Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2018-00081-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2018-00081-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2018-00081-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
25 de junio de 2026
Radicado: 11001 03 24 000 2018 00081 00
Demandante: Javier Perilla Hernández
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicación núm.: 11001 03 24 000 2018 00081 00
Actor: Javier Perilla Hernández
Demandados: Ministerio de Transporte
Tema: Asignación de matrículas de nuevos vehículos automotores y
reposición de los actuales, en el Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Decisión: Niega las pretensiones de la demanda. Sin condena en costas
SENTENCIA NULIDAD – ÚNICA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la demanda instaurada en ejercicio del medio de control de
nulidad promovido por el señor Javier Perilla Hernández contra los artículos 5, 6, 9 y 12
de la Resolución núm. 0005016 del 17 de noviembre de 2017, “Por la cual se reglamentan
los mecanismos para la asignación de las matrículas de nuevos vehículos automotores y
la reposición de los actuales, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina y se dictan otras disposiciones”, expedida por el Ministerio de Transporte.
I. LA DEMANDA
El 28 de febrero de 2018, el señor Javier Perilla Hernández presentó demanda, en
ejercicio del medio de control de nulidad establecido en el artículo 137 del Código del
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA),
contra los artículos 5, 6, 9 y 12 de la Resolución núm. 0005016 del 17 de noviembre de
2017, expedida por el Ministerio de Transporte, con el objeto de que se accedan a las
siguientes:
1.1. Pretensiones
3.1. SUSPENDER de manera provisional y hasta que se profiera sentencia que
resuelvan de fondo, los artículos 5, 6, 9 y 12 de la Resolución núm. 0005016 del 17
de noviembre de 2017, por los fundamentos expuestos en el acápite V de esta
demanda.
3.2. DECRETAR las demás medidas cautelares que el despacho considere
necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la
efectividad de la sentencia, conforme a los artículos 229 y siguientes del CPACA.
3.3. DECLARAR la nulidad de los artículos 5, 6, 9 y 12 de la Resolución núm. 0005016
del 17 de noviembre de 20171.
1 El expediente se encuentra digitalizado en el índice 63 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
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Demandante: Javier Perilla Hernández
1.2. El acto demandado
RESOLUCIÓN No. 5016
(17 NOV 2017)
Por la cual se reglamentan los mecanismos para la asignación de las matrículas de
nuevos vehículos automotores y la reposición de los actuales, en el Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina y se dictan otras disposiciones.
EL MINISTRO DE TRANSPORTE
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas
por el artículo 1 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 1383
de 2010, el parágrafo del artículo 182 de la Ley 1753 de 2015 y los numerales 6.1,
6.2 y 6.6 del artículo 6 del Decreto 087 de 2011, y
CONSIDERANDO
(…)
RESUELVE
(…)
Artículo 5. Obligación subsiguiente. Los vehículos que ingresen al Departamento de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina en virtud de un derecho de reposición
vehicular –DRV, estarán obligados a realizar el trámite de desintegración del vehículo,
una vez se cumpla el tiempo máximo de circulación establecido en la presente
Resolución. En caso de no adelantar dicho trámite dentro de los 30 días hábiles
siguientes al vencimiento del tiempo de uso establecido en la presente resolución,
perderán el derecho de ingreso de un vehículo en reposición.
Artículo 6. Equivalencias para reposición. Dentro de los tres (3) años siguientes a la
publicación de la presente Resolución, el Derecho de Reposición Vehicular –DRV se
otorgará a quienes efectúen el proceso de reposición, cumpliendo con las
equivalencias establecidas en el Anexo de la presente Resolución, el cual hace parte
integral de la misma.
Parágrafo. Seis (6) meses antes de finalizar el periodo contemplado en el presente
artículo, el Ministerio de Transporte, con el acompañamiento de la Gobernación
Departamental y previo concepto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
evaluará el impacto del ingreso de los vehículos al Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, bajo las condiciones establecidas en la
presente Resolución, con el fin de determinar la cantidad de vehículos que deberán
transitar y el procedimiento para la entrega de los derecho (sic) de reposición
vehicular – DRV, de tal manera que se promuevan procesos competitivos,
transparentes y que capturen la disposición a pagar de los usuarios. La Gobernación
podrá convocar dicha evaluación con anterioridad al periodo aquí señalado, si las
condiciones así lo exigen.
(…)
Artículo 9. Ingreso. El ingreso de vehículos automotores de transporte terrestre en el
Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
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únicamente podrá efectuarse por reposición, previo el cumplimiento de las siguientes
condiciones:
9.1. El vehículo a ingresar debe corresponder a modelos no superiores a cinco (5)
años contados desde la fecha de fabricación, lo cual se podrá acreditar con la
declaración de importación, el documento expedido por el fabricante o el número de
identificación vehicular VIN.
9.2. Se debe contar con el Derecho de Reposición Vehicular –DRV, otorgado por la
Secretaría de Movilidad del Departamento, o quien haga sus veces, en los términos
definidos en el artículo 4 de la presente Resolución.
9.3. El vehículo debe contar con el certificado de emisiones en prueba dinámica y
visto bueno del Protocolo de Montreal, expedido por la Agencia Nacional de Licencias
Ambientales. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible proveerá la
información pertinente a la Gobernación del Departamento, con el fin que esta
verifique el cumplimiento de este requisito.
9.4. Cuando se trate del ingreso de motocicletas, el motor de las mismas deberá ser,
como mínimo, de cuatro tiempos.
El interesado en ingresar un vehículo al Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina deberá presentar la solicitud escrita de ingreso del
vehículo ante la Gobernación del Departamento, lo cual siguiendo el procedimiento
dispuesto en el Título 2 Capítulo 1 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por la Ley 1755
de 2015, o la norma que la modifique, adicione o sustituya, validará la información
presentada y autorizará el ingreso del vehículo mediante acto administrativo. Copia
de dicho acto, deberá ser portado por la persona natural o jurídica responsable de
transportar el vehículo, para que se le permita su ingreso al Archipiélago.
(…)
Artículo 12. Tiempo máximo de circulación de los vehículos. Los vehículos que
ingresen, a partir de la publicación de la presente Resolución, al Departamento de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tendrán los siguientes tiempos de
circulación:
Parágrafo 1. El tiempo máximo de circulación se contará (sic) a partir del último día
del año del modelo del vehículo.
Para los vehículos de modelos anteriores que ingresen al Archipiélago, el tiempo
máximo de circulación establecido en el presente artículo se disminuirá en un (1) año.
Parágrafo 2. Una vez cumplido el tiempo máximo de circulación, el propietario del
vehículo deberá realizar el proceso de desintegración física total vehicular y adelantar
el trámite de cancelación de la matrícula. Lo anterior, sin perjuicio que el propietario
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de forma voluntaria desintegre el vehículo antes que se cumpla el tiempo máximo de
circulación establecido en la presente resolución2.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
El demandante sostuvo que el acto administrativo demandado vulnera los artículos 1°,
2°, 4°, 5°, 6°, 11, 24, 25, 28, 83, 84, 121, 122, 150, 189, 208, 310 y 333 de la Constitución
Política; el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; los principios
de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad; el artículo 2° de la Ley 105 de 1993; el
parágrafo del artículo 182 de la Ley 1753 de 2015; el artículo 1° de la Ley 1383 de 2010;
el artículo 66 de la Ley 336 de 1996; la Ley 47 de 1993; el artículo 5° de la Ley 915 de
2004; el artículo 3° de la Ley 1340 de 2009; y los artículos 1° y 2° del Decreto 2053 de
2003.
Infracción de norma superior
En primer lugar, adujo la vulneración de los artículos 1°, 2°, 4°, 5° y 6° de la Constitución
Política. Señaló que la resolución acusada impone cargas injustificadas, tales como la
obligación de adelantar trámites de desintegración al culminar el tiempo de circulación de
los vehículos, so pena de perder el derecho de ingreso por reposición, así como
restricciones al ingreso y circulación de determinados vehículos en el Archipiélago. En su
criterio, dichas medidas generan una discriminación arbitraria respecto de determinados
tipos de vehículos, de sus propietarios, comercializadores y consumidores, sin
fundamento científico válido, y desconocen los postulados del Estado Social de Derecho,
democrático, participativo y pluralista.
Indicó igualmente que las autoridades deben proteger los derechos de todas las personas
y no favorecer a determinados grupos en detrimento de otros, por lo que cuestionó la
afectación de la libertad de empresa, la libre locomoción y demás derechos
fundamentales de vendedores y consumidores de vehículos.
Asimismo, alegó que la resolución desconoce normas de superior jerarquía y suprime
libertades ciudadanas garantizadas constitucionalmente, imponiendo cargas
injustificadas a un grupo específico de ciudadanos. Agregó que la discriminación y
estigmatización que, según afirma, recae sobre los vehículos, las empresas y sus
consumidores desconoce la primacía de los derechos inalienables de la persona prevista
en el artículo 5° superior. También señaló que existe una extralimitación en el ejercicio
de las funciones por parte del Ministerio de Transporte, en tanto la entidad habría
desbordado el marco competencial que le fue asignado, aspecto que relacionó con el
cargo de falta de competencia.
En relación con los artículos 11, 24, 25 y 28 de la Constitución Política, afirmó que la
resolución afecta el derecho a la vida digna, el derecho al trabajo y el libre desarrollo de
la personalidad, al impedir que las personas, empresas y ciudadanos del Archipiélago
puedan adquirir, utilizar, vender o revender vehículos libremente y sin mayores
exigencias. Manifestó que el derecho a la libre circulación solo puede ser restringido por
la ley y no mediante un acto administrativo expedido por un ministro. Añadió que un gran
número de personas requiere de los vehículos como herramienta de trabajo, transporte y
2 Se realiza la transcripción con los probables errores de forma de la redacción original.
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generación de ingresos, razón por la cual las medidas cuestionadas afectan su
subsistencia y la de sus familias.
Del mismo modo, argumentó que las restricciones establecidas en el acto demandado
tienen vocación indefinida y desconocen el artículo 28 superior, conforme al cual no
pueden existir medidas de seguridad imprescriptibles.
Frente al artículo 83 de la Constitución Política, relativo al principio de confianza legítima,
expuso que la Corte Constitucional ha reconocido que dicho principio resulta aplicable a
las autoridades administrativas en el ejercicio de su potestad normativa. En ese contexto,
señaló que la resolución demandada modificó abruptamente las reglas bajo las cuales se
desarrollaba la comercialización de vehículos en el Archipiélago, actividad que hasta
entonces se encontraba sometida únicamente a limitaciones legales previamente
definidas. Afirmó que la figura de la reposición convierte la actividad comercial en una
actividad altamente reglada y restringida, tornando nugatorio el derecho a la libre
empresa de ensambladores, importadores, exportadores, distribuidores y
concesionarios.
Expuso que la administración no previó las consecuencias negativas que la medida
podría generar para el sector automotriz ni estableció mecanismos de transición,
gradualidad o compensación. Defendió que los agentes del sector habían realizado
cuantiosas inversiones y estructurado organizaciones empresariales bajo la expectativa
legítima de continuar desarrollando libremente su actividad económica, por lo que el
cambio abrupto de las reglas de juego afectó gravemente la operación comercial y
empresarial relacionada con el sector automotor.
Adujo igualmente que el desconocimiento de la confianza legítima afecta no solo a los
integrantes de la cadena de comercialización, sino también a los consumidores finales,
particularmente a quienes no poseen un vehículo y desean adquirir uno por primera vez,
pues la exigencia de reposición les impediría materialmente acceder a un automotor.
Añadió que tampoco se establecieron medidas de gradualidad, incentivos o mecanismos
alternativos que permitieran a los consumidores adquirir o sustituir vehículos en
condiciones razonables.
Respecto del artículo 84 de la Constitución Política, sostuvo que la resolución acusada
impone requisitos adicionales a los previstos en la ley para el desarrollo de actividades
económicas relacionadas con la comercialización y circulación de vehículos.
