Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-24-000-2018-00294-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-24-000-2018-00294-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-24-000-2018-00294-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
27 de octubre de 2022
Radicado: 11001-03-24-000-2018-00294-00 (24224)
Demandante: Departamento de Antioquia.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Referencia Nulidad
Radicación 11001-03-24-000-2018-00294-00 (24224)
Demandante DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Demandado DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA DANE
Temas Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares.
Base gravable del componente ad valorem. Metodología
general de precios promedio de bebidas alcohólicas
aprobada en diciembre de 2017 por el DANE.
SENTENCIA ANTICIPADA
La Sala decide la demanda de simple nulidad interpuesta por el Departamento de
Antioquia, en la que pretende la nulidad del acto denominado «METODOLOGÍA
GENERAL PRECIOS PROMEDIO BEBIDAS ALCOHÓLICAS-PPBA»1, expedido en diciembre
de 2017 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (en adelante
DANE).
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El artículo 19 de la Ley 1816 de 2016 dispuso que el impuesto al consumo de licores,
vinos, aperitivos y similares tendrá una tarifa con un componente específico y uno
ad valorem. Para este último componente, la norma en mención prevé que la base
gravable será el precio de venta al público por unidad de 750 c.c. certificado por el
DANE, sin incluir el impuesto al consumo o la participación, y garantizando la
individualidad de cada producto.
En cumplimiento de la ley, el DANE adoptó la metodología a implementar mediante
el documento denominado «METODOLOGÍA GENERAL PRECIOS PROMEDIO BEBIDAS
ALCOHÓLICAS-PPBA», expedido en diciembre de 2017.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL
En ejercicio de los medios de control de nulidad y de reparación directa,
contemplados en los artículos 137 y 140 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), respectivamente, el
Departamento de Antioquia formuló las siguientes pretensiones:
«1. PRETENSIÓN DE NULIDAD:
1 Aunque la demanda pretende la nulidad de otros actos administrativos, como se indicará más adelante, solo
fue admitida la pretensión de simple nulidad de este acto administrativo en el auto del 18 de febrero de 2019
(folios 265 a 268 del cuaderno principal), confirmado mediante el auto que decidió el recurso de súplica del
17 de septiembre de 2020 (índice 25 del SAMAI).
1
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Radicado: 11001-03-24-000-2018-00294-00 (24224)
Demandante: Departamento de Antioquia.
1.1. Se declare la NULIDAD del acto administrativo de carácter general denominado
“METODOLOGÍA GENERAL PRECIOS PROMEDIOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS-
PPBA” expedida por el Director General, el subdirector, el Secretario General y los
Directores técnicos de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) en
diciembre de 2017.
1.1.1. (sic) Como consecuencia de lo anterior, se declare el decaimiento o la pérdida de fuerza
ejecutoria de la certificación de precio promedio de bebida alcohólica 2018 expedidas
por el Director General de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) el 27
de diciembre de 2017, mediante la cual se estableció el precio promedio de bebidas
alcohólicas en la presentación de 750 ml para las vigencias 2018.
1.2. Se declare la NULIDAD del acto administrativo de carácter general denominados (sic)
“Certificado de precios promedios de bebidas alcohólicas 2018” expedido por el Director
General de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) 27 de diciembre de
2017, mediante la cual se estableció el precio promedio de bebidas alcohólicas en la
presentación de 750 ml para las vigencias 2018.
2. PRETENSIONES DE REPARACIÓN:
2.1. Que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la NACIÓN-
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) por los perjuicios causados al
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA con ocasión a la disminución de sus rentas por los
ingresos dejados de percibir por concepto de impuesto al consumo y/o participación
(Componente ad valorem) para la vigencia 2018, como consecuencia de la operación
administrativa adelantada para certificar los precios promedios de bebidas alcohólicas.
2.2. Como consecuencia de lo anterior, condenar a la NACIÓN-DIRECCIÓN NACIONAL
DE ESTADÍSTICA (DANE), a pagar al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA por
concepto de perjuicios materiales en la modalidad lucro cesante.
3. Que se condene en costas a la parte demandada»2 (negrilla y subrayado del original).
El despacho sustanciador, mediante auto del 18 de febrero de 2019, admitió las
pretensiones formuladas en ejercicio del medio de control de simple nulidad, que
únicamente están relacionadas con la legalidad del acto administrativo de carácter
general denominado «METODOLOGÍA GENERAL PRECIOS PROMEDIO BEBIDAS
ALCOHÓLICAS-PPBA».
