriza el transporte público esencial, que se
presta bajo la regulación, inspección, control y vigilancia del Estado (Ley
336/96, art. 5°), para asegurar la prelación del interés general sobre el
19 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 6 de mayo de 2020. Proceso número 11001
03 24 000 2005 00302 00. Consejero ponente: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
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particular, garantizar su prestación eficiente y la protección de los
usuarios. La seguridad según lo disponen el artículo 2° de la ley
mencionada, y el literal e) del artículo segundo de la Ley 105 de 1993,
constituye prioridad esencial en la actividad del Sector y del Sistema de
Transporte en general. Para lograrla el Ministro de Transporte, Director
del Sistema como titular de la cartera del respectivo sector, reglamenta
las condiciones y permisos administrativos exigibles a las empresas que
pretendan prestar este servicio (arts. 2°, 3°, 4° y 5° de la Ley 336 de
1996). Con fundamento en los artículos 150-21, 150-23, 334 y 365 de la
Constitución Política y en desarrollo de las Leyes 105 de 1993 y 336 de
1996 el Ejecutivo ejerce una intensa y profunda intervención en el
transporte público en aras del “mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los
beneficios del desarrollo”, para que en su prestación prevalezca el
interés general y se garanticen las condiciones de seguridad,
continuidad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizar a los
usuarios su prestación eficiente y oportuna”20.
De la sentencia transcrita se deduce claramente que el Ministerio de
Transporte es competente para haber expedido la Resolución acusada.
Además, porque el Decreto 2053 de 2003 le asigna funciones que le permiten
reglamentar.
En el caso sub examine, la Ley 336 de 1996 en su artículo 66, dispone:
“Las autoridades competentes en cada una de las modalidades
terrestres podrán regular el ingreso de vehículos por incremento del
servicio público”.
Igualmente, el artículo 8° del Decreto 174 de 2001 expedido por el Presidente
de la República, señala:
“Artículo 8°. Autoridades de transporte. Para todos los efectos a que
haya lugar, el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor
Especial será regulado por el Ministerio de Transporte”.
En cuanto a la competencia particular del Ministerio de Transportes, se
observa que las decisiones técnicas que puede adoptar dicho Ministerio se
realizan dentro de las funciones legales consagradas en el Decreto 174 de
2001, el cual permite que el mencionado ente o sus organismos adscritos,
puedan reglamentar las condiciones de carácter técnico y operativo para la
prestación del servicio y, lo que es más, con fundamento de demanda
potencial y capacidad transportadora, según la citada norma. Es por ello que
en la Resolución demandada se señalen tales condiciones técnicas y
operativas, en su parte considerativa. Por lo cual, el Ministerio de Transporte
expide sus Resoluciones en ejercicio de una función señalada por el citado
Decreto y no en una reglamentación que pertenece a la órbita de la
competencia del Presidente de la República, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 33 y 34 del mismo.
Ahora bien contrario a lo sostenido por el actor, el ajuste se realiza sobre los
vehículos vinculados, por lo cual no existe revocatoria de decisión alguna y el
20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 29 de
julio de 2010. Consejero Ponente: Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Rad.: 2002-00249. Actor:
Colfecar.
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nuevo ingreso se hace de conformidad con los precitados artículos 33 y 34
del Decreto 174 de 2001 que regula el transporte público de pasajeros y mixto
especial.
Además, tal Decreto preceptúa que esta regulación debe estar precedida por
un estudio serio y demostrativo, como el que fue realizado por la Subdirección
de Transporte el cual evidenció que el 50% de las empresas tenían una
capacidad no equivalente a los vehículos que se encontraban vinculados a la
empresa”.
Resta entonces por responder el argumento según el cual no por haberse
invocado el mencionado artículo 11 que prevé un término de seis (6) meses para
definir los requisitos de habilitación de cada modo de transporte, el Decreto
acusado se convertía automáticamente en una ley. Sobre el particular lo que
observa la Sala es que el aparte al que alude el demandante fue declarado
inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-066 de 1999, cuestión que
impone negar su reparo por resultar inexistente el fundamento de su
inconformidad.
Por contera, no hay lugar a estimar el cargo de falta de competencia propuesto
por el demandante.
7.5. Vulneración del derecho a la igualdad
7.5.1. De manera previa a resolver este cargo, debe la Sala poner de presente un
par de aspectos: el primero, que tiene que ver con el panorama normativo de las
modalidades de transporte terrestre con base en el cual sustenta la comparación
el accionante; y el segundo, con un juicio de certeza sobre uno de los puntos de
referencia allí indicado, puntualmente, el del programa de reposición vehicular.
7.5.1.1. Frente al primer aspecto, tenemos el siguiente desarrollo
reglamentario: (i) Decreto 170 de 2001, "Por el cual se reglamenta el servicio
público de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano, distrital y
municipal de pasajeros"; (ii) Decreto 171 de 2001, “por el cual se reglamenta el
servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera”; (iii)
Decreto 172 de 2001, “por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi”; (iii) Decreto 173
de 2001, “Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre
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Automotor de Carga”; (iv) Decreto 174 de 2001, “por el cual se reglamenta el
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial”21; y (v) Decreto 175
de 2001, “por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre
Automotor Mixto”.
Ahora, debe ser aclarado que de todas las normativas señaladas sólo las de
carga y de transporte especial han sido modificadas o derogadas22, quedando
entonces los demás decretos vigentes y con las condiciones que desde el 2001
se tuvieron en cuenta para su cumplimiento y debidamente compilados en el 1079
de 2015.
