Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-03759-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-03759-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-03759-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
7 de diciembre de 2023
Demandante: Álvaro José Rodríguez Vargas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03759-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Paipa, Boyacá, siete (7) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03759-01
Demandante: ÁLVARO JOSÉ RODRÍGUEZ VARGAS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Revoca el ordinal cuarto de
la sentencia de primer grado.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida en primera instancia el 28 de septiembre de 2023, por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. En esta providencia se
accedió parcialmente a las pretensiones tutelares.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. El señor Álvaro José Rodríguez Vargas, actuando en nombre propio y
como curador ad litem de un grupo de comunidades1, presentó acción de tutela
contra la Sección Primera del Consejo de Estado. Con la solicitud de amparo
pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia y a la igualdad.
2. Estimó que las referidas garantías constitucionales fueron vulneradas con
ocasión de los autos del 13 de junio y 4 de julio de 2023, dictados por la autoridad
judicial accionada en el proceso de simple nulidad de radicado 11001-03-24-000-
2019-00262-00. En la primera de las decisiones mencionadas se rechazó la
solicitud de complementación y aclaración probatoria formulada por el
accionante, y en la segunda, se «rechazó por improcedente» un recurso de
reposición contra la anterior providencia.
1De las comunidades indígenas y afrodescendientes: Wayuu, Chimila, Los Morenos, Nelvis
Aragón, Valentina Ospinito, Las Américas, Las Balsas, La Guayabita de Mongui, Axe para los
negros, Afrourranga, Antonia Solano, Fondo Especial de Créditos Educativos para Comunidades
Negras -FECECN- , Puerto Colombia, Los Trece Cruces de la Raya del Totumo, José Prudencio
Padilla y Cascajalito.
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Demandante: Álvaro José Rodríguez Vargas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
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1.2. Pretensiones
3. La parte actora solicitó lo siguiente:
1. Que se AMPAREN, los derechos fundamentales: (i) al DEBIDO PROCESO
JUDICIAL [en conexidad con el acceso real, pronto y efectivo al servicio
público de Administración de Justicia], (ii) a la DEFENSA, (iii) a la
CONTRADICCIÓN, y (iv) a la IGUALDAD, en plenitud y garantía de las
formas propias de cada juicio, que han sido conculcado a quien suscribe,
en su calidad personal, profesional y como Curador Ad-Litem, como a
quienes esta Curaduria representa, siendo estos, “las comunidades
indígenas y afrodescendientes: Wayuu, Chimila, Los Morenos, Nelvis
Aragón, Valentina Ospinito, Las Américas, Las Balsas, La Guayabita de
Mongui, Axe para los negros, Afrourranga, Antonia Solano, Fondo Especial
de Créditos Educativos para Comunidades Negras -FECECN-, Puerto
Colombia, Los Trece Cruces de la Raya del Totumo, José Prudencio Padilla
y Cascajalito” en su calidad de SUJETO PROCESAL, como “terceras
interesadas en las resultas del proceso”, dentro del Medio de Control de
NULIDAD SIMPLE, impetrado por YEFFERSON MAURICIO DUEÑAS
GÓMEZ, en contra de: LA NACIÓN – GOBIERNO NACIONAL –
MINISTERIO DEL INTERIOR – MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE Y MINISTERIO DE CULTURA, y actuación
que tiene asignado el radicado Nro. 11001032400020190026200; por la
SALA UNITARIA, de la Sección Primera, de la Sala Jurisdiccional de lo
Contencioso Administrativo, del Honorable Consejo de Estado, integrada
por el Magistrado ROBERTO AUGUSTO SERRATO; por haber
estructurado sendas CAUSALES CONCURRENTES GENÉRICAS y
ESPECÍFICAS, de PROCEDIBILIDAD DE REVISIÓN por el mecanismo
constitucional de ACCIÓN DE TUTELA, de PROVIDENCIAS JUDICIALES
[otrora VÍA DE HECHO JUDICIAL], al haber proferido, dentro de litis de
Nulidad anteriormente referida, la providencia judicial [auto] de fecha cuatro
(04) de julio de dos mil veintitres (2.023), en virtud de la cual, de manera
manifiestamente arbitraria, infundada, ius vulnerante, y de agravio
constitucional, dispuso en los numerales: PRIMERO y SEGUNDO, de la
parte resolutiva, respectivamente: “RECHAZAR, por improcedente, el
recurso de reposición incoado por el curador ad litem de los terceros
interesados en las resultas del proceso en contra del auto de 13 de junio
de 2023, por la razones expuestas en la presente decisión”, y “CONMINAR
al abogado Álvaro José Rodríguez Vargas -curador ad litem que interviene
en el presente proceso- para que, en cumplimiento del deber constitucional
establecido en el numeral 7° del artículo 95 de la Constitución Política en
concordancia con el principio de eficacia previsto en el numeral 11 del
artículo 3° del CPACA, se abstenga de ejercer acciones dilatorias que
impidan el trámite célere y eficiente del proceso”; configurando con ello,
varios DEFECTOS CONCURRENTES DE PROCEDIBILIDAD, tales como
son: (i) DEFECTO SUSTANTIVO, (ii) DEFECTO FÁCTICO, (iii) DEFECTO
PROCEDIMENTAL, y (iv) DEFECTO DE VIOLACIÓN DIRECTA DE LA
CONSTITUCIÓN, desconociendo con tal actuar vulnerante, los derechos
ius fundamentales de quien nsuscribe la presente y de quienes erijo
Curaduria Ad-Litem, al: (1) DEBIDO PROCESO [en conexidad con el
acceso real, pronto y efectivo al servicio publico de Administración de
Justicia]; (2) DEFENSA; (3) CONTRADICCIÓN; y (4) IGUALDAD (…).
