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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2017-00292-00

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2017-00292-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. NEGAR las pretensiones de nulidad de la demanda, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. SIN CONDENA EN COSTAS en atención a lo señalado en precedencia. TERCERO. Una vez en firme esta decisión, la Secretaría procederá al archivo del expediente, con las constancias de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2017-00292-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00292 00
Demandante: CABIFY Transporte S.A.S.
Demandados: Presidencia de la República y Ministerio de Transporte
Medio de control: Nulidad
Tema: Regulación de convenios de colaboración empresarial para la
prestación del servicio público de transporte terrestre
automotor especial
Decisión: Niega las pretensiones de la demanda. Sin condena en costas

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la demanda de la referencia, instaurada en ejercicio del medio
de control de nulidad, por la empresa CABIFY Transporte S.A.S., por medio de apoderada
judicial, contra apartes del artículo 9 del Decreto 431 de 2017, mediante el cual se
adicionó el parágrafo tercero del artículo 2.2.1.6.3.4. del Decreto 1079 de 2015.

I. LA DEMANDA

1.1. Pretensiones

La demanda tiene las siguientes pretensiones:

PRIMERA. - Que hasta tanto se resuelva la acción de nulidad interpuesta, se
DECLARE LA SUSPENSION PROVISIONAL1 parcial del artículo 9 del Decreto
431 de 2017, mediante el cual se adicionó el parágrafo tercero del artículo
2.2.1.6.3.4. del Decreto 1079 de 2015.

SEGUNDA. - Que se decrete la nulidad parcial del artículo 9 del Decreto 431
de 2017, mediante el cual se adicionó el parágrafo tercero del artículo
2.2.1.6.3.4. del Decreto 1079 de 2015.

1.2. El acto acusado

A continuación, se transcribe la disposición acusada (subrayado y en negrilla el parágrafo
demandado):

DECRETO 431 DE 2017

1 Por medio de auto del 16 de mayo de 2019, el despacho ponente negó la medida cautelar solicitada. Ver

índice 27 de SAMAI. En el expediente digitalizado ver documento “ED - CdnoMedidaCautelar-2-
CuadernoMedidaCautelar.pdf”.

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00292 00
Demandante: CABIFY Transporte S.A.S.
Demandados: Presidencia de la República y Ministerio de Transporte

Por el cual se modifica y adiciona el Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2 del
Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, en relación con la prestación del Servicio
Público de Transporte Terrestre Automotor Especial y se dictan otras
disposiciones

[…]

ARTÍCULO 9º. Modifíquese el artículo 2.2.1.6.3.4 del Capítulo 6 del Título 1 de la
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, el cual quedará así:

«ARTÍCULO 2.2.1.6.3.4. Convenios de colaboración empresarial. Con el objeto
de posibilitar una eficiente racionalización en el uso del equipo automotor y la mejor
prestación del servicio, las empresas de esta modalidad podrán realizar convenios
de colaboración empresarial, según la reglamentación que establezca el Ministerio
de Transporte, y previo consentimiento de quien solicita y contrata el servicio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 984 del Código de Comercio, este
acuerdo no modificará las condiciones del contrato de transporte y se realizará
bajo la responsabilidad de la empresa de transporte a la que le han sido
contratados los servicios de transporte. Lo anterior, sin perjuicio de la
responsabilidad contractual solidaria que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
991 ibídem, existe entre la empresa a quien se contrató para la prestación del
servicio —transportador contractual— y la empresa que efectivamente realizó la
conducción de los pasajeros —transportador de hecho—.

En este evento, el transportador contractual deberá expedir el extracto único del
contrato y la acreditación de los demás documentos que soportan la operación,

PARÁGRAFO 1.º El transportador contractual y el transportador de hecho deberán
estar habilitados para la prestación del servicio en esta modalidad.

PARÁGRAFO 2º. Los convenios de colaboración empresarial deberán ser
reportados por el transportador contractual a la Superintendencia de Puertos y
Transporte y al Sistema de Información que para el efecto establezca el Ministerio
de Transporte.

Hasta tanto se implemente el Sistema de Información de que trata el presente
parágrafo, deberá entregarse al Ministerio de Transporte y a la Superintendencia
de Puertos y Transporte copia de dicho convenio.

PARÁGRAFO 3º. Ninguna de las empresas de transporte que participan en
convenios de colaboración empresarial podrá ofrecer o recibir en convenios
para la operación una flota superior al 30% de su parque automotor vinculado
y con tarjeta de operación vigente. Este porcentaje corresponde al porcentaje
máximo de flota que puede tener la empresa para uno o para la totalidad de
los convenios suscriba».

1.3. Fundamentos de hecho

La demandante narró que el ministro de Transporte Jorge Eduardo Rojas Giraldo
sancionó el Decreto 431 de 14 de marzo de 2017, “por el cual se modifica y adiciona el
Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1079 de 2015, en
relación con la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor
Especial, y se dictan otras disposiciones”, publicado en el Diario Oficial núm. 50175 de la
misma fecha.

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Radicado: 11001 03 24 000 2017 00292 00
Demandante: CABIFY Transporte S.A.S.
Demandados: Presidencia de la República y Ministerio de Transporte

Refirió que el Gobierno nacional expidió el Decreto 1079 de 2015, “por el cual se expide
el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte”, que compiló y derogó las normas
de carácter reglamentario que rigen el transporte, entre ellas las disposiciones del
Decreto 348 de 2015.

Indicó que, a través del Decreto 348 de 2015, el Gobierno nacional había reglamentado
el servicio público de transporte terrestre automotor especial y establecido los requisitos
que deben cumplir las empresas interesadas en obtener y mantener la habilitación en
esa modalidad, disposición posteriormente compilada y derogada por el Decreto 1079 de
2015.

Sostuvo que el Ministerio de Transporte consideró necesario modificar y adicionar el
Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, en relación con
la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor especial, bajo el
argumento de “optimizar y garantizar su adecuada aplicación”.

El Ministerio de Transporte, en virtud del artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, solicitó a la
Superintendencia de Industria y Comercio que rindiera concepto sobre el contenido del
Decreto 431 de 2017, y que esa entidad, mediante oficio del 8 de febrero de 2017, formuló
varias observaciones.

Destacó, en particular, la exigencia de “numerosos, minuciosos y, en algunos casos,
onerosos requisitos” para la habilitación y permanencia en el mercado de las empresas
de servicio público de transporte terrestre automotor especial, que podían llegar a
restringir de manera excesiva el principio de libertad de empresa; la restricción al
incremento de la capacidad transportadora global, que impedía la vigencia plena de las
leyes de oferta y demanda; y la prohibición de contratar en esa modalidad con juntas de
acción comunal, administradores y consejos de administración de conjuntos
residenciales, que en su parecer limitaba, de manera injustificada, la demanda de esos
grupos de usuarios.