En cuanto a los artículos 121, 122, el numeral 7 del artículo 150, los numerales 14 y 17
del artículo 189, y los artículos 208 y 310 de la Constitución Política, aseveró que las
autoridades solo pueden ejercer las funciones expresamente atribuidas por la
Constitución y la ley.
Señaló que los artículos 1° y 2° del Decreto 2053 de 2003 no atribuyen al Ministerio de
Transporte competencia para limitar el ingreso y venta de vehículos en un territorio
determinado. Añadió que el artículo 310 superior reserva al legislador la facultad de
establecer limitaciones a los derechos de circulación y residencia en el Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, razón por la cual dicha
competencia no podría ser ejercida por los ministros mediante actos administrativos.
En relación con el artículo 333 de la Constitución Política, comentó que la libertad de
empresa constituye uno de los pilares de la economía de mercado y del desarrollo
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económico del país. Declaró que la resolución acusada interfiere indebidamente en la
iniciativa privada y en la actividad económica, al imponer el sistema de reposición como
requisito para la comercialización, matrícula, adquisición y disposición final de vehículos
en el Archipiélago. Indicó que dicha exigencia excede la autorización conferida por la Ley
1753 de 2015 y afecta particularmente a pequeños empresarios y comerciantes del sector
automotor.
Además, advirtió que la ley autorizó al ministerio para reglamentar los mecanismos de
asignación de matrículas de nuevos vehículos y reposición de los existentes únicamente
bajo ciertas condiciones, a saber: i) mediante procesos competitivos, tales como
subastas; ii) promoviendo la transparencia; iii) permitiendo capturar la disposición a pagar
de los usuarios; y iv) respetando los compromisos internacionales asumidos por
Colombia en materia comercial. Sin embargo, afirmó que la metodología adoptada en la
resolución acusada no satisface tales condiciones y constituye una intervención indirecta
en el sector económico, al crear un requisito indispensable para ingresar y comercializar
vehículos en la Isla.
De otra parte, arguyó que el acto acusado vulnera el artículo 13 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, así como el artículo 12 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, disposiciones que reconocen el derecho de toda persona a circular libremente
y que, en su criterio, integran el bloque de constitucionalidad en virtud del artículo 93 de
la Constitución Política.
Igualmente, debatió sobre el desconocimiento de los principios de proporcionalidad,
razonabilidad y necesidad, que, según su entendimiento, debían orientar la aplicación del
parágrafo del artículo 182 de la Ley 1753 de 2015. Reveló que, si bien la medida podría
considerarse idónea para alcanzar fines de protección ambiental, no satisface el principio
de necesidad, pues existían otras alternativas menos restrictivas e igualmente eficaces
para alcanzar la finalidad perseguida. Entre dichas alternativas mencionó la
implementación de subastas, medidas escalonadas, sistemas de cuotas o cupos,
controles sobre el parque automotor abandonado, mecanismos de retoma de
motocicletas usadas, restricciones ambientales como pico y placa o día sin carro,
incentivos al transporte público, estímulos al uso de la bicicleta y programas de
chatarrización vehicular. Señaló que ninguna de estas medidas fue considerada o
descartada de manera motivada en los considerandos de la resolución demandada.
Frente al artículo 2° de la Ley 105 de 1993, sostuvo que la resolución acusada restringe
la libre circulación de vehículos, pese a que dicha facultad excepcional corresponde
exclusivamente al legislador y solo puede ejercerse por razones de interés público.
Añadió que la medida carece de motivación suficiente que justifique la restricción
impuesta y cuestionó que la protección ambiental perseguida prevaleciera sobre otros
derechos fundamentales comprometidos.
En relación con el artículo 1° de la Ley 1383 de 2010, especificó que corresponde
exclusivamente al Código Nacional de Tránsito regular la circulación de vehículos y la
actuación de las autoridades de tránsito, razón por la cual el Ministerio de Transporte
carecía de competencia para prohibir o restringir el ingreso y circulación de vehículos
mediante una resolución. Añadió que las restricciones a la circulación previstas en la Ley
1811 de 2016 fueron establecidas directamente por el legislador y no por el ministerio.
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También alegó la vulneración del artículo 66 de la Ley 336 de 1996, al considerar que
dicha disposición no autoriza al ministerio para reglamentar la reposición vehicular ni
ordenar la desintegración física total de vehículos en las condiciones previstas en el acto
acusado.
Asimismo, invocó el desconocimiento de la Ley 47 de 1993 y el artículo 5° de la Ley 915
de 2004, normas que reconocen al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina con un régimen especial de puerto libre y establecen condiciones especiales
para el desarrollo económico y social del departamento, permitiendo el ingreso libre de
mercancías, bienes y servicios extranjeros, salvo las prohibiciones establecidas por la
ley.
Finalmente, indicó que la resolución vulnera el artículo 3° de la Ley 1340 de 2009, por
cuanto desconoce los principios de protección de la competencia, libre participación de
las empresas en el mercado, bienestar de los consumidores y eficiencia económica,
apartándose, según afirma, del concepto emitido por la Superintendencia de Industria y
Comercio mediante radicado 17279937-40 de 19 de septiembre de 2017. Así mismo,
reiteró que los artículos 1° y 2° del Decreto 2053 de 2003 no atribuyen al Ministerio de
Transporte competencia para limitar el ingreso y tránsito de vehículos al Archipiélago en
la forma prevista en la resolución demandada.
Falta de competencia
Argumentó que el ministro expidió la resolución acusada con fundamento en su
competencia ordinaria para expedir normas con reserva de ley. Sin embargo, en criterio
del demandante, con la forma en que reguló el ingreso de vehículos al Archipiélago
desbordó la competencia del ministerio, pues estableció una restricción que no había sido
prevista por la ley ni por los decretos reglamentarios.
Precisó que esa circunstancia comportaba un claro desbordamiento de la potestad
normativa del ministerio. En ese sentido, adujo que el ministro no tenía competencia legal
para proferir la resolución en los términos en que lo hizo y, por tanto, excedió la potestad
reglamentaria conferida por la ley.
Agregó que el Ministerio de Transporte carecía de competencia para expedir los actos
acusados en la forma en que lo hizo, por cuanto toda restricción a la actividad económica
es materia reservada a la ley, conforme al inciso cuarto del artículo 333 de la Constitución
Política. Por ello, aun cuando se hubiere conferido una delegación, esta debía ejercerse
estrictamente en los términos en que fue autorizada.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El Ministerio de Transporte se opuso a las pretensiones de la demanda y sostuvo la
legalidad de la Resolución núm. 0005016 de 17 de noviembre de 2017, al considerar que
fue expedida dentro del marco de competencias atribuido a dicha entidad y en
cumplimiento de las disposiciones legales orientadas a controlar el aumento del parque
automotor en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
En primer lugar, indicó que las razones que motivaron la expedición del acto acusado
obedecieron a la necesidad de privilegiar intereses generales relacionados con la
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protección de la salud y el medio ambiente, en beneficio de las comunidades raizales del
Archipiélago. En ese sentido, señaló que el artículo 79 de la Constitución Política
reconoce el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y atribuye al
Estado el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas
de especial importancia ecológica y fomentar la educación ambiental.
Así mismo, precisó que el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina fue
declarado Reserva de Biosfera por el Programa Hombre y Biosfera de la UNESCO el 10
de noviembre de 2000, circunstancia que impone la promoción de un modelo de
desarrollo sostenible, sustentable y armónico con el medio ambiente en dicho territorio
insular.
Adujo igualmente que, conforme con el estudio de consultoría contratado por el
Departamento Nacional de Planeación en el año 2015, cuyo objeto consistió en diseñar
el procedimiento y la metodología para la asignación de matrículas de vehículos nuevos
y de reposición, el parque automotor del Departamento ascendía a 34.210 vehículos, de
los cuales 7.199 ya habían superado su tiempo de uso, de manera que el parque
automotor efectivamente en circulación correspondía a 27.011 vehículos. Señaló que
dicha cifra equivalía a un índice de motorización de 255 vehículos por cada mil habitantes,
superior al promedio nacional, latinoamericano y mundial.
Manifestó también que la Gobernación del Departamento adelantaba un proceso de
censo vehicular con el propósito de determinar con precisión el número de vehículos
existentes en el Archipiélago y que, con fundamento en la información recopilada,
resultaba necesario reglamentar los mecanismos de asignación de matrículas y
establecer tiempos máximos de circulación de los vehículos, con el fin de garantizar la
renovación del parque automotor, incentivar el uso de combustibles menos
contaminantes y promover la salida de vehículos en desuso.
Indicó que, para la construcción de la resolución demandada, participaron el
Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
y la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
entidades con las cuales se desarrollaron varias mesas de trabajo durante el año 2017.
Agregó que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante oficio DAAA-
8241-E2-2017-027036 de 13 de septiembre de 2017, emitió concepto técnico favorable
respecto del cumplimiento del parágrafo del artículo 182 de la Ley 1753 de 2015, y
consideró pertinente que el Ministerio de Transporte adelantara las acciones necesarias
para establecer la regulación y condiciones para el ingreso de vehículos al Archipiélago,
teniendo en cuenta los compromisos asumidos por el Gobierno Nacional en materia de
cambio climático, prevención y control de la contaminación del aire y reducción de gases
de efecto invernadero.
De igual forma, señaló que, en cumplimiento del artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, se
solicitó concepto a la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que, mediante
radicado 17279937-40 de 19 de septiembre de 2017, advirtió que el mecanismo de
ingreso mediante reposición podría generar una potencial discriminación frente a quienes
desearan adquirir un vehículo por primera vez, razón por la cual recomendó sustituir dicho
mecanismo por uno de subasta pública u otro menos restrictivo.
No obstante, el Ministerio indicó que, mediante memorando 20171010163633 de 2017,
se apartó de dicha recomendación, al considerar que el mecanismo de subasta implicaría
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incrementar el parque automotor mediante la emisión de cupos de ingreso vehicular,
mientras que el sistema de reposición garantizaría que todo nuevo ingreso estuviera
asociado a la desintegración de al menos un vehículo, permitiendo incluso la reducción
del parque automotor. Añadió que el derecho de reposición era transferible y
comercializable, por lo que quienes desearan adquirir un vehículo por primera vez podían
adquirir dicho derecho de un tercero.
Explicó igualmente que el mecanismo de reposición no tenía carácter definitivo, pues su
vigencia fue prevista únicamente por tres años, período durante el cual se esperaba
disminuir el parque automotor y evaluar alternativas futuras para el ingreso de vehículos,
tales como las subastas. Añadió que el mecanismo de subasta también podría resultar
discriminatorio, en tanto favorecería únicamente a quienes tuvieran mayor capacidad
económica para acceder a los cupos de ingreso vehicular.
Así mismo, sostuvo que, en virtud de la Ley 962 de 2005 y del Decreto Ley 019 de 2012,
se solicitó concepto al Departamento Administrativo de la Función Pública, entidad que,
mediante oficio 20175010242241 de 3 de octubre de 2017, conceptuó que la regulación
se ajustaba a la política de racionalización de trámites.
Indicó además que el proyecto de resolución fue remitido a la Oficina Asesora Jurídica
del Ministerio de Transporte mediante memorandos 20171010106073 de 7 de julio de
2017 y 20171010163633 de 4 de octubre de 2017, y que el contenido del acto
administrativo fue publicado en la página web de la entidad, en cumplimiento de lo
dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, el Decreto 270 de 2017
y la Resolución 994 de 2017, con el propósito de recibir opiniones, comentarios y
propuestas alternativas.
Finalmente, sostuvo que la Resolución núm. 0005016 de 17 de noviembre de 2017 fue
expedida dentro de la competencia atribuida al Ministerio de Transporte y en
cumplimiento de las normas que imponían a dicha entidad el deber de adoptar medidas
encaminadas a evitar el incremento de vehículos automotores en el Archipiélago,
particularmente las previstas en la Ley 769 de 2002, modificada por la Ley 1383 de 2010,
la Ley 1753 de 2015 y demás disposiciones concordantes y aplicables en la materia.
