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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2019-00262-00

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2019-00262-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la nulidad del Decreto 1500 de 6 de agosto de 2018. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2019-00262-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: NULIDAD
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00262-00
Demandante: YEFFERSON MAURICIO DUEÑAS GÓMEZ
Demandados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Litisconsortes: COMUNIDAD ARHUACO Y OTROS
Terceros: COMUNIDAD WAYÚU Y OTROS
Impugnadores: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIUDADES
CAPITALES (ASOCAPITALES) Y OTROS
Coadyuvantes: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN
POPULAR / PROGRAMA POR LA PAZ (CINEP) Y OTROS
Amicus curiae: CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS
JOSÉ ALVEAR RESTREPO (CAJAR) Y OTROS

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala1 decide en única instancia la demanda de nulidad promovida por el señor
Yefferson Mauricio Dueñas Gómez, contra el Decreto 1500 de 6 de agosto de
20182, expedido por el Presidente de la República, el Ministro del Interior, la Ministra
de Cultura y el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1.El señor Yefferson Mauricio Dueñas Gómez presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad3, con base en las siguientes pretensiones:

“[…] 1. PRETENSIÓN PRINCIPAL: Que se declare la nulidad del Decreto 1500 del
6 de agosto de 2018 […].

2. PRETENSIÓN SUBSIDIARIA: En caso de que la pretensión principal no llegue a
prosperar, respetuosamente solicito que se declare la nulidad de los artículos 5, 6, 7
y 9 del Decreto 1500 de 2018 del 6 de agosto de 2018 (sic) […]” (negrilla del texto).

1
Mediante auto de 14 de marzo de 2024 se declararon infundados los impedimentos manifestados por los Consejeros de
Estado doctores Oswaldo Giraldo López, Germán Eduardo Osorio Cifuentes y Hernando Sánchez Sánchez.
2
“[…] Por el cual se redefine el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de
Santa Marta, expresado en el sistema de espacios sagrados de la “Línea Negra”, como ámbito tradicional, de especial
protección, valor espiritual, cultural y ambiental, conforme los principios y fundamentos de la Ley de Origen, y la Ley 21 de
1991, y se dictan otras disposiciones […]”.
3
Previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.

2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00262-00
Demandante: Yefferson Mauricio Dueñas Gómez

I.1.1. Fundamentos de derecho y concepto de la violación

2. El demandante sostiene que el Decreto 1500 incurre en las causales de nulidad
de falsa motivación, falta de competencia, expedición irregular y transgresión del
ordenamiento jurídico superior, por las siguientes razones:

i) Falsa motivación

3.Explicó que, al momento de la expedición del Decreto 1500, no existía el mapa
cartográfico oficial de la Línea Negra elaborado por el IGAC, ni la versión definitiva
del “Documento Madre”, elaborado por los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y
Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta.

4.Mencionó que el Decreto 1500 se publicó en el Diario Oficial 50.677 de 6 de
agosto de 2018, sin incluir la cartografía del IGAC anexa al acto administrativo.
También afirmó que, al momento de la expedición del Decreto 1500, solo existía la
versión preliminar del estudio antropológico titulado “[…] Avance de Documento
Madre de la Línea Negra - Jaba Séshizha […]”. Consideró que esa omisión no
permite definir el territorio ancestral de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada
de Santa Marta ni identificar sus sitios sagrados.

ii) Expedición irregular por desconocimiento del derecho a la consulta previa

5. Consideró que el Decreto 1500 trasgredió el derecho a la consulta previa de
“[…] las comunidades indígenas Wayuu y Chimila y los Consejos Comunitarios de
las Comunidades negras Los Palenques de Juan y Medio, Los Moreneros, El Negro
Robles, Nelvis Aragón, Valentina Ospinto, Las Américas, Las Balsas, La Guayabita
de Mongui, Axe para los Negros, Afrourranga, Antonio Solano, FECECN, Puerto
Colombia, La Nueva Esperanza de los Negros, Predio El Carmen, Los Trece
Cruces de la Raya del Totumo, José Prudencio Padilla y Cascajalito […]”.

6. Agregó que, según lo dispuesto en los artículos 2.°, 7.°, 8.°, 79 y 330 de la
Constitución Política, en la Ley 21 de 4 de marzo de 19914, en el artículo 6.° del
Convenio 169 de la OIT, en el articulo 46 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20115
y en el artículo 2.1.2.1.13 del Decreto 1081 de 26 de mayo de 20156, era necesario
consultar a los citados grupos étnicos previo a la expedición del Decreto 1500,
porque la Línea Negra se traslapa con sus territorios, “[…] quienes también tienen
derechos adquiridos y expectativas legitimas (sic) ligadas al territorio, su uso y
explotación […]”.

7. Afirmó que el Decreto acusado afectaba los sitios sagrados, los elementos
culturales y territoriales, el derecho propio, la libre determinación, la autonomía y el
gobierno de las demás comunidades presentes en la Línea Negra, quienes cuentan

4
“[…] Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes,
adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989 […]”.
5
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
6
"[…] Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República […]".

3

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00262-00
Demandante: Yefferson Mauricio Dueñas Gómez

con características identitarias, culturales, políticas y religiosas propias, como lo
reconoce el memorial de 12 de marzo de 2019 del Ministerio del Interior.

8. Indicó que el Decreto 1500 trasgrede el derecho a la consulta previa de los
pueblos indígenas Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo, por cuanto el Gobierno
Nacional no les permitió participar en la construcción de esa decisión. Los
antecedentes administrativos y la memoria justificativa del Decreto 1500,
mencionan la consulta hecha a esos pueblos para los proyectos de la Ruta del Sol,
Puerto Brisa y Jukula, pero no para la redelimitación de la Línea Negra. En su
criterio, “[…] solo existieron algunos espacios de socialización y de participación
para estos pueblos indígenas, que de ningún modo satisfacen los requisitos y
estándares establecidos en la jurisprudencia constitucional para el desarrollo de la
consulta previa […]” ni en la Directiva Presidencial 10 de 7 de noviembre de 20137.

iii) Falta de competencia del Presidente de la República y desconocimiento de
las atribuciones constitucionales y legales de los entes territoriales

9. La parte actora indicó que el Congreso de la República es responsable de
establecer las competencias de las entidades territoriales, de conformidad con lo
previsto en el numeral 4.° del artículo 150 de la Constitución Política. Por ello, el
Presidente de la República excedió sus potestades reglamentarias cuando
restringió la autonomía y las competencias de las entidades territoriales en materia
de ordenamiento territorial.

10. Consideró que los artículos 5.°, 6.°, 7.° y 9.° del Decreto 1500 infringen los
artículos 1.°, 287, 298, 300 (numeral 3.°), 311 y 313 (numeral 7.°) de la Constitución
Política, los artículos 31 y 32 de la Ley 152 de 15 de julio de 1994 8, el artículo 29
de la Ley 1454 de 28 de junio de 20119, el articulo 65 (numeral 8.°) de la Ley 99 de
22 de diciembre de 199310, el artículo 3.° de la Ley 136 de 2 de junio de 1994 11 y
el artículo 5.° de la Ley 388 de 18 de julio de 199712, por cuanto confieren
facultades a los pueblos Kogui, Kankuamo, Wiwa y Arhuaco que exceden las
competencias encomendadas a los departamentos y a los municipios.

11. Alegó que el acto acusado vulnera la autonomía de los departamentos de La
Guajira, del Magdalena y del Cesar y de los 25 municipios que hacen parte del
territorio delimitado por la Línea Negra, en razón a que: (i) “[…] no pueden adoptar
ninguna medida hasta tanto hayan consultado a los pueblos Kogui, Kankuamo,
Wiwa y Arhuaco […]”; (ii) “[…] deben ajustarse a la cosmovisión y el derecho propio
de los pueblos indígenas […]”; y (iii) “[…] el Decreto 1500 de 2018 reviste los
pueblos Kogui, Kankuamo, Wiwa y Arhuaco de competencias prevalentes para

7
“[…] Guía para la realización de consulta previa […]”.
8
“[…] Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo […]”.
9
“[…] Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones […]”.
10
“[…] Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y
se dictan otras disposiciones […]”.
11
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios […]”.
12
“[…] Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones […]”.

4

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00262-00
Demandante: Yefferson Mauricio Dueñas Gómez

tomar decisiones sobre la organización y el uso del suelo en todo el territorio de la
Línea Negra […]”.

12. Precisóque el derecho de participación de las comunidades étnicas se
encuentra plenamente garantizado en los procesos de formulación, adopción e
implementación de los planes de ordenamiento territorial, de acuerdo con la Ley
388 de 1997, los artículos 2.2.2.1.2.1, 2.2.2.1.2.6.3, y 2.2.2.1.2.4.6 del Decreto
1077 de 26 de mayo de 201513 y el artículo 23 de la Ley 1617 de 5 de febrero de
201314.

iv) Falta de competencia del Presidente de la República y desconocimiento de
las funciones de las autoridades ambientales

13. Sostuvo que los artículos 5.°, 6.°, 7.° y 9.° del Decreto 1500 quebrantan los
artículos 300 (numeral 2.°) y 313 (numeral 9.°) de la Constitución Política, los
artículos 31, 65 (numerales 2.°, 3.°, 4.° y 7.°) y 66 de la Ley 99 de 1993, el artículo
3 (numeral 10.°) de la Ley 136 de 1994, los artículos 74 (numerales 9.° y 10.°) y
76 (numeral 5.°) de la Ley 715 de 21 de diciembre de 200115, el artículo 13 de la
Ley 768 de 31 de julio de 200216 y el artículo 7.° de la Ley 1625 de 29 de abril de
201317, en tanto que esos preceptos posicionan a los pueblos Arhuaco, Kankuamo,
Wiwa y Kogui como autoridades ambientales.

14. Planteó que esas materias gozan de reserva legal teniendo en cuenta que “[…]
la Constitución de 1991 consagra la cláusula general de competencia del Congreso
de la República para el desarrollo legislativo de todas aquellas materias que no han
sido expresamente atribuidas a otros órganos del Estado […]”.

15. Explicó que las políticas ambientales, en virtud del acto acusado, serían objeto
de consulta previa, con independencia de las competencias de las CAR
(Corpoguajira, Corpocesar y Corpamag), los departamentos, los municipios, el
Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (DADSA) y el
Área Metropolitana de Valledupar; y en caso de entrar en tensión con esas
autoridades, prevalecerían las decisiones de los pueblos indígenas (artículos 3.° y
6.º del Decreto 1500 de 2018).

16. Sostuvo que “[…] el principio de rigor subsidiario implica que los municipios, los
departamentos, las CAR, las autoridades ambientales urbanas y las áreas
metropolitanas pierden sus atribuciones como orientadores y reguladores de la
política ambiental, porque en caso de establecer una directriz más flexible o menos
rigurosas (sic) que la que determinen los pueblos indígenas para el territorio de la
Línea Negra la misma no será viable […]”. Por lo tanto, el Decreto 1500 “[…] rompe

13
“[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio […]”.
14
“[…] Por la cual se expide el Régimen para los Distritos Especiales […]”.
15
"[…] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151,
288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la
prestación de los servicios de educación y salud, entre otros […]".
16
“[…] Por la cual se adopta el Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos Portuario e Industrial de Barranquilla,
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta […]”.
17
“[…] Por la cual se deroga la Ley Orgánica 128 de 1994 y se expide el Régimen para las Áreas Metropolitanas […]”.

5

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00262-00
Demandante: Yefferson Mauricio Dueñas Gómez

con la jerarquía institucional del SINA […] y desconoce la autonomía de las CAR
[…]”, a pesar de lo considerado por la Corte Constitucional en la sentencia C-462
de 2008.

v) Falta de competencia del Presidente de la República y vulneración del
derecho a la propiedad pública y privada

17. Indicó que los artículos 5.°, 6.°, 7.° y 9.° del Decreto 1500 desconocen el
artículo 332 de la Constitución Política y los artículos 5.° y 6.° de la Ley 685 de 15
de agosto de 200118, en la medida en que los pueblos Arhuaco, Kankuamo, Wiwa
y Kogui tomarán decisiones sobre el subsuelo y los recursos naturales no
renovables en ese territorio, aun cuando esa propiedad es del Estado.

18. Aseveró que los citados preceptos del Decreto 1500 violan el artículo 58 de la
Constitución Política y el artículo 669 de la Ley 84 de 26 de mayo de 1873 19, toda
vez que los cuatro pueblos podrían afectar los derechos adquiridos y de propiedad
privada de las entidades territoriales, de otros grupos étnicos y de los particulares.

19. Insistió
que el territorio demarcado por la Línea Negra, conforme a los
antecedentes administrativos y a la memoria justificativa del Decreto 1500 de 2018,
“[…] se traslapa con al menos 25 centros urbanos, 3 resguardos de los cuatro
pueblos indígenas de la Sierra Nevada, 7 resguardos indígenas Wayúu y predios
de otras comunidades étnicas y particulares […]”.

20. Argumentó que, si bien el Decreto 1500 de 2018 prevé que se respetarían los
derechos de propiedad y los derechos adquiridos de terceros, en la práctica no
sería posible en atención a que los artículos acusados no hacen ninguna distinción
entre la propiedad de los 4 pueblos y de los terceros. La definición de límites a la
propiedad estatal del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, y al
derecho de propiedad de terceros “[…] solo podía hacerse, si acaso, por Ley de la
República […]”. Esa problemática se advirtió en las actas de las reuniones
celebradas el 20 de octubre de 2015 y el 25 de febrero de 2016 entre los 4 pueblos
indígenas y el Gobierno Nacional. A su juicio, estas materias gozan de reserva
legal.

21. Sostuvo que las gobernaciones de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar y
Atlántico, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, el Consejo Gremial
Nacional, la Sociedad de Agricultores de Colombia, la Alcaldía de Valledupar, la
Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), la Asociación Nacional de Empresarios
de Colombia (ANDI) y el Ministerio Público, también consideran que el Decreto
incurre en los vicios de nulidad aquí expuestos con ocasión del conflicto de
competencias que suscita.

18
“[…] Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones […]”.
19
“[…] CÓDIGO CIVIL […]”.

6

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00262-00
Demandante: Yefferson Mauricio Dueñas Gómez

vi) Expedición irregular por el desconocimiento de la técnica normativa
prevista para la expedición de los actos administrativos

22. El demandante aseguró que la memoria justificativa del decreto acusado no
contiene un resumen de las observaciones y comentarios de los ciudadanos, a
pesar de lo dispuesto en los numerales 7.°, 9.° y 10.° del artículo 2.1.2.1.6 del
Decreto 1081 de 26 de mayo de 201520.

23. Aseveró que “[…] la falta de publicación del insumo cartográfico del IGAC y del
"Documento Madre" al momento de publicar el proyecto de decreto imposibilita la
participación efectiva en el proceso de formación normativa y el ejercicio de
contradicción, porque no se cuenta con elementos esenciales de la norma para
contrastarlos, analizarlos, ponerlos en duda e impugnarlos desde el punto de vista
administrativo […]”, quebrantando así los artículos 2.1.2.1.13 y 2.1.2.1.14 del
Decreto 1081.

I.1.2. Trámite del proceso

24. Mediante auto de 2 de agosto de 2019, se admitió la demanda promovida contra
el Presidente de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Cultura y el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

25. El 31 de octubre de 2019, los apoderados del Presidente de la República, del
Ministerio del Interior y del Ministerio de Cultura contestaron la demanda. El
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible guardó silencio.

26. El 28 de octubre de 2020, se vinculó a las comunidades Arhuaco, Kogui, Wiwa y
Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta y al Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC) como litisconsortes de la parte demandada. Además se vinculó a
las comunidades Wayúu y Chimila, Los Palenques de Juan y Medio, Los
Moreneros, El Negro Robles, Nelvis Aragón, Valentina Ospinto, Las Américas, Las
Balsas, La Guayabita de Mongui, Axe para los Negros, Afrourranga, Antonia
Solano, Fondo Especial de Créditos Educativos para Comunidades Negras
(FECECN), Puerto Colombia, La Nueva Esperanza de los Negros, Predio El
Carmen, Los Trece Cruces de la Raya del Totumo, José Prudencio Padilla y
Cascajalito, como terceros con interés directo. También se reconocieron unos
coadyuvantes21 e impugnadores22.

20
"[…] Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República […]".
21
Asociación Colombiana de Ciudades Capitales - ASOCAPITALES, al ciudadano Juan José Fuentes Bernal, a la Asociación
Colombiana de Minería - ACM, a la Asociación Colombiana de Petróleo – ACP y a la Asociación Colombiana de Empresarios
de Colombia – ANDI
22
Moisés Daniel Raad Char, Ángela Santamaría Chavarro, Laura Restrepo Acevedo, Dunen Muelas, Paula Cáceres, Yeshica
Serrano, Vanessa Torres Rico, Edwin Álvarez, Diana Carolina Sánchez Zapata, Carolina García Rojas, Ana María Londoño
Agudelo, Kelly Tatiana Jiménez, Clara Inés Atehortúa Arredondo, Isis Sofía Parra, Adriana María Sanín Vélez, María Camila
Salamanca, Luis Fernando Serna, Abel David Jaramillo Largo, Angie Daniela Yepes García, Jorge Andrés Portocarrero
Delgado, María Manuela Márquez Velásquez, María Daniela Pineda Martínez, Jorge Eduardo Vásquez Santamaría, María
Cecilia Maya Zuluaga, Vanessa Zuluaga, Andrés Julián Restrepo Otálvaro, Ligni Sigrid Ramírez Sánchez, Carolina Restrepo
Múnera, al Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz – CINEP

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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00262-00
Demandante: Yefferson Mauricio Dueñas Gómez

27. Mediante providencia de 28 de octubre de 2020, se negó la solicitud de medida
cautelar de suspensión provisional de los efectos del Decreto 1500 de 6 de agosto
de 2018.

28. A través de mensaje electrónico de 14 de diciembre de 2020, los representantes
de los pueblos indígenas Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada
de Santa Marta contestaron la demanda. El 12 de enero de 2021 el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi presentó el escrito de contestación.

29. Por auto de 27 de mayo de 2021, se ordenó el emplazamiento de las
comunidades indígenas y afrodescendientes reconocidas como terceros con
interés directo en el resultado del proceso, se admitieron unas coadyuvancias de la
parte demandante23 y de las comunidades indígenas Arhuaco, Kogui, Wiwa y
Kankuamo24, y se aceptó la intervención amicus curiae de Marina Brilman, Paul
Dowling, la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Pontificia
Universidad Javeriana.

30. Mediante auto de 24 de septiembre de 2021, se designó al abogado Álvaro José
Rodríguez Vargas como curador ad litem de algunas comunidades indígenas y
afrodescendientes25, se aceptó el desistimiento de la coadyuvancia del señor Jorge
Enrique Bedoya Vizcaya, y se admitieron unos coadyuvantes26 e intervenciones
amicus curiae27.

31. A través de auto de 8 de marzo de 2022, se admitió otra coadyuvancia 28, y se
resolvió el recurso de reposición que presentó el curador ad litem de los terceros
interesados contra el auto de 2 de agosto de 2019. En esa providencia, se precisó
que el Decreto 1500 era susceptible de control judicial ante esta jurisdicción29.

23
Consejo Gremial Nacional – CGN, a la Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL, al Comisión Nacional de
Territorios Indígenas – CNTI y al señor Jorge Enrique Bedoya Vizcaya
24
Corporación Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad.
25
Wayuu, Chimila, Los Morenos, Nelvis Aragón, Valentina Ospinito, Las Américas, Las Balsas, La Guayabita de Mongui, Axe para
los negros, Afrourranga, Antonia Solano, Fondo Especial de Créditos Educativos para Comunidades Negras -FECECN-, Puerto
Colombia, Los Trece Cruces de la Raya del Totumo, José Prudencio Padilla y Cascajalito
26
A la Sociedad de Agricultores de Colombia – SAC y al señor Ricardo Camilo Niño Izquierdo
27
Las señoras Louise Winstanley y Mónica Feria – Tinta
28
Clínica Socio jurídica de Interés Público de la Universidad de Caldas.
29
Se explicó que: “[…] luego de confrontar el contenido de las decisiones de tutela proferidas por la Corte Constitucional
dentro del expediente de tutela con radicación T-2128529 -Sentencia T-547 de 2010 y Auto No. 189 de 2013- con el texto
del Decreto 1500 de 2018 -acto acusado-, el Despacho no encuentra que el decreto en mención responda a la naturaleza
jurídica de acto de mera ejecución.
[…]
36. […] el Despacho resalta que, aunque es cierto que la Corte Constitucional instó al Gobierno nacional para que, en el
ámbito de sus competencias, iniciara las actividades tendientes a redefinir o actualizar la denominada Línea Negra, lo cierto
es que dicho exhorto, por sí solo, no tiene la virtualidad de crear una situación jurídica concreta como lo es la delimitación de
un territorio, en razón a que, conforme con lo estableció el epígrafe del acto demandando, el acto administrativo que procedió
a regular la materia fue expedido en desarrollo de la potestad reglamentaria de que trata el numeral 11 del artículo 189 de la
Constitución Política; en armonía con lo dispuesto por los artículos 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 13 y 14 de la Ley 21 de 1991 […],
por el literal j) del artículo 8° y por el literal c) del artículo 10 de la Ley 165 de 1994 […], y por el artículo 63 de la Ley 99 de
1993 […].
37. Significa lo anterior que, independientemente de que la Corte Constitucional haya impartido algunas directrices respecto
a la forma en que debían ser desarrolladas tales facultades administrativas para la protección de derechos fundamentales
tales como la consulta previa, ello no se traduce en que tales instrucciones -directrices- tengan la virtualidad de modificar las
competencias del ejecutivo para delimitar los territorios ancestrales, como una actividad propia y que se desprende de la
facultad reglamentaria que le ha sido asignada por la Constitución y la ley.
[…]

8

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00262-00
Demandante: Yefferson Mauricio Dueñas Gómez

32. Mediante auto de 1.° de agosto de 2022, se declararon no probadas las
excepciones previas denominadas: (i) “[…] no comprender la demanda todos los
litisconsortes necesarios […]”30; (ii) “[…] falta de legitimación en la causa por pasiva
[…]” propuesta por el IGAC31; y (iii) “[…] falta de legitimación en la causa por activa
[…]”32. Decisión confirmada en el proveído de 31 de agosto de 2022.

33. El 12 de septiembre de 2022 se realizó la audiencia inicial que trata el artículo
180 de la Ley 1437 de 201133, en cuyo marco se desvinculó a la ciudadana Ana
María Londoño Agudelo.

34. A través de auto de 12 de septiembre de 2022, se admitió otra coadyuvancia 34.

35. El19 de septiembre de 2022, se reanudó la audiencia inicial35. En esa
oportunidad se designaron los intérpretes de la lengua de los pueblos Wiwa, Kogui
y Arhuaco. También se fijó el litigio y se decretaron una serie de pruebas
documentales y testimoniales.

36. Los días 30 de enero, 6 y 13 de febrero de 2023, se celebró la audiencia de
pruebas prevista en el artículo 181 de la Ley 1437.

37. Mediante auto de 13 de junio de 2023, se rechazó por improcedente la solicitud
de aclaración de prueba elevada por el curador ad litem, y se decidió no realizar la
audiencia de alegaciones y juzgamiento. Además, se corrió traslado a las partes
para que presentaran por escrito sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público
para que radicara el respectivo concepto.

38. El curador ad litem, mediante escrito radicado el 16 de junio de 2023, presentó
recurso de reposición en contra del auto de 13 de junio de 2023, el cual se rechazó
por improcedente por auto de 4 de julio de 2023.

40. […] aunque es cierto que la potestad reglamentaria del Gobierno nacional para la expedición del acto enjuiciado estuvo
impulsada por las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional en el citado expediente de tutela, la realidad es que el
acto acusado, además de crear una situación jurídica especial y distinta a aquella contemplada por la Corte Constitucional
en los referidos pronunciamientos de tutela, fue producto de la autonomía -de raigambre constitucional- con que cuenta el
ejecutivo para reglamentar las materias propias de su competencia.
[…]
42. Sin perjuicio de lo expuesto, es oportuno precisar que la competencia del Consejo de Estado al momento de revisar si el
acto administrativo demandado se encuentra conforme con el ordenamiento jurídico, es claramente distinta de aquella
ejercida por la Corte Constitucional dentro del citado expediente de tutela, comoquiera que en este último trámite lo que se
debatía era la afectación de derechos fundamentales particulares invocados en dicho mecanismo de amparo y, en tal sentido,
las órdenes emitidas al interior del citado expediente de tutela no se oponen con el juicio de legalidad […]”.
30
Se consideró que: “[…] el extremo por pasiva se encuentra plenamente integrado por todas las entidades administrativas
y demás sujetos que intervinieron en la creación del acto enjuiciado […]”.
31
Se negó tras considerar que: “[…] si bien es cierto esta entidad no suscribió el acto en cuestión, también lo es que sí
participó en la actuación administrativa que dio origen al mismo y, concretamente, elaboró el «anexo cartográfico» que sirvió
como fundamento para la delimitación de los territorios ancestrales que conforman la denominada «Línea Negra». […]”.
32
Se precisó que: “[…] el presente trámite fue admitido bajo el medio de control de nulidad de que trata el artículo 137 del
CPACA, de acuerdo con el cual «[…] Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la
nulidad de los actos administrativos de carácter general […]». En ese orden de ideas, es claro que el aquí accionante se
encuentra legitimado en la causa por activa para solicitar la nulidad del Decreto 1500 de 2018 […]”.
33
Cfr. Índice 294. Expediente digital Samai.
34
Yeny Rodríguez Junco.
35
Cfr. Índice 294. Expediente digital Samai.

9

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Demandante: Yefferson Mauricio Dueñas Gómez

39. Los sujetos procesales presentaron sus respectivos escritos de alegatos de
conclusión entre el 28 de junio y 21 de julio de 2023. El agente del Ministerio Público
no rindió concepto.

40. En la Sala de 31 de julio de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado
decidió, de oficio, dar prelación de turno al proceso para proferir decisión definitiva.

41. El 9 de agosto de 2023, el IGAC aportó la constancia de publicación de la
cartografía de la Línea Negra en su página web oficial.

42. A través de sentencia de 28 de septiembre de 2023, la Subsección B de la
Sección Tercera, en la acción de tutela con radicación núm. 11001-03-15-000-
2023-03759-00, ordenó dejar sin efectos el numeral “primero” del Auto de 4 de julio
de 2023, para que se profiera una nueva decisión conforme a las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esa providencia36. Esa decisión se confirmó en
segunda instancia mediante sentencia de 7 de diciembre de 202337.

43. Mediante providencia de 14 de marzo de 202438, se declararon infundados los
impedimentos manifestados por los consejeros Oswaldo Giraldo López, Germán
Eduardo Osorio Cifuentes y Hernando Sánchez Sánchez.

44. En providencia de 19 de noviembre de 202439, se resolvió el recurso de
reposición presentado por el curador ad litem, en el sentido de no reponer el auto
de 13 de junio de 2023.

I.1.3. Contestaciones de la demanda

i) Presidente de la República, Ministerio del Interior y Ministerio de Cultura

45.El Presidente de la República, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Cultura
mediante escrito de 31 de octubre de 201940, señalaron que las pretensiones de la
demanda carecen de fundamento constitucional, legal y fáctico. Aclararon que el
Gobierno Nacional y las comunidades indígenas Kogui, Wiwa, Arhuaco y
Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre los años 2014 a 2018,
adelantaron un proceso de concertación que finalizó con la expedición del Decreto
1500.

46. Ese decreto redefinió el territorio tradicional y ancestral de los pueblos
indígenas Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo expresado en el sistema de espacios
sagrados de la “Línea Negra-Sheshiza” sin definir las fronteras, barreras físicas y
tampoco es el resultado de un perímetro que una los sitios sagrados.

36
Cfr. Índice 27 expediente digital de la acción de tutela con radicación núm. 11001-03-15-000- 2023-03759-00.
37
Cfr. Índice 4 expediente digital de la acción de tutela con radicación núm. 11001-03-15-000- 2023-03759-01.
38
Cfr. Índice 526 expediente digital.
39
Cfr. Índice 541 expediente digital.
40
Cfr. Folios 482 a 541 del cuaderno principal 3.

10

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Demandante: Yefferson Mauricio Dueñas Gómez

47. Respecto del cargo de falsa motivación, advirtieron que el documento titulado
“[…] Documento Madre de la Línea Negra – Jaba Seshiza – de los cuatro pueblos
indígenas […]” de 9 de diciembre de 2015 hacía parte de los antecedentes
administrativos. Resaltaron que los funcionarios del IGAC participaron en el
proceso de elaboración del decreto demandado hasta su expedición, tal como se
evidenciaba en las actas de las reuniones de 14 de julio, 11 y 13 de agosto, 10 de
septiembre, 3 de octubre, 12 de noviembre de 2014; 25 de marzo, 8 de abril, 24 de
julio, 29 de septiembre de 2015; 23 y 25 de febrero, 26 de abril, 2 de agosto, 29 de
junio, 20 de octubre de 2016; 13 y 14 de abril de 2018.

48. Por otra parte, afirmaron que: “[…] la consulta previa no excluye la posibilidad
de implementar otros mecanismos de participación que garanticen la participación
de las comunidades indígenas […]”, teniendo en cuenta el Auto 189 de la Corte
Constitucional. Aseguraron que el Gobierno Nacional para expedir el Decreto 1500,
“[…] acudió a otras alternativas […] y no solo se redujo a la consulta previa de
dichas comunidades […]”.