Expuso que, frente a las observaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio,
el Ministerio de Transporte consideró que, por tratarse de una actividad peligrosa, el
Estado tiene el deber de regular la prestación del servicio público de transporte de manera
rigurosa y puede limitar legítimamente la libertad de empresa para garantizar la seguridad
de los usuarios y el bien común; que, de acuerdo con los estudios realizados por el sector,
la modalidad de transporte terrestre automotor especial presenta una sobreoferta
importante porque las empresas habilitadas no han logrado copar, por falta de demanda,
su capacidad transportadora; y que la prohibición para que las juntas de acción comunal,
los administradores y los consejos de administración de conjuntos residenciales contraten
esa modalidad es una medida necesaria para evitar que el servicio sea utilizado como
transporte terrestre automotor colectivo o individual de pasajeros.

Precisó, por último, que el acto administrativo objeto del medio de control es el artículo 9
del Decreto 431 de 2017, en cuanto adicionó el parágrafo 3° del artículo 2.2.1.6.3.4 del
Decreto 1079 de 2015.

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Demandante: CABIFY Transporte S.A.S.
Demandados: Presidencia de la República y Ministerio de Transporte

1.4. Normas violadas y concepto de violación

La demandante formuló un cargo único, que denominó "violación directa de la norma
superior en la que debió fundarse la decisión". Como normas violadas invocó los artículos
333 y 334 de la Constitución Política, el inciso primero del artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto
1079 de 2015 y el artículo 15 del Decreto 348 de 2015. En el desarrollo del cargo
mencionó, además, el artículo 3 de la Ley 105 de 1993 y los artículos 3 y 5 de la Ley 336
de 1996 como referentes del régimen del transporte.

El cargo se estructuró alrededor del concepto de intervención del Estado en la economía.
La demandante sostuvo que el transporte público es una actividad económica
encaminada a la movilización de personas o cosas a cambio de una contraprestación,
que se desarrolla bajo la dirección y regulación del Estado según los artículos 333 y 334
de la Constitución. Bajo esa premisa recorrió, uno a uno, los componentes de las
libertades económicas, con apoyo en jurisprudencia constitucional.

Sobre la libertad económica indicó que la Corte Constitucional la ha entendido como la
facultad de toda persona de realizar actividades de carácter económico con miras a crear,
mantener o incrementar un patrimonio, y que constituye uno de los fundamentos del
Estado Social de Derecho. Añadió que, aunque el Estado puede limitarla para proteger
el bien común, la limitación requiere previa autorización legal específica para cada sector,
debe ser seria y razonable, y no puede afectar el núcleo esencial de la actividad regulada.

Sobre la libertad de empresa la definió, con apoyo en la sentencia C-524 de 1995 de la
Corte Constitucional, como la libertad que se reconoce a los ciudadanos para destinar
bienes, principalmente de capital, a la realización de actividades económicas con vistas
a obtener un beneficio, y advirtió que las limitaciones a esta libertad son potencialmente
"más severas" que las de otras libertades constitucionales, pero siempre bajo la condición
de que sean serias y razonables.

Sobre la libre competencia sostuvo que consiste en la ausencia de obstáculos entre una
pluralidad de empresarios en el ejercicio de una actividad económica lícita, y que la Corte
Constitucional ha condensado sus garantías básicas en tres: la posibilidad de que los
agentes ejerzan una actividad económica libre, la libertad de ofrecer las condiciones y
ventajas comerciales que estimen oportunas, y la libertad de los consumidores para
contratar con cualquiera de los agentes oferentes.

En cuanto a la regulación de la libre competencia sostuvo que es un principio estructural
de la economía social de mercado, orientado tanto a la defensa de los intereses de los
empresarios como a la protección del interés público, que se materializa en mejor calidad
y mejores precios. Añadió que esa regulación se ha dirigido a tres tipos de prácticas
deshonestas: prácticas colusorias entre empresarios, abuso de posición dominante y
competencia desleal, y que su finalidad es evitar la consolidación de formas imperfectas
del mercado.

Al referirse al alcance conjunto de las libertades económicas, con apoyo en la sentencia
C-197 de 2012 de la Corte Constitucional, sintetizó que no son absolutas y que las
restricciones que se les impongan deben estar previamente autorizadas por la ley,
respetar el núcleo esencial de la libertad involucrada y responder a criterios de
razonabilidad y proporcionalidad.

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Sobre la intervención del Estado en la economía sostuvo que, si bien es
constitucionalmente admitida por el artículo 334, "no es discrecional" y requiere
autorización expresa en la ley que la habilite para cada sector; y que la restricción, cuando
proceda, solo puede afectar la libertad económica en la medida en que "así lo requiera el
interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación".

En relación con el núcleo esencial, con apoyo en la misma sentencia C-197 de 2012,
identificó como elementos que no pueden ser afectados el trato igual entre empresarios
en la misma posición, el derecho a concurrir al mercado o retirarse, la libertad de
organización interna, la libre iniciativa privada, el derecho a crear establecimientos de
comercio y el derecho a recibir un beneficio económico razonable2.

Con fundamento en lo expuesto, sostuvo que el servicio público de transporte terrestre
automotor especial, por definición del artículo 4 del Decreto 348 de 2015 (compilado en
el artículo 2.2.1.6.4 del Decreto 1079 de 2015), se presta a un grupo específico de
personas con características comunes y homogéneas, sin ruta, frecuencia ni horario
predeterminados por el Estado. Sostuvo, además, que el núcleo esencial de esa actividad
es la necesidad constante de generar demanda para incrementar los contratos de
transporte y así recibir un beneficio económico razonable, dado que el mercado de
contratos no es permanente y depende de la capacidad del empresario para
conseguirlos.

Explicó que los convenios de colaboración empresarial regulados en el inciso primero del
artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto 1079 de 2015, compilación del artículo 15 del Decreto 348
de 2015, tienen precisamente esa finalidad, en tanto permiten la "eficiente racionalización
en el uso del equipo automotor" cuando la demanda es variable y una empresa consigue
un contrato cuyo parque automotor supera el que tiene autorizado.

Sobre esa base sostuvo que el parágrafo 3° adicionado al artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto
1079 de 2015 por el artículo 9 del Decreto 431 de 2017 restringe la libertad económica y
afecta el núcleo esencial del servicio, en tanto el crecimiento y mantenimiento económico
de la empresa "ya no depende de la capacidad de mercadeo que tenga para la obtención
de contratos de transporte" sino de la capacidad de parque automotor autorizada por el
ministerio, con lo cual se "desdibuja por completo el sentido de la creación de la
modalidad de transporte terrestre automotor especial", que carece de rutas, frecuencias
y horarios y depende exclusivamente de una demanda variable.

Concluyó que la restricción es "absolutamente contraria" a la libertad de empresa y
libertad económica descritas en los artículos 333 y 334 de la Constitución, y que
"desborda bajo todos los parámetros" la facultad de intervención del Estado, en tanto
"cercena la posibilidad de crecimiento económico y mantenimiento del mismo". Añadió
que el tope obliga a las empresas a solicitar al ministerio la ampliación de la capacidad
transportadora, trámite que "puede tardar un tiempo considerable" y genera, mientras
tanto, "un grave detrimento patrimonial de la empresa".