III. FIJACIÓN DEL LITIGIO
Por medio de providencia del 23 de septiembre de 2022 se fijó el litigio en los siguientes
términos:
2.2.2.1. Infracción de las normas en que debía fundarse
2.2.2.1.1. Teniendo en cuenta lo que se defina en el cargo de infracción de las normas
en que debía fundarse, la Sala deberá determinar si la Resolución nro. 0005016 del
17 de noviembre de 2017, “Por la cual se reglamentan los mecanismos para la
asignación de las matrículas de nuevos vehículos automotores y la reposición de los
actuales, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y se dictan
otras disposiciones.”, expedida por el Ministerio de Transporte, fue emitida en
contravía de las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 11, 24, 25, 28,
83, 84, 121, 122, 150 numeral 7, 189 numerales 14 y 17, 208, 310, 333 y 334 de la
Constitución Política, artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
derecho que está consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, ratificado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968 en sus artículos 12 y
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22, parágrafo del artículo 182 de la Ley 1753 de 2015, el artículo 2 de la Ley 105 de
1993, artículo 1 de la Ley 1383 de 2010, artículo 66 de la Ley 336 de 1996, artículo 5
de la Ley 489 de 1998, la Ley 47 de 1993, artículo 5 Ley 915 de 2004, el artículo 3 de
la Ley 1340 de 2009, el Decreto 2762 de 1991 y el Decreto 2053 de 2003 artículos 1
y 2. Además los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad.
2.2.2.1.2. De advertirse que la disposición demandada se profirió infringiendo una,
algunas o todas las citadas disposiciones, se deberá establecer si ello conduce a
declarar la nulidad del acto cuestionado.
2.2.2.2. Cargo de falta de competencia
2.2.2.2.1. La parte actora alegó que el cargo en cita se configuraba en razón a que
Mintransporte expidió el acto demandado careciendo de competencia, circunstancia
que impone fijar el litigio, así:
2.2.2.2.2. La Sala deberá establecer si el Ministerio de Transporte actuó sin
competencia al expedir la Resolución nro. 0005016 del 17 de noviembre de 2017, por
haber actuado bajo las facultades propias del Congreso de la República,
desconociendo lo previsto en el artículo 150 de la Constitución política.
2.2.2.2.3. Dilucidado lo anterior, y de encontrar afirmativa la respuesta, tendrá que
resolverse si ello se enmarca en la causal de nulidad por falta de competencia. Y de
ser así, si conduce a estimar las pretensiones por esa razón3.
IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
El Ministerio de Transporte descorrió el traslado para alegar de conclusión reiterando
los argumentos expuestos de forma previa en el proceso.
La parte actora guardó silencio.
V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Agente del Ministerio Público rindió concepto en el cual solicitó que se negaran las
pretensiones de la demanda, al considerar que los artículos 5°, 6°, 9° y 12 de la
Resolución núm. 0005016 de 17 de noviembre de 2017 se ajustan a la Constitución y a
la ley.
En su criterio, los antecedentes administrativos allegados al expediente dan cuenta de la
justificación técnica y normativa del acto acusado, particularmente a partir de lo previsto
en el artículo 16 de la Ley 915 de 2004, relativo al ingreso de vehículos automotores al
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; del incremento del parque
automotor en dicho territorio; y de la expedición de la Ley 1753 de 2015, cuyo artículo
182 facultó al Ministerio de Transporte para determinar la cantidad, tipo y edad de los
vehículos que podrían ingresar, matricularse y transitar en el departamento, así como
para reglamentar los mecanismos de asignación de matrículas y reposición vehicular, con
el fin de proteger el medio ambiente, la seguridad vial, la sostenibilidad económica del
Archipiélago y el bienestar de residentes y turistas.
3 Visible a índice 53 de Samai.
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Precisó que dentro de los antecedentes del acto obra el concepto de viabilidad y
concordancia con la política de racionalización de trámites emitido por el Departamento
Nacional de Planeación. Agregó que el Departamento Nacional de Planeación hizo
referencia al estudio técnico contratado para dar cumplimiento al Plan Nacional de
Desarrollo, en el cual se concluyó que el parque automotor del Archipiélago correspondía
a 255 vehículos por cada mil habitantes, cifra superior al promedio nacional,
latinoamericano y mundial. Señaló que dicho estudio fue analizado por los Ministerios de
Transporte y de Ambiente y Desarrollo Sostenible y constituyó insumo técnico para la
adopción de la regulación demandada.
Añadió que, según el Departamento Nacional de Planeación, resultaba inminente la
necesidad de disminuir el parque automotor del Archipiélago, dado que su crecimiento
desmedido afectaba la sostenibilidad ambiental y la seguridad vial, razón por la cual el
requisito del derecho de reposición vehicular permitía cumplir el objetivo de disminuir y
modernizar el parque automotor existente.
Indicó igualmente que el estudio técnico allegado al expediente resaltó la problemática
derivada de los altos niveles de motorización y su impacto sobre el aire, el suelo, el agua
y el paisaje del Archipiélago, estimando un parque automotor total de 34.210 vehículos,
de los cuales 8.983 serían obsoletos, con un índice de motorización de 255 vehículos por
cada mil habitantes.
Así mismo, señaló que el memorando 20171010163633 de 4 de octubre de 2017 del
Ministerio de Transporte precisó que el derecho de reposición vehicular es transferible,
de manera que una persona interesada en adquirir un vehículo por primera vez podría
comprar dicho derecho a quien lo detente. Añadió que el ministerio consideró que la
misma crítica formulada frente al mecanismo de reposición resultaba aplicable al sistema
de subasta, dado que este último únicamente permitiría acceder a vehículos a quienes
contaran con mayor capacidad económica para participar exitosamente en el proceso.
Igualmente, expresó que el concepto técnico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible hizo referencia a las políticas de prevención y control de la contaminación del
aire y de cambio climático, así como a la problemática ambiental del Departamento,
indicando que gran parte de los vehículos ingresados provenían de Estados Unidos,
particularmente automotores adquiridos a bajo costo en remates de compañías
aseguradoras, circunstancia que incrementó considerablemente el parque automotor del
Archipiélago. En ese contexto, resaltó la necesidad de promover la eliminación de
vehículos en desuso y la renovación del parque automotor.
A partir de lo anterior, el Ministerio Público concluyó que el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible consideró pertinente que el Ministerio de Transporte adoptara las
medidas regulatorias necesarias para establecer las condiciones de ingreso de vehículos
al Archipiélago, teniendo en cuenta los compromisos del Gobierno Nacional en materia
de cambio climático, prevención y control de la contaminación del aire y reducción de
gases de efecto invernadero, incluyendo la priorización de tecnologías vehiculares
eléctricas.
Con fundamento en dichos antecedentes, el Ministerio Público estimó que, contrario a lo
sostenido por la parte actora, el acto demandado se ajusta a la Constitución y a la ley,
pues las normas invocadas como vulneradas fueron tenidas en cuenta al momento de su
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expedición y las medidas adoptadas obedecieron a criterios técnicos y a las
consideraciones que justificaron la regulación.
En relación con la competencia del Ministerio de Transporte, argumentó que la resolución
acusada fue expedida por la autoridad suprema de tránsito, en ejercicio de las facultades
conferidas por el artículo 1° de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 1° de la Ley
1383 de 2010, así como por el parágrafo del artículo 182 de la Ley 1753 de 2015,
disposición que autorizó expresamente al Ministerio para determinar la cantidad, tipo y
edad de los vehículos que podrían ingresar, matricularse y transitar en el Archipiélago, y
para reglamentar los mecanismos de asignación de matrículas y reposición vehicular.
Añadió que, conforme con el Decreto 087 de 2011, corresponde al Ministerio de
Transporte orientar, dirigir, coordinar, planificar, controlar y evaluar las funciones del
sector transporte; definir las políticas en materia de tránsito e infraestructura; formular
regulación técnica en materia de transporte y establecer mecanismos relativos a la
modernización del parque automotor.
Concluyó que el acto administrativo demandado se encuentra amparado por la
presunción de legalidad y que la parte actora no logró desvirtuar los fundamentos fácticos
y jurídicos que motivaron su expedición, ni demostrar que hubiese sido expedido con
infracción de las normas invocadas o sin competencia, razón por la cual las pretensiones
anulatorias estaban llamadas al fracaso.
VI. DECISIÓN
No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el
asunto sub-lite, previas las siguientes
VII. CONSIDERACIONES
7.1. Competencia
De conformidad con lo expuesto en el artículo 149 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del artículo 13 del Acuerdo núm. 080
de 2019 (modificado por el artículo 1º del Acuerdo núm. 434 de 2024), expedido por la
Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer del asunto de la referencia en única instancia.
7.2. Cuestión previa
Antes de abordar el estudio de fondo de los cargos formulados en la presente demanda,
la Sala estima necesario examinar si se configuró el fenómeno de la cosa juzgada
respecto de los artículos 6 y 9 de la Resolución núm. 0005016 de 17 de noviembre de
2017, comoquiera que mediante la sentencia de 24 de julio de 2025, proferida por esta
Sección dentro del expediente núm. 11001-03-24-000-2018-00219-00, promovido por el
ciudadano Nicolás Arango Vélez, se resolvió una demanda de nulidad dirigida, entre otras
disposiciones, contra los citados artículos.
Para comenzar, se debe hacer alusión al artículo 189 del CPACA, que establece lo
siguiente:
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Artículo 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad de un
acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que
niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación
con la causa petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de las medidas que se
revisen en ejercicio del control inmediato de legalidad producirán efectos erga omnes
solo en relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales se haga el
examen.
Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un
acuerdo distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente
sus decretos reglamentarios.
Las sentencias de nulidad sobre los actos proferidos en virtud del numeral 2 del
artículo 237 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro y de cosa
juzgada constitucional. Sin embargo, el juez podrá disponer unos efectos diferentes.
La sentencia dictada en procesos relativos a contratos, reparación directa y
cumplimiento, producirá efectos de cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el
mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos haya identidad jurídica de
partes.
La sentencia proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a
quien hubiere intervenido en ellos y obtenido esta declaración a su favor.
Las sentencias ejecutoriadas serán obligatorias y quedan sometidas a la formalidad
del registro de acuerdo con la ley.
En los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, la entidad demandada,
dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia que
resuelva definitivamente el proceso, cuando resulte imposible cumplir la orden de
reintegro del demandante al cargo del cual fue desvinculado porque la entidad
desapareció o porque el cargo fue suprimido y no existe en la entidad un cargo de la
misma naturaleza y categoría del que desempeñaba en el momento de la
desvinculación, podrá solicitar al juez de primera instancia la fijación de una
indemnización compensatoria.
De la solicitud se correrá traslado al demandante por el término de diez (10) días,
término durante el cual podrá oponerse y pedir pruebas o aceptar la suma estimada
por la parte demandada al presentar la solicitud. En todo caso, la suma se fijará
teniendo en cuenta los parámetros de la legislación laboral para el despido injusto y
el auto que la señale solo será susceptible de recurso de reposición. (Subrayas de la
Sala).
Sobre el particular, en la sentencia de 11 de junio de 2020, esta Sección precisó lo que
sigue:
Esta Corporación4 ha explicado, acerca de la declaratoria de cosa juzgada en el
marco de una acción de nulidad simple, lo siguiente:
“(…) El fenómeno de la cosa juzgada se encontraba regulado en los artículos 332 del
Código de Procedimiento Civil y el artículo 175 del Código Contencioso
Administrativo, cuyo contenido es el siguiente:
4 Sección Primera, sentencia de 7 de diciembre de 2017, número único de radicación 05001-23-33-000-
2015-02253-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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(…) De conformidad con la norma transcrita, la sentencia que decrete la nulidad de
un acto administrativo tiene efectos erga omnes de manera plena, por lo que respecto
de dicho acto no resulta posible adelantar un nuevo proceso en el que se solicite su
anulación. Sin embargo, cuando se trate de sentencias en las que se denieguen
la nulidad, los efectos de cosa juzgada solo recaen sobre la causa petendi,
razón por la cual es posible que respecto de los actos que son objeto de la
decisión se puedan tramitar nuevos procesos, los cuales deben tener por
fundamento una causa distinta a la resuelta en la sentencia que negó la
pretensión nugatoria (…)” (Destacado fuera de texto).