También debe advertirse que de dichas disposiciones debe ser excluida para
nuestro examen la relacionada con el transporte de carga, dado que el objeto del
servicio es disímil al resto de modalidades y por ende no procede un análisis de
igualdad frente a esta modalidad.
7.5.1.2. Sobre el requerimiento previsto en el numeral 4º del artículo 12 del
Decreto impugnado, relacionado con la necesidad de que las empresas de
transporte especial cuenten con un programa de reposición del parque automotor,
lo que encuentra esta Sala es que por orden de la Ley 105 de 1993, es el
Ministerio de Transporte el que tiene la atribución de reglamentar y fijar los
requisitos para la transformación de vehículos que presten el anotado servicio y
que en todo caso las empresas que presten el servicio de transporte tiene el
deber de observar esta obligación:
“Artículo 6o. Reposición del parque automotor del servicio de pasajeros
y/o mixto. La vida útil máxima de los vehículos terrestres de servicio público
colectivo de pasajeros y/o mixto será de veinte (20) años. Se excluyen de
esta reposición el parque automotor de servicio público colectivo de pasajeros
y/o mixto (camperos, chivas) de servicio público colectivo de pasajeros y/o
mixto del sector rural, siempre y cuando reúnan los requisitos técnicos de
seguridad exigidos por las normas y con la certificación establecida por ellas.
La vida útil máxima de los vehículos terrestres de servicio público colectivo de
pasajeros y/o mixto será de veinte (20) años. El Ministerio de Transporte
21 Derogado por el Decreto 348 de 2015 expedido por el Presidente de la República.
22 El servicio de transporte de carga fue modificado y derogado parcialmente por el Decreto 1842
de 2007 y por el Decreto 1499 de 2009.
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exigirá la reposición del parque automotor, garantizando que se sustituyan por
nuevos los vehículos que hayan cumplido su ciclo de vida útil.
Las autoridades competentes del orden metropolitano, distrital y municipal,
podrán incentivar la reposición de los vehículos, mediante el establecimiento
de los niveles de servicio diferentes al corriente, que serán prestados con
vehículos provenientes de la reposición. Así mismo podrán suspender
transitoriamente el ingreso de vehículos nuevos al servicio público de
transporte de pasajeros, de acuerdo con las necesidades de su localidad,
supeditando la entrada de un vehículo nuevo al retiro del servicio público de
uno que deba ser transformado o haya cumplido el máximo de su vida útil.
Para la fijación de tarifas calcularán los costos del transporte metropolitano
y/o urbano incluyendo el rubro de "recuperación de capital", de acuerdo con
los parámetros que establezca el Ministerio de Transporte.
Parágrafo 1. Se establecen las siguientes fechas límites, para que los
vehículos no transformados, destinados al servicio público de pasajeros y/o
mixto, con radio de acción metropolitano y/o urbano, sean retirados del
servicio:
• 30 de junio de 1.995, modelos 1.968 y anteriores.
• 31 de diciembre de 1995, modelos 1970 y anteriores.
• 31 de diciembre de 1.996, modelos 1.974 y anteriores.
• 30 de junio de 1.999, modelos 1.978 y anteriores.
• 31 de diciembre de 2.001, vehículos con 20 años de edad.
• A partir del año 2.002, deberán salir anualmente del servicio, los vehículos
que lleguen a los veinte (20) años de vida.
Parágrafo 2. El Ministerio de Transporte definirá, reglamentará y fijará los
requisitos para la transformación de los vehículos terrestres que vienen
operando en el servicio público de pasajeros y/o mixto, de tal forma que se les
prolongue su vida útil hasta por diez (10) años y por una sola vez, a partir de
la fecha en que realicen la transformación.
Parágrafo 3. El Ministerio de Transporte establecerá los plazos y condiciones
para reponer los vehículos de servicio público colectivo de pasajeros y/o mixto
con radio de acción distinto al urbano y conjuntamente con las autoridades
competentes de cada sector señalará las condiciones de operatividad de los
equipos de transporte aéreo, férreo y marítimo”. (Subrayas de la Sala).
“Artículo 7o. Programa de reposición del parque automotor. Las
empresas de carácter colectivo de pasajeros y/o mixto, y las organizaciones
de carácter cooperativo y solidario de la industria del transporte. Están
obligadas a ofrecerle a los propietarios de vehículos, programas periódicos de
reposición y a establecer y reglamentar fondos que garanticen la reposición
gradual del parque automotor, establecida en el artículo anterior.
Parágrafo 1. El Ministerio de Transporte en asocio con las autoridades
territoriales competentes, vigilará los programas de reposición.
Parágrafo 2. La utilización de los recursos de reposición para fines no
previstos en la presente Ley, será delito de abuso de confianza y de él será
responsable el administrador de los recursos.
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Parágrafo 3. Igualmente, el proceso de reposición podrá desarrollarse por
encargo fiduciario constituido por los transportadores o por las entidades
públicas en forma individual o conjunta”. (Subrayas de la Sala).
Se desprende también de lo anotado que el mencionado requerimiento se predica
de todas las empresas de servicio público colectivos de pasajeros, dentro del cual
está contemplado el servicio de transporte especial.
Ahora bien, el Decreto 170 de 2001 "Por el cual se reglamenta el servicio público
de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano, distrital y municipal de
pasajeros", prevé en el artículo 15, las siguientes condiciones para acceder a la
habilitación entre las cuales se encuentra la certificación sobre un programa de
reposición:
“Artículo 15.-Requisitos. Para obtener habilitación en la modalidad del
servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros metropolitano,
distrital y municipal, las empresas deberán acreditar los siguientes requisitos,
que aseguren el cumplimiento del objetivo definido en el artículo 1º del
presente decreto:
(…)
8. Certificación suscrita por el representante legal sobre la existencia del
programa y del fondo de reposición del parque automotor con que contará la
empresa”.