2 En apoyo de estas tesis citó también, entre otras, las sentencias T-425 de 1992, C-524 de 1995, C-616

de 2001 y C-865 de 2004 de la Corte Constitucional, y la sentencia con radicación 11001-03-26-000-2015-
00022-00 (53057) del Consejo de Estado.

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Como reproche adicional sostuvo que la disposición es contraria al artículo 15 del Decreto
348 de 2015, porque desdibuja el sentido por el cual fueron creados los convenios de
colaboración empresarial, esto es, el racionamiento del parque automotor: al restringir el
porcentaje de los convenios, la norma obliga a las empresas a solicitar ampliación de
capacidad transportadora, capacidad que, en su parecer, no será utilizada de forma
permanente y generará sobreoferta de vehículos vinculados que evita precisamente la
racionalización pretendida por el reglamento.

Trajo a colación, como refuerzo, el concepto rendido por la Superintendencia de Industria
y Comercio el 8 de febrero de 2017 en el trámite de expedición del Decreto 431 de 2017
en cumplimiento del artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, en el que esa entidad advirtió que
el proyecto podía "restringir de manera excesiva el principio de libertad de empresa" y
que la restricción al incremento de la capacidad transportadora global "impide la vigencia
plena las leyes de oferta y demanda". Sostuvo que el Ministerio de Transporte "hizo caso
omiso" a esas recomendaciones.

En el cierre insistió en que, si una empresa lograra la ampliación de su parque automotor
para atender un contrato, al concluir el contrato los vehículos vinculados "entrarían a
arrojar pérdidas" si no se consigue una demanda equivalente, y que la medida iría
"absolutamente contra la economía social de mercado" en tanto afectaría a los tres
agentes que intervienen en ella: la empresa transportadora, que perdería el patrimonio
invertido; el Estado, que vería disminuido el impulso económico del país al crearse una
forma imperfecta del mercado por existir más oferta que demanda; y el trabajador, que
entraría en etapa de desempleo.

Añadió que esa forma imperfecta del mercado afectaría también, proporcionalmente, al
precio y al servicio, y que la restricción puede generar la cesación de actividades de las
empresas con parque automotor reducido y favorecer la formación de oligopolios "en
donde solo las empresas con grandes parques automotores podrían mantenerse a flote".

Calificó, en consecuencia, la medida como "desproporcional e irracional", tomada "sin
analizar el mercado, ni la actividad económica misma", y solicitó la nulidad parcial del
artículo 9 del Decreto 431 de 2017 en cuanto adicionó el parágrafo 3° del artículo
2.2.1.6.3.4 del Decreto 1079 de 2015.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.1. Ministerio de Transporte

El Ministerio de Transporte, por conducto de su apoderado, contestó la demanda para
oponerse a las pretensiones y solicitó al Consejo de Estado desestimarlas y "decretar la
exequibilidad" de la norma demandada, al considerar que no se encuentra en
contradicción con normas superiores3.

3 Visible en el índice 40 de SAMAI. En el expediente digitalizado ver en documento “_ED -
CuadernoPrincipal-1-CuadernoPrincipal.pdf”, pág. 61 y ss.

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Antes de entrar al análisis del acto acusado hizo un recorrido general por la acción de
nulidad simple, sus características y las causales previstas en el artículo 137 del CPACA,
y expuso el texto de la norma demandada y los fundamentos que la demandante
presentaba como base de la nulidad. Concluyó, sobre esa exposición, que "no se
encuentra que exista contradicción alguna" entre el parágrafo demandado y las normas
constitucionales y legales invocadas como violadas.

La demandada anotó que el manejo de cupos y habilitaciones de las empresas de
transporte especial está reglamentado por el Decreto 1079 de 2015 y que este, pese a
las modificaciones que ha recibido, entre ellas la del Decreto 431 de 2017, "mantiene
vigente la esencia del servicio especial de transporte de pasajeros que se encontraba
contenida en el Decreto 174 de 2001". Sobre esa base reprodujo el régimen de
habilitación de las empresas, los requisitos de capacidad financiera, la fijación e
incremento de la capacidad transportadora operacional y el carácter transitorio de la
capacidad transportadora flotante.

El Ministerio de Transporte insistió, en consecuencia, en que no existen razones legales
suficientes para tener por acreditada la contradicción alegada. Trajo a colación un
pronunciamiento sobre la carga argumentativa que pesa sobre quien demanda una
disposición, según el cual las razones del cargo deben ser "claras, ciertas, específicas,
pertinentes y suficientes", so pena de un "fallo inhibitorio por ineptitud sustancial del
escrito". Aplicó ese criterio al libelo y planteó que "sus razones se basan más en
supuestos y deducciones sobre las posibles afectaciones económicas que pueden llegar
a sufrir las empresas de transporte especial" por la limitación del 30% de la flota
vinculada.

La demandada desarrolló a continuación la naturaleza del servicio público de transporte.
Señaló que se trata de "una actividad económica sujeta a un alto grado de intervención
del Estado", que se presta por empresas organizadas y habilitadas, que exige capacidad
transportadora autorizada con vehículos propios o de terceros y que su carácter esencial
implica la prevalencia del interés general sobre el particular.

Con apoyo en la Ley 105 de 1993 y en la Ley 336 de 1996 destacó que la regulación, el
control y la vigilancia del transporte corresponden al Estado en los términos de los
artículos 333 y 334 de la Constitución Política. Agregó que catalogar el transporte como
servicio público deriva de la facultad del legislador para expedir leyes de intervención
económica y para regir la prestación de los servicios públicos, conforme a los artículos
334 y 150, numerales 21 y 23, de la Constitución Política.

De lo expuesto concluyó que "no existe violación alguna referente a las normas o
prestación de un servicio público esencial" y que "la norma demandada no está en
manera alguna violentando ni la prestación del servicio ni el ejercicio de la actividad" que
pueden desarrollar los particulares.

Precisó, sobre la finalidad de la medida, que limitar el número de automotores que se
ofrecen o se reciben en convenios de colaboración empresarial "no busca afectar la
prestación del servicio, la forma de trabajar de las empresas o la consecución de
contratos para este fin". Lo que se persigue, explicó, es que cada empresa cuente dentro
de su flota con los vehículos necesarios para su actividad, de modo que acuda a otras
empresas por efectiva necesidad y "no para actuar como empresarios que se dedican a
buscar contratos sin ejercer directamente la prestación del servicio para el cual se
encuentran habilitados".

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2.2. Presidencia de la República

La Presidencia de la República, vinculada al proceso en la audiencia inicial del 13 de
noviembre de 2020 y notificada por correo electrónico el 4 de febrero de 2021, allegó al
expediente el 3 de mayo de 2021 un escrito denominado "contestación de la demanda".
En la continuación de la audiencia inicial del 25 de abril de 2022, con fundamento en los
artículos 159 y 160 del CPACA, el despacho sustanciador constató que ese escrito no
había sido precedido de acto de apoderamiento o delegación, y dispuso tener como no
contestada la demanda. Interpuesto recurso de reposición, con oposición de la parte
demandante, el despacho sustanciador decidió no reponer y prescindir del escrito de
contestación de la demanda presentado por la entidad mencionada.

