Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2013-00080-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2013-00080-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2013-00080-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
25 de septiembre de 2025
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Radicado: 11001 03 24 000 2013 00080 00
Demandante: Pedro Alejandro Carranza Cepeda
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente (E): GERMAN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Bogotá, D.C, veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).
Radicación núm.: 11001 03 24 000 2013 00080 00
Actor: Pedro Alejandro Carranza Cepeda
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
Tesis: No es nulo, por falta de competencia, el acto administrativo que fijó las
condiciones para autorizar el acceso a los sistemas de transporte por parte de los
usuarios conectados o que puedan conectarse a sistemas de distribución.
No es nulo por vulneración de normas superiores, el acto administrativo que fijó las
condiciones para autorizar el acceso a los sistemas de transporte por parte de los
usuarios conectados o que puedan conectarse a sistemas de distribución, si la
medida es adecuada, proporcional y cumple con los fines propuestos por la
administración.
NULIDAD – ÚNICA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la demanda instaurada en ejercicio del medio de control
de nulidad promovido por el señor Pedro Alejandro Carranza Cepeda en contra del
literal b) del artículo 1° de la Resolución nro. 171 del 1 de diciembre de 2011,
proferida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (en adelante CREG).
I. LA DEMANDA
1.1. Pretensiones
«De acuerdo con los hechos y fundamentos de Derecho aquí señalados,
respetuosamente solicito lo siguiente:
1. Se sirva DECLARAR LA NULIDAD del literal b de la parte Resolutiva del acto
administrativo contenido en la Resolución No 171 de Diciembre de 2011,
expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, por medio de la cual
se modifica el numeral 2.1.1. del Reglamento Único de Transporte de gas
natural por redes.
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2. Una vez ejecutoriada su Decisión, respetuosamente le solicito se sirva oficiar
a la autoridad administrativa que profirió el acto administrativo demandado, para
los trámites que correspondan».1
1.2. La disposición acusada
«ARTÍCULO 1. Modificar el numeral 2.1.1. del RUT, el cual quedará así:
"2.1.1 Compromiso de Acceso
(..)
b. Condiciones para autorizar el acceso a los sistemas de transporte por
parte de usuarios conectados o que puedan conectarse a sistemas de
distribución:
Los Transportadores de gas natural por tubería no podrán autorizar el acceso
a los gasoductos de su propiedad o que se encuentran bajo su control, a
cualquier Usuario Regulado o Usuario No Regulado, que en el momento de
la solicitud de conexión se encuentre conectado a un Sistema de Distribución
o pueda conectarse a un Sistema de Distribución.
Los Transportadores sólo podrán aceptar el acceso de un Usuario Regulado
atendido a través de un comercializador o de un Usuario No Regulado
conectado previamente a un Sistema de Distribución o que se pueda
conectar a un Sistema de Distribución, cuando como consecuencia de
condiciones técnicas (flujo, presión, volumen, calidad del gas, entre otras) o
de seguridad, la demanda de dicho Usuario no pueda ser atendida por el
distribuidor que le presta o le puede prestar el servicio.
El Usuario que esté conectado o se pueda conectar a un Sistema de
Distribución y que por las razones antes señaladas solicite el acceso al
Transportador deberá presentarle a éste un documento expedido por el
Distribuidor en donde se indiquen las razones técnicas del por qué no le es
posible prestarle el servicio a dicho Usuario.
Para los efectos del literal b de este artículo, cuando se hace referencia al
acceso a un Sistema de Distribución por parte de un Usuario No Regulado, se
debe entender que esta expresión no incluye a los "Distribuidores-
Comercializadores".
Las disposiciones del literal b de este artículo se aplican a las conexiones de
inmuebles o predios, sin importar cualquier modificación relativa a la propiedad,
posesión, tenencia, usufructo, administración o similares que pueda ocurrir en
relación con éstos».
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
1 El expediente digital reposa en el índice 72 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
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Como normas infringidas, el demandante señaló el artículo 333 de la Constitución
Política y el artículo 30 de la Resolución nro. 057 de 1996.
1.3.1. Afirmó que la disposición acusada vulnera la libertad de empresa y la libre
competencia, consagradas en el artículo 333 de la Constitución Política, al impedir
que los usuarios de gas conectados a redes de distribución o aquellos que deseen
incorporarse al sistema, puedan acceder a tarifas más favorables mediante
proyectos que les permitan conectarse directamente a la infraestructura de
transporte. Señaló que esta restricción los obliga a permanecer en el sistema de
distribución, lo que afecta su competitividad y limita su derecho a explorar otras
alternativas, en contravía de lo dispuesto en la Resolución CREG 057 de 1996.
Alegó que la CREG justificó la expedición del acto impugnado argumentando que
este busca evitar una disminución en los ingresos de los distribuidores de gas y
garantizar el retorno de las inversiones realizadas en infraestructura, con el fin de
proteger a los usuarios de posibles incrementos tarifarios. No obstante, esta postura
desconoce que la demanda de gas natural por red ha venido creciendo de manera
sostenida, lo que tiende a reducir los costos asociados a su distribución. Además,
los precios que enfrenta la industria nacional para el suministro de gas no son
competitivos a nivel internacional, lo cual constituye un motivo adicional para
promover una disminución en los costos del servicio.
Señaló que la CREG puso a disposición de varios agentes del sector el proyecto de
resolución que dio origen al acto demandado, frente al cual se manifestaron
opiniones divergentes. En particular, algunos intervinientes advirtieron que dicha
medida podría afectar de manera significativa la libre empresa y la competitividad
del sector, al contradecir lo previsto en la Ley 142 de 1994, la cual faculta al
regulador para intervenir con el fin de promover la competencia, pero no para
restringirla.
Informó que, en el escrito enviado por Gas Meridional a la CREG, se advirtió que,
cuando un usuario decide conectarse directamente a la red del transportador, a
pesar de los altos costos que esto representa, es porque los cargos de distribución
son aún más elevados, o porque el servicio integral ofrecido por el distribuidor
resulta más costoso. Según lo expuesto, esta situación promueve la ineficiencia al
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restringir la competencia y privar a los usuarios de la posibilidad de elegir la
alternativa que mejor se ajuste a sus necesidades.
Por último, adujo que los actos impugnados permiten que un operador autorice el
acceso directo a las redes de transporte por razones de seguridad o de carácter
técnico. No obstante, señaló que dicha justificación resulta vaga y abstracta, en
tanto otorga a la empresa prestadora una facultad discrecional sin criterios objetivos
que garanticen transparencia o equidad en el acceso.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
2.1. La CREG respondió el libelo introductorio bajo los argumentos que se
sintetizan enseguida2:
2.1.1. Sostuvo que en los artículos 69, 73 y 74 de la Ley 142 de 1994 y los artículos
20 y 23 de la Ley 143 del mismo año, se le asignó la función de regular los servicios
públicos de energía eléctrica y gas combustible, con el propósito de cumplir los fines
sociales del Estado, corregir las fallas del mercado y garantizar la satisfacción del
interés general.
Resaltó que el servicio de gas natural está compuesto por las siguientes actividades:
i) comercialización mayorista; ii) transporte de gas natural, la distribución de gas
combustible por redes de tubería o gasoductos virtuales, y iii) comercialización
minorista, y procedió a describir cada una de esas actividades.
2.1.2. Señaló que el numeral 2.1.1 del Reglamento Único de Transporte de gas
natural por redes (en adelante RUT), modificado por el acto acusado, establece las
condiciones que deben cumplir los transportadores para autorizar el acceso a sus
sistemas por parte de usuarios que ya estén conectados o puedan conectarse a
sistemas de distribución. En particular, contempla tres (3) requisitos: i) los
transportadores no pueden autorizar el acceso a sus gasoductos a usuarios que se
encuentren conectados o puedan hacerlo a través de un sistema de distribución; ii)
2 Visible a folios 101 a 110 ibídem.
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podrán permitir el ingreso únicamente cuando, por razones técnicas (como presión,
caudal o calidad del gas) o de seguridad, el distribuidor no esté en capacidad de
atender la demanda del usuario; y iii) el usuario deberá presentar al transportador
un documento que acredite dicha circunstancia.
Resaltó que, conforme con lo dispuesto en la Resolución 108 de 1997, las empresas
distribuidoras están obligadas a permitir la conexión de prestadores al servicio sin
imponerles requisitos adicionales. No obstante, si la conexión es negada, el
interesado podrá ejercer los recursos previstos en el artículo 154 de la Ley 142 de
1994.
Afirmó, además, que una vez quede en firme la decisión sobre el acceso al sistema
de distribución, la solicitud del usuario para obtener el documento que justifique las
razones técnicas del distribuidor se regirá por lo establecido en el artículo 158
ibidem. Esta norma fija el plazo de respuesta, contempla los efectos del silencio
administrativo positivo y faculta a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios para hacer cumplir la decisión si la empresa no reconoce lo solicitado.
Dijo que la limitación al acceso discriminado a la red de transporte, prevista en el
acto acusado, fue adoptada en atención a los fines y objetivos de la Ley 142 de
1994, en el marco de una prestación eficiente del servicio, sin que ello implique una
restricción al libre acceso al gas natural. Este propósito, afirmó, se evidencia en los
antecedentes administrativos de la Resolución nro. 171 de 2011, acusada.
Mencionó que permitir la coexistencia de múltiples redes en una misma zona, como
ocurría con la figura del bypass físico, generaba ineficiencias, inestabilidad en los
precios, impactos tarifarios negativos para los usuarios que permanecen en las
redes de distribución, un uso inadecuado de la infraestructura existente y posibles
riesgos de seguridad derivados de la conexión directa al sistema de transporte.
2.1.3. Como tercer punto, propuso el de «improcedencia de las pretensiones
formuladas por el demandante en relación con la nulidad e ilegalidad de la
Resolución CREG 171 de 2011». Aseguró que la disposición impugnada no
desconocía la norma constitucional y que se había efectuado una interpretación
errónea del artículo 30 de la Resolución 057 de 1996. Al respecto, adujo que el libre
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acceso a la infraestructura por parte de los agentes no constituye un derecho
absoluto, como lo plantea el actor, pues está condicionado por los objetivos
previstos en la ley y en la regulación sectorial, tales como asegurar la prestación
eficiente del servicio, evitar la subutilización y duplicación de redes de distribución,
proteger las tarifas al usuario final y garantizar condiciones adecuadas de seguridad.