Lo propio acontece en el Decreto 171 de 2001, “por el cual se reglamenta el
servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera”:
“Artículo 14. Requisitos. Para obtener habilitación en la modalidad de
Transporte Público Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera, las
empresas deberán acreditar los siguientes requisitos, que aseguren el
cumplimiento del objetivo definido en el artículo 1o. del presente decreto:
(…)
8. Certificación suscrita por el representante legal sobre la existencia del
programa y del fondo de reposición del parque automotor.”
El Decreto 175 de 2001, “por el cual se reglamenta el Servicio Público de
Transporte Terrestre Automotor Mixto”, también se refirió a este requerimiento,
así:
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“Artículo 14.Requisitos. Para obtener habilitación en la modalidad de
Transporte Público Terrestre Automotor Mixto, las empresas deberán
acreditar los siguientes requisitos, que aseguren el cumplimiento del objetivo
definido en el artículo 1º del presente decreto:
(…)
8. Certificación suscrita por el representante legal sobre la existencia del
programa y fondo de reposición del parque automotor”.
Visto lo anterior, lo que observa la Sala es que la premisa de la cual partió el
demandante para asegurar que el trato era inequitativo es falsa, pues sobre este
preciso aspecto sí existe condicionamiento para que otras modalidades de
transporte puedan conseguir la habilitación, cuestión que redunda en que esta
inconformidad no encuentra asidero alguno.
7.5.2. Dilucidado lo anterior, pasa la Sala a determinar si el trato desigual que se
encuentra contenido en el acto administrativo acusado respecto de las demás
modalidades de transporte, no se encuentra justificado y por ende vulnera el
derecho a la igualdad.
Para ello la Sala se valdrá del siguiente cuadro comparativo de modo que pueda
apreciarse el objeto de cada una de las mencionadas modalidades:
MODALIDAD CONCEPTO
“Artículo 6º. Servicio público de transporte terrestre
automotor colectivo de pasajeros. Es aquél que se presta
Servicio público bajo la responsabilidad de una empresa de transporte
de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en ésta
terrestre modalidad, a través de un contrato celebrado entre la empresa y
automotor cada una de las personas que han de utilizar el vehículo de
colectivo de servicio público a ésta vinculado, para recorrer total o
pasajeros parcialmente una o más rutas legalmente autorizadas”. (Decreto
170 de 2001).
“Artículo 6. Servicio público de transporte terrestre
Servicio público automotor de pasajeros por carretera. Es aquel que se presta
de transporte bajo la responsabilidad de una empresa de transporte
terrestre legalmente constituida y debidamente habilitada en ésta
automotor de modalidad, a través de un contrato celebrado entre la empresa y
pasajeros por cada una de las personas que han de utilizar el vehículo de
carretera servicio público a esta vinculado, para su traslado en una ruta
legalmente autorizada. (Decreto 171 de 2001).
Servicio público “Artículo 6o. Servicio público de transporte terrestre
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de transporte automotor en vehículos taxi. El Transporte Público Terrestre
terrestre Automotor Individual de Pasajeros en vehículos taxi es aquel
automotor en que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de
vehículos taxi transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en
esta modalidad, en forma individual, sin sujeción a rutas ni
horarios, donde el usuario fija el lugar o sitio de destino. El
recorrido será establecido libremente por las partes
contratantes”. (Decreto 172 de 2001)
“Artículo 6º. Servicio público de transporte terrestre
automotor mixto. Es aquel que se presta bajo la
responsabilidad de una empresa de transporte legalmente
Servicio público
constituida y debidamente habilitada, a través de un contrato
de transporte
celebrado entre la empresa y cada una de las personas que han
terrestre
de utilizar el vehículo de servicio público a esta vinculado, para
automotor mixto
su traslado simultáneo con el de sus bienes o carga, en un
recorrido legalmente autorizado o registrado”. (Decreto 175 de
2001)
Entre tanto, el concepto del transporte especial de pasajeros ha sido definido así
en el transcurso de las cuatro regulaciones:
El Decreto 174 de 2001 dispuso que:
“Artículo 6o. Servicio público de transporte terrestre automotor especial.
Es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte
legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad, a un
grupo específico de personas ya sean estudiantes, asalariados, turistas
(prestadores de servicios turísticos) o particulares, que requieren de un
servicio expreso y que para todo evento se hará con base en un contrato
escrito celebrado entre la empresa de transporte y ese grupo específico de
usuarios”.
“Artículo 22. Contratación. El servicio Público de Transporte Terrestre
Automotor Especial, sólo podrá contratarse con empresas de transporte
legalmente habilitadas para esta modalidad, y en ningún caso se podrá
prestar sin sujeción a un contrato escrito y se prestará bajo las condiciones
estipuladas por las partes.”
El Decreto 348 de 2015 previó lo siguiente:
"Artículo 4o. Servicio público de transporte terrestre automotor especial.
Es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte
legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad, a un
grupo específico de personas que tengan una característica común y
homogénea en su origen y destino, como estudiantes, turistas, empleados,
personas con discapacidad y/o movilidad reducida, pacientes no crónicos y
particulares que requieren de un servicio expreso, siempre que hagan parte
de un grupo determinable y de acuerdo con las condiciones y características
que se definen en el presente decreto.