III. AUDIENCIA INICIAL

La audiencia inicial se surtió en dos sesiones. La primera se instaló el 13 de noviembre
de 2020, y en la etapa de saneamiento se descartó la ocurrencia de cosa juzgada,
acumulación de procesos4 y pleito pendiente.

Acto seguido, declaró de oficio la excepción previa del numeral 10 del artículo 100 del
CGP, no haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar, con
fundamento en que el acto acusado fue suscrito por el presidente de la República y el
ministro de Transporte y en que la representación del Gobierno nacional en las demandas
de nulidad contra actos administrativos recae en todas las personas que suscribieron el
acto. En consecuencia, ordenó vincular al presidente de la República, disponer su
notificación personal y correrle traslado de la demanda, y suspendió la audiencia y el
proceso hasta tanto se surtiera esa vinculación.

La continuación de la audiencia inicial se llevó a cabo el 25 de abril de 2022. Como el
Ministerio de Transporte no propuso excepciones previas ni mixtas, y las cuestiones
sobre cosa juzgada, acumulación y pleito pendiente habían sido descartadas en la
primera sesión, el despacho sustanciador fijó el litigio en los siguientes términos:

Si el Gobierno Nacional integrado para el asunto en concreto por la Presidencia de
la República y el Ministerio de Transporte, expidió el artículo 9 del Decreto 431 de
14 de marzo de 2017, 'Por medio del cual se modifica y adicional el Capítulo 6 del
Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1079 de 2015, en relación
con la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial,
y se dictan otras disposiciones', y compilado en el artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto
1079 de 26 de mayo del 2015, en contravía de lo dispuesto en los artículos 333 y
334 de la Constitución Política, el artículo 3 de la Ley 336 de 1996, el inciso primero
del artículo 2.2.1.6.3.4. y el artículo 2.2.1.6.4. del Decreto 1079 de 2015, que
compilaron los artículos 4 y 15 del Decreto 348 de 2015, respectivamente.

4 El despacho sustanciador identificó tres procesos previos contra el mismo Decreto 431 de 2017: los

expedientes 11001-03-24-000-2018-00079-00 y 11001-03-24-000-2019-00165-00, en trámite, y el 11001-
03-24-000-2019-00180-00, archivado por decisión del 28 de junio de 2019 que rechazó la demanda.
Descartó la acumulación de los dos primeros con el presente proceso porque estaba practicándose la
audiencia inicial de este radicado, oportunidad más allá de la cual el artículo 148 del CGP, por remisión del
artículo 306 del CPACA, no autoriza la acumulación.

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Demandante: CABIFY Transporte S.A.S.
Demandados: Presidencia de la República y Ministerio de Transporte

De advertirse que la disposición demandada se profirió infringiendo una, algunas
o todas las normas superiores invocadas en el libelo introductorio, se deberá
determinar si ello conduce a declarar la nulidad del acto cuestionado.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

4.1. CABIFY Transporte S.A.S.

La demandante, dentro del término común concedido en la audiencia inicial, presentó
alegatos de conclusión donde reiteró los planteamientos de la demanda. Reprodujo la
relación de hechos, recorrió nuevamente el desarrollo del cargo único a través de las
subsecciones sobre libertad económica, libertad de empresa, libre competencia y su
regulación, alcance conjunto de las libertades económicas, intervención del Estado y
núcleo esencial, con la misma jurisprudencia constitucional y la misma aplicación al caso
concreto.

En síntesis, en los mismos términos de la demanda, planteó que el parágrafo 3° del
artículo 9 del Decreto 431 de 2017 restringe la libertad económica, afecta el núcleo
esencial del servicio, contradice el sentido del inciso primero del artículo 2.2.1.6.3.4 del
Decreto 1079 de 2015, y calificó la medida como desproporcional e irracional. Reiteró,
que el Ministerio de Transporte "hizo caso omiso" del concepto de la Superintendencia
de Industria y Comercio del 8 de febrero de 2017.

4.2. Ministerio de Transporte

El Ministerio, dentro del término, presentó alegatos de conclusión insistiendo en las
manifestaciones efectuadas en la contestación de la demanda. Solicitó desestimar las
pretensiones y "decretar la exequibilidad" de la norma demandada.

Repitió que "no se encuentra contradicción alguna" entre el parágrafo demandado y las
normas invocadas como violadas, y sostuvo que la carga argumentativa de una demanda
de nulidad por infracción de normas superiores exige que los cargos sean claros, ciertos,
específicos, pertinentes y suficientes. Aplicando ese criterio, calificó las razones del libelo
como fundadas "más en supuestos y deducciones sobre las posibles afectaciones
económicas" que pueden llegar a sufrir las empresas de transporte especial por el tope
del treinta por ciento, y agregó que se trata de "deducción o apreciaciones personales de
la parte accionante" sobre posibles consecuencias.

Reiteró que el servicio público de transporte es una actividad económica sujeta a un alto
grado de intervención del Estado, se presta por empresas habilitadas con capacidad
transportadora autorizada, y que corresponde al Estado la regulación, control y vigilancia
del sector en los términos de los artículos 333 y 334 de la Constitución, la Ley 105 de
1993 y la Ley 336 de 1996.

Para cerrar, sobre la finalidad de la medida, señaló que limitar el número de automotores
que se ofrecen o se reciben en convenios de colaboración empresarial "no busca afectar
la prestación del servicio, la forma de trabajar de las empresas o la consecución de
contratos", sino que las empresas cuenten dentro de su flota con los vehículos necesarios

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para su actividad y acudan a otras por efectiva necesidad y "no para actuar como
empresarios que se dedican a buscar contratos sin ejercer directamente la prestación del
servicio para el cual se encuentran habilitados". Agregó que la norma "busca es la
racionalización de las empresas de transporte especial y los acuerdos empresariales
entre las mismas".

4.3. Presidencia de la República

La Presidencia, dentro del término, presentó alegatos de conclusión a través de
apoderada. Reprodujo la fijación del litigio efectuada en la audiencia inicial del 25 de abril
de 2022 y se opuso a la única pretensión de la demanda por considerar que carece "de
fundamento constitucional, legal y fáctico".

Recordó que la demandante fundamenta la nulidad en la presunta vulneración de los
artículos 333 y 334 de la Constitución y en que el parágrafo demandado restringe
arbitrariamente el núcleo esencial del derecho de libertad de empresa. Transcribió el texto
del artículo 9 del Decreto 431 de 2017 y las consideraciones que sustentaron su
expedición.

En cuanto al fondo argumentó, a partir de los artículos 333 y 334 de la Constitución, que
la libertad económica y la iniciativa privada no son absolutas, sino que están supeditadas
al bien común e implican responsabilidades, y que el Estado tiene "el derecho y el deber"
de limitarlas.

Invocó como fundamento legal específico de la potestad reglamentaria ejercida el artículo
65 de la Ley 336 de 1996, según el cual el Gobierno nacional expedirá los reglamentos
correspondientes para armonizar las relaciones entre los distintos elementos que
intervienen en la contratación y prestación del servicio público de transporte, "con criterios
que impidan la competencia desleal y promuevan la racionalización del mercado de
transporte".

