RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2022 › Radicado 11001-03-27-000-2020-00026-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2020-00026-00

Fecha
17 de febrero de 2022
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2020-00026-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar las pretensiones de la demanda de simple nulidad presentada por Jonathan Andrés Gutiérrez Sánchez. 2. Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-27-000-2020-00026-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

17 de febrero de 2022

Radicado: 11001-03-27-000-2020-00026-00 (25402)
Demandante: Jonathan Andrés Gutiérrez Sánchez.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de febrero dos mil veintidós (2022)

Referencia Nulidad
Radicación 11001-03-27-000-2020-00026-00 (25402)
Demandante JONATHAN ANDRÉS GUTIÉRREZ SÁNCHEZ
Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Notificación electrónica. Régimen de transición. Vigencia de
los decretos legislativos.

SENTENCIA ANTICIPADA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide la demanda de simple nulidad presentada por Jonathan Andrés
Gutiérrez Sánchez contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en
adelante DIAN), que pretende la nulidad del artículo 11 de la Resolución Nro.
000038 del 30 de abril de 2020.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

La DIAN profirió la Resolución Nro. 000038 del 30 de abril de 2020 para implementar
la notificación electrónica de los actos proferidos por esa entidad, en cumplimiento
de los artículos 563, 564, 565 y 566-1 del Estatuto Tributario. El artículo 11 reguló
el régimen de transición con el cual serían aplicadas las reglas previstas en ese acto
administrativo en los siguientes términos:

«Artículo 11. Transición. Los actos administrativos que a la fecha de implementación de la
notificación electrónica hayan sido remitidos a un servicio de mensajería especializada para
su entrega, o se haya remitido citación para notificación personal, se notificarán de
conformidad con las normas vigentes al momento de la expedición del acto sujeto a
notificación, de acuerdo con la implementación gradual que determine la UAE-DIAN.

Los actos administrativos que a la fecha de implementación de la notificación electrónica no
se hayan remitido aún a un servicio de mensajería especializada para su entrega, o no se
haya remitido citación para notificación personal, se regirán por las disposiciones de esta
resolución, de acuerdo a la implementación gradual que determine la UAE-DIAN.

Los actos administrativos que se expidan a partir de la fecha de implementación de la
notificación electrónica, se deberán notificar de manera preferente a la dirección de correo
electrónico registrada en el RUT o a la Dirección Procesal Electrónica informada en el proceso
de determinación o discusión del tributo, proceso sancionatorio, o de cobro de acuerdo a la
implementación gradual que determine la UAE-DIAN».

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL

En ejercicio del medio de control de nulidad, contemplado en el artículo 137 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley
1437 de 2011), Jonathan Andrés Gutiérrez Sánchez formuló las siguientes
pretensiones:
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-27-000-2020-00026-00 (25402)
Demandante: Jonathan Andrés Gutiérrez Sánchez.

«PRIMERO. Solicito respetuosamente a este despacho de acuerdo con los motivos expuestos
que se DECLARE LA NULIDAD del Artículo 11 de la Resolución 0000038 de fecha 30 de abril
de 2020.

SEGUNDO. En caso de no considerar este despacho que deba declararse la Nulidad del
Artículo 11 de la Resolución 0000038 de fecha 30 de abril de 2020, solicito de manera
respetuosa y conforme a los motivos expuestos que se DECRETE LA SUSPENSIÓN
PROVISIONAL del mencionado artículo desde su expedición y hasta tanto se de por superada
la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección social»1.

Para estos efectos, invocó como normas violadas los artículos 4, 29 y 238 de la
Constitución; el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo; el artículo 4 del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo
de 2020 y la «Resolución 000038 del 30 de abril de 2020 (sic)»2 proferida por la DIAN.

Los cargos de nulidad se resumen así:

Debido a la pandemia ocasionada por el Covid-19, el Gobierno Nacional ordenó
mediante el artículo 4 del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, la
notificación electrónica de los actos administrativos durante la vigencia de la
emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Luego del inicio de la vigencia de esta norma, la DIAN profirió la Resolución Nro.
000038 de 2020 que, en el artículo 11, reguló el régimen de transición para
implementar la notificación electrónica y dispuso que los actos administrativos serán
notificados de conformidad con las normas vigentes al momento de su expedición
en dos eventos: i) cuando el acto a notificar haya sido remitido mediante servicio de
mensajería especializada para su entrega o ii) cuando la autoridad tributaria haya
remitido la citación para surtir su notificación personal del acto administrativo.

