Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00426-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00426-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2021-00426-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
27 de marzo de 2025
Radicado: 25000-23-37-000-2021-00426-01 (29737)
Demandante: Gustavo Castellanos Ayala
FALLO
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2021-00426-01 (29737)
Demandante: GUSTAVO CASTELLANOS AYALA
Demandado: DIAN
Temas: Impuesto sobre la renta año gravable 2016. Notificación de la
Liquidación Oficial de Revisión.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia del 28 de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B” que resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad de la Liquidación Oficial nro.
322412020000145 de 28 de julio de 2020, con base en las razones consignadas
en la parte motiva de la presente sentencia.
A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRESE la firmeza de la
declaración de renta y complementarios del periodo gravable 2016 del
contribuyente GUSTAVO CASTELLANOS AYALA.
SEGUNDO: Por no aparecer causadas no se condena en costas a la parte
demandada.
TERCERO: NOTIFÍQUESE por correo electrónico la presente providencia así:
Demandante:
carolinaf.calnaf@gmail.com
Demandado:
notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co
CUARTO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente previa
devolución de los antecedentes administrativos a la oficina de origen.”
ANTECEDENTES
El 17 de agosto de 2017, el actor presentó la declaración del impuesto sobre la renta
y complementarios correspondiente al año gravable 2016, en la que liquidó un saldo
a favor de $902.000.
Mediante Requerimiento Especial nro. 32239201900070 del 9 de septiembre de
2019, la DIAN propuso una mayor base para el impuesto de renta, así como una
sanción por inexactitud y una sanción por no envío de información.
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Demandante: Gustavo Castellanos Ayala
FALLO
El 5 de diciembre de 2019, el demandante dio respuesta al anterior requerimiento
mediante escrito en el que manifiesta haber atendido parcialmente las glosas de la
DIAN, en la declaración de corrección presentada el 3 de diciembre de 2019, bajo
el Formulario nro. 2111641635387 y adhesivo nro. 91000657688925.
La DIAN profirió Liquidación Oficial de Revisión nro. 3224120200000145 del 28 de
julio de 2020, por la que modificó la declaración del impuesto sobre la renta y
complementarios del año gravable 2016. Notificada, afirma la contribuyente, por
conducta concluyente el 23 de marzo de 2021.
La demandante en virtud del artículo 720 del E.T. demandó “per saltum” la referida
liquidación oficial.
DEMANDA
GUSTAVO CASTELLANOS AYALA, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-, formuló
las siguientes pretensiones:1
“1. Que se declare la Nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No.
3224120200000145 del 28 de julio de 2020, a través de la cual se modificó la
liquidación privada. Determinando un saldo a pagar por concepto de impuesto
de OCHOCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
PESOS M/CTE ($800.293.000) y una sanción por concepto de no envío de
información, por irregularidades en la contabilidad y por inexactitud equivalente
al valor de MIL CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL
PESOS M/CTE ($1.055.504.000).
2. A título de restablecimiento del derecho se tengan como válidas y en firme la
Liquidación Privada nro. 91000442286859 del 17 de agosto de 2017, del
periodo gravable 2016.
3. A título de restablecimiento del Derecho, se declare la improcedencia de la
sanción por concepto de no envío de información, por irregularidades en la
contabilidad y por inexactitud impuesta por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN.
4. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos
demandados, se ordene el archivo del expediente por parte de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN seguido en contra del señor
GUSTAVO CASTELLANOS AYALA y se abstenga de ejecutarlo.
5. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad solicitada en las anteriores
pretensiones, a título de restablecimiento del derecho se declare que mi
representada no adeuda suma alguna ni por concepto de impuesto sobre la
renta, ni por sanción de inexactitud, no envío de información y/ irregularidades
de la contabilidad, ni por intereses moratorios correspondientes en la citada
vigencia fiscal.
1 Índice 2, Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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FALLO
6. Condenar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN a pagar
las costas del presente proceso. Igualmente, solicitamos no se condene a la
demandante a agencias en derecho ni costas procesales.