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Parágrafo. Para todo evento, la contratación del servicio público de
transporte terrestre automotor especial se hará mediante documento suscrito
por la empresa de transporte habilitada y por la persona natural o jurídica
contratante que requiera el servicio, el cual deberá contener las condiciones,
obligaciones y deberes pactados por las partes, de conformidad con las
formalidades previstas por el Ministerio de Transporte y lo señalado en el
presente decreto.”
El Decreto compilatorio 1079 de 2015 estableció lo que se transcribe a
continuación:
“Artículo2.2.1.6.4. Servicio público de transporte terrestre
automotor especial. Es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una
empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en
esta modalidad, a un grupo específico de personas que tengan una
característica común y homogénea en su origen y destino, como estudiantes,
turistas, empleados, personas con discapacidad y/o movilidad reducida,
pacientes no crónicos y particulares que requieren de un servicio expreso,
siempre que hagan parte de un grupo determinable y de acuerdo con las
condiciones y características que se definen en el presente Capítulo.
Parágrafo. Para todo evento, la contratación del servicio público de
transporte terrestre automotor especial se hará mediante documento suscrito
por la empresa de transporte habilitada y por la persona natural o jurídica
contratante que requiera el servicio, el cual deberá contener las condiciones,
obligaciones y deberes pactados por las partes, de conformidad con las
formalidades previstas por el Ministerio de Transporte y lo señalado en el
presente Capítulo.”
El Decreto 431 de 2017 (impugnado) entendió que:
“Artículo 1o. Modifíquese el artículo 2.2.1.6.4 del Capítulo 6 del Título 1 de la
Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1079 de 2015, el cual quedará así:
Artículo 2.2.1.6.4. Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor
Especial. Es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de
transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta
modalidad, a un grupo específico de personas que tengan una característica
común y homogénea en su origen y destino, como estudiantes, turistas,
empleados, personas con discapacidad y/o movilidad reducida, pacientes no
crónicos y particulares que requieren de un servicio expreso, siempre que
hagan parte de un grupo determinable y de acuerdo con las condiciones y
características que se definen en el presente capítulo.
Parágrafo 1o. La prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre
Automotor Especial se realizará previa la suscripción de un contrato entre la
empresa de transporte habilitada para esta modalidad y la persona natural o
jurídica contratante que requiera el servicio. El contrato deberá contener,
como mínimo, las condiciones, obligaciones y deberes pactados por las
partes, de conformidad con las formalidades previstas por el Ministerio de
Transporte y lo señalado en el presente capítulo.
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Los contratos suscritos para la prestación del Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor Especial deberán ser reportados a la Superintendencia
de Puertos y Transporte y al Sistema de Información que para el efecto
establezca el Ministerio de Transporte, con la información y en los términos
que este determine.
Parágrafo 2o. El transporte especial de pasajeros, en sus diferentes
servicios, no podrá contratarse ni prestarse a través de operadores turísticos,
salvo en aquellos casos en los que el operador turístico esté habilitado como
empresa de transporte especial”.
Nótese de lo dicho que existen dos claros parámetros de diferenciación entre las
modalidades de transporte a que se ha hecho referencia y el que ocupa el
examen de legalidad, cuales son: el destinatario del servicio de transporte y la
formalidad en la contratación del servicio, cuestión que evidentemente justifica un
trato disímil.
Bajo tal perspectiva, y atenidos a la evolución del concepto de servicio especial de
transporte, lo que se halla es que desde el comienzo de la reglamentación se
vislumbró este servicio como la manera de atender las necesidades especiales de
grupos poblacionales y que con el pasar del tiempo se ha circunscrito claramente
esa actividad a un grupo determinado o determinable de personas, caracterizado
por especiales condiciones, incluso, en su mayoría, de atención prioritaria.
Tal particularidad hizo que desde el comienzo de la reglamentación existiera la
necesidad de que la prestación del servicio fuese solemne, en tanto que está
sujeta a la celebración de un contrato escrito entre la empresa y el grupo de
personas a quienes atiende.
Esa circunstancia explica las exigencias que discute en esta sede el demandante
tales como las previstas en los numerales 7, 11, 16 y 17 del artículo 12 del
Decreto 431 de 2917, que vale la pena volver a traer a colación nuevamente:
“Artículo 12. Modifíquese el artículo 2.2.1.6.4.1 del Capítulo 6 del Título 1 de
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1079 de 2015, el cual quedará así:
“Artículo 2.2.1.6.4.1. Requisitos. Para obtener y mantener la habilitación para
la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial,
las empresas deberán presentar los documentos, demostrar y mantener los
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requisitos, cumplir las obligaciones y desarrollar los procesos que aseguren el
cumplimiento del objetivo definido en el artículo 2.2.1.6.1 del presente decreto.
Específicamente, deberán enviar por correo físico certificado o entregar ante la
Dirección Territorial competente los siguientes documentos:
(…)
7. Documento que contenga los programas de salud ocupacional y de
capacitación de los conductores y demás personal de la empresa.
(…)
11. Presentación e implementación de un sistema de comunicación
bidireccional entre la empresa y todos los conductores de los vehículos, y de
las soluciones tecnológicas destinadas a la gestión y control de la flota, así
como todos aquellos componentes que permitan la eficiente y oportuna
comunicación entre las partes.
(…)
16. Certificados de Gestión de Calidad NTC-ISO-9001 y Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud Ocupacional, NTC OHSAS 18001, expedido por un
organismo de certificación debidamente acreditado, de conformidad con las
disposiciones nacionales vigentes, haciendo énfasis en el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el presente capítulo.