Asimismo, destacó que existen diferencias sustanciales entre la distribución de gas
combustible y el transporte de gas natural, particularmente en lo relacionado con la
atención al usuario final.
Señaló que la CREG está facultada para establecer mecanismos que limiten el libre
acceso a la infraestructura de los servicios públicos, en tanto dicha facultad se
encuentra respaldada por la normativa aplicable, con el propósito de garantizar la
prestación eficiente del servicio. Agregó que, durante el proceso de consulta para la
expedición del acto acusado, se analizaron aspectos relacionados con la
competitividad y la libertad de empresa, lo cual quedó consignado en el documento
soporte que fundamentó la decisión cuestionada. Por tanto, concluyó que no se
vulneró el artículo 333 de la Constitución.
En cuanto al artículo 30 de la Resolución 057 de 1996, sostuvo que este reconoce
el libre acceso de los prestadores a la infraestructura destinada a la distribución de
gas combustible. Sin embargo, aclaró que en el caso concreto se discute el ingreso
de usuarios regulados o no regulados, distribuidores o comercializadores, a la
infraestructura de transporte de gas natural, razón por la cual dicha disposición no
resulta aplicable al asunto debatido.
2.2. Por su parte la Federación de Distribuidores de Combustible Gaseosos
(en adelante Fedigas), en su calidad de coadyuvante del demandante, propuso los
siguientes cargos:
2.2.1. Violación al régimen de libre competencia. Resaltó que se vulnera el artículo
333 de la Constitución, debido a que la disposición acusada prevé que los usuarios
quedan sometidos permanentemente a un sistema y a un distribuidor sin opción
alguna de buscar mejores tarifas.
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Argumentó que se están restringiendo las conexiones directas de los empresarios
con el propósito de respaldar una inversión realizada hace varios años, la cual,
presuntamente, aún no ha sido amortizada. Esta medida, a su juicio, pone en riesgo
el interés general, el derecho a la igualdad y la libertad de empresa.
Precisó que la CREG podía ejercer su facultad regulatoria para mantener estables
las tarifas aplicables a los prestadores de tamaño medio, toda vez que el único
aumento identificado obedecía al pago de las inversiones realizadas por el
distribuidor, aspecto que se encuentra dentro de su competencia, conforme al
artículo 14 de la Ley 142 de 1994. De esta manera, el usuario final no se vería
afectado por incrementos tarifarios, sin importar si algún agente abandona la red de
distribución.
2.2.2. Expedición sin competencia. Expuso que se vulneraron los artículos 28 y 39
de la Ley 142 de 1994, en la medida en que el Legislador autorizó a la CREG para
exigir la interconexión de redes, pero no para prohibirlas. Afirmó que la disposición
acusada busca mantener monopolios y restringir la competencia de forma indebida,
a pesar de que la ley prohíbe tales prácticas. Por lo tanto, al limitar el mercado,
impedir la libre competencia y restringir las facultades de las empresas del sector,
la CREG habría excedido las competencias que le fueron otorgadas por la ley, lo
que evidencia que la resolución impugnada fue expedida sin competencia.
III. TRASLADO DE LAS EXCEPCIONES
El señor Pedro Alejandro Carranza Cepeda descorrió el traslado de las
excepciones propuestas por la CREG esgrimiendo las siguientes consideraciones:
Anotó que la CREG fundamentó su defensa en el artículo 30 de la Resolución CREG
057 de 1996, pese a que dicha norma no resulta aplicable al caso concreto, toda
vez que regula el libre acceso a los sistemas de transporte, mientras que la
controversia en este asunto se refiere al acceso a los sistemas de distribución.
Insistió en que la norma demandada debía ser declarada nula por desconocer los
derechos a la libre competencia y a la libertad de empresa. Agregó que la CREG no
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estaba habilitada para expedir una regulación que afectara dichas garantías, por lo
que excedió las competencias que le fueron conferidas por la ley.
Adujo que, con el acto acusado, se habilita de facto la consolidación de un
monopolio en la distribución de gas natural en el país, el cual estaría siendo
protegido por la CREG. Señaló que dicha regulación prioriza la salvaguarda de
inversiones realizadas hace varios años, que, en su criterio, ya deberían haber
resultado rentables, en lugar de fomentar la competencia y la eficiencia en el
servicio.
Destacó que la seguridad no debería constituir un motivo de preocupación frente al
acto demandado, toda vez que únicamente pueden ejecutar ese tipo de conexiones
quienes cuenten con la capacidad física, presupuestal y técnica necesaria, y estén
en condiciones de cumplir rigurosamente con los protocolos establecidos. Refirió
que tampoco habría subutilización de redes ya que el 30 % de los usuarios
conectados a los distribuidores son industriales, lo que representa un potencial de
usuarios que podrían tener la capacidad de interconexión.
IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
4.1. En escrito del 16 de marzo de 2021, la CREG descorrió el traslado para
alegar de conclusión reiterando los argumentos expuestos en la contestación.3
4.2. La parte actora insistió en los fundamentos de la demanda.
4.3. Fedigas guardó silencio.
V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa rindió concepto
en el que expuso los siguientes argumentos4:
3 Visible a índice 86 ibidem.
4 Folios 326 a 341 ibidem.
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Comentó que el artículo 73 de la Ley 142 de 1994 establece que la CREG tiene la
facultad de regular los monopolios en la prestación de servicios públicos cuando no
exista competencia, y que, en los demás casos, debe promoverla para asegurar la
eficiencia, evitar el abuso de la posición dominante y garantizar la calidad del
servicio. Asimismo, le permite definir los requisitos para el uso y acceso a las redes
públicas, así como fijar las fórmulas tarifarias correspondientes.
Adicionalmente, indicó que el parágrafo 3 del artículo 3 de la Ley 401 de 1997
dispuso que la infraestructura del Sistema Nacional de Transporte de Gas Natural
debía cumplir con las reglas y condiciones operativas fijadas por la CREG, en su
calidad de entidad reguladora del sector.
Sostuvo que, si bien la Constitución garantiza la libertad de iniciativa privada y el
ejercicio de actividades económicas, en el ámbito de los servicios públicos el Estado
tiene el deber de intervenir con el fin de asegurar la calidad, continuidad y cobertura
del servicio.
En esa línea, manifestó que la función reguladora en materia de gas natural
corresponde a la CREG, entidad que está facultada para establecer los requisitos
generales de acceso y uso de los sistemas de transporte, con el propósito de
garantizar la eficiencia, seguridad y calidad en la prestación del servicio.
Concluyó que el actor no logró desvirtuar los fundamentos normativos y fácticos que
sustentan la disposición expedida por la CREG, ni acreditó la configuración de
alguna de las causales de nulidad previstas en el ordenamiento jurídico. En
consecuencia, las pretensiones de la demanda debían ser desestimadas.
VI. DECISIÓN
No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado procede la Sala a decidir
el asunto sub-lite, previas las siguientes:
VII.CONSIDERACIONES
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7.1. Competencia
De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de
lo previsto en los artículos 11, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 149 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es
competente para conocer del asunto de la referencia.
7.2. Planteamiento
De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que, en primer lugar, las partes discuten
acerca de la competencia de la entidad demandada para emitir el acto enjuiciado.
En efecto, para la coadyuvante, con la emisión del acto enjuiciado se desconoció lo
previsto en los artículos 28 y 39 de la Ley 142 de 1994, ya que la CREG estaba
prohibiendo la interconexión de redes, manteniendo monopolios y restringiendo la
competencia. Mientras que, para la entidad demandada y el Ministerio Público, la
CREG sí tenía facultades para expedir el anotado acto, en virtud de lo previsto en
los artículos 69, 73 y 74 de la Ley 142 de 1994 y los artículos 20 y 23 de la Ley 143
del mismo año.
En segundo lugar, se advierte que, tanto para la parte demandante como para la
coadyuvante, la expedición del acto acusado implicó una vulneración de los
derechos a la libertad de empresa, la libre competencia y de lo dispuesto en la
Resolución CREG 057 de 1996, al limitar la posibilidad de que los usuarios accedan
directamente a la infraestructura de transporte en busca de condiciones tarifarias
más favorables. Además, sostienen que con dicha regulación se pretende garantizar
ingresos a los distribuidores con fundamento en inversiones que, a su juicio, ya
deberían estar amortizadas. En contraste, tanto la CREG como el Ministerio Público
destacan que la medida no desconoce los derechos invocados, pues su finalidad es
promover el uso eficiente de la infraestructura existente, prevenir riesgos asociados
a las conexiones directas y asegurar una prestación del servicio más segura.
7.3. De la controversia sobre la competencia de la CREG
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Tendrá que absolverse si es nulo, por falta de competencia, el acto administrativo
que fijó las condiciones para autorizar el acceso a los sistemas de transporte por
parte de los usuarios conectados o que puedan conectarse a sistemas de
distribución.
Para resolver el problema formulado es necesario tener en cuenta que el artículo
334 de la Constitución Política de Colombia señala que la dirección general de la
economía estará a cargo del Estado, el cual intervendrá en los servicios públicos,
para buscar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. A su vez, el
artículo 367 de la Carta determina que la ley fijará las competencias relativas a la
prestación, cobertura, calidad y financiación de los servicios públicos domiciliarios,
así como su régimen tarifario y las entidades competentes para fijar las tarifas.
A su vez, el artículo 2 de la Ley 142 de 1994 establece, entre los fines de la
intervención del Estado en los servicios públicos, la garantía de la libre competencia
y de una prestación continua, ininterrumpida y eficiente de estos. Veamos:
«Artículo 2o. Intervención del estado en los servicios públicos. El Estado
intervendrá en los servicios públicos, conforme a las reglas de competencia de
que trata esta Ley, en el marco de lo dispuesto en los artículos 334, 336, y 365
a 370 de la Constitución Política, para los siguientes fines:
2.1. Garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su disposición
final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios.
2.2. Ampliación permanente de la cobertura mediante sistemas que compensen
la insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios.
2.3. Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de
agua potable y saneamiento básico.