49. Agregaron que la Corte Constitucional, en la sentencia T-547 de 1.° de julio de
2010, y en los autos 189 de 2 de septiembre de 2013 y 410A de 14 de septiembre
de 2015, no especificó que el Gobierno Nacional debía agotar la consulta previa
con otras comunidades diferentes a los pueblos indígenas Arhuaco, Wiwa,
Kancuamo y Kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta.

50. Precisaron que, de acuerdo con lo señalado en la memoria justificativa de 2018
y la certificación EXT19-00106771 de 29 de octubre de 2019, “[…] el Decreto 1500
de 2018 fue publicado para recibir comentarios y observaciones por parte de los
ciudadanos y grupos de interés entre el 18 de julio de 2018 y el 2 de agosto de 2018
en el sitio web del Ministerio del Interior, y que la publicación no incluyo (sic) anexos
[…]”. En su criterio, la parte actora no justificó de forma suficiente los cargos
propuestos en contra de los artículos 5, 6, 7 y 9 del Decreto 1500, pues se limitó a
formular una acusación genérica.

51. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no contestó la demanda.

ii) Cabildos Gobernadores de los pueblos Kogui, Kankuamo, Arhuaco y Wiva
de la Sierra Nevada de Santa Marta

52. Los aludidos cabildos, constituidos en el Consejo Territorial de Cabildos de la
Sierra Nevada de Santa Marta (CTC), mediante escrito de 14 de diciembre de 2020,
se opusieron a las pretensiones de la demanda41. Explicaron que, según el “[…]
principio de conectividad […]” y la “Ley de Origen”, su territorio se expresaba a
través del “[…] Shi, un hilo infinito que nace en el cerro Kabusankwa, (un cerro en
el centro de nuestro territorio) que envuelve toda la Sierra desde arriba hacia abajo,

41
Cfr. Folios 986 a 1007 del cuaderno principal Núm. 6.

11

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00262-00
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siendo el último circulo (sic), al pie de los cerros finales de la Sierra, Seshizha, o lo
que hoy se conoce como la Línea Negra […]”.

53. Subrayaron que sus autoridades, mamos y miembros de la comunidad, en esos
territorios ancestrales y espacios sagrados, realizaban prácticas tradicionales, en
virtud de las cuales era necesario proteger aquellos lugares, pues de estos
dependía su identidad, existencia física y cultural, “[…] gobierno propio,
administración de justicia, vida familiar, salud, educación, comportamiento y
supervivencia […]”.

54. Alegaron que, a través del Sistema de Espacios Sagrados se garantizaba el
cumplimiento de las funciones regulatorias, pero también se prevenían daños
espirituales y materiales al agua, a la tierra, al viento, a los animales y a las plantas.
El vínculo tradicional y ancestral de la Línea Negra ha sido reconocido y protegido
por las Resoluciones 002 de 4 de enero de 197342 y 837 de 28 de agosto de 199543,
al igual que por la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

55. Mencionaron que la Corte Constitucional44 considera que la Línea Negra
constituye “[…] un territorio en el que conviven los derechos de los pueblos
Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, por un lado, de propiedad colectiva, expresado
en la figura del Resguardo - resguardos Kogui-MalayoArhuaco, Arhuaco-Sierra
Nevada y Kankuamo buena parte de los cuales traslapan con áreas del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas; pero también los demás derechos sobre nuestro
territorio tradicional y ancestral, que comprenden también derechos de posesión,
uso y acceso a nuestros espacios sagrados […]”.

56. Durante el seguimiento al cumplimiento de las órdenes adoptadas en la
sentencia T-547 de 2010, la Corte Constitucional advirtió a través del Auto 189 de
2013 que el Gobierno Nacional debía “[…] revisar, modificar, derogar o adicionar,
según sea el caso, las resoluciones 137 de 1995 y 002 de enero 4 de 1973 y demás
normas complementarias, con miras a redefinir o actualizar la denominada línea
negra […]”. Esa tarea requería de “[…] la participación especializada del Instituto
Colombiano de Antropología e Historia y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y
las comunidades concernidas […]”.

57.Indicaron que el Decreto 1500 desarrolló los artículos 2.°, 4.°, 5.°, 6.°, 7.°, 8.°,
13 y 14 del Convenio 169 de la OIT, los artículos 8 literal j) y 10 literal c) del

42
“[…] Por la cual se demarca la Línea Negra o zona teológica de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa
Marta […]”.
43
“[…] Por la cual se reforma el artículo 1.° de la Resolución 00002 del 4 de enero de 1973 […]”.
44
Sentencias T-188 de 1993, T-525 de 1998, SU-510 de 1998, T-63 4 de 1999, T-1105 de 2008, T-349 de 2008, T-547 de
2010, T-235 de 2011, T-849 de 2014, T-547 de 2010, T-009 de 2013 y T -005 de 2016.

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Convenio sobre Diversidad Biológica, el artículo 63 de la Ley 99 de 1993 y las
Resoluciones 0621 de 9 de julio de 200245 y 3760 de 22 de diciembre de 201746.

58. Señalaron que, según la Resolución 0621, la Sierra Nevada de Santa Marta
albergaba una amplia gama de ecosistemas naturales altamente representativos
de la América Tropical y constituye un enclave de singulares particularidades
naturales y culturales habitado por los pueblos Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo.
Esa resolución incorporó a los procesos de planificación y gestión ambiental de la
Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales y de las
corporaciones autónomas regionales con jurisdicción en el territorio ancestral de
esos pueblos, los acuerdos adelantados con el Consejo Territorial de Cabildos, en
el marco de la elaboración del Plan de Desarrollo Sostenible de la Sierra Nevada
de Santa Marta.

59. Explicaron que la Resolución 3760 de 2017 incluyó el Sistema de Conocimiento
Ancestral de los pueblos Arhuaco, Kankuamo, Kogui, Wiwa en la lista
representativa de patrimonio cultural inmaterial del ámbito nacional y aprobó el Plan
Especial de Salvaguardia (PES), temática también concertada en el Decreto 1500.

60. Consideraron que el Decreto 1500 de 2018 era una norma jurídica expedida en
cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional, fundamentada en normas
nacionales e internacionales y que fue el resultado de un ejercicio de participación
y consulta entre el Gobierno Nacional y las autoridades de los cuatro pueblos, en
tres momentos. Esa consulta previa se adelantó independientemente del hecho
consistente en que esa instancia participativa no obre en una base de datos.
Además, la Directiva Presidencial 10 de 2013 es una mera instrucción.

61. Afirmaron que la cartografía oficial del IGAC, según lo dispuesto en el artículo
5.° del Decreto 1500, no hace parte de los motivos del mismo, tampoco determinó
su contenido y alcance, ni estableció los diferentes puntos que se unen para formar
la Línea Negra, por cuanto esta “[…] corresponde a un espacio geo-referencial
delimitado por un polígono que recrea un espacio determinado y no un conjunto de
lugares sin conexión alguna en lugares aislados […]”.

62. En su criterio, la cartografía oficial del IGAC es uno de los efectos perseguidos
con la expedición de ese decreto porque el mapa oficial no define el territorio
ancestral, sino el “[…] sistema de espacios sagrados ahora enlistados y descritos
en el artículo 11 del Decreto […]”. Sistema que puede materializarse a partir de esa
descripción “[…] como lo ha reconocido y aplicado el Estado por ya cerca de
cincuenta años […]”.

45
“[…] Por la cual se establecen lineamientos que deben incorporarse a los procesos de planificación y gestión ambiental de
la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales la Corporación Autónoma Regional del Cesar
(CORPOCESAR), la Corporación Autónoma Regional de la Guajira CORPOGUAJIRA y la Corporación Regional del
Magdalena CORPOMAG en la Sierra Nevada de Santa Marta […]”.
46
“[…] Por la cual se incluye la manifestación “Sistema de Conocimiento Ancestral de los pueblos arhuaco, kankuamo, kogui
y wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta” en la Lista representativa de patrimonio cultural inmaterial del ámbito nacional,
y se aprueba su Plan Especial de Salvaguardia […]”.

13

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63. Indicaron que el 12 de diciembre de 2015 la Organización Gonawindua Tayrona
envió al Ministerio del interior la versión final del “Documento Madre”, corroborada
a través de correo de 2 de agosto de 2018. El “Documento Madre” no era un acto
administrativo que debía publicarse, debido a que era un instrumento de contenido
cultural, político y antropológico resultado del trabajo adelantado entre los 4
pueblos con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y la
Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior
(DAIRM).

64. Aclararon que la validez de ese instrumento cultural no dependía de una firma,
dado que ese criterio “[…] nos llevaría al absurdo deber de tener que contar con
las rubricas de todos y cada uno de los mamos, autoridades tradicionales y publicas
(sic) de los cuatro pueblos que hicieron parte de todo el proceso para su
elaboración […]”. Además, las diferentes actas firmadas dan cuenta de la
participación de los representantes de las comunidades y el articulado concertado
del decreto demandado se publicó en la página web del Ministerio del Interior para
los respectivos comentarios y observaciones ciudadanas.

65. Manifestaron que la naturaleza y el objeto del Decreto 1500 no afectaba
directamente a ningún pueblo étnico distinto a los Kogui, Wiwa, Arhuaco y
Kankuamo, por cuanto ese acto administrativo: (i) no alteró los derechos, ni la
situación jurídica de los demás sujetos, pueblos y comunidades étnicas o
campesinas que se encontraban en la Sierra Nevada de Santa Marta; (ii) “[…] no
pretende desconocer otros vínculos culturales con el territorio que puedan
mantener otros pueblos y comunidades étnicas hermanas […]”; (iii) el Decreto 1500
de 2018 reiteró la regla dispuesta en las Resoluciones 137 de 1995, 002 de 1973
y 837 de 1995, conforme a la cual esos actos administrativos “[…] no afectan los
derechos de posesión y dominio de terceros, adquiridos por justos títulos conforme
a las leyes vigentes […]”.

66. Insistieron que el Decreto 1500 no creaba ni otorgaba nuevos derechos a las
cuatro comunidades, sino que establecía principios rectores de la Línea Negra, por
lo que “[…] evidentemente no indica que se desconozca el ordenamiento territorial,
[…]”. El artículo 3.° del decreto demandado señaló que “[…] la propiedad privada,
los derechos adquiridos, de terceros con justo título y aquellos de otras
comunidades, serán reconocidos y respetados […]”.

67. Alegaron que los artículos 5.°, 6.°, 7.° y 9.° del Decreto 1500 no infringían la
normativa sobre la propiedad del Estado sobre el subsuelo y la explotación de los
recursos no renovables, tampoco desconocían el ordenamiento territorial y su
normativa, ni la propiedad privada y derechos adquiridos, o las facultades
ambientales de los municipios, departamentos, Corporaciones Autónomas
Regionales, áreas metropolitanas y autoridades ambientales urbanas.

68. Advirtieron que el concepto de territorio de las comunidades étnicas, para la
Corte Constitucional, comprende “[…] no solo las áreas tituladas, habitadas y

14

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explotadas por una comunidad -por ejemplo bajo la figura del resguardo- sino
también aquellas que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades culturales
y económicas […]”. El acto demandado no desconoce ninguna autoridad territorial
o ambiental ni sus competencias, por el contrario, el artículo 10° estableció una
mesa de seguimiento y coordinación, y el inciso 2° del artículo 6° del Decreto 1500
aclaró que en caso de confluencia con otros regímenes y autoridades “[…] se
aplicaran (sic) los principios establecidos en el artículo 3° del presente decreto […]”.

69. Resaltaron que los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios
indígenas eran entidades territoriales según lo dispuesto en los artículos 286, 287
y 329 de la Constitución Política. Sin embargo, en Colombia, “[…] a pesar de la
existencia de más de 100 pueblos indígenas, con cerca de 1.378.884 individuos
[…]”, no se ha desarrollado un modelo de organización territorial de estas
comunidades que se articule con los procesos de ordenamiento territorial del país.
No obstante, “[…] frente a este vacío, el Decreto 1500 busca la protección de la
visión del territorio y, por ende, garantiza la supervivencia de los pueblos en su
territorio ancestral […]”.

iii) Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)

70. El IGAC mediante escrito de 12 de enero de 202147 se opuso a las pretensiones
de la demanda. Indicó que el Decreto 1500 era el resultado del cumplimiento de la
sentencia T-547 de 2010 y del auto 189 de 2013. También explicó que ninguno de
los cargos de la demanda contaba con vocación de prosperidad. Afirmó que esa
entidad carecía de legitimación en la causa por pasiva, puesto que “[…] quienes
están obligados a concurrir a un proceso en calidad de demandados son aquellas
personas que participaron realmente en los hechos que dieron lugar a la demanda
[…]”.

71. Mencionó que el IGAC apoyó técnicamente al Gobierno Nacional en la
expedición del Decreto 1500 de 2018. Sin embargo, el instituto hasta ese momento
no adoptó la cartografía de la Línea Negra debido a que no le compete delimitar
los espacios sagrados y ancestrales de los grupos étnicos y tampoco cuenta con
ningún criterio antropológico o cultural para ello. En ese orden, relacionó los
documentos que el IGAC presentó ante el Ministerio del Interior, la Presidencia de
la República, la Corte Constitucional y la Imprenta Nacional, a efectos de obtener
los insumos oficiales relacionados con esa cartografía.

72. Aun así, advirtió que “[…] El Decreto 1500 no es constitutivo del derecho al
territorio de los Arhuaco, Kogui, Wiwa, y Kankuamo, circundado por la línea negra,
sino meramente declarativo […]”. Los pueblos indígenas Arhuaco, Kogui, Wiwa, y
Kankuamo elaboraron el “Documento Madre” con los principios ancestrales de la
Ley de Origen, en un trabajo autónomo, así como a través de convenios con el

47
Cfr. Folios 1017 a 1029 del cuaderno principal 6.

15

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Gobierno Nacional entre los años 2013 a 2014 y trabajos de campo de autoridades
indígenas con acompañamiento del ICANH y del Ministerio del Interior.

73. Indicó que la Corte Constitucional estudia la tutelas T-6.844.960 y T-6.832.445
presentadas por las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta con el objeto
de “[…] frenar […]” títulos mineros otorgados sin consulta previa en esa zona, así
como la suspensión de adjudicación de más de 300 licencias. En ese proceso, la
Corte, a través del auto 154 de 2019, ofició al IGAC para que informara si había
recibido información pertinente de la Presidencia o del Ministerio del Interior para
dar cumplimiento al artículo 5.° del Decreto 1500 de 2018.

iv) Wayuu, Chimila, Los Morenos, Nelvis Aragón, Valentina Ospinito, Las
Américas, Las Balsas, La Guayabita de Mongui, Axe para los negros,
Afrourranga, Antonia Solano, Fondo Especial de Créditos Educativos para
Comunidades Negras (FECECN), Puerto Colombia, Los Trece Cruces de la
Raya del Totumo, José Prudencio Padilla y Cascajalito

74. El curador ad litem de los referidos pueblos indígenas y comunidades
afrodescendientes, mediante escritos de 3 y 17 de mayo de 202248, propuso las
excepciones de “[…] improcedencia de la acción de nulidad simple […]”, “[…] falta
de legitimación en la causa por activa […]” y “[…] genérica […]”. También se opuso
a las pretensiones de la demanda.

75. Afirmó que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho era
el mecanismo idóneo, acción que se encuentra caducada y que no cumple con el
requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial.

76. También, consideró que el accionante carecía de legitimación en la causa por
activa, pues el acto demandado era particular y concreto. Advirtió que, en
representación de los pueblos Wayuu y Chimilia, se oponía a las pretensiones de
la demanda. Sin embargo, alegó que se atenía a lo probado en el proceso respecto
de las comunidades afrodescendientes teniendo en cuenta la acción de tutela con
radicación núm. 44001234000020180010601. Recordó que el Decreto 1500 fue
expedido en cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional. Aunado a ello,
el artículo 2° y el literal h) del artículo 3.° del Decreto 1500 contemplan una regla
de respeto de los derechos adquiridos de terceros con justos títulos.

I.1.4. Coadyuvancias de la parte demandante

i) Asociación Colombiana de Ciudades Capitales

77. ASOCAPITALES, mediante escrito de 23 de septiembre de 2019,49 afirmó que
“[…] no anular el Decreto demandado desconoce la autonomía territorial de las
ciudades capitales (…) y generará consecuencias negativas en su desarrollo […]”.

48
Cfr. Índices 215 y 219 del expediente digital Samai.
49
Cfr. Folios 402 – 408 Cuaderno principal 3.

16

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Puso de presente que el Decreto 1500 carecía de cartografía, “[…] era
indeterminado […]” y había “[…] ampliado el número de lugares sagrados que
componen el territorio de Línea Negra a 348 (sic) […]”. Por ello, una gran porción
del territorio que abarca la Línea Negra no corresponde al ámbito territorial de los
resguardos indígenas.

ii) Juan José Fuentes Bernal

78. Por escrito de 25 de octubre de 201950, solicitó la declaratoria de nulidad del
Decreto 1500 de 2018, por incurrir en los vicios de falsa motivación, infracción de
las normas en que debía fundarse y expedición irregular, de conformidad con los
planteamientos propuestos por el demandante. Aseguró que la implementación
indiscriminada de la consulta previa acarreaba un riesgo para el desarrollo de
nuevos proyectos de mejoramiento de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto, saneamiento básico, aseo, energía eléctrica, gas combustible y
tecnologías de la información y las comunicaciones.

iii) Asociación Colombiana de Minería (ACM)

79. Mediante escrito de 29 de octubre de 201951, coadyuvó las pretensiones de la
demanda por las razones propuestas por la parte actora. Además, consideró que:
(i) el decreto demandado excedió la facultad reglamentaria al complementar la Ley
1454 de 2011; (ii) la protección constitucional de las comunidades indígenas “[…]
no debe suponer la prevalencia de las autoridades tradicionales sobre las
autoridades civiles, elegidas democráticamente […]”; (iii) el decreto era
incongruente y contradictorio, ya que el Presidente de la República usurpó
funciones del constituyente y del legislador; y (iv) incentiva la colisión entre los
derechos y libertades fundamentales individuales a la libertad de conciencia, de
cultos y al libre desarrollo de la personalidad.

iv) Asociación Colombiana de Petróleo (ACP)

80. En escrito de 31 de octubre de 201952, aseguró que el acto administrativo
demandado afectaba y restringía el desarrollo de la industria de hidrocarburos en
los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena, generando consecuencias
económicas para las empresas que han celebrado o pretenden celebrar contratos
con el Estado colombiano. Puso de presente que el Decreto 1500 no respetó
plenamente los principios constitucionales de prevalencia del interés general,
propiedad privada y libertad de empresa. Adicionalmente, generaba incertidumbre
sobre la no aplicación retroactiva de las restricciones.

50
Cfr. Folios 428 – 436 Cuaderno principal 3.
51
Cfr. Folios 437 – 446 Cuaderno principal 3.
52
Cfr. Folios 468 – 476 Cuaderno principal 3.

17

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v) Asociación Colombiana de Empresarios de Colombia (ANDI)

81. A través de escrito de 7 de noviembre de 201953, argumentó que el Decreto
1500 de 2018 debía declararse nulo, en razón a que fue expedido con falsa
motivación, debido a que “[…] mientras no exista la georreferenciación de los
puntos sagrados y la cartografía oficial, habrá incertidumbre total e innumerables
discusiones […], (pues la) cartografía es un supuesto de hecho esencial […]”.

vi) Consejo Gremial Nacional (CGN)

82. Por escritos de 30 de octubre de 2019 y 10 de noviembre de 202054, argumentó
que el Decreto 1500 de 2018 fue proferido con falsa motivación y expedición
irregular. Aseguró que ese decreto incluyó territorios fuera de la Sierra Nevada de
Santa Marta, afectó áreas del litoral Caribe y mar territorial en tres departamentos,
generó inseguridad jurídica y complicaciones en el desarrollo territorial, económico
y social de Riohacha, Santa Marta y Valledupar, junto a otros 25 municipios y tres
parques nacionales. Además, implicó un riesgo adicional para las hipotecas como
garantía de crédito, y dificulta el acceso a recursos para proyectos agropecuarios.

vii) Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL)

83. Mediante escritos de 1.° de noviembre de 2019 y 11 de noviembre de 2020 55,
señaló que el Decreto 1500 de 2018 incurrió en los vicios de expedición irregular y
falsa motivación siguiendo la misma línea argumentativa de la demanda. También,
señaló que si bien el ámbito de aplicación del Decreto 1500 hacía mención al
respeto de los derechos adquiridos de terceros, “[…] no es claro cómo se garantiza
el derecho a la libre circulación y acceso ilimitado de los predios ubicados dentro
del sistema interconectado de sitios sagrados […]”.

viii) Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC)

84. En escritos de 13 de noviembre de 2019 y 23 de julio de 202156, advirtió que el
Decreto 1500 de 2018 tenía graves consecuencias jurídicas en el sector
agropecuario, teniendo en cuenta que establece disposiciones de tipo legislativo
“[…] sin detenerse a evaluar cuáles serían las condiciones de coexistencia y
ejercicio de derechos adquiridos y derechos fundamentales, que tiene la población
no indígena […]”.

85. Planteó la necesidad de identificar esta cosmovisión en el desarrollo sostenible
de la población no indígena. Asimismo, detalló las características productivas
agropecuarias de Dibulla y Santa Marta, y destacó los impactos de la participación

53
Cfr. Folios 591 – 595 Cuaderno principal 3.
54
Cfr. Folios 452 – 467 Cuaderno principal 3 y folios 871 a 886 Cuaderno principal 4.
55
Cfr. Folios 576 – 590 Cuaderno principal 3 y folios 888 a 898 Cuaderno principal 5.
56
Cfr. Folios 600 – 604 Cuaderno principal 4 e índice 148 del expediente digital Samai.

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de los pueblos indígenas en la administración y conservación de los recursos
naturales.

ix) Ricardo Camilo Niño Izquierdo

86.A través de escrito de 23 de julio de 202157, refirió que el Decreto 1500 actuaba
como un reglamento del derecho fundamental de consulta previa lo que “[…]
desborda los alcances de su jerarquía normativa, de manera que con estas se
desconoce la reserva material de ley […]”.

I.1.5. Coadyuvancias de la parte demandada

i) Moisés Daniel Raad Char

87. Por escrito de 4 de junio de 202058, señaló que el Decreto 1500 de 2018 cuenta
con una cartografía preexistente que sirvió como base para delimitar el territorio de
los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa, y Kankuamo, así como su sistema de espacios
sagrados, la cual se deduce de la línea del tiempo de la actuación administrativa
que aportó. Indicó que la cartografía del IGAC no es un requisito, sino una
consecuencia del decreto, ya que “[…] en materia de territorios indígenas, estos se
delimitan de una manera diferenciada debido a su derecho a la autonomía,
autodeterminación y diversidad cultural […]”.

88. Adujo que: (i) el "Documento Madre" es un acuerdo cultural no publicado que
interpreta concertaciones entre el Gobierno Nacional y las comunidades indígenas,
sin afectar a otras comunidades étnicas; (ii) el Decreto 1500 de 2018 establece
principios para resolver conflictos jurídicos sin transgredir la propiedad privada ni
los derechos adquiridos; y (iii) los artículos 5, 6, 7 y 9 del decreto demandado no
otorgan potestades ambientales a las autoridades indígenas, ni desconocen la
autonomía de las entidades territoriales.

ii) Ángela Santamaría Chavarro, Laura Restrepo Acevedo, Dunen Muelas,
Paula Cáceres y Yeshica Serrano

89. Mediante escrito de 15 de julio de 202059, indicaron que el Decreto 1500 de
2018 aborda el marco de derechos y competencias de los pueblos de la Sierra
Nevada de Santa Marta, desde un enfoque por ecosistemas y de género que
protege el rol de las mujeres indígenas.

90. Argumentaron que anular el Decreto 1500 de 2018 aumentaría los impactos
negativos en materia de biodiversidad y cultura en la Sierra Nevada de Santa
Marta. Según ellos, este decreto no genera conflictos de competencias entre las
autoridades ambientales y territoriales, sino que promueve la cooperación entre

57
Cfr. Índice 149 del expediente digital Samai.
58
Cfr. Folios 612 - 631 Cuaderno principal 4
59
Cfr. Folios 647 – 656 Cuaderno principal 4 e índice 35 expediente digital Samai.

19

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diversos niveles de gobierno. La Sierra Nevada de Santa Marta posee una alta
variabilidad biológica gracias a las prácticas ancestrales indígenas, y que el
Decreto 1500 cumple con los propósitos constitucionales y legales del
ordenamiento jurídico colombiano en materia ambiental y multicultural.

iii) Vanessa Torres Rico y Edwin Álvarez

91. Por escrito de 15 de julio de 202060, se opusieron a las pretensiones de la
demanda. Sostuvieron que: (i) el Decreto 1500 no puede ser anulado sin infringir
el principio de progresividad y los derechos adquiridos de los pueblos indígenas
Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo; (ii) los artículos 5.°, 6.°, 7.° y 9.° del decreto
fueron expedidos conforme a la ley y a las competencias del Gobierno Nacional;
(iii) el decreto no modifica normas ambientales ni de minería; y (iv) el régimen de
territorios indígenas está regulado por la Ley 160 de 1994 y el Decreto 2164 de
1995, no por el Código Civil.

iv) Diana Carolina Sánchez Zapata, Carolina García Rojas, Kelly Tatiana
Jiménez, Clara Inés Atehortúa Arredondo, Isis Sofía Parra, Adriana María
Sanín Vélez, María Camila Salamanca y Luis Fernando Serna

92. A través de escrito de 15 de julio de 202061, sostuvieron que el Decreto 1500
no incurre en falsa motivación, ni desconoce las competencias o materias
reservadas de otras autoridades y, por el contrario, desarrolla la normativa nacional
e internacional y la jurisprudencia.

93. Afirmaron que el acto demandado tiene una naturaleza declarativa no
constitutiva. Por ello, el fundamento del Decreto 1500 no era la cartografía del IGAC
ni el “Documento Madre”, sino la Ley de Origen y la Línea Negra. Así pues, el
Decreto 1500 se soporta en los artículos 330 y 246 de la Constitución Política,
conforme a los cuales el Estado debe proteger los sistemas normativos indígenas.

94. Mencionaron que la esencia del “Documento Madre” está en la práctica, en la
costumbre y no en lo escrito. Por esos motivos, la fundamentación del acto
administrativo demandado se encuentra en la Ley de Origen, la cual, “[…] se
transmite mediante la tradición oral desde hace cientos de años y que se consignó
por escrito hace poco tiempo […]”. Según la Resolución 3760 del 2017, “[…] los
mandatos de la Ley de Origen se constituyen en el sistema propio de auto
gobernarse en la condición de pueblos indígenas, acorde al cumplimiento de las
normas establecidas por las Madres y Padres Espirituales […]”.

95. Advirtieron que el acto acusado fue elaborado conjuntamente entre los pueblos
indígenas y las autoridades del Gobierno Nacional, asegurando que no produciría
afectaciones. El decreto permite el acceso y la protección de sitios sagrados sin
implicar una titulación colectiva de territorios, por lo que no altera los derechos de
60
Cfr. Folios 682- 687 Cuaderno principal 4 e índice 38 del expediente digital Samai.
61
Cfr. Folios 689- 716 Cuaderno principal 4 e índice 39 del expediente digital Samai.

20

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terceros ni de otras comunidades indígenas de la zona. Además, la Constitución
Política y la Ley 99 de 1993 establecen que los territorios indígenas tienen
competencias ambientales equivalentes a las de los municipios.

v) Centro de Investigación y Educación Popular Programa por la Paz (CINEP)

96. Mediante escrito de 15 de julio de 202062, afirmó que la nulidad del acto
acusado afectaría los derechos fundamentales a la subsistencia, a la identidad
étnica y cultural, a la consulta previa y al territorio de los 4 pueblos de la Sierra
Nevada, a pesar de ser sujetos de especial protección constitucional.

97. Igualmente, explicó que las consideraciones que sustentaban la expedición del
decreto demandado parten del reconocimiento y la progresividad de los derechos
fundamentales de esos pueblos indígenas, conforme con el Convenio 169 de la
OIT, la Constitución Política y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

vi) Abel David Jaramillo Largo

98. Por escrito de 15 de julio de 202063, se opuso a las pretensiones de la
demanda, por cuanto el derecho al territorio ancestral era preexistente a la
expedición del Decreto 1500. Indicó que el decreto demandado guardaba total
coherencia con la Constitución Política y la ley, incluso desarrolló el artículo 21 de
la Convención Americana de Derechos Humanos.

99. Aseguró que el Estado colombiano tenía el deber constitucional y legal de
proteger el territorio de estos pueblos, así como la relación cultural y espiritual que
existe con sus tierras o recursos naturales. Además, mencionó que la cartografía
oficial del IGAC de la Línea Negra estaba disponible desde la Resolución 002 de
1973, modificada por la Resolución 837 de 1995, “[…] es decir el espacio
denominado Línea negra está demarcado hace casi 4 décadas […]”.