Además, el auto en mención adecuó el medio de control de reparación directa al de
nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 ibidem, respecto
de la controversia de la legalidad del acto denominado «CERTIFICADO DE PRECIOS
PROMEDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS». No obstante, la demanda fue rechazada
parcialmente, en cuanto a estas pretensiones, porque operó el fenómeno de la
caducidad3. Esta decisión fue confirmada mediante el auto que decidió el recurso
de súplica interpuesto por la parte actora, del 17 de septiembre de 20204.
Debido a lo anterior, la Sala pasará a exponer únicamente las normas violadas y el
concepto de la violación que sustentan el medio de control de simple nulidad.
Para estos efectos, se pone de presente que la entidad demandante citó como
normas violadas el artículo 189 de la Constitución; el artículo 19 de la Ley 1816 de
2016; el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor); y el artículo
67 de la Ley 383 de 1997. Los cargos de nulidad se resumen así:
1. Infracción de las normas en que debería fundarse.
La entidad territorial afirmó que la causal de nulidad de infracción de las normas en
2 SAMAI. Índice 31. PDF del cuaderno principal. Página 446.
3 SAMAI. Índice 31. PDF del cuaderno principal. Páginas 509 a 515.
4 SAMAI. Índice 25.
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Demandante: Departamento de Antioquia.
que debía fundarse se configura por el desconocimiento de cualquier disposición
normativa que integre el ordenamiento jurídico.
Para el caso bajo examen, indicó que el parágrafo 2° del artículo 19 de la Ley 1816
de 2016, norma que modificó el artículo 49 de la Ley 788 de 2002, dispuso que el
DANE se encuentra facultado para determinar anualmente el precio de venta al
público de los productos sujetos al impuesto de consumo.
Aseguró que, en virtud de lo anterior, la entidad demandada expidió el acto de
carácter general denominado «metodología general precios promedio bebidas alcohólicas-
PPBA», donde señala que su objetivo general consiste en certificar el precio
promedio de venta al público por unidad de 750 c.c. de los licores, vinos, aperitivos
y similares, excluyendo las cervezas, individualizados a partir del registro sanitario
establecido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (en
adelante INVIMA). Además, en los objetivos específicos indicó que daría
cumplimiento a la Ley 1816 de 2016 y que certificaría el precio de las bebidas
alcohólicas comercializadas en el mercado nacional, entre otros.
Luego, la entidad demandante aseguró que el legislador dispuso que el DANE
certificaría el precio de venta al público, pero el acto acusado únicamente señaló
como objetivo certificar los precios promedios de las bebidas alcohólicas en la
presentación de 750 c.c., lo que a su juicio es sustancialmente diferente.
Afirmó que en el punto 2.1.3. del acto acusado se estableció que los precios
certificados excluirán los componentes específico y ad valorem del impuesto al
consumo, el IVA y los márgenes de comercialización de los productos recolectados
en establecimientos comerciales.
En este orden, dijo que, a su juicio, es evidente que el DANE fijó un alcance de la
metodología arbitrariamente porque descontó factores que no fueron excluidos por
el artículo 19 de la Ley 1816 de 2016.
Adujo que la anterior conclusión se refuerza en que la expresión «precio de venta al
público (PVP)» fue definida por el DANE en el acto acusado como el precio que paga
un comprador por algún bien incluyendo todos los impuestos y/o descuentos que le
sean aplicables.
En concordancia, señaló que se deben tener en cuenta otras dos definiciones de
precio de venta al público: i) el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del
Consumidor), que establece que el proveedor está obligado a informar al
consumidor en pesos colombianos el precio de venta al público, incluyendo todos
los impuestos y costos adicionales de los productos; ii) la de la Superintendencia de
Industria y Comercio (en adelante SIC)5 donde se indica que el precio debe ser
informado al consumidor, incluyendo todos los costos adicionales que se puedan
generar como consecuencia de estudios de crédito, seguros, transporte o cualquier
otra erogación a su cargo.