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2. Que, consecuencialmente, se DECLARE, que, por ser violatoria de los
mencionados derechos ius fundamentales, se deje sin ningún valor ni
efecto, la providencia judicial [auto] proferida en fecha del cuatro (04) de
julio de dos mil veintitres (2.023), por la SALA UNITARIA, de la Sección
Primera, de la Sala Jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, del
Honorable Consejo de Estado, integrada por el Magistrado ROBERTO
AUGUSTO SERRATO VALDES; dentro del proceso con radicación:
11001032400020190026200.
3. Que, consecuencialmente, se ORDENE, a la autoridad judicial accionada,
esto es, la SALA UNITARIA, de la Sección Primera, de la Sala
Jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, del Honorable Consejo de
Estado, integrada por el Magistrado ROBERTO AUGUSTO SERRATO
VALDES, que, dentro de un termino no mayor de CUARENTA Y OCHO
(48) HORAS siguientes, a la fecha en que se le notifique la sentencia que
ampare los derechos ius fundamentales cuyo amparo se demanda;
proceda nuevamente a proferir providencia judicial [auto] en virtud de la
cual, tramita y decida el RECURSO DE REPOSICIÓN que, quien suscribe
la presente, en su calidad de Curador Ad-Litem, de mis representados “las
comunidades indígenas y afrodescendientes: Wayuu, Chimila, Los
Morenos, Nelvis Aragón, Valentina Ospinito, Las Américas, Las Balsas, La
Guayabita de Mongui, Axe para los negros, Afrourranga, Antonia Solano,
Fondo Especial de Créditos Educativos para Comunidades Negras -
FECECN-, Puerto Colombia, Los Trece Cruces de la Raya del Totumo,
José Prudencio Padilla y Cascajalito” en su calidad de SUJETO
PROCESAL, como “terceras interesadas en las resultas del proceso”,
impetrara en contra de la providencia judicial [auto] de fecha trece (13) de
junio de dos mil veintitres (2.023), proferido por la autoridad judicial aquí
accionada, dentro del Medio de Control de NULIDAD SIMPLE, impetrado
por YEFFERSON MAURICIO DUEÑAS GÓMEZ, en contra de: LA NACIÓN
– GOBIERNO NACIONAL – MINISTERIO DEL INTERIOR – MINISTERIO
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y MINISTERIO DE
CULTURA, y actuación que tiene asignado el radicado Nro.
11001032400020190026200, en los terminos, condiciones y argumentos
que, para tal efecto, determine el Juez Constitucional, con la observancia
plena de las garantías y derechos contenidos en la Constitución Política de
Colombia, de conformidad con las dispociciones legales y jurídicas
aplicables al caso sub lite.