A partir de la expedición de la Resolución Nro. 000038 de 2020 están plenamente
vigentes los artículos 565 y 566-1 del Estatuto Tributario, que prevén que los actos
proferidos por la autoridad tributaria pueden ser notificados de forma personal, por
edicto, por correo electrónico o por correo físico. Así las cosas, la reglamentación
acusada permite que la autoridad tributaria practique cualquiera de estas formas de
notificación, siempre que estén vigentes al momento de la expedición del respectivo
acto administrativo, sin tener en cuenta la emergencia sanitaria actual.

La confrontación entre el artículo 4 del Decreto Legislativo 491 de 2020 y del artículo
11 de la Resolución Nro. 000038 del mismo año permiten evidenciar que el acto
acusado establece un periodo de transición para implementar la notificación
electrónica a pesar de que la norma superior establece que se debe implementar la
notificación electrónica durante toda la vigencia de la emergencia sanitaria.

En otras palabras, las disposiciones del artículo 11 de la Resolución Nro. 000038
de 2020 son incompatibles con el artículo 4 del Decreto Legislativo 491 del mismo
año, el cual establece que solo procede la notificación electrónica durante la
vigencia de la emergencia sanitaria.

Lo expuesto demuestra la violación del artículo 4 de la Constitución porque, como

1 Página 9 del PDF 1 del índice 2 de SAMAI.
2 Página 4 del PDF 1 del índice 2 de SAMAI.
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-27-000-2020-00026-00 (25402)
Demandante: Jonathan Andrés Gutiérrez Sánchez.

lo expuso la Corte Constitucional en la Sentencia C-037 del 2000, de ella emana la
estructura jerárquica del ordenamiento jurídico colombiano. En consecuencia, el
artículo 11 de la Resolución Nro. 000038 de 2020 es nulo porque desconoce el
principio de jerarquía normativa al contrariar lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto
Legislativo 491 del mismo año.

Oposición a la demanda

La DIAN controvirtió las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

La Resolución Nro. 000038 de 2020 no fue proferida en desarrollo del Decreto
Legislativo 491 del mismo año, como erróneamente lo afirma el demandante. En
realidad, el Director General de la DIAN profirió el acto acusado con base en los
artículos 563, 564, 565 y 566-1 del Estatuto Tributario y en ejercicio de la
competencia asignada en el artículo 6 del Decreto 4048 de 2008. Por lo anterior, la
resolución objeto de controversia no invocó en su motivación el estado de excepción
decretado por el Gobierno Nacional a raíz de la pandemia de Covid-19.

Las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para afrontar la emergencia
sanitaria fueron desarrolladas por las Resoluciones Nro. 00022, Nro. 00030, Nro.
00050 y Nro. 00055 de 2020, que son diferentes al acto aquí acusado, el cual regula
una ley ordinaria.

La tesis antes expuesta fue aceptada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado
en el auto que negó la solicitud de suspensión provisional, providencia del 11 de
febrero de 2021.

El régimen de transición del artículo 11 de la Resolución Nro. 00038 de 2020 es
necesario para implementar la notificación electrónica de forma gradual para
garantizar el principio de seguridad jurídica y el derecho al debido proceso de los
contribuyentes. Por este motivo, su aplicación es temporal y excepcional en los
casos en que ya se inició el trámite de notificación del respectivo acto administrativo
con base en las normas anteriores.

En cuanto al principio de seguridad jurídica, debe tenerse en cuenta que el régimen
de transición evita que los contribuyentes sean sorprendidos con una nueva forma
de notificación, lo que también salvaguarda el principio de confianza legítima.

Respecto al derecho al debido proceso, se garantiza que las notificaciones finalicen
con el trámite que iniciaron para que los contribuyentes puedan ejercer su defensa
de forma efectiva, pues asegura que serán debidamente notificados en la dirección
suministrada en el RUT o en la dirección procesal informada.

Finalmente, el régimen de transición objeto de controversia no crea ni modifica el
procedimiento de notificación vigente al momento de la expedición de los actos
administrativos. Por el contrario, garantiza su efectividad y evita confusiones con la
nueva forma de notificación electrónica que se implementa a partir de su vigencia.

Alegatos de conclusión

Jonathan Andrés Gutiérrez Sánchez reiteró lo dicho en la demanda. Además, señaló
que la declaratoria de emergencia sanitaria y la regulación del Decreto Legislativo
491 de 2020 aplica de manera forzosa para todas las entidades del Estado, por lo
3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-27-000-2020-00026-00 (25402)
Demandante: Jonathan Andrés Gutiérrez Sánchez.

que tienen la obligación de implementar de forma inmediata la notificación
electrónica del artículo 4 ibidem. Entonces, es contradictorio que fuera expedida la
Resolución Nro. 000038 de 2020 sin atender la realidad económica y de salubridad
pública del país para el momento de su expedición.

