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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-24-000-2021-00259-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2021-00259-00

Fecha
17 de octubre de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2021-00259-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. TERCERO: TENER a la doctora PAOLA MARGARITA RUIZ MANOTAS como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y documentos anexos visibles en el índice 40 del expediente digital. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00259-00 Actora: CHINA TOBACCCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD. CUARTO: TENER al doctor SANTIAGO MÁRQUEZ ROBLEDO como apoderado de la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, de conformidad con el poder y documentos anexos visibles en el índice 42 del expediente digital. QUINTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2021-00259-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

17 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00259-00
Referencia. Acción de nulidad relativa
Actora: CHINA TOBACCCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD.

TESIS: EL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL
PROCESO NO INCURRIÓ EN ACTOS DE MALA FE O DE COMPETENCIA
DESLEAL AL SOLICITAR EL REGISTRO DE LA MARCA CUESTIONADA,
“MARSHALL”, PARA DISTINGUIR PRODUCTOS DE LA CLASE 34 DE LA
CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, TODA VEZ QUE LA
ACTORA NO LOGRÓ DEMOSTRAR QUE EXISTIERAN INDICIOS QUE
PROBARAN TALES CONDUCTAS.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la

CHINA TOBACCCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD., mediante

apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de

conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre

2

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Actora: CHINA TOBACCCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD.

de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener

la nulidad de las resoluciones núms. 21385 de 15 de junio de 2019, “Por

la cual se decide una solicitud de registro”, expedida por el director

de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en

adelante SIC; y 16895 de 14 de abril de 2020, “Por la cual se resuelve

un recurso de apelación”, emanada de la Superintendente Delegada

para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en

síntesis, los siguientes:

1º: Que el 10 de diciembre de 2018 la sociedad PRONALCI S.A.S.

presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo

“MARSHALL”, para identificar productos comprendidos en la Clase 343

de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro

de las Marcas4.

1
“Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.
2
En adelante Decisión 486.
3
La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: “[…] tabaco en bruto o manufacturado;
artículos de fumador; cerillas […]”.
4
En adelante Clasificación Internacional de Niza.

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2°: Indicó que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad

Industrial, la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA

S.A.S. formuló oposición con fundamento en que el signo cuestionado

se encontraba incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en

los artículos 135, literal p) y 137 de la Decisión 486.

3°: Que mediante la Resolución núm. 21385 de 2019 el Director de

Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada y,

en consecuencia, concedió el registro como marca del signo nominativo

“MARSHALL”, para distinguir productos en la Clase 34 de la Clasificación

Internacional de Niza, a favor de la sociedad PRONALCI S.A.S.

4º: Que contra la citada disposición la sociedad BRITISH AMERICAN

TOBACCO COLOMBIA S.A.S. interpuso recurso de apelación, siendo

resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 16895

de 2020, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad

Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 137 de

la Decisión 486, por falta de aplicación, toda vez que existían indicios

razonables que le permitían inferir que con la solicitud de registro de la

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marca cuestionada “MARSHALL” se estaba consolidando un acto de

competencia desleal.

Indicó que el signo distintivo cuestionado “MARSHALL” fue solicitado de

mala fe por el tercero con interés directo en las resultas del proceso para

asimismo perpetrar actos de competencia desleal, en la medida en que

“MARSHAL” es una marca ampliamente conocida en el extranjero y

asociada de manera exclusiva a ella, con la cual se identifican cigarrillos.

Arguyó que la palabra “MARSHAL” es arbitraria con respecto a los

productos que identifica; y que teniendo en cuenta que PRONALCI

S.A.S. es una empresa productora y comercializadora de productos

derivados del tabaco, a su juicio, era evidente que tenía conocimiento de

la existencia de productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional

de Niza marcados con la marca “MARSHAL”, los cuales ella ha

comercializado en el segmento de cigarrillos desde hace más de 20 años.