Finalmente, sostuvo que la norma acusada fue expedida por las autoridades competentes
en ejercicio de esas facultades legales y que el eventual perjuicio económico de una
empresa como la demandante no es adjudicable al Estado sino consecuencia de una
intervención en la economía dirigida a racionalizar un mercado sobre ofertado.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Agente del Ministerio Público no rindió concepto.

VI. DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el
asunto sub-lite, previas las siguientes

VII. CONSIDERACIONES

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7.1. Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 137 y 149.1 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 2019 (modificado por el artículo 1º del Acuerdo núm. 434 de 2024),
expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer en única instancia del presente asunto.

7.2. Planteamiento

El debate planteado por las partes en este proceso se concentra en la causal de nulidad
por infracción de las normas superiores en que el acto debía fundarse. La controversia
se delimita a continuación en los términos en los que efectivamente fue planteada.

Las partes coinciden en que el Gobierno nacional, integrado por la Presidencia de la
República y el Ministerio de Transporte, expidió el Decreto 431 de 2017 en ejercicio de la
potestad reglamentaria; en que el artículo 9 de ese decreto adicionó el parágrafo 3° del
artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto 1079 de 2015, fijando en el 30% del parque automotor
vinculado el tope de flota que las empresas de transporte terrestre automotor especial
pueden ofrecer o recibir en convenios de colaboración empresarial; y en que las
libertades económicas reconocidas en los artículos 333 y 334 de la Constitución no son
absolutas.

La discrepancia recae sobre si la existencia misma de un tope al intercambio de flota en
convenios de colaboración empresarial desconoce las normas superiores invocadas.

La demandante sostiene que la restricción afecta el núcleo esencial del servicio, en tanto
hace que el crecimiento de las empresas de transporte especial ya no dependa de su
capacidad para conseguir contratos en el mercado sino de la capacidad transportadora
que les autorice el Ministerio de Transporte, con lo que desdibuja el sentido mismo de la
modalidad y de los convenios de colaboración empresarial. En su criterio, el límite
impuesto constituye una intervención desproporcionada e irrazonable que desconoce las
libertades económicas protegidas por los artículos 333 y 334 de la Constitución y
contradice las disposiciones que regulan la prestación del servicio y los convenios de
colaboración empresarial.

El Ministerio de Transporte sostiene que no existe contradicción entre el parágrafo
demandado y las normas invocadas como violadas y que las razones de la demanda se
apoyan “más en supuestos y deducciones sobre las posibles afectaciones económicas”
que en un cotejo jurídico. Afirma que el servicio público de transporte es una actividad
económica sometida a un alto grado de intervención estatal y que la limitación
cuestionada procura que cada empresa cuente dentro de su flota con los vehículos
necesarios para desarrollar la actividad para la cual fue habilitada y acuda a los convenios
de colaboración por efectiva necesidad, con el propósito de racionalizar la prestación del
servicio.

Así, conforme a la fijación del litigio, la Sala debe determinar si el parágrafo 3° del artículo
2.2.1.6.3.4 del Decreto 1079 de 2015, adicionado por el artículo 9 del Decreto 431 de
2017, al limitar al 30% del parque automotor vinculado y con tarjeta de operación vigente
la flota que las empresas de transporte terrestre automotor especial pueden ofrecer o
recibir mediante convenios de colaboración empresarial, infringe los artículos 333 y 334

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de la Constitución Política, el artículo 3 de la Ley 336 de 1996 y los artículos 2.2.1.6.3.4,
inciso primero, y 2.2.1.6.4 del Decreto 1079 de 2015 y, en caso afirmativo, si esa
infracción conduce a declarar su nulidad.

7.3. Análisis de la Sala

De la infracción de las normas en que debía fundarse el acto demandado

Los artículos 333 y 334 de la Constitución Política reconocen las libertades económicas
y, al mismo tiempo, establecen los fundamentos y límites de la intervención del Estado
en la economía.

El artículo 333 dispone que la actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro
de los límites del bien común; que para su ejercicio nadie podrá exigir permisos previos
ni requisitos sin autorización de la ley; que la libre competencia económica es un derecho
de todos que supone responsabilidades; y que la empresa, como base del desarrollo,
tiene una función social que implica obligaciones. La misma disposición establece que el
Estado impedirá que se obstruya o restrinja la libertad económica y evitará o controlará
los abusos de posición dominante, y que la ley delimitará el alcance de aquella cuando
así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.

Por su parte, el artículo 334 atribuye al Estado la dirección general de la economía y
dispone que este intervendrá, por mandato de la ley, entre otros ámbitos, en la
producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y
privados, con el propósito de racionalizar la economía y conseguir, en el plano nacional
y territorial, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y la distribución
equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo.

De estas disposiciones se desprende que el ordenamiento constitucional reconoce la
iniciativa privada, la libertad de empresa y la libre competencia como elementos
esenciales del modelo económico, pero no les atribuye carácter absoluto. Su ejercicio se
encuentra sujeto a responsabilidades y puede ser objeto de intervención estatal cuando
exista habilitación normativa y la restricción responda a finalidades constitucionalmente
legítimas, sin que ello autorice la supresión o afectación arbitraria de tales libertades.

Sobre el particular, esta Sección ha señalado que la libertad económica y la libre
competencia no tienen carácter absoluto, pues su ejercicio está condicionado por el bien
común y el interés general. Asimismo, ha considerado que la intervención del Estado en
el transporte, mediante el establecimiento de condiciones relacionadas con la
habilitación, la solvencia económica o la capacidad técnica, constituye una forma legítima
de regulación del mercado cuando se dirige a asegurar la eficiencia, continuidad y
seguridad del servicio y no restringe de manera desproporcionada la libre competencia o
la iniciativa privada5.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de febrero

de 2026, radicación núm. 11001-03-24-000-2015-00395-00, C.P. Carlos Fernando Mantilla Navarro. “[L]a
libertad económica y la libre competencia no tienen carácter absoluto, pues su ejercicio se encuentra
condicionado al respeto del bien común y del interés general. La misma norma autoriza al Estado para
delimitar su alcance cuando lo exijan el interés social, la seguridad o el ambiente, lo cual habilita la
expedición de reglamentos que orienten la actividad económica hacia fines de utilidad pública o de
protección de los usuarios.

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En consecuencia, la circunstancia de que una regulación introduzca condiciones para el
ejercicio de una actividad económica no permite concluir, por sí sola, que exista
vulneración de los artículos 333 y 334 de la Constitución. El juicio de legalidad exige
establecer si la limitación encuentra sustento en el régimen que disciplina la actividad y
si, atendiendo a su finalidad, contenido y efectos, restringe injustificadamente el ejercicio
de las libertades económicas.

Ese análisis debe efectuarse en el presente asunto teniendo en cuenta las características
propias de la actividad regulada, pues la disposición acusada no recae sobre una
actividad económica sometida únicamente a las reglas generales del mercado, sino sobre
la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor especial.