7. Ordenar a la parte demandada que dé cumplimiento al fallo, en el término
previsto en el artículo 192 del C.P.A.C.A.”
Normas violadas
La demandante invocó como normas violadas los artículos 29 de la Constitución
Política; 72 y 73 de la Ley 1437 de 2011; 563, 564, 565, 566-1, 569, 710 y 730 del
Estatuto Tributario.
El concepto de la violación se sintetiza así:2
Manifestó que la DIAN envió por correo la notificación de la liquidación oficial de
revisión, sin embargo, fue devuelta porque el establecimiento se encontraba cerrado
debido a la pandemia de COVID-19. Tal circunstancia no habilitaba a la
Administración para proceder con la publicación por aviso en la página web, pues
debió enviar la notificación al correo electrónico que estaba en el RUT, que se
tornaba preferente de acuerdo con lo previsto en la Ley 2010 de 2019.
Dijo que, ante la irregularidad de la notificación, la misma solo se surtió por conducta
concluyente el 23 de marzo de 2021 cuando le fue entregada copia del acto
administrativo.
Concluyó que la notificación de la liquidación oficial se efectuó por fuera del término
de los seis (6) meses con los que contaba la DIAN para tal efecto. En consecuencia,
el acto administrativo es nulo en virtud de la pérdida de competencia temporal de la
Administración tributaria.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en los
siguientes argumentos3:
Sostuvo que la notificación de la liquidación oficial de revisión se realizó a la
dirección informada por el contribuyente en el RUT, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 555-2 del ET. Como no fue posible realizar la notificación a la dirección
física, se procedió a la publicación en la página web de la DIAN conforme al artículo
568 del ET.
Indicó que el demandante presentó su declaración del impuesto sobre la renta del
año 2016 el 17 de agosto de 2017, mientras que la DIAN emitió el requerimiento
especial el 9 de septiembre de 2019 y notificó el mismo el 12 del mismo mes y año,
por lo que, cumplió con el plazo establecido en el artículo 705 del Estatuto Tributario,
antes de que se produjera la firmeza del acto.
Aclaró que, aunque la liquidación oficial fue emitida con posterioridad a la
Resolución DIAN 0038 del 20 de abril de 2020, la notificación electrónica de actos
2 Índice 2, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, página 15-40, SAMAI.
3 Índice 14, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, SAMAI.
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administrativos no estaba reglamentada sobre este tipo de notificaciones, por lo que
la entidad se vio obligada a seguir el procedimiento vigente para el momento de los
hechos.
SENTENCIA APELADA4
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B,
declaró la nulidad de la Liquidación Oficial nro. 322412020000145 del 28 de julio de
2020, que modificó la declaración del impuesto sobre la renta presentada por la
sociedad demandante correspondiente al año 2016 y no condenó en costas, bajo
los siguientes argumentos:
Sostuvo que la discusión se centra en si la notificación de la liquidación fue correcta,
conforme a la normativa vigente en 2020, o si debía aplicarse el Decreto 491 de
2020 debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid19, en el que se
establece que los actos administrativos deben notificarse electrónicamente.
Dijo que, aunque la DIAN emitió la liquidación oficial de revisión en julio de 2020, no
la notificó correctamente mediante los medios electrónicos, sino que la envió a una
dirección física, aun cuando la forma en que debía aplicarse, según la normativa
vigente, era la notificación electrónica. Por lo que concluyó que la notificación al
actor no se hizo en debida forma.
Determinó que la DIAN debía notificar la liquidación antes del 15 de agosto de 2020,
conforme a las suspensiones de términos efectuados por la pandemia. Sin embargo,
la notificación se realizó en marzo de 2021, cuando la DIAN había perdido su
competencia temporal para modificar la declaración privada del contribuyente. Esto
se dio debido a que la liquidación no se notificó dentro del plazo de seis meses
previstos en el artículo 710 del Estatuto Tributario.