Manifestó que no puede llamarse una coincidencia creativa al hecho de

que el tercero haya optado justamente por la palabra “MARSHALL” para

amparar de cigarrillos y tabaco, máxime si se tiene en cuenta que solo

se adicionó una letra “L” a la expresión “MARSHAL”, que conceptual y

fonéticamente no implica ninguna modificación sustancial, pero sí genera

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confusión respecto de su marca “MARSHAL”, la cual es conocida

mundialmente.

Adujo que con la solicitud de registro de la marca cuestionada se

pretendía aprovechar de su esfuerzo comercial que ha llevado a cabo por

más de 20 años para lograr un posicionamiento internacional de su

marca “MARSHAL”.

Resaltó que es titular de la marca “MARSHAL” en países como

Afganistán, Arabia Saudita, Australia, Chile, China, Palestina, Estados

Unidos, Etiopía, Haití, India, Islandia, Israel, Laos, Mongolia, Omán,

Sudán y Yemen.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad

actora, por carecer de apoyo jurídico y sustento legal.

Para el efecto, manifestó que de los elementos fácticos esbozados en

la demanda no se logran desvirtuar en la más mínima forma la

ilegalidad de los actos acusados, ya que no estableció de manera clara

y concisa las razones por cuales manifiesta que existió vulneración del

artículo el artículo 137 de la Decisión 486, pues de la sola mención de

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la norma jurídica presuntamente vulnerada, no se puede colegir mucho

menos demostrar su quebrantamiento.

II.-2. La sociedad PRONALCI S.A.S., tercero con interés directo en

las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la

demanda.

Sostuvo que los supuestos indicios, a los que hace referencia el

demandante, se derivan de presuntas prácticas desleales o actos que

generen confusión, manifestación que, a su juicio, no tiene base lógica

y real que pruebe en la presente instancia dicha manifestación.

Alegó que si bien es cierto que la actora es titular de la marca

“MARSHAL” en otros países, también lo es que fue propietaria de ésta

en Colombia; sin embargo, la SIC mediante la Resolución núm. 74608

de 4 de octubre de 2018 canceló totalmente dicho registro, por lo que

a ella, como solicitante de dicha cancelación, le asistía un derecho

preferente para obtener el registro como marca de dicho signo.

Alegó que no es cierto que pretenda aprovecharse del esfuerzo

comercial realizado por la sociedad CHINA TOBACCCO HUNAN

INDUSTRIAL CO., LTD., ya que ni siquiera ha participado en el

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mercado colombiano identificando cigarrillos o derivados del tabaco

identificados con la marca objeto de controversia, de manera que no

se puede hablar de competencia desleal si ni siquiera ha existido

competencia.

Señaló que la solicitud de registro de la marca cuestionada

“MARSHALL” fue un hecho lícito realizado de conformidad con la

Decisión 486 y amparado bajo la presunción de la buena fe, por lo cual,

a su juicio, de ninguna manera constituyó un acto de competencia

desleal ni de mala fe.

Hizo hincapié en que la actora pretende, con la presente demanda,

subsanar el olvido de una marca que no fue utilizada, tal y como quedó

señalado por la SIC en la Resolución núm. 74608 del 4 de octubre de

2018, mediante la cual canceló totalmente por no uso el registro que

tenía en Colombia de la marca “MARSHAL”.

II.-3. La sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA

S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a

haber sido notificado en debida forma,5 guardó silencio.

5
Índice 8 del expediente digital.

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III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

Mediante providencia de 17 de junio de 2022, se ordenó prescindir de

llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del

CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437

de 2011, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de

20216, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que,

además, no se formularon excepciones previas y no había prueba

alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas

eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no

se adoptó decisión al respecto.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes

términos:

Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y las

contestaciones de la misma, consiste en determinar si las resoluciones

núms. 21385 de 15 de junio de 2019 y 16895 de 14 de abril de 2020,

mediante las cuales la SIC concedió el registro como marca del signo

6
“Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los
procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.