4. Que, consecuencialmente, se ORDENE, a la autoridad judicial accionada,
esto es, la SALA UNITARIA, de la Sección Primera, de la Sala
Jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, del Honorable Consejo de
Estado, integrada por el Magistrado ROBERTO AUGUSTO SERRATO
VALDES, que: (i) a futuro, en el curso del proceso judicial del Medio de
Control de NULIDAD SIMPLE, impetrado por YEFFERSON MAURICIO
DUEÑAS GÓMEZ, en contra de: LA NACIÓN – GOBIERNO NACIONAL –
MINISTERIO DEL INTERIOR – MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE Y MINISTERIO DE CULTURA, y actuación
que tiene asignado el radicado Nro. 11001032400020190026200, se
ASBTENGA, de “CONMINAR”, y/o hacer cominaciones infundadas,
irrespetuosas, deshonrosas, indignas, y vejatorias, en contra de quien
suscribe la presente, en el ejercicio legitimo que, como respetable
profesional, y como Curador AdLitem ejerzo [y he ejercido] dentro del
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proceso anteriormente referido; y (ii) MANIFIESTE si tiene anidmarvesión
alguna, de indole personal, o profesional, o de cualquier otro tipo, frente a
quien aqui suscribe la presente. (Sic a toda la cita).
1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:
5. El señor Yeferson Mauricio Dueñas Gómez presentó demanda de nulidad
simple contra el Decreto 1500 del 6 de agosto de 20182. Al proceso le
correspondió el radicado 11001-03-24-000-2019-00262-00 y le fue asignado por
reparto a la Sección Primera del Consejo de Estado.
6. El 19 de septiembre de 2022 se llevó a cabo la audiencia inicial. En esa
oportunidad, la autoridad judicial accionada decretó de oficio lo siguiente:
(…) ordenar que por la Secretaría de la Sección Primera se oficie al (i)
Instituto Geográfico Agustín Codazzi; (ii) Ministerio de Cultura; (iii) Instituto
Colombiano de Antropología e Historia; (iv) Ministerio del Interior, para efectos
de que den respuesta a las peticiones relacionadas en el literal b), del
numeral 1 de la contestación de la demanda y las remitan con destino a este
proceso en el término de diez (10) días […]3.
7. El 19 de septiembre de 2022, el Ministerio del Interior radicó un memorial
dando cumplimiento a la anterior providencia. Posteriormente, remitió un escrito
de complementación, el 28 de marzo de 2023. De los anteriores documentos se
surtió un traslado por tres días a las partes del proceso, a efectos de que
manifestaran lo que consideraran pertinente.
2 Por el cual se redefine el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo
de la Sierra Nevada de Santa Marta, expresado en el sistema de espacios sagrados de la 'Línea
Negra', como ámbito tradicional, de especial protección, valor espiritual, cultural y ambiental,
conforme los principios y fundamentos de la Ley de Origen, y la Ley 21 de 1991, y se dictan otras
disposiciones.
3 .La citada petición, en lo que atañe al Ministerio del Interior, fue elevada en los siguientes
términos:
[…] II. PETICIONES.
1. Sírvase expedirme COPIA SIMPLE, de todos los documentos, informes, comunicaciones,
estudios, investigaciones, documentales, mapas, cartografía, e información que, el MINISTERIO
DEL INTERIOR tenga en su poder y reposen en su archivo administrativo, e histórico, relacionado
con: (i) el Decreto 1500 del dieciséis (16) de agosto de dos mil dieciocho (2.018), “Por el cual se
redefine el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra
Nevada de Santa Marta, expresado en el sistema de espacios sagrados de la ‘Línea Negra’, como
ámbito tradicional, de especial protección, valor espiritual, cultural y ambiental, conforme los
principios y fundamentos de la Ley de Origen, y la Ley 21 de 1991, y se dictan otras
disposiciones”; (ii) la denominada “Línea Negra”; (iii) las resoluciones 837 de 1995 y 002 de enero
4 de 1973; y (iv) las comunidades indígenas y afrodescendientes: Arhuaco, Kogui, Wiwa,
Kankuamo, Wayuu, Chimila, Los Morenos, Nelvis Aragón, Valentina Ospinito, Las Américas, Las
Balsas, La Guayabita de Mongui, Axe para los negros, Afrourranga, Antonia Solano, Fondo
Especial de Créditos Educativos para Comunidades Negras -FECECN-, Puerto Colombia, Los
Trece Cruces de la Raya del Totumo, José Prudencio Padilla y Cascajalito […].