Indicó que la liquidación oficial está viciada de nulidad debido a que fue emitida
cuando la DIAN había perdido la facultad temporal para hacerlo, ya que la
notificación ocurrió fuera del plazo legal establecido.
Estableció que no hay condena en costas, ya que no se presentó prueba de los
gastos que justifiquen la condena según el artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y el artículo 365 del Código General del Proceso.
RECURSO DE APELACIÓN
La DIAN presentó recurso de apelación contra el fallo de primera instancia por las
razones que se resumen a continuación:5
Sostuvo que el a quo realizo un análisis errado respecto a las notificaciones. Que
se dio prevalencia a una dirección electrónica registrada en el RUT sobre una
dirección procesal física utilizando como sustento una sentencia del Consejo de
Estado en donde se señaló acerca de la aplicación de la Resolución DIAN 0038 de
2020 en concordancia con lo dispuesto sobre las notificaciones en el Decreto
legislativo 491 de 2020.
4 Índice 25, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, SAMAI.
5 Índice 29, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, SAMAI.
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Manifestó que la dirección que debe prevalecer es la dirección física y no la dirección
electrónica del RUT, toda vez que esta se encuentra en el segundo rango de
prevalencia y que, adicionalmente, no existe o no se aportó por parte del
demandante dentro del proceso en sede administrativa, una dirección procesal
electrónica, que en todo caso sería la llamada a prevalecer sobre la dirección
procesal física.
Señaló que la dirección electrónica del RUT se encuentra en el mismo rango de
prevalencia que la dirección procesal física, de acuerdo con el artículo 585 del
Estatuto Tributario, por lo que, no habría que hacer distinción de una sobre la otra,
aun estando en situación de emergencia sanitaria como lo fue el Covid19.
Precisó que la notificación del acto de liquidación oficial de revisión enviada a la
dirección procesal proporcionada por el demandante en respuesta al requerimiento
especial se realizó conforme a la normativa vigente en el momento de los hechos.
Indicó que la sentencia del Consejo de Estado citada en el fallo apelado no regula
el problema central del caso en concreto, toda vez que esta sentencia señala la
aplicabilidad del artículo 11 de la Resolución 0038 de 2020 expedida por la DIAN en
concordancia con lo dispuesto en el Decreto Ley 491 de 2020, respecto a las
notificaciones electrónicas, y que el problema central es determinar si para la fecha
de los hechos cuál de las notificaciones prevalece si la dirección procesal física o la
dirección electrónica del RUT.
Finalmente, estimó que la validez otorgada por el a quo a la certificación del centro
comercial sobre la dirección del demandante no tiene mérito para resolver el caso,
ya que la certificación indica un cierre del centro comercial entre el 13 y 27 de julio
de 2020, mientras que la liquidación oficial de revisión, que es el acto administrativo
en cuestión, fue emitida el 28 de julio de 2020, fecha posterior al cierre certificado.
TRÁMITE PROCESAL DE SEGUNDA INSTANCIA
La parte demandante no se pronunció respecto al recurso de acuerdo con lo
establecido en el numeral 4 del artículo 247 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo modificado por el artículo 67 de la
Ley 2080 de 2021.
Por su parte, la Procuraduría Delegada Quinta ante el Consejo de Estado se
pronunció en los siguientes términos6:
Señaló que, para la fecha de los hechos, regía el Decreto 491 del 28 de marzo de
2020, que establecía que, durante la emergencia sanitaria, la notificación de actos
administrativos debía realizarse electrónicamente. La Alcaldía Mayor de Bogotá
expidió el Decreto 169 del 12 de julio de 2020, que ordenó el cierre total por
localidades, incluida los Mártires, localidad donde se encontraba la dirección de
notificación del demandante.
La DIAN tenía hasta el 15 de agosto de 2020 para notificar el acto administrativo,
pero solamente lo hizo por correo electrónico el 23 de marzo de 2021, fuera de su
plazo y cuando ya había perdido competencia según el artículo 714 del Estatuto
6 Índice 11, SAMAI.