100. En su criterio, el cambio entre las resoluciones 002 y 837 no significó una
modificación espacial, ni sustancial a la protección del territorio de los pueblos
Wiwa, Kankuamo, Kogui y Arhuaco, sino que se trató de una ampliación del número
de lugares sagrados allí identificados. Por ello, el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi en el año 2017 público en la página “[…] la cartografía oficial de Colombia
la denominada Línea Negra […]” con casi 18.000 km2.

vii) Angie Daniela Yepes García, Jorge Andrés Portocarrero Delgado, María
Manuela Márquez Velásquez y María Daniela Pineda Martínez

101. En escrito de 24 de septiembre de 202064, alegaron que el decreto demandado
no desconoce la propiedad privada, los derechos adquiridos, ni la propiedad del

62
Cfr. Folios 671- 673 Cuaderno principal 4 e Índice 37 del expediente digital Samai.
63
Cfr. Folios 731- 736 Cuaderno principal 4 e índice 41 del expediente digital Samai.
64
Cfr. Folios 767 a 783 cuaderno principal 4 e índice 58 del expediente digital Samai.

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suelo y el subsuelo o el derecho a la consulta previa por las razones propuestas
por el demandante. Aseguraron que las comunidades indígenas, los propietarios y
las autoridades debían pactar protocolos o acuerdos de acceso a los territorios
ancestrales, los cuales se soportaban en la función social y ecológica de la
propiedad y la protección constitucional del medio ambiente y su biodiversidad.

102. Recordaron que las comunidades indígenas tienen derecho a ser consultadas
previamente frente a decisiones que las afectan directamente, de acuerdo con el
artículo 1.° de la Constitución Política y los artículos 13 y 5.° del Convenio 169. Por
ende, todo acto, proyecto, obra, actividad o iniciativa que pretendiera intervenir en
territorios de comunidades étnicas, con afectaciones directas, debe surtir un
proceso de consulta. En ese contexto, consideró que el objeto del decreto
demandado fue la consagración reglamentaria del territorio ancestral de esos
pueblos expresado en el sistema de espacios sagrados de la Línea Negra y no la
atribución de competencias a una autoridad territorial o gubernamental.

viii) Jorge Eduardo Vásquez Santamaría, María Cecilia Maya Zuluaga,
Vanessa Zuluaga, Andrés Julián Restrepo Otálvaro, Ligni Sigrid Ramírez
Sánchez y Carolina Restrepo Múnera

103. A través de escrito de 16 de octubre de 202065, se opusieron a las pretensiones
de la demanda, siguiendo la línea jurídica propuesta por los 4 pueblos indígenas.
Adicionalmente, manifestaron que el Decreto 1500 se soporta en los artículos 1.°,
7.°, 8.°, 79, 246 y 330 de la Constitución Política, en la Ley 89 de 1890, en el
Decreto Ley 4633 de 2011, en la Ley 21 de 1991, en la Ley 165 de 1994 y en las
sentencias de la Corte Constitucional T-342 de 1994, T-236 de 2012, T-849 de
2014, T-547 de 2010, y el Auto 189 de 2013.

104. En su criterio, la cartografía oficial del IGAC y el “Documento Madre” eran
hechos accesorios y no principales del Decreto 1500. También mencionaron que
el IGAC se comprometió, en el contexto de la política pública de catastro
multipropósito (PND 2018-2022), a crear el Sistema de Información Geográfica
SIG-Indígena y a implementar el Decreto 1500 de 2018. Por ello, “[…] la simple
ausencia de un mapa no tendría la suficiente injerencia para desconocer la
protección progresiva que viene brindando la institucionalidad […]”.

105. Agregaron que el artículo 7.° del Decreto 1500 reflejaba el principio de
coordinación entre las entidades territoriales y la Nación, en específico, entre los
territorios indígenas, los departamentos, municipios y la Nación.

ix) Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI)

106. Por escrito de 6 de octubre de 202066, afirmó que el Decreto 1500 reconoció la
relación espiritual, cultural y ambiental que tienen los pueblos indígenas Kogui,

65
Cfr. Folios 796 a 814 cuaderno principal 4 e índice 66 del expediente digital Samai.
66
Cfr. Folios 796 a 814 cuaderno principal 4 e índices 61 del expediente digital Samai.

22

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Wiwa, Arhuaco y Kankuamo con su territorio. Sostuvo que el acceso a los espacios
sagrados implica el reconocimiento de un derecho, más no la asignación de una
competencia propia del ordenamiento territorial. Además, el ejercicio de ese
derecho dependía de las decisiones que adopten las entidades territoriales en
materia de ordenamiento territorial.

107. Aseveró que el régimen legal de la Línea Negra y su “[…] Sistema de Espacios
Sagrados […]” obraba en la Ley 160 de 1994, en el Decreto 1071 de 2015, en el
Decreto 2333 de 2014, en la Ley de Origen y en la Ley 21 de 1991. Bajo este marco
normativo, el Decreto 1500 reconoció el derecho a: “[…] (i) el uso y goce de los
recursos naturales que se encuentran en sus territorios, o en los adyacentes a
estos; (ii) la regla conforme a la cual la ausencia de reconocimiento oficial del
territorio ancestral, no implica la inexistencia de derechos territoriales sobre el
mismo; (iii) el derecho a la demarcación para la protección jurídica y administrativa,
la cual cobija lugares religiosos o culturales; (iv) las obligaciones de protección por
parte del Estado para la garantía del goce de estos derechos; (v) el deber de
realizar consulta previa frente a aquellas medidas que los afecten directamente
[…]”; y (vi) “[…] la salvaguarda, protección y preservación del medio ambiente en
tales territorios […]”.

108. Consideró que el decreto demandado era una norma que se encontraba acorde
con la política ambiental global, con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en el año 1992, con
la Declaración sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y con la Convención sobre
la Diversidad Biológica. Las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y
tribales tienen una estrecha relación con su identidad cultural, por lo tanto, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la limitación o
impedimento para su realización, viola el derecho a la identidad cultural.

x) Corporación Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad
(Dejusticia)

109. Mediante escrito de 11 de noviembre de 202067, afirmó que las pretensiones
de la demanda carecían de vocación de prosperidad porque el Decreto 1500 se
soportó en los artículos 1.°, 7.°, 8.°, 79, 246 y 330 de la Constitución Política, en el
Convenio 169 de la OIT, en la Ley 165 de 1994, en el Decreto 1080 de 2015, en
las Resoluciones 3760 de 2017 y 621 de 2002, en la sentencia T-574 de 2010, en
el auto 189 de 2013 y en el artículo 116 de la Ley 1753 de 2015.

110. Señaló que los cuatro pueblos, junto con el ICAHN y el Ministerio del Interior,
trabajaron entre 2013 y 2014 en la reformulación de las normas de la Línea Negra,
lo cual culminó en el "Documento Madre" que recoge los principios ancestrales de
la Ley de Origen. El Decreto 1500 de 2018, que modificó las Resoluciones 002 de
1973 y 837 de 1995, demarcó el territorio ancestral y garantizó el derecho a la

67
Cfr. Folios 899-918 e índice 89 del expediente digital Samai.

23

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consulta previa. Ese decreto refleja la valoración cosmológica y la práctica indígena
en relación con su territorio y derechos, en el contexto de los conflictos internos
que han deteriorado los sitios sagrados.

111. Adujo que la Corte Constitucional a través del auto 004 de 2009, reconoció el
riesgo de exterminio físico y cultural de estas comunidades, y la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos les otorgó medidas cautelares
provisionales. Además, los pueblos Kankuamo y Wiwa han participado en el macro
caso 003 de la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), impulsando la coordinación
entre la JEP y la Jurisdicción Especial Indígena (JEI).

112. Puso de presente que: (i) el Decreto 1500 no se basa en la cartografía oficial
del IGAC, sino en el "Documento Madre", y busca la coordinación y subsidiariedad
con otras entidades territoriales y ambientales; (ii) no afecta el derecho a la
propiedad privada ni modifica los resguardos indígenas; (iii) la mesa creada por el
artículo 10.° del Decreto es el espacio adecuado para gestionar las controversias
relacionadas con el ordenamiento territorial y ambiental; y (iv) no reguló asuntos
que tienen reserva de ley.

xi) Clínica socio jurídica de Interés Público de la Universidad de Caldas

113. En escritos radicados el 12 de noviembre de 2021 y 15 de febrero de 2022 68,
puso de presente que los puntos de la Línea Negra albergan ecosistemas
estratégicos y comunidades indígenas con conocimientos ancestrales. En ese
orden, el análisis de legalidad del Decreto 1500 conllevaba necesariamente a una
valoración de rango constitucional en relación con los derechos sobre los sitios
sagrados. En efecto, el Sistema Interamericano y la Corte Constitucional han
establecido que el reconocimiento y protección de las relaciones que los pueblos
tienen con el territorio “[…] no se limitan ni dependen del derecho de propiedad
colectiva, pues existen lugares y relaciones que trascienden el ámbito de la
propiedad (resguardos); pero igual, tienen protección constitucional […]”.

114. Determinó que ese acto demandado no afectaba directamente a otras
comunidades, en tanto que no creaba nuevos territorios, sino que protegía el
territorio ancestral. Explicó la diferencia entre la consulta previa y el derecho de
participación de los indígenas según la Ley 21 de 1991. Además, resaltó que el
pluralismo y la diversidad étnica permitían coexistir los sistemas ancestrales y
occidentales. Finalmente, indicó que la falta de cartografía no afectaba el Decreto,
ya que podía ser subsanada con una orden al IGAC para proveer los resultados
necesarios.

68
Cfr. Índice 179 y 204 del expediente digital Samai.

24

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xii) Yeny Rodríguez Junco

115. A través de escrito de 12 de septiembre de 202269, señaló que la anulación del
Decreto 1500 de 2018 transgrediría el principio ambiental internacional de no
regresión y amenazaría con desconocer diversas obligaciones internacionales
ambientales y climáticas adquiridas por el Estado colombiano en el Convenio de
Diversidad Biológica, la Convención RAMSAR, la Convención de Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificación, el Convenio de París, entre otras.

116. También se refirió a la importancia biológica y cultural del ecosistema de la
Sierra Nevada de Santa Marta y la importancia cultural del Sistema de
Conocimiento Ancestral de los pueblos Arhuaco, Kankuamo, Kogui y Wiwa que es
patrimonio cultural inmaterial de la Nación.

I.1.6 Amicus curiae

i) Marina Brilman y Paul Dowling

117. Por escrito de 15 de julio de 202070, intervinieron con el objeto de resaltar los
principios del derecho internacional sobre la propiedad colectiva y los derechos
culturales de los pueblos indígenas, así como los derechos de terceros, incluyendo
la propiedad del subsuelo por parte del Estado.

118. Resaltaron la importancia de los derechos de las minorías étnicas, conforme a
varios tratados y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Solicitaron tener en cuenta que: (i) el derecho internacional reconoce la
relación única de los pueblos indígenas con la tierra y los recursos naturales y sus
derechos de propiedad colectiva; (ii) la legislación interna debe ser flexible para
reflejar la relación dinámica y distintiva de los pueblos indígenas con su entorno
natural; (iii) los derechos de propiedad indígena, en una sociedad democrática,
pueden llevar a restricciones de derechos de terceros para proteger la
supervivencia física o cultural de las minorías étnicas; y (iv) aunque el subsuelo sea
propiedad del Estado, los pueblos indígenas tienen derechos de acceso y pueden
beneficiarse de los recursos naturales allí encontrados.

ii) Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

119. Mediante escrito radicado el 17 de julio de 202071, esa organización no
gubernamental de protección de los derechos humanos, filial de la Federación
Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial contra la
Tortura (OMCT), solicitó que los pueblos Arhuaco, Kankuamo, Kogui y Wiwa fueran
reconocidos como parte dentro del presente proceso.

69
Cfr. Índice 285 del expediente digital Samai.
70
Cfr. Índice 40 del expediente digital Samai.
71
Cfr. Índice 36 del expediente digital Samai.

25

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iii) Carlos Arturo Duarte Torres, Daniela Alejandra Gómez Vélez y Francy
Viviana Bolaños Trochez

120. En escrito de 23 de julio de 202072, subrayaron que era necesario proteger el
territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra
Nevada de Santa Marta.

121. Destacaron que el “[…] Sheshiza: Lugar o paisaje […]” en la Sierra Nevada de
Santa Marta, era “[…] un área de orientación cultural, cuya base es el concepto de
fertilidad. Esta ordenación del territorio sobrevivió simbólicamente, construyendo un
nicho sagrado defendido por los mamos […]”.

122. Explicaron que: (i) los artículos 1.°, 7.°, 8.°, 246 y 330 de la Constitución Política
y el Convenio 169 de la OIT aseguran la autonomía territorial descentralizada, el
pluralismo y la diversidad étnica cultural; (ii) el Consejo Territorial de Cabildos
Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, creado en 1999, ha servido como
un espacio de diálogo entre las autoridades indígenas, el Estado y la sociedad,
promoviendo la gestión sostenible del territorio; (iii) la Resolución 621 de 2002
refuerza los acuerdos de gestión ambiental en la Sierra Nevada de Santa Marta;
(iv) la preservación de la Línea Negra es esencial para evitar un “[…] etnocidio
estatal […]”; y (v) la jurisprudencia de la Corte Constitucional y las resoluciones de
1973 y 1995 protegen la Línea Negra.

iv) Louise Winstanley y Mónica Feria Tinta

123. A través de escrito de 20 de diciembre de 202073, resaltaron que el Decreto
1500 desarrollaba obligaciones internacionales de Colombia en materia de
derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas y derecho ambiental
internacional. Aseguraron que el decreto demandado no era constitutivo del
derecho al territorio de la “Línea Negra”, sino meramente declarativo, y recordaron
que el artículo 21 de la Convención Americana protege la propiedad comunitaria de
los pueblos sobre sus tierras ancestrales. Además, advirtieron que los pueblos
Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo detentan el derecho a su libre determinación y
desarrollo.

v) Angie Daniela Yepes García

124. Se refirió a la legitimación por pasiva en el medio de control de nulidad, a la
naturaleza jurídica de los cabildos indígenas como entidades públicas especiales
según la Constitución y la ley, y a la participación directa que tuvieron estos pueblos
en la creación del Decreto 1500 de 2018.

72
Cfr. Índice 46 del expediente digital Samai.
73
Cfr. Índice 103 del expediente digital Samai.

26

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I.1.7. Alegatos de conclusión

125. El señor Yefferson Mauricio Dueñas Gómez mediante escritos de 20 y 21 de
julio de 202374, reiteró los argumentos de la demanda, y enlistó las pruebas que
demostraban a 2023 la afectación directa causada por el acto administrativo a otros
grupos étnicos.

126. El Presidente de la República, el Ministerio del Interior y el Ministerio de
Cultura, a través escritos de 2875 de junio y 2176 de julio de 2023 solicitaron denegar
las pretensiones de la demanda por las razones señaladas en el escrito de
contestación de la demanda.

127. La apoderada judicial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
por escrito de 19 de julio de 202377, afirmó que las pretensiones del demandante
no debían prosperar, por cuanto no se logró probar la transgresión del
ordenamiento superior. Advirtió que el decreto acusado cumplía lo ordenado en el
Auto 189 de la Corte Constitucional en aras de salvaguardar y proteger los intereses
de los cuatro pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta.

128. El IGAC mediante escritos de 28 de junio y 21 de julio de 2023 78, reiteró los
argumentos expuestos en el escrito de contestación de la demanda, concluyendo
que era pertinente denegar las pretensiones. Sin embargo, reconoció que “[…] a la
fecha no existe cartografía OFICIAL […]”, aun cuando “[…] el IGAC junto con otras
entidades del Gobierno Nacional como el Ministerio del Interior, Ministerio de
Ambiente, Ministerio de Cultura, ICANH, DIMAR, INVEMAR y el servicio Geológico,
así como, los representantes y autoridades de los cuatro (4) pueblos indígenas,
durante el año 2023 han trabajado de manera conjunta con el fin de concertar la
cartografía oficial mencionada […]”.

129. Los Cabildos Gobernadores de los pueblos Kogui, Kankuamo, Arhuaco y
Wiva de la Sierra Nevada de Santa Marta, constituidos como el Consejo
Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada de Santa Marta (CTC), en escrito de
21 de julio de 202379, reiteraron los argumentos expuestos en el libelo de la
contestación de la demanda.

130. La Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), mediante escrito de
21 de julio de 202180, insistió en que el Decreto 1500 de 2018 redefine, precisa y
actualiza el origen ancestral de la Línea Negra. Asimismo, representa la
progresividad de los derechos territoriales indígenas y la relación espiritual, cultural
y ambiental de su identidad. Por último, insistió en que ese acto administrativo no

74
Cfr. Índices 463 y 462 expediente digital Samai.
75
Cfr. Índice 440 expediente digital Samai.
76
Cfr. Índices 470 y 467 expediente digital Samai.
77
Cfr. Índices 459 y 460 expediente digital Samai.
78
Cfr. Índices 442, 465 y 468 expediente digital Samai.
79
Cfr. Índice 464 del expediente digital Samai
80
Cfr. Índice 476 del expediente digital Samai.

27

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desconoce la propiedad privada o la estatal del subsuelo, ni tampoco las
competencias de otras autoridades públicas.

131. El curador ad litem de los pueblos indígenas y afrodescendientes Wayuu,
Chimila, Los Morenos, Nelvis Aragón, Valentina Ospinito, Las Américas, Las
Balsas, La Guayabita de Monguí, Axe para los negros, Afrourranga, Antonia
Solano, Fondo Especial de Créditos Educativos para Comunidades Negras –
(FECECN), Puerto Colombia, Los Trece Cruces de la Raya del Totumo, José
Prudencio Padilla y Cascajalito por escrito de 19 de julio de 202381, señaló que
la propiedad privada era un derecho constitucional por lo que no era admisible que
el Ejecutivo, por sede administrativa, impusiera alguna restricción mediante
servidumbres.

132. LaCorporación Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad,
mediante escrito radicado el 30 de junio de 202382, afirmó que el Decreto 1500 de
2015 era legal y, por lo tanto, ninguna de las pretensiones de la demanda debía
prosperar. Explicó que la cartografía del IGAC era consecuencia de la expedición
del acto administrativo y no su fundamento jurídico. Asimismo, señaló que el
Gobierno Nacional llevó a cabo los procesos de consulta previa con los
mencionados pueblos indígenas antes de su expedición, y no se desconocieron los
derechos fundamentales de otros pueblos o de terceros.

133. La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (ASOCAPITALES),
mediante escrito de 19 de julio de 202383, insistió que el Decreto 1500 de 2018
afecta negativamente a Santa Marta, Riohacha y Valledupar, al ampliar la Línea
Negra a 348 zonas sagradas y crear conflictos de competencias. Argumentó que
estas ciudades deben participar directamente en la mesa de seguimiento y que el
acto administrativo afecta la autonomía territorial y la toma de decisiones
municipales.

134. La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), mediante escrito de 21 de
julio de 202384, reiteró que el acto demandado era ilegal, toda vez que no redefinía
el territorio de los 4 pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Asimismo, puso
de presente que el Ministerio del Interior, mediante memorando 2023-3-002105-
010668 de 27 de marzo de 2023, indicó que no se había realizado ningún estudio
de los bienes inmuebles y que el Decreto 1500 no podía ser considerado como un
instrumento jurídico de acceso a tierras.

135. La Clínica Socio jurídica de Interés Público de la Universidad de Caldas,
mediante escrito radicado el 12 de julio de 202385, reiteró los argumentos
enunciados en el escrito de coadyuvancia y afirmó que el Decreto 1500 plasmaba
únicamente la definición autónoma del territorio ancestral de los cuatro pueblos.

81
Cfr. Índices 457 del expediente digital Samai.
82
Cfr. Folios 899-918 e índice 89 del expediente digital Samai.
83
Cfr. Índice 458 del expediente digital Samai.
84
Cfr. Índice 166 del expediente digital Samai.
85
Cfr. Índice 469 del expediente digital Samai.

28

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Demandante: Yefferson Mauricio Dueñas Gómez

136. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el
Centro de Investigación y Educación Popular Programa por la Paz (CINEP),
mediante escrito de 21 de julio de 202386, subrayaron que el “Documento Madre”
existía para la fecha de la expedición del Decreto 1500 y su finalidad era definir la
territorialidad de la “Línea Negra”.

137. Los ciudadanos Angie Daniela Yepes García, Jorge Andrés Portocarrero
Delgado, María Manuela Márquez Velásquez y María Daniela Pineda Martínez,
mediante escrito de 21 de julio de 202387, ratificaron los argumentos propuestos en
la coadyuvancia.

138. Los ciudadanos Diana Carolina Sánchez Zapata, Carolina García Rojas,
Kelly Tatiana Jiménez, Clara Inés Atehortúa Arredondo, Isis Sofía Parra,
Adriana María Sanín Vélez, María Camila Salamanca y Luis Fernando Serna,
mediante escrito de 19 de julio de 202388, reiteraron que el Decreto 1500 no fue
proferido con falsa motivación ni desconoció las competencias de otras
autoridades.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

139. A efectos de decidir la presente controversia, se analizarán los siguientes
aspectos: (i) la competencia; (ii) el acto administrativo demandado; (iii) el
planteamiento del problema jurídico; (iv) el análisis del caso concreto; y (v) las
conclusiones.

II.1. Competencia

140. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
en el artículo 149 de la Ley 1437 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo
de 201989, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer,
en única instancia, los procesos de nulidad de los actos administrativos expedidos
por autoridades del orden nacional.

II.2. Acto administrativo demandado

141. La demanda va dirigida a cuestionar la legalidad del Decreto 1500 de 6 de
agosto de 2018, “[…] Por el cual se redefine el territorio ancestral de los pueblos
Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, expresado
en el sistema de espacios sagrados de la ‘Línea Negra’, como ámbito tradicional,
de especial protección, valor espiritual, cultural y ambiental, conforme los principios
y fundamentos de la Ley de Origen, y la Ley 21 de 1991, y se dictan otras
disposiciones […]”.

86
Cfr. Índice 472 y 475 del expediente digital Samai.
87
Cfr. Índice 473 y 474 del expediente digital Samai.
88
Cfr. Índice 461 del expediente digital Samai
89
Cfr. “Reglamento Interno del Consejo de Estado”.

29

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142. El artículo 1.° del Decreto 1500 señaló que su objeto es redefinir el territorio
ancestral de los cuatro pueblos y establecer medidas y garantías para su efectiva
protección. El artículo 2.° precisó el ámbito de aplicación de la norma. El artículo
3.° estableció los principios para la interpretación y protección del territorio
tradicional y ancestral. El artículo 4.° definió conceptos clave como "Ley de Origen",
"Línea Negra", y "Sistema de Espacios Sagrados". El artículo 5.° delimitó el
territorio tradicional y ancestral en la cartografía oficial adoptada por el IGAC. Los
artículos 6.° y 7.° reconocieron los derechos a la participación en el uso,
administración y conservación de recursos naturales dentro del territorio de la Línea
Negra, y al acceso a los espacios sagrados. El artículo 8.° requirió a las entidades
públicas para que incorporaran la cartografía oficial del IGAC en sus sistemas de
información. El artículo 9.° estableció que las medidas para la salvaguarda,
protección y conservación del territorio tradicional y ancestral demarcado en la
Línea Negra deben considerar el valor espiritual y ambiental del territorio y los
planes consolidados por el Gobierno Nacional. El artículo 10 creó una mesa de
seguimiento y coordinación interinstitucional para la protección de ese territorio
tradicional y ancestral. El artículo 11 describió física y culturalmente 348 espacios
sagrados de la Línea Negra.

II.3. El planteamiento del problema jurídico

143. Conforme a la fijación del litigio adoptada en la audiencia inicial de 19 de
septiembre de 2022, corresponde a la Sala determinar si el Decreto 1500
transgrede “[…] los artículos 1°, 2°, 7°, 8°, 58, 79, 150, 287, 298, 300, 311, 313,
322 y 330 de la Constitución Política; el artículo 6° de la Ley 21 de 1991; el artículo
46 de la Ley 1437 de 2011; los artículos 2.1.2.1.6., 2.1.2.1.13. y 2.1.2.1.14. del
Decreto 1081 de 2015; los artículos 31 y 32 de la Ley 152 de 1994; el artículo 29
de la Ley 1454 de 2011; el artículo 669 de la Ley 84 de 1873; los artículos 31, 65 y
66 de la Ley 99 de 1993; el artículo 3° de la Ley 136 de 1994; el artículo 5° de la
Ley 388 de 1997; los artículos 5° y 6° de la Ley 685 de 2001; los artículos 74 y 76
de la Ley 715 de 2001; el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, y el artículo 7° de la
Ley 1625 de 2013, toda vez que presuntamente se redefinió el denominado
territorio de la “Línea Negra” sin tener los soportes técnicos para tal propósito, con
desconocimiento del derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas y
afrodescendientes que ocupan la zona delimitada y área de influencia, a la
propiedad estatal del subsuelo y la correspondiente prerrogativas del Estado de
hacer uso y disponer de los recursos naturales no renovables, a los derechos
adquiridos y propiedad privada en cabeza de terceros y, con vulneración de las
competencias que, en materia ambiental y de ordenamiento territorial, le fueron
asignadas al Congreso de la República, a los entes territoriales y a las autoridades
ambientales […]”.

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II.4. Análisis del caso concreto

144. Para resolver el problema jurídico, por razones metodológicas y de acuerdo
con la pretensión principal de la demanda de nulidad, la Sala determinará si el
Decreto 1500:

i) Se encuentra falsamente motivado porque, al momento de su expedición,
presuntamente, no existía el mapa cartográfico de la Línea Negra elaborado por el
IGAC, ni la versión definitiva del “Documento Madre” elaborado por los pueblos
indígenas Kogi, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo.

ii) Se expidió de forma irregular y quebrantó los artículos 2.°, 7.°, 8.°, 79 y 330 de
la Constitución Política, la Ley 21 de 1991, el artículo 46 de la Ley 1437 de 2011,
el artículo 2.1.2.1.13 del Decreto 1081 de 2015, porque era necesario agotar el
trámite de consulta previa respecto de las comunidades indígenas y
afrocolombianas ubicadas al interior del polígono de la Línea Negra, así como de
los pueblos indígenas Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo.

iii) Se expidió de forma irregular y transgrede los artículos 2.2.1.2.1.6. y 2.1.2.1.14
del Decreto 1081 de 2015 por supuestamente desconocer la técnica normativa
prevista para la expedición de los actos administrativos, en relación con el requisito
de consulta previa y la publicación de la cartografía oficial del IGAC y del
Documento Madre.

En caso de una respuesta negativa a lo anterior, conforme a la pretensión
subsidiaria, se estudiará si los artículos 5.°, 6.°, 7.° y 9.° del Decreto 1500:

i) Se expidieron con falta de competencia y quebrantan los artículos 1.°, 150
(numeral 4.°) 287, 298, 300 (numeral 3.°), 311 y 313 (numeral 7.°) de la
Constitución Política, los artículos 31 y 32 de la Ley 152 de 1994, el artículo 29 de
la Ley 1454 de 2011, el articulo 65 (numeral 8.°) de la Ley 99 de 1993, el artículo
3.° de la Ley 136 de 1994 y el artículo 5.° de la Ley 388 de 1997, al confierir
facultades a los pueblos Kogui, Kankuamo, Wiwa y Arhuaco, encomendadas por
el legislador a los departamentos y municipios en materia de ordenamiento
territorial.

ii) Vulneran los artículos 300 (numeral 2.°) y 313 (numeral 9.°) de la Constitución
Política, los artículos 31, 65 (numerales 2.°, 3.°, 4.° y 7.°) y 66 de la Ley 99 de 1993,
el artículo 3.° (numeral 10) de la Ley 136 de 1994, los artículos 74 (numerales 9.°
y 10.°) y 76 (numeral 5.°) de la Ley 715 de 2001, el artículo 13 de la Ley 768 de
2002 y el artículo 7.° de la Ley 1625 de 2013, así como el principio de rigor
subsidiario, debido a que presuntamente otorgan a esos pueblos indígenas
competencias de las autoridades ambientales.

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iii) Vulneran los artículos 58 y 332 de la Constitución Política, los artículos 5.° y 6.°
de la Ley 685 de 2001, y el artículo 669 de la Ley 84 de 1873, al afectar los derechos
de propiedad del Estado y de los particulares.

II.4.1. La falsa motivación

145. La parte demandante señaló que el Decreto 1500 carece de una motivación
real y adecuada, ya que el "Documento Madre" y la "cartografía de los espacios
sagrados elaborada por el IGAC" no existía al momento de la expedición de ese
acto administrativo. Específicamente, consideró que “[…] el Decreto se basa y
fundamenta en documentos e información que no existieron al momento de ser
expedido y que, de acuerdo a su objeto y contenido, son sustanciales para su
concreción y aplicación […]”.

146. Para justificar lo anterior, complementó lo siguiente:

“[…] El Decreto 1500 de 2018 redefine el territorio tradicional y ancestral de los
pueblos indígenas Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa
Marta, demarcado por la Línea Negra, y aumenta el número de sus lugares
sagrados reconocidos a 348 (en algunos casos incluso modificando su ubicación).
Este territorio, objeto principal de regulación del Decreto, es muy amplio puesto que
abarca un porcentaje considerable de los departamentos de La Guajira, Magdalena
y Cesar y se traslapa con al menos 25 centros poblados, 3 resguardos de los cuatro
pueblos indígenas de la Sierra Nevada, 7 resguardos indígenas Wayúu y predios
de otras comunidades étnicas y particulares.

En todo caso, es importante hacer dos precisiones al respecto de la imposibilidad
de determinar con precisión la Línea Negra, entendida según el artículo 4° del
Decreto 1500 de 2018 como “el anillo de espacios sagrados que delimita el territorio
ancestral de los cuatro pueblos indígenas de la SNSM” y de establecer dónde queda
exactamente.