La Sala reitera, de conformidad con la normativa y jurisprudencia citada supra, que
en los procesos de nulidad, si la sentencia accede a las pretensiones de la demanda,
producirá efectos de cosa juzgada erga omnes, “(…) lo cual significa que la decisión
judicial en firme que haya declarado la nulidad de un acto administrativo, se hace
extensiva a aquellos procesos en los cuales el acto demandado sea exactamente el
mismo, independientemente de cuál sea la causa invocada para sustentar la nulidad
deprecada (…)5”; es decir, que la sentencia que declare la nulidad de un acto
administrativo tiene fuerza de cosa juzgada erga omnes, para todo el mundo y sin
importar la causa petendi o los argumentos alegados, situación que impide que pueda
presentarse un nuevo pronunciamiento en relación con el acto acusado.
Por el contrario, si se trata de una sentencia desestimatoria de las pretensiones, esta
producirá efectos de cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa
petendi que, entendida como la razón o los motivos por los cuales se demanda, está
contenida en los cargos esgrimidos o en el concepto de la violación que se invoca
como sustento de la solicitud de nulidad; de ello se infiere que la sentencia
desestimatoria de las pretensiones de una acción de nulidad hace tránsito a cosa
juzgada erga omnes, solo respecto de los cargos que dan lugar a su interposición” .
(Paréntesis y negrillas dentro del texto, subrayas de la Sala).
En ese sentido, tratándose de procesos de nulidad los efectos de una decisión previa que
haya controlado las disposiciones que se ventilan en un juicio actual tienen efectos erga
omnes, es decir, afectan incluso a sujetos que no hayan intervenido en el proceso inicial.
No obstante, dependiendo del sentido de la decisión adoptada en la sentencia se definirá
si existe o no cosa juzgada absoluta o relativa.
De ahí que, si la sentencia frente a la cual se pretende efectuar el análisis fue estimatoria,
el efecto de la cosa juzgada será absoluto respecto de las disposiciones cuya ilegalidad
fue declarada y, en esa medida, es claro que resultaría improcedente efectuar posteriores
análisis de validez de esas mismas normas, en la medida en que resultaron expulsadas
del orden jurídico al ser contrarias a este.
Situación distinta acontece en el evento de que la decisión fuese desestimatoria de los
cargos de nulidad, pues en ese caso el efecto de la cosa juzgada es relativo, lo que
significa que se predicará únicamente de los cargos analizados en ella y respecto de las
disposiciones acusadas, por lo que la delimitación del objeto y la causa petendi en esa
hipótesis resultan necesarias.
Por esta razón, el estudio de la figura deberá circunscribirse a los elementos previstos en
el artículo 303 del Código General del Proceso, aplicable en virtud de la remisión
normativa del artículo 306 del CPACA, esto es: (i) que el nuevo proceso verse sobre el
5 Sección Primera, sentencia de 21 de octubre de 2010, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, número
único de radicación 11001 03 25 000 2006 00388 00.
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mismo objeto; (ii) que se funde en la misma causa anterior, y (iii) que en los procesos
haya identidad jurídica de parte. Requisito, este último, del que debe aclararse que no es
aplicable en procesos de nulidad, ya que en estos la parte actora no promueve la acción
en interés particular, sino todo lo contrario, en interés del orden jurídico 6.
Sobre el concepto de causa petendi el Consejo de Estado ha sostenido que es “el hecho
jurídico que sirve de razón, motivo y fundamento de la pretensión (el por qué del litigio);
es decir, la identidad de causa consiste en que los supuestos fácticos y los fundamentos
jurídicos en virtud de los cuales se demanda sean en esencia los mismos expuestos en
el primer proceso, de manera que si varían, el segundo proceso es diferente y no existe
cosa juzgada”7.
En el mismo sentido, esta Sección ha señalado:
En lo que atañe al objeto y la causa, tales aspectos se circunscriben al asunto sobre
el que versó el debate y las razones que se tienen para sustentar las
pretensiones. La doctrina se ha ocupado de definir dichos límites objetivos de la cosa
juzgada de la siguiente manera:
(…)
b) La causa, que atañe al conjunto de hechos y de normas que sirven de
fundamento a las pretensiones. Estructuran la causa petendi, esto es, las
razones de hecho y de derecho que el actor invoca para apoyar las súplicas del
libelo. Responde al cuestionamiento: ¿Por qué se litiga?8
(Énfasis de la Sala).
En el presente asunto la Sala advierte que existe coincidencia parcial en cuanto a dos de
las disposiciones demandadas, los artículos 6 y 9 de la Resolución núm. 0005016 de 17
de noviembre de 2017, así como también se observa similitud en la denominación de dos
de los cargos formulados en el proceso 2018-00219 y estudiados en la sentencia de 24
de julio de 2025, con aquellos que ahora corresponde resolver, el desconocimiento de
los principios de confianza legítima y proporcionalidad. Por esa razón, se debe comparar
el sustento de tales reparos.
Vulneración del principio de confianza legítima
En el proceso 2018-00219, la presunta vulneración del principio de confianza legítima se
sustentó en la tesis según la cual la regulación demandada modificó intempestivamente
el régimen jurídico aplicable a la comercialización de vehículos en el Archipiélago,
afectando las expectativas legítimas de los agentes económicos que desarrollaban esa
actividad. En particular, el actor sostuvo que las limitaciones existentes hasta entonces
recaían sobre ensambladores, importadores, exportadores, distribuidores y
concesionarios, pero que la resolución demandada introdujo nuevas restricciones de
6 En ese mismo sentido se pronunció esta Sección en audiencia inicial celebrada el 25 de enero de 2021,
dentro del proceso identificado con número de radicación 11001 03 25 000 2015 00190 00.
7 Sección Segunda. Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve. Sentencia del 26 de noviembre de
2009. Radicación número: 11001-03-25-000-2005-00167-01(7673-2005).
8 Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Providencia del 7 de diciembre de 2017. Radicación
número: 05001-23-33-000-2015-02253-01.
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naturaleza reglamentaria sin prever mecanismos de transición, indemnización o
adaptación gradual que permitieran proteger las expectativas generadas bajo el régimen
anterior.
En el presente proceso, para sostener el desconocimiento del principio de confianza
legítima, el demandante afirmó que la resolución objeto de debate cambió abruptamente
las reglas bajo las cuales se desarrollaba la comercialización de vehículos en el
Archipiélago, actividad que hasta entonces se encontraba sometida únicamente a
limitaciones legales previamente definidas. Además, expuso que la administración no
previó las consecuencias negativas que la medida podría generar para el sector
automotriz ni estableció mecanismos de transición, gradualidad o compensación.
Veamos el siguiente cuadro comparativo con fragmentos del cargo comentado en cada
una de las demandas:
2018-00219 2018-00081
En el presente caso, de manera intempestiva En el presente caso, mediante la Resolución
mediante el artículo de la resolución se toman demandada se toman medidas restringiendo de
medidas restringiendo el ingreso, la forma indefinida la forma de comercialización y la
comercialización y compra de vehículos adquisición de vehículos por los usuarios, bajo un
automotores, prohibiendo en términos materiales mecanismo denominado reposición.
mas no formales el ingreso a la isla de todo tipo de
vehículos. La comercialización que hasta ahora para
ensambladores, importadores, exportadores,
La comercialización que hasta ahora para distribuidores, y concesionarios del sector
ensambladores, importadores, exportadores, automotriz en la Isla había tenido unas limitaciones
distribuidores, y concesionarios del sector del rango de ley ya definidas, que no impedían el
automotriz en la Isla había tenido unas limitaciones ingreso ilimitado de vehículos y la comercialización
del rango de ley ya definidas, que no impedían el con el cumplimiento de algún requisito en especial,
ingreso ilimitado de vehículos y la comercialización pasó a ser imprevistamente de carácter reglado,
con el cumplimiento de algún requisito en especial, bajo prohibiciones y figuras como la reposición que
paso a ser imprevistamente de carácter reglado, hacen absolutamente nugatorio el derecho a la
bajo prohibiciones y figuras como la reposición que libre empresa de los comerciantes, sin prever ex
hacen absolutamente nugatorio el derecho a la ante y ex post las consecuencias nocivas para el
libre empresa de los comerciantes, sin prever ex sector, procurar mantener un desarrollo económico
ante y ex post las consecuencias nocivas para el y coherente, asegurar las indemnizaciones a que
sector, procurar mantener un desarrollo económico haya lugar, y fijar un plazo razonable para la
coherente, asegurar las indemnizaciones a que adecuación a dichos cambios.
haya lugar, y fijar un plazo razonable para la
adecuación a dichos cambios. Los participantes del sector automotriz siempre
habían tenido una expectativa legítima del libre
Los participantes del sector automotriz siempre comercio de vehículos en el departamento, por lo
habían tenido una expectativa legítima del libre cual realizaron cuantiosas inversiones y profundas
comercio de vehículos en el departamento, por lo organizaciones empresariales, tendientes al
cual realizaron cuantiosas inversiones y profundas desarrollo e implementación de un modelo
organizaciones empresariales, tendientes al económico eficiente, creándose abruptamente un
desarrollo e implementación de un modelo cambio en las reglas de juego. Un cambio
económico eficiente, creándose abruptamente un sustancial, requiere ir acompañado de otros
cambio en las reglas de juego. Un cambio mecanismos como la gradualidad o períodos de
sustancial, requiere ir acompañado de otros transición. En este caso no se dio un período
mecanismos como la gradualidad o periodos de razonable a fin de ajustar la operación, sino
transición. En este caso no se dio un periodo simplemente se impuso una medida que
razonable a fin de ajustar la operación, sino notablemente afecta el comercio y de contera toda
simplemente se impuso una medida que la infraestructura y operación (pago de nómina,
notablemente afecta el comercio y de contera toda arrendamiento de locales, locaciones, equipos,
la infraestructura y operación (pago de nómina, proveedores, insumos ya adquiridos, expectativas
arrendamiento de locales, locaciones, equipos, de utilidad y proyección del negocio, compras ya
proveedores, insumos ya adquiridos, expectativas realizadas, etc.). La medida debía, a fin de no
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de utilidad y proyección del negocio, compras ya desconocer el principio de confianza legítima,
realizadas, etc.). La medida debía, a fin de no establecer unos plazos razonables y una
desconocer el principio de confianza legítima, implementación escalonada, a la par de establecer
establecer unos plazos razonables y una otros mecanismos alternativos de apalancamiento,
implementación escalonada, a la par de establecer incentivos o fondos que permitiesen con el menor
otros mecanismos alternativos de apalancamiento, impacto llevar a cabo la figura de la reposición.
incentivos o fondos que permitiesen con el menor
impacto llevar a cabo la figura de la reposición. (…)
Pero dicha confianza legítima no se le desconoce Pero dicha confianza legítima no se le desconoce
solo al miembro de la cadena de comercialización, solo al miembro de la cadena de comercialización,
sino al consumidor o comprador final, quien en su sino al consumidor o comprador final, quien en su
expectativa legítima y de forma aspiracional expectativa legítima y de forma aspiracional
siempre había podido hacerse a un transporte para siempre había podido hacerse a un transporte para
suplir diversas necesidades (trabajo, estudio, suplir diversas necesidades (trabajo, estudio,
transporte, turismo, recreación etc). transporte, turismo, recreación etc).
¿Qué pasa con los compradores que no tienen ¿Qué pasa con los compradores que no tienen
vehículo y que quieren adquirirlo por primera vez? vehículo y que quieren adquirirlo por primera vez?
Caeríamos en este evento en una imposibilidad de Caeríamos en este evento en una imposibilidad de
tipo fáctico para la compra, pues quien no tenga tipo fáctico para la compra, pues quien no tenga
vehículo no puede materialmente reponer nada, y vehículo no puede materialmente reponer nada, y
nunca podría hacerse a un vehículo automotor. nunca podría hacerse a un vehículo automotor.