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Tributario. Además, la notificación fue irregular, ya que, debido a la pandemia, solo
era válida la notificación electrónica. Esto vulneró el debido proceso y justifica la
nulidad y el restablecimiento del derecho.
Finalmente concluyó que no hay elementos de juicio para que sea revocada la
sentencia del 28 de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
En los términos del recurso de apelación, la Sala determinará si se notificó en debida
forma al actor la liquidación oficial de revisión, que modificó la declaración del
impuesto sobre la renta para el año gravable 2016.
En el presente caso, mediante la Liquidación Oficial de Revisión nro.
3224120200000145 del 28 de julio de 20207 la DIAN determinó modificar la
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2016.
La notificación de este acto administrativo fue enviada el 1 de agosto de 2020 de
acuerdo con la guía nro. PC010132982CO, fue devuelta por la causal “no lo reciben
los vigilantes dejarlo bajo la puerta”8 ya que el establecimiento de comercio donde
se ubica la oficina del contribuyente se encontraba cerrado por causa de la pandemia
decretada por el Covid19.
Ante la devolución del correo, la DIAN procedió a notificar el acto publicándolo en su
página web oficial.
Al respecto, es de precisar que la notificación de los actos administrativos es un
elemento esencial del debido proceso, pues busca proteger el derecho de defensa
y contradicción, además de garantizar que las actuaciones administrativas sean
conocidas por los administrados para que puedan controvertirlas a través de los
recursos en vía administrativa y judicial9.
En cuanto a las formas de notificación el artículo 565 establece:
“Formas de notificación de las actuaciones de la administración de
impuestos.
Los requerimientos, autos que ordenen inspecciones o verificaciones tributarias,
emplazamientos, citaciones, resoluciones en que se impongan sanciones,
liquidaciones oficiales y demás actuaciones administrativas, deben notificarse
de manera electrónica, personalmente o a través de la red oficial de correos o
de cualquier servicio de mensajería especializada debidamente autorizada por
la autoridad competente.
(…) PARÁGRAFO 1. La notificación por correo de las actuaciones de la
administración, en materia tributaria, aduanera o cambiaria se practicará
mediante entrega de una copia del acto correspondiente en la última
dirección informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor
o declarante en el Registro Único Tributario - RUT. En estos eventos
7 Índice 2, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, SAMAI.
8 Índice 2, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, “Demanda” pág. 17, SAMAI.
9 Sentencia del 29 de abril de 2020, Exp. 22646, C.P. Milton Chaves García, Sección Cuarta, Consejo de Estado.
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también procederá la notificación electrónica.
(…) PARÁGRAFO 4o. Todos los actos administrativos de que trata el
presente artículo, incluidos los que se profieran en el proceso de cobro
coactivo, se podrán notificar de manera electrónica, siempre y cuando el
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante haya
informado un correo electrónico en el Registro Único Tributario (RUT), con
lo que se entiende haber manifestado de forma expresa su voluntad de ser
notificado electrónicamente. Para estos efectos, la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) deberá implementar los
mecanismos correspondientes en el Registro Único Tributario (RUT) y
habilitará una casilla adicional para que el contribuyente pueda incluir la
dirección de correo electrónico de su apoderado o sus apoderados, caso
en el cual se enviará una copia del acto a dicha dirección de correo
electrónico.”
Por su parte, el artículo 13 de la Ley 2010 de 201910, vigente para el momento de la
expedición de la Liquidación Oficial de Revisión [28 de julio de 2020], establece que
de manera preferente se notificará a la dirección electrónica informada por el
contribuyente en su RUT, toda vez que se entiende de manera expresa la voluntad
del administrado de ser notificado de forma electrónica en esa dirección de correo.