La DIAN reiteró lo expuesto en la oposición a la demanda.

Concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad del artículo 11 de la Resolución
Nro. 000038 del 30 de abril de 2020, proferida por la DIAN, que reguló el régimen
de transición para implementar la notificación electrónica prevista en los artículos
565 y siguientes del Estatuto Tributario, según los cargos de nulidad propuestos en
la demanda.

Para esto, se pone de presente que el artículo 215 de la Constitución establece que
cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 213 y 214
ibidem que perturben o amenacen perturbar de forma grave e inminente el orden
económico, social y ecológico del país, el presidente, con la firma de todos sus
ministros, podrá declarar estado de emergencia por periodos de hasta 30 días en
cada caso, que sumados no pueden exceder los 90 días calendario.

Esta norma constitucional fue regulada por la Ley 137 de 1994, por la cual se
regulan los Estados de Excepción en Colombia. El artículo 47 de esta ley dispone
que, durante los estados de excepción por emergencia económica, social y
ecológica, el Gobierno Nacional podrá expedir decretos con fuerza de ley,
destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus
efectos.

La Corte Constitucional, al analizar la constitucionalidad de esta norma en la
Sentencia C-179 de 1994, precisó que los decretos legislativos proferidos en una
emergencia económica, social y ecológica «pueden reformar o derogar la legislación
preexistente y tienen vigencia indefinida, hasta tanto el poder legislativo proceda a derogarlos o
reformarlos, salvo cuando se trata de normas relativas a la imposición de tributos o modificación de
los existentes, los cuales "dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el
Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente"» (subrayado propio)3.

En el caso bajo examen, todos los argumentos del demandante se centran en que
el artículo 11 de la Resolución Nro. 000038 de 2020 desconoció el artículo 4 del
Decreto Legislativo 491 de 2020, que fue proferido en el marco de la emergencia
económica decretada mediante el Decreto Legislativo 417 del 17 de marzo del
mismo año.

Ahora, aunque el artículo 4 del Decreto Legislativo 491 de 2020 no está relacionado
con la imposición o la modificación de tributos existentes, sino con la notificación de
los actos administrativos, no tiene vigencia indefinida porque el Gobierno Nacional
estableció que solo será aplicado mientras esté vigente la emergencia sanitaria

3 Corte Constitucional. Sentencia C-179 del 13 de abril de 1994. MP: Carlos Gaviria Díaz.
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-27-000-2020-00026-00 (25402)
Demandante: Jonathan Andrés Gutiérrez Sánchez.

declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social4. Así se concluye de la
lectura del inciso primero de esta norma, que establece lo siguiente:

«Artículo 4. Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto permanezca
vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la
notificación o comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos. Para
el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que se inicie será obligatorio indicar la
dirección electrónica para recibir notificaciones, y con la sola radicación se entenderá que se
ha dado la autorización» (subrayado propio).

Además, el carácter temporal del artículo 4 del Decreto Legislativo 491 de 2020 fue
reconocido por la Corte Constitucional que, al examinar su exequibilidad en la
Sentencia C-242 de 2020, afirmó que «las reglas temporales contenidas en el artículo 4°,
que privilegian la notificación y comunicación de los actos administrativos por medios electrónicos
resultan, en principio, proporcionales en las actuales condiciones (…)» (subrayado propio)5.

De acuerdo con lo expuesto, el artículo 4 del Decreto Legislativo 491 de 2020 no
derogó ninguna ley ordinaria que regule la notificación o comunicación de los actos
administrativos, incluyendo los artículos 565 y siguientes del Estatuto Tributario, que
establecen las formas de notificar los actos proferidos por la DIAN. Por lo anterior,
la DIAN está habilitada para reglamentar los artículos 565 y siguientes del Estatuto
Tributario para su adecuada ejecución una vez finalice la emergencia sanitaria, pues
«Cada órgano de la administración pública puede proferir actos administrativos de carácter general
tendientes a regular la ejecución de sus funciones o la prestación de los servicios a su cargo» 6.