De otro lado, adujo que para definir la expresión «margen de comercialización» debe
tenerse en cuenta tres definiciones: i) el artículo 67 de la Ley 383 de 1997, que
define el margen bruto de comercialización para el distribuidor minorista como la
diferencia entre el precio de compra al distribuidor mayorista o al intermediario
5 La entidad demandante afirmó que esta definición proviene de la siguiente página web:
www.sic.gov.co/inconvenientes-con-el-precio.
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distribuidor y el precio de venta al público; ii) el documento publicado en 1998 por el
Banco de España, donde se indica que consiste en la diferencia entre el precio
pagado por el comerciante y el precio pagado por el consumidor final; y iii) la página
web de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO por sus
siglas en inglés), donde se afirma que es el porcentaje del precio promedio
ponderado final de venta que se toma en cada fase de la cadena.
Con base en las anteriores definiciones, la entidad territorial actora reiteró que el
precio de venta al público, por mandato legal, no puede excluir los impuestos, la
estructura de costos ni el margen de comercialización, por lo que la metodología
fijada por el DANE infringe la norma en que debe fundarse.
2. Falta de competencia y extralimitación de funciones.
La demandante sostuvo que la causal de nulidad de falta de competencia se
configura cuando la autoridad adopta una decisión sin contar con la habilitación
material, temporal o territorial para hacerlo.
Para este caso, adujo que el DANE reglamentó el artículo 19 de la Ley 1816 de
2016, competencia que, para la actora, está reservada al Presidente de la República
por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución.
A continuación, el Departamento de Antioquia transcribió unos apartes de la
sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 14 de abril de
20106, en la que se expusieron los principios de jerarquía normativa, competencia
y necesidad de reglamento.
Finalmente, afirmó que, si bien es cierto que el parágrafo 2° del artículo 19 de la Ley
1816 de 2016 facultó al DANE para desarrollar de forma directa o indirecta todas
las gestiones indispensables para determinar anualmente el precio de venta al
público de los bienes gravados con el impuesto al consumo, la autoridad
demandada se extralimitó en sus funciones porque la metodología establecida en
el acto acusado da lugar a certificar un precio diferente al dispuesto por el legislador
al excluir el IVA y el margen de comercialización de los productos vendidos por
establecimientos comerciales, según se expuso en el acápite anterior.
Oposición a la demanda
El DANE propuso las excepciones que denominó «inepta demanda por indebida
identificación de la parte demandada» y «pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos
demandados y carencia actual de objeto de la demanda», las cuales fueron declaradas no
probadas por el despacho sustanciador, mediante auto del 10 diciembre de 20217.
De otro lado, la entidad demandada controvirtió las pretensiones de la demanda,
incluyendo las de reparación directa que fue adecuada como de nulidad y
restablecimiento del derecho. Empero, como se expuso, el auto del 18 de febrero
de 2019 solo admitió la demanda con relación a las pretensiones de simple nulidad.
En consecuencia, a continuación, únicamente se expondrán los motivos de defensa
propuestos por el DANE con relación a la legalidad del acto administrativo de
carácter general denominado «METODOLOGÍA GENERAL PRECIOS PROMEDIO BEBIDAS
ALCOHÓLICAS-PPBA».
6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Proceso: 11001-03-26-000-
2008-00101-00 (36054). Sentencia del 14 de abril de 2010.
7 SAMAI. Índice 53.
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Demandante: Departamento de Antioquia.
1. Sobre la infracción de las normas en que debía fundarse.
Manifestó que el artículo 26 del Estatuto del Consumidor establece que el vendedor
tiene la obligación de informar al consumidor el precio de venta al público, incluidos
todos los impuestos y costos adicionales de los productos, y solo está obligado a
pagar el precio anunciado. Así las cosas, señaló que la obligación impuesta en esta
norma es diferente a la actividad que desempeña el DANE de certificar el precio de
venta al público de las bebidas alcohólicas, por lo que «no le asiste razón alguna al
Departamento de Antioquia de referir este artículo de la Ley 1480 de 2011, respecto de la función
otorgada por la Ley 1816 al DANE».
Aseguró que el artículo 67 de la Ley 383 de 1997 regula la liquidación del impuesto
de industria y comercio para los distribuidores de derivados del petróleo y demás
combustibles, por lo que tampoco es una norma aplicable en este caso.
Con base en lo anterior, indicó que resulta extraño que la demandante pretenda
relacionar disposiciones normativas que no tienen similitud con las funciones
conferidas al DANE por la Ley 1816 de 2016.