2.4. Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando
existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico
que así lo exijan.
2.5. Prestación eficiente.
2.6. Libertad de competencia y no utilización abusiva de la posición dominante.
2.7. Obtención de economías de escala comprobables.
2.8. Mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso a los servicios y su
participación en la gestión y fiscalización de su prestación.
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2.9. Establecer un régimen tarifario proporcional para los sectores de bajos
ingresos de acuerdo con los preceptos de equidad y solidaridad» (Subrayas de
la Sala).
Mientras que el artículo 3 de la Ley 142 de 1994 señala que constituyen
instrumentos para la intervención estatal en los servicios públicos, entre otras, la
fijación de metas de eficiencia, cobertura y calidad, así como la evaluación de éstas
y la definición del régimen tarifario.
Ahora, en cuanto a la regulación del servicio de gas, el artículo 14.28 ibidem lo
definen como «el conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas
combustible, por tubería u otro medio, desde un sitio de acopio de grandes
volúmenes o desde un gasoducto central hasta la instalación de un consumidor final,
incluyendo su conexión y medición. También se aplicará esta Ley a las actividades
complementarias de comercialización desde la producción y transporte de gas por
un gasoducto principal, o por otros medios, desde el sitio de generación hasta aquel
en donde se conecte a una red secundaria».
A su vez, el artículo 28 ibidem determinó que las comisiones de regulación podrán
intervenir en el mercado a efectos de garantizar que haya la posibilidad de
garantizar la interconexión y homologación de redes, así:
«Artículo 28. Redes. Todas las empresas tienen el derecho a construir, operar
y modificar sus redes e instalaciones para prestar los servicios públicos, para lo
cual cumplirán con los mismos requisitos, y ejercerán las mismas facultades
que las leyes y demás normas pertinentes establecen para las entidades
oficiales que han estado encargadas de la prestación de los mismos servicios,
y las particulares previstas en esta Ley.
Las empresas tienen la obligación de efectuar el mantenimiento y reparación de
las redes locales, cuyos costos serán a cargo de ellas.
Las comisiones de regulación pueden exigir que haya posibilidad de
interconexión y de homologación técnica de las redes, cuando sea
indispensable para proteger a los usuarios, para garantizar la calidad del
servicio o para promover la competencia. Pero en ningún caso exigirán
características específicas de redes o sistemas mas allá de las que sean
necesarias para garantizar la interconectabilidad de servicios análogos o el uso
coordinado de recursos. Las comisiones podrán exigir, igualmente, que la
construcción y operación de redes y medios de transporte para prestar los
servicios públicos no sea parte del objeto de las mismas empresas que tienen
a su cargo la distribución y, además, conocerán en apelación los recursos contra
los actos de cualquier autoridad que se refieran a la construcción u operación
de redes. La construcción y operación de redes para el transporte y distribución
de agua, residuos, electricidad, gas y telefonía pública básica conmutada,
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telefonía local móvil en el sector rural así como el señalamiento de las tarifas
por su uso, se regirán exclusivamente por esta Ley y por las normas
ambientales, sanitarias y municipales a las que se alude en sus
artículos 25 y 26 de esta Ley» (Subrayas de la Sala).
Asimismo, el artículo 73.22 de la Ley 142 de 1994, estableció:
«Artículo 73. Funciones y facultades generales. Las comisiones de
regulación tienen la función de regular los monopolios en la prestación de los
servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en los
demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios
públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los competidores
sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante,
y produzcan servicios de calidad. Para ello tendrán las siguientes funciones y
facultades especiales:
(…)
73.22. Establecer los requisitos generales a los que deben someterse las
empresas de servicios públicos para utilizar las redes existentes y acceder a las
redes públicas de interconexión; así mismo, establecer las fórmulas tarifarias
para cobrar por el transporte e interconexión a las redes, de acuerdo con las
reglas de esta Ley».
Además, el literal a) del artículo 74.1. ibidem asignó como función especial de la
CREG, regular el ejercicio de las actividades de gas combustible para asegurar la
disponibilidad de una oferta energética eficiente, así como propiciar la competencia.
Entre tanto, el ordinal b) dispuso que debían expedir regulaciones específicas para
el uso eficiente del gas por parte de los consumidores, como se observa enseguida:
«Artículo 74. Funciones especiales de las comisiones de regulación. Con
sujeción a lo dispuesto en esta Ley y las demás disposiciones que la
complementen, serán además, funciones y facultades especiales de cada una
de las comisiones de regulación las siguientes:
(…)
74.1. De la Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible.
a) Regular el ejercicio de las actividades de los sectores de energía y gas
combustible para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente,
propiciar la competencia en el sector de minas y energía y proponer la adopción
de las medidas necesarias para impedir abusos de posición dominante y buscar
la liberación gradual de los mercados hacia la libre competencia. La comisión
podrá adoptar reglas de comportamiento diferencial, según la posición de las
empresas en el mercado.
b) Expedir regulaciones específicas para la autogeneración y cogeneración de
electricidad y el uso eficiente de energía y gas combustible por parte de los
consumidores y establecer criterios para la fijación de compromisos de ventas
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garantizadas de energía y potencia entre las empresas eléctricas y entre éstas
y los grandes usuarios;» (Subrayas de la Sala).
Igualmente, el parágrafo del artículo 3 de la Ley 401 de 1997, estableció:
“Artículo 3o. Las funciones del Centro de Coordinación de Transporte de Gas
Natural, CTG, serán las siguientes:
(…)
Parágrafo 3o. Toda la infraestructura del Sistema Nacional de Transporte de
Gas Natural deberá cumplir con las reglas y condiciones operativas que le fijen
las autoridades competentes directamente o a través del Centro de
Coordinación de Transporte de Gas Natural, CTG.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, establecerá dichas reglas y
condiciones operativas a través del "Reglamento Único de Transporte de Gas
Natural» (Subrayas de la Sala).
De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que las comisiones de regulación tienen
la facultad de establecer reglas para la prestación de los servicios públicos y
fomentar la competencia entre los prestadores, con el fin de garantizar la calidad
del servicio. Asimismo, la CREG tiene facultades para regular el uso y acceso a las
redes de gas, a efectos de asegurar la disponibilidad de la oferta energética,
prevenir la subutilización o duplicación de infraestructura y garantizar un
funcionamiento ordenado y eficiente del mercado.
En ese orden, resulta claro que la autoridad demandada sí contaba con facultades
para expedir la disposición enjuiciada, en tanto que en ella se establecieron
condiciones relativas al acceso a los sistemas de transporte por parte de usuarios
que se encuentran conectados, o que pueden conectarse, a sistemas de distribución
de gas natural; materia que, como se dijo, la CREG tiene competencia legal para
regular, con el fin de garantizar la eficiencia, continuidad y seguridad en la
prestación del servicio.
Ahora, la Sala no pasa por alto que la coadyuvante refiere que la CREG no tenía
competencia para emitir el acto enjuiciado ya que este limita la libre competencia,
por lo que dicho aspecto será verificado en el siguiente punto.
7.4. De la controversia sobre los derechos de libertad de empresa y libre
competencia
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Tendrá que absolverse si es nulo, por vulneración de normas superiores, el acto
administrativo que fijó las condiciones para autorizar el acceso a los sistemas de
transporte por parte de los usuarios conectados o que puedan conectarse a
sistemas de distribución.
7.4.1. En este punto se advierte que se invocaron como desconocidos los artículos
333 de la Carta Política y 30 de la Resolución 057 de 19965.
En cuanto a esta última disposición, lo que evidencia la Sala es que la norma
acusada, esto es, la Resolución CREG 171 de 2011, es del mismo nivel jerárquico
que la invocada como violada, toda vez que ambas fueron expedidas por la
Comisión de Regulación de Energía y Gas, invocando las mismas facultades legales
para su expedición; estas son «las conferidas por la Ley 142 de 1994, y en desarrollo
de los decretos 1524 y 2253 de 1994».
Bajo ese entendido, resulta indispensable aludir al contenido del artículo 137 del
CPACA, en el cual se señala, entre otras, que la declaratoria de ilegalidad de un
acto administrativo será procedente cuando del análisis del acto se desprenda una
vulneración a las normas superiores invocadas. El artículo en cuestión se
transcribe enseguida:
«Artículo 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de
representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter
general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que
deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con
desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa
5 «Articulo 30. Libre acceso a los sistemas de transporte. Los transportadores de gas natural por
tubería permitirán el acceso a las tuberías de su propiedad y a los sistemas de almacenamiento, a
cualquier productor, comercializador, distribuidor, y en general a cualquier usuario que lo solicite, en
las mismas condiciones de calidad y seguridad establecidas en las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables a esta materia, así como en el código de transporte o sus normas
suplementarias y demás reglamentos que expida la Comisión.
Mientras entra en vigencia tal código, dicho servicio se prestará con los estándares técnicos, de
calidad y seguridad actualmente utilizados por cada una de las empresas encargadas de su
prestación, aprobados por el Ministerio de Minas y Energía.
Cuando el propietario de un gasoducto independiente lo vincule al sistema nacional de transporte
aceptará el uso de la tubería por quienes se conecten a ella en las condiciones establecidas por la
ley y por la Comisión»
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motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió»
(Subrayas de la Sala).
Así las cosas, como quiera que el segundo cargo se funda en una norma de igual
rango a la acusada, no procede su estudio.
7.4.2. De otro lado, el tenor literal del artículo 333 Constitucional es el siguiente:
«Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro
de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos
previos ni requisitos, sin autorización de la ley.
La libre competencia económica es un derecho de todos que supone
responsabilidades.
La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica
obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el
desarrollo empresarial.
El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la
libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o
empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.
La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el
interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación»
La jurisprudencia constitucional ha sido uniforme, pacífica y reiterada al señalar que
tal garantía podría definirse con un criterio amplio como la «facultad que tiene toda
persona de realizar actividades de carácter económico, según sus preferencias o
habilidades, con miras a crear, mantener o incrementar su patrimonio» (C-616 de
2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil), pero que se precisa en dos aspectos más
concretos, a saber: la libre iniciativa privada y la libre competencia económica.