Precisamente, el artículo 3° de la Ley 336 de 1996 dispone que, en la regulación del
transporte público, las autoridades competentes exigirán y verificarán las condiciones de
seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizar la eficiente prestación
del servicio y agrega que, en todo caso, “el Estado regulará y vigilará la industria del
transporte en los términos previstos en los artículos 333 y 334 de la Constitución Política”.

La disposición armoniza, entonces, los dos componentes que deben orientar el análisis:
de una parte, el reconocimiento de las libertades económicas consagradas en la
Constitución y, de otra, la intervención estatal que caracteriza la actividad transportadora.

En ese sentido, la Sección Primera ha precisado que el servicio público de transporte
terrestre automotor especial constituye una actividad de interés general y de naturaleza
reglada, sometida a la dirección, control y vigilancia del Estado. También ha destacado
que el artículo 2°, literal b), de la Ley 105 de 1993 atribuye al Estado la planeación,
control, regulación y vigilancia del transporte y de las actividades vinculadas a este,
mientras que el artículo 5° de la Ley 336 de 1996 califica el transporte público como un
servicio público esencial bajo regulación estatal, en el que prevalece el interés general
sobre el particular, especialmente en lo concerniente a la garantía de la prestación del
servicio y la protección de los usuarios6.

Así las cosas, la intervención del Estado en la regulación del transporte, mediante el establecimiento de
condiciones de habilitación, solvencia económica o capacidad técnica, constituye una forma de regulación
legítima del mercado, encaminada a asegurar la eficiencia, continuidad y seguridad del servicio, y no una
intromisión arbitraria en la libertad económica”.

6 Ibidem. “En primer término, debe recordarse que el servicio público de transporte terrestre automotor

especial constituye una actividad de interés general y de naturaleza reglada, sujeta a la dirección, control
y vigilancia del Estado. Así lo disponen los artículos 2 y 3 de la Ley 105 de 1993, y el artículo 5 de la Ley
336 de 1996, los cuales atribuyen al Gobierno Nacional la competencia para definir las condiciones de
operación, habilitación y seguridad del servicio.

El artículo 2 literal b) de la Ley 105 de 1993 establece expresamente el principio de intervención del Estado,
conforme al cual: «Corresponde al Estado la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del
transporte y de las actividades a él vinculadas».

Por su parte, el artículo 5 de la Ley 336 de 1996 prevé que el transporte público es un servicio público
esencial bajo la regulación del Estado, lo que implica la prelación del interés general sobre el particular,
especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y la protección de los usuarios, conforme
a los derechos y obligaciones que señale el reglamento para cada modo de transporte”.

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A su vez, el propio régimen del transporte terrestre automotor especial establece que las
empresas interesadas en obtener y mantener la habilitación deben operar de manera
eficiente, segura, oportuna y económica, con observancia, entre otros, de los principios
de libre competencia e iniciativa privada.

Dentro de ese marco se encuentran los convenios de colaboración empresarial regulados
por el artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto 1079 de 2015. Su inciso primero establece que las
empresas de transporte de esta modalidad podrán celebrarlos “con el objeto de posibilitar
una eficiente racionalización en el uso del equipo automotor y la mejor prestación del
servicio”.

Por tanto, el ordenamiento no concibe esos convenios de manera aislada de las restantes
condiciones que gobiernan la prestación del servicio. Se trata de un instrumento de
colaboración entre empresas habilitadas cuya finalidad normativa consiste en racionalizar
el uso del equipo automotor y contribuir a una mejor prestación del servicio. De hecho, la
misma disposición exige que tanto el transportador contractual como el transportador de
hecho se encuentren habilitados para prestar el servicio en esa modalidad y mantiene en
cabeza del primero la responsabilidad derivada del contrato de transporte.

Ahora bien, el reglamento distingue entre capacidad transportadora global y operacional
y define esta última como el número de vehículos que forman parte del parque automotor
o de la flota que la empresa utiliza en el desarrollo de su actividad.

A su vez, el parágrafo 2° del artículo 2.2.1.6.7.1 del Decreto 1079 de 2015 establece que
la capacidad transportadora operacional puede ser fija o flotante: la primera corresponde
a los vehículos de propiedad de la empresa, mientras que la segunda comprende los
vehículos de propiedad de terceros vinculados para la efectiva prestación del servicio y
requiere la celebración de contratos de vinculación entre el propietario del vehículo y la
empresa de transporte.

Esta Sección ya ha examinado disposiciones relacionadas con la capacidad
transportadora dentro de esta misma modalidad.

Al estudiar la regla que exigía acreditar la propiedad de un porcentaje de los vehículos
para incrementar dicha capacidad, consideró que su finalidad de asegurar un grado
mínimo de solvencia patrimonial y control operativo guardaba relación con la naturaleza
del servicio y que la exigencia no constituía una barrera que imposibilitara
razonablemente el ingreso o permanencia en el mercado.

Concluyó, por ello, que no se vulneraban la libertad de empresa ni la libre competencia,
pues la regulación no impedía participar en el mercado, sino que establecía condiciones
razonables y proporcionadas propias de una actividad reglada. Veamos:

La Sala evidencia que el artículo 2.2.1.6.7.3 del Decreto 1079 de 2015 establece,
como condición para incrementar la capacidad transportadora de las empresas de
transporte automotor especial, la acreditación de propiedad sobre el 20% de los
vehículos que conforman dicha capacidad. Esta disposición guarda coherencia con
lo ya exigido en el artículo 2.2.1.6.7.1 del mismo Decreto, que impone un requisito
similar para efectos de la habilitación inicial de la empresa. Su finalidad es asegurar
un mínimo grado de solvencia patrimonial y control operativo por parte de la empresa
que presta un servicio público esencial, como lo es el transporte.

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Bajo esa lógica, se advierte que la medida busca asegurar que las empresas tengan
algún nivel de compromiso patrimonial con la operación y que no dependan
enteramente de terceros, lo cual puede dificultar el control, la seguridad y la
continuidad del servicio. En este sentido, la medida es adecuada para alcanzar tales
fines. Y aunque existen otros medios para asegurar la seriedad empresarial (como el
patrimonio líquido mínimo o la vigencia de pólizas), la exigencia de propiedad parcial
cumple una función operativa directa. Además, no se exige la propiedad de la
totalidad del parque automotor, sino de un porcentaje reducido (20%). De modo que
no se trata de una barrera infranqueable ni de una exigencia que imposibilite
razonablemente el ingreso o permanencia en el mercado. De hecho, es una exigencia
que tiende a diferenciar a empresas organizadas de figuras de intermediación
precaria o fachada. En consecuencia, no se advierte una vulneración a la libertad de
empresa ni a la libre competencia, toda vez que la regulación no impide la
participación en el mercado, sino que establece condiciones razonables y
proporcionadas, propias de una actividad reglada, enmarcada dentro de la prestación
de un servicio público7.