Ahora, para el que lo tenga el panorama no Ahora, para el que lo tenga el panorama no
cambia, pues en sana lógica, nadie se va a cambia, pues en sana lógica, nadie se va a
desprender de una parte de su patrimonio que con desprender de una parte de su patrimonio que con
arduo esfuerzo ha conseguido, para adquirir un arduo esfuerzo ha conseguido, para adquirir un
vehículo sin recibir nada a cambio. vehículo sin recibir nada a cambio.
Del examen de los planteamientos formulados en ambos procesos, la Sala advierte que
existe identidad material entre el cargo por desconocimiento del principio de confianza
legítima estudiado en la sentencia de 24 de julio de 2025 y el que ahora propone la parte
actora.
En efecto, en uno y otro caso la censura se edifica sobre un mismo supuesto fáctico y
jurídico, consistente en que la Resolución núm. 0005016 de 17 de noviembre de 2017
modificó abruptamente las condiciones bajo las cuales se desarrollaba la actividad de
comercialización de vehículos en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, imponiendo el mecanismo de reposición y otras restricciones sin prever
medidas de transición, gradualidad, compensación o adaptación que permitieran proteger
las expectativas legítimas de quienes participaban en dicha actividad económica.
La comparación de los textos de ambas demandas permite constatar que no solo
coinciden la tesis jurídica propuesta y los fundamentos normativos invocados, sino
también los hechos que sirven de sustento al reproche, e incluso buena parte de los
argumentos fueron reproducidos de manera prácticamente literal.
Así las cosas, la Sala encuentra acreditada la identidad de causa petendi exigida para la
configuración de la cosa juzgada relativa derivada de una sentencia desestimatoria de
nulidad, pues el debate que ahora se propone ya fue objeto de examen y decisión en la
providencia de 24 de julio de 2025.
En consecuencia, respecto del cargo de vulneración del principio de confianza legítima
formulado contra los artículos 6 y 9 de la Resolución núm. 0005016 de 2017, ha operado
el fenómeno de la cosa juzgada relativa y, por tanto, la Sala se relevará de efectuar un
nuevo pronunciamiento de fondo sobre dicho reproche.
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Vulneración del principio de proporcionalidad
En el expediente 2018-00219 el demandante formuló un cargo de nulidad por
desconocimiento del principio de proporcionalidad, sustentado en que las medidas
adoptadas mediante la Resolución núm. 0005016 de 17 de noviembre de 2017,
particularmente el mecanismo de reposición para el ingreso de vehículos al Archipiélago,
imponían restricciones excesivas a la actividad económica y a los derechos de los
usuarios, pese a perseguir una finalidad legítima de protección ambiental.
Según quedó consignado en la sentencia de 24 de julio de 2025, el actor reconoció la
idoneidad de la medida para contribuir a la preservación ambiental del Archipiélago, pero
cuestionó su necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, al considerar que existían
otros instrumentos regulatorios menos gravosos que permitían alcanzar la misma
finalidad sin afectar de manera tan intensa la libertad de empresa, la iniciativa privada, la
movilidad y los derechos de los consumidores.
Por su parte, en el presente proceso también se invoca la vulneración de los principios
de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad, bajo el argumento de que el mecanismo
de reposición previsto en la resolución demandada no constituía la única alternativa
posible para alcanzar los objetivos perseguidos por la administración, pues existían otras
medidas regulatorias menos restrictivas que podían implementarse para proteger el
medio ambiente y controlar el parque automotor del Archipiélago.
Veamos el siguiente cuadro comparativo con fragmentos del cargo comentado en cada
una de las demandas:
2018-00219 2018-00081
Nulidad por violación del principio de 16.- Viola los principios de proporcionalidad,
proporcionalidad razonabilidad y necesidad
La norma demandada tiene un carácter netamente En tanto, esa delegación conferida por el
ambiental, y es expedida conforme la competencia Legislador para reglamentar los mecanismos de
que otorgó al Ministerio de Transporte el artículo asignación de las matrículas de nuevos vehículos
182 de la Ley 1753 de 2015. La resolución objeto o reposición de los actuales en la isla, como lo
de cuestionamiento tiene como finalidad regular y decíamos, debía hacerse mediante: a) procesos
reducir la cantidad, el tipo y edad de vehículos que competitivos, tales como subastas, b) promoviendo
podrían ser ingresados, transitar y ser matriculados la transparencia y c) respetando los compromisos
en la Isla, lo cual se desprende de los siguientes de Colombia de conformidad con los acuerdos
considerandos: comerciales internacionales vigentes.
(…) En la Resolución se estipula que el ingreso de
vehículos automotores de transporte terrestre en el
En el presente caso, a la entidad demandada no le Departamento Archipiélago de San Andrés,
bastaba simplemente con identificar la afectación Providencia y Santa Catalina podrá efectuarse
que se presentaba en la Isla por el número de únicamente por el mecanismo de reposición, junto
vehículos (que incluso es incierto tal como se con el cumplimiento de otros requisitos
expone en los considerandos), ya que su labor previamente expuestos. Según esta norma, solo
constitucional iba más allá. Era su deber podrán obtener un derecho de registro vehicular
confrontarla con las consecuencias que de suyo los usuarios que efectivamente desintegren un
tendría con la economía, la libre empresa, la vehículo que ya haya completado su tiempo
libertad económica y la propiedad privada a efectos máximo de uso que les permitirá el ingreso de un
de armonizar estos derechos en juego. Luego de vehículo nuevo al archipiélago.
esta confrontación, la adopción de la medida
requería necesariamente agotar un estudio de Si bien el mecanismo de reposición tiene como
idoneidad (nexo causal entre la medida y el fin objetivo incentivar una adecuada desintegración
propuesto), de necesidad (que no existieran otros de vehículos que ya completaron sus años de uso
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medios menos restrictivos), y de proporcionalidad para conservación de los ecosistemas del
en estricto sentido (que la normativa fuera departamento, el mismo es discriminatorio
apropiada y no excesiva en relación con la respecto de aquellos consumidores que no tienen
exigencia perseguida) un vehículo para desintegrar y desean adquirir uno
por primera vez. Estamos ante una restricción, que
(…) si bien busca una finalidad legítima como lo es la
protección del medio ambiente, termina por
Es en este punto donde vemos un discriminar a unos consumidores y cierra el
quebrantamiento del subprincipio de necesidad, mercado para quienes ya cuentan con vehículos
pues pese a que al Ministerio se proponen para desintegrar.
restricciones menos impactantes, que el mismo
implanta una medida idónea consistente en la edad (…)
de circulación que gradualmente iba a reducir y
controlar la cantidad de vehículos, opta por aplicar Había otras medidas menos restrictivas de los
una segunda denominada “reposición”, que derechos constitucionales a la libertad de empresa
además de desproporcionada en estricto sentido, y de competencia económica, y derechos de los
desploma el comercio, y a la postre, coarta al usuarios, tales como la subasta, el establecimiento
usuario de hacerse con un vehículo automotor de medidas escalonadas, sistemas de plazos,
como medio de transporte para el recreo, empleo, cuotas o cupos para la adquisición por parte de
estudio, diversión, entre muchos otros. usuarios por un tiempo determinado, controles
sobre el parque abandonado, sistemas de retomas
Se trata de una reglamentación ambiental que de motos usadas con la permisión para el
rompe con el núcleo esencial del derecho distribuidor de poderlos enviar a otras zonas del
constitucional de la iniciativa privada y empresa, país que no tuviese restricciones, esto es, permitir
pues fija límites y requisitos para su ejercicio de recibir la moto en parte de pago para que el
imposible cumplimiento, tanto fácticos, en cuanto distribuidor las revendiera en el territorio nacional
rompen el equilibrio comercial para la no afectado por la situación de contaminación, pico
comercialización, como jurídicos, al plasmarse el y placa ambiental, día sin carro, incentivo al
requisito de la reposición de forma transporte público y maximización de su estructura
desproporcionada y por tanto de imposible y operatividad, incentivo al uso de la bicicleta o al
ejecución. transporte a pie, incentivos a la chatarrización de
vehículo, en fin, multiplicidad de medidas que ni si
(…) quiera se consideraron, y mucho menos se
identificaron en los considerandos como no
Para finalizar este aparte, la norma demandada idóneas. Sin embargo, esas opciones nunca fueron
también quebranta el subprincipio de valoradas como alternativas plausibles y por el
proporcionalidad en estricto sentido, pues el anexo contrario se optó por la norma que mayores
de equivalencias se torna excesivo en relación con limitaciones imponía, aún en detrimento de los
la exigencia perseguida. Y es que para el derechos de los usuarios y agentes de la cadena
comercializador o consumidor tener que comprar de comercialización de vehículos.
de dos a ocho vehículos para vender o comprar
uno, es una carga excesiva y desproporcionada.
De hecho no existe un estudio o un considerando
en el cual se refleje la ecuación cuantitativa,
técnica y económica que justifique senda
equivalencia.
Del examen de los apartes transcritos la Sala concluye que el cargo formulado en el
presente proceso reproduce, en lo sustancial, el mismo cuestionamiento que fue objeto
de estudio en el expediente núm. 11001-03-24-000-2018-00219-00.
En efecto, en ambas demandas se parte del reconocimiento de que la regulación acusada
persigue una finalidad legítima asociada a la protección ambiental y al control del parque
automotor del Archipiélago. Asimismo, en los dos procesos se sostiene que el mecanismo
de reposición constituye una medida excesivamente restrictiva y que la administración
contaba con otras alternativas regulatorias que le permitían alcanzar el mismo objetivo
con una menor afectación de los intereses comprometidos.
La coincidencia entre los cargos no se limita a la invocación formal del principio de
proporcionalidad. Por el contrario, la identidad se advierte en el núcleo mismo de la
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censura propuesta. Tanto en el proceso 2018-00219 como en el presente asunto se
afirma que la administración omitió valorar mecanismos alternativos menos gravosos
para alcanzar la finalidad ambiental perseguida y optó por una regulación que restringe
de manera intensa el acceso al mercado de vehículos y afecta los derechos e intereses
de quienes participan en dicha actividad económica.
De igual manera, en ambos procesos la alegada vulneración del principio de
proporcionalidad se hace descansar en el mismo razonamiento: que la medida de
reposición no superaba un juicio de necesidad porque existían otras herramientas
regulatorias igualmente aptas para alcanzar el fin perseguido.
Así las cosas, las diferencias de redacción y desarrollo argumentativo que puedan
advertirse entre una y otra demanda no son suficientes para desvirtuar la identidad de la
causa petendi. Lo relevante para efectos de establecer la existencia de cosa juzgada no
es la forma como se expone el cargo, sino el problema jurídico sustancial que se somete
a consideración del juez y los fundamentos esenciales que sustentan la solicitud de
nulidad.
En ese contexto, la Sala encuentra que el debate relativo a la supuesta vulneración del
principio de proporcionalidad ya fue planteado y resuelto en la sentencia de 24 de julio
de 2025.
Por todo lo hasta ahora expuesto, la Sala considera que ha operado el fenómeno de la
cosa juzgada relativa respecto de los artículos 6 y 9 de la Resolución núm. 0005016 de
17 de noviembre de 2017, en relación con los cargos por desconocimiento de los
principios de confianza legítima y proporcionalidad y, en consecuencia, se abstendrá de
efectuar un nuevo pronunciamiento de fondo sobre tales aspectos.
7.3. Planteamiento
De la demanda, la contestación y la fijación del litigio, la Sala advierte que la controversia
gira en torno a la legalidad de la Resolución núm. 0005016 del 17 de noviembre de 2017,
“Por la cual se reglamentan los mecanismos para la asignación de las matrículas de
nuevos vehículos automotores y la reposición de los actuales, en el Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina y se dictan otras disposiciones”, expedida por el
Ministerio de Transporte.