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“MARSHALL” (nominativa) a nombre de la sociedad PRONALCI

S.A.S., para distinguir productos comprendidos en la Clase 34 de la

Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo previsto en el artículo

137 de la Decisión 486

Las partes no tuvieron objeción a la fijación del litigio en los términos

expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto

fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los

documentos aportados con la demanda y las contestaciones de la

misma.

Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para

efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la

Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1.- La actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la

demanda. Al respecto, adujo que no puede llamarse una coincidencia

creativa al hecho de que PRONALCI S.A.S. haya optado justamente

por esa palabra para la identificación de cigarrillos y tabaco; y que, en

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este contexto, habría que preguntarse por qué se decidió por la

expresión “MARSHAL” con una letra “L” adicional que conceptual y

fonéticamente no implica ninguna modificación sustancial, pero que sí

busca generar confusión con respecto de una marca que es conocida a

nivel mundial y se asocia a productos de la Clase 34 de la Clasificación

Internacional de Niza.

Alegó que PRONALCI S.A.S., en un afán por posicionar sus productos,

en detrimento del valor de recordación del público sobre sus productos,

de manera desleal solicitó la marca en referencia para introducir al

mercado local productos marcados por dicho signo, de manera

fraudulenta, a su juicio, con el fin de impedir la operación directa de su

legítimo titular en Colombia.

IV.2.- La parte demandada solicitó denegar las pretensiones de la

demanda, toda vez que la actora no logró demostrar que el tercero con

interés directo en las resultas del proceso haya incurrido en actos de

mala fe o competencia desleal al solicitar el registro de la marca

cuestionada “MARSHALL”.

IV.3.- La sociedad PRONALCI S.A.S., tercero con interés directo en

las resultas del proceso, se ratificó en lo expuesto en su escrito de

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intervención, pues sostuvo que su actuar estuvo conforme a derecho

al solicitar, en primera medida, la cancelación de la marca que no se

encontraba en uso, esto es “MARSHAL” y, una vez emitida dicha

resolución, presentó la solicitud de registro de la misma, siguiendo lo

previsto bajo lo que se conoce como principio universal del derecho de

la buena fe.

Señaló que la actora bien pudo haber presentado oposición durante el

trámite de registro de la marca cuestionada, sin embargo, no lo hizo.

IV.3.- La sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA

S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó

acceder a las pretensiones de la demanda, ya que, a su juicio, con la

comercialización de los productos que se identifican con la marca

“MARSHALL” se estaría consolidando un acto desleal.

Mencionó que la conducta desleal alegada que se viene perpetuando

en el mercado por la comercialización de los productos que se

identifican con la marca “MARSHALL” cuya nulidad se solicita, ha

venido generando un desequilibrio en el mercado, tal como lo ha

sostenido la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI-

-, mediante informe de “Incidencia de cigarrillos ilegales en Colombia”.

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Que lo anterior permite evidenciar una ventaja competitiva derivada

del mejoramiento de la posición en el mercado mediante la infracción

de ciertas normas que influye en el ánimo concurrencial de los

participantes; y que está permitiendo al titular de la marca

“MARSHALL” apalancar su actividad económica o comercial en

comparación con la de ella.

Señaló que si se otorga el registro del signo distintivo solicitado,

“MARSHALL” se estaría poniendo en inminente riesgo de violación al

derecho de información al que debe tener el público consumidor y al

derecho de seguridad, toda vez que un signo destinado a identificar un

producto que esta de manera irregular en el mercado y que no cumple

con normas para su comercialización, obtendría los derechos

inherentes al registro, lo que facilitaría su comercialización en el

territorio, a pesar de ignorar las disposiciones mínimas para ser apto

al público y ofrecerse en el mercado.

IV.4.- El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 23-

397, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. En efecto, indicó

que en el presente asunto el cargo de nulidad propuesto por la parte

actora no posee ninguna vocación de prosperidad.

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Mencionó que el signo distintivo cuestionado tiene la distintividad

necesaria para ser registrado como marca, por lo que resulta

identificable frente a los productos que ampara, de manera que el

consumidor puede diferenciar a primera vista que se trata de una

marca asociada a un origen empresarial determinado.