No obstante, lo anterior, para el presente caso se hace necesario resaltar que
mediante la Resolución nro. 000038 del 30 de abril de 2020 se implementó la
notificación electrónica en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales – DIAN, y en el artículo 11 de esta disposición se previó en
cuanto a la transición lo siguiente:
“ARTÍCULO 11. TRANSICIÓN. Los actos administrativos que a la fecha de
implementación de la notificación electrónica hayan sido remitidos a un servicio
de mensajería especializada para su entrega, o se haya remitido citación para
notificación personal, se notificarán de conformidad con las normas vigentes al
momento de la expedición del acto sujeto a notificación, de acuerdo con la
implementación gradual que determine la UAE-DIAN.
Los actos administrativos que a la fecha de implementación de la notificación
electrónica no se hayan remitido aún a un servicio de mensajería especializada
para su entrega, o no se haya remitido citación para notificación personal, se
regirán por las disposiciones de esta resolución, de acuerdo a (sic) la
implementación gradual que determine la UAE-DIAN.
Los actos administrativos que se expidan a partir de la fecha de implementación
de la notificación electrónica, se deberán notificar de manera preferente a la
dirección de correo electrónico registrada en el RUT o a la Dirección Procesal
Electrónica informada en el proceso de determinación o discusión del tributo,
proceso sancionatorio, o de cobro de acuerdo a la implementación gradual que
determine la UAE-DIAN”.
10 ARTÍCULO 13, LEY 2010 DE 2019. Adiciónese un inciso y un parágrafo al artículo 563 del Estatuto Tributario,
el cual quedará así:
Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor y/o declarante informe a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN) a través del Registro Único Tributario (RUT) una dirección de correo electrónico,
todos los actos administrativos le serán notificados a la misma. La notificación por medios electrónicos será el
mecanismo preferente de notificación de los actos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
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En desarrollo de lo anterior, el Subdirector de Recursos Físicos de la DIAN mediante
la Circular 008 del 1 de julio de 2020, informó a los contribuyentes que la notificación
electrónica de los actos administrativos proferidos por la entidad se implementaría
a partir del 2 de julio de 2020. Acto que fue objeto de estudio de legalidad por parte
de esta Corporación dentro del medio de control de nulidad en el proceso 11001-
03-27-000-2020-00026-00 (25402)11, en el cual se precisó lo siguiente:
“Lo anterior implica que el artículo 11 de la Resolución Nro. 000038 de 2020
debe ser aplicado solo en estado de normalidad, esto es, cuando finalice la
emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social,
según fue expuesto.
En consecuencia, la norma objeto de controversia no pudo desconocer el
artículo 4 del Decreto Legislativo 491 de 2020 porque tienen ámbitos de
aplicación diferentes, en la medida que la norma superior invocada como
violada, se reitera, solo es aplicada durante la emergencia sanitaria decretada
por el Ministerio de Salud y Protección Social”.
Teniendo en cuenta lo expuesto por la Sala, para la fecha de expedición de la LOR,
esto es, el 28 de julio de 2020, los establecimientos de comercio y/o oficinas se
encontraban cerrados con ocasión de la declaratoria del estado de emergencia
económica, social y ecológica por el Coronavirus COVID-19, así como del
aislamiento preventivo obligatorio adoptado por el Gobierno Nacional. De manera
que para ese entonces aún estaba vigente la emergencia sanitaria y, por lo tanto,
debía aplicarse lo previsto en el artículo 4 del Decreto Legislativo 491 de 2020, que
consagraba en cuanto a la notificación o comunicación de actos administrativos lo
siguiente:
“(…) hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de los
actos administrativos se hará por medios electrónicos. Para el efecto en todo
trámite, proceso o procedimiento que se inicie será obligatorio indicar la
dirección electrónica para recibir notificaciones, y con la sola radicación se
entenderá que se ha dado la autorización”.
Aunado a lo anterior, es claro para la Sala que al momento en que fue expedido el
acto de determinación del impuesto, la DIAN ya había implementado la notificación
electrónica de manera preferente de acuerdo con lo dispuesto el artículo 13 de la
Ley 2010 de 2019.