Ahora bien, la libre iniciativa privada ha sido definida como «...aquella libertad que
se reconoce a los ciudadanos para afectar o destinar bienes de cualquier tipo
(principalmente de capital) para la realización de actividades económicas para la
producción e intercambio de bienes y servicios conforme a las pautas o modelos de
organización típicas del mundo económico contemporáneo con vistas a la obtención
de un beneficio o ganancia. El término empresa en este contexto parece por lo tanto
cubrir dos aspectos, el inicial - la iniciativa o empresa como manifestación de la
capacidad de emprender y acometer- y el instrumental -a través de una organización
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económica típica-, con abstracción de la forma jurídica (individual o societaria) y del
estatuto jurídico patrimonial y laboral» (C-524 de 1995. M.P. Carlos Gaviria Díaz).
Se ha sostenido que ese derecho reconocido a los ciudadanos colombianos
comprende a su vez la libertad contractual, esta es, «la capacidad que tienen los
agentes económicos para que, en ejercicio de la autonomía de su voluntad,
suscriban los acuerdos que resulten necesarios para su concurrencia al mercado
en condiciones de igualdad con los demás oferentes» (C-228 de 2010, M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva); la «expresión de valores de razonabilidad y eficiencia en la
gestión económica para la producción de bienes y servicios y permite el
aprovechamiento de la capacidad creadora de los individuos y de la iniciativa
privada. En esa medida, la misma constituye un valor colectivo que ha sido objeto
de especial protección constitucional», (C-616 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil);
y, por último, la libertad de canalización de recursos particulares o privados «por la
vía del incentivo económico, hacia la promoción de concretos intereses colectivos y
la prestación de servicios públicos. En esa posibilidad se aprecia una opción,
acogida por el constituyente, para hacer compatibles los intereses privados, que
actúan como motor de la actividad económica, con la satisfacción de las
necesidades colectivas» (Ibidem). (Subrayas de la Sala).
Ha estimado la Corte Constitucional que el núcleo esencial de la garantía prevista
en el artículo 333 Superior6 radica en la posibilidad de acceso al mercado por parte
de los oferentes sin que medien barreras injustificadas. La misma jurisprudencia ha
explicado que existe libre competencia cuando un conjunto de empresarios, en un
marco normativo de igualdad de condiciones, ponen sus esfuerzos, factores
empresariales y de producción, en la conquista de un mercado determinado, bajo el
supuesto de la ausencia de barreras de entrada o de otras prácticas restrictivas que
dificulten el ejercicio de una actividad económica lícita7.
En sentencia C-815 de 2001, el máximo Tribunal Constitucional sostuvo que se
trataba de un derecho con doble matiz, uno individual y otro colectivo. Con aquel se
busca la obtención del lucro del empresario; y con éste se pretende garantizar la
promoción de los oferentes y también que el consumidor se beneficie con bienes y
6 C-228 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
7 C-815 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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servicios de mejor calidad. Así, cuando ello no acontece, el Estado interviene para
corregir la irregularidad que presenta el mercado. Dice así, en lo pertinente, la
providencia:
«se concibe a la libre competencia económica, como un derecho individual y a
la vez colectivo (artículo 88 de la Constitución), cuya finalidad es alcanzar un
estado de competencia real, libre y no falseada, que permita la obtención del
lucro individual para el empresario, a la vez que genera beneficios para el
consumidor con bienes y servicios de mejor calidad, con mayores garantías y a
un precio real y justo. Por lo tanto, el Estado bajo una concepción social del
mercado, no actúa sólo como garante de los derechos económicos individuales,
sino como corrector de las desigualdades sociales que se derivan del ejercicio
irregular o arbitrario de tales libertades.
Por ello, la protección a la libre competencia económica tiene también como
objeto, la competencia en sí misma considerada, es decir, más allá de
salvaguardar la relación o tensión entre competidores, debe impulsar o
promover la existencia de una pluralidad de oferentes que hagan efectivo el
derecho a la libre elección de los consumidores, y le permita al Estado evitar la
conformación de monopolios, las prácticas restrictivas de la competencia o
eventuales abusos de posiciones dominantes que produzcan distorsiones en
el sistema económico competitivo. Así se garantiza tanto el interés de los
competidores, el colectivo de los consumidores y el interés público del Estado.»
(Subrayas de la Sala).
La libre competencia tiene carácter relacional, es decir, su satisfacción depende, en
primer lugar, del ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control de las
actuaciones de los agentes que se involucran en el mercado, con el fin de evitar que
incurran en comportamientos abusivos que afecten la competencia; o, de llegarse a
constatar tal tipo de actuaciones, imponer las sanciones que prevea la ley 8. En esa
medida, es la satisfacción de las garantías de los participantes en el mercado la que
explica la intervención económica del Estado, de modo tal que se asegure su
eficacia y competitividad9.
8 C-228 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
9 La sentencia C-870 de 2003 propuso el siguiente alcance del derecho a la libre competencia
económica: “Los artículos 333 y 13 de la Constitución se relacionan con particular énfasis al permitirle
a todas las personas ejercer libremente la actividad económica que tengan a bien asumir, dentro de
los límites del bien común. Consecuentemente, todos tienen derecho a la iniciativa privada y a la
libre competencia, con las responsabilidades que ello apareja. Por su parte, la ley puede delimitar
el alcance de la libertad económica cuando así lo exija el interés social, el ambiente y el patrimonio
cultural de la Nación. Vale decir, jurídicamente la libertad económica está garantizada por la
Constitución en armonía con el derecho a la igualdad de los potenciales agentes económicos; por
lo tanto, siempre que el legislador pretenda establecer limitaciones, exigencias o prerrogativas en
torno a esa libertad, deberá examinar previamente los supuestos viables a la concreción de este
derecho en un plano de igualdad material, sin perjuicio de las distinciones que pueda hacer entre
unas personas y otras, al amparo de claros criterios de razonabilidad y proporcionalidad. || En
relación con el derecho que tienen las personas a ejercer la libertad de empresa y a percibir las
utilidades que le son inherentes, el Estado se erige como director de la economía con dos fines
específicos: de una parte, debe regular, vigilar y controlar los procesos económicos en orden a
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En segundo lugar, tal derecho apareja límites materializados en la responsabilidad
social o pública, consistente en que los agentes auto restrinjan sus actividades
(manuales de buenas prácticas), con el fin de evitar que un uso abusivo de las
libertades constitucionales impida el goce efectivo de los derechos vinculados con
dichos bienes10.
Tales consideraciones han sido útiles para demarcar las libertades básicas de los
participantes en el mercado, a saber: «a) la necesidad que los agentes del mercado
puedan ejercer una actividad económica libre, con las excepciones y restricciones
que por ley mantiene el Estado sobre determinadas actividades, b) la libertad de los
agentes competidores para ofrecer, en el marco de la ley, las condiciones y ventajas
comerciales que estimen oportunas, y c) la libertad de los consumidores o usuarios
para contratar con cualquiera de los agentes oferentes, los bienes o servicios que
requieren.»11
En similares términos, esta Corporación, en sentencia del 12 de octubre de 2017,
dio el siguiente entendimiento al artículo 333 Superior:
«De la libertad de empresa y la libre competencia
El artículo 333 de la Constitución Política prevé lo siguiente:
(...)
fomentar y estimular la gestión empresarial, impidiendo al efecto que se obstruya o restrinja la
libertad económica y evitando o controlando cualquier abuso de la posición dominante; y de otra,
promoviendo y exigiendo a la empresa el cumplimiento de su función social a través de su
intervención en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción,
distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados; igualmente,
actuando como empresario directo, ya con capital totalmente estatal, ora en alguna de las
modalidades de la asociación mixta. Función social que se debe concretar en el mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes, en la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios
del desarrollo y en la preservación de un ambiente sano. En este espectro le corresponde al Estado
propender por la vigencia efectiva del derecho a la igualdad, tanto en la esfera de los empresarios,
como en la de los trabajadores y consumidores de sus productos. Asimismo le compete a las
autoridades públicas, en sus diferentes campos de acción, resolver las tensiones que se presentan
entre la libertad de empresa y la primacía del interés general, dado que, en cuanto base del desarrollo
la empresa debe producir y exhibir positivos balances de rentabilidad económica y social, los que a
su vez habrán de ser, en lo económico-fiscal, representativos de mejores bases gravables y por tanto
de mayores tributos; y en lo social, indicativos de su participación en el mejoramiento de la calidad
de vida de los habitantes.”.
10 Sentencia C-032 de 2017.
11 Sentencia C-616 de 2001.
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Como se ve, la Constitución Política señala que la actividad económica y la
iniciativa privada son libres, pero limitadas por el bien común.
Complementariamente, reconoce que la libertad de empresa conlleva una
responsabilidad social, esto es, si bien la libre competencia económica es un
derecho, lo cierto es que sobrelleva responsabilidades frente a la sociedad en
la que se desarrolla la actividad económica.
Interesa resaltar que el Estado, por mandato de la ley, evitará la obstrucción o
la restricción de la libertad económica y evitará o controlará los abusos que
pudieran cometer personas o empresas que gocen de posición dominante en el
mercado nacional. Asimismo, el Estado es el encargado de delimitar el alcance
de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el
patrimonio cultural de la Nación.
El artículo 334 de la Constitución Política12, por su parte, dice:
(…)
La Constitución Política advierte que la dirección de la economía corresponde
al Estado y, por ende, está obligado a intervenir para corregir las denominadas
fallas del mercado, para garantizar principalmente el pleno empleo de las
fuerzas económicas, la libre competencia de los concurrentes al mercado y el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.
En ese contexto normativo, debe concluirse que la libertad de empresa y
la libre competencia no son absolutos, en tanto la Constitución Política
los limitó en atención a la función social y ecológica que deben desarrollar
los agentes económicos. Sobre el particular, en la sentencia C-333 de
1999, la Corte Constitucional dijo:
El concepto de libertad económica debe ser entendido, como la facultad
que tienen las personas de realizar actividades de naturaleza económica,
a fin de mantener o incrementar su patrimonio. Sin embargo, las
actividades que conforman dicha libertad, están sujetas a las limitaciones
impuestas por la prevalencia del interés general, por las competencias de
intervención y regulación a cargo del Estado, y por los principios de
razonabilidad y proporcionalidad que esta Corte ha establecido con el fin
de garantizar la armonía en el ejercicio de los diferentes derechos.