En primer lugar, la Línea Negra NO se obtiene de unir los 348 sitios sagrados
porque muchos de ellos no hacen parte del anillo o perímetro correspondiente a la
Línea Negra, sino que quedan en su interior.

En segundo lugar, ninguno de los lugares sagrados está georreferenciado pues el
artículo 11 del Decreto 1500 de 2018 que los enlista solo consagra su descripción
física, cultural y ancestral. Por ejemplo, la única referencia espacial del sitio sagrado
Abu Yongoya (número 11) es que “es un cerrito cerca de la carretera que une la
población de Haticos con el corregimiento de Badillo” y la del sitio sagrado Jaba
Nukubadûzu (número 18) es que está “ubicado en una orilla del Río Ranchería”.
Incluso hay lugares sagrados que no cuentan con una descripción física o espacial,
sino solamente cultural y ancestral, como es el caso de los sitios sagrados Jaba
Shibaldziwe (número 52), Jaba Jaxbainzhi (número 54) y Jaba Shibûzhañiñe
(número 55).

Adicionalmente, el Decreto 1500 de 2018 establece medidas para la protección del
territorio y de los lugares sagrados y para el ejercicio pleno y efectivo los derechos
de los 4 pueblos indígenas de la SNSM. En concordancia, concede a estas
comunidades indígenas derechos relacionados con el territorio, el ambiente, la
cultura, el autogobierno y la participación dentro de todo el territorio demarcado por
la Línea Negra y regula aspectos de ordenamiento territorial, facultad de autoridad

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ambiental, propiedad del subsuelo y de los recursos naturales no renovables,
derechos adquiridos y propiedad privada. […]”.

147. Con el propósito de resolver el planteamiento, la Sala recuerda que la
motivación de los actos administrativos es un elemento necesario para su validez,
según lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 1437. La motivación debe ser “[…]
clara, puntual y suficiente, hasta tal punto que justifique la expedición de los actos
y que suministre al destinatario las razones de hecho y de derecho que inspiraron
la producción de los mismos […]”90.

148. En ese orden de ideas, como el cargo se sustenta en dos premisas fácticas,
esta autoridad judicial estudiará si la cartografía de la Línea Negra y el Documento
Madre son un fundamento jurídico esencial del Decreto 1500 de 2018, y si es cierto
o no que dichos anexos no existían al momento de su publicación.

II.4.1.1. La relevancia sustancial de la cartografía oficial de la Línea Negra y
del Documento Madre

149. La parte motiva del Decreto 150091 explica que ese acto administrativo da
cumplimiento al ordinal séptimo de la parte resolutiva del Auto 189 de 2013, en el

90
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 13 de junio de 2013, número
único de radicado: 25000-23-27-000-2007-00169-01 (17495), actor: Constructora los Hayuelos S.A., demandado: DIAN,
Magistrada Ponente: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
91
El acto demandado se fundamentó en los siguientes motivos:“[…] Que según la cosmovisión de los pueblos Arhuaco,
Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta (en adelante los cuatro pueblos indígenas de la SNSM), estos
mantienen una relación con su territorio tradicional y ancestral, cimentada y construida sobre una concepción que
integra e interconecta ambiental, cultural y espiritualmente los diferentes espacios y recursos naturales sagrados
renovables y no renovables del suelo, el subsuelo y las aguas de los diferentes ecosistemas de tierra, litoral y mar
que componen la Línea Negra, denominada por estos pueblos como Jaba Seshizha (Kogui) Shetana Zhiwa (Wiwa) y
Seykutukunumaku (Arhuaco) o tejido de conectividades y relaciones que integran su territorio a los principios de la vida, el
planeta y el universo.

Que según esa misma cosmovisión, el tejido de Jaba Seshizha Shetana Zhiwa o Seykutukunumaku se extiende hacia
afuera de la Línea Negra y se conecta espiritual y materialmente con otros espacios sagrados.

Que de conformidad con esta cosmovisión, los cuatro pueblos indígenas de la SNSM sustentan el manejo y el
ordenamiento tradicional de su territorio en los que denominan códigos de interpretación de los principios de Mama
Sushi, los cuales expresan el mapa del territorio de la Línea Negra y determinan y orientan las funciones que cumplen
los diferentes espacios sagrados que la componen como tejido interconectado;

Que el cumplimiento de estas funciones implica el reconocimiento del derecho de los cuatro pueblos indígenas de la SNSM
a fortalecer su relación con su territorio tradicional y ancestral, con observancia de su Ley de Origen. […]

[…] Que los cuatro pueblos indígenas de la SNSM y sus autoridades tradicionales, han manifestado la necesidad de
precisar la identificación y expresión de los códigos ancestrales del territorio de la Línea Negra en el marco de las
Resoluciones número 002 de 1973 y 837 de 1995, así como de dar a conocer sus fundamentos conforme a los
principios de la Ley de Origen. De esta manera, han detallado los espacios sagrados que la integran, sustentando su
tejido de interconexiones de tierra, litoral y mar; así como evidenciando su relación de inherencia con el ejercicio de sus
derechos a la integridad étnica y cultural, la autodeterminación, autonomía y gobierno propio ancestral. […]

Que posteriormente, en la Sentencia T-547 de 2010 la Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales de los
Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta […] este Alto Tribunal profirió el Auto número 189 de 2013, en el
que determinó que si bien las Resoluciones número 002 de 1973 y 837 de 1995 expresan el reconocimiento jurídico
que el Gobierno nacional ha dado a la relación “especial y espiritual” que los cuatro pueblos indígenas de la SNSM
mantienen con su territorio tradicional y ancestral, estas “ya muestran su insuficiencia, requiriéndose disposiciones
más ajustadas a las necesidades del colectivo indígena”.

Que en consecuencia, la Corte Constitucional ordenó, entre otras cosas, “[i]nstar al Gobierno Nacional, oficiando a la
Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República para que a través de las dependencias competentes, inicie, de
manera inmediata, las actividades tendientes a revisar, modificar, derogar o adicionar, según sea el caso, las
Resoluciones número 837 de 1995 y 002 del 4 de enero de 1973 y demás normas complementarias, con miras a redefinir
o actualizar la denominada línea negra, de conformidad con lo estimado en la parte motiva de esta providencia”.

33

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que la Corte Constitucional instó al Gobierno Nacional a “[…] redefinir o actualizar
la denominada línea negra […]”, con miras a evitar “[…] situaciones como las que
dieron origen a los hechos de la […] acción (de tutela T-547 de 2010), en los cuales,
certificaciones expedidas por la Administración con fundamento […] (en las
Resoluciones 002 de 1973 y 837 de 1995), vulneraron los derechos fundamentales
de los 4 pueblos […]”.

150. En la sentencia T-547 de 2010 la Corte Constitucional amparó los derechos a
la consulta previa, a la integridad económica y cultural y al debido proceso de los
pueblos indígenas Kogi, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo, descendientes de los
Tayrona, debido a que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
confirió una licencia ambiental a una empresa para construir un puerto
multipropósito, sin llevar a cabo el trámite de consulta previa, a pesar de que el
proyecto afectaba un sitio sagrado de esas comunidades.

151. Durante la verificación del cumplimiento de las órdenes impartidas en esa
sentencia, la Corte Constitucional, a través del Auto 189 de 2013, instó al Gobierno
a redefinir el alcance de la Línea Negra de la siguiente forma:

“[…] Séptimo.- Instar al Gobierno Nacional, oficiando a la Secretaría Jurídica de la
Presidencia de la República para que a través de las dependencias competentes,
inicie, de manera inmediata, las actividades tendientes a revisar, modificar, derogar
o adicionar, según sea el caso, las resoluciones 837 de 1995 y 002 de enero 4 de
1973 y demás normas complementarias, con miras a redefinir o actualizar la
denominada línea negra, de conformidad con lo estimado en la parte motiva de
esta providencia. Los órganos responsables, remitirán informes a esta Sala en
relación con lo actuado, el primero de los cuales se rendirá seis meses después de
comunicada esta decisión. […]”. (Negrilla fuera del texto).

152. La Corte dictó esa orden para evitar que, en el futuro, el Ministerio del Interior
volviera a ignorar los sitios sagrados de los cuatro pueblos al expedir los
certificados de presencia de comunidades étnicas. Para ello, estableció que debía
elaborarse una cartografía consultada con estas comunidades, como se deduce
de las siguientes consideraciones:

“[…] considera la Corte que en lo que atañe a las obras del proyecto de Puerto Brisa,
enmarcadas dentro de la Licencia Ambiental hoy vigente, la consulta ha sido

[…] Que en este marco y con fundamento en su derecho a la diversidad étnica y cultural, a la autonomía, como en los
antecedentes, la jurisprudencia y las disposiciones normativas expuestas; los cuatro pueblos indígenas de la SNSM
elaboraron un Documento Madre - Jaba Seshizha (Kogui), Shetana Zhiwa (Wiwa) y Seykutukunumaku (Arhuaco) que
recoge los principios y fundamentos ancestrales de la Ley de Origen. […]

Que a fin de corroborar y unificar los espacios visibles, terrestres, litorales y marinos que hacen parte de la Línea
Negra, los cuatro pueblos indígenas de la SNSM acudieron a los mapas ancestrales codificados en espacios sagrados,
los materiales de manejo ancestral, el conocimiento de sus autoridades tradicionales, así como a los resultados de los
recorridos de campo que estos realizaron entre los años 2013 y 2014, con el acompañamiento del Ministerio del Interior y el
Instituto Colombiano de Antropología e Historia (en adelante ICANH).

Que el Documento Madre del territorio ancestral de la Línea Negra tiene por propósito constituirse en puente de entendimiento
y comprensión entre el mundo de pensamiento indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta y la institucionalidad del Estado
colombiano, a efectos de garantizar la protección de su territorio tradicional y ancestral, su autonomía e identidad cultural.
Por esta razón, y en virtud del principio de la diversidad étnica y cultural, este documento se constituye en un fundamento de
interpretación cultural en el marco de la Constitución Política. […]”. (Negrilla fuera del texto).

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agotada. Sin embargo, para todo lo que suponga variaciones futuras no solo en
las actividades de Puerto Brisa, sino, en general, realización de nuevas obras
en el entorno de la Sierra Nevada de Santa Marta, con incidencia ambiental y
cultural, de conformidad con la normatividad vigente, procederá esta Sala a
instar al Gobierno Nacional para que a través de las dependencias competentes,
inicie de manera inmediata las actividades tendientes a revisar, modificar, derogar o
adicionar, según sea el caso, las resoluciones 837 de 1995 y 002 de enero 4 de 1973
y demás normas complementarias, con miras a redefinir o actualizar la
denominada línea negra, evitando con ello, situaciones como las que dieron
origen a los hechos de esta acción de tutela, en los cuales, certificaciones
expedidas por la Administración con fundamento en normas como las
mencionadas, terminaron generando situaciones que exigieron
pronunciamientos de amparo por parte del Juez de Tutela.

Dicha revisión de las normas que precisan la línea negra, deberá contar con la
participación especializada del Instituto Colombiano de Antropología e
Historia y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y las comunidades
concernidas, para la elaboración técnica de los mapas del caso y, supondrá la
correspondiente consulta previa con las Comunidades indígenas de la Sierra
Nevada de Santa Marta. […]”. (Negrilla fuera del texto).

153. ElGobierno Nacional, antes de la expedición del Decreto 1500, en las
Resoluciones 002 de 1973 y 837 de 1995 había demarcado simbólicamente la
representación intangible de la “Línea Negra” y la descripción física de los 54 hitos
sagrados, pero no había adoptado la cartografía oficial que facilitara el proceso de
consulta, a efectos de determinar técnicamente el territorio ancestral de los cuatro
pueblos.

154. En su momento el artículo 1.° de la Resolución 002 de 1973 resolvió: “[…]
demarcar, simbólicamente la “LINEA NEGRA” de los grupos indígenas Arhuaco,
Kogi y Malayo dentro de los siguientes límites: por el Este, partiendo del Pozo
Hurtado, cerca a la ciudad de Valledupar, al sitio de Patillal; de Patillal, en dirección
Noroeste hasta encontrar la cima del cerro Kuma; de este punto al cerro Maluban;
del cerro Maluban, pasando por Piedra Colorada hasta encontrar el cerro Vigilante;
de este sitio hacia el Norte, por la quebrada Andrea hasta Dibuya, de allí al cerro
de Palomino; del cerro de Palomino entrando a territorio del Departamento del
Magdalena, a la población de Bonda; de Bonda al cerro de Mamatoco; por el Oeste,
bajando al Pozo de Lucila y hasta llegar al cerro de Santa Rosa a Camperucho en
el Departamento del Cesar; de allí al río Los Clavos; de este rio al Cerro Jimain; de
allí al Cerrito; del Cerrito pasando por la Mima donde está ubicada la Casa
Indígena, hasta llegar al Pozo Hurtado, punto de partida […]”.

155. El mismo acto administrativo, en su artículo 2.° señaló que “[…] los propietarios
de terrenos en donde se hallen sitios de pagamentos, no podrán impedir a los
Mamos ni a los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, el acceso a estos
lugares para cumplir sus prácticas mágico-religiosas […]”. Y el artículo tercero
determinó que “[…] las disposiciones de esta Resolución no afectan los derechos
de posesión y de terceros, adquiridos por justos títulos conforme a las leyes
vigentes […]”.

35

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156. Dicha resolución no localizó los lugares de pagamento. Tales referencias
simbólicas fueron ilustradas en el artículo científico titulado “La Línea Negra y otras
áreas de protección de la Sierra Nevada de Santa Marta: ¿han funcionado?”92, de
esta manera:

157. Igual aconteció en la Resolución 837 de 28 de agosto de 1995, acto en el que
“[…] las autoridades indígenas de la Sierra Nevada después de un largo proceso
de concertación y luego de una reunión celebrada entre los días 25 al 29 de julio
de 1994 determinaron los […] hitos periféricos (54) de la Línea Negra para lugar
de pagamentos […]” 93.

158. El citado acto administrativo diferenció dos tipos de demarcaciones del
territorio: la concepción radial (simbólica) y la concepción perimetral (geográfica)94.
Sin embargo, en la parte resolutiva, solo efectuó la demarcación simbólica de los
54 lugares sagrados sin pronunciarse respecto de la demarcación geográfica:

“[…] Artículo 1o. El artículo 1 de la Resolución 000002 de 1993 del Ministerio de
Gobierno quedará así:

92
Cfr. Cuaderno 2 expediente judicial físico pagina 177 y ss.
93
Cfr. Expediente judicial físico caja 1, carpeta 3, folio 659 y ss.
94
Su parte motiva precisó lo siguiente: “[…] los pueblos indígenas de Sierra Nevada de Santa Marta, han delimitado de
manera ancestral su territorio mediante una serie de líneas virtuales radiales denominadas "negras" o "de Origen" " que
unen accidentes geográficos o hitos, considerados por ellos como sagrados, con el cerro Gonawindúa -Pico Bolivar-,
de tal manera que sus pagamentos en estos hitos garantizan el flujo de fuerzas espirituales entre ellos y el centro de
la Sierra, trabajo espiritual que a su vez garantiza el equilibrio de la Sierra Nevada y del mundo en general.

Que la Resolución 000002 del 4 de enero de 1973, expedida por el Ministerio de Gobierno, demarcó simbólicamente la
"Línea Negra" de los pueblos indígenas arhuaco, kogui y malayo de la Sierra Nevada de Santa Marta, uniendo los hitos
periféricos del sistema de sitios sagrados de los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Que las concepciones radial y perimetral del territorio indígena de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta
corresponden a dos modelos de categorías diferentes: la primera, a la cosmovisión indígena, de delimitación espiritual,
dinámica y holística del territorio; la segunda, a la concepción de área geométrica y estática occidental para definición de
un territorio y que el Gobierno encuentra necesario proveer una forma de articulación intercultural entre estas
concepciones para efectos no sólo de la protección y el respeto a las prácticas culturales indígenas, sino para
garantizar una relación intercultural funcional con la autonomía política y cultural de la cual gozan los indígenas de
la Sierra Nevada de Santa Marta.

Que cuando el Ministerio de Gobierno, en 1973, por medio de la resolución 000002, delimitó la "Línea Negra", no existía la
obligación legal de que trata el artículo 6o. de la Ley 21 de 1991, ratificatoria del Convenio 169 de 1989 de la OIT
sobre "Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes", que obliga al Gobierno a consultar con los pueblos
interesados […].

Que con posterioridad a la vigencia de la Ley 21 de 1991, las autoridades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta,
después de un largo proceso de concertación, en la población de Bunkuangega-Bongá- en el resguardo kogi-arzario-
arhuaco en jurisdicción del municipio de Riohacha, departamento de La Guajira, en reunión celebrada entre los días 25 a 29
de julio de 1994, los mamos de los pueblos indígenas Ijka, Kaggaba y Wiwa, como sus autoridades representativas, de
conformidad con sus usos y costumbres, determinaron los hitos sagrados periféricos de la "Línea Negra"
(concepción radial). […]”. (Negrilla fuera del texto).

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Demandante: Yefferson Mauricio Dueñas Gómez

"Artículo 1o.: Para efectos de los artículos 2o. y 3o. de esta resolución y para todos
los efectos de delimitación tradicional del territorio indígena y de protección a la
diversidad cultural, el territorio indígena de la Sierra Nevada de Santa marta de los
pueblos Ijka, kággaba, wiwa y kankuamo se demarca simbólica y radialmente a
través de los siguientes hitos periféricos de la "Línea Negra": […]”.

159. La Resolución 837 también explicó que los pueblo Ijka (Arhuaco), Kággaba
(Kogui), Wiwa y Kankuamo delimitaron su territorio a través de unas “[…] líneas
virtuales radiales […]” “[…] que unen accidentes geográficos o hitos, considerados
por ellos como sagrados con el cerro Gonawindúa -Pico Bolívar- […]” y que los
“[…] pagamentos en estos hitos garantizan el flujo de fuerzas espirituales entre
ellos y el centro de la Sierra […]”. La siguiente grafica ilustra esos lugares sagrados:

95

160. Como puede apreciarse, en el marco de la orden impartida por la Corte
Constitucional en el auto 189 de 2013 la construcción de la cartografía oficial y
consultada de la Línea Negra no era un simple insumo técnico complementario,
sino un fundamento jurídico esencial del Decreto 1500 de 2018, dado que la falta
de certeza sobre la extensión de aquellos lugares sagrados impedía determinar el
territorio ancestral de las comunidades Kogi, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo.

161. A este hecho se suma que la representación cartográfica de la Línea Negra,
conforme a lo acreditado en el plenario, no es un polígono que surge de la unión
de los puntos en donde se ubican los lugares sagrados, como lo explicó la Corte
Constitucional en la sentencia SU-121 de 2022, en los siguientes términos:

“[…] La Sala Plena debe precisar que la línea negra no debe ser entendida como
un polígono, sino que debe comprenderse desde una concepción radial, que
corresponde a la cosmovisión indígena96; con base en la cual, ese territorio
ancestral tiene una “delimitación espiritual, dinámica y holística”, tal como se

95
Cfr. Expediente judicial físico caja 1, carpeta 5, folio 815 y ss.
96
De manera previa, en la Resolución 002 de 1973, en la parte considerativa se expresó: “[q]ue la ‘LÍNEA NEGRA’ incluye
sitios que son considerados símbolos místicos por estas culturas; || Que dentro de dichas culturas estos símbolos constituyen
elementos fundamentales en su concepto del equilibrio universal, y que deben ser accesibles para hacer ofrendas que ayuden
a mantener ese equilibrio; (…)”

37

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00262-00
Demandante: Yefferson Mauricio Dueñas Gómez

expresó en las consideraciones de la Resolución 837 del 28 de agosto de 199597
[…].

En ese mismo sentido, se consagró en el literal c) del artículo 3º Decreto 1500, que
estableció que la línea negra está integrada por “espacios o sitios sagrados [como]
zonas interconectadas en las que se encuentran los códigos ancestrales de la Ley
de Origen de los cuatro pueblos indígenas de la SNSM”. De allí, entonces, que la
línea negra se defina en el literal b) del artículo 4º, como “hilo o conexión y se
refiere a las conexiones espirituales o energéticas que unen los espacios
sagrados de tierra, litorales y aguas continentales y marinas del territorio y
todo aspecto de la naturaleza y las personas”.

En esa medida, la comprensión jurídica de la línea negra la constituye no un
polígono sino una serie de hitos periféricos demarcados simbólica y
radialmente que se interconectan, como se desprende de su consagración
normativa a partir del año de 1973. Además de la demarcación de los 348 hitos
reconocidos en el artículo 11 del Decreto 1500 de 201898, dicho cuerpo normativo
consagró distintas medidas con el fin de hacer valer la participación y los derechos
de los pueblos indígenas de la SNSM sobre cualquier POA “que pueda afectar” su
territorio y, con ello, sus derechos fundamentales. […]”. (Negrilla fuera del texto).

162. Respecto de la forma antropológica de materializar el concepto de Línea Negra
en una cartografía geográfica, la directora general del Instituto Colombiano de
Antropología e Historia, en la audiencia de 6 de febrero de 2023, explicó lo
siguiente:

“[…] La línea negra es un sistema de sitios sagrados que han establecido los cuatro
pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta. No se trata de un polígono, no se
trata de un área cartografíable en términos cartesianos. Es básicamente un
sistema que representa una geografía sagrada que está plenamente vinculada con
las cosmogonías, de los cuatro pueblos indígenas y, por lo tanto, digamos, la
complejidad que ella entraña, tiene que ver con una comprensión profunda de
las cosmovisiones de estos cuatro pueblos 99.

[…] Podríamos entonces describirla de una manera muy sencilla, pero también muy
gruesa, como una serie de puntos que tienen como un eje central, el cerro
Buena Vinua, que es el centro, digamos de la Sierra Nevada de Santa Marta y
genera un sistema radial de puntos interconectados entre sí, que
establecerían, lo que se tradujo, posteriormente como línea negra y quiero
poner un énfasis en la noción de traducción, básicamente porque esa idea de línea
negra es una idea que aparece en el marco, digamos, de investigaciones que hacen,
entre otros, un investigador alemán que a principios del siglo 20 estuvo trabajando
con las comunidades Koguí de la Sierra y tradujo la noción originaria, a esta idea de
Línea Negra.

Cuando hay una traducción al español, creo que hay que tener bastante cuidado
porque la literalidad no necesariamente da cuenta de la complejidad del concepto de

97
“Por la cual se reforma el artículo 1º de la Resolución 000002 del 4 de enero de 1973”.
98
Fue expedido el 6 de agosto y consta de tres títulos y doce artículos. El título I establece el objeto, el ámbito de aplicación,
los principios y las definiciones, que comprende los artículos 1º al 4º; el título II se refiere al ámbito material del territorio de
la línea negra y consagra la determinación del territorio tradicional, así como los efectos jurídicos de la delimitación de la
línea negra entre los artículos 5º y 6º; y el título III determina las medidas de protección de la línea negra, que comprende el
derecho de acceso a los espacios sagrados, el sistema de información de entidades públicas, las medidas de salvaguarda,
protección y conservación del territorio, la mesa de seguimiento y coordinación para la protección de la línea negra, la
descripción física, cultural y ancestral de los espacios sagrados y la vigencia de la norma a partir de la fecha de su publicación,
entre los artículos 7º a 12.
99
Cfr. Audiencia de pruebas 6 de febrero de 2023. Ver hasta minuto 50:02

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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00262-00
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fondo. Cuando nosotros hablamos de líneas porque estamos utilizando la noción de
una relación entre dos puntos, y eso no necesariamente equivale al principio de “C”,
que es un principio, digamos, de lo intangible y “D” El principio de las cosas, que está
de fondo en la concepción, sobre todo del cerro Buena Vinua donde se concentra
digamos las nociones de universo y de cosmos de estos cuatro pueblos. […]

Desde esa perspectiva, digamos cuando, insisto en la traducción de la idea de línea
negra, hay que tener esa consideración. No es una línea que simplemente junte
puntos, sino que hay que entender que la noción de línea negra en principio
digamos lo negro, tiene que ver básicamente con lo que no se ve, con lo que
está en una dimensión que no es tangible, donde está espiritualmente todo lo
existente y por lo tanto, donde los vínculos no necesariamente son directos y visibles.

Esa correlación es muy importante porque eso hace comprensible, digamos, esta
geografía sagrada en la cual se apoya la idea de línea negra que hace que no
solamente se deba tener en cuenta el vínculo de un punto con el más cercano,
sino realmente el vínculo de ese punto con todos los demás puntos como
puntos donde de fuerza donde habitan padres y madres del universo.

Hay un error recurrente y eso está explícito en el concepto que presentó el
ICANH, que es pensar que la sumatoria de puntos básicamente lo que
establece es un polígono. Eso es un error, […] uno de las grandes inconvenientes
que existe a la hora de una comprensión real de lo que significa la línea negra es
que se suele pensar que se trata de una definición que es traducible en
términos espaciales, catastrales, definibles en términos cartesianos y no
necesariamente la condición de la línea negra, fundamentalmente, es
intangible y es multidimensional, en la medida en que es aquella relación que
se establece, digamos, un sistema, entre varios puntos sagrados que ya se
alimentan a partir del centro del universo y que van a irrigar en una jerarquía también
de arriba hacia abajo. Diferentes lugares de la Sierra Nevada como puntos
sagrados100.

[…] la línea negra no es una cuestión de coordenadas, sino que básicamente es una
sumatoria de lugares sagrados, nosotros tenemos la referencialidad cualitativa de
cada uno, cada uno y la singularidad de cada uno de […] esos lugares, y podemos
decidir, digamos, ese lugar está en tal parte o en tal otro. Tenemos los puntos, pero
eso no es necesariamente una representación cartográfica. […]”. (Negrilla fuera del
texto).

163. La misma funcionaria, como “[…] antropóloga de la Universidad Nacional […]”,
“[…] magister en antropología social de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias
Sociales de Francia […]” y “[…] doctora en antropología social y etnología de la
Universidad Escuela de Altos estudios en Ciencias Sociales de Francia […]”,
definió los sitios sagrados así:

“[…] Precisamente, parte de la responsabilidad que tiene el mamo cuando está
intentando pagar, hacer pagamento y trabajar sobre ese sitio para reconectar y
reequilibrar los desórdenes que puedan existir y que afectan no solamente el lugar,
sino en general, toda la estructura y todo el sistema101
.
[…] los lugares sagrados en los sitios altos son muchísimo más poderosos y
potentes, y por lo tanto, de ahí hacia abajo también, digamos, reproducen si se quiere
la estructura organizativa, política y social de las comunidades que habitan en la

100
Cfr. Audiencia de pruebas 6 de febrero de 2023, ver hasta minuto 1:06:26.
101
Cfr. Audiencia de pruebas 6 de febrero de 2023, ver hasta minuto 1:14:00.

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Sierra. Cada Cuenca de la Sierra Nevada de Santa Marta tiene un mamo que está
de alguna manera a cargo, de estar equilibrio permanente de cada una de las
cuencas y hacia abajo justamente, están los sitios sagrados que deben proteger y
deben cuidar lo que sucede arriba, como todo está contenido en la Sierra, porque la
Sierra es el principio de todo102.

En esa medida los sitios de abajo van a ser fundamentales como guardianes, si se
quiere el equilibrio y el orden del universo, incluyendo aquellos sitios que están
digamos en el ámbito Marino. Donde habitan también padres y madres específicas,
entidades, digamos sagradas. […]”.103

164. Su testimonio se soportó en el concepto técnico de 24 de octubre de 2022104,
expedido por la Subdirección de Investigación y Producción Científica del ICANH,
que detalla lo siguiente:

“[…] En términos sencillos la línea negra puede ser entendida como la traducción de
un complejo sistema territorial, de carácter sagrado, existente entre los pueblos
Arhuacos, Kogis, Wiwas y Kankuamos, y que se fundamenta en el papel protagónico
de la Sierra Nevada de Santa Marta en la cosmogonía indígena.

[…] En la práctica, estas concepciones indígenas sobre la naturaleza y el mundo se
inscriben y cristalizan en una percepción particular del territorio. Pues, de acuerdo
con el principio de origen mítico que rige su cosmogonía, el territorio no delimita el
simple globo de tierra donde existen o residen los humanos, sino que, es el espacio
donde confluyen recíprocamente y en armonía el mundo material y espiritual.
(Mininterior, 2013-2016: 57). Sobre esta relación se configura, además, una
compleja geografía sagrada que define los límites de territorio ancestral y/ o
tradicional llenándolo de significado y estableciendo puntos precisos para su
manejo. Estos sitios son considerados como lugares o sitios sagrados, y la
responsabilidad de su cuidado está a cargo de las autoridades tradicionales:
los mamos.

[…] Como los mismos indígenas lo advierten, el territorio ancestral definido para la
Línea Negra no solo es un polígono que delimita un espacio de uso tradicional,
es un espacio sagrado, compuesto por una red de sitios “intocables” de
manejo especial, que por lo demás están interconectados energéticamente con
el resto del mundo y el Universo. De esta manera, el sistema de sitios sagrados
configura una telaraña multidimensional que comunica e interconecta todos los
lugares sagrados, de tal forma que la afectación de un sitio se reproduce en otros
con los cuales están vinculados.

[…] Estos lugares son vistos como la personificación tangible de los “dueños”
la Madre y los Padres y Madres primigenios (Mincultura, 2013-2016: 60; CIT,
2015:43) que conectan el mundo material con el mundo espiritual, y por tanto
son concebidos como los espacios donde se genera la vida, se fundamentan
y sustentan la vivencias, los pensamientos, las sabidurías, y la existencia de
todos los seres. (CIT, 2015:50).