Cuando la empresa solicite habilitación en la modalidad por primera vez, el
solicitante podrá presentar un contrato y cronograma de implementación del
Sistema de Gestión de Calidad, el cual no podrá exceder de los 24 meses
contados a partir de la fecha de la habilitación, y de 36 meses para el Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001). Dentro de
estos plazos, las empresas deberán obtener y presentar los certificados
respectivos.
Para las empresas habilitadas con anterioridad al 14 de marzo de 2017, se
otorgará un plazo máximo de 18 meses contados a partir de la fecha
mencionada, para tener implementado el Sistema de Gestión de Calidad, y de
36 meses para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
(OHSAS 18001).
17. Programa de control de infracciones a las normas de tránsito y transporte,
indicando la periodicidad con la que la empresa hará la verificación de este
aspecto, las sanciones internas establecidas para el control de reincidencias y
los programas de educación y prevención de infracciones.”
Se desprende de lo expuesto que la reglamentación atiende las directrices que
para ese efecto fijó el Legislador, por cuanto se trata de aspectos operativos, o lo
que el demandante llama laborales o de personal, lo que redunda en la no
prosperidad del cargo así esgrimido, toda vez que, como ya se vio, la autorización
para la delimitación de las modalidades y modos de transporte a través del
reglamento que expida el Ministerio de Transporte no sólo debe responder a
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parámetros técnicos sino también operacionales que no son otros que los de
organización estructural de las empresas, los de seguridad, y por supuesto, los de
capacidad transportadora y financiera.
Así las cosas, las exigencias relacionadas con la necesidad de contar con
programas de salud ocupacional y de capacitación de conductores y demás
personal de la empresa, la implementación de sistemas de comunicación
bidireccional entre la empresa y los conductores, los que determinan gestión de
calidad de acuerdo con los estándares internacionales como las normas ISO u
OHSAS y el de control de infracciones a normas de tránsito, no son más que el
correcto desarrollo del mandato legal visto en los artículos 11 y 12 de la Ley 336
de 1996 en concordancia con lo establecido en el numeral 6 del artículo 3º y el 5º
de la Ley 105 de 1993, que en nada resultan excesivos y que en su mayoría
venían fijados desde reglamentaciones previas23. Por el contrario, tales
23 El Decreto 174 de 2001, por ejemplo, requería para la habilitación de una empresa de servicio
público de transporte especial lo siguiente:
“Artículo 13. Requisitos. ara obtener la habilitación y la autorización para la prestación del
servicio en la modalidad del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, las
empresas deberán acreditar los siguientes requisitos, que aseguren el cumplimiento del objetivo
definido en el artículo 1o. del presente decreto:
(…)
4. Descripción de la estructura organizacional de la empresa relacionando la preparación
especializada y/o la experiencia laboral del personal administrativo, profesional, técnico y tecnólogo
contratado por la empresa.
(…)
10. Sistema de comunicación bidireccional entre la empresa y todos los vehículos”.
El Decreto 348 de 2015, definió con más precisón los requisitos así:
“Artículo 19. Requisitos. Para obtener la habilitación para la prestación del Servicio Público de
Transporte Terrestre Automotor Especial, las empresas deberán demostrar y mantener los
siguientes requisitos, que aseguren el cumplimiento del objetivo definido en el artículo primero del
presente decreto:
(…)
a) Estructura administrativa, financiera y contable, integrada por personal idóneo para cumplir
como mínimo las siguientes funciones:
1. Adoptar y controlar el programa de reposición del parque automotor, con que contará la
empresa, que contenga la proyección financiera, administrativa y operativa.
2. Implementar un proceso de selección de conductores y personal administrativo.
3. Mantener la vinculación en nómina de la totalidad de los conductores necesarios.
4. Para la prestación del servicio, mediante contratos de trabajo y efectuar y controlar el pago de
las cotizaciones al sistema de seguridad social y parafiscales, de acuerdo con las normas legales
vigentes.
5. Registrar ante la Superintendencia de Puertos y Transporte los conductores activos y reportar
los cambios en tiempo real.
6. Diseñar y cumplir con los programas de salud ocupacional y de capacitación
2. Garantizar la comunicación bidireccional de cada vehículo con la empresa.
(…)
10. Presentación del sistema de comunicación bidireccional entre la empresa y todos los
conductores de los vehículos y las soluciones tecnológicas destinadas a la gestión y control de la
flota, así como todos aquellos componentes que permitan la eficiente y oportuna comunicación
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presupuestos se orientan a garantizar una prestación segura e idónea del servicio
de transporte especial, de tal suerte que se cumple con el fin para el cual se creó
esta modalidad y resulta suficiente y adecuada a las necesidades del tipo de
población que atiende, lo cual lleva a concluir que dada la justificación en esta
materia no hay infracción del derecho a la igualdad.
Por último, entiende la Sala que la razón por la cual se reprochó la validez del
artículo 42 del Decreto 431 de 2017, no está ligada al plazo que allí se dispone
para la acreditación de los presupuestos de habilitación sino a la ya expuesta
presunta insuficiencia de la motivación en el trato desigual y la supuesta
excesividad de los requisitos, cuestión que impone negar la pretensión de nulidad
de tal disposición prohijando el discernimiento que antecede.
7.5.3. Con miras a resolver la inconformidad presentada en relación con el
artículo 16 del acto censurado, la Sala estima conveniente recordar que el citado
acto introdujo los conceptos de capacidad transportadora global y operacional,
entendiendo por la primera el número de vehículos requeridos para atender las
necesidades de movilización; y por la segunda, el número de vehículos que
forman parte del parque automotor o de la flota que la empresa ocupa en el
desarrollo de su actividad.