[…]
Para precisar el alcance de las consideraciones anteriores, es claro que
el concepto de libertad económica debe ser entendido, como la facultad
que tienen las personas de realizar actividades de naturaleza económica,
a fin de mantener o incrementar su patrimonio. Sin embargo, las
actividades que conforman dicha libertad están sujetas a las limitaciones
impuestas por la prevalencia del interés general (artículo 1 C.P.), por las
competencias de intervención y regulación a cargo del Estado (artículo
333, 334 y 335 de la C.P.), y por los principios de razonabilidad y
proporcionalidad que esta Corte ha establecido con el fin de garantizar la
armonía en el ejercicio de los diferentes derechos.
En concreto, deben distinguirse tres tipos de limitaciones a la libertad de
empresa y la libre competencia: (i) la prevalencia del interés general; (ii)
12 Modificado por el art. 1, Acto Legislativo 003 del 1° de julio de 2011.
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las competencias de intervención y regulación a cargo del Estado, y (iii)
los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
Interesa dejar claro que las limitaciones a la libertad de empresa y a la
libre competencia no pueden ser arbitrarias, pues, en todo caso, deben
estar justificadas. Al respecto, en la sentencia C-624 de 1998, la Corte
Constitucional señaló lo siguiente:
La libertad del individuo en materia económica, si bien está protegida por
la Constitución, también se encuentra limitada por la prevalencia del
interés general, por las competencias de intervención y regulación a cargo
del Estado y por los principios de razonabilidad y proporcionalidad que
esta Corte ha desarrollado. Por ello esta Corporación ha señalado que "la
libre competencia económica no puede erigirse como una barrera
infranqueable para la actividad de intervención del Estado, en ejercicio de
su básica de dirección general de la economía." Sin embargo, las
limitaciones a la libertad económica y de contratación tampoco pueden
inferirse o imponerse por el Estado de una manera arbitraria e infundada.
"Las limitaciones constitucionales de la libertad de empresa, para que
sean legítimas, deben emanar o ser dispuestas en virtud de una ley
y no afectar el núcleo esencial del derecho. La legitimidad de las
intervenciones depende de la existencia de motivos adecuados y
suficientes para limitar los procesos de creación y funcionamiento de las
empresas"
[…]
Por ende, para establecer la legitimidad de las restricciones del
Legislador, la Corte debe evaluar (i) si la limitación, - o prohibición-,
persiguen una finalidad que no se encuentre prohibida por el
ordenamiento constitucional; (ii) si la restricción propuesta es
potencialmente adecuada para cumplir el fin propuesto, y (iii) si hay
proporcionalidad en esa relación, esto es, que la restricción no sea
manifiestamente innecesaria o claramente desproporcionada.
Adicionalmente, (iv) debe la Corte examinar si el núcleo esencial del
derecho fue desconocido con la restricción legal o su operatividad se
mantiene incólume.
De acuerdo con la Corte Constitucional, para efecto de establecer si una
restricción es legítima, resulta necesario evaluar los siguientes aspectos: (i) si
la limitación persigue una finalidad prohibida por el ordenamiento constitucional;
(ii) si la restricción es adecuada para cumplir el fin propuesto, y (iii) si hay
proporcionalidad entre la restricción y el fin propuesto»13 (Subrayas de la Sala)
En suma, la libertad de empresa y la libre competencia son derechos
constitucionales, pero no absolutos, y de hecho el Estado se encuentra habilitado
para intervenir y regular la actividad económica cuando ello resulte necesario para
corregir fallas del mercado, proteger a los consumidores, garantizar la eficiencia y
evitar abusos de poder. No obstante, cualquier restricción que se imponga sobre
13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 12 de
octubre de 2017. Proceso radicado número: 17001 23 31 000 2012 00191 01. Consejero ponente:
Julio Roberto Piza Rodríguez (E).
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dichos derechos debe estar debidamente justificada en el ordenamiento jurídico,
debe ser adecuada con el fin propuesto, y proporcional, de modo que la Sala pasará
a verificar si dichos puntos fueron observados en este asunto.
7.4.2.1. Pues bien, en lo que respecta al primero de los requisitos
mencionados, la Sala advierte que la motivación que dio lugar a la expedición del
acto enjuiciado fue la de garantizar la eficiencia económica en los sistemas de
distribución y transporte de gas natural al ser monopolios naturales que representan
grandes economías a escala y que requieren altos costos de capital para su correcto
funcionamiento, así como asegurar una operación en condiciones de seguridad. En
efecto, en los considerandos de la Resolución 171 de 2001, se lee:
«Con el propósito de definir las metodologías tarifarias que remuneran estas
dos actividades, la Comisión tiene en cuenta las características propias de cada
uno de los sistemas de transporte y distribución y, tal y como ha sido establecido
en el artículo 88 de la Ley 142 de 1994 las metodologías tarifarias aplicables a
cada una de estas actividades, deben cumplir los criterios del régimen tarifario,
esto es, los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad y
redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia.
Los sistemas de distribución y los sistemas de transporte tienen la
característica de ser monopolios naturales, considerando que presentan
grandes economías de escala y que requieren altos costos de capital. La
posibilidad de la migración de demandas de usuarios conectados a sistemas de
distribución a sistemas de transporte puede llevar a la ineficiencia económica,
debido a que se puede presentar: (i) duplicidad en inversiones para una misma
demanda; (ii) subutilización de las redes y (iii) ineficiencia en inversiones; con
el consecuente detrimento económico para el mercado medio y los respectivos
incrementos tarifarios para los usuarios. Además de poner en riesgo la
seguridad requerida en la entrega de un combustible a los usuarios finales.
Por lo anterior, la CREG, con el propósito de promover la prestación eficiente
del servicio de gas natural, las condiciones de seguridad involucradas en esta,
y la obtención de economías de escala comprobables, ha considerado
conveniente regular el acceso a las redes de transporte de gas natural por parte
de los usuarios conectados o que puedan conectarse a sistemas de distribución
y, en consecuencia, modificar el numeral 2.1.1 del RUT» (Subrayas y negrillas
de la Sala).
En ese orden, se advierte que la norma enjuiciada persigue un fin establecido en el
ordenamiento jurídico, particularmente los definidos en los artículos 334 y 365 de la
Constitución Política y el artículo 2 de la Ley 142 de 1994, por lo que el primer
requisito se encuentra acreditado.
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7.4.2.2. De otro lado, en cuanto al segundo requisito, concerniente a si la
medida es adecuada con los fines perseguidos por la administración, se observa
que con los antecedentes administrativos fue aportado un documento denominado
«Propuesta para regular el acceso por transporte por parte de usuarios conectados
o que se puedan conectar a sistemas de distribución», en el que, al respecto de la
problemática que dio lugar a la regulación, se expuso:
«3. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL
De acuerdo con lo anterior se percibe una problemática cuando usuarios no
regulados que están conectados a la red de distribución migran al sistema de
transporte con las siguientes consecuencias: i) quedan sin uso inversiones ya
realizadas para atender dicha demanda y; ii) disminuye la demanda de los
sistemas de distribución de tal forma que la misma inversión debe ser
remunerada por una menor demanda lo cual acarrea un mayor cargo de
distribución para ese mercado.
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4. INCENTIVOS PARA LA MIGRACIÓN
La principal motivación para que un usuario migre de la red de distribución a la
de transporte se produce por conseguir una reducción de la tarifa, a través del
desarrollo de una inversión de conexión al sistema de transporte. Es decir, al
conectarse directamente a la red de transporte el usuario se evita el cargo de
distribución, Dt. Lo anterior indica que en la toma de decisión un usuario realiza
el balance entre el costo del Dt y el costo de la conexión al sistema de transporte
durante un período dado. Este balance es favorable a la conexión para aquellos
usuarios con un nivel de demanda significativo y una localización cercana a un
gasoducto de transporte. Por lo tanto, las variables que intervienen en la toma
de decisión, por parte del usuario para la migración son; el consumo, el valor de
la reducción en la tarifa y el monto de la inversión requerida.
5. CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DEL ‘BYPASS’
El bypass de usuarios de grandes volúmenes hacia la red de transporte implica
menos consumidores compartiendo los costos asociados a mantener la
Infraestructura de los sistemas de distribución, llevando a que los costos que
deben pagar los consumidores que permanecen en el mercado de distribución
aumenten. Esto puede llevar a un crecimiento continuo de los cargos de
distribución como se describe a continuación:
"...Teniendo en cuenta los gastos que implica realizar el 'bypass', los
únicos consumidores que tienen la capacidad para realizar el traspaso a
la red de transporte son los grandes consumidores industriales, que a
diferencia de los consumidores residenciales y comerciales, son más
propensos a tener los recursos y la demanda para realización del 'bypass'.
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Como los consumidores residenciales y comerciales no pueden pagar o
garantizar una conexión directa con el sistema de transporte
permanecerán limitados a estar conectados al sistema de distribución y
por tanto a estar sujetos a los costos de la red de distribución.
Si los consumidores industriales abandonan la red de distribución, los
pagos previamente realizados por estos se trasladan a los usuarios que
permanecen conectados a la red y como resultado tendrán que pagar
mayores tarifas, esas mayores tarifas por concepto de la distribución de
gas pueden llevar a que otros usuarios que no habían considerado realizar
el 'bypass' opten por conectarse directamente a la red de transporte, a
medida que más consumidores abandonen la red de distribución, mayores
serán los costos que se trasladan a los consumidores restantes,
ocasionando un crecimiento continuo de los cargos de distribución.
Aunque el 'bypass' afecta negativamente a los consumidores
residenciales y comerciales, este puede generar beneficios económicos.