Ahora, como lo señaló la entidad demandada, el artículo 11 de la Resolución Nro.
000038 de 2020 no reglamentó el Decreto Legislativo 417 de 2020 (que declaró el
estado de emergencia económica, social y ecológica originada en el Covid-19), ni
el Decreto Legislativo 491 del mismo año (que adoptó medidas de urgencia para
garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades),
sino las normas ordinarias contenidas en el Estatuto Tributario . Por este motivo,
las consideraciones contenidas en la resolución acusada señalaron que fue
proferida «en cumplimiento de lo establecido en los artículos 563, 564, 565 y 566-1 del Estatuto
Tributario».

Lo anterior implica que el artículo 11 de la Resolución Nro. 000038 de 2020 debe
ser aplicado solo en estado de normalidad, esto es, cuando finalice la emergencia
sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social, según fue
expuesto.

En consecuencia, la norma objeto de controversia no pudo desconocer el artículo 4
del Decreto Legislativo 491 de 2020 porque tienen ámbitos de aplicación diferentes,
en la medida que la norma superior invocada como violada, se reitera, solo es
aplicada durante la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y
Protección Social.
4 El Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria por el Covid-19 mediante la
Resolución Nro. 385 del 12 de marzo de 2020, medida que fue prorrogada por las Resoluciones Nro. 844,
Nro. 1462 y Nro. 2230 de 2020, así como por las Resoluciones Nro. Nro. 222, Nro. 738, Nro. 1315 y Nro.1913
de 2021.
5 Corte Constitucional. Sentencia C-242 del 9 de julio de 2020. MP: Luís Guillermo Guerrero Pérez y Cristina
Pardo Schlesinger. Además, esta sentencia declaró la exequibilidad condicionada del artículo 4 del Decreto
Legislativo 491 de 2020 “bajo el entendido de que, ante la imposibilidad manifiesta de una persona para
suministrar una dirección de correo electrónico, podrá indicar un medio alternativo para facilitar la notificación
o comunicación de los actos administrativos”.
6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 11001-03-27-000-
2017-00004-00 (22877). Sentencia del 30 de octubre de 2019. CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-27-000-2020-00026-00 (25402)
Demandante: Jonathan Andrés Gutiérrez Sánchez.

De otro lado, debe tenerse en cuenta que los artículos 563, 564, 565 y 566-1 del
Estatuto Tributario (reglamentados por la norma acusada) no solo prevén la
posibilidad de surtir la notificación electrónica, sino también las notificaciones
personales y por correo. Así las cosas, la autorización para realizar notificaciones
diferentes a la electrónica en estado de normalidad, a las que se refiere el régimen
de transición controvertido, deriva directamente de la ley y no del acto acusado.

La Sala precisa que, para implementar los decretos legislativos proferidos en el
marco del estado de excepción por emergencia económica, social y ecológica, la
DIAN expidió la Resolución Nro. 000030 del 29 de marzo del mismo año, en la cual
entre otros aspectos, ordenó suspender los términos de la mayoría de los
procedimientos administrativos (artículo 8) y dispuso la notificación electrónica de
los actos proferidos por la autoridad tributaria (artículo 6), durante la emergencia
sanitaria causada por el Covid-19. Empero, esta resolución no es objeto de
controversia en este caso, por lo que no procede su estudio. En todo caso, al ser
un acto administrativo reglamentario de un decreto de estado de excepción, es
objeto de un control inmediato de legalidad.

El demandante solicitó, como pretensión subsidiaria, que de negarse la nulidad del
artículo 11 de la Resolución Nro. 000038 de 2020 se ordene su suspensión hasta
que termine la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y
Protección Social. Sin embargo, esta pretensión no es procedente en el medio de
control de simple nulidad porque, como lo indica el artículo 137 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, su objeto consiste
en estudiar la legalidad del acto administrativo acusado. Es por esto que la norma
en mención señala que toda persona podrá solicitar «que se declare la nulidad de los
actos administrativos de carácter general». En todo caso, como fue expuesto, las normas
ordinarias que regulan la notificación electrónica por parte de la autoridad tributaria
se encuentran supeditadas a que finalice la emergencia sanitaria por mandato del
artículo 4 del Decreto Legislativo 491 de 2020.

Por lo expuesto, la Sala negará las pretensiones de la demanda. Además, no
impondrá condena en costas porque en este proceso se ventiló un asunto de interés
público, según lo establece el artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar las pretensiones de la demanda de simple nulidad presentada por
Jonathan Andrés Gutiérrez Sánchez.

2. Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Cúmplase.

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-27-000-2020-00026-00 (25402)
Demandante: Jonathan Andrés Gutiérrez Sánchez.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.