La capacidad operacional, a su vez, se clasifica en fija, es decir, aquella que
corresponda a vehículos de propiedad de la empresa o adquiridos por
arrendamiento financiero o renting; o flotante, que se refiere a los vehículos de
propiedad de terceros que se vinculan a la empresa para la prestación del
servicio.
entre las partes, la cual deberá incluir la demostración del uso de herramientas tecnológicas y de
un centro de control.
(…)
15. Presentar Certificado de Gestión de Calidad NTC-ISO-9001, NTC OHSAS, expedido por un
organismo de certificación debidamente acreditado de conformidad con las disposiciones
nacionales vigentes, haciendo énfasis en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
presente Decreto.
Cuando la empresa solicite habilitación en la modalidad por primera vez, el solicitante de la
habilitación podrá presentar un contrato y cronograma de implementación del Sistema de Gestión
de Calidad, cronograma que no podrá exceder de los treinta y seis (36) meses contados a partir de
la fecha de la habilitación, plazo durante el cual la empresa deberá obtener y presentar el
Certificado de Gestión.
16. Programa de control de infracciones a conductores sobre las normas de tránsito y transporte.
(…)”
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Sobre tal capacidad operacional, el Decreto 431 de 2017 fijó que mínimo la
empresa debería ser propietaria del diez por ciento (10%) del total de los
vehículos. Así los dispuso expresamente:
“Artículo 16. Modifíquese el artículo 2.2.1.6.7.1 del Capítulo 6 del Título 1 de
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1079 de 2015, el cual quedará así:
“Artículo 2.2.1.6.7.1. Capacidad transportadora. La capacidad
transportadora puede ser global u operacional. La capacidad transportadora
Global es el número de vehículos que se requieren para atender las
necesidades de movilización, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 2.2.1.6.2.1 del presente decreto.
La capacidad transportadora operacional consiste en el número de vehículos
que forman parte del parque automotor o de la flota de vehículos que la
empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial
ocupa en el desarrollo de su actividad.
Las empresas de transporte público terrestre automotor especial deberán
acreditar, como mínimo, su propiedad sobre el 10% del total de los vehículos
que conforman su capacidad operacional.
Para la acreditación del porcentaje mínimo de vehículos exigidos de propiedad
de la empresa, se otorgarán los siguientes plazos:
31 de diciembre de 2017: Acreditar el 5%
31 de diciembre de 2018: Acreditar el 8%
31 de diciembre de 2019: Acreditar el 10%
El incumplimiento de los plazos señalados dará lugar a las sanciones
establecidas en las normas que rigen la materia.
Parágrafo 1o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.6.7.3 del
presente Decreto, las empresas no podrán solicitar el incremento de la
capacidad transportadora hasta tanto acrediten que son propietarias del 10%
del total de los vehículos que conforman su capacidad operacional.
Parágrafo 2o. La capacidad transportadora desde el punto de vista
operacional puede ser fija o flotante. Será fija toda aquella que corresponda a
vehículos de propiedad de la empresa o adquiridos por esta en arrendamiento
financiero o renting y será flotante toda aquella que corresponda a vehículos
de propiedad de terceros y que se vincule para la efectiva prestación del
servicio.
La capacidad transportadora fija no requiere de la celebración de contratos de
vinculación.
La capacidad transportadora flotante, por el contrario, sí requerirá de la
celebración de contratos de vinculación entre el propietario del vehículo y la
empresa de transporte”. (Aparte subrayado corresponde al acusado).
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Hasta ahora, la Sala no encuentra que tal normativa desborde el alcance de la
reglamentación sobre el servicio de transporte especial y menos que no se
encuentre justificado ese tratamiento, dado que nuevamente trascienden para el
caso las específicas particularidades de seguridad requeridas en su correcta y
eficiente prestación, máxime si se tiene en cuenta que se trata de una regulación
que propendió por equilibrar las normativas expedidas hasta ese entonces sobre
la materia, pues la contenida en el Decreto 348 de 2015 (compilada en el Decreto
1079 de 2015), era aún más rigurosa como quiera que exigía a estas empresas
acreditar la propiedad sobre un veinte por ciento (20%) del total de los vehículos
que conforman la capacidad transportadora fijada, por cada clase de vehículo, sin
consideración al número de automotores vinculados24; y por su parte, la primera
era muy flexible, debido a que requería el tres por ciento (3%) de la capacidad
transportadora de su propiedad y/o de sus socios, incluyendo allí los vehículos
adquiridos bajo la figura de arrendamiento financiero25, porcentaje este que se
24 “Artículo 32. Capacidad transportadora. Es el número de vehículos requeridos para la
adecuada y racional prestación de los servicios contratados en la modalidad de Transporte Público
Terrestre Automotor Especial.
Las empresas de Transporte Público Terrestre Automotor Especial deberán acreditar como mínimo
su propiedad sobre el veinte por ciento (20%) del total de los vehículos que conforman la
capacidad transportadora fijada, por cada clase de vehículo, sin consideración al número de
automotores vinculados.
Para la acreditación del porcentaje mínimo de vehículos exigido de propiedad de la empresa, se
tendrán en cuenta los vehículos de propiedad de los socios, como propietarios o locatarios,
siempre y cuando no supere el diez por ciento (10%) del total de la capacidad transportadora fijada
a la empresa de transporte.
Para demostrar el cumplimiento del requisito de la propiedad de los equipos, las empresas
constituidas como Cooperativas, podrán acreditar que los vehículos son de propiedad de los socios
de la cooperativa. En todo caso a nombre de la empresa cooperativa debe demostrase como
mínimo la propiedad de un 10% de los vehículos.