[…] De esta manera, desde un punto de vista ritual, la línea negra puede
entenderse, igualmente, como un sistema de protección de los sitios sagrados
donde los mamos realizan sus distintos trabajos rituales ordenados por la Ley
de origen a estos pueblos, y por tanto como una estrategia política para su
preservación. Pues, cada uno de los puntos marcados en ella, y cuya unión ante

102
Cfr. Audiencia de pruebas 6 de febrero de 2023, ver hasta minuto 1:18:45.
103
Cfr. Audiencia de pruebas 6 de febrero de 2023, ver hasta minuto 1:22:16.
104
Cfr. Índice 331 del expediente digital.

40

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00262-00
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nuestros ojos demarca un polígono definido, en realidad, marca los límites de una
zona de protección configurada por una red tridimensional de sitios sagrados que
definen gran parte de su territorio ancestral. […]” (Negrilla fuera del texto).

165. En similar sentido, la investigación de 2018 titulada “Armero y la Sierra o el
mundo que cae. Consideraciones teóricas sobre lugares pesados” que hace parte
del libro editado por el ICANH denominado “Lugares sagrados: definiciones y
amenazas. Prolegómenos a la elaboración de una política pública dirigida a los
pueblos indígenas” 105 , describe la práctica cultural del pagamento en los lugares
sagrados de la Línea Negra, así:

“[…] Morales Thomas (20II) descubre que la celebración del Corpus Christi en la
comunidad de Atánquez ha venido escondiendo una serie de recorridos que vinculan
antiguos lugares de pagamento entre los que sobresalen el campanario, una piedra
que fue enterrada en la plaza, algunos cerros circundantes y lagunas lejanas.
Mediante la elaboración de mapas y la recolección y búsqueda de tradiciones orales,
llega a la sorprendente conclusión de que los lugares de pagamento se están
desenterrando a medida que los kankuamo van recuperando la tradición a
través del ritual.

Y aunque no existe un conjunto de relatos míticos, las relaciones profundas
persisten de dos maneras en los recorridos de la fiesta, según mi parecer: 1)
porque el pagamento es un tipo de trabajo, y 2) porque los recorridos
mantienen vivos a los lugares sewá.

Examinemos el primero de los casos, el pagamento como trabajo. Lo que los
antropólogos suelen llamar ritual es realizado con un fin práctico: el pagamento
produce y mantiene al mundo. No es la actuación de un mito con fines religiosos.
[…] Su tarea es mantener al mundo en equilibrio a través del trabajo ritual: "les toca
hacer trabajo tradicional". Incluso, entre los kankuamo, en donde no hay mamos sino
capitanes de la fiesta, su trabajo consiste en hacer pagamento. El Corpus Christi es
una fiesta en la que se trabaja de forma tradicional, pagando. Ese trabajo
tradicional manipula, pone en contacto, seduce a las fuerzas fundamentales
para postergar la inevitable catástrofe final, prometida por los mitos.

Para aplazar ese evento definitivo o sus anticipaciones, que ellos ven cada cierto
tiempo, los mamos y los capitanes necesitan disponer del conjunto total de
fuerzas existentes; no de todo el mundo, sino del modelo del mundo. […]

El trabajo tradicional de mamos y capitanes consiste en reconciliar al mundo
con el mundo: al pequeño mundo de la casa con el mundo de la Sierra y con el
mundo más allá de la Sierra. Las agrupaciones y los capitanes del Corpus "van
por un hilo de un sitio de pagamento a otro sitio de pagamento, de sewá a
sewá. Sus recorridos constituyen un muy viejo tipo de aseguranza que mantiene
la consustancialidad del Sé, el acuerdo entre el mundo invisible y el mundo
visible, el amarre que sostiene a nuestro mundo material.

Lo anterior permite afirmar que la línea negra es el recorrido de una aseguranza
y, a la vez, ella misma es una aseguranza. Si los lugares en donde quedaron
las Madres, los Padres y los Dueños se comunican entre sí, el trabajo de los
manos supone hacer recorridos para realizar pagamentos y asegurar el vínculo
con Sé. […]

105
Lugares sagrados: definiciones y amenazas. Prolegómenos a la elaboración de una política pública dirigida a los pueblos
indígenas. / Marta María Saade Granados, editora. - Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, 2018.

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Mis amigos iku afirman con solvencia que la línea negra es el cordón umbilical
por donde pasa toda la fuerza, pero es necesario hacer trabajo tradicional para
que aquella pase. Hay lugares en los que la fuerza de la Madre opera un cambio
topológico en la geografía, de tal manera que sirven como portales a otros lugares
de esta misma tierra o como cercos o contenedores de lo que la tierra puede
contener. Esos lugares son llamados, por indios y campesinos, lugares pesados.
[…]”106. (Negrilla fuera del texto).

166. El “[…] informe sobre el trabajo realizado por el Instituto Colombiano de
Antropología e Historia en el marco de la redefinición de la Línea Negra en la Sierra
Nevada de Santa Marta (auto 189 de 2013) […]” de 18 de noviembre de 2014,
demuestra que la caracterización de la Línea Negra se materializa en la
identificación de los espacios sagrados que las mismas comunidades identificaron
entre 2013 a 2014107.

167. Jaime Luis Arias Ramírez, Cabildo Gobernador del Pueblo Kankuamo108, en el
testimonio de 30 de enero de 2023, explicó que todo el territorio de la Sierra Nevada
de Santa Marta era sagrado, pero que existían unos espacios específicos físicos
que tenían la siguiente función ancestral, espiritual y cultural, veamos:

“[…] son los espacios que nos permiten mantener esa conexión con la
naturaleza y los elementos que armonizan la vida, el agua, la tierra, el fuego, el
aire para que siga manteniéndose ese equilibrio no solamente en la Sierra109.

Los sitios sagrados tienen un reconocimiento tanto de nosotros como pueblo
porque es parte del fundamento de nuestra existencia como pueblos y en ese
sentido, pues es de conocimiento desde esa visión, esa sabiduría central y ese
sí indudablemente es reconocido por nuestros mamos y autoridades

106
Cfr. Expediente judicial físico caja 1, carpeta 17, folio 3247 y ss.
107
Aquel estudio clasificó los lugares sagrados en las siguientes tipologías: “[…] a. Lugar de culto/pagamento
El pagamento se reconoce en el territorio a través de la Ley de Orígen o Shé, la cual, está inscrita en los accidentes
geográficos en las inmediaciones de la Sierra Nevada. Ésta determina los lugares que el Padre Serankua dejó a los Cuatro
Pueblos para cuidar con el fin de mantener el equilibrio en el universo. Por tal motivo, tales sitios deben ser alimentados y
protegidos a través de tributos que permitan que ese equilibrio permanezca mediante la intervención de los sabedores o
mamos.
En consecuencia, los sitios de pagamento representan necesidades de los pueblos con la naturaleza, tales como el agua,
las enfermedades, los animales, la fabricación de herramientas, los minerales, etc. Además, estos espacios permiten una
lectura de la vida social, lo que posibilita su rol como guardianes.
b. Lugar natural excepcional:
Con frecuencia, la separación entre cultura y naturaleza que existe entre los occidentales no permanece en las comunidades
indígenas. Asimismo, entre los pueblos de la Sierra Nevada, la antropomorfización de los objetos y seres de la naturaleza se
media a través del reconocimiento de espacios excepcionales que deben ser protegidos.
En este sentido, entre los pueblos de la SNSM se reconoce los lugares que por la presencia, refugio o reunión de especies
excepcionales, también son lugares sagrados por ser el hábitat o casa de dichas especies que hay que respetar.
c. Lugar de su cosmovisión:
El paisaje no sólo es testigo de los hermanos mayores y de los hermanos menores, sino que también de aquellos que vivían
cuando "todavía no amanecía", Estos fueron y son seres que forjaron las alianzas, tradiciones, hábitos y reglas por las que
hoy se rigen las comunidades de la Sierra.
El territorio registra directamente el lugar en donde los Antiguos anduvieron, se sentaron, reflexionaron y castigaron las
conductas consideradas como indebidas. Es así, que un sitio sagrado se constituye como tal por ser testigo de tales hazañas,
que hoy, reafirman el gobierno y el trabajo tradicional.
d. Lugar de memoria:
La cultura socializa a la naturaleza con la que convive. El sabedor indígena accede al conocimiento de su cultura a través
del paisaje, que como cronotopos, permite que los lugares sagrados sean vistos como un libro para acceder a las tradiciones
de su pueblo. En la naturaleza, las autoridades tradicionales ven inscritos los ritos y los mitos, así como los deberes que
tienen sobre el territorio, haciendo un ejercicio de memoria histórica.
Un lugar de la memoria también es un lugar para matrimonios, para bautismos, para ritos funerarios, para recibir el Shewa,
para entender la naturaleza, recordar a los mayores o formar a los menores. […]”. (Negrilla fuera del texto).
108
Cfr. Audiencia de pruebas de 30 de enero de 2023. Ver hasta minuto 40:23.
109
Cfr. Audiencia de pruebas de 30 de enero de 2023. Ver hasta minuto 1:07:45.

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espirituales y que todo el pueblo, pues hacemos parte como fundamento de
ese conocimiento.110

Las prácticas que se realizan en el territorio ancestral, de acuerdo a nuestro
fundamento de vida, y en todos esos espacios, van acorde a nuestra ley de origen y
que parten desde ese conocimiento para cumplir ese mandato de vida que tenemos
los pueblos en cabeza de nuestros mamo, autoridades espirituales.111

Pues para nosotros los pueblos de la Sierra, de acuerdo a ese fundamento de vida
en nuestra ley de origen, cuidamos respetando el orden espiritual y retribuyendo
desde ese conocimiento a todos los elementos de la naturaleza que están
representados en esos espacios sagrados, con las ceremonias y con los
diferentes ejercicios culturales y materiales que se realizan para esa
retribución espiritual y esa armonía en dichos espacios. […]”112. (Negrilla fuera
del texto).

168. Asimismo, el Cabildo Gobernador del Pueblo Wiwa113, José Mario Bolívar
Malo, en su testimonio de 30 de enero de 2023, explicó que ellos realizan 4
recorridos al año por los lugares sagrados siguiendo su calendario cultural;
recorridos que sirvieron de fundamento al procedimiento de concertación y
caracterización de los espacios sagrados identificados en el Decreto 1500.
Veamos:

“[…] Nosotros lo recorridos y los encuentros es costumbre de nosotros hacerlo
de acuerdo al sistema del calendario cultural, nosotros hacemos 4 recorridos en
el año y hacemos 6 encuentros en el año para realizar las actividades misionales
que están establecidas en los derechos fundamentales de la autodeterminación y la
identidad cultural, y que lo establece la misma Constitución, para nosotros poder
subsistir en nuestros conocimientos y prácticas culturales es costumbre de realizar
los encuentros los recorridos que hacemos en la parte baja en la parte media y la
parte alta del territorio.114 […]”. (Negrilla fuera del texto).

169. El informe final de agosto de 2014 del Convenio Interadministrativo M633 de
2013, denominado “Caracterización de Espacios Sagrados del Pueblo Arhuaco en la
Línea Negra de la Sierra Nevada de Santa Marta”, define los lugares sagrados de
esta manera:

“[…] Son gobiernos propios organizados jerárquicamente en el marco de la
permanencia del gobierno ancestral físicamente y en ánugwe. En tal sentido, como
jerarquía de gobierno no se reduce únicamente a un punto físico, sino que vincula todas
las categorías del gobierno propio: requiere la Kunkurwa o espacio de reunión; la
finca o el espacio de garantía de alimentos para el sostenimiento de gobierno;
Mamu, gunamut y vivienda para los mismos, espacio de crianza de animales;
requiere una zona de obtención de materiales para construcción de las viviendas
propias; áreas de reunión, zonas de obtención de a burus, espacios para corte
de leña, agua.

Por tal razón, los espacios sagrados son áreas interconectadas y no puntos.
Mantienen relaciones energéticas hacia el centro de la tierra y hacia el cosmos,

110
Cfr. Audiencia de pruebas de 30 de enero de 2023. Ver hasta minuto 1:12:47.
111
Cfr. Audiencia de pruebas de 30 de enero de 2023. Ver hasta minuto 1:13:46.
112
Cfr. Audiencia de pruebas de 30 de enero de 2023. Ver hasta minuto 1:16:48.
113
Cfr. Audiencia de pruebas de 30 de enero de 2023. Ver hasta minuto 1:45:10.
114
Cfr. Audiencia de pruebas de 30 de enero de 2023. Ver hasta minuto 1:58:31.

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en los Ikawa ka'gumu Unpunkwa que representan los nueve planos existentes.
Los espacios sagrados al mismo tiempo están profundamente relacionados con los
Murunzamas y los kadukwu que además contienen e interpretan ley de origen. […] En
los espacios sagrados se encuentran los códigos ancestrales de las leyes
dejadas desde el origen […]”. (Negrilla fuera del texto).

170. El “informe final en el marco del convenio M1078 celebrado entre la Nación-
Ministerio del Interior y Cabildo Indígena del Resguardo Kankuamo”115 de 2014,
aclara que “[…] la visión del territorio comprende tanto la dimensión espiritual, que se
asienta en la Ley de Origen y la Madre Naturaleza, como la dimensión material que
evoca el espacio donde se desenvuelven las culturas. […]”. Sobre la naturaleza y
funcionalidad de los sitios sagrados, enseña que:

“[…] El pueblo Kankuamo posee una concepción del espacio físico habitado que
trasciende las materialidades propias de la cosmovisión occidental. Nujuákala es lo
que se ha llamado Sitio Sagrado y es una norma, es la fuente del conocimiento y
el deber del cumplimiento de la Ley bajo la cual se diseña el manejo y uso del
territorio. Los Espacios sagrados son los que nos dan la orientación para el
manejo del territorio, es lo que nos hace gobernar en un territorio, cada espacio
sagrado tiene su jurisdicción y sus competencias y dentro de esos es que Gobernamos
y concertamos con otros […].

[…] Los espacios sagrados son áreas estratégicamente en diferentes zonas del
territorio, cada una de ellos articula de manera específica los diversos aspectos de la
vida ambiental, cultural, política, social y económica. […] Por lo tanto, lo ideal para la
permanencia de la cultura es la recuperación del control total de cada uno de los
espacios sagrados, en especial los más importantes, como los que conforman la
Línea Negra […]”. (Negrilla fuera del texto).

171. El documento de “caracterización de los espacios y sitios sagrados del territorio
ancestral del pueblo Wiwa”116, elaborado el 30 de enero de 2014 por la Organización
Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona - OWYBT, concluye lo siguiente:

“[…] Para el pueblo Wiwa los lugares sagrados representan los códigos que
contienen las normas de uso y manejo ambiental, territorial, espiritual y material.
Estos Espacios hacen parte de un tejido natural encadenado al sistema espiritual y
material del territorio Ancestral, que interactúa en el marco del ordenamiento
territorial de acuerdo a la ley de origen desde la interpretación y el conocimiento de
los Sagas y Mamos.

[…] Los espacios sagrados en los que se recrea la cultura del Pueblo Wiwa son
parte fundamental de la vida de este pueblo; su respeto es fundamental para
verdaderamente lograr una relación de equidad con el resto de la sociedad
nacional. […]” (Negrilla fuera del texto).

172. A partir de lo anterior, la Sala concluye que la Línea Negra (Séshizha) es un
concepto bidimensional tangible e intangible que se materializa físicamente en los
espacios sagrados y los caminos de peregrinación.

115
Cfr. Expediente judicial físico caja 1, carpeta 18, folio 3554 y ss.
116
Cfr. Expediente judicial físico caja 1, carpeta 21, folio 4050 y ss. Elaborado por el Resguardo Indigena Arhuaco y la
Confederación Indígena Tairona.

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173. Conforme al material probatorio, los espacios sagrados son: (i) un sitio físico que
vincula todas las categorías del gobierno propio; (ii) orientaciones del manejo del
territorio; (iii) lugares que permiten el equilibrio natural y que hacen parte de un tejido
natural encadenado al sistema espiritual del territorio ancestral que interactúa en el
marco de la ley de origen desde la interpretación y conocimiento de los Mamos; (iv)
un código sobre la forma de vivir y fundamento de la existencia de los 4 pueblos; (v)
áreas interconectadas energéticamente y no puntos; y (vi) estaciones de
peregrinación para el cumplimiento de la función misional de esos grupos indígenas.

174. Nótese entonces que la Línea Negra, en la representación cartográfica, no
es un polígono sino un anillo que incluye los espacios sagrados y los recorridos
de peregrinación.

175. Cabe mencionar que la Corte Constitucional explicó en las sentencias SU-383
de 2003117, T-693 de 2011118, T-009 de 2013119 y SU-123 de 2018120 que, de
conformidad con los artículos 329 y 330 de la Constitución Política, y 13 y 14 del
Convenio 169 de la OIT121, la noción de “territorio” acogida por el Convenio 169 de
117
En la sentencia SU-383 de 2003 se explicó que “[…] cabe considerar que la concepción territorial de los pueblos indígenas
y tribales no concuerda con la visión de ordenamiento espacial que maneja el resto de la nación colombiana, “porque para
el indígena, la territorialidad no se limita únicamente a una ocupación y apropiación del bosque y sus recursos, pues
la trama de las relaciones sociales trasciende el nivel empírico y lleva a que las técnicas y estrategias de manejo del
medio ambiente no se puedan entender sin los aspectos simbólicos a los que están asociadas y que se articulan
con otras dimensiones que la ciencia occidental no reconoce”.117 || De ahí que el profesor e investigador de la
Universidad Nacional, Juan Alvaro Echeverri, define el vocablo territorio, atendiendo a la cosmovisión indígena así: ||
“Entonces tenemos que el territorio es un espacio y es un proceso que lleva a la configuración de una palabra de ley,
entendida como palabra de consejo, educación. Ese espacio no es necesariamente un espacio geográfico marcado por
afloramientos rocosos, quebradas, lomas, cananguchales, pozos, barrancos. Ese espacio geográfico es memoria, es
efectivamente escritura de ese proceso de creación que está ocurriendo todo el tiempo: en la crianza de los hijos,
en las relaciones sociales, en la resolución de problemas, en la curación de las enfermedades”. [un aspecto que se
debe] tener en cuenta para la delimitación de la entidad territorial indígena [es] la concurrencia de intereses en los
lugares sagrados -como lo advierte el profesor Clemente Forero de la Universidad Nacional. […]” (negrilla fuera del
texto). 118
En la sentencia T-693 de 2011 se afirmó lo siguiente: “[…] Con relación al derecho a la protección de las áreas sagradas
o de especial importancia ritual y cultural, incluso si están ubicadas fuera de los resguardos, se observa que el Convenio
169 acoge un concepto amplio de territorio, al indicar que se consideran como tal, aquellas áreas de una comunidad que
comprenden, no sólo las tituladas o habitadas, sino también aquellas que constituyen el ámbito tradicional de sus
actividades tradicionales, sagradas o espirituales. || Bajo este entendido, el territorio viene a ser el lugar donde las
comunidades indígenas pueden desenvolverse según su cultura, su saber y sus costumbres. Es decir, un espacio físico bajo
la influencia cultural y control político de sus propias costumbres. (…)
Así, en consonancia con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia sobre el concepto de territorio en las
comunidades étnicas, entendiendo por tal, no sólo las áreas tituladas a una comunidad, sino también aquellas que
constituyen el ámbito tradicional de sus actividades culturales, religiosas y económicas, etc. el Charcón Humapo, por
ser el lugar donde la comunidad indígena puede desenvolverse libremente según su cultura, su saber y sus costumbres, hace
parte de su territorio ancestral. […]” (negrilla fuera del texto). M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, 23 de septiembre de 2011.

119
Indicó que el concepto de territorio indígena no debía ser exclusivamente geográfico, sino que adquiere la connotación de
territorio dinámico, a efectos de proteger jurídicamente los derechos culturales de estos grupos relacionados con la práctica
de rituales en sectores externos a los resguardos, por las siguientes razones: “[…] Dada la relación de las comunidades con
el hábitat, su concepto de territorio es dinámico, pues para ellas comprende, como indica la doctrina, “todo espacio que
es actualmente imprescindible para que un pueblo indígena acceda a los recursos naturales que hacen posible su
reproducción material y espiritual (…) || De ahí, la importancia de ampliar el concepto de territorio de las comunidades étnicas
a nivel jurídico, para que comprenda no sólo las áreas tituladas, habitadas y explotadas por una comunidad –por ejemplo
bajo la figura del resguardo-, sino también aquellas que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades culturales y
económicas, de manera que se facilite el fortalecimiento de la relación espiritual y material de estos pueblos con la tierra y
se contribuya a la preservación de las costumbres pasadas y su transmisión a las generaciones futuras […]”(negrilla fuera
del texto). M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, 21 de enero de 2013. 120
La misma Corte Constitucional en la sentencia SU-123 de 2018 aclaró que los derechos de los pueblos indígenas que
ejercen sobre el “territorio tradicional amplio” no tienen el mismo alcance que aquellos que poseen y ejercen en el
“territorio geográfico” de la comunidad. 121
Aprobado a través de la Ley 21 de 1991. En particular, el artículo 13 del Convenio impone a los gobiernos el deber de
respetar la importancia especial que, para las culturas y valores espirituales de los pueblos, reviste su relación con las tierras
o territorios que ocupan o utilizan de alguna otra manera, con énfasis en los aspectos colectivos de esa relación. A su turno,
el artículo 14 exige reconocer el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras tradicionalmente ocupadas, pero además
ordena salvaguardar el derecho a utilizar tierras no ocupadas exclusivamente por las comunidades, cuando han tenido
acceso tradicional a ellas para actividades tradicionales y de subsistencia, lo que evidencia que la protección no se agota en

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la OIT, comprende no solo las áreas tituladas a los pueblos indígenas, sino también
aquellas que, sin ser parte del resguardo, se desarrollan actividades tradicionales,
sagradas o espirituales.

176. Esto significa que la protección constitucional de la identidad cultural de los
cuatro pueblos sobre la Línea Negra recae sobre el territorio delimitado
geográficamente que, aunque no esté formalmente incorporado a sus resguardos,
resulta esencial para su cosmovisión y para la continuidad de sus prácticas
colectivas. Los espacios en donde no se desarrollen prácticas culturales, no hacen
parte del territorio ancestral.

177. En este contexto, la Sala coincide con el demandante en el hecho que la
elaboración de la cartografía oficial de la Línea Negra y del Documento Madre
constituyen los soportes objetivos y vinculantes para definir el alcance espacial de
los derechos, competencias y obligaciones que el decreto reconoce y regula.

178. La Corte Constitucional aclaró en el Auto 189 que la “[…] revisión de las normas
que precisan la línea negra, deberá contar con la participación especializada del
Instituto Colombiano de Antropología e Historia y el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi y las comunidades concernidas, para la elaboración técnica de los mapas
del caso y, supondrá la correspondiente consulta previa con las Comunidades
indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta […]”.

179. En línea con lo anterior, los artículos 3.°, 5.°, 8 y 11 del Decreto 1500 señalaron
expresamente que la cartografía oficial del IGAC y el Documento Madre son
anexos y parte integral del Decreto 1500, en los siguientes términos:

“[…] ARTÍCULO 3°. PRINCIPIOS. La interpretación, el reconocimiento y la
comprensión del territorio tradicional y ancestral delimitado en el presente decreto,
tendrán como fundamento los siguientes principios:

[…] e) Interpretación cultural. Cuando surja alguna duda en la interpretación de los
términos utilizados en el presente Decreto, su alcance, objeto, o efectos, se acudirá
a los criterios constitucionales, legales y jurisprudenciales, a la Ley de Origen y
derecho propio de los cuatro pueblos indígenas de la SNSM, y al Documento Madre
como su expresión y criterio de interpretación, el cual es anexo de este decreto;

ARTÍCULO 5°. DETERMINACIÓN DEL TERRITORIO TRADICIONAL Y
ANCESTRAL DE LOS CUATRO PUEBLOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA
MARTA, a través del sistema de espacios sagrados de la Línea Negra, y de la
cartografía oficial nacional. El territorio tradicional y ancestral de los cuatro pueblos
indígenas de la SNSM, es el espacio delimitado en la cartografía oficial adoptada
por el IGAC, una vez suscrito el presente decreto, el cual es anexo y parte
integral del mismo.

Este territorio se redefine a partir de la caracterización de algunos de los
espacios sagrados terrestres, litorales y marinos del sistema de espacios

el título de propiedad ni en el perímetro del resguardo. Ambos preceptos integran el bloque de constitucionalidad por virtud
del artículo 93 superior.

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sagrados expresado en la Línea Negra, los cuales se establecen en el artículo
11 de este decreto. […]

ARTÍCULO 8°. SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS. Para
efecto de sus actuaciones, las entidades públicas que se encarguen de la elaboración
o administración de sistemas de información que versen sobre aspectos del territorio
tradicional y ancestral de la Línea Negra y/o sus recursos naturales, deberán
incorporar a los mismos la cartografía oficial del IGAC, de conformidad con lo
establecido en este decreto.

ARTÍCULO 11. DESCRIPCIÓN FÍSICA, CULTURAL Y ANCESTRAL DE
ESPACIOS SAGRADOS DE LA LÍNEA NEGRA. Las funciones y conectividades
descritas en este artículo deberán observarse para efectos de interpretar la
cartografía anexa y lo dispuesto en este decreto.

1. Ka’simuratu: […]

348. Nibué – Seynuriwa […]”. (Negrilla fuera del texto).

180. En consecuencia, la ausencia de la cartografía oficial y del Documento Madre
al momento de expedir el Decreto 1500 de 2018 no sería un simple defecto
subsanable, sino que esa omisión tendría consecuencias directas en la manera en
que se ejercen, definen y configuran los derechos reconocidos por el acto
administrativo.

II.4.1.2. Lo acreditado en el plenario sobre la elaboración de la cartografía
oficial de la Línea Negra y del Documento Madre

181. En el acervo probatorio se demostró que los pueblos indígenas Kogui, Wiwa,
Arhuaco y Kankuamo elaboraron el “Documento Madre”, durante las vigencias
2013 a 2015122. La Confederación Indígena Tayrona (Pueblo Arhuaco), la
Organización Gonawindúa Tayrona (Pueblo Kogui), la Organización Wiwa
Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (Pueblo Wiwa) y la Organización Indígena
Kankuama123 publicaron el 9 de diciembre de 2015 el estudio antropológico y
etnográfico titulado “Documento Madre de la Línea Negra – Jaba Seshiza – de los
cuatro pueblos indígenas”, el cual hace parte de los anexos del acto acusado.

182. Sin embargo, no se acreditó que, durante el procedimiento de expedición del
Decreto 1500, este se elaborara con apoyo del IGAC en cuanto a la cartografía
oficial de la Línea Negra.

122
Para caracterizar los lugares sagrados, la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior
celebró los siguientes convenios con las comunidades Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo: (i) convenio M-1076 del 16 de
diciembre de 2013, celebrado con la Organización Wiwa Yuguamiun kunkuanarua Tayrona; (ii) convenio M-1078 del 16 de
diciembre de 2013, celebrado con el Cabildo Indígena del Resguardo Kankuamo; (iii) convenio M-633 del 30 de septiembre
de 2013, celebrado con el Cabildo del Resguardo Arhuaco; y (iv) convenio M-1112 de 2013 del 18 de diciembre de 2013,
celebrado con el Cabildo del Resguardo Kogui - Malayo.
123
Cfr. Expediente judicial físico caja 1, carpeta 9, folio 1638 y ss. Ese documento fue el resultado del convenio TDTG-SCTO-
24-210-05-15 suscrito entre el “Cabildo Indígena del Resguardo Kogui Malayo Arhuaco” y la “Fundación Colombiana para el
Desarrollo”, con el objetivo de «apoyar la revisión y consolidación "espiritual y material" y sus conexiones desde la visión
integral de los cuatro pueblos en el marco de la Línea Negra en el componente cultural, ambiental y jurídico desde la visión
ancestral, con el fin de constituir un aporte para un documento general de "fundamentos culturales"». Allí se tradujo de forma
escrita el conocimiento ancestral de la Ley de origen a como resultado del trabajo adelantado entre los años 2013 y 2014 por
las autoridades espirituales de la SNSM, con el acompañamiento del ICANH y del Ministerio del Interior.

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183. El 25 de febrero de 2016, los cuatro pueblos presentaron su propuesta de
decreto para redefinir la Línea Negra. A partir de esa fecha, los representantes de
la Presidencia de la República, del Ministerio del Interior, del IGAC, del ICANH y
de las comunidades indígenas debatieron el texto en cuestión en 22 reuniones124.
En algunas de estas reuniones, los funcionarios del IGAC señalaron que se
presentaban dificultades cartográficas y técnicas que impedían la elaboración del
mapa del “anillo físico” de la Línea Negra.

184. El acta de la reunión celebrada el 2 de agosto de 2016 entre los funcionarios
del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, del Ministerio
del Interior, del IGAC y del ICANH125 recopila las siguientes discusiones:

“[…] Cristina Pardo da inicio a la reunión. Indica que ya existe un texto de decreto y
un mapa con los puntos de la línea negra. Considera que solo falta el concepto del
ICANH que valide la ubicación de los puntos sagrados desde un punto de vista
técnico antropológico. Resalta de nuevo la dificultad de establecer perímetros
alrededor de cada punto. Considera que eso puede ocurrir cuando se adelanten
proyectos concretos.