En cuanto al contenido de la libre competencia, esta Sección ha precisado, además:

Ha estimado la Corte Constitucional que el núcleo esencial de la garantía prevista en
el artículo 333 Superior radica en la posibilidad de acceso al mercado por parte de los
oferentes sin que medien barreras injustificadas. La misma jurisprudencia ha
explicado que existe libre competencia cuando un conjunto de empresarios, en un
marco normativo de igualdad de condiciones, ponen sus esfuerzos, factores
empresariales y de producción, en la conquista de un mercado determinado, bajo el
supuesto de la ausencia de barreras de entrada o de otras prácticas restrictivas que
dificulten el ejercicio de una actividad económica lícita.

(…)

Tales consideraciones han sido útiles para demarcar las libertades básicas de los
participantes en el mercado, a saber: «a) la necesidad que los agentes del mercado
puedan ejercer una actividad económica libre, con las excepciones y restricciones
que por ley mantiene el Estado sobre determinadas actividades, b) la libertad de los
agentes competidores para ofrecer, en el marco de la ley, las condiciones y ventajas
comerciales que estimen oportunas, y c) la libertad de los consumidores o usuarios
para contratar con cualquiera de los agentes oferentes, los bienes o servicios que
requieren.».8

A partir de las anteriores premisas, la Sala no advierte que el acto demandado vulnere
las normas superiores invocadas.

La disposición acusada establece que ninguna de las empresas que participe en
convenios de colaboración empresarial podrá ofrecer o recibir para la operación una flota
superior al treinta por ciento (30 %) de su parque automotor vinculado y con tarjeta de
operación vigente, porcentaje que opera como máximo tanto para un convenio
individualmente considerado como para la totalidad de los convenios que suscriba.

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de enero

de 2026, radicación núm. 11001-03-24-000-2016-00511-00, C.P. Carlos Fernando Mantilla Navarro.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de

septiembre de 2025, radicación núm. 11001-03-24-000-2013-00080-00, C.P. (E) Germán Eduardo Osorio
Cifuentes.

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Del contenido del acto demandado se advierte que la medida introduce una limitación a
la forma en que las empresas pueden organizar los medios materiales con los cuales
atienden los contratos obtenidos en el mercado, pues impide que una proporción superior
al porcentaje señalado de la operación se cubra mediante vehículos ofrecidos o recibidos
a través de convenios de colaboración empresarial. Empero, esa incidencia sobre la
organización de la actividad empresarial no comporta, por sí misma, una vulneración de
la libertad económica o de empresa.

En primer lugar, el parágrafo acusado no impide el ingreso ni la permanencia de las
empresas habilitadas en el mercado del transporte terrestre automotor especial.
Tampoco restringe el número de contratos de transporte que pueden celebrar, ni
establece cuotas de mercado, mucho menos reserva la prestación del servicio a
determinados operadores, así como no introduce tratamientos diferenciados entre
empresas que se encuentren en la misma situación.

La regulación no reduce los convenios de colaboración empresarial. Por el contrario,
conserva la posibilidad de celebrarlos y permite que las empresas recurran a ellos hasta
el porcentaje fijado, de manera que el instrumento continúa cumpliendo su función de
facilitar el uso racional del equipo automotor cuando las necesidades de la operación
hagan necesaria la colaboración con otra empresa habilitada.

En segundo lugar, el límite cuestionado no puede examinarse aisladamente del régimen
de capacidad transportadora al que están sometidas las empresas de esta modalidad.
Como quedó expuesto, la reglamentación establece una relación entre los vehículos que
integran la operación de cada empresa y los contratos de transporte que esta atiende y,
además, contempla mecanismos para incrementar la capacidad operacional cuando la
demanda efectiva así lo justifique.

En ese contexto, no resulta contrario a las libertades económicas que el reglamento
establezca que los convenios de colaboración empresarial complementen, pero no
sustituyan de manera ilimitada, la capacidad transportadora de la empresa que celebra
los contratos de transporte.

La posibilidad de que una empresa consiga una demanda superior a la que puede atender
con su parque automotor no implica que las libertades económicas le confieran el derecho
a satisfacerla indefinidamente mediante vehículos correspondientes a la capacidad
operacional de otras empresas. La libertad de empresa protege la posibilidad de concurrir
al mercado y organizar una actividad económica, pero no excluye la sujeción del
empresario a las condiciones que disciplinan la prestación del servicio público en el cual
decidió participar.

De esta manera, si el volumen de contratación obtenido por una empresa demanda una
capacidad operacional superior a la que tiene autorizada, el régimen contempla la
posibilidad de incrementar esa capacidad cuando se cumplan las condiciones previstas
para ello, entre las cuales se encuentra precisamente la existencia de nuevos contratos
que garanticen la operación de los vehículos.

Como ya se indicó, la Sección ha considerado que vincular la capacidad transportadora
a la demanda efectiva constituye una forma de planeación racional del servicio que no
afecta injustificadamente la libertad de empresa9.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de enero

de 2026, radicación núm. 11001-03-24-000-2016-00511-00, C.P. Carlos Fernando Mantilla Navarro.

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En tercer lugar, la limitación tampoco contradice la finalidad prevista en el inciso primero
del artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto 1079 de 2015. La posibilidad de celebrar convenios
para lograr una “eficiente racionalización en el uso del equipo automotor” no significa que
la colaboración empresarial deba ser cuantitativamente ilimitada.

El inciso primero del artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto 1079 de 2015 reconoce el
instrumento y determina su finalidad, mientras que el parágrafo acusado establece una
condición cuantitativa para su utilización. En consecuencia, no existe contradicción entre
permitir la colaboración empresarial para racionalizar el uso del equipo automotor y
establecer, al mismo tiempo, un porcentaje máximo de flota que puede ofrecerse o
recibirse a través de ese mecanismo.

En cuarto lugar, las consecuencias económicas atribuidas a la limitación tampoco
permiten tener por demostrada la infracción de los artículos 333 y 334 de la Constitución,
comoquiera que no se acreditó que el tope del treinta por ciento impida a las empresas
obtener un beneficio económico razonable, las obligue a retirarse del mercado o haga
inviable el desarrollo de la actividad.

De igual manera, no se demostró que la disposición favorezca a determinados
operadores, excluya a las empresas con menor parque automotor, toda vez que el límite
se aplica a todas las empresas en función de un mismo porcentaje de su parque
automotor vinculado y con tarjeta de operación vigente.

Por ello, que una empresa con mayor capacidad transportadora pueda disponer, en
términos absolutos, de un número superior de vehículos para celebrar convenios
constituye una consecuencia de la diferente dimensión operacional de los agentes y no
de un tratamiento jurídico diferenciado establecido por la norma.

Estas circunstancias permiten descartar también la vulneración de la libre competencia,
pues el límite cuestionado no impide el acceso de los oferentes al mercado ni altera las
condiciones jurídicas de concurrencia entre las empresas habilitadas, teniendo en cuenta
que todas se encuentran sometidas a la misma regla porcentual. Tampoco les impide
ofrecer sus servicios, competir por la celebración de contratos de transporte o acudir a
los convenios de colaboración empresarial dentro de las condiciones previstas en el
reglamento. De esta manera, no se acreditó que la disposición introduzca una barrera
injustificada de entrada o una práctica restrictiva.