Las discrepancias entre la parte actora y la entidad demandada se concentran en la
presunta infracción de las normas en que debía fundarse el acto acusado y en la alegada
falta de competencia del Ministerio de Transporte para expedir la regulación demandada.
Sobre la presunta infracción de normas superiores
La parte actora sostuvo que la Resolución núm. 0005016 de 2017 fue expedida en
contravía de distintas disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias. En
términos generales, afirmó que el acto demandado impuso cargas injustificadas y
restricciones indebidas al ingreso, comercialización, matrícula, circulación y disposición
final de vehículos automotores en el Archipiélago, mediante el mecanismo de reposición
y la exigencia de desintegración física de vehículos.
Alegó que la regulación desconoció el parágrafo del artículo 182 de la Ley 1753 de 2015,
porque el Ministerio de Transporte habría reglamentado el ingreso de vehículos al
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Archipiélago a través de un mecanismo que no cumplía las condiciones allí previstas,
esto es, procesos competitivos, promoción de la transparencia, captura de la disposición
a pagar de los usuarios y compatibilidad con los compromisos comerciales
internacionales asumidos por Colombia.
La parte actora también adujo que el acto demandado vulneró el régimen especial del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, previsto en la Constitución, la
Ley 47 de 1993 y la Ley 915 de 2004, en cuanto dichas normas reconocen condiciones
particulares para su desarrollo económico y social y un régimen de puerto libre. Además,
estimó que la resolución se apartó injustificadamente del concepto emitido por la
Superintendencia de Industria y Comercio, que advirtió una posible discriminación frente
a quienes pretendieran adquirir vehículos por primera vez.
Por su parte, el Ministerio de Transporte controvirtió esa lectura y sostuvo que la
resolución acusada fue expedida con fundamento en razones de interés general,
especialmente la protección de la salud, el medio ambiente, la seguridad vial, la
sostenibilidad económica del Archipiélago y el bienestar de residentes y turistas.
La entidad demandada señaló que el Archipiélago fue declarado Reserva de Biosfera por
la UNESCO, circunstancia que exige promover un modelo de desarrollo sostenible,
sustentable y armónico con el medio ambiente. Afirmó, además, que el acto acusado tuvo
soporte técnico en estudios que evidenciaron un elevado índice de motorización en el
Departamento, superior al promedio nacional, latinoamericano y mundial, así como la
existencia de vehículos que ya habían superado su tiempo de uso.
En esa línea, el Ministerio indicó que la reglamentación buscaba renovar el parque
automotor, incentivar el uso de combustibles menos contaminantes, promover la salida
de vehículos en desuso y evitar el incremento desmedido de automotores en el
Archipiélago.
Frente al cuestionamiento relacionado con el concepto de la Superintendencia de
Industria y Comercio, la entidad reconoció que dicha autoridad recomendó sustituir el
mecanismo de reposición por uno de subasta pública u otro menos restrictivo. Sin
embargo, explicó que se apartó de esa recomendación porque la subasta implicaría emitir
cupos de ingreso vehicular y, por tanto, aumentar el parque automotor, mientras que la
reposición asegura que todo nuevo ingreso esté asociado a la desintegración de al menos
un vehículo.
Añadió que el derecho de reposición vehicular es transferible y comercializable, de
manera que quienes pretendan adquirir un vehículo por primera vez pueden comprarlo a
un tercero. También sostuvo que el mecanismo de reposición no era definitivo, pues fue
previsto por un período de tres años, durante el cual se esperaba disminuir el parque
automotor y evaluar alternativas futuras, incluidas las subastas.
Sobre la presunta falta de competencia
La parte actora sostuvo que el Ministerio de Transporte carecía de competencia para
expedir los artículos acusados, pues, en su criterio, la resolución estableció restricciones
al ingreso, comercialización y circulación de vehículos que no fueron previstas por la ley
ni por los decretos reglamentarios. Afirmó que se trató de una restricción nueva,
introducida por una autoridad administrativa en una materia sometida a reserva de ley.
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En particular, sostuvo que las limitaciones a la actividad económica, a la libre circulación
y al régimen especial del Archipiélago debían ser establecidas por el legislador, de
conformidad con los artículos 150, 310 y 333 de la Constitución Política. Por ello, aun con
habilitación legal, el Ministerio debía ejercerla estrictamente dentro de los términos
autorizados, sin crear requisitos adicionales ni adoptar restricciones no previstas
expresamente por la ley.
El Ministerio de Transporte, en contraste, defendió que actuó dentro del marco de sus
competencias legales y reglamentarias. Afirmó que la resolución fue expedida en
cumplimiento de las normas que le imponían adoptar medidas para controlar el aumento
del parque automotor en el Archipiélago, particularmente la Ley 769 de 2002, modificada
por la Ley 1383 de 2010, la Ley 1753 de 2015 y las demás disposiciones concordantes.
En esa perspectiva, defendió que el parágrafo del artículo 182 de la Ley 1753 de 2015 lo
habilitó para determinar la cantidad, tipo y edad de los vehículos que podían ingresar, ser
matriculados o transitar, así como para reglamentar los mecanismos de asignación de
matrículas de nuevos vehículos y la reposición de los existentes.
Con ese panorama, la Sala deberá determinar si la resolución demandada infringió las
normas superiores invocadas por la parte actora y si el Ministerio de Transporte actuó sin
competencia al expedirla.
7.4. Análisis de la Sala
7.4.1. De la carga argumentativa
De entrada, la Sala considera necesario precisar cuáles de las normas de la demanda
tienen el desarrollo suficiente para constituirse como parámetro del estudio de legalidad
que se abordará en esta providencia, en atención a la carga argumentativa que le
corresponde satisfacer a quien pretende la nulidad de un acto administrativo.
En efecto, cuando se alega que un acto administrativo fue expedido con infracción de las
normas en que debía fundarse, no basta con enlistar disposiciones constitucionales,
legales o reglamentarias presuntamente desconocidas. Es necesario que la parte actora
explique, de manera clara, concreta, específica y pertinente, cuál es la relación de
contradicción entre el contenido del acto acusado y cada una de las normas superiores
invocadas. Solo de esa manera se habilita el juicio de legalidad que corresponde efectuar
a la jurisdicción.
Sobre el particular, en providencia del 12 de septiembre de 20199, esta Sección precisó
que, si el demandante se limita a citar normas como vulneradas, pero no explica las
razones por las cuales resultan transgredidas, no es posible adelantar un juicio de
legalidad respecto de ellas. Ello obedece a que la exigencia de indicar las normas
violadas y explicar el concepto de su violación constituye una carga mínima del
demandante y delimita el marco dentro del cual debe pronunciarse el juez contencioso
administrativo.
9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 12 de
septiembre de 2019. Proceso radicado número: 11001 03 24 000 2011 00136 00. Consejero Ponente:
Oswaldo Giraldo López.
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En el presente asunto, la parte actora invocó como vulnerados los artículos 1°, 2°, 4°, 5°,
6°, 11, 24, 25, 28, 83, 84, 121, 122, 150, 189, 208, 310 y 333 de la Constitución Política;
el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; los principios de
proporcionalidad, razonabilidad y necesidad; el artículo 2° de la Ley 105 de 1993; el
parágrafo del artículo 182 de la Ley 1753 de 2015; el artículo 1° de la Ley 1383 de 2010;
el artículo 66 de la Ley 336 de 1996; la Ley 47 de 1993; el artículo 5° de la Ley 915 de
2004; el artículo 3° de la Ley 1340 de 2009; y los artículos 1° y 2° del Decreto 2053 de
2003.
No obstante, revisado el concepto de violación, la Sala advierte que no frente a todas
esas disposiciones se satisfizo la carga argumentativa.
En primer lugar, se descartarán del análisis los artículos 1°, 2°, 4° y 5° de la Constitución
Política. Aunque la parte actora aludió al Estado Social de Derecho, a los fines esenciales
del Estado, a la supremacía constitucional y a la primacía de los derechos inalienables
de la persona, lo cierto es que tales referencias fueron formuladas en términos generales,
sin explicar de manera concreta cómo los artículos demandados desconocen, de forma
directa, cada uno de esos mandatos superiores.
También se excluirá el estudio del artículo 11 de la Constitución Política. Si bien el actor
sostuvo que la resolución acusada afecta la vida en condiciones dignas por su relación
con el trabajo, la movilidad y el libre desarrollo de la personalidad, no explicó de manera
suficiente la forma en que la regulación sobre ingreso, matrícula y reposición vehicular
compromete directamente el núcleo del derecho a la vida. La argumentación, en este
punto, se confunde con reproches relativos a la libre circulación, el trabajo y la libertad
económica, que serán estudiados a partir de las normas que regulan específicamente
tales materias.
De igual modo, se prescindirá del artículo 28 de la Constitución Política. La parte actora
afirmó que la resolución demandada contiene medidas con vocación indefinida y que ello
desconocería la prohibición de penas o medidas de seguridad imprescriptibles. Sin
embargo, no desarrolló una relación entre esa garantía constitucional y las disposiciones
administrativas acusadas.
Tampoco se efectuará un pronunciamiento respecto de los artículos 121, 122, 189
(numerales 14 y 17) y 208 de la Constitución Política. Aunque la demanda los relacionó
con el principio de legalidad de la función administrativa y con la distribución de
competencias, la argumentación no desarrolló una confrontación diferenciada entre el
acto acusado y cada una de esas disposiciones. En realidad, el reproche formulado por
la parte actora se dirige a sostener que el Ministerio de Transporte carecía de
competencia para adoptar la regulación cuestionada y que habría invadido materias
reservadas al legislador. Por tanto, ese análisis se abordará a partir de las normas que sí
estructuran de manera concreta dicho cuestionamiento, en especial los artículos 150, 310
y 333 de la Constitución Política, el parágrafo del artículo 182 de la Ley 1753 de 2015 y
las disposiciones legales y reglamentarias invocadas sobre la competencia del Ministerio.
Por la misma razón, no se adelantará un estudio independiente del artículo 13 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, ni de las referencias hechas al Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. Aunque la parte actora las invocó en relación con el derecho a
circular libremente, el reproche no fue desarrollado frente a dichos instrumentos, sino que
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reproduce la censura formulada respecto del artículo 24 de la Constitución Política y del
artículo 2° de la Ley 105 de 1993.
En consecuencia, la controversia sobre la presunta afectación de la libre circulación será
examinada a partir de estas últimas disposiciones.
Igualmente, se excluirá el artículo 66 de la Ley 336 de 1996. La demanda se limitó a
afirmar que dicha norma no podía extenderse a la regulación sobre reposición vehicular
ni autorizaba la desintegración física total de vehículos en las condiciones previstas por
el acto acusado, pero no explicó el contenido normativo de esa disposición que resultaría
desconocido, ni la razón concreta por la cual los artículos demandados serían
incompatibles con ella.
Además, se separará del estudio la Ley 47 de 1993 y del artículo 5° de la Ley 915 de
2004. La parte actora describió el régimen especial del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, su condición de puerto libre y el ingreso de mercancías,
bienes y servicios extranjeros. Sin embargo, no desarrolló una confrontación específica
entre esas normas y el contenido de los artículos acusados, ni explicó de manera
concreta por qué la regulación sobre asignación de matrículas, reposición y
desintegración vehicular resulta incompatible con el régimen especial allí previsto. Por
consiguiente, tales referencias no satisfacen la carga argumentativa necesaria para
adelantar el juicio de legalidad.
Hechas las anteriores precisiones, la Sala advierte que sí existe carga argumentativa
suficiente para estudiar de fondo los reproches formulados frente a los artículos 24, 25,
84, 150, 310 y 333 de la Constitución Política; el artículo 2° de la Ley 105 de 1993; el
parágrafo del artículo 182 de la Ley 1753 de 2015; el artículo 1° de la Ley 1383 de 2010;
el artículo 3° de la Ley 1340 de 2009; y los artículos 1° y 2° del Decreto 2053 de 2003.