Julio Ossa reconoce que también existen dificultades para demarcar las áreas
que rodean los puntos de la línea negra. Fabián Villalba dice que las áreas deben
hacerse hacia adentro. Hacia afuera es imposible, porque es indeterminado. Jaime
Escrucería considera que el punto debe ser el sitio más distante del perímetro, que
no podría hacerse la definición de cada punto como una nueva área. El punto es el
más distante.
Ernesto Montenegro admite que en muchos casos es problemático definir si es
necesario hacer consulta previa alrededor de los sitios ubicados por las
comunidades. Dice que en esa lógica tocaría definir nuevos polígonos por cada
punto. Propone que en cada caso específico se determinaría la zona de
influencia, para afectar los puntos sagrados como bienes de interés cultural.
Dice que no todos los bienes de interés cultural requieren plan de manejo.

Cristina Pardo advierte además que esa obligación no estaba prevista en el contrato.
Ernesto Montenegro propone que en cada caso se haga el plan de manejo. Jaime
Escrucería advierte que hay otros sitios. Ernesto Montenegro advierte que debería
adoptarse la denominación de bien de interés cultural para que no se denomine
sitio sagrado, lo que permitiría hacerle un plan de manejo al bien de interés
cultural, pues ya existe una metodología para el manejo de ese sitio. Es un
método que regula el ministerio de cultura. Jaime Escrucería sostiene que eso
puede generar problemas de manejo por parte de las comunidades. […]”.
(Negrilla fuera del texto).

185. El acta de 3 de noviembre de 2016 señala que el subdirector del IGAC y los
delegados de los 4 pueblos se reunieron para dialogar sobre la cartografía que
acompañó el Documento Madre y los problemas asociados a la georreferenciación
de los puntos sagrados. Veamos:

“[…] 1. Los Pueblos solicitan en el marco de la mesa interinstitucional que se
entregue la propuesta oficial del Gobierno Nacional, sobre la cartografía […]

124
En las reuniones de 25 de abril, 27 de septiembre, 20 y 21 de octubre, 3, 17, 18, 29 y 30 de noviembre, 1, 2, 14 y 15 de
diciembre de 2016; 10, 17, 20 y 21 de febrero, y 31 de marzo de 2017; 22 y 23 de marzo, 13 y 14 de abril de 2018.
125
Cfr. Expediente judicial físico caja 1, carpeta 8, folio 1575 y ss.

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2. El IGAC realizará el cruce cartográfico con el fin de determinar si el área marítima
incluida en el polígono resultado del trabajo ICAHN-IGAC, está dentro o fuera del
área marítima nacional, o si se traslapa con áreas marítimas internacionales. […]
4. Los Pueblos Indígenas remitirán documento aclaratorio sobre los 27 espacios
sagrados, al Ministerio del Interior […]”126. (Negrilla fuera del texto).

186. También el acta de 14 de diciembre de 2016127 refiere a “[…] la necesidad de
precisar cartografía de la Línea Negra, la cual está pendiente por presentar por
parte del Gobierno Nacional, en particular lo referente a sus espacios marinos […]”.
En dicha mesa participó la Secretaría Jurídica de la Presidencia, la Dirección de
Asuntos Indígenas, Rom y Minorías y el asesor jurídico de los 4 pueblos.

187. Posteriormente, en el Acta de 31 de marzo de 2017, la Secretaría Jurídica de
la Presidencia, la Coordinación de Actuaciones Administrativas del Ministerio del
Interior, la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y minorías, la Dirección de
Patrimonio del Ministerio de Cultura, la Agencia Nacional de Tierras y los
representantes de la Confederación Territorial de Cabildos afirmaron que “[…] el
Gobierno se compromete a enviar el Shape File de la cartografía, que se encuentra
sujeto a discusión técnica de ambas partes […]”.

188. Sin embargo, tras el incumplimiento del anterior compromiso, en el Acta de 20
de febrero de 2017, la Secretaría Jurídica de Presidencia, el Ministerio del Interior,
la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y minorías, la Dirección de Patrimonio del
Ministerio de Cultura, el Ministerio de Ambiente y los representantes de la
Confederación Territorial de Cabildos, nuevamente afirmaron que tendrían “[…]
definida para la próxima mesa de trabajo la propuesta cartográfica […]”.

189. Esta tarea tampoco se cumplió en la reunión celebrada los días 13 y 14 de abril
de 2018128 y, por ello, el asesor de la Secretaría Jurídica de Presidencia, los
funcionarios de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y minorías, el funcionario
del IGAC y los representantes de la Confederación Territorial de Cabildos,
consignaron la siguiente obligación en dicha acta:

“[…] Después de la explicación técnica realizada por el IGAC, las partes acogen
el concepto de “polígono” para referirse a la delimitación del espacio
tradicional y ancestral de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta
[…] Tareas […]

Secretaría jurídica: Enviar un oficio al Director del IGAC para que proyecte el
mapa de la línea negra. Dicho mapa será una versión preliminar (borrador) de
la cartografía hasta tanto se expida el decreto, de conformidad con el texto
actual (anexo). […]”. (Negrilla fuera del texto).

190. Posteriormente, el Gobierno Nacional y las comunidades acordaron elevar una
consulta ante el IGAC a efectos de solicitar el mapa cartográfico y una explicación
sobre el alcance que tiene la figura “polígono” y “línea perimetral”129.

126
Cfr. Expediente judicial físico caja 1, carpeta 13, folio 2438 y ss.
127
Cfr. Expediente judicial físico caja 1, carpeta 2, folio 255.
128
Cfr. Expediente judicial físico caja 1, carpeta 6, folio 1034 y ss.
129
Cfr. Expediente judicial físico caja 1, carpeta 6, folio 1037 y ss.

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191. En respuesta al mencionado requerimiento, la Secretaría General del IGAC
emitió el concepto 8002018IE7936O1 de 2 de agosto de 2018; documento en el
que identificó las siguientes problemáticas relacionadas con la construcción del
insumo cartográfico por parte de la entidad:

“[…] 2. En lo relacionado con la coexistencia y coordinación de autoridades y
regímenes jurídicos, […] falta precisión frente al proceder cuando existan dos
autoridades igualmente competentes en el mismo territorio. En este sentido, el
decreto se limita a establecer que ante la coexistencia de regímenes jurídicos se
adelantarán mecanismos de coordinación, lo cual no otorga una orientación válida
para lo que en esencia sería un conflicto de competencias. […]

3. Resultan preocupantes las afectaciones a los derechos de terceros con esta
nueva delimitación, a pesar de que el proyecto de decreto dispone expresamente
que las medidas allí adoptadas no tienen perjuicio en lo relacionado con los
derechos adquiridos de terceros y otras comunidades. Teniendo en cuenta que
el artículo 6 relativo a los efectos jurídicos de la delimitación de la línea negra
únicamente indica las consecuencias relativas a los pueblos indígenas, sin indicar
claramente qué limitaciones implica esto a los derechos de terceros y en
especial las limitaciones relacionadas con su propiedad privada y los atributos
de esta. La falta de precisión frente a los efectos a terceros, no permite determinar
con claridad si la nueva delimitación implica restricciones a procesos
productivos, inversión, licencias y otras actividades que propietarios de predios
afectados o terceros pudiesen adelantar y que posiblemente afecten el desarrollo
de los rituales y ceremonias propias de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada
de Santa Marta.

4. Es importante que se tenga claro por parte del Gobierno Nacional que esta
"ampliación del territorio indígena" conlleva el aumento de actividades que
requerirían que se adelante consulta previa. […]

5. Sobre al artículo 4, de las definiciones. se refiere al sistema de espacios sagrados
indicando que se regirá bajo normas propias, su gobierno propio y su ordenamiento
tradicional en el territorio. ¿Cómo se pude interpretar este ordenamiento
tradicional con el ordenamiento territorial ya previsto para las entidades
territoriales que están dentro del área de influencia del área de La línea negra?
De otra parte, no es preciso a que (sic) refiere la recolección de materiales de uso
tradicional, no se identifican estos materiales, lo que podría llevar en algún momento,
a una explotación de recursos naturales que estén bajo las disposiciones indígenas
y no guarden relación con la normativa nacional del tema, pudiéndose generar un
riesgo para la vida de la población indígena y no indígena.

6. Sobre el Artículo 5, es importante resaltar que no es dable adoptarse como parte
integral de un decreto un documento en creación, lo anterior, por cuanto se afirma
que: "es el espacio del polígono determinado en la cartografía oficial adoptada por el
IGAC, una vez suscrito el presente decreto, la cual anexo y hace parte integral del
mismo". Debe revisarse la redacción, y de ser procedente disponer en artículo
subsiguiente al que define la descripción física, cultural y ancestral de espacio
sagrados de línea negra (art. 12) que el IGAC en un término perentorio deberá
llevar a cabo la disposición en la cartografía oficial de la línea negra. Por cuanto,
la obligación que estaría en cabeza del Instituto Geográfico Agustín Codazzi con la
eventual expedición del presente decreto, se traduce en la delimitación del
polígono en la cartografía oficial, situación que implica la efectividad de la
norma reglamentaria.

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7. Del artículo 7, cuando se refiere al programa de adquisición de espacios sagrados,
¿se quiere decir que a futuro se planea por el gobierno nacional todos los elementos
que se encuentran dentro de la descripción de la Línea negra? […] la redacción de
este artículo es ambigua y no detalla las normas a las cuales se regirá la
adquisición y si en determinado caso procederá la expropiación para aquellos
propietarios que se rehúsen a vender los predios, y como (sic) se realizará este
proceso. […]

8. El artículo 8 señala el Derecho de Acceso a los Espacios Sagrados del Territorio
Tradicional y Ancestral de la Línea Negra, que a nuestro parecer se asemeja a una
especie de servidumbre y usufructo sobre los predios privados, en este sentido
consideramos prudente que el artículo deje expresa la necesidad de adelantar
las gestiones jurídicas pertinentes para la consecución de los fines allí
señalados. Consideramos prudente resaltar que esta nueva delimitación puede
afectar los Planes de Ordenamiento Territorial de los Municipios incluidos, lo
cual puede generar afectaciones a derechos de terceros que con base en el POT
actual adelantaron proyectos o los trámites necesarios y que con una nueva
regulación se verían limitados sus derechos. […]”. (Negrilla fuera del texto).

192. El 6 de agosto de 2018 se expidió el Decreto 1500 sin que el IGAC hubiese
adoptado la respectiva cartografía oficial.

193. Enel oficio de 11 de octubre de 2018, el coordinador GIT del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi explicó cuál fue la participación del instituto en las
mesas de trabajo que antecedieron a ese acto administrativo, así:

“[…] Es importante mencionar que el IGAC ha participado activamente en el
desarrollo del proceso, asistiendo a las reuniones en el nivel central y territorial,
orientado hacia el trabajo armónico gubernamental, con un aporte técnico
especializado en la construcción de la Línea Negra y aportando en la discusión para
la redacción de las propuestas de varias versiones de Decreto, este trabajo se ha
realizado en los últimos cuatro años.

• El tema a trabajar ha sido altamente complejo, debido a las implicaciones que
en diferentes ámbitos acarrea la formalidad del decreto (posible consulta
previa, ordenamiento territorial, las implicaciones en las distintas locomotoras,
distinto (sic) proyectos de los múltiples sectores).

• Otro tema de amplia discusión fue el de las implicaciones en la propiedad privada
y propiedad pública, la discusión se centró en la (sic) salvaguardar la
propiedad, debido a que algunos sitios sagrados se ubican en propiedad
privada y en lugares públicos - como por ejemplo la Plaza Alfonso López en la
ciudad de Valledupar.

• Con respecto a la determinación de los puntos de los sitios sagrados, se realizó un
trabajo articulado entre los diferentes actores; los cuatro pueblos indígenas
con la coordinación del Ministerio del Interior realizaron un trabajo en donde se
identificaron más de 500 puntos sagrados, posteriormente se realizó un
acompañamiento en la "revisión" de los sitios sagrados por parte del Instituto
Colombiano de Antropología e Historia y se viabilizaron 348.

• Posteriormente el IGAC realizó un trabajo preliminar para la ubicación de los puntos
levantados y se representaron en una cartografía a escala 1:25000, con la finalidad
de mostrar gráficamente a los diferentes actores las implicaciones e impactos del
tema y que serviría de insumo para los diálogos con los cuatro pueblos indígenas.

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• El artículo 5 del decreto 1500 de 2018, preceptúa la Determinación (sic) del territorio
tradicional y ancestral de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, a
través del sistema de espacios sagrados de la Línea Negra, y de la cartografía oficial
nacional, para lo cual el espacio es delimitado en la cartografía oficial adoptada por
el IGAC.

-Ahora bien, toda vez que el IGAC no fue la entidad que participó en el
levantamiento de los puntos que determinaron como sitios sagrados y se
desconoce el proceso técnico utilizado para la determinación de las
coordenadas que representan esos sitios sagrados, se sugiere que si se decide
por parte del Gobierna Nacional adoptar en la cartografía oficial de Colombia
esos puntos, sea únicamente con fines representativos a escala 1:100.000 y no
se podrán utilizar para consultas a nivel de predio con fines judiciales,
jurídicas, administrativas o de cualquier otro índole […]”130. (Negrilla fuera del
texto).

194. Sobre el mismo punto, mediante oficio de 26 de octubre de 2022131, la jefe de
la Oficina Asesora Jurídica del IGAC, dando cumplimiento a lo dispuesto por esta
Corporación en audiencia inicial de 19 de septiembre de 2022, informó lo siguiente:

“[…] en el mes de abril de 2022, se realizaron dos (2) reuniones virtuales y una
presencial en la ciudad de Valledupar, con las autoridades indígenas de los cuatro
(4) pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, con el fin de revisar los insumos
disponibles frente a la cartografía a la que hace referencia el Decreto 1500 de 2018,
así como verificar en la cartografía oficial la correspondencia desde el ámbito técnico
ya mencionado.

De igual forma, con base en estos ejercicios, desde el punto de vista técnico y
cartográfico, esta cartografía preliminar concertada con las comunidades,
específicamente la georreferenciación de los 348 lugares sagrados, así como
el polígono del territorio ancestral, se recibió una comunicación oficial suscrita por
las autoridades de los cuatro (4) pueblos indígenas de la sierra nevada de santa
Marta (sic), en la cual se avala el ejercicio realizado desde el punto de vista técnico
por el IGAC.

[…] Es importante indicar que, no obstante que ya se cuenta con esta cartografía
terrestre, aun no se puede considerar como oficial hasta tanto se integre con la
cartografía marítima, trabajo que está siendo liderado por la Dirección General
Marítima (DIMAR), mediante mesas técnicas de trabajo interinstitucional. […]”.
(Negrilla fuera del texto).

195. El director general del Instituto geográfico Agustín Codazzi132 explicó en el
testimonio rendido el 13 de febrero de 2023 que:

“[…] El equipo técnico del IGAC acompañó a los responsables de establecer la
conexión sobre los temas ancestrales y todo lo demás, y simplemente iban señalando
las líneas y los puntos para establecer posteriormente esa área de la línea negra que
no se hizo en su momento, simplemente se generaron esos insumos y entiendo yo

130
Cfr. Expediente judicial físico caja 1, carpeta 3, folio 680 y ss.
131
Cfr. Índice 325 del expediente digital.
132
Abogado de la Universidad Libre con maestría en política económica en la Universidad de Belgrano, especialización en
planificación y gestión de políticas sociales de la Universidad de Buenos Aires y una especialización en Management
Ambiental de la Pontificia Católica de Argentina.

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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00262-00
Demandante: Yefferson Mauricio Dueñas Gómez

[…] están próximos a expedirse ese mapa, digamos que esa cartografía oficial para
establecer adecuadamente lo que se ha denominado como la línea Negra.

[…] ciertamente como usted lo señala, parece inferirse del texto del decreto,
como si existiera esa, esa cartografía o de allí se generará esa cartografía
oficial, pero lo cierto es que no. Bueno, quizás fue unos temas de redacción, valga
aclarar que ese decreto no está suscrito por el IGAC, ese decreto está suscrito,
básicamente, o mejor por el Ministerio del Interior, por el Ministerio de Cultura, por el
Ministerio de Ambiente y no participa de la suscripción de ese decreto ni el Dane, que
es la cabeza del sector a la que pertenece IGAC, ni el IGAC mismo.

[…] creo yo que, todo ese levantamiento en sitio, en el sitio que del que estamos
hablando, debe recoger sin duda, todos esos elementos que usted menciona, el
detalle de qué aparece allí, en esos polígonos que se levantaron, pues deben ser
parte de los anexos que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi al finalizar su tarea
y expedir la cartografía oficial, debe acompañar.133

[…] hubo un acompañamiento (...) técnico por parte de los cartógrafos, por parte de
los geógrafos del Instituto donde se nos iba señalando, según el Ministerio del
Interior, consideraban hacían parte de esos lugares sagrados y demás, sino que
simplemente se iban haciendo el trazado de polígonos y de puntos, pero no existe
un mapa previo a estos digamos, hay solamente un mapa que es el que está
pendiente de ser expedido por el Instituto. […]”134. (Negrilla fuera del texto).

196. En el plenario además obra el memorando 1200AJ-2023-0000108-EI-002 de
20 de febrero de 2023135, en el que la Subdirección de Geografía del IGAC
reconoce que “[…] aunque ya se encuentra con la delimitación del territorio
terrestre, dado que la delimitación del territorio marítimo se encuentra en
construcción por parte de las entidades competentes y atendiendo al principio de
integralidad de la Línea Negra, actualmente no se cuenta con el polígono oficial
publicado, del territorio ancestral ni de los espacios sagrados […]”.

197. El 9 de agosto de 2023136 el IGAC informó que se publicó la cartografía oficial
de la Línea Negra en su portal web137.

198. En este contexto probatorio, la Sala no comparte el argumento justificativo del
extremo pasivo, consistente en que la cartografía oficial de la Línea Negra no es un
fundamento o motivo del Decreto 1500, sino un efecto de lo ordenado en el artículo
5.°. Por el contrario, la interpretación literal de ese precepto, así como la hermenéutica
sistemática de todo el Decreto 1500, conduce a la conclusión consistente en que la
construcción intercultural, técnica y antropológica de dicha cartografía constituía uno
de los motivos principales del acto.

199. La parte motiva del Decreto 1500 señala que el Gobierno Nacional ejerció sus
funciones en cumplimiento del exhorto de la Corte Constitucional, relacionado con la

133
Ver hasta minuto 37:26.
134
Ver hasta minuto 43:24.
135
Cfr. Índice 384 del expediente digital.
136
Cfr. Índice 493 del expediente digital.
137
https://www.colombiaenmapas.gov.co/?e=-87.3432432910149,-7.043398110578671,61.15183704102185,16.90204
5963 395814, 4686&b=igac&u=0&t=4101#.

53

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construcción de los mapas de la Línea Negra que dotarían de certeza jurídica la toma
de decisiones.

200. Bajo este marco, el proceso de delimitación de la Línea Negra comenzó con la
identificación de más de 500 puntos sagrados por parte de los cuatro pueblos
indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Estos puntos fueron revisados y
reducidos a 348 por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).

201. Posteriormente, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) realizó un
trabajo preliminar para la ubicación de estos puntos en una cartografía a escala
1:25000. Sin embargo, como se explicó en la reunión celebrada el 2 de agosto de
2016, entre los funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República, del Ministerio del Interior, del IGAC y del ICANH, cada sitio sagrado
o “punto” cuenta con una respectiva delimitación geográfica específica.

202. Los lugares sagrados, en el contexto de la Resolución 3760 de 2017138 del
Ministerio de Cultura, además pueden enmarcarse en la figura de bien de interés
cultural.

203. Se advierte que, durante la expedición del acto administrativo, surgieron varias
dificultades técnicas y cartográficas, en particular para definir las áreas
circundantes a los puntos sagrados y la coexistencia de autoridades y regímenes
jurídicos en el mismo territorio. En las reuniones y mesas de trabajo, los
representantes de las comunidades indígenas, junto con funcionarios del IGAC, la
Presidencia de la República, el Ministerio del Interior y otros organismos
gubernamentales, discutieron y trataron de resolver estos problemas. Entre las
discusiones estaban aspectos como la delimitación de los espacios sagrados
dentro del polígono de la Línea Negra y las implicaciones legales y técnicas de esta
figura cartográfica.

204. En el acta de la reunión de 25 de febrero de 2016, celebrada entre la Secretaría
Jurídica de la Presidencia, el Coordinador de la Dirección de Asuntos Indígenas,
Rom y Minorías, el director de Consulta Previa, la subdirectora científica del
ICANH, el director del IGAC y por los Cabildos Gobernadores de los pueblos
Arhuaco, Kankuamo y Kogui, los asistentes debatieron lo siguiente:

“[…] Toma la palabra el señor Julio Ossa, asesor de la Secretaría Jurídica de
Presidencia, quien eleva las siguientes consideraciones a ser tenidas en cuenta:
1. Definir el alcance del decreto. Si se debe limitar al Auto 189 de 2013 de la Corte
Constitucional o si se debería enmarcar en otro ámbito.

[…] 2. Establecer cuál es el régimen jurídico de la Línea Negra, dado que no
estamos en el marco de unos territorios que están titulados a la colectividad
indígena, sino que coincide con predios privados. […]

138
“[…] Por la cual se incluye la manifestación “Sistema de Conocimiento Ancestral de los pueblos arhuaco, kankuamo, kogui
y wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta” en la Lista representativa de patrimonio cultural inmaterial del ámbito nacional,
y se aprueba su Plan Especial de Salvaguardia […]”.

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[…] 4. Existe una limitación entre el contenido normativo y el contenido filosófico lo
que genera una necesidad de aterrizar los conceptos.[…]

5. Muchos de los artículos que contempla el decreto se trata sobre legislar
sobre las áreas de propiedad privada. […]

6. El decreto estaría modificando el ordenamiento territorial de entidades que
ya tienen su propio ordenamiento.

[…] Dra. Pardo manifiesta que no desconoce lo que la Corte Constitucional ha dicho,
sin embargo, llama a los asistentes a reflexionar sobre los siguientes dos puntos:1.
Los límites del gobierno en la sanción de un decreto.
2. Tener parámetros de proporcionalidad claros que hagan viable el decreto o
el instrumento jurídico que resultara del ejercicio. […]” (negrilla fuera del texto).

205. Asimismo, el acta de 17 de noviembre de 2016139, suscrita por el asesor de la
Secretaría Jurídica de Presidencia, por el Coordinador de la Dirección de Asuntos
Indígenas, Rom y Minorías y por los Cabildos Gobernadores de los pueblos
Arhuaco, Kankuamo, Kogui y Wiwa, recopila el siguiente debate respecto del objeto
del decreto:

“[…] 2. En la propuesta se lee que se propone un cogobierno, lo cual no se puede
aceptar porque es inconstitucional. En este sentido, invita a llegar a un Decreto
constitucional.

3.Mantiene la disposición de diálogo y la disposición del Gobierno Nacional para
avanzar en la elaboración de una propuesta que Decreto o de instrumento jurídico
que redefina la Línea Negra.

4. Afirma que algunas de las propuestas del decreto no pueden aplicarse
porque son de reserva de norma de jerarquía superior; porque modifican
disposiciones relativas al ordenamiento territorial o a las competencias de las
autoridades públicas del Estado.

[…] Luego, las autoridades de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta toman
la palabra y elevan las siguientes consideraciones con base en expuesto por el
Gobierno Nacional, sus posturas se exponen a continuación:

1. La propuesta enviada no (sic) va más allá de lo ordenado por la Corte
Constitucional, toda vez que no se está dando solamente cumplimiento en el
Auto 189 de 2013 sino a un proceso históricos de los pueblos por la defensa y
protección de los derechos territoriales.

2. La propuesta de Decreto no tiene la intención de crear un cogobierno sino de
generar la Participación plena y efectiva de los pueblos en la gestión y
planificación.
3. Los cabildos manifiestan su interés de tener un diálogo pacífico y constructivo con
el gobierno nacional en pro de lograr un acuerdo […]” (negrilla fuera del texto).

206. Más adelante, en la reunión de 14 de diciembre de 2016 140, el asesor de la
Secretaría Jurídica de Presidencia, los funcionarios de la Dirección de Asuntos

139
Cfr. Expediente judicial físico caja 1, carpeta 2, folio 273 y ss.
140
Cfr. Expediente judicial físico caja 1, carpeta 2, folio 255.

55

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Indígenas, Rom y Minorías y el asesor jurídico de los 4 pueblos, dialogaron sobre
los siguientes aspectos del decreto:

“[…] 2. La importancia de distinguir entre tierras tituladas y no tituladas.
3. La definición de los alcances de la autonomía y del gobierno propio y su
ejercicio en el territorio ancestral y tradicional de la Línea Negra.
4. La necesidad de desarrollar a mayor grado las medidas relacionadas a la
coexistencia de los sistemas jurídicos y la definición de su alcance. […]”
(negrilla fuera del texto).

207. A pesar de los esfuerzos realizados, el mapa oficial de la Línea Negra no se
completó antes de la expedición del Decreto 1500 el 6 de agosto de 2018.

208. Las consideraciones de la Corte Constitucional en el Auto 189 de 2013, en el
Auto 154 de 2019 y en la sentencia SU-121 de 2022, refuerzan este argumento.
Incluso la Corte Constitucional en el Auto 154 de 2019 expuso lo siguiente141:

“[…] El 6 de agosto de 2018 cuando se hallaban ambos expedientes en la
Corporación, se expidió el Decreto 1500 que redefinió el territorio ancestral de los
cuatro pueblos indígenas, siendo relevante contar con datos actuales que permitan
abordar el asunto desde distintas aristas […].

Y aunque se esperaba que las pruebas practicadas permitieran obtener un
conocimiento preciso sobre el espacio delimitado como la Línea Negra luego de la
expedición del decreto, las allegadas hasta el momento no han arrojado las luces
esperadas en torno a su definición, en tanto, de acuerdo con lo informado, las
autoridades competentes aún no cuentan con la información que permita tener
una georreferenciación en la novísima disposición de los límites especificados,
los lugares de pagamento y los asentamientos poblacionales.

Por su parte, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi refirió que hasta la fecha no
cuenta con la información para dar cumplimiento al artículo 5 del Decreto 1500 de
2018, pues para que describa los espacios previstos en el artículo 11 del mencionado
decreto en la cartografía oficial, se requiere que la Presidencia de la República aporte
la información con la cual fue creada la denominada Línea Negra.

Sin embargo, los artículos 5 y 11 de tal normativa dan cuenta de un mapeo
inicial que generó la disposición en mención y con la que han de contar el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi como entidad encargada de producir el
mapa oficial y la cartografía básica de Colombia, así como el Ministerio del
Interior, partícipe del decreto expedido el 6 de agosto del año pasado. […]”.
(Negrilla fuera del texto).

209. Por lo expuesto anteriormente se reitera que, si bien el artículo 5 delDecreto
1500 de 2018 estableció que “[…] El territorio tradicional y ancestral de los cuatro
pueblos indígenas de la SNSM, es el espacio delimitado en la cartografía oficial
adoptada por el IGAC, una vez suscrito el presente decreto, el cual es anexo y
parte integral del mismo […]”, de conformidad con los antecedentes indicados, la
redefinición del territorio implicaba que, al momento de la expedición del acto
acusado, se contara con la cartografía oficial expedida por el IGAC.

141
Referencia: expedientes T-6.844.960 y T-6.832.445 (acumulados), Asunto: Decreto de pruebas y práctica de inspección
judicial a expediente, Magistrado Sustanciador: JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS.

56

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210. Se insiste que dicha cartografía constituye parte integral del Decreto y anexo
del mismo, entre otros aspectos, para definir la descripción física, cultural y
ancestral de espacios sagrados, como lo dispone el artículo 11 ibidem al señalar
que “[...] Las funciones y conectividades descritas en este artículo deberán
observarse para efectos de interpretar la cartografía anexa y lo dispuesto en este
decreto […]”. (negrilla fuera del texto).

211. La motivación como un presupuesto de validez del acto administrativo implica
que debe estar presente al momento de su expedición, toda vez que se impone la
carga a la parte demandada de exponer los argumentos operativos, técnicos y
jurídicos que respaldaban ese tipo de decisiones en la propia decisión o en sus
antecedentes, sin que sea procedente adoptarse como parte integral de un decreto
un documento preliminar o en creación, en la medida que para la redefinición se
deben ponderar elementos concretos y precisos y cualquier disposición contenida
en los anexos debe ser considerada al analizar la validez y efectos del acto
administrativo.

212. Por lo tanto, el cargo de falsa motivación cuenta con vocación de prosperidad
porque el Presidente de la República al expedir el Decreto 1500 no contaba con la
cartografía oficial de la “Línea Negra”. Dicha omisión generó que el insumo
cartográfico que se estaba construyendo, y que era un anexo del acto demandado,
tampoco responda a lo acreditado en el plenario sobre el territorio ancestral
geográfico de la Línea Negra, que es distinto a la concepción cultural e intangible
que cobija a la Sierra Nevada de Santa Marta142.