Alegó que la marca que la actora aduce es titular en varios países,

contiene elementos gráficos diferentes, que en nada se asemejan a la

marca aquí cuestionada “MARSHALL”.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina7, en respuesta a la

solicitud de interpretación prejudicial de la norma comunitaria invocada

como violadas en la demanda, concluyó8:

“[…]

1. Solicitud de registro de un signo para perpetrar, facilitar
o consolidar un acto de competencia desleal, y nulidad del
registro si existió mala fe en la realización de dicho acto.

[…]

1.2. De conformidad con lo establecido en el artículo 137 de la
Decisión 486, cuando la oficina nacional competente tenga
indicios razonables que le permitan inferir que un registro se
hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de
competencia desleal, podrá denegar dicho registro. Esta
denegación procede de oficio y a pedido de parte.

[…]

7
En adelante el Tribunal
8
Proceso 267-IP-2022.

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1.4. Los actos de competencia desleal a que se refiere el artículo
137 de la Decisión 486 no solo son los tipificados en esta ley
andina, sino también los tipificados como tales en la legislación
nacional correspondiente.

1.5. Es importante precisar que, si el acto de competencia desleal
ha sido desarrollado con mala fe (dolo o malicia), o existe mala
fe en la conducta destinada a perpetrar, facilitar o consolidar el
acto de competencia desleal, ello es causal de nulidad del registro
en los términos establecidos en el segundo párrafo del artículo
172 de la Decisión 486.

1.6. Dicho en otros términos, el propósito de perpetrar, facilitar
o consolidar un acto de competencia desleal es razón suficiente
para denegar la solicitud de registro del signo distintivo, y la
existencia de mala fe en dicho propósito es causal suficiente para
anular el registro ya otorgado, de ser el caso. […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las

resoluciones núms. 21385 de 15 de junio de 2019 y 16895 de

14 de abril de 2020, concedió el registro de la marca nominativa

solicitada, “MARSHALL”, a la sociedad sociedad PRONALCI S.A.S.

para distinguir “[…] tabaco en bruto o manufacturado; artículos de

fumador; cerillas […]”, productos comprendidos en la Clase 34 de la

Clasificación Internacional de Niza.

A juicio de la actora existían indicios razonables que le permitían inferir

a la entidad demandada que con la solicitud de registro de la marca

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cuestionada “MARSHALL” se estaba consolidando un acto de

competencia desleal.

Indicó que el signo distintivo cuestionado “MARSHALL” fue solicitado de

mala fe por el tercero con interés directo en las resultas del proceso para

asimismo perpetrar actos de competencia desleal, en la medida en que

“MARSHAL” es una marca ampliamente conocida en el extranjero y

asociada de manera exclusiva a ella, con la cual se identifican cigarrillos.

Por su parte, la SIC adujo que de los elementos fácticos esbozados en

la demanda no se logra desvirtuar en la más mínima forma la ilegalidad

de los actos acusados, ya que no se estableció de manera clara y

concisa las razones por cuales manifiesta que existió vulneración del

artículo el artículo 137 de la Decisión 486, pues de la sola mención de

la norma jurídica presuntamente vulnerada, no se puede colegir mucho

menos demostrar su quebrantamiento.

En igual sentido, se pronunció el tercero con interés directo en las

resultas del proceso, pues alegó que los supuestos indicios, a los que

hace referencia el demandante, se derivan de presuntas prácticas

desleales o actos que generen confusión, manifestación que, a su

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juicio, no tiene base lógica y real que pruebe en la presente instancia

dicha manifestación.

Expresó que si bien es cierto que la actora es titular de la marca

“MARSHAL” en otros países, también lo es que fue propietaria de ésta

en Colombia, sin embargo, la SIC mediante la Resolución núm. 74608

del 4 de octubre de 2018 canceló totalmente dicho registro, por lo que

a ella, como solicitante de dicha cancelación, le asistía un derecho

preferente para obtener el registro como marca de dicho signo.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial

deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial

267-IP-2022, en la cual estimó que para el caso sub examine era viable

la interpretación del artículo 137 de la Decisión 486 “[…] por ser

pertinente […]”.