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8. El señor Álvaro José Rodríguez Vargas4 presentó una solicitud de
complementación probatoria. Allí solicitó aclarar «cual(es) fue(ron) la(s)
disposición(es) normativa(s) y/o antecedentes normativos invocados por dicha
entidad, que sirvieron de fundamento a la expedición de la Resolución No. 2 del
04 de enero de 1.973 (…) si la Resolución No. 2 del 04 de enero de 1.973, siendo
un Acto Administrativo, pre-constitucional, fue o ha sido objeto de demanda de
Nulidad, de control de legalidad, o de solicitud de revocatoria, en vigencia de la
actual Constitución Política de 1.991 (…) si la Resolución No. 2 del 04 de enero
de 1.973, como Acto Administrativo, pre-constitucional, fue o ha sido inscrito, o
registrado, como anotación registral, en algún bien inmueble y/o Certificado de
Tradición y Libertad».
9. Por auto del 13 de junio de 2023, la Sección Primera del Consejo de
Estado «rechazó por improcedente» la solicitud del señor Rodríguez Vargas,
prescindió de la realización de la audiencia de alegatos y juzgamiento y corrió
traslado para que se presentaran los alegatos de conclusión por escrito.
10. Frente a la solicitud del tutelante, consideró que el Ministerio del Interior
remitió con destino al proceso toda la documentación e información que tenía, en
relación con los interrogantes del señor Rodríguez Vargas. En ese sentido, indicó
que la prueba oficiosa cumplió integralmente con la finalidad para la que fue
decretada.
11. Agregó que las solicitudes del accionante no resultaban útiles ni
necesarias para resolver el fondo de la controversia, pues si bien la Resolución
2 de 1973 sirvió como marco jurídico para la expedición del acto demandado, no
se cuestiona su legalidad. Aseveró que tampoco resultaba trascendente conocer
si la referida Resolución ha sido objeto de control, pues tal aspecto no hace parte
del proceso en cuestión y se abordará la jurisprudencia que resulte aplicable al
momento de definir el fondo del asunto. De igual forma, aclaró que no se están
discutiendo actos de registro.
12. Inconforme con lo anterior, el señor Rodríguez Vargas presentó un recurso
de reposición, al considerar que su petición de aclaración y/o complementación
probatoria sí resultaba útil y pertinente. Sin embargo, por auto del 4 de julio de
2023, la Sección Primera del Consejo de Estado «rechazó por improcedente» el
recurso (ordinal primero) y conminó al tutelante a que se abstuviera de ejercer
acciones dilatorias que impidan el curso «célere y eficiente» del proceso (ordinal
segundo).
13. Al respecto, explicó que de conformidad con el numeral 12 del artículo
243A de la Ley 1437 de 2011 (en adelante CPACA), no resulta procedente la
reposición contra autos que resuelvan solicitudes de aclaración o adición. Añadió
que lo que persigue el señor Rodríguez Vargas es reabrir el debate jurídico en
torno a si procede la complementación probatoria que pidió.
4 En calidad de curador ad litem de un grupo de comunidades que fueron reconocidas terceras
con interés dentro del mencionado proceso.
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1.4. Sustento de la vulneración
14. Precisó que las providencias censuradas adolecen de defecto sustantivo
y de violación directa de la Constitución. Frente al primero, indicó que se
desconoció el régimen jurídico y procesal aplicable a «todos los autos». Indicó
que el legislador consagró el recurso de reposición, con el fin de que cualquier
interviniente procesal haga uso de este previo cumplimiento de los siguientes
requisitos formales:
• Interposición dentro del término oportuno. Dependiendo de si la
providencia es escrita o fue proferida en audiencia.
• Sustentación del recurso.
15. Señaló que atendió los requerimientos fijados por el legislador para hacer
uso del recurso, pues lo interpuso de forma oportuna y con la sustentación
correspondiente. Por ello, no correspondía declararlo improcedente y hacerlo
generó un «manifiesto agravio del ordenamiento jurídico procesal».
16. Citó el artículo 243A del CPACA y expuso que no se concretaba el
supuesto de hecho allí dispuesto, pues no solicitó la aclaración o adición de
ninguna providencia judicial, sino una complementación o adición de un medio
probatorio. Por ende, no era viable rechazarle el recurso de reposición. Consideró
que el rechazo de su recurso fue «manifiestamente improcedente».
17. Por otra parte, respecto de la conminación que se le efectuó en el auto del
4 de julio de 2023, se configuraron los defectos fáctico, procedimental y de
violación directa de la Constitución. Al respecto, manifestó que tal orden resulta
infundada y carente de todo sentido, pues no ha incurrido en ningún actuar
dilatorio, ni se le han hecho llamados de atención previamente. Cuestionó que se
haya considerado dilatorio el solicitar complementaciones o adiciones
probatorias.