Un consumidor industrial realizará el 'bypass' si puede comprar gas a
menores tarifas, al conseguir el combustible más barato podría pasar los
beneficios de los bajos costos del gas a sus consumidores o a sus
empleados a través de una reducción en los precios de los bienes finales
que producen, pagando mayores salarios a los empleados o generando
más empleo. Sin embargo, mientras los beneficios que se pueden
presentar con el 'bypass' son indirectos y especulativos, los efectos
negativos del 'bypass' son más directos y seguros"»14 (Subrayas de la
Sala)
En otras palabras, la CREG evidenció que la migración de usuarios no regulados
desde la red de distribución hacia el sistema de transporte, o bypass, genera un
problema económico claro: por un lado, las inversiones realizadas para atender esa
demanda quedan sin uso; y por otro, al reducirse el número de usuarios en la red
de distribución, los costos fijos deben ser asumidos por menos personas, lo que
incrementa el cargo de distribución para quienes permanecen conectados a ella.
Se agrega a lo expuesto que en ese documento se identificaron los siguientes
impactos específicos del uso del bypass:
«9. IMPACTOS DEL ‘BYPASS:
La decisión del usuario de hacer ‘bypass’ físico, puede producir impactos:
9.1. Impactos para el Distribuidor
Cuando se presenta el desplazamiento de un Usuario al sistema de transporte,
la demanda disminuye para el sistema de distribución y los ingresos del
distribuidor se reducen. Esto teniendo en cuenta que el cargo de distribución
está definido para el período tarifario correspondiente. Por lo tanto, la
disminución de la demanda afecta directamente los ingresos del Distribuidor.
14 Visible a folios 107 y 108 del Cuaderno principal.
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En todo caso, desde el punto de vista regulatorio esto no da lugar a revisión de
cargos regulados pues la metodología de remuneración en distribución es de
incentivos (ver numeral 6.3). Esto quiere decir que el riesgo de demanda
durante el período tarifario lo asume el distribuidor.
9.2. Impactos para el Transportador
Teniendo en cuenta que el transportador ya tiene contratos con el distribuidor
para toda la demanda incluyendo la del ‘bypass’, debería ser independiente
para este agente que ese usuario se conecte a su red o siga conectado a la red
de distribución.
Ahora bien, puede ser que con el ‘bypass’ el transportador obtenga ingresos
adicionales por servicios de transporte a los usuarios que migraron a las redes
de transporte como consecuencia del ‘bypass’. Estos ingresos adicionales se
presentarían si el distribuidor que atendía los usuarios del ‘bypass’ ya tenía
contrato de transporte con cargo fijo para atender tales usuarios.
9.3. Impactos para los Usuarios conectados a las redes de distribución
La salida de un usuario puede ocasionar una afectación económica para el
mercado medio.
Cuando un usuario con demanda considerable migra del sistema de distribución
al sistema de transporte, los usuarios regulados que continúan conectados a la
red de distribución no perciben las alteraciones en sus cargos inmediatamente,
ya que estos son determinados para un periodo tarifario. Sin embargo, en la
revisión tarifaria correspondiente al nuevo periodo tarifario, el cargo para
remunerar las inversiones debe contemplar una demanda que ha sido reducida
en la cantidad correspondiente como consecuencia del 'bypass’, la cual puede
provocar un incremento en el cargo y crear nuevos incentivos para que otros
usuarios opten nuevamente por el “bypass”, creándose un ciclo de aumentos
de cargo y usuarios realizando la migración hacia la red de transporte.
9.4. Impacto sobre el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos.
El recaudo de las contribuciones de solidaridad con destino al Fondo de
Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos (FSSRI) también se ve
afectado por el traslado de usuarios con demandas considerables a redes de
transporte. Esto teniendo en cuenta que la contribución se hace sobre el valor
del servicio y si el usuario se traslada a los gasoductos de transporte, el costo
de prestación del servicio es inferior por cuanto deja de pagar el cargo de
distribución, reduciendo de esta manera el recaudo para el Fondo.
Así mismo, el aumento en los costos para los usuarios que quedan conectados
al sistema de distribución por la salida de demanda que hace el bypass, lleva a
que se incremente el monto de los subsidios y se pierda el equilibrio financiero
de los mercados.
9.5. Impacto del bypass en la seguridad de los sistemas y el servicio
Los sistemas de distribución y de transporte implican claras responsabilidades
relacionadas con seguridad para quienes los operan. Ahora bien, un usuario
particular que está inmerso en un sistema de distribución y que se conecta
directamente a la red de transporte puede diluir esta responsabilidad frente a
cualquier eventualidad referida a la seguridad del gasoducto que construya para
conectarse al sistema de transporte, pudiendo afectar además del mismo
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sistema a la sociedad civil establecida por donde pasa el gasoducto referido a
dicha conexión. Aspecto que no se puede controlar pues estos agentes privados
no contarían con todos los requerimientos que hoy se exigen a los distribuidores
y que se remuneran en la tarifa, como son la línea de atención de emergencias
24 horas y cuadrillas de personal para atender dichas emergencias. Es de
anotar que a medida que se va permitiendo una migración masiva de usuarios
con las características anotadas en el numeral 8 de este documento a las redes
de transporte, prácticamente las ciudades quedarían con redes individuales de
gasoductos inseguros y sin control alguno»15 (Subrayas de la Sala, negrillas
dentro del documento).
Finalmente, en el aludido documento se llegó a las siguientes conclusiones:
«10. CONCLUSIONES
Los sistemas de distribución y los sistemas de transporte tienen la característica
de ser monopolios naturales, considerando que presentan grandes economías
de escala y que requieren altos costos de capital.
Si se permite la migración de demandas de usuarios conectados a sistemas de
distribución hacia sistemas de transporte, pudiendo estos usuarios ser
atendidos por el distribuidor, se puede llevar a una situación de ineficiencia
económica, debido a que se presenta:
• Duplicidad en inversiones para una misma demanda (i.e. ineficiencia en
inversiones)
• Subutilización de las redes
Todo lo anterior con la consecuencia económica para el mercado medio y los
respectivos incrementos tarifarios para los usuarios, así como una disminución
en el recaudo de contribuciones con destino al FSSRI y aumento en el monto
de los subsidios creando un desbalance financiero en los mercados a atender.
Técnicamente no se contaría con un solo sistema de distribución a cargo de un
agente que garantice la seguridad en el abastecimiento y operación del sistema,
terminando con gasoductos aislados a través de las poblaciones y operados sin
ninguna seguridad y poniendo en riesgo a la comunidad.
Adicional a lo antes mencionado, debe tenerse en cuenta que de conformidad
con el Artículo 1 de la Carta Política, Colombia es un Estado Social de Derecho
fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de
las personas que integran la nación y en la prevalencia del interés general. En
este sentido, es preciso recalcar que con fundamento en este principio
constitucional, consagrado en los artículos 1, 2 y 58 de la Constitución Política,
no existen derechos absolutos, y el ejercicio de todo derecho encuentra entre
sus límites fundamentales el interés general. Así, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 58 de la Constitución Política, cuando de la aplicación de una
norma expedida por motivo de utilidad pública o de interés social resultaren en
conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida,
el interés privado deberá ceder al interés público o social.
15 Visible a folios 110 a 111 del Cuaderno principal.
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Teniendo en cuenta que nuestro Estado tiene, conforme a la Constitución, el
mandato de hacer prevalecer el interés general, se tiene que la regulación como
instrumento de intervención del Estado debe enfocarse y orientarse a la
consecución de este objetivo»16 (Subrayas de la Sala).
Así, la Sala advierte que la regulación objeto de controversia fue adoptada como
respuesta a los diversos impactos identificados en el sistema, en particular, sobre
los distribuidores, los transportadores, los usuarios conectados a las redes de
distribución, el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos, así como sobre
la seguridad en la prestación del servicio.
7.4.3. Pues bien, en lo que respecta a los distribuidores y transportadores, conviene
destacar que, en el Documento CREG 134 del 1.º de diciembre de 2011, la entidad
demandada dio respuesta a los comentarios formulados en el proceso regulatorio,
precisando lo siguiente sobre los mencionados agentes y la imposibilidad de
ejecutar el bypass:
«(i) Contradicción con los objetivos misionales del regulador
(…)
Así pues, como fines de la intervención del Estado en los servicios públicos se
encuentran entre otros, la prestación eficiente de los servicios y la obtención de
economías de escala comprobables, así como la ampliación permanente de la
cobertura mediante sistemas que compensen la insuficiencia de la capacidad
de pago de los usuarios, como concreción del principio constitucional de
solidaridad y redistribución del ingreso.
Es preciso recordar las consideraciones expuestas en el Documento CREG-052
de 2011, soporte de la Resolución CREG-058 de 2001, mediante la que se
sometió a consulta la propuesta regulatoria. En este se mencionó que los
sistemas de distribución y los sistemas de transporte tienen la
característica de ser monopolios naturales, considerando que presentan
grandes economías de escala y que requieren altos costos de capital.
En este contexto y conforme a los lineamientos contenidos en el Capítulo 1 del
Título Preliminar de la Ley 142 de 1994 deben entenderse las funciones
atribuidas a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, concretamente las
generales a ella atribuidas de "regular los monopolios en la prestación de
los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible;
y, en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes
presten servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o
de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de
la posición dominante, y produzcan servicios de calidad.".
De igual forma, conforme al artículo 74.1 compete a la Comisión de Regulación
de Energía y Gas "a) Regular el ejercicio de las actividades de los sectores de
16 Visible a folios 111 a 112 ibidem.
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energía y gas combustible para asegurar la disponibilidad de una oferta
energética eficiente, propiciar la competencia en el sector de minas y energía y
proponer la adopción de las medidas necesarias para impedir abusos de
posición dominante y buscar la liberación gradual de los mercados hacia la libre
competencia. La comisión podrá adoptar reglas de comportamiento diferencial,
según la posición de las empresas en el mercado."
Así las cosas, al no ser posible la competencia en las actividades de
distribución y de transporte de gas natural, al tratarse de monopolios
naturales, el regulador debe proceder a regular su prestación, sin perder
de vista las finalidades y características de la función de regulación en los
servicios públicos, dentro de las que, como se vio, se encuentran la
prestación eficiente, la obtención de economías de escala comprobables,
así como la ampliación permanente de la cobertura mediante sistemas que
compensen la insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios. De
igual manera no puede ser un objetivo del regulador permitir que se
genere la competencia entre los sistemas de transporte y los de
distribución. Esto si se tiene en cuenta que cada uno tiene su finalidad
específica y se han creado para complementarse y no competir, el primero
traer el gas desde los centros de producción hasta la entrada de las
ciudades y el segundo conducir ese gas de forma segura desde esas
entradas de las ciudades hasta llegar al inmueble del usuario final. Para
cumplir con estas finalidades el regulador en la definición de
metodologías de remuneración involucra todos los criterios de eficiencia
posibles y los cuales no contemplan fomentar una competencia entre
estos dos monopolios naturales.