Además, corresponde señalar que la conclusión alcanzada no se ve modificada debido
al concepto emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio durante el trámite
de expedición del Decreto 431 de 2017. Si bien la demandante invocó las observaciones
formuladas por esa entidad para sostener que la regulación podía restringir
excesivamente la libertad de empresa y afectar las condiciones de oferta y demanda; lo
cierto es que la sola existencia de tales observaciones no revela la prosperidad del cargo
bajo estudio.

En efecto, el concepto rendido en ejercicio de la función de abogacía de la competencia
constituye un elemento relevante para valorar los posibles efectos de una regulación
sobre el mercado, pero las observaciones allí formuladas deben contrastarse con el
contenido concreto de la disposición sometida al control de legalidad y con el régimen
jurídico en el cual se inserta.

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En este caso, como quedó expuesto, no se acreditó que el límite del treinta por ciento
impida el acceso o la permanencia de las empresas en el mercado, suprima la posibilidad
de celebrar convenios de colaboración empresarial, establezca un tratamiento
diferenciado entre operadores o impida incrementar la capacidad transportadora cuando
la demanda efectiva lo justifique.

Por consiguiente, las observaciones de la Superintendencia no desvirtúan las razones
por las cuales la Sala considera que la limitación examinada constituye una medida de
racionalización compatible con las libertades económicas invocadas.

A lo anterior se agrega que carece de sustento la afirmación según la cual el Ministerio
de Transporte hizo caso omiso de las observaciones formuladas por la Superintendencia
de Industria y Comercio, teniendo en cuenta que en la parte considerativa del Decreto
431 de 2017 se dejó constancia expresa del concepto solicitado en cumplimiento del
artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, se identificaron las principales observaciones
formuladas por esa autoridad y, seguidamente, se expusieron las razones por las cuales
se estimó procedente mantener la regulación proyectada. Veamos:

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, el
Ministerio de Transporte solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio que
rindiera concepto sobre el presente acto administrativo. En oficio del 8 de febrero de
2017, esta entidad efectuó varias observaciones, entre las que cabe destacar: (i) la
exigencia de «numerosos, minuciosos y, en algunos casos, onerosos requisitos» para
la habilitación y permanencia en el mercado de las empresas de Servicio Público de
Transporte Terrestre Automotor Especial, que pueden llegar a restringir de manera
excesiva el principio de libertad de empresa; (ii) la restricción al incremento de la
capacidad transportadora global, lo que impide la vigencia plena de las leyes de oferta
y demanda; y (iii) la prohibición de contratar en la modalidad de Servicio Público de
Transporte Terrestre Automotor Especial con juntas de acción comunal*
administradores y consejos de administración de conjuntos residenciales, la cual
limita, en principio, de manera injustificada, la demanda de estos grupos de usuarios.

Que respecto de las observaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio,
el Ministerio de Transporte considera lo siguiente: (i) por tratarse de una actividad
peligrosa, el Estado tiene el deber de regular la prestación del servicio público de
transporte de manera rigurosa y, por tanto, puede limitar legítimamente la libertad de
empresa, para garantizar la seguridad de los usuarios y el bien común; (ii) de acuerdo
con los estudios realizados por el Sector, la modalidad de Transporte Terrestre
Automotor Especial presenta una sobreoferta importante, pues las empresas
habilitadas no han logrado copar, por falta de demanda, su capacidad transportadora;
y (iii) la prohibición para que las juntas de acción comunal, administradores y consejos
de administración de conjuntos residenciales puedan contratar el Servicio Público de
Transporte Terrestre Automotor Especial es una medida necesaria para evitar que
este servicio sea utilizado como transporte terrestre automotor colectivo o individual
de pasajeros.

De esta manera, se advierte que el Gobierno nacional conoció las observaciones de la
Superintendencia, las valoró y expresó las razones por las cuales se apartó de ellas.

Sobre este punto conviene recordar que, en anterior oportunidad, al resolver un
cuestionamiento relacionado con la valoración de las recomendaciones formuladas por
la Superintendencia de Industria y Comercio durante la expedición de una regulación del
sector transporte, esta Sección consideró:

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18

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00292 00
Demandante: CABIFY Transporte S.A.S.
Demandados: Presidencia de la República y Ministerio de Transporte

Ahora bien, la Sala no desconoce que la Superintendencia de Industria y Comercio
advirtió una potencial discriminación frente a usuarios que pretendieran adquirir un
vehículo por primera vez y recomendó sustituir la reposición por una subasta pública
u otro mecanismo menos restrictivo. Sin embargo, la existencia de esa
recomendación no conduce, por sí sola, a la nulidad del acto demandado. La entidad
demandada explicó que se apartaba de esa recomendación porque la subasta
suponía emitir cupos de ingreso vehicular, lo cual podía incrementar el parque
automotor, mientras que el mecanismo de reposición garantizaba que todo nuevo
ingreso estuviera asociado, como mínimo, a la salida de un vehículo. También
sostuvo que la subasta podía favorecer a quienes tuvieran mayor capacidad
económica para ganar la puja correspondiente.

En ese contexto, la Sala advierte que el Ministerio de Transporte no omitió el análisis
de competencia, sino que valoró la recomendación de la autoridad competente y
expresó las razones por las cuales optó por una medida distinta10.

Ese criterio resulta aplicable al presente asunto en cuanto pone de manifiesto que la
intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio en el trámite regulatorio no
supone que la autoridad competente deba acoger necesariamente sus observaciones.
Lo jurídicamente relevante, para efectos del reproche formulado, es que tales
observaciones hayan sido consideradas y que la decisión de adoptar una regulación
distinta responda a razones expresadas por la autoridad competente.

Con todo lo antes expuesto, la Sala considera que el límite previsto en el acto demandado
constituye una delimitación de la utilización de los convenios de colaboración empresarial
que no impide el acceso o permanencia de las empresas en el mercado, no elimina la
posibilidad de celebrar tales convenios ni les impide incrementar su capacidad
transportadora cuando exista una demanda que lo justifique.

Por consiguiente, no se acreditó que la regulación acusada restrinja injustificadamente
las libertades económicas antes mencionadas, ni que desconozca o contradiga las
demás normas invocadas en la demanda.

7.4. Costas

Visto el artículo 188 del CPACA11, la Sala considera que no hay lugar a imponer condena
en costas teniendo en cuenta que el presente asunto fue promovido en ejercicio del medio
de control de nulidad, el cual tiene por objeto la protección del ordenamiento jurídico en
abstracto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de junio

de 2026, radicación núm. 11001-03-24-000-2018-00081-00, C.P. Carlos Fernando Mantilla Navarro.

11 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil.”.

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19

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00292 00
Demandante: CABIFY Transporte S.A.S.
Demandados: Presidencia de la República y Ministerio de Transporte

FALLA

PRIMERO. NEGAR las pretensiones de nulidad de la demanda, de acuerdo con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. SIN CONDENA EN COSTAS en atención a lo señalado en precedencia.

TERCERO. Una vez en firme esta decisión, la Secretaría procederá al archivo del
expediente, con las constancias de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 3 de
septiembre de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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