1.5. Trámite de primera instancia
18. Por auto del 13 de julio de 2023, la Sección Tercera, Subsección B del
Consejo de Estado admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó
notificar como demandada a la Sección Primera del Consejo de Estado.
Adicionalmente, dispuso vincular a la Presidencia de la República, al Ministerio
del Interior, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de
Cultura, al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, al Resguardo Indígena Arhuaco,
al Resguardo Indígena Kogui, al Resguardo Indígena Wiwa, al Resguardo
Indígena Kankuamo, a las Comunidades los Palenques de Juan y Medio, el
Negro Robles, la Nueva Esperanza de los Negros y Predio el Carmen, a
Yefferson Mauricio Dueñas Gómez, al Consejo Territorial de Cabildosbermañ.
CTC-SNSM, a Louise Winstanley, a Mónica Feria Tinta, a Juan José Fuentes
Bernal, a la Sociedad de Abogados de Inglaterra y Gales – Law Society, a la
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Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, al Instituto de
Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana, a la Asociación
Colombiana de Ciudades Capitales, a la Asociación Colombiana de Minería, a la
Asociación Colombiana de Petróleos, a la Asociación Nacional de Empresarios
de Colombia, Al Consejo Gremial Nacional, a la Cámara Colombiana de
Construcción, a la Sociedad de Agricultores de Colombia, al Grupo de Litigio de
Interés Público de la Universidad del Norte, a la Escuela Intercultural de
Diplomacia Indígena de la Universidad del Rosario, a la Asociación Ambiente y
Sociedad, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, a la
Circunscripción Especial Indígena de la Cámara de Representantes, al Grupo de
Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, a la Clínica Jurídica Decreto
1500 de 2018, a la Fundación Centro de Investigación y Educación Popular, a la
Clínica Socio jurídica de la Universidad de Caldas, a la Asociación Interamericana
para la Defensa del Ambiente, a la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y
a la Corporación Centro de Estudios de Derechos, Justicia y Sociedad, como
terceros interesados en el proceso.
19. Adicionalmente, ordenó la publicación de esta providencia en la página
web del Consejo de Estado, en aras de comunicar sobre la existencia de este
mecanismo constitucional a los interesados en las resultas del trámite.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Sección Primera del Consejo de Estado
20. Expuso que no ha vulnerado los derechos fundamentales del tutelante.
Aseveró que el rechazo del recurso de reposición estuvo sustentado en el
numeral 12 del artículo 243A del CPACA, ya que, conforme con dicha disposición
no proceden recursos contra el auto que niega la aclaración o adición de autos o
sentencias.
21. Citó in extenso los considerandos del auto del 4 de julio de 2023, en virtud
de los cuales estimó que explicó con suficiencia las razones de su decisión.
22. Adicionó que la conminación efectuada al tutelante se sustentó en las
facultades como orientador e instructor del proceso. Manifestó que el señor
Rodríguez Vargas ha interpuesto una gran cantidad de recursos y memoriales
tendientes a que se aclare o adicione la prueba oficiosa que decretó en la
audiencia inicial. Puso de presente que, en la audiencia de pruebas del 30 de
enero de 2023, y en los autos cuestionados se ha pronunciado sobre la misma
solicitud propuesta por el tutelante en esta oportunidad. Por ende, el asunto se
encuentra ampliamente definido.
23. Concluyó que no se cumple con el requisito de la subsidiariedad, pues
dentro del proceso de simple nulidad no se ha dictado sentencia. Además, que
lo que se pretende someter a debate no reviste relevancia constitucional, dado
que se persigue convertir la tutela en una instancia adicional del proceso
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ordinario.
1.6.2. Presidencia de la República
24. Señaló que no tiene competencia para contravenir o modificar decisiones
judiciales. Indicó que, en virtud del sistema democrático y la separación de
poderes, la Rama Judicial es independiente y tiene la autoridad de interpretar y
aplicar leyes. Asimismo, que las decisiones judiciales deben ser respetadas por
los ciudadanos y las demás instituciones.
25. De conformidad con lo anterior solicitó que se nieguen las pretensiones
que tengan relación con la entidad y que se declare su falta de legitimación en la
causa por pasiva y se le desvincule del trámite tutelar.
1.6.3. Instituto Geográfico Agustín Codazzi
26. Solicitó que se declare su falta de legitimidad por pasiva y que se le
desvincule. Mencionó que, de los hechos y pretensiones, no desprende ninguna
actuación que lo involucre. Concluyó que no ha incurrido en la vulneración de los
derechos fundamentales alegada.