2. Sobre la falta de competencia y la extralimitación de funciones.
El DANE adujo que el ordenamiento jurídico prevé competencias discrecionales,
que difieren de las competencias regladas en cuanto que otorgan un margen de
intervención y participación a la autoridad para responder a las necesidades del
interés general. Por este motivo, señaló que el artículo 44 de la Ley 1437 de 2011
prevé que los actos proferidos en ejercicio de competencias discrecionales deben
ser adecuados a los fines de la norma que lo autoriza y proporcional a los hechos
que le sirven de causa.
Con base en lo anterior, sostuvo que el artículo 19 de la Ley 1816 de 2016 dispuso
una competencia discrecional en cabeza del DANE, que consiste en desarrollar de
forma directa o indirecta todas las gestiones indispensables para determinar
anualmente el precio de venta al público de los productos sujetos al impuesto al
consumo de licores.
Debido a esto, para la demandada, el legislador acudió a dos conceptos jurídicos
indeterminados al referirse al «precio de venta» y a las «gestiones indispensables para
determinarlo». Así, insistió en que la Ley 1816 de 2016 no definió qué debe entenderse
por precio de venta al público ni cuáles son esas gestiones indispensables que debe
desarrollar el DANE, de tal modo que son aspectos que deben ser definidos por la
autoridad que recibió la habilitación legal.
Manifestó que, con este propósito, fue diseñada la «metodología general precios promedio
bebidas alcohólicas-PPBA», cuyo objeto es certificar el precio promedio de venta al
público por unidad de 750 c.c. de licores, vinos, aperitivos y similares, excluyendo
las cervezas, individualizados por el registro INVIMA y cuya distribución, venta y
consumo se efectúe en territorio colombiano.
Para estos efectos, sostuvo que «la entidad acogió la noción de precio determinada en la Ley
1480 de 2011». Luego, indicó que en el Comunicado Nro. 20183130222791 del 25 de
junio de 2018, el DANE informó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público las
labores adelantadas para dar cumplimiento al mandato legal, donde consta que se
es necesario distinguir al comprador del consumidor final, pues no siempre son
nociones que coincidan.
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Además, afirmó que el informe indicó que el precio de venta al público objeto de
certificación no puede tener en cuenta solo el pago realizado por el consumidor final,
pues de hacerse así se excluirían a los demás compradores que intervienen en la
cadena comercial de las bebidas alcohólicas, se desfiguraría el precio del producto
y se incrementaría la base gravable del tributo en perjuicio de los obligados.
Por lo anterior, aseguró que el DANE le solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público que definiera la expresión «precio de venta al público», petición que fue atendida
con la expedición del Decreto 952 de 2019.
Insistió que no desconoció el ordenamiento jurídico, sino que ejerció una
competencia discrecional que le fue atribuida por el artículo 19 de la Ley 1816 de
2016. Además, adujo que, aunque esta norma contiene conceptos jurídicos
indeterminados que deben fijarse por el reglamento, fue declarada constitucional
por la Sentencia C-511 de 2019 porque establece los parámetros para definir los
vacíos.
Sostuvo que, aunque el control de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
recae sobre toda la actividad administrativa, en virtud del principio de separación de
poderes, no puede proferir decisiones de reemplazo de los actos adoptados en
ejercicio de competencias discrecionales, tal como lo reconoció la Sección Quinta
del Consejo de Estado en sentencia del 24 de agosto de 2021 8. En consecuencia,
afirmó que en este caso solo procede un control negativo de legalidad, es decir que
solo podría declararse la nulidad del acto acusado, pero no reemplazarlos por
nuevas disposiciones por el juez.
Alegatos de conclusión
El Departamento de Antioquia insistió en lo manifestado en la demanda.
El DANE reiteró lo expuesto en la oposición a la demanda y, además, señaló que la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia del 12 de mayo de 20229,
consideró que el DANE es competente para proferir los actos que precisen la
metodología que implementará para cumplir las funciones que fueron deferidas por
el legislador y que se relacionan con la determinación del elemento ad valorem de
la base gravable del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares.
Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad del acto administrativo de carácter
general denominado «METODOLOGÍA GENERAL PRECIOS PROMEDIO BEBIDAS
ALCOHÓLICAS-PPBA», proferido por el DANE en diciembre de 2017, para lo cual solo
se analizarán los cargos relacionados con las pretensiones de simple nulidad
porque, como se expuso en los antecedentes, las demás pretensiones fueron
rechazadas mediante auto del 18 de febrero de 2019.
8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Proceso: 73001-23-31-000-
2000-01704-01 (AP-100). Sentencia del 24 de agosto de 2001. CP: Darío Quiñonez Pinilla.
9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 11001-03-24-000-
2019-00298-00 (24863). Sentencia del 12 de mayo de 2022. CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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Demandante: Departamento de Antioquia.
1. Sobre la falta de competencia.
Según el Departamento de Antioquia, el DANE no es competente para reglamentar
el artículo 19 de la Ley 1816 de 2016, pues la habilitación para hacerlo está
reservada al Presidente de la República por mandato del numeral 11 del artículo
189 de la Constitución.
Para decidir este cargo de la demanda, debe tenerse en cuenta que el parágrafo 2°
del artículo 49 de la Ley 788 de 2002, modificada por el artículo 19 de la Ley 1816
de 2016, establece lo siguiente:
«Artículo 49. Base gravable. (…)
Parágrafo 2°. Para efectos de la certificación de que trata el presente artículo, el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) se encuentra facultado para desarrollar directa
o indirectamente a través de terceros, todas las gestiones indispensables para determinar
anualmente el precio de venta al público de los productos sujetos al impuesto de consumo.
Esta certificación deberá expedirse antes del 1° de enero de cada año.
El DANE deberá certificar la base gravable para cada uno de los productos específicos sujetos
al impuesto al consumo o participación.
Las personas naturales o jurídicas, de cualquier orden o naturaleza, domiciliadas o residentes
en el territorio nacional, están obligadas a suministrar al Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (DANE), los datos solicitados para efectos de determinar el precio de venta al
público de los productos sujetos al impuesto al consumo. Las personas naturales o jurídicas
que incumplan u obstaculicen los requerimientos de información del DANE estarán sujetas a
las sanciones y multas señaladas en el artículo 6° de la Ley 79 de 1993» (subraya la Sala).
Como se observa, el legislador expresamente facultó al DANE para desarrollar
todas las gestiones indispensables para determinar anualmente el precio de venta
al público, lo que incluye establecer la metodología con base en la cual expedirá el
certificado anual del precio de venta al público de los productos sujetos al tributo.
En hilo con lo anterior, la sentencia del 12 de mayo de 202210 tuvo oportunidad de
analizar un cargo de nulidad similar respecto a los años 2018 y 2019.
Concretamente, frente a la metodología adoptada por el DANE en el año 2018,
antes de la expedición del Decreto 052 de 2019, se sostuvo lo siguiente:
«(…) además de la autorización expresa y de los criterios objetivos señalados por la ley para
certificar la base gravable del componente ad valorem del tributo, debe tenerse en cuenta que,
según lo indicó esta Sección11, cada órgano de la administración pública puede proferir actos
administrativos de carácter general que reglamenten la ejecución de sus funciones o la
prestación de los servicios a su cargo. Siguiendo este hilo, el DANE tiene competencia para
proferir actos que precisen la metodología que implementará para dar cumplimiento a las
funciones que le fueron deferidas por el legislador y que se relacionan con la determinación
del elemento ad valorem de la base gravable del impuesto al consumo de licores, vinos,
aperitivos y similares» (subraya la Sala).
Por lo anterior, no es cierto que la competencia para reglamentar el artículo 19 de
la Ley 1816 de 2016 esté reservada al Presidente de la República por mandato
constitucional, como lo afirmó la actora.
10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 11001-03-24-000-
2019-00298-00 (24863). Sentencia del 12 de mayo de 2022. CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
11 En este sentido ver: i) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso:
11001-03-27-000-2017-00004-00 (22877). Sentencia del 30 de octubre de 2019. CP: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez; y ii) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 11001-
03-27-000-2020-00026-00 (25402). Sentencia del 17 de febrero de 2022. CP: Myriam Stella Gutiérrez
Argüello.
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Demandante: Departamento de Antioquia.