Parágrafo. Para la expedición o renovación de las tarjetas de operación, el Ministerio de
Transporte deberá verificar el cumplimiento del porcentaje mínimo de vehículos de propiedad de la
empresa, porcentaje que debe estar reflejado en el rubro equipos de los estados financieros, así
como la existencia del patrimonio líquido mínimo exigido en el presente decreto, sin perjuicio de las
validaciones que se efectuarán en el sistema RUNT sobre la propiedad del vehículo.”
25 “Artículo 33. Capacidad transportadora. Es el número de vehículos requeridos para la
adecuada y racional prestación de los servicios contratados.
Las empresas de transporte público terrestre automotor especial, deberán acreditar como mínimo
el tres por ciento (3%) de la capacidad transportadora fijada de su propiedad y/o de los socios, que
en ningún caso podrá ser inferior a un (1) vehículo, incluyéndose dentro de este porcentaje los
vehículos adquiridos bajo arrendamiento financiero a su nombre.
Para las empresas de economía solidaria este porcentaje podrá demostrarse con los vehículos de
propiedad de sus cooperados.
Si la capacidad transportadora fijada, de las empresas actualmente en funcionamiento, se
encuentra utilizada a su máximo, solamente será exigible el cumplimiento del porcentaje de
propiedad de la misma, cuando la empresa presente un nuevo plan de rodamiento en el que
demuestre la necesidad del ingreso de nuevas unidades de parque automotor a su capacidad
transportadora”.
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exigía para el servicio colectivo de pasajeros metropolitano, distrital y municipal26,
el prestado por carretera27 y el mixto28, sin consideración a las peculiaridades del
transporte especial y a la mayor responsabilidad en en el ejercicio de esta última
actividad.
Así pues, no se vislumbra desconocimiento del derecho a la igualdad.
7.5.4. Acerca del capital pagado y patrimonio líquido del que trata el numeral 13
del artículo 12 del Decreto enjuiciado, también observa la Sala justificada esa
modificación en atención a que el estudio y las mesas de trabajo que se llevaron a
cabo de manera previa a su expedición evidenciaron que existía una sobreoferta
en el mercado, y que correlativamente “muchas empresas se han habilitado en la
modalidad y solicitado asignaciones de capacidad transportadora que no han
logrado copar por la falta de trabajo para los vehículos que operan en la
modalidad”29, significando con ello que debía garantizarse un mínimo de solvencia
para asegurar, a su vez, el mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos
y cubrir los riesgos de una actividad que en sí misma es peligrosa, lo que hace
más exigente este requerimiento dadas las características de los sujetos que
moviliza.
Los siguientes datos estadísticos respaldaron la decisión que ahora se impugna
(Gráfica vista a folio 59 del Cuaderno de Antecedentes Administrativos):
26 Artículo 42 del Decreto 170 de 2001.
27 Artículo 48 del Decreto 171 de 2001.
28 Artículo 34 del Decreto 175 de 2001.
29 Folio 94 vuelto del Cuaderno de Antecedentes Administrativos que corresponde a la respuesta
dada por el Ministerio de Transporte a las observaciones efectuadas por la Superintendencia de
Industria y Comercio en cumplimiento del trámite previsto en el artículo 7º de la Ley 1340 de 2009.
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La necesidad de ajustar los mencionados ítems para la conceder la habilitación
también resultó del análisis efectuado sobre las empresas habilitadas pero que no
contaban con capacidad transportadora (folio 61 ibídem):
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Adicionalmente, se encontraron remanentes entre la capacidad transportadora
autorizada y la vinculada (folio 62 vuelto ibídem):
Del mencionado diagnóstico el estudio técnico arrojó, en lo pertinente, las
siguientes propuestas para el mejoramiento del servicio:
• “La demanda de transporte especial a nivel nacional es de
aproximadamente 3,692,194 viajes y la oferta de aproximadamente de
5.176.827, es decir, que existe una sobreoferta total del 29%.
• Estas bajas tasas de ocupación, obedecen a las condiciones y
comportamiento de la demanda y denotan un uso ineficiente de las
inversiones, situación que debe elevar los costos de los usuarios, pero que
también significan que la vida útil de los vehículos en términos de su
utilización puede extenderse. En este caso la vida útil está más condicionada
por la obsolescencia tecnológica.
• Mediante la presente consultoría se pudo determinar que en la actualidad
no existe demanda insatisfecha que permita tomar la determinación de
permitir la entrada de nuevos vehículos de clase automóvil, campero,
camioneta microbús, al parque automotor de las empresas que prestan el
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial.
• Por lo anterior esta suspensión debe mantenerse por un periodo adicional
de dos años y el Ministerio debe realizar un nuevo estudio que permita
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determinar si las condiciones de oferta y demanda han cambiado y sea
necesario satisfacer demanda insatisfecha”30.
A manera de correlato de lo enunciado es posible afirmar que la determinación del
capital pagado y patrimonio líquido que se censura sí cuenta con una justificación
técnica, cual es la de garantizar el curimiento económico de cualquier
eventualidad así como la prestación eficiente y cumplida del servicio de
transporte, dadas las condiciones de sobreoferta que se pusieron de presente
como antecedente para adoptar la medida prevista en los numerales 13 y 14 del
artículo 12 del Decreto 431 de 2017.
Colorario de lo expuesto es que la regulación que se discute tiene fundamento
técnico y por ello el trato desigual es justificado, lo que redunda en la
improsperidad del cargo por vulneración del derecho a la igualdad.