II.4.2. Expedición irregular por desconocimiento del derecho a la consulta
previa

213. La parte actora consideró que el Decreto 1500 se expidió de forma irregular y
quebrantó los artículos 2.°, 7.°, 8.°, 79 y 330 de la Constitución Política, la Ley 21
de 1991, el artículo 46 de la Ley 1437 de 2011, el artículo 2.1.2.1.13 del Decreto
1081 de 2015, porque era necesario agotar el trámite de consulta previa respecto
de las comunidades indígenas y afrocolombianas ubicadas al interior del polígono

142
La protección de la Sierra Nevada de Santa Marta, como un “territorio inmaterial ancestral” obra en el Plan Especial de
Salvaguardia (PES) de esa manifestación del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Entre los años 2013 y 2016 los
cuatro pueblos indígenas de la SNSM con el acompañamiento del Ministerio de Cultura construyeron de forma participativa
el Plan Especial de Salvaguardia (PES) del Sistema de conocimiento ancestral de los pueblos Arhuaco, Kankuamo, Kogui y
Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta. Con fundamento en ese trabajo, el Ministerio de Cultura expidió la Resolución
3760 de 2017 con el propósito de incluir la manifestación “Sistema de conocimiento ancestral de los pueblos Arhuaco,
Kankuamo, Kogui y Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta” en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Nación. Aquel acto puntualizó que los espacios culturales son un campo de esa manifestación como puede leerse:
“[…] El Sistema de Conocimiento Ancestral de los pueblos Arhuaco, Kankuamo, Kogui y Wiwa de la SNSM se inscribe dentro
de los siguientes campos del PCI:
• Lengua y tradición oral: […]
• Organización social: […]
• Conocimientos sobre la naturaleza y el universo: […]
-Espacios culturales: porque en el territorio propio confluye todo un ensamblaje de conocimientos ancestrales que
abarca la visión de mantenimiento del entorno natural fundamentado en la Ley de Origen. […]”. (Negrilla fuera del
texto).

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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00262-00
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de la Línea Negra143, así como de los pueblos indígenas Kogui, Wiwa, Arhuaco y
Kankuamo.

214. En contraposición, el extremo pasivo del litigio explicó que el Decreto 1500
afectó directamente solo a los pueblos Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo, dado
que los artículos 2.° y 3.° (literal h) de esa norma señalaron que “[…] la propiedad
privada, los derechos adquiridos, de terceros con justo título y aquellos de otras
comunidades, serán reconocidos y respetados con arraigo a la Constitución Política
y la ley […]”. Por eso, el Gobierno Nacional solo debía consultar su contenido con
los cuatro pueblos.

215. Para resolver estos reparos, la Sala estudiará: (i) el régimen jurídico de la
consulta previa; (ii) la procedencia de la consulta previa respecto de los cuatro
pueblos reconocidos como litisconsortes necesarios; y (iii) la procedencia de la
consulta previa frente a las comunidades indígenas y afrodescendientes
reconocidas como terceros con interés en el resultado del proceso.

i) El régimen jurídico de la consulta previa

216. El derecho a la consulta previa es una prerrogativa de naturaleza fundamental
que se sustenta en los artículos 1.º, 7.º, 70, 246, 286, 329 y 330 de la Constitución
Política, en el Convenio 169 de la OIT “[…] Sobre pueblos indígenas y tribales en
países independientes […]”, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
derechos de los pueblos indígenas adoptada en el 2007, y en otras normas e
instrumentos de orden interno y supranacional.

143
Se refirió a “[…] las comunidades indígenas Wayuu y Chimila y los Consejos Comunitarios de las Comunidades negras
Los Palenques de Juan y Medio, Los Moreneros, El Negro Robles, Nelvis Aragon, Valentina Ospinto, Las Américas, Las
Balsas, La Guayabita de Mongui, Axe para los Negros, Afrourranga, Antonio Solano, FECECN, Puerto Colombia, La Nueva
Esperanza de los Negros, Predio El Carmen, Los Trece Cruces de la Raya del Totumo, José Prudencio Padilla y Cascajalito
[…]”.

58

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217. Los artículos 2.°144, 6.°145 y 15146 del Convenio 169 de la OIT147 precisan que
los pueblos indígenas y tribales deberán ser consultados en relación con las
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente 148.

218. Para la Corte Constitucional el concepto de “afectación directa” refiere al evento
en que el grupo étnico sea objeto de una intromisión intolerable en sus dinámicas
sociales, económicas y culturales149.

219. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado mediante concepto
de 20 de junio de 2017, enlistó los siguientes criterios reconocidos por la Corte
Constitucional en la sentencia C-1051 de 2012, a efectos de determinar cuándo una
decisión o actividad afecta a un grupo étnico directamente:

“[…] i) La regulación de materias contenidas en el Convenio 169 de la OIT da lugar a
una afectación directa. […] Sin embargo, la simple referencia temática a estos
asuntos no es suficiente por sí misma para establecer una afectación directa; se
requiere analizar en cada caso el alcance y contenido específico de cada medida
como tal, para efectos de establecer su impacto y su nivel de afectación sobre el
derecho, o los derechos, relevante(s) en cada caso.

ii) Debe tenerse en cuenta el significado que para las comunidades tengan los bienes
o prácticas sociales afectadas con la medida.

iii) Así mismo debe revisarse si la medida afecta los intereses de las comunidades
[…]

iv) Puede existir una afectación directa cuando la medida tiene como propósito
principal regular una o varias comunidades étnicas o tiene mayores efectos en estas
que en el resto de la población.

144
El numeral 1° del artículo 2.° del Convenio 169 señaló que: “[…] los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de
desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los
derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad […]”. El literal b) del artículo 2.° agregó que tal acción
debía incluir medidas que “[…] promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos
pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones […]”.
145
Se determinó que los Gobiernos, “[…] al aplicar las disposiciones del presente Convenio […]”, deben: “[…] a) Consultar a
los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representantivas,
cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;
b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la
misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas
y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;
c) Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos y en los casos apropiados
proporcionar los recursos necesarios para este fin.
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada
a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. […]”.
146
El numeral 2 del artículo 15 del Convenio 169 de la OIT, precisó que: “[…] En caso de que pertenezca al Estado la
propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras,
los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de
determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier
programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar
siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier
daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades. […]”.
147
Aprobado por el Congreso de la República a través de la Ley 21 de 1991, el cual forma parte del bloque de
constitucionalidad.
148
Si bien es cierto el Convenio 169 de la OIT constituye el principal instrumento internacional, lo cierto es que existen otros
instrumentos internacionales donde se reconoce dicho derecho, como son: el Pacto Internacional sobre los Derechos, Civiles
y Políticos –en adelante PIDCP–, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, PIDESC-, y la
Convención Americana sobre los Derechos Humanos, CADH, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de
los Pueblos Indígenas aprobada por la Resolución 61 de 295 y la Convención para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial.
149
Cfr. Sentencias C-418 de 2002, C-891 de 2002, C-208 de 2007, C-030 de 2008, C-461 de 2008, C-175 de 2009, C-615
de 2009, C-702 de 2010, C-196 de 2012, C-389 de 2016 y C-007 de 2018.

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v) Se presenta una afectación directa si la medida legislativa regula materias sobre
las cuales los pueblos indígenas tienen derechos constitucionales específicos.

vi) Puede existir también una afectación directa cuando se trata de asuntos
relacionados con los territorios de los grupos étnicos, tales como el territorio en sí
mismo, el aprovechamiento de la tierra rural y forestal o la explotación de recursos
naturales en las zonas en que se asientan las comunidades.

vii) Para determinar la afectación directa de una medida legislativa debe tomarse en
consideración si esta es de aplicación directa, o si por el contrario consagra un marco
normativo general que tiene que ser desarrollado posteriormente a través de otros
actos jurídicos, como leyes y actos administrativos.

viii) Finalmente, la ocurrencia de una afectación directa puede establecerse teniendo
en cuenta los antecedentes históricos de la medida. […]” (Negrilla fuera de texto).

220. Conforme con lo expuesto, la consulta previa procede cuando una medida
(política, plan o proyecto) afecte cualquiera de los derechos de los pueblos
indígenas o tribales modificando materialmente su situación o posición jurídica.
Adicionalmente, debido al sentido particular que tiene la tierra para los grupos
étnicos, el deber de llevar a cabo la consulta previa se extiende a las actividades
que impacten directamente los predios titulados colectivamente y los lugares que
ocupan o utilizan de manera cultural, ancestral o espiritual, previa verificación de
los criterios dispuestos por la Corte Constitucional para tal efecto en la sentencia
SU-123 de 2018150.

221. Por lo tanto, la autoridad competente, antes de expedir un acto administrativo,
debe verificar si es necesario agotar ese procedimiento, conforme a lo previsto en
el artículo 46151 de la Ley 1437 y en el artículo 2.1.2.1.13 del Decreto 1081 de
2015152.

ii) La procedencia de la consulta previa respecto de los pueblos indígenas
reconocidos como litisconsortes necesarios

222. El Gobierno Nacional contaba con la obligación de “[…] establecer los medios
a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente […] en
la adopción de decisiones […] que les conciernan […]”, teniendo en cuenta las
particularidades del caso, por la competencia dispuesta en el literal b) del artículo
2° del Convenio 169.

150
La Corte explicó que “[…] las autoridades deben tomar en consideración en el caso concreto los elementos económicos,
culturales, ancestrales, espirituales que vinculan a un pueblo étnico a un determinado espacio. Es igualmente posible que
las autoridades competentes, para establecer si existe o no afectación directa por impacto en el territorio, tomen en
consideración la intensidad, la permanencia efectiva y la exclusividad con la cual un pueblo étnico ha ocupado o no un
determinado espacio específico, al igual que sus particularidades culturales y económicas como pueblo nómada o sedentario
o en vía de extinción. Para el efecto, será determinante verificar la intensidad, permanencia efectiva o grado de exclusividad
de las prácticas culturales, ancestrales, espirituales o económicas de la comunidad en el territorio amplio, lo cual realizaran
las autoridades públicas, en diálogo con las autoridades indígenas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.3 del
Convenio 169 de la OIT. […]”.
151
“[…] ARTÍCULO 46. Consulta obligatoria. Cuando la Constitución o la ley ordenen la realización de una consulta previa a
la adopción de una decisión administrativa, dicha consulta deberá realizarse dentro de los términos señalados en las normas
respectivas, so pena de nulidad de la decisión que se llegare a adoptar. […]”.
152
“[…] ARTÍCULO 2.1.2.1.13. Deber de consultar. Cuando la Constitución y la ley así lo ordenen, deberán realizarse las
consultas en ellas señaladas, caso en el cual a la memoria justificativa deberá anexarse la constancia que acredite que se
ha cumplido dicho trámite. […]”.

60

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223. Como lo reconoció la Corte Constitucional en la sentencia T-646 de 2014,
mientras el legislador no defina las formalidades del procedimiento de consulta
previa, “[…] acorde con el criterio de flexibilidad que se deriva del mencionado
instrumento internacional, en cada proceso de consulta previa, se puede adoptar
los cánones, trámites y directrices que mejor permitan adelantar el proceso de
concertación sobre los intereses de los pueblos étnicos que se encuentran en juego
[…]”.

224. En el proceso se demostró que, durante las vigencias 2013 a 2018, el Gobierno
Nacional y los 4 pueblos identificaron los lugares sagrados de la Línea Negra y
concertaron el contenido del Decreto 1500 en un proceso complejo de
caracterización, diálogo y retroalimentación, cuyos resultados obran en el oficio de
25 de octubre de 2017, elaborado por la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y
minorías, del cual se destaca lo siguiente:

“[…] Fase de caracterización: en el año 2013 el Ministerio del Interior […] inició de
la mano de cada una de las organizaciones y de las autoridades tradicionales […]
una caracterización de los sitios sagrados conexos al sistema de la Línea
Negra. De dicha caracterización se rescata la identificación de 497 sitios
sagrados, incluyendo los 54 que reconoce la Resolución 837 de 1995, de los cuales
52 fueron identificados por el pueblo Arhuaco, 71 por el pueblo Wiwa, 22 por el pueblo
Kankuamo y 344 por el pueblo Kogui. Es importante anotar que este último también
realizó caracterización marítima de 9 nueve lugares, en la zona costera de los
municipios de Dibulla y Palomino. Así mismo, la entrega de cuatro documentos,
uno por pueblo, que contienen caracterizaciones de amenazas de corte biótico
y antrópico, significancia cultural y georreferenciación de cada uno de los
sitios sagrados identificados.

2. Fase de unificación: Con la notificación del Auto 189 de 2013, notificado en 2014,
más particularmente de la orden séptima del mismo, se estableció una mesa de
trabajo interinstitucional cuya coordinación recae en la Secretaría Jurídica de la
Presidencia de la República, y cuya vocería técnica y administrativa en esta
Dirección. Dicha mesa está además compuesta por el Instituto Colombiano de
Antropología e Historia -ICANH, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, y la
Dirección de Consulta Previa de este Ministerio.

Para avanzar en la fase de unificación las entidades de gobierno mencionadas en el
párrafo anterior y las autoridades de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada
convinieron que, a través de recursos dispuestos desde la DAIRM, estos últimos
trabajarían integrando el trabajo previamente hecho materializándolo en la entrega
de los siguientes documentos:

a. Documento cultural desde la Ley de origen de los cuatro pueblos de la Sierra
nevada de santa Marta, denominado como documento madre.
b. Cartografía unificada de los sitios sagrados de la Línea negra, el cual incluye
coordenadas y el shape del polígono de que la demarca.
c. Una propuesta de instrumento jurídico que contenga los aspectos
culturales, cartográficos y jurídicos para la redefinición de la Línea Negra. […]

3. Fase de concertación: desde la segunda mitad del año 2016, el Ministerio del
Interior, a través de la Dirección de Asuntos Indígenas ROM y Minorías, ha dispuesto

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de más recursos para iniciar la fase de concertación entre el Gobierno Nacional y los
cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta […]”153 (Negrilla fuera del texto).

225. Sobre este mismo punto, mediante oficio MEM1851989-DAI-220 de 9 de
octubre de 2018, la directora de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías recapituló las
siguientes actuaciones:

“[…] La Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior,
en el marco del proceso de expedición del decreto 1500 del 6 de agosto de 2018,
suscribió cuatro convenios con cada uno de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra
Nevada de Santa Marta - SNSM- (Arhuaco, Kankuamo, Wiwa y Kogui), como se
observa a continuación: […]

Por otra parte, una vez culminada la etapa de caracterización de los hitos, el equipo
técnico que adelanto (sic) dicho proceso entregó en el marco de cada convenio
celebrado lo siguiente:

a. […] la caracterización de los sitios conexos a la Línea Negra […]
b. Entrega de los registros documentales que se generaron en los encuentros y
recorridos para la verificación del estado actual desde la visión cultural, los diferentes
sitios y lugares sagrados de la Línea Negra.
c. Entrega de las actas y documentos que se generaron en los encuentros con el
equipo de trabajo para consolidar la información y el diagnostico (sic) de los sitios
sagrados caracterizados.
d. Entrega de los registros documentales y fotográficos de los encuentros para el
análisis, y construcción del protocolo para la protección de los sitios sagrados:
Mamos, autoridades y equipos de trabajo.
e. Entrega al supervisor del contrato los archivos y documentación soporte […]

Finalmente, al realizarse la entrega formal de la documentación en mención en el
marco de cumplimiento de cada uno de los cuatros (sic) convenios celebrados entre
el Ministerio del Interior y los cuatro pueblos de la SNSM, se hizo una validación de
dicha información por parte de Instituto Colombiano de Antropología e Historia -
ICANH -y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC. […]”. (Negrilla fuera del
texto).

226. También el documento OFI18-8816-DAI-2200 de 13 de marzo de 2018,
elaborado por el director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías recopila los
resultados de las reuniones de concertación celebradas en los años 2016 y 2017,
así:

“[…] El día 25 de febrero de 2016 […] los pueblos expusieron de manera oficial lo
contenido en su propuesta de decreto para redefinir la Línea Negra. Durante
este espacio, el compromiso de las entidades del gobierno nacional fue el de evaluar
la propuesta, tanto jurídica como cartográfica, y de avanzar en la formulación de una
contrapropuesta que permita iniciar un proceso de concertación del Decreto o del
instrumento jurídico que pretende redefinir la Línea Negra y abarcar los vacíos
jurídicos y las limitaciones que tiene la Resolución 837 de 1995.

153
Cfr. Expediente judicial físico caja 1, carpeta 2, folio 358 y ss.

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De acuerdo con lo anterior, durante los meses siguientes a dicho encuentro las
entidades de gobierno, a través de sus delegados, se reunieron regularmente154
para analizar y alimentar la propuesta del instrumento jurídico que presentaron
hacia el mes de mayo a los cuatro pueblos de la Sierra Nevada. Así mismo, las
entidades crearon una mesa técnica paralela para analizar la cartografía de la
Línea Negra en donde se evidencian los 347 sitios sagrados caracterizados y
la demarcación del polígono que los une. […]

Acciones adelantadas durante el año 2017

Durante el último bimestre del año 2016 y el primer cuatrimestre del año 2017 se
adelantaron mesas de concertación155 entre los equipos técnicos designados
por el Gobierno Nacional, en cabeza de la Oficina Jurídica de la Presidencia, y
por la (sic) Consejo territorial de Cabildos de la Sierra Nevada de Santa Marta
CIT.

Durante estas mesas se surtió el proceso de revisión del texto entre las partes, sin
embargo, y debido a las peticiones y pretensiones de los cuatro pueblos indígenas a
través de sus asesores fue imposible llegar a un documento conciliado. Lo anterior,
porque los temas de discusión y negociación […] superan el resorte de toma de
decisiones de los técnicos designados por las diferentes entidades del
Gobierno. […]”156 (Negrilla fuera del texto).

227. En esa medida, conforme al marco jurídico indicado supra y a los testimonios
rendidos por los representantes de los pueblos Kankuamo157, Kogui158, Arhuaco159
y Wiwa160, la Sala concluye que las comunidades Arhuaco, Kogui, Wiwa y
Kankuamo avalaron directamente el procedimiento que el Gobierno Nacional
implementó para consultarles y hacerles partícipes en la expedición del acto
demandado.

228. Finalmente, respecto del argumento relacionado con el incumplimiento del
protocolo previsto en la Directiva Presidencial 10 de 2013, se pone de presente que

154
El 25 de abril de 2016, se realizó la reunión cuyo tema fue cumplimiento del numeral séptimo - Auto 189 de 2013-Línea
Negra.
El 27 de septiembre de 2016, se realizó reunión preparatoria a la mesa de instalación del proceso de concertación del
instrumento jurídico que pretende redefinir la Línea Negra.
Los días 20 y 21 de octubre de 2016, se llevó a cabo la mesa de instalación en el marco del proceso de la Consulta Previa,
del proceso de concertación del instrumento jurídico que pretende redefinir la Línea Negra, en el marco del cumplimiento al
numeral séptimo del Auto 189 de 2013, de los Acuerdos estipulados en Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y los Acuerdos
de la instancia de Consejo Territorial de Cabildos CTC y Gobierno Nacional.
El 3 de noviembre de 2016 reunión técnica de delegados de los pueblos indígenas, CTC y el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi IGAC.
El 17 de noviembre de 2016, reunión para llevar a cabo la primera mesa de trabajo del proceso de concertación del
instrumento jurídico que pretende redefinir la línea negra, en el marco del cumplimiento al numeral séptimo del auto 189 de
2013, de los acuerdos estipulados en el plan nacional de desarrollo 2014-2018 y los acuerdos de la instancia de consejo
territorial de cabildos CTC y Gobierno Nacional.
El 18 de noviembre de2016, mesa de trabajo técnica para trabajar el articulado del instrumento jurídico que pretende redefinir
la línea negra.
Los días 29 y 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2016, mesa de trabajo del proceso de concertación del instrumento
que pretende redefinir la línea negra.
Los días 14 y 15 de diciembre de 2016, revisión del articulado del instrumento jurídico que pretende redefinir la línea negra.
155
El 10 y 17 de febrero de 2017 mesas de trabajo para la revisión del decreto con entidades de Gobierno.
Los días 20 y 21 de febrero de 2017, reunión de avance en la revisión y concertación técnica y jurídica del articulado del
decreto que pretende redefinir la Línea Negra, en el marco de la consulta previa, del cumplimiento al numeral séptimo del
Auto 189 de 2013, de los acuerdos estipulados en plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y los Acuerdos de la instancia de
Consejo Territorial de Cabildos - CTC y Gobierno Nacional.
156
Cfr. Expediente judicial físico caja 1, carpeta 2, folio 2300 y ss.
157
Cfr. Audiencia de pruebas de 30 de enero de 2023, ver hasta minuto 40:23.
158
Cfr. Audiencia de pruebas de 30 de enero de 2023, ver hasta minuto 1:22:58.
159
Cfr. Audiencia de pruebas de 30 de enero de 2023, ver hasta minuto 1:27:47.
160
Cfr. Audiencia de pruebas de 30 de enero de 2023, ver hasta minuto 1:45:10.

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la Sección Primera del Consejo de Estado en la sentencia de 10 de agosto de
2023161 se inhibió para decidir de fondo sobre la legalidad de los apartes de esa
directiva que no generaban efectos reglamentarios, y declaró la nulidad de las
etapas de la guía que transgredían lo dispuesto en los artículos 152 y 189 (numeral
11) de la Constitución Política y en los artículos 6.º y 7.º del Convenio 169 de la
OIT.

229. En ese orden de ideas, el cargo de transgresión de los artículos 2.°, 7.°, 8.°, 79
y 330 de la Constitución Política, de la Ley 21 de 1991, del artículo 46 de la Ley
1437 de 2011, del artículo 2.1.2.1.13 del Decreto 1081 de 2015, no cuenta con
vocación de prosperidad frente a la consulta previa realizada a las comunidades
Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, antes de la expedición del Decreto 1500.

iii) La procedencia de la consulta previa frente a las comunidades indígenas
y afrodescendientes reconocidas como terceros con interés en el resultado
del proceso

230. Para efectos de determinar si la expedición del Decreto 1500 fue irregular y si
ese acto administrativo quebrantó el ordenamiento jurídico superior porque su
contenido no se consultó a “[…] las comunidades indígenas Wayuu y Chimila y los
Consejos Comunitarios de las Comunidades negras Los Palenques de Juan y
Medio, Los Moreneros, El Negro Robles, Nelvis Aragon, Valentina Ospinto, Las
Américas, Las Balsas, La Guayabita de Monguí, Axe para los Negros, Afrourranga,
Antonio Solano, FECECN, Puerto Colombia, La Nueva Esperanza de los Negros,
Predio El Carmen, Los Trece Cruces de la Raya del Totumo, José Prudencio Padilla
y Cascajalito […]”, la Sala estudiará el material probatorio relacionado con el
planteamiento.

231. En el proceso se demostró que la Subdirección de Geografía del IGAC,
mediante memorando 1200AJ-2023-0000108-EI-002 de 20 de febrero de 2023162,
identificó los siguientes espacios sagrados que se traslapan con otros territorios
colectivos:

“[…] Los espacios sagrados del Decreto 1500 de 2018, que en la cartografía
preliminar se encuentran en territorios colectivos diferentes a los de los 4 pueblos de
la Sierra Nevada de Santa Marta, y que se encuentran localizados en el Resguardo
Alta y Media Guajira, son:

27. Nuizhbeizhu
28. Jaba Zatazhialdue
29. Kaktisikindua […]”.

232. La Subdirección de Investigación y Producción Científica del ICANH, mediante
concepto técnico de 24 de octubre de 2022163, mencionó que: “[…] algunos de los

161
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación núm. 11001-03-24-000-2016-
00164-00, demandantes Gobernador del Cabildo Indígena del Pueblo Kankuamo y otros.
162
Cfr. Índice 384 del expediente digital.
163
Cfr. Índice 331 del expediente digital.

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espacios que se encuentran inmersos en el polígono demarcado por la línea negra
pueden configurar parte de territorios tradicionales de otros grupos como es el caso
de los pueblos Ette Ennaka, Wayuu y Taganga, quienes también han mantenido
relaciones históricas y constitudinarias (sic) con estas zonas, principalmente, en los
flancos nororientales, occidentales y en las zonas bajas adyacentes a la Sierra
Nevada de Santa Marta. En el caso de estos pueblos, aunque dichas relaciones no
han sido estudiadas en detalle pueden ser deducidas de su presencia histórica en
ellas. […]”.

233. En el mismo concepto, el ICANH se refirió a los grupos afrodescendientes que
habitan en el territorio de la Línea Negra, así:

“[…] Los historiadores no son unánimes en cuanto a la localización, las fechas
de fundación y la cronología de los palenques de la costa Caribe colombiana,
pero datan de mediados del siglo XVI y se resalta el carácter continuo, la
multiplicidad, la movilidad y la precariedad de los grupos cimarrones, la
diversidad de sus procedencias y la continuidad de uniones entre cimarrones
-en su gran mayoría hombres- y mujeres indígenas robadas.

En los últimos años del siglo XVI, afloraron en cercanías de Nuestra señora de los
Remedios del Río de la Hacha los palenques Tomarrazón Treinta, Barbacoas y Villa
Martín o Machobayo, y otros más. Eran clásicas aldeas africanas, trasplantadas a
estas tierras y su entorno estaba de terminado en el encerramiento del terreno
alrededor de los bohíos (Diago 2005, 39).

Los principales palenques en la Guajira fueron La Ramada, ubicado en la zona que
actualmente se denomina Dibulla (Losonczy 2002), y Nueva Troya, que se ubicaba
en el camino de Riohacha a Maracaibo. Este último fue destruido por las autoridades
españolas a finales del siglo XVI.
[…] De esta serie de rebeliones y procesos de cimarronaje surgieron muchas
comunidades que configuraron el panorama afroguajiro actual, al parecer, la mayoría
tuvieron en común a Riohacha como sitio de origen (Navarrete, 2001). Estos
cimarrones escaparon del poder colonial y conformaron asentamientos que les
permitían vivir lejos del control de curas capuchinos y demás instituciones coloniales
(Carabalí y Ochoa, 2011). Particularmente se habla de zonas como Camarones,
Moreneros, Dibulla y Cascajalito; que fueron conformadas por población negra
durante el siglo XVI. Especial atención merece Moreneros, que constituyó un
referente fundamental de la población cimarrona, pues se convirtió en un punto
importante de conexión entre lo que hoy conocemos como occidente de los
municipios de Albania, Hatonuevo y Barrancas en La Guajira y los departamentos de
Magdalena y Cesar. Por esta razón, Moreneros, fue una importante fuente de
dispersión de la población afroguajira, de donde surgieron comunidades como San
Francisco, Juan y Medio, Cascajalito y Naranjal (Carabalí y Ochoa, 2011).

[…] El proceso de construcción de la identidad negra para reivindicar el
territorio autónomo está atravesado por una invención de la tradición
(Restrepo, 2001) que circunscribe temporal y espacialmente el conjunto de
prácticas, relaciones y representaciones que desde la narrativa oral se había
configurado como una memoria dispersa, pero que, a través de un
reacomodamiento de las identidades, las memorias y los olvidos produce una
forma de imaginar comunidad (Restrepo, 2001).

De acuerdo con lo anterior, la conformación de consejos comunitarios de
comunidades negras en el sur de la Guajira obedece a la emergencia de actores

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sociales que movilizan identidades colectivas étnicas en el marco de los
conflictos socioambientales generados por la apuesta extractiva. Se trata de
una suerte de “etnización” de la participación que puede ser vista como una
evidencia de las asimetrías del poder político y económico (Restrepo 2013;
Dover y Lopera 2021, 42). Es el caso del consejo comunitario Nelvis Aragón
(corregimiento de Conejo, municipio de Fonseca), que junto a otros consejos en
el área de influencia del proyecto “Minería a Cielo Abierto Cañaverales”, demandó el
derecho a ser sujeto de consulta previa. Este consejo ya cuenta con un censo de
autorreconocimiento étnico-racial y certificación de la Dirección de comunidades
Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.

[…] Por lo anteriormente expuesto, los lugares de memoria y asentamiento
afroguajiro han sido escenarios de habitabilidad de personas de ascendencia
africana. Riohacha fue uno de los primeros territorios de asentamiento de
esclavizados y de conformación de palenques y rochelas, lo que hace de
Riohacha un escenario de reconocimiento de identidad cultural en términos de
reivindicación histórica. […]” (Negrilla fuera de texto).

234. Se demostró que el traslapamiento de territorios colectivos al interior de la Línea
Negra fue objeto de debate por parte del Gobierno Nacional y de los 4 pueblos
durante las reuniones de concertación que antecedieron a la expedición del acto
acusado.

235. El acta de la reunión de 25 de febrero de 2016 celebrada entre la Secretaría
Jurídica de Presidencia, el Coordinador de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom
y Minorías, el director de Consulta Previa, la subdirectora científica del ICANH, el
director del IGAC y por los Cabildos Gobernadores de los pueblos Arhuaco,
Kankuamoy Kogui, precisó lo siguiente:

“[…] 3. En la propuesta de decreto existen algunas disposiciones de alcance general
que se refiere a la constitución de otros pueblos indígenas del país; no obstante éstas
no ha sido concertado (sic) con los demás pueblos indígenas. Lo anterior, haría
que se sobrepasaran las capacidades estatutarias del Presidente la República.

Luego, el señor Jaime Escrucería señala que existe otra inquietud sobre la
propuesta de decreto y la cartografía entregada, la cual tiene que ver con el
traslape que hay de la Línea Negra con territorio Wayuù y con asentamientos
de comunidades negras. Lo anterior, debido a que resulta necesario concertar o
dialogar frente al derecho que tienen estas comunidades sobre el territorio […]”
(Negrilla fuera de texto).