De otro lado, en relación al cargo de nulidad de falta de competencia, el
Departamento de Antioquia sostuvo que el DANE actuó con extralimitación de sus
funciones porque el acto acusado estableció que el precio de venta al público sería
certificado con exclusión del IVA y del margen de comercialización, lo que a su juicio
excede lo dispuesto por el legislador. No obstante, se observa que estos mismos
argumentos fueron planteados para sustentar el cargo de infracción de las normas
en que debían fundarse. En consecuencia, para efectos de dar claridad a esta
providencia, este cargo será analizado de forma conjunta en el próximo acápite de
las consideraciones.
2. Sobre la infracción de las normas en que debía fundarse y la
extralimitación de funciones.
La entidad territorial demandante sostuvo que el DANE infringió las normas en que
debía fundarse y actuó con extralimitación de sus funciones por dos motivos: i) la
metodología contenida en el acto acusado señaló que su objetivo consiste en
certificar el precio promedio de los licores, vinos, aperitivos y similares, lo que a su
juicio no se corresponde con lo dispuesto por el legislador; y ii) el acto acusado
excluye del concepto de precio de venta al público el IVA y el margen de
comercialización de los productos ofrecidos en establecimientos de comercio a
pesar de que el legislador no lo previó.
Para decidir este cargo de nulidad, debe tenerse en cuenta que el artículo 19 de la
Ley 1816 de 2016, que modificó el artículo 49 de la Ley 788 de 2002, determinó que
la base gravable del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares
estaría conformada por un componente específico y uno ad valorem. Además,
precisó que la base gravable del segundo de estos componentes «es el precio de venta
al público por unidad de 750 cc, sin incluir el impuesto al consumo o la participación, certificado
anualmente por el DANE, garantizando la individualidad de cada producto».
En concordancia, el artículo 20 ibidem determinó que el componente ad valorem del
impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares «se liquidará aplicando una
tarifa del 25% sobre el precio de venta al público, antes de impuestos y/o participación, certificado
por el DANE. La tarifa aplicable para vinos y aperitivos vínicos será del 20% sobre el precio de venta
al público sin incluir los impuestos, certificado por el DANE» (subraya la Sala).
Estas normas fueron objeto de control de constitucionalidad en la Sentencia C-511
de 2019, que declaró exequible que el DANE certificara el precio de venta al público
que integra la base gravable del componente ad valorem del impuesto al consumo
de licores, vinos, aperitivos y similares.
Para llegar a esa conclusión, la Corte Constitucional puso de presente que los
principios de legalidad y de certeza tributaria exigen que el legislador fije
directamente los elementos del impuesto con precisión y claridad, pero esto no le
impide remitirse a nociones que supongan una variable económica que deba ser
desarrollada por la administración, siempre y cuando la ley también establezca los
parámetros necesarios para su implementación.
Con base en lo anterior, la Corte Constitucional destacó que la Ley 1816 de 2016
no incurrió en alguna indeterminación de la base gravable del componente ad
valorem porque, a su juicio, es claro que fijó este elemento del tributo al señalar que
consiste en el «precio de venta al público». Así las cosas, sostuvo que «la delegación a la
administración para certificar el “precio de venta al público” el cual, a su vez, constituye la base
gravable de la contribución, puede ser admitida a la luz del principio de legalidad tributaria, siempre
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y cuando en la ley, como en el presente caso, se señalen los parámetros para dicha certificación, lo
cual tiene una importancia definitiva a la luz del principio de legalidad. Estos parámetros pueden
remitirse válidamente a realidades económicas variables, siempre que no sean tan amplios e
imprecisos que se transformen en una autorización a la administración para determinar con absoluta
autonomía la base gravable de un tributo».
En hilo con lo anterior, la Sentencia C-511 de 2019 invocó como precedente la
sentencia C-480 de 2017, donde se sostuvo que la función del DANE no es la
fijación del precio de venta al público de las bebidas alcohólicas, sino certificar dicho
precio, lo que comporta necesariamente la aplicación de métodos objetivos propios
de su función institucional como responsable de la estadística oficial.
Para reforzar la anterior afirmación, la sentencia bajo análisis señaló que los
artículos 1° y 2° del Decreto 262 de 2004, acto que modifica la estructura y funciones
del DANE, «consagran funciones relacionadas con la información estadística y de carácter general
relativas a la producción de estadísticas estratégicas». Así mismo, indicó que la autoridad
demandada coordina el Sistema Estadístico Nacional, por lo que se encarga de la
producción y la difusión de la información estadística estratégica, de tal modo que
insistió en que, «en ejercicio de esas funciones, no establece cuál es el precio de venta al público
sino que lo certifica, de manera individualizada y bajo parámetros de calidad y cantidad».