7.6. Vulneración del derecho a la libre competencia
Ahora bien, en relación con la presunta vulneración de los artículos 333 y 334
Superiores, lo que encuentra el Despacho es que, si bien por mandato
constitucional el Estado debe garantizar la libertad económica y la iniciativa
privada, también es cierto que, en virtud de las mismas normas, tales libertades no
son absolutas, sino que deben ajustarse a lo determinado en la Ley y los
reglamentos; ello con el fin de garantizar, entre otras, que, en ámbitos como el del
servicio público de transporte, se impida la competencia desleal y se promueva la
racionalización del servicio.
En ese contexto, se observa que el artículo 65 de la Ley 336 de 1996, habilitó al
Gobierno a expedir los reglamentos correspondientes, a efectos de armonizar las
relaciones equitativas entre los distintos elementos que intervienen en la
contratación y prestación del servicio público de transporte, utilizando los criterios
anotados. El artículo en cuestión es del siguiente tenor:
“Artículo 65.- El Gobierno Nacional expedirá los reglamentos
correspondientes, a efectos de armonizar las relaciones equitativas entre los
30 Folio 71 del Cuaderno de Antecedentes.
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distintos elementos que intervienen en la contratación y prestación del servicio
público de transporte, con criterios que impidan la competencia desleal y
promuevan la racionalización del mercado de transporte.” (Subrayas del
Despacho).
Siendo ello así, lo que se evidencia es que existe un argumento que lleva a limitar
este tipo de libertades, cual es el de intervenir el mercado a fin de racionalizar el
servicio de transporte, en tanto que la cartera ministerial demandada advirtió que
la modalidad de Transporte Automotor Especial presenta una sobreoferta
importante, pues las empresas habilitadas no han logrado copar su capacidad
transportadora, por falta de demanda.
Es menester indicar que la Corte Constitucional, en sentencia C- 579 de 1999 al
estudiar la constitucionalidad del mencionado artículo 65 de la Ley 336 de 1996,
sostuvo que su finalidad era la expedición de las normas necesarias para crear
relaciones equitativas entre los distintos participantes en la actividad del servicio
público de transporte; veamos:
“Las normas atacadas persiguen tanto garantizarle a los conductores de los
equipos de transporte condiciones dignas de trabajo y el pago de sus
acreencias laborales, como regular las relaciones entre los distintos sujetos
intervinientes en esa actividad, con el fin de que se ajusten a criterios de
equidad. Por eso es que se establece que los conductores deben ser
contratados directamente por las empresas, que éstas responden
solidariamente con los dueños de los equipos ante aquéllos y que el Gobierno
debe expedir las normas necesarias para crear relaciones equitativas entre los
distintos participantes en la actividad del servicio público del transporte. Con la
expedición de estas disposiciones el Congreso materializa la definición del
Estado colombiano como un Estado social, en la medida en que intenta
regular las relaciones que se generan alrededor de la actividad del transporte
y proteger los derechos de los trabajadores. Este fin puede perseguirse de
distintas maneras o a través de distintas regulaciones. La ley ha optado por las
que se analizan y la Corte no encuentra ningún motivo para declarar su
inconstitucionalidad total o parcial ni para condicionar su declaración de
exequibilidad. Y si bien se podría argumentar que las disposiciones no son
adecuadas o convenientes, o no consultan las condiciones del sector, lo cierto
es que ese tipo de análisis es extraño a la Corte, la cual debe concentrar su
estudio en el examen de sí las normas acusadas vulneran el texto
constitucional.” (Subrayas de la Sala).
Ahora, no debe perderse de vista que la premisa de la cual parte el accionante no
puede servir de sustento para la definición del cargo de violación del derecho a la
libre competencia, debido a que supone una situación de desventaja de las
empresas de transporte especial frente a las demás modalidades, circunstancia
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que es a todas luces improcedente pues lo cierto es que el mercado del cual se
sirve el servicio colectivo de pasajeros metropolitano, distrital y municipal no es el
mismo al que pretende llegar el servicio especial de transporte, ni el de taxi, ni el
mixto y menos el de pasajeros por carretera.
Es claro para la Sala que todas las modalidades del servicio público de transporte
terrestre tienen como objetivo la movilización de un lugar a otro de personas o de
cosas; no obstante, cada una cuenta con características propias que son
precisamente las que vienen a ser reglamentadas por el Ministerio de Transporte
en cuerpos normativos como el que se acusa, en el que mas que atentar contra
los derechos de los usuarios, como lo percibe el actor, lo que busca es garantizar
la eficiencia en la prestación del servicio y la salvaguarda de los intereses de la
comunidad a través de requerimientos de orden técnico y operacional, tal y como
quedó deslindado en todo el desenlace de la presente providencia.
En consecuencia, tampoco prospera este cargo, y entonces implica que la Sala
emita una sentencia desestimatoria como en efecto pasa a resolverse.
7.7. Costas
Visto el artículo 188 del CPACA31, la Sala considera que no hay lugar a imponer
condena en costas teniendo en cuenta que el presente asunto fue promovido en
ejercicio del medio de control de nulidad, el cual tiene por objeto la protección del
ordenamiento jurídico en abstracto, donde el interés que mueve al actor es público
y no es otro distinto al de defender la prevalencia del principio de legalidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA:
31 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.”
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PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el Consejero
de Estado Germán Eduardo Osorio Cifuentes, de conformidad con lo previsto en la
parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme a las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Ejecutoriada la providencia se ordena el archivo del proceso, dejando
las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión del 5 de junio de 2025.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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