Al respecto, el texto de las normas aludidas es el siguiente:

Decisión 486.

“[…]

Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga
indicios razonables que le permitan inferir que un registro se
hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de
competencia desleal, podrá denegar dicho registro. […]”.

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Así las cosas, corresponde entonces a la Sala determinar si, de

conformidad con las normas de dicha Decisión, el tercero con interés

directo en las resultas del proceso incurrió en mala fe y actos de

competencia desleal, al solicitar el registro como marca del signo

“MARSHALL”.

Sobre el particular, es preciso advertir que la buena fe se presume y la

mala fe debe probarse por quien la alega, según lo expresó esta Sección

en la sentencia de 22 de febrero de 20109:

“[…] Cabe resaltar que tanto la Interpretación Prejudicial como
la Constitución Política Colombiana, han tenido como principio
general de derecho que la buena fe se presume y, por tanto, la
mala fe debe probarse por quien la alega, de manera que por las
razones previamente anotadas, la Sala reitera lo expresado en la
sentencia de 16 de octubre de 2014, en la cual se dijo:

“La mala fe en la obtención de registros marcarios ha sido referida
por el Tribunal Andino en múltiples oportunidades explicándola en
sentido negativo, es decir, haciendo alusión a que la buena fe es
un principio general del derecho y es sustento de todo
ordenamiento jurídico afirmando que constituye uno de los pilares
fundamentales del ordenamiento jurídico que como tal debe regir
no solo las relaciones contractuales sino cualquier actuación en la
vida de relación de los sujetos de derecho.
….

El mismo Tribunal sobre la mala fe ha manifestado que
para determinar si una persona obró con mala fe es
necesario que su actuación sea consecuencia de la
intención o de la conciencia de violar una disposición legal
o contractual o causar un perjuicio injusto e ilegal.10

También ha manifestado lo siguiente:

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de febrero
de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 2001-00209-01.
10
Proceso 3-IP-99, marca LELLI publicado en la Gaceta Oficial nº 461 de 2 de julio de 1999.

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“Se presume que todo comportamiento está conforme con los
deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por
ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para
con base en ello deducir las específicas consecuencias
jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume
además, que el comportamiento de una persona no se ha
manifestado con la intención de causar daño, de violar una
disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber
propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario
debe probarlo.”11

Para ello primero se deberá valorar si la solicitud estuvo
incursa en la prohibición contemplada en el literal d) del
artículo 136 de la Decisión 486 12para lo cual habrá que
determinar si el solicitante del signo era un representante,
distribuidor o una persona expresamente autorizada por el
titular del signo protegido. […]” (Destacado fuera de texto).

En virtud de lo anterior, se debe establecer si la solicitud de registro de

la marca cuestionada “MARSHALL”, para distinguir productos de la

Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, estuvo incursa en la

prohibición contemplada en el artículo 137 de la Decisión 486, para lo

cual habrá que determinar si: i) de los elementos materiales probatorios

obrantes en el expediente existen indicios de que dicha solicitud se se

efectuó con la intención de perpetuar actos de competencia desleal; y

ii) si existió mala fe por parte del tercero con interés directo en las

resultas del proceso.

11
Proceso 3-IP-99
12
Artículo 136, literal d) “sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que
dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el
solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por
el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;”

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Con relación a la referida prohibición de registro, es preciso traer a

colación lo señalado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial

rendida en este proceso, a saber:

“[…] 1.2. De conformidad con lo establecido en el artículo
137 de la Decisión 486, cuando la oficina nacional
competente tenga indicios razonables que le permitan
inferir que un registro se hubiese solicitado para
perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia
desleal, podrá denegar dicho registro. Esta denegación
procede de oficio y a pedido de parte.

[…]

1.4. Los actos de competencia desleal a que se refiere el