Así las cosas, la propuesta lejos de ir en contravía de los objetivos misionales
del regulador, persiguen los objetivos plasmados en las normas superiores
mencionadas. Como se expuso en el documento soporte de la Resolución
CREG 58 de 2011 y en los considerandos del proyecto de resolución, la
posibilidad de la migración de demandas de usuarios conectados a
sistemas de distribución a sistemas de transporte puede llevar a que
dichas finalidades superiores no se cumplan, teniendo en cuenta que
podrían llevar a la ineficiencia económica, debido a que se puede
presentar: (i) duplicidad en inversiones para una misma demanda; (ii)
subutilización de las redes y (iii) ineficiencia en inversiones; lo anterior,
con el consecuente detrimento económico para el mercado medio y los
respectivos incrementos tarifarios para los usuarios, especialmente para
los no regulados, dentro de los que además se encuentran los usuarios
subsidiables, objeto de especiales medidas y protección, conforme a los
postulados del Estado social de derecho.
Como se mencionó, los sistemas de distribución y de transporte
presentan características propias que hacen necesaria y razonable la
medida. Adicionalmente, es de indicar que estos sistemas no tienen la
señal de localización; si ésta se creara, se destruirían las bases sobre las
que ellos se regulan, haciéndose imposible la obtención de economías de
escala y por ende se contravendrían los fines de la intervención del estado
en los servicios públicos, objetivos por los que debe propender el
regulador.
Por ello, tampoco son de recibo los comentarios que pretenden cuestionar la
búsqueda del interés general que persigue la medida regulatoria. Como se
mencionó, los principios contenidos en el Capítulo 1 del Título preliminar de la
Ley 142 de 1994, se utilizarán para resolver cualquier dificultad de interpretación
al aplicar las normas sobre servicios públicos, con lo cual carece de sentido el
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debate sobre la existencia de otro tipo de interés general, que, según los
intereses recibidos, sería aquel involucrado en los intereses de los usuarios
industriales o de los usuarios no regulados. La propuesta privilegia el interés
general, en tanto debe ser un mecanismo de prestación eficiente del servicio»17
(Subrayas y negrillas de la Sala).
A su vez, sobre la afectación de la competitividad expuso:
«(ii) Facultades del regulador y afectación de la competitividad
En cuanto al cuestionamiento de la facultad legal de la Comisión de Regulación
de Energía y Gas para expedir la regulación propuesta, al requerirse, según los
comentarios un Decreto que la faculte para tal efecto tal y como sucedió en el
sector eléctrico tras la expedición del Decreto 388 de 2007, es preciso
mencionar lo siguiente:
La Ley 142 de 1994, establece que
(…)
Conforme a lo anterior, la Comisión tiene competencia para regular el acceso a
las redes mediante las que se prestan el servicio público domiciliario de gas
combustible y sus actividades complementarias. La propuesta no desconoce en
manera alguna el principio del libre acceso a los sistemas de transporte; como
se mencionó, ésta busca armonizar la regulación de la actividad de transporte,
con base en sus características, así como la de distribución, conforme a las
características de éste, determinando cuándo un usuario inmerso en un sistema
de distribución puede conectarse directamente a las redes que conforman el
sistema de transporte; todo, con arreglo a los criterios legales y a los fines de la
regulación de los servicios públicos.
Conforme se citó, la Ley 142 de 1994, autoriza la celebración de entre otros,
contratos en virtud de los cuales dos o más entidades prestadoras de servicios
públicos o éstas con grandes proveedores o usuarios, regulan el acceso
compartido o de interconexión de bienes indispensables para la prestación de
servicios públicos, mediante el pago de remuneración o peaje, el cual puede
celebrarse también entre una empresa de servicios públicos y cualquiera de sus
grandes proveedores o usuarios. Al respecto, la Ley es clara en otorgarle a las
comisiones de regulación la facultad de imponer una servidumbre en caso de
no haber acuerdo entre las partes. Las anteriores competencias las ha
desarrollado en la Comisión en el Reglamento Único de Transporte, RUT y lo
que hace la propuesta es adaptar la regulación ya expedida a la dinámica
económica.
No debe perderse de vista que la regulación del acceso a las redes, tiene entre
otros propósitos, garantizar la interconectabilidad de servicios análogos o el uso
coordinado de recursos, que para el caso del servicio de gas combustible, tienen
que ver con la garantía de las condiciones de seguridad involucradas en las
distintas actividades del servicio, así como la prestación del servicio y de sus
distintas actividades, en condiciones de eficiencia, con el fin de obtener
economías de escala y la ampliación permanente de la cobertura.
17 Visible a folios 125 a 126 del Cuaderno Principal.
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Con base en lo anteriormente expuesto, la regulación ha establecido las
características que deben cumplir los agentes y los distintos usuarios para
acceder a las redes y por ende al servicio, tanto para los sistemas de transporte,
mediante el Reglamento único de transporte RUT, como para los sistemas de
distribución, mediante el Código de Distribución.
Finalmente, tampoco se considera procedente el comentario recibido
relacionado con la posible vulneración del artículo 34 de la Ley 142 de 1994.
Con base en las razones expuestas anteriormente, no se entiende como la
medida regulatoria podría ir en contra de la disposición legal citada que
establece que las empresas deben abstenerse de conductas, prácticas o actos
injustificados que tengan el propósito o el efecto de generar competencia
desleal o de restringir indebidamente la competencia»18 (Subrayas de la Sala)
Por último, en cuanto la libertad de empresa y el derecho a la elección del prestador
del servicio anotó:
«Consecuentemente con lo anterior, y conforme se expresó anteriormente, y
como bien señalan los agentes, el regulador puede intervenir mediante la
adopción de medidas encaminadas a la obtención de economías de escala
comprobables, a la prestación eficiente de servicios y al aumento de cobertura,
objetivos que se cumplen plenamente con la propuesta regulatoria, como se ha
señalado de manera ya reiterada.
Como se mencionó, la libertad de empresa no es un derecho absoluto y puede
ser objeto de limitaciones, con el fin de obtener fines superiores como los ya
mencionados. Por tanto, los empresarios, en este caso, los usuarios no
regulados o industriales, no podrían abrogarse un interés superior al de la
generalidad de los usuarios inmersos en un sistema de distribución, muchos de
los cuales pertenecen a estratos con derecho a subsidios. En este caso, la
regulación debe propender por el logro de la distribución equitativa y justa de
los bienes y servicios y debe corresponder a medidas adecuadas a los fines
perseguidos. Como se ha explicado, las características de los sistemas, tanto
de transporte como de distribución, justifican la medida que se propone adoptar.
Por ello, no pueden superponerse los intereses de un sector específico de la
economía, si bien fundamental para ésta, mediante la viabilizarían del bypass y
por esta vía la consecución de un servicio a un menor costo en aras de su
competitividad, en detrimento de la eficiencia en la prestación del servicio, la
obtención de economías de escala en el sistema de distribución y la ampliación
de la cobertura del mismo, afectándose la competitividad del servicio para los
usuarios del sistema de distribución.
Por otra parte, si bien, la ley 142 establece en su artículo 9 el derecho que le
asiste al usuario para escoger el prestador del servicio, en este documento, así
como en el documento CREG-052 de 2011, se han expuesto de manera
suficiente las características de la regulación de las actividades de distribución
y de transporte, así como las características de cada uno de los sistemas, con
lo cual, el derecho de los usuarios debe acatar las reglas regulatorias
establecidas para cada sistema, pues no de otra forma se lograría la prestación
del servicio en condiciones de eficiencia y mucho menos se lograrían los demás
fines que debe perseguir la regulación de los servicios públicos. En esta medida,
es claro que no se está negando a los usuarios no regulados la elección del
18 Visible a folios 126 a 127 del Cuaderno del Tribunal.
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prestador del servicio; en este sentido, lo que se evidencia es que éstos deben
obtener el servicio conforme los lineamientos establecidos por el regulador; así,
si se encuentran inmersos en un sistema de distribución y no cumplen con las
condiciones regulatorias establecidas para el acceso directo a los sistemas de
transporte, deberán buscar la obtención del servicio a través del Distribuidor o
distribuidores que estén en capacidad de hacerlo, o bien, a través de los
comercializadores, ya que, respecto de los usuarios no regulados no opera la
restricción establecida en el decreto 3429 de 2003, relacionada con la
comercialización de gas natural a usuarios regulados.
De otro lado, es de indicar que otro de los aspectos para que el regulador tome
medidas en relación con el acceso a las redes de transporte es el de seguridad,
esto si se considera que un gasoducto de conexión de un usuario no regulado
que esté inmerso en las ciudades y que atraviese zonas públicas desde la
ubicación del usuario hasta la conexión del tubo de transporte, desde el punto
de vista para el usuario no regulado es beneficioso para su competitividad pero
desde el punto de vista de sociedad puede ser un riesgo para la comunidad que
se encuentra localizada en cercanías a la trayectoria de ese gasoducto.
En conclusión, la propuesta, al imponer condiciones para el acceso directo a
redes de transporte, las cuales, desde el punto de vista técnico, requieren
condiciones especiales para su conexión, no contraviene los postulados
constitucionales de la libertad de empresa, y no vulnera los derechos de los
usuarios no regulados, grandes consumidores o del sector industrial no
regulado»19 (Subrayas de la Sala)
Así, en el Documento CREG 134 del 1.º de diciembre de 2011, la entidad
demandada respondió a los comentarios presentados en el proceso regulatorio. En
primer lugar, frente al señalamiento de una supuesta contradicción con los objetivos
misionales del regulador, precisó que la intervención estatal en los servicios públicos
persigue, entre otros fines, la prestación eficiente, la obtención de economías de
escala comprobables y la ampliación de la cobertura bajo el principio constitucional
de solidaridad. Destacó que los sistemas de transporte y distribución son
monopolios naturales que, por sus características técnicas y económicas, deben
complementarse y no competir entre sí, motivo por el cual la figura del bypass
resulta incompatible con dichos propósitos. En ese orden, advirtió que permitir la
migración de usuarios de la red de distribución al sistema de transporte generaría
ineficiencias económicas, duplicidad de inversiones, subutilización de las redes e
incrementos tarifarios, en detrimento del interés general y de la sostenibilidad del
servicio.