1.6.4. Ministerio de Cultura
27. Sostuvo que ninguno de los hechos se relaciona con su competencia. Por
ende, solicitó que no se imponga responsabilidad alguna a su cargo y que se le
desvincule de la acción constitucional.
1.6.5. Ministerio del Interior
28. Expuso su competencia funcional e indicó que carece de legitimación en
la causa por pasiva. Añadió que se cuestiona una decisión judicial de la Sección
Primera del Consejo de Estado y que no se le reprocha ningún actuar. En ese
sentido, solicitó que se declare improcedente el presente mecanismo
constitucional y que se le desvincule. De forma subsidiaria, pidió que se nieguen
las pretensiones que se relacionen con la entidad.
1.6.6. Universidad de Antioquia
29. Puso de presente que su actuación dentro del proceso de simple nulidad
en cuestión deviene de que actúa como coadyuvante de la parte demandada, en
defensa de la legalidad del Decreto 1500 de 2018. Sin embargo, dado que se
cuestiona una providencia judicial, no tiene injerencia alguna en los hechos que
motivan la tutela. Por ello, solicitó que se le «excluya» de la acción constitucional,
con fundamento en que carece de legitimación en la causa por pasiva.
1.6.7. Los demás sujetos vinculados a través del auto del 13 de julio de 2023,
pese a ser notificados en debida forma, guardaron silencio.
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1.7. Sentencia de primera instancia
30. Mediante sentencia del 28 de septiembre de 2023, la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado amparó el derecho fundamental al debido
proceso de la parte actora. En consecuencia, dejó sin efectos el ordinal primero
del auto del 4 de julio de 2023, en el que se «rechazó por improcedente» el
recurso de reposición impetrado contra el auto del 13 de junio de 20235 y ordenó
que se dictara una nueva decisión en dicho sentido. En lo demás, negó las
pretensiones6.
31. Explicó que la autoridad judicial incurrió en el defecto sustantivo propuesto
al declarar improcedente el recurso de reposición contra el auto del 13 de junio
de 2023, pues en este no se resolvió una solicitud de aclaración o
complementación de un auto o sentencia, sino de una prueba. Así, de acuerdo
con el artículo 242 del CPACA estimó procedente la reposición propuesta por el
señor Rodríguez Vargas.
32. Frente a la conminación que se le efectuó al tutelante en el ordinal segundo
del auto del 4 de julio de 2023, encontró que la Sección Primera del Consejo de
Estado dispuso tal determinación en ejercicio de la potestad judicial del numeral
2 del artículo 43 del Código General del Proceso (en adelante CGP). Lo anterior,
con base en las insistentes solicitudes de aclaración o complementación
radicadas por el mencionado ciudadano, frente a un mismo medio de prueba.
1.8. Impugnación
33. El señor Rodríguez Vargas presentó escrito de impugnación en el que
manifestó estar en desacuerdo únicamente con el ordinal cuarto del fallo de
primer grado. En este se negó el amparo respecto de la orden emitida por la
Sección Primera al actor de abstenerse de «ejercer acciones dilatorias que
impidan el trámite célere y eficiente del proceso».
34. Precisó que la decisión del a quo no guardaba coherencia ni congruencia.
Lo anterior, pues la conminación fue una consecuencia del rechazo del recurso
de reposición, el cual fue dejado sin efectos en el fallo de tutela de primera
instancia. En ese sentido, consideró «desconectado» e incoherente el amparar
su derecho al debido proceso frente al rechazo del recurso y negarlo frente a la
conminación.
5 El cual resolvió, entre otros, «RECHAZAR, por improcedente, la solicitud de aclaración o
complementación probatoria elevada por el curador ad litem de los terceros interesados en las
resultas del proceso».
6 Las demás pretensiones se dirigían a cuestionar el ordinal segundo que estableció: CONMINAR
al abogado Álvaro José Rodríguez Vargas -curador ad litem que interviene en el presente
proceso- para que, en cumplimiento del deber constitucional establecido en el numeral 7° del
artículo 95 de la Constitución Política en concordancia con el principio de eficacia previsto en el
numeral 11 del artículo 3° del CPACA, se abstenga de ejercer acciones dilatorias que impidan el
trámite célere y eficiente del proceso.
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35. Insistió en que lo concluido por el fallador de primer grado en ese sentido,
resultó errado, descontextualizado, incorrecto, infundado y revictimizante.