De acuerdo con lo previsto en el decreto legislativo y teniendo en cuenta las
condiciones especiales que se vivían por la contingencia derivada del COVID-19, al
momento de haber sido devuelto el correo físico se debió enviar el acto
administrativo a la dirección de correo electrónico que se encontraba registrado en
el RUT12 y, a la que a su vez, fue remitido el correo en el que se le informó que se
encontraba en mora al 22 de febrero de 2021, por el no pago del impuesto de renta
del año 2016, determinado en la liquidación oficial proferida por la Dirección
Seccional de Impuestos de Bogotá el día 28 de julio de 202013.
11 Sentencia del 17 de febrero de 2022, Exp. 25402, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
12 Índice 2, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, SAMAI.
13 Índice 2, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, SAMAI.
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En consecuencia, no se puede tener como válida la notificación efectuada por aviso
en tanto que, no era la forma preferente de notificación y que, previamente a
proceder con este tipo de notificaciones, la Administración siempre debe verificar las
razones por las que el correo fue devuelto a pesar de haber sido enviado a la
dirección que haya sido informada por el contribuyente y consignada en el RUT,
máxime cuando nos encontrábamos ante una emergencia sanitaria derivada de una
pandemia, la cual conllevó a que se tomaran medidas de urgencia, entre otras, la
notificación electrónica de los actos administrativos.
En ese orden, como el contribuyente informó en el RUT una dirección de correo
electrónico y al mismo le fue remitido el correo informando sobre la mora por el no
pago de la Liquidación Oficial14, se puede evidenciar que la Administración si tenía
conocimiento del correo al que debía remitir la notificación electrónica. En
consecuencia, no se reunían los presupuestos para acudir a la notificación por aviso
y, por lo tanto, se debió dar prelación a la notificación por medios electrónicos de
acuerdo con lo previsto en el artículo 4° del Decreto Legislativo 491 de 2020 y así
garantizar el conocimiento real del acto por parte del administrado.
En consecuencia, se entiende que el demandante fue notificado por conducta
concluyente, el 23 de marzo de 2021, cuando recibió la copia de la liquidación oficial
de revisión.
Teniendo en cuenta que la DIAN notificó al demandante del Requerimiento Especial
el 12 de septiembre de 2019, el término de tres (3) meses para dar respuesta al
requerimiento especial vencía el 12 de diciembre de 2019. Por tanto, la
administración tributaria en principio tenía hasta el 12 de junio de 2020 para notificar
la liquidación oficial de revisión.
Sin embargo, el término fue suspendido en virtud del artículo 1º de la Resolución
0022 de 2020 a partir del 19 de marzo de 2020, el artículo 8º de la Resolución 30
del 29 de marzo de 2020, modificado por las Resoluciones 31 del 3 de abril de 2020
y 4 del 5 de mayo de 2020. Suspensión que fue levantada por la Resolución 55 de
2020 a partir del 2 de junio de 2020. Resoluciones que fueron proferidas por el
Director de la DIAN.
En consecuencia, el término para expedir y notificar la LOR venció el 26 de agosto
de 2020. No obstante, como la liquidación oficial de revisión del 28 de julio de 2020
se notificó por conducta concluyente el 23 de marzo de 2021, lo fue de manera
extemporánea, razón por la cual, la declaración privada adquirió firmeza.
En los anteriores términos, no prospera el recurso de apelación de la parte
demandada.
En consecuencia, se confirma la sentencia apelada.
Condena en costas
No se condena en costas en esta instancia. Lo anterior, porque conforme con el
14 Índice 2, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, SAMAI.
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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00426-01 (29737)
Demandante: Gustavo Castellanos Ayala
FALLO
artículo 188 del CPACA15, en los procesos ante esta jurisdicción, la condena en
costas, que según el artículo 361 del C.G.P. incluye las agencias en derecho, se
rige por las reglas previstas el artículo 365 del Código General del Proceso, y una
de estas reglas es la del numeral 8, según la cual “solo habrá lugar a costas cuando
en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”,
requisito que no se cumple en este asunto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada.
SEGUNDO: No se condena en costas en segunda instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
15 ARTÍCULO 18. CPACA. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil.
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