236. Posteriormente, el 26 de abril de 2016164, los funcionarios del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, del Ministerio del Interior, del
IGAC, de ACNARP y del ICANH estudiaron si el territorio de la Línea Negra se
traslapaba con otros territorios colectivos. En la reunión de 13 de junio de 2016 el
coordinador de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías y el Cabildo
Gobernador del pueblo Kogui reconocieron que era “[…] indispensable adelantar
los encuentros necesarios en aras de llegar a los acuerdos interculturales en el
marco de la redefinición de la Línea Negra. En consecuencia, el Ministerio del
Interior se compromete a apoyar los espacios de diálogo interculturales con los
164
Cfr. Expediente judicial físico caja 1, carpeta 8, folio 1597 y ss.

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consejos comunitarios, las comunidades Wayuú y la comunidad Chimila que se
encuentran dentro de la Línea Negra […]” 165.

237. Esa temática nuevamente fue abordada por los mismos funcionarios en la
reunión de 29 de junio de 2016166, en el marco de la siguiente ilustración gráfica:

Comunidades Wayuu

167

238. Del mismo modo, en la reunión celebrada el 2 de agosto de 2016 168, los
funcionarios de la Presidencia, del Ministerio del Interior, del IGAC y del ICANH
reconocieron que:

“[…] Jaime Escrucería sostiene que se van a realizar reuniones con los
consejos comunitarios de comunidades negras que quedaron comprendidos
dentro de la línea negra. Igualmente, con los pueblos Wayú (sic) y Wiwua. Se
pregunta si este acuerdo subsumiría la consulta previa con esos pueblos.

Fabián Villalba sostiene que, si eso es manifestación de la voluntad del pueblo Wayú,
debe entenderse que se hizo la consulta, pero que el problema es determinar quién
representa al pueblo Wayú (sic). Coincide en que el problema con los pueblos
indígenas cuyos territorios están traslapados con los territorios de la línea
negra es serio. Ernesto Montenegro sostiene que el decreto no puede abordar la
regulación de la línea negra, que solo debe limitarse a los puntos. Cristina Pardo
coincide con esa posición. Sostiene que la Corte no consideró el tema del
traslapamiento, que es el que debe resolverse en este decreto, Julio Ossa
advierte que en el decreto se deja en claro que estas decisiones solo serán
necesarias en la medida en que haya necesidad de hacer la consulta previa.
Que el decreto debe advertir que solo se aplica en aquellos casos en que se requiera
consulta previa. Pero sigue la pregunta de si el decreto debe ser consultado con
las otras comunidades. Cristina Pardo sostiene que es necesario ir adecuando
el decreto para que sea conocido por los pueblos cuyos territorios se traslapan
con los de la línea negra. Propone que el ICANH emita el concepto en el término
de un mes, después del cual se haría una nueva reunión para revisarlo. […]”. (Negrilla
fuera de texto).

165
Cfr. Expediente judicial físico caja 1, carpeta 6, folio 1578 y ss.
166
Cfr. Expediente judicial físico caja 1, carpeta 8, folio 1581 y ss.
167
Cfr. Expediente judicial físico caja 1, carpeta 7, folio 1229 y ss.
168
Cfr. Expediente judicial físico caja 1, carpeta 8, folio 1575 y ss.

67

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239. Más adelante, el acta de 20 de octubre de 2016169, suscrita por el asesor de la
Secretaría Jurídica de Presidencia, por el Coordinador de la Dirección de Asuntos
Indígenas, Rom y Minorías, por la jefe de la Oficina Asesora Jurídica, por el director
general del ICANH y por el Coordinador GIT Política de Reparación Integral a
víctimas del IGAC, por los Cabildos Gobernadores de los pueblos Arhuaco,
Kankuamo, Kogui y Wiwa, da cuenta de lo siguiente:

“[…] 9. En el caso de que se tengan que hacer mesas de trabajo (consulta previa o
acuerdos interculturales) con los grupos étnicos que se encuentran asentados
en territorios que hacen traslape con la Línea Negra, éstas se llevarán a cabo
una vez desarrollado el proyecto de Decreto y una vez sea analizada la
pertinencia de las mismas. El Ministerio del Interior apoyará dichos espacios, si se
requirieran, en el año 2017. […]”. (Negrilla fuera de texto).

240. En el mismo sentido, los representantes de la Presidencia, el Ministerio del
Interior, la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, la Dirección de
Patrimonio del Ministerio de Cultura, la Agencia Nacional de Tierras y la
Confederación Territorial de Cabildos dejaron consignado en el Acta de 31 de
marzo de 2017 que: “[…] 7. El Ministerio del Interior manifiesta que el trabajo
adelantado deberá tener un desarrollo de acuerdos interculturales con los pueblos
chimila, wâyuu y los concejos comunitarios de comunidades negras al interior de
la línea negra. […]”170.

241. Según las actas de 13 y 14 de abril de 2018 171, suscritas por el asesor de la
Secretaría Jurídica de Presidencia, los funcionarios de la Dirección de Asuntos
Indígenas, Rom y minorías, por el funcionario del IGAC y por los representantes
de la Confederación Territorial de Cabildos, durante esa jornada de trabajo se
concluyó: “[…] Formular propuesta de articulo para resolver los traslapes que tiene
el polígono de la Línea Negra con territorios de otras comunidades (Wayúu y
afrocolombianas). […]”.

242. Esta problemática también fue advertida por el Ministerio Público, en el Oficio
PJIAAM-184 de 2 de agosto de 2018172, que explicó lo siguiente:

“[…] La redelimitación de territorio ancestral debe guardar armonía con los
datos históricos verificables, por tanto, el reconocimiento de sitios sagrados
por fuera de áreas de resguardo no debería desconocer los derechos del
Estado de otras comunidades indígenas, ni de particulares-aun cuando los afecte,
para efectos de gestionar dichos espacios bajo el principio de desarrollo sostenible y
garantizar en estos el ejercicio de los derechos culturales de los pueblos de la SNSM
y también de otros pueblos indígenas que históricamente los ocupan o utilizan.

Por lo anterior, de conformidad con el numeral 1 del artículo 7 de la Ley 21/91 debe
darse en el proceso de ordenamiento territorial y formulación de planes de desarrollo.
participación a los pueblos de la SNSM así como a los demás habitantes del territorio,
con el objeto de delimitar con mayor precisión los sitios sagrados y las normas
aplicables a los mismos, de modo que se respeten las garantías constitucionales de
todos los habitantes; por lo que se sugiere establecer un régimen de afectación a

169
Cfr. Expediente judicial físico caja 1, carpeta 2, folio 261 y ss.
170
Cfr. Expediente judicial físico caja 1, carpeta 2, folio 385.
171
Cfr. Expediente judicial físico caja 1, carpeta 6, folio 1034 y ss.
172
Cfr. Expediente judicial físico caja 1, carpeta 8, folio 1461 y ss.

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la propiedad privada en caso de superposición con espacios sagrados, que
garantice el ejercicio de los derechos culturales así como el del propietario bajo
el principio de desarrollo sostenible, sin que haga necesaria la aplicación de lo
dispuesto en el artículo 7 del proyecto de Decreto, en especial en su parágrafo,
posibilidad que sólo debiera darse ante la imposibilidad de armonizar el ejercicio de
derechos interpartes comunidad- propietarios. Es decir, que debe aclararse en el
Decreto que al concertarse los POT y/o EOT, no se requeriría concertación o consulta
respecto a los proyectos urbanísticos o agrícolas autorizados en cumplimiento de
dichas normas.

Es necesario reglamentar e implementar una ruta o guía metodológica de consulta
previa que garantice términos y costos, para efectos de que el Decreto no se
convierta en un obstáculo insalvable por las numerosas consultas que podría generar
además de las ya pendientes de realizar que superan más de centenar y medio razón
por la cual debe ordenarse en el Decreto su pronta reglamentación en concertación
con los pueblos de la SNSM.

En dicho reglamento debe privilegiarse la relación directa entre comunidad
Estado y particulares de modo que se evite la intermediación especulativa que
desnaturalice la legitimidad de los derechos culturales de los pueblos. Al revisar
la descripción de algunos sitios sagrados se incluyen bienes de uso público de la
nación, ríos y sus desembocaduras, lagunas, zonas de baja mar áreas marinas,
recursos naturales asociados a estos, entre otros, razón por la cual garantizar el
acceso a dichos recursos, antes susceptibles de apropiación bajo la figura de
la ocupación-pesca, no habría de implicar que el Estado este sometido a
consulta respecto a los permisos ambientales o concesiones, que pueda
otorgar a terceros para la ocupación de bienes de uso público o la captura y
aprovechamiento de recursos hidrobiológicos, lo cual debe precisarse en el
Decreto, de modo que garantice el acceso de las comunidades a dichas áreas
y recursos naturales, sin menoscabo de los derechos territoriales y fiscales de
la nación.

Razón por la cual la ampliación del territorio ancestral además con
descripciones espaciales ambiguas, podría desconocer dichos aspectos
históricos que sitúan a otras comunidades indígenas en zonas en las cuales se
pretende ampliar el mismo, por tanto el reconocimiento que pueda darse a los
pueblos de la SNSM no debe desconocer a las demás comunidades tales como
los Wayuu o Chimila por lo que se requiere una aclaración normativa en dicho
sentido […]” (Negrilla fuera de texto).

243. Como puede apreciarse, la delimitación del territorio ancestral de la Línea
Negra mediante la metodología de polígono, a partir de la intersección de los sitios
sagrados más lejanos, no solo afectó a los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y
Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, sino también a otros grupos
étnicos.

244. La Constitución Política de 1991 protege la diversidad étnica y cultural de todos
los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en condiciones equitativas,
con el propósito de garantizar su participación, en forma libre y autónoma, en la toma
de las decisiones del Estado que puedan afectar su idiosincrasia, supervivencia y
desarrollo.

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245. Los miembros del extremo pasivo justificaron el incumplimiento de esta etapa,
en el ámbito de aplicación del Decreto 1500, dispuesto en su artículo 2.°, que es
del siguiente tenor:

“[…] ARTÍCULO 2°. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Los principios y las disposiciones
de este decreto serán aplicables al territorio tradicional y ancestral de los pueblos
Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, expresado
en la Línea Negra - Sheshiza, de acuerdo con la delimitación y fundamentación
reconocidas en este decreto, sin perjuicio de los derechos adquiridos, de terceros
y de otras comunidades, conforme a la Constitución y la ley. […]”. (Negrilla fuera de
texto).

246. La misma tesis se sustentó en el principio dispuesto en el literal h) del artículo
3.° del Decreto 1500 denominado “[…] respeto a los derechos adquiridos, de
terceros y de comunidades […]”, conforme al cual “[…] la propiedad privada, los
derechos adquiridos, de terceros con justo título y aquellos de otras comunidades,
serán reconocidos y respetados con arraigo a la Constitución Política y la ley […]”.

247. Sin embargo, la Sala pone de presente que el respeto de los derechos
adquiridos no implica per se, que el acto demandado no genere una afectación
directa para “[…] las comunidades indígenas Wayuu y Chimila y los Consejos
Comunitarios de las Comunidades negras Los Palenques de Juan y Medio, Los
Moreneros, El Negro Robles, Nelvis Aragón, Valentina Ospinto, Las Américas, Las
Balsas, La Guayabita de Monguí, Axe para los Negros, Afrourranga, Antonio
Solano, FECECN, Puerto Colombia, La Nueva Esperanza de los Negros, Predio El
Carmen, Los Trece Cruces de la Raya del Totumo, José Prudencio Padilla y
Cascajalito […]”.

248. De conformidad con el artículo 58 de la Constitución Política, en la sentencia
C-147 de 1997 se explicó que los derechos adquiridos son “[…] las situaciones
jurídicas individuales que han quedado definidas y consolidadas bajo el imperio de
una ley y que, en tal virtud, se entienden incorporadas válida y definitivamente o
pertenecen al patrimonio de una persona […]”.

249. En contraposición, el concepto de mera expectativa refiere a aquellas “[…]
probabilidades de adquisición futura de un derecho que, por no haberse
consolidado, pueden ser reguladas […] con sujeción a parámetros de justicia y de
equidad. (Además,) en las meras expectativas, resulta probable (más no
obligatorio) que los presupuestos lleguen a consolidarse en el futuro […]”173.

250. Esta distinción en la práctica significa que el Decreto 1500 reconoció los
derechos materializados de los demás grupos étnicos ubicados en el polígono de
la Línea Negra, pero condicionó todas las decisiones futuras en el “[…] territorio
tradicional y ancestral de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta
[…]”, a los siguientes efectos jurídicos:

173
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-242/09, abril 1 de 2009, Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo.

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Demandante: Yefferson Mauricio Dueñas Gómez

“[…] ARTÍCULO 6°. EFECTOS JURÍDICOS DE LA DELIMITACIÓN DE LA LÍNEA
NEGRA. La Línea Negra establece el marco del ejercicio de los derechos
reconocidos en la Constitución, la ley y la jurisprudencia a los cuatro pueblos
indígenas de la SNSM, en relación con el territorio, el medio ambiente y su
participación tanto en las decisiones que puedan afectarlos, como su participación en
el uso, administración y conservación de los recursos naturales. Lo anterior en
atención a sus valores, prácticas, instituciones, derecho consuetudinario y de
conformidad con la relación jurídica que estos pueblos tienen con los
diferentes ámbitos del territorio tradicional y ancestral de la Línea Negra.

Las autoridades públicas propias de los cuatro pueblos de la SNSM ejercen sus
funciones y competencias en el territorio de la Línea Negra, de conformidad con
sus normas y procedimientos, y con sujeción a la Constitución y las leyes de la
República. En caso de confluencia con otros regímenes jurídicos y autoridades
con jurisdicción en el territorio tradicional y ancestral la Línea Negra, se
aplicarán los principios establecidos en el artículo 3° del presente decreto. […]”.
(Negrilla fuera del texto).

251. De la lectura de los principios previstos en el artículo 3.° del Decreto 1500, la
Sala observa que los siguientes postulados implicarían una prevalencia de los
derechos de identidad, gobierno, cultura y propiedad de los cuatro pueblos, frente
a las prerrogativas de otras comunidades.

“[…] ARTÍCULO 3°. PRINCIPIOS. La interpretación, el reconocimiento y la
comprensión del territorio tradicional y ancestral delimitado en el presente decreto,
tendrán como fundamento los siguientes principios:

a) Protección integral del derecho al territorio tradicional y ancestral de la Línea
Negra. La interpretación de este decreto tendrá en cuenta como criterio fundamental,
la protección integral del territorio tradicional y ancestral demarcado por la Línea
Negra;
Esta protección abarca la especial relación de los cuatro pueblos indígenas de
la SNSM con las tierras, litorales, aguas continentales y marinas; la armonía
espiritual y material de las áreas sagradas de especial importancia ritual y
cultural; los fundamentos culturales propios que sustentan la integralidad y
conectividad ambiental, cultural y espiritual de su territorio, el de sus
ecosistemas y el de los recursos naturales, así como los conocimientos
ancestrales que sustentan su ordenamiento tradicional;

b) Principio de integralidad del territorio ancestral de la Línea Negra. En virtud de este
principio, el ordenamiento tradicional del territorio demarcado por la Línea
Negra se sustenta en un modelo ancestral que organiza y preserva la
complementariedad y el equilibrio entre los distintos espacios de tierra, litoral,
aguas continentales y marinas y sus recursos naturales renovables y no
renovables asociados ambiental y culturalmente;

c) Principio de conectividad y funciones del ordenamiento ancestral del
territorio expresado en la Línea Negra. Los espacios o sitios sagrados son zonas
interconectadas en las que se encuentran los códigos ancestrales de la Ley de
Origen de los cuatro pueblos indígenas de la SNSM; los mismos conforman el tejido
del territorio ancestral, junto con sus recursos naturales renovables y no
renovables que están asociados a este de manera ambiental, cultural y
espiritual;

71

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00262-00
Demandante: Yefferson Mauricio Dueñas Gómez

d) Ejercicio de la libre determinación, autonomía y gobierno propio. Se
garantizará el respeto y la protección de los derechos a la libre determinación,
la autonomía y el gobierno propio de los cuatro pueblos indígenas de la SNSM,
la protección integral de este es un presupuesto para el goce efectivo de aquellos.

Estos derechos se ejercerán de conformidad con la relación jurídica que los
cuatro pueblos indígenas de la SNSM tienen con los diferentes ámbitos de su
territorio, de acuerdo con la Constitución, los convenios internacionales, la ley, la
jurisprudencia, y con sujeción a su Ley de Origen;

e) Interpretación cultural. Cuando surja alguna duda en la interpretación de los
términos utilizados en el presente Decreto, su alcance, objeto, o efectos, se
acudirá a los criterios constitucionales, legales y jurisprudenciales, a la Ley de
Origen y derecho propio de los cuatro pueblos indígenas de la SNSM, y al
Documento Madre como su expresión y criterio de interpretación, el cual es anexo
de este decreto;

Asimismo, el intérprete tendrá en cuenta la Resolución número 3760 de 2017 “por la
cual se incluye la manifestación Sistema de conocimiento ancestral de los pueblos
Arhuaco, Kankuamo, Kogui y Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta” […]”.
(Negrilla fuera de texto).

252. La norma supra indica que, de acuerdo con los principios de protección integral
del territorio, integralidad del territorio ancestral, la conectividad y las funciones del
ordenamiento ancestral, la libre determinación, la autonomía, el gobierno propio, y
la interpretación cultural, las dudas existentes al aplicar el Decreto 1500 se
resolverán dando prioridad a la cultura de los descendientes de los Tayrona, así
como a sus normas y formas de gobierno.

253. Por estos principios los derechos de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra
Nevada de Santa Marta serán considerados de manera prioritaria, dada su
conexión con ese territorio ancestral. De manera que tales preceptos cumplen con
el criterio de afectación directa respecto de los demás grupos étnicos cobijados en
la delimitación.

254. Elartículo 4.° señaló que las organizaciones de los cuatro pueblos son
autoridades públicas de carácter especial, cuyas funciones y competencias se
encaminan a la representatividad del gobierno interno, el ordenamiento territorial
ancestral, la pervivencia étnica y la interlocución política y decisoria ante las
autoridades del Estado y los particulares. Esas autoridades ejercen sus funciones
y competencias en el territorio de la Línea Negra, de conformidad con sus normas
y procedimientos, y con sujeción a la Constitución y las leyes de la República.

255. Igualmente, los artículos 7.°, 9.° y 10 del Decreto 1500 limitarían los derechos
de los indígenas y afrodescendientes cuyos territorios se traslapen con los lugares
sagrados de los pueblos Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo.

256. En virtud del artículo 7.°, el Ministerio del Interior, junto con las autoridades de
los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y otras
autoridades territoriales, coordinará medidas para garantizar el acceso a los

72

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Demandante: Yefferson Mauricio Dueñas Gómez

espacios sagrados de la Línea Negra, permitiendo la realización de prácticas
tradicionales y protegiendo estos espacios mediante acciones preventivas y
educativas.

257. Con ocasión del artículo 9°, las medidas para proteger y conservar el territorio
de la Línea Negra deben considerar su valor espiritual y ambiental, los planes
gubernamentales ya existentes, y las prácticas culturales de los pueblos indígenas.
Adicionalmente, se coordinarán acciones de preservación de la fauna y flora
amenazadas, así como para establecer acuerdos de protección con diferentes
entidades territoriales.

258. El artículo 10 creó una mesa de seguimiento y coordinación para la protección
del territorio de los cuatro pueblos indígenas de la SNSM, conformada por
representantes de varios ministerios y autoridades locales, sin que se mencionen a
las autoridades étnicas de otras minorías.

259. Finalmente, el IGAC, en el memorando 1200AJ-2023-0000108-EI-002 de 20 de
febrero de 2023174, precisó que los espacios sagrados “[…] 27. Nuizhbeizhu […]”,
“[…] 28. Jaba Zatazhialdue […]” y “[…] 29. Kaktisikindua […]”, identificados en el
artículo 11 del Decreto 1500 “[…] se encuentran localizados en el Resguardo Alta
y Media Guajira […]”.

260. Lo anterior quiere decir que los artículos 2.°, 3.°, 4.°, 6.° 7.°, 9.° y 10 del Decreto
1500 de 2018, se expidieron de forma irregular y quebrantaron los artículos 2.°, 7.°,
8.°, 79 y 330 de la Constitución Política, la Ley 21 de 1991, el articulo 46 de la Ley
1437 de 2011 y el artículo 2.1.2.1.13 del Decreto 1081 de 2015, en razón a que la
determinación del territorio tradicional y ancestral de los cuatro pueblos de la Sierra
Nevada de Santa Marta, allí planteada como polígono: (i) se traslapa con los
territorios colectivos de otros pueblos; y (ii) impacta sus derechos futuros en temas
de gobierno, cultura y uso de los recursos naturales.

261. Igual acontece frente a los numerales 27, 28 y 29 del artículo 11 del Decreto
1500, puesto que el reconocimiento de un lugar como sagrado tiene profundas
implicaciones para las comunidades indígenas en su identidad cultural. En el
evento en que confluya en un mismo territorio los derechos de dos comunidades,
la consulta previa a ambas minorías además de fungir como escenario de
protección del patrimonio cultural y espiritual, evita disputas territoriales, o
diferencias en prácticas tradicionales.

262. Por lo expuesto, prospera el cargo de expedición irregular, toda vez que el acto
fue expedido con desconocimiento del derecho a la consulta previa por afectación
directa de las comunidades indígenas Wayuu y Chimila y los Consejos
Comunitarios de las Comunidades negras Los Palenques de Juan y Medio, Los
Moreneros, El Negro Robles, Nelvis Aragon, Valentina Ospinto, Las Américas, Las

174
Cfr. Índice 384 del expediente digital.

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Demandante: Yefferson Mauricio Dueñas Gómez

Balsas, La Guayabita de Monguí, Axe para los Negros, Afrourranga, Antonio
Solano, FECECN, Puerto Colombia, La Nueva Esperanza de los Negros, Predio El
Carmen, Los Trece Cruces de la Raya del Totumo, José Prudencio Padilla y
Cascajalito, terceros con interés directo en el resultado del proceso que ocupan la
zona delimitada y el área de influencia de la Línea Negra.

II.4.3. Expedición irregular por el desconocimiento de la técnica normativa
prevista para la expedición de los actos administrativos en relación con el
requisito de consulta previa y la publicación de la cartografía oficial y el
documento madre

263. El demandante argumentó que el presidente de la República expidió de forma
irregular el Decreto 1500 porque: (i) no siguió el procedimiento establecido en el
artículo 2.1.2.1.6. del Decreto 1081 de 2015, en la medida que no elaboró la
memoria justificativa de la decisión administrativa que debía hacer referencia, entre
otros puntos, a la constancia de la realización de la consulta previa; y (ii) omitió
cumplir con lo dispuesto en el artículo 2.1.2.1.14. del citado decreto que establece
que el contenido integral de los proyectos de actos administrativos suscritos por el
Presidente, atinentes a temas de regulación, deben ser publicados con miras a que
la ciudadanía pueda intervenir en su creación.

264. Antes de resolver estos reparos, la Sala recuerda que el debido proceso
administrativo exige a las entidades del Estado llevar a cabo cualquier
procedimiento con la observancia estricta de los lineamientos establecidos en la
Ley y el reglamento para garantizar la protección de los derechos de contradicción
y defensa de los ciudadanos. Sin embargo, no toda irregularidad en el
procedimiento implica la configuración de esta causal de nulidad; pues solo los
vicios que desconocen las garantías fundamentales del administrado pueden
anular dichos actos.

265. Ahora, frente al primer argumento, el artículo 2.1.2.1.6 del Decreto 1081, define
cuál es el contenido, estructura y anexos que deben contener las memorias
justificativas de los actos administrativos que se someten al principio previo de
publicidad, así:

“[…] Artículo 2.1.2.1.6. Memoria justificativa. Los proyectos de decreto y de
resolución proyectados para la firma del Presidente de la República deberán
remitirse a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República con la firma del
(los) ministro(s) o director(es) de departamento administrativo correspondiente,
acompañado de una memoria justificativa que contenga un pronunciamiento sobre
los siguientes aspectos:

[…] 1.1. Certificación firmada por el servidor público competente de la entidad
originadora de la norma, en la que se acredite el cumplimiento de los requisitos
de consulta, publicidad e incorporación en la agenda regulatoria de que tratan
los artículos 2.1.2.1.13, 2.1.2.1.14 y 2.1.2.1.20 del presente Decreto.

1.2. El informe de observaciones y respuestas de que trata el artículo 2.1.2.1.14
del presente Decreto. […]

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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00262-00
Demandante: Yefferson Mauricio Dueñas Gómez

La memoria justificativa deberá ser suscrita por el servidor público o los servidores
públicos que sean designados como responsables al interior de la entidad cabeza
del sector administrativo que lidera el proyecto de reglamentación. Esta memoria
podrá estar igualmente firmada por parte de los servidores públicos designados
como responsables al interior de otras entidades que participen en la elaboración o
implementación de la norma. […]” (negrilla fuera del texto).

266. Respecto del cumplimiento de tales requisitos en el caso concreto, como se
mencionó previamente, el presidente de la República no agotó el requisito de la
consulta previa frente a los grupos étnicos (distintos a los cuatro pueblos) ubicados
en el polígono de la Línea Negra, ello condujo, consecuentemente, a la expedición
irregular del acto demandado por el argumento aquí planteado.

267. En el segundo planteamiento el demandante consideró que "[...] la cartografía
oficial del IGAC sobre Línea Negra y el "Documento Madre" de los cuatro pueblos
indígenas de la Sierra Nevada de santa Marta [...] no se publicaron ni siquiera en
el marco del espacio previo a la expedición contemplado en el artículo 2.1.2.1.14
del Decreto 1081 de 2015 para la participación de los ciudadanos o grupos de
interés [...]".

268. Dicha afirmación se corroboró en el oficio EXT19-00106771 de 29 de octubre
de 2019, suscrito por la jefe de la Oficina de Información Pública del Interior del
Ministerio del Interior, conforme al cual al momento de la publicación del proyecto
para su socialización previa, no se incluyó la cartografía de la Línea Negra ni el
Documento Madre.

269. El artículo 2.1.2.1.14. señala que "[...] con el fin de que los ciudadanos o grupos
de interés participen en el proceso de producción normativa, a través de opiniones,
sugerencias o propuestas alternativas, los proyectos específicos de regulación
elaborados para la firma del presidente de la República, junto con la versión
preliminar de la memoria justificativa, deberán publicarse en la sección normativa
o en aquella que hagas sus veces, del sitio web del ministerio o departamento
administrativo cabeza del sector administrativo que lidera el proyecto de
reglamentación, por lo menos durante quince (15) días calendario, antes de ser
remitidos a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. [...]".

270. Para efectos de definir el alcance de ese deber, la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado, a través de concepto número 2291 de 14 de
septiembre de 2016175, precisó que el mismo “[…] es exigible a las autoridades
administrativas que pueden expedir actos administrativos de contenido general y
abstracto, y por consiguiente, no se encuentra limitado o restringido únicamente a
aquellas autoridades que tienen la posibilidad de expedir normas de carácter
técnico o de regulación económica social […]”.

175
Cfr. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 2291 de 14 de septiembre de 2016m radicación núm.
11001-03-06-000-2016-00066-00. C.P. Edgar González López.

75

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00262-00
Demandante: Yefferson Mauricio Dueñas Gómez

271. Como se mencionó previamente, la cartografía oficial de la Línea Negra y el
Documento Madre son anexos del Decreto 1500 que hacen parte del mismo,
conforme a lo dispuesto en el literal e) del artículo 3.° y el artículo 5.° del decreto
demandado.

272. En este contexto, para la Sala la no publicación de ambos documentos
constituye un error procedimental sustancial que afectó la garantía a la
participación ciudadana, pues “[…] el derecho a la participación no comprende
simplemente la consagración de mecanismos para que los ciudadanos tomen
decisiones en referendos o en consultas populares, o para que revoquen el
mandato de quienes han sido elegidos, sino que implica adicionalmente que el
ciudadano puede participar permanentemente en los procesos decisorios no
electorales que incidan significativamente en el rumbo de su vida. […]”176. Sin dicha
cartografía, la ciudadanía no podía participar frente a lo regulado por los artículos
5.° y 8.° del Decreto 1500 y por la expresión “[…] la cartografía anexa y […]” del
artículo 11 ibidem.

273. Esto significa que, el Decreto 1500 de 2018 se expidió de forma irregular, y que
tales omisiones no son subsanables porque afectaron el núcleo central de la
decisión.

II.5. Conclusiones

274. Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala declarará la
nulidad del Decreto 1500 de 2018, al encontrar probado los cargos de: i) falsa
motivación porque al momento de la expedición no se contaba con la cartografía
oficial de la Línea Negra; y ii) expedición irregular por no agotar el trámite de la
consulta previa respecto de las comunidades indígenas y afrocolombianas
ubicadas al interior del polígono de la Línea Negra, y no acatar la técnica normativa
prevista para la expedición de los actos administrativos.

275. En esa medida, al prosperar la pretensión principal, la Sala no se pronunciará
frente a los demás cargos formulados por el demandante para justificar la
pretensión subsidiaria.

276. Finalmente, no se condenará en costas, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 188 de la Ley 1437.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

176
Cfr. Sentencia C-180 de 1994, citada en la Sentencia C-1053 de 2012.

76

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00262-00
Demandante: Yefferson Mauricio Dueñas Gómez

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del Decreto 1500 de 6 de agosto de 2018.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente previas las
anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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