7.4.2. De la presunta vulneración de norma superior
Sobre la vulneración de la libre circulación y del derecho al trabajo
El artículo 24 de la Constitución Política reconoce el derecho de todo colombiano a
circular libremente por el territorio nacional, pero expresamente lo sujeta a las limitaciones
que establezca la ley.
En similar sentido, el literal c) del artículo 2° de la Ley 105 de 1993 establece el principio
de libre circulación en materia de transporte, también con sujeción a las limitaciones
legales.
A su vez, el artículo 1° de la Ley 1383 de 2010, modificatorio del artículo 1° de la Ley 769
de 2002, dispone que el derecho a circular libremente se encuentra sujeto a la
intervención y reglamentación de las autoridades para garantizar, entre otros fines, la
seguridad, la comodidad de los habitantes, la preservación de un ambiente sano y la
protección del uso común del espacio público.
De esas disposiciones se desprende que la libre circulación no tiene carácter absoluto.
Por el contrario, el propio ordenamiento constitucional y legal admite que su ejercicio sea
objeto de limitaciones, intervención y reglamentación, siempre que dichas medidas
encuentren soporte normativo y respondan a finalidades constitucionalmente admisibles.
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Ese es el entendimiento que esta Sección proporcionó a dicha garantía constitucional en
la sentencia de 28 de abril de 202210, en la cual consideró:
En ese sentido, el derecho de libertad de locomoción ha sido entendido desde una
doble connotación: la primera de ellas, relacionada con su importancia para la
materialización en el ejercicio de otras garantías constitucionales, como la educación,
el trabajo y la salud; y la segunda, que dicho derecho no es absoluto; por el contrario,
puede ser limitado por la administración siempre que esa clase de medidas no
impliquen su supresión o desvanecimiento, de modo que se haga impracticable, y que
ello es viable si se aducen razones de prevalencia del interés general siempre que no
marginen valores, principios y derechos constitucionales.
Así, para la Sala, la resolución demandada no contiene una prohibición absoluta de
circulación de vehículos en el Archipiélago, ni impide de manera general el tránsito de las
personas por dicho territorio. Lo que regula es el ingreso de vehículos automotores, la
asignación de matrículas, el derecho de reposición vehicular, las equivalencias de
desintegración y el tiempo máximo de circulación de los automotores que ingresen al
Departamento.
Desde esa perspectiva, la premisa de la parte actora, según la cual la resolución suprime
la libre circulación no se corresponde plenamente con el alcance del acto acusado. La
medida no recae directamente sobre el derecho de las personas a circular por el territorio
nacional, sino sobre las condiciones de ingreso, matrícula, permanencia y reposición de
vehículos automotores en un territorio insular sometido a especiales condiciones
ambientales, geográficas y de movilidad.
Ahora bien, es cierto que el acto controvertido incide en la posibilidad de ingresar y utilizar
vehículos automotores en el Archipiélago. Sin embargo, esa sola circunstancia no permite
concluir que exista una vulneración del derecho a la libre circulación, pues la regulación
del tránsito y del transporte supone, por definición, la posibilidad de establecer
condiciones técnicas, administrativas y ambientales para el uso de vehículos,
especialmente cuando se invocan razones de protección ambiental y control del parque
automotor.
Adicionalmente, la Sala observa que la regulación demandada tampoco comporta una
prohibición general del desarrollo de actividades económicas o laborales relacionadas
con el uso de vehículos automotores en el Archipiélago. Las medidas previstas en la
Resolución núm. 0005016 de 2017 de ninguna forma directa o indirecta impiden el
ejercicio de oficios, actividades comerciales o prestaciones de servicios que involucren el
uso de vehículos.
En ese sentido, aun cuando la regulación pueda generar impactos o ajustes en
determinadas dinámicas económicas del sector automotor, tales consecuencias no
equivalen, por sí mismas, a una restricción o supresión del derecho al trabajo. Máxime
cuando la parte actora no acreditó que las medidas adoptadas hicieran imposible,
irrazonable o desproporcionadamente gravoso el ejercicio de una actividad laboral
específica, ni que eliminaran de manera absoluta el acceso o utilización de vehículos en
el territorio insular.
10 Radicación núm.: 47001 23 31 000 2012 00414 01. Actor: Nicolás Arango Vélez. Demandado: Distrito
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López.
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Por consiguiente, el cargo no prospera.
Imposición de requisitos adicionales para el ejercicio de una actividad económica
El artículo 84 de la Constitución Política establece que, cuando un derecho o actividad
hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades no podrán establecer ni
exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio.
Sin embargo, para que prospere un cargo por desconocimiento de esa disposición no
basta con afirmar que el acto administrativo exige condiciones para el ejercicio de una
actividad, toda vez que de la lectura de la norma constitucional se advierte que es
necesario demostrar que tales condiciones carecen de autorización normativa o que
adicionan, por fuera del marco legal aplicable, requisitos no previstos por el ordenamiento
superior.
La Sala observa que la expedición de la resolución acusada se fundamentó, entre otras
disposiciones, en el parágrafo del artículo 182 de la Ley 1753 de 2015 11, norma que
habilitó al Ministerio de Transporte para determinar la cantidad, tipo y edad de los
vehículos que podrían ingresar, ser matriculados o transitar en el Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como para reglamentar
los mecanismos de asignación de matrículas de nuevos vehículos o de reposición de los
actuales.
En esa medida, las condiciones previstas por la resolución no constituyen requisitos
ajenos a la materia objeto de habilitación legal. Por el contrario, guardan relación directa
con la regulación de los mecanismos de asignación de matrículas y reposición vehicular
en el Archipiélago.
Ahora bien, el actor cuestiona que el Ministerio de Transporte hubiera escogido el
mecanismo de reposición, en lugar de acudir a otros instrumentos. No obstante, el
parágrafo del artículo 182 de la Ley 1753 de 2015 no impuso una única fórmula
regulatoria, sino que aludió a mecanismos competitivos, tales como subastas, expresión
que no excluye de manera absoluta otros instrumentos, siempre que estos se orienten a
cumplir las finalidades previstas por el legislador.
11 “Artículo 182. Regiones con características especiales de transporte.
(…)
Parágrafo. El Ministerio de Transporte con el fin de proteger el medio ambiente, la seguridad de las
personas en la vía pública, en espacios terrestres o marinos, la sostenibilidad económica del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el bienestar de los residentes y turistas
que visitan las islas, previo concepto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
determinará la cantidad de vehículos y tipo y edad de los mismos, que podrán ingresar, ser
matriculados y/o transitar en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina. El Ministerio de Transporte reglamentará los mecanismos para la asignación de las
matrículas de nuevos vehículos o reposición de los actuales, mediante procesos competitivos, tales
como subastas, que promuevan la transparencia y permitan capturar la disposición a pagar de los
usuarios por dicha matrícula. Dicho mecanismo será administrado por la Gobernación.
En todo caso, las medidas que se adopten en desarrollo de este artículo no podrán ser incompatibles con
los compromisos de Colombia de conformidad con los acuerdos comerciales internacionales vigentes”.
(Énfasis de la Sala).
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De hecho, la propia resolución demandada previó que, antes de culminar el período inicial
de aplicación del mecanismo, el Ministerio de Transporte, con acompañamiento de la
Gobernación y previo concepto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
evaluaría el impacto del ingreso de vehículos al Archipiélago, con el fin de determinar la
cantidad de automotores que deberían transitar y el procedimiento para la entrega de los
derechos de reposición vehicular, de manera que se promovieran procesos competitivos,
transparentes y que capturaran la disposición a pagar de los usuarios.
En consecuencia, este reproche no está llamado a prosperar.
Acerca de la vulneración de la libertad de empresa, la libre competencia y los
derechos de los consumidores
El artículo 333 de la Constitución Política reconoce la libertad económica y la iniciativa
privada, pero las sujeta a los límites del bien común. También dispone que la libre
competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades, que la
empresa cumple una función social que implica obligaciones y que la ley delimitará el
alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el
patrimonio cultural de la Nación.
A su vez, el artículo 3° de la Ley 1340 de 2009 se refiere a los propósitos de las
actuaciones administrativas en materia de protección de la competencia, entre ellos la
libre participación de las empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y la
eficiencia económica.
De estas disposiciones se desprende que la libertad económica y la libre competencia no
son garantías absolutas. El ordenamiento constitucional admite su limitación,
especialmente cuando concurren razones de interés social, protección ambiental,
seguridad o preservación de bienes colectivos.
Sobre el particular, conviene traer a colación las consideraciones expuestas por esta
Sección en la sentencia del 25 de septiembre de 202512, en la cual se indicó:
La jurisprudencia constitucional ha sido uniforme, pacífica y reiterada al señalar que
tal garantía podría definirse con un criterio amplio como la «facultad que tiene toda
persona de realizar actividades de carácter económico, según sus preferencias o
habilidades, con miras a crear, mantener o incrementar su patrimonio» (C-616 de
2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil), pero que se precisa en dos aspectos más concretos,
a saber: la libre iniciativa privada y la libre competencia económica.
Ahora bien, la libre iniciativa privada ha sido definida como «...aquella libertad que se
reconoce a los ciudadanos para afectar o destinar bienes de cualquier tipo
(principalmente de capital) para la realización de actividades económicas para la
producción e intercambio de bienes y servicios conforme a las pautas o modelos de
organización típicas del mundo económico contemporáneo con vistas a la obtención
de un beneficio o ganancia. El término empresa en este contexto parece por lo tanto
cubrir dos aspectos, el inicial - la iniciativa o empresa como manifestación de la
capacidad de emprender y acometer- y el instrumental -a través de una organización
económica típica-, con abstracción de la forma jurídica (individual o societaria) y del
estatuto jurídico patrimonial y laboral» (C-524 de 1995. M.P. Carlos Gaviria Díaz).
12 Consejero Ponente (E): German Eduardo Osorio Cifuentes. Radicación núm.: 11001 03 24 000 2013
00080 00. Actor: Pedro Alejandro Carranza Cepeda.
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Se ha sostenido que ese derecho reconocido a los ciudadanos colombianos
comprende a su vez la libertad contractual, esta es, «la capacidad que tienen los
agentes económicos para que, en ejercicio de la autonomía de su voluntad, suscriban
los acuerdos que resulten necesarios para su concurrencia al mercado en condiciones
de igualdad con los demás oferentes» (C-228 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva); la «expresión de valores de razonabilidad y eficiencia en la gestión económica
para la producción de bienes y servicios y permite el aprovechamiento de la capacidad
creadora de los individuos y de la iniciativa privada. En esa medida, la misma
constituye un valor colectivo que ha sido objeto de especial protección constitucional»,
(C-616 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil); y, por último, la libertad de canalización
de recursos particulares o privados «por la vía del incentivo económico, hacia la
promoción de concretos intereses colectivos y la prestación de servicios públicos. En
esa posibilidad se aprecia una opción, acogida por el constituyente, para hacer
compatibles los intereses privados, que actúan como motor de la actividad
económica, con la satisfacción de las necesidades colectivas» (Ibidem). (Subrayas de
la Sala).
Ha estimado la Corte Constitucional que el núcleo esencial de la garantía prevista en
el artículo 333 Superior radica en la posibilidad de acceso al mercado por parte de los
oferentes sin que medien barreras injustificadas. La misma jurisprudencia ha
explicado que existe libre competencia cuando un conjunto de empresarios, en un
marco normativo de igualdad de condiciones, ponen sus esfuerzos, factores
empresariales y de producción, en la conquista de un mercado determinado, bajo el
supuesto de la ausencia de barreras de entrada o de otras prácticas restrictivas que
dificulten el ejercicio de una actividad económica lícita.
(…)
La libre competencia tiene carácter relacional, es decir, su satisfacción depende, en
primer lugar, del ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control de las
actuaciones de los agentes que se involucran en el mercado, con el fin de evitar que
incurran en comportamientos abusivos que afecten la competencia; o, de llegarse a
constatar tal tipo de actuaciones, imponer las sanciones que prevea la ley . En esa
medida, es la satisfacción de las garantías de los participantes en el mercado la que
explica la intervención económica del Estado, de modo tal que se asegure su eficacia
y competitividad.