Expuso que sus solicitudes de complementación probatoria no han comportado
actuaciones dilatorias ni han afectado el curso del proceso, aunado a que se han
presentado debidamente sustentadas.
36. Sostuvo que, si bien el juez como director del proceso está revestido de
facultades y potestades, su actuar no es absoluto ni puede estar circunscrito a
una mera subjetividad. Finalmente, manifestó que no se estudiaron de fondo sus
argumentos relativos a la decisión conminatoria.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
37. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la
parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida el 28 de
septiembre de 2023 por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Cuestiones previas
38. La parte actora indicó a través de su escrito de impugnación, que
solamente disentía con el ordinal cuarto de la sentencia de primera instancia, en
la que se negaron las pretensiones relativas a la conminación que le efectuó la
Sección Primera del Consejo de Estado en el ordinal segundo del auto del 4 de
julio de 2023.
39. Dado que fue el único recurso impetrado contra la decisión de primera
instancia, y no hay más desacuerdos frente a lo decidido por el a quo, en esta
oportunidad únicamente se estudiarán los fundamentos de la impugnación. En
ese sentido, se dejará incólume el amparo del derecho fundamental al debido
proceso frente al ordinal primero de auto del 4 de julio de 20237, en virtud del cual
se dejó sin efectos tal decisión y se ordenó la expedición de una nueva
providencia en ese punto.
40. De otro lado, se negarán las solicitudes de desvinculación formuladas por
la Presidencia de la República, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (en
adelante IGAC), el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Interior y la Universidad
de Antioquia. Su notificación se dio en calidad de terceros con interés en las
resultas de la tutela, pues las providencias que se cuestionan fueron proferidas
7 PRIMERO: RECHAZAR, por improcedente, el recurso de reposición incoado por el curador ad
litem de los terceros interesados en las resultas del proceso en contra del auto de 13 de junio de
2023, por la razones expuestas en la presente decisión.
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en el marco de un proceso de simple nulidad en el que han sido requeridos para
solicitudes de información, o vinculados como litisconsortes, como es el caso del
IGAC, sin que por ello sean los llamados a atender las pretensiones de la parte
actora, en caso de que llegasen a prosperar.
2.3. Legitimación en la causa
41. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
42. La Sala advierte que el señor Rodríguez Vargas fue reconocido como
curador ad litem «de las comunidades indígenas y afrodescendientes: Wayuu,
Chimila, Los Morenos, Nelvis Aragón, Valentina Ospinito, Las Américas, Las
Balsas, La Guayabita de Mongui, Axe para los negros, Afrourranga, Antonia
Solano, Fondo Especial de Créditos Educativos para Comunidades Negras -
FECECN-, Puerto Colombia, Los Trece Cruces de la Raya del Totumo, José
Prudencio Padilla y Cascajalito, terceras interesadas en las resultas del
proceso», mediante el auto del 24 de septiembre de 2021, proferido dentro del
proceso de nulidad cuyas providencias se cuestionan por esta vía.
43. A lo anterior se agrega que, el señor Rodríguez Vargas presentó el recurso
de reposición que fue rechazado por el auto del 4 de julio de 2023, y a quien se
le conminó a abstenerse de ejercer acciones dilatorias dentro del referido
proceso. En ese sentido, goza de legitimación en la causa por pasiva para
cuestionar los autos del 13 de junio y 4 de julio de 2023.
44. Por otro lado, se evidencia que la Sección Primera del Consejo de Estado
se encuentra legitimada en la causa por pasiva, por haber dictado los autos objeto
de la litis.
2.4. Problema jurídico
45. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; los problemas
jurídicos a resolver en el caso concreto, en aras a establecer si procede
confirmar, modificar o revocar la sentencia de primera instancia, son los
siguientes:
• ¿Se encuentran superados los requisitos generales de la acción de tutela
contra providencias judiciales respecto de la decisión conminatoria que se profirió
en el auto del 4 de julio de 2023?
46. De superarse la primera cuestión planteada, el problema jurídico de fondo
en este caso es complejo porque debe componerse del siguiente presupuesto
que se presentó en el trámite de esta tutela: Como quiera que en el fallo de tutela
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de primera instancia se revocó la decisión que rechazó de plano el recurso de
reposición interpuesto por el señor Rodríguez Vargas en el proceso ordinario
revocar, también se debió dejar sin efectos el exhorto de «abstenerse de ejercer
acciones dilatorias que impidan el trámite célere y eficiente del proceso».
47. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela, (ii) estudio de la legitimación en
la causa por activa, de resultar acreditado el presupuesto, (iii) los requisitos
generales de procedibilidad del mecanismo constitucional bajo estudio, y de
superarse, (iv) el caso concreto.
2.5. Estudio del requisito general de procedibilidad de la relevancia
constitucional
48. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional8.
49. De esta manera, en esa oportunidad, se planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales fueron
acogidos por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.
50. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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“el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
51. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia
en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.
52. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para «lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución».
53. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a
decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional,
de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines
acogidos por la Corte Constitucional y esta corporación.
2.5.1. Relevancia constitucional en el caso concreto
54. La parte actora cuestionó puntualmente a través de su impugnación que
la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado no hubiese accedido a
dejar sin efectos el ordinal segundo del auto del 4 de julio de 2023, en virtud del
cual se le conminó a abstenerse de ejercer acciones dilatorias dentro del proceso
de simple nulidad 2019-00262-00. Como consecuencia de lo anterior, reiteró en
la alzada que la referida decisión le vulneró su derecho fundamental al debido
proceso.
55. En este punto se recuerda que, respecto de la citada decisión, en el escrito
tutelar el accionante refirió que configuraban los defectos fáctico, procedimental
y de violación directa de la Constitución. Adicionó que su actuar no ha sido
dilatorio, que previamente no ha recibido llamados de atención, y que todas sus
solicitudes de adición o complementación probatoria las ha presentado de forma
oportuna y debidamente sustentadas.
56. Del estudio del requisito en cuestión, la sala concluye en el asunto bajo
estudio no supera el requisito general de la relevancia constitucional respecto del
ordinal segundo del auto del 4 de julio de 2023, y que corresponde revocar en
ese punto la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones, por las
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razones que pasan a explicarse.
57. En primer lugar, se advierte que, si bien el tutelante refirió que con la
mencionada decisión conminatoria se incurrió en los defectos fáctico, sustantivo
y de violación directa de la Constitución, lo cierto es que se limitó a mencionarlos
sin sustentar en qué consistieron los mismos o por qué se concretaron.
58. A juicio de la Sala, lo que planteó a través de su escrito tutelar e
impugnación recae en una inconformidad con el llamado de atención que le
realizó el juez conductor del proceso de simple nulidad, sin que mencione de qué
forma con lo allí dispuesto se le vulneró su derecho fundamental al debido
proceso. Es decir, en esta acción de tutela contra providencia judicial no se
planteó ningún tipo argumento en clave constitucional.
59. Es importante poner de presente que la conminación no implicó ningún
tipo de sanción en contra del actor o implicó una compulsa para la autoridad
disciplinaria. En este sentido, la medida no tiene la capacidad de vulnerar ninguno
de los derechos fundamentales invocados. Así las cosas, se evidencia que la
parte accionante no está conforme con que se le haya conminado de abstenerse
a realizar actuaciones que afecten la celeridad del proceso de simple nulidad
2019-00262-00. Sin embargo, no puso de presente de qué forma tal decisión
resulta transgresora de sus derechos fundamentales o acarrea vicios que
conlleven a que se deje sin efectos a través de esta acción constitucional.
60. En vista de lo esbozado, corresponde revocar el ordinal cuarto de la
sentencia del 28 de septiembre de 2023, en el que se negó la pretensión de dejar
sin efectos la orden conminatoria. En su lugar, se declarará improcedente el
mecanismo constitucional en lo que atañe a ese cargo, por no encontrar superado
frente al mismo el examen de la relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación propuestas por la
Presidencia de la República, el IGAC, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del
Interior y la Universidad de Antioquia.
SEGUNDO: REVOCAR el ordinal cuarto de la sentencia del 28 de septiembre de
2023. En su lugar, declarar improcedente lo relativo al ordinal segundo del auto
del 4 de julio de 20239. En los demás, CONFIRMAR el fallo de tutela de primer
grado.
9 SEGUNDO: CONMINAR al abogado Álvaro José Rodríguez Vargas -curador ad litem que
interviene en el presente proceso- para que, en cumplimiento del deber constitucional establecido
en el numeral 7° del artículo 95 de la Constitución Política en concordancia con el principio de
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03759-01
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
eficacia previsto en el numeral 11 del artículo 3° del CPACA, se abstenga de ejercer acciones
dilatorias que impidan el trámite célere y eficiente del proceso.
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