En este orden, la Corte Constitucional concluyó lo siguiente en la Sentencia C-511
de 2019:
«(…) el DANE cumple la función de certificar la base gravable pero no de definirla,
determinarla o fijarla, con lo cual ejerce funciones propias de esa entidad, consistentes en
verificar el precio de venta por botella de 750cc, el cual es un elemento cuantitativo del tributo
que es de carácter objetivo. Así entonces, el DANE, como autoridad estadística, utiliza, dentro
de la metodología expedida, todas las herramientas que están a su alcance para dar
cumplimiento al mandato legal. Para ello, utiliza referentes normativos vigentes contenidos en
la Resolución 2760 de 2018, expedida en cumplimiento del parágrafo 2º del artículo 19 de la
Ley 1816 de 2016, mediante la cual se fijaron los lineamientos técnicos para certificar el precio
de venta al público. Es decir, la entidad administrativa se limita a certificar el precio conforme
a la información y técnicas que garantizan una medición fiable y completa de todas las
variables» (subraya la Sala).
Para el caso bajo examen, la Sala destaca que el acto general denominado
«METODOLOGÍA GENERAL PRECIOS PROMEDIO BEBIDAS ALCOHÓLICAS-PPBA» fue
expedido por el DANE para dar cumplimiento al parágrafo 2° del artículo 19 de la
Ley 1816 de 2016. Es decir, que su propósito es fijar los criterios objetivos mediante
los cuales podrá adelantar las gestiones indispensables para determinar el precio
de venta al público de los productos sujetos al impuesto de consumo.
Teniendo presentes estas precisiones, la Sala procederá a analizar los argumentos
propuestos por el actor:
Como se expuso, el primer punto consiste en que, según la actora, el objetivo
general de la metodología no coincide con el del legislador porque se limita a
establecer los criterios para determinar el precio «promedio» de venta al público.
Al respecto, como lo afirmó la Sentencia C-511 de 2019, las funciones generales
del DANE, asignadas por el Decreto 262 de 2004, consisten en recopilar y elaborar
la información estadística y de carácter general, así como desarrollar y aprobar las
metodologías para su producción, de tal modo que es acorde con el mandato legal
que certifique el precio promedio de venta al público.
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En efecto, cuando el parágrafo 2° del artículo 19 de la Ley 1816 de 2016 establece
que el DANE está facultado «para desarrollar directa o indirectamente a través de terceros,
todas las gestiones indispensables para determinar anualmente el precio de venta al público de los
productos sujetos al impuesto de consumo», no le atribuye una función desligada de sus
competencias generales. Sino que, atendiendo las consideraciones de la Sentencia
C-511 de 2019, la competencia para certificar el precio de venta al público debe ser
ejercida por el DANE atendiendo sus facultades generales de producción de
información estadística.
Por lo expuesto es que el acto acusado establece y aprueba la metodología general
con la que se implementará la operación estadística para certificar los precios
promedios de bebidas alcohólicas, entendiendo por operación estadística «el conjunto
de procesos y actividades que partiendo de la recolección sistemática de datos, conduce a la
producción de resultados agregados»12.
Entonces, el hecho de que el acto denominado «metodología general precios promedio
bebidas alcohólicas-PPBA» indique que su objetivo principal consiste en certificar el
«precio promedio de venta al público» no contraría el artículo 19 de la Ley 1816 de 2016.
Por el contrario, el DANE acata el mandato legal al atender tanto la competencia
específica como las generales que le fueron atribuidas por el ordenamiento jurídico.
El segundo motivo de controversia consiste en que, según el Departamento de
Antioquia, el DANE excluyó, sin autorización legal, el IVA y el margen de
comercialización de la certificación del precio de venta al público de licores vinos.