En segundo lugar, frente al argumento relativo a la supuesta falta de competencia
del regulador y a la afectación de la competitividad, la CREG sostuvo que la Ley
19 Visible a folios 127 a 128 del Cuaderno del Tribunal.
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142 de 1994 le otorga la facultad de regular el acceso a las redes y de establecer
condiciones para garantizar la prestación eficiente y segura del servicio. Aclaró que
la propuesta regulatoria no desconocía el principio de libre acceso, sino que lo
armonizaba conforme a la naturaleza de cada actividad, esto son, las de transporte
y el de distribución, determinando las condiciones bajo las cuales un usuario puede
acceder directamente al sistema de transporte.
Por último, en lo que respecta a la libertad de empresa y al derecho de elección del
prestador del servicio, la CREG enfatizó que tales derechos no son absolutos, pues
pueden ser objeto de limitaciones orientadas a garantizar la eficiencia, la seguridad
y la equidad en la prestación del servicio. Añadió que la restricción del bypass
también se justifica por razones de seguridad, en la medida en que la construcción
de gasoductos privados en zonas urbanas podría representar riesgos para la
comunidad.
De lo expuesto se colige que la medida regulatoria adoptada por la CREG no
constituye una decisión caprichosa, sino que más bien se deriva de los fines de
intervención del Estado en los servicios públicos previstos en la Ley 142 de 1994.
En efecto, como se vio, el transporte y la distribución de gas natural han sido
reconocidos como monopolios naturales que demandan altas inversiones y generan
economías de escala, de modo que no admiten escenarios de competencia entre sí
o en el que sean sustituidos. Ello es así, pues se tratan de actividades
complementarias con funciones claramente diferenciadas, cuya regulación resulta
necesaria para garantizar la eficiencia económica, la ampliación de cobertura y la
protección del interés general, evitando distorsiones como la duplicidad de
inversiones, la subutilización de las redes o incrementos tarifarios injustificados que
comprometerían la sostenibilidad del sistema y el acceso equitativo de los usuarios.
Al respecto, téngase en cuenta que la existencia de los monopolios naturales fue
expresamente reconocida por el Legislador en el artículo 73 de la Ley 142 de 1994,
disposición en la cual se precisó que ciertas actividades de los servicios públicos,
por sus características técnicas y económicas, no admiten competencia y
requieren, por tanto, de una regulación especial que garantice su prestación
eficiente y continua.
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«Artículo 73. Funciones y facultades generales. Las comisiones de
regulación tienen la función de regular los monopolios en la prestación de
los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible;
y, en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten
servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los
competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de la
posición dominante, y produzcan servicios de calidad. Para ello tendrán las
siguientes funciones y facultades especiales:» (Subrayas y negrillas de la Sala).
A su vez, esta Corporación ha señalado sobre la mencionada disposición lo que
sigue:
«Nótese cómo el precepto admite que la competencia puede no ser en
ocasiones de hecho posible, o lo que es igual que la situación fáctica puede
llevar a “monopolios naturales” que tornan imposible la competencia entre
diferentes operadores.
En forma más categórica -y quizás más afortunada- lo había indicado la
exposición de motivos a la ley 142 al explicar las funciones de las Comisiones
de Regulación en los siguientes términos:
“La función reguladora no debe ser entendida como el ejercicio de un
intervencionismo entorpecedor de la iniciativa empresarial. En su visión
moderna, la regulación es una actividad estatal que fomenta la
competencia en aquellas áreas donde existe y es factible; impide el abuso
de posiciones de monopolio natural, donde esta es ineludible; desregula
para eliminar barreras artificiales a la competencia y, finalmente, calibra
las diversas áreas de un servicio para impedir prácticas discriminatorias o
desleales para el competidor”20)»21 (Subrayas dentro del texto)
En ese orden de ideas, en criterio de la Sala no resulta viable que un particular
pretenda competir con los distribuidores a través de la figura del bypass, puesto que
ello desnaturalizaría el esquema funcional diseñado por el regulador para estas
actividades, así como los roles específicos que corresponde desempeñar a cada
agente dentro de ese mercado (transportadores, distribuidores y usuarios). Tal
distorsión comprometería la sostenibilidad técnica y económica del sistema, al
desconocer la condición de monopolios naturales que revisten estas actividades, y
resultaría contraria a los fines previstos en los artículos 2 y 73 de la Ley 142 de
1994, que orientan la intervención estatal en la prestación de los servicios públicos
domiciliarios.
20 GOBIERNO NACIONAL, Exposición de Motivos al proyecto de Ley 135 Senado en GACETA DEL
CONGRESO Nº 162 de 17 de noviembre de 1992, p. 21.
21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Proceso radicado
número 19001 23 31 000 2005 00005 01. Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio.
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Por ende, es evidente que en este punto sí se encuentra justificada la medida objeto
de controversia.
7.4.4. En cuanto a los impactos para los usuarios conectados, en el documento de
trabajo que fue elaborado dentro del trámite de emisión del acto enjuiciado, se
advirtió que, si disminuyen los ingresos del distribuidor debido a la migración de
usuarios al sistema de transporte, podría incrementarse la tarifa para quienes
permanecen en la red, con el fin de mantener la remuneración de las inversiones
realizadas.
En otras palabras, lo que evidencia la Sala es que la figura del bypass implica, en
la práctica, una reducción de los ingresos de los distribuidores al disminuir la
demanda. Ello se traduce en que los usuarios que permanecen en la red de
distribución asumen un mayor peso económico, pues las mismas inversiones que
se realizaron para la distribución del gas natural deben recuperarse con una base
de demanda reducida, lo que eventualmente podría reflejarse en incrementos
tarifarios.
Lo anterior se ve aún más agravado si se tiene en cuenta que quienes, en mayor
medida, continuarán conectados a la red serán aquellos con menor capacidad
económica. En tal escenario, la salida de los grandes consumidores desplazaría la
carga económica hacia los usuarios más vulnerables, lo que resultaría contrario a
los principios de equidad y universalidad. Prueba de ello es que, inclusive la CREG
sostuvo que dicho fenómeno podría afectar el equilibrio del Fondo de Solidaridad,
pues al disminuirse el valor del servicio por evitar el cargo de distribución, también
se reduce el recaudo de contribuciones.
Por ende, que determinados usuarios, en especial los industriales, accedan de
manera directa al sistema de transporte sin sujeción a las condiciones regulatorias
establecidas en el acto censurado, iría en detrimento del interés general, ya que ello
implicaría que se traslade los mayores costos al resto de los usuarios, incluidos
aquellos que cuentan con menos recursos.
Por ende, en este punto también se encuentra justificada la medida de regulación.
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7.4.5. Por último, frente a la seguridad, lo que observa la Sala es que, en el aludido
estudio, se indicó que el bypass conlleva riesgos relevantes, ya que los usuarios
que construyen conexiones propias pueden no contar con las condiciones técnicas,
protocolos ni recursos que sí se exigen a los distribuidores, lo cual puede
comprometer la integridad del servicio y la seguridad de las comunidades.
Asimismo, se anotó que, de extenderse esta práctica, se llegaría a un escenario de
redes paralelas no reguladas, inseguras y difíciles de controlar.
Ahora bien, aunque en la demanda y la coadyuvante señalaron que la medida
impugnada sólo buscaba proteger inversiones antiguas de los distribuidores y que
el argumento de la seguridad carecía de sustento, pues, en su criterio, únicamente
grandes usuarios tendrían la capacidad técnica y económica para acceder al
bypass, lo cierto es que no allegaron estudio técnico alguno que permita acreditar
que dicha modalidad garantiza una prestación eficiente del servicio, ni que evite la
duplicidad de redes o riesgos operativos.
En ese sentido, las mencionadas afirmaciones carecen de sustento probatorio y no
desvirtúan la justificación esgrimida por la autoridad regulatoria en torno a los
impactos negativos económicos de esas medidas y los que podría generar la
proliferación de conexiones directas sin una adecuada supervisión. Por ende, es
claro que se incumplió el deber señalado en el artículo 167 del CGP22, según el cual,
las partes deben probar los supuestos de hecho que alegan en transcurso de un
determinado trámite.
7.4.6. Igualmente, la Sala advierte que la medida es proporcional ya que es idónea
para alcanzar los fines constitucionales y legales de la regulación del servicio
22“Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte,
distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso
antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación
más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se
considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por
tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido
directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad
en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.
Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte
correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se
someterá a las reglas de contradicción previstas en este código.
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.”
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público, como lo son, la prestación eficiente, continua y segura del servicio de gas
natural; así como asegurar la sostenibilidad económica en el sistema de distribución.
Además, es necesaria, pues no se evidenció en el plenario algún medio alternativo
menos restrictivo para que permita garantizar simultáneamente, la recuperación de
las inversiones de los distribuidores, la estabilidad de las tarifas de los usuarios y la
seguridad operativa del sistema.
En consecuencia, la restricción impuesta está debidamente justificada y guarda
equilibrio entre el interés general y los derechos de los agentes privados.
7.4.7. En suma, en criterio de la Sala no está demostrada la vulneración del derecho
a la libre competencia, de modo que el cargo no prospera.
7.5. Costas
Visto el artículo 188 del CPACA23, la Sala considera que no hay lugar a imponer
condena en costas a la parte demandante teniendo en cuenta que el presente
asunto fue promovido en ejercicio del medio de control de nulidad, el cual tiene por
objeto la protección del ordenamiento jurídico en abstracto, donde el interés que
mueve al actor es público y no es otro distinto al de defender la prevalencia del
principio de legalidad.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas, en atención a lo señalado en precedencia.
23 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.”
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TERCERO: Una vez en firme esta decisión, procédase por Secretaría al archivo del
expediente, dejando las constancias a que hubiere lugar.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del
25 de septiembre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado (E)
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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