En segundo lugar, tal derecho apareja límites materializados en la responsabilidad
social o pública, consistente en que los agentes auto restrinjan sus actividades
(manuales de buenas prácticas), con el fin de evitar que un uso abusivo de las
libertades constitucionales impida el goce efectivo de los derechos vinculados con
dichos bienes.
Tales consideraciones han sido útiles para demarcar las libertades básicas de los
participantes en el mercado, a saber: «a) la necesidad que los agentes del mercado
puedan ejercer una actividad económica libre, con las excepciones y restricciones
que por ley mantiene el Estado sobre determinadas actividades, b) la libertad de los
agentes competidores para ofrecer, en el marco de la ley, las condiciones y ventajas
comerciales que estimen oportunas, y c) la libertad de los consumidores o usuarios
para contratar con cualquiera de los agentes oferentes, los bienes o servicios que
requieren.».
(…)
En suma, la libertad de empresa y la libre competencia son derechos constitucionales,
pero no absolutos, y de hecho el Estado se encuentra habilitado para intervenir y
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regular la actividad económica cuando ello resulte necesario para corregir fallas del
mercado, proteger a los consumidores, garantizar la eficiencia y evitar abusos de
poder. No obstante, cualquier restricción que se imponga sobre dichos derechos debe
estar debidamente justificada en el ordenamiento jurídico, debe ser adecuada con el
fin propuesto, y proporcional.
Con la anterior precisión jurisprudencial, la Sala constata que la regulación acusada no
prohibió la actividad económica de comercialización de vehículos en el Archipiélago, ni
eliminó la posibilidad de adquirir automotores. Lo que hizo fue condicionar el ingreso de
vehículos al cumplimiento del mecanismo de reposición, el cual exige la desintegración
de uno o varios vehículos conforme a las equivalencias previstas en el anexo de la
resolución.
La parte actora afirmó que esa medida excluye a quienes desean adquirir un vehículo por
primera vez, pues no contarían con un automotor para desintegrar. Sin embargo, esa
premisa no atiende completamente al diseño del acto demandado, pues la resolución
reconoce el derecho de reposición vehicular como un documento otorgado a una persona
natural o jurídica para ingresar un vehículo por reposición, y la motivación 13 señaló que
ese derecho podía ser transferido y comercializado.
Ahora bien, la Sala no desconoce que la Superintendencia de Industria y Comercio
advirtió una potencial discriminación frente a usuarios que pretendieran adquirir un
vehículo por primera vez y recomendó sustituir la reposición por una subasta pública u
otro mecanismo menos restrictivo. Sin embargo, la existencia de esa recomendación no
conduce, por sí sola, a la nulidad del acto demandado. La entidad demandada explicó
que se apartaba de esa recomendación porque la subasta suponía emitir cupos de
ingreso vehicular, lo cual podía incrementar el parque automotor, mientras que el
mecanismo de reposición garantizaba que todo nuevo ingreso estuviera asociado, como
mínimo, a la salida de un vehículo. También sostuvo que la subasta podía favorecer a
quienes tuvieran mayor capacidad económica para ganar la puja correspondiente.
En ese contexto, la Sala advierte que el Ministerio de Transporte no omitió el análisis de
competencia, sino que valoró la recomendación de la autoridad competente y expresó
las razones por las cuales optó por una medida distinta.
13 “Que esta Cartera Ministerial mediante el memorando 20171010163633 de 2017, manifiesta que se
aparta de la recomendación dada por la Superintendencia de Industria y Comercio, teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones: "1. El mecanismo de subasta supone emitir un número determinado de cupos
de ingreso vehicular para ser subastados, lo cual exige incrementar el parque automotor. Como se
mencionó anteriormente, el Archipiélago cuenta con la tasa de motorización más alta a nivel mundial, lo
cual obliga a las autoridades a impedir que el número de vehículos siga creciendo. Por el contrario, el
mecanismo de reposición planteado permite que todo ingreso implique la desintegración como mínimo de
un vehículo, por lo tanto, el parque automotor no solo no aumentaría, sino que disminuiría, toda vez que
existen algunas equivalencias en las cuales el ingreso de un vehículo supone la salida de cinco. En todo
caso, el derecho de reposición vehicular es transferible y puede ser comercializado, por lo cual, si
un consumidor desea adquirir un vehículo por primera vez, puede comprar dicho derecho a quien
lo detente. 2. El mecanismo de reposición no es una medida definitiva para el ingreso vehicular en el
Departamento, por ello se prevé que tenga solo una vigencia de tres años, tiempo en el cual se espera que
el parque automotor disminuya y que, como resultado de ello, se puedan revisar alternativas de captura de
disposición de los usuarios para los futuros ingresos, como, por ejemplo, la subasta. 3. Finalmente se
considera que el mecanismo de subasta también puede resultar discriminatorio y restrictivo, toda vez que
solo podrían acceder a la posibilidad de contar con un vehículo automotor aquellas personas que tengan
mayor capacidad de pago y puedan ganar la puja en el proceso. Esto podría generar un mercado que
beneficiaría solo a los más privilegiados, excluyendo a la mayoría de la población del Archipiélago". (Énfasis
fuera del texto original).
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Tampoco se demostró que la resolución hubiera favorecido a un agente económico
determinado, creado barreras injustificadas en beneficio de ciertos operadores o
consolidado una restricción anticompetitiva carente de justificación. La medida se aplicó
de manera general a quienes pretendieran ingresar vehículos automotores al
Departamento, con las excepciones previstas en la misma regulación, y respondió a la
finalidad declarada de controlar el crecimiento del parque automotor, promover su
renovación y proteger el ambiente y la sostenibilidad del territorio.
Así las cosas, el cargo no prospera.
Por todas las razones expuestas, en definitiva, el cargo de infracción de las normas en
que debía fundarse el acto demandado no prospera.
7.4.3. De la presunta falta de competencia
Los artículos 150 y 333 de la Constitución Política disponen que corresponde al Congreso
hacer las leyes y delimitar el alcance de la libertad económica cuando ello sea exigido
por el interés social, el ambiente o el patrimonio cultural de la Nación.
Del mismo modo, el artículo 310 superior prevé que el Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina se regirá por normas especiales que, en materias
como comercio exterior, cambios, fomento económico y protección ambiental, establezca
el legislador. Además, el inciso segundo de esa disposición constitucional señala que,
mediante ley aprobada por mayoría absoluta de los miembros de cada cámara, se podrá
limitar el ejercicio de los derechos de circulación y residencia, establecer controles a la
densidad poblacional y regular el uso del suelo, con el fin de proteger la identidad cultural
de las comunidades nativas y preservar el ambiente y los recursos naturales del
Archipiélago.
Sin embargo, de esas disposiciones no se desprende que toda regulación relacionada
con el tránsito, matrícula, reposición o ingreso de vehículos al Archipiélago deba ser
desarrollada exclusivamente por el legislador.
Por el contrario, la Sala considera que el legislador sí confirió al Ministerio de Transporte
una habilitación específica en esta materia.
En efecto, el parágrafo del artículo 182 de la Ley 1753 de 2015 dispuso expresamente
que el Ministerio de Transporte, previo concepto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, determinaría la cantidad de vehículos y el tipo y edad de los mismos que
podrían ingresar, ser matriculados y/o transitar en el Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, y reglamentaría los mecanismos para la asignación
de matrículas de nuevos vehículos o reposición de los actuales, con el fin de proteger el
medio ambiente, la seguridad de las personas, la sostenibilidad económica del
Archipiélago y el bienestar de residentes y turistas.
Esa norma es particularmente relevante porque no se limitó a fijar objetivos generales o
programáticos, sino que atribuyó directamente al Ministerio de Transporte la competencia
para adoptar el acto correspondiente sobre ingreso vehicular, matrículas y mecanismos
de reposición.
Así las cosas, no resulta acertada la premisa de la demanda que fundamenta el cargo
bajo estudio. En realidad, la resolución demandada reguló el derecho de reposición
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vehicular, estableció equivalencias de desintegración, fijó tiempos máximos de
circulación y determinó condiciones para el ingreso y matrícula de vehículos en el
Archipiélago. Todas esas materias guardan relación directa con la competencia
legalmente atribuida al Ministerio para reglamentar los mecanismos de asignación de
matrículas y reposición vehicular y para determinar la cantidad, tipo y edad de los
vehículos que podrían ingresar o transitar en el Departamento.
De otra parte, la Sala no comparte la afirmación según la cual el acto acusado invadió la
reserva de ley prevista en el artículo 310 de la Constitución Política. En efecto, la
regulación demandada no estableció restricciones a la residencia, inmigración o densidad
poblacional en el Archipiélago, ni reguló directamente el uso del suelo o la enajenación
de bienes inmuebles. Lo que hizo fue desarrollar un esquema de control sobre el ingreso
y reposición de vehículos automotores, con fundamento en una habilitación legal
orientada, precisamente, a la protección ambiental y a la sostenibilidad territorial del
Departamento.
Desde esa perspectiva, la resolución no sustituyó al legislador ni creó un régimen
especial, sino que desarrolló técnicamente una regulación cuya definición básica ya había
sido efectuada por el Congreso a través del artículo 182 de la Ley 1753 de 2015.
Ahora bien, la parte actora sostuvo que los artículos 1° y 2° del Decreto 2053 de 2003 no
atribuían competencia al Ministerio de Transporte para limitar el ingreso y circulación de
vehículos en un territorio determinado. Sobre este punto, la Sala observa, en primer lugar,
que dicho decreto fue derogado por el Decreto 087 de 2011, por lo que este último era el
que se encontraba vigente para el momento en que se expidió la regulación demandada.
En segundo lugar, aun si se dejara de lado esa circunstancia, lo cierto es que la
competencia del Ministerio de Transporte para expedir la resolución acusada no depende
exclusivamente de las funciones generales previstas en dicho decreto, sino de la
habilitación específica contenida en el parágrafo del artículo 182 de la Ley 1753 de 2015.
Adicionalmente, el artículo 1° de la Ley 1383 de 2010, modificatorio del artículo 1° de la
Ley 769 de 2002, reconoce expresamente que corresponde al Ministerio de Transporte,
como autoridad suprema de tránsito, definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución
de la política nacional en materia de tránsito. Asimismo, dicha disposición señala que el
ejercicio del derecho de circulación se encuentra sujeto a la intervención y reglamentación
de las autoridades para garantizar la seguridad, la preservación de un ambiente sano y
la protección del espacio público.
En resumen, la Sala concluye que el Ministerio de Transporte sí tenía competencia para
expedir el acto demandado. Por lo tanto, el cargo tampoco prospera.
Así, corresponde negar las pretensiones de nulidad de la demanda interpuesta contra los
artículos 5, 6, 9 y 12 de la Resolución núm. 0005016 del 17 de noviembre de 2017, “Por
la cual se reglamentan los mecanismos para la asignación de las matrículas de nuevos
vehículos automotores y la reposición de los actuales, en el Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina y se dictan otras disposiciones”.
Costas
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Visto el artículo 188 del CPACA14, la Sala considera que no hay lugar a imponer condena
en costas teniendo en cuenta que el presente asunto fue promovido en ejercicio del medio
de control de nulidad, el cual tiene por objeto la protección del ordenamiento jurídico en
abstracto.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. DECLARAR probada, de oficio, la cosa juzgada relativa respecto de los
artículos 6 y 9 de la Resolución núm. 0005016 de 17 de noviembre de 2017, en relación
con los cargos de la demanda por desconocimiento de los principios de confianza legítima
y proporcionalidad. En consecuencia, ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia de
24 de julio de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, dentro del
proceso con radicación número 11001-03-24-000-2018-00219-00, que negó las
pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. NEGAR, en lo demás, las pretensiones de nulidad de la demanda, de
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. Sin condena en costas, en atención a lo señalado en precedencia.
CUARTO. Una vez en firme esta decisión, procédase por Secretaría al archivo del
expediente, dejando las constancias a que hubiere lugar.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 25 de
junio de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
14 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil.”.
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