Sobre la exclusión del IVA, la Sala destaca que el artículo 20 de la Ley 1816 de
2016 expresamente indica que la tarifa fijada para el componente ad valorem del
tributo debe ser aplicada «antes de impuestos» o «sin incluir los impuestos». Esto significa
que, aunque el artículo 19 ibidem no establece la exclusión del IVA de la base
gravable del componente ad valorem, o, lo que es lo mismo, de la certificación del
precio de venta al público de los productos gravados, es necesario hacerlo porque,
de lo contrario, se estaría aplicando la tarifa incluyendo los impuestos, en clara
oposición a lo dispuesto por el legislador en el artículo 20.
En otras palabras, contrario a lo dicho por la actora, el DANE está expresamente
autorizado por el artículo 20 de la Ley 1816 de 2016 para excluir el IVA del precio
de venta al público de los licores, vinos, aperitivos y similares que son objeto del
tributo.
Además, se observa que, debido a lo anterior, para este caso son irrelevantes en
este caso las definiciones de precio de venta al público citadas por la demandante,
contenidas en el artículo 26 del Estatuto del Consumidor y en la página web de la
SIC, pues la primera no es una norma que sea aplicable en este caso y la segunda
solo tiene como objetivo dar a conocer los derechos de los consumidores, no dar
instrucciones en la forma en que debe determinarse la base gravable del impuesto
al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares.
De otro lado, en cuanto a la exclusión del margen de comercialización, debe tenerse
en cuenta que el punto 2.2.1 (componentes básicos del diseño estadístico) del acto
acusado expone que la población objetivo de la operación estadística está
conformada por: i) los establecimientos de comercio y ii) los importadores y
productores. Además, para estos efectos, precisa que los establecimientos de
12 Expediente físico. Cuaderno principal. Folio 6.
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comercio se clasifican como «Almacenes/supermercados de cadena/ tiendas por
departamento o hipermercados; supermercados de barrio/ tienda de barrio/ cigarrerías/
salsamentarías y delicatesen; establecimientos especializados en la venta del artículo o la prestación
del servicio»13.
Teniendo esto presente, el punto 2.1.3 (alcance) señaló que «con el fin de asegurar la
consistencia económica de la información recolectada en establecimientos de comercio y registrada
ante el DANE por los importadores y productores de bebidas alcohólicas, se realiza el descuento del
margen de comercialización calculado por la Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales únicamente
a los productos recolectados en establecimientos comerciales»14.
Como se observa, el acto acusado no excluyó el margen de comercialización de
toda la población objetivo de la operación estadística, sino solo para los
establecimientos comerciales. Además, aseguró que esta decisión tiene como
objetivo garantizar la consistencia económica de la información económica
recolectada. Sin embargo, la demandante no allegó ninguna prueba ni expuso algún
motivo para controvertir el fundamento expuesto por el DANE, de tal modo que no
desvirtuó la presunción de legalidad que ampara el acto acusado.
En hilo con lo anterior, se observa que la demandante únicamente trajo a colación
las definiciones de margen de comercialización contenidas en el artículo 67 de la
Ley 383 de 1997, en una publicación del Banco de España y en la página web de la
FAO, pero no expuso por qué dichas definiciones desacreditan la fundamentación
expuesta por el DANE.
En todo caso, se observa que el artículo 67 de la Ley 383 de 1997 regula la
liquidación del impuesto de industria y comercio a cargo de los distribuidores
minoristas de derivados de petróleo y demás combustibles, de tal modo que no es
una norma aplicable en este caso.
Así mismo, el texto publicado por el Banco de España y la página web de la FAO
tienen propósitos informativos, de tal modo que no constituyen derroteros aplicables
para la determinación de la base gravable del impuesto al consumo de licores, vinos,
aperitivos y similares.
Con base en lo anterior, la Sala concluye que el DANE no infringió las normas en
que debía fundarse ni actuó con extralimitación de sus funciones al excluir de la
certificación del precio de venta al público de licores, vinos, aperitivos y similares el
IVA y el margen de comercialización de los productos vendidos por establecimientos
de comercio. En consecuencia, serán negadas las pretensiones de simple nulidad
de la demanda.
3. Sobre la condena en costas.
No se impondrá condena en costas porque en el proceso de la referencia se ventiló
un asunto de interés público, según lo prevé el artículo 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
13 Expediente físico. Cuaderno principal. Folio 13 reverso.
14 Expediente físico. Cuaderno principal. Folio 7.
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FALLA
1. Negar las pretensiones de simple nulidad propuestas por el Departamento de
Antioquia.
2. Sin condena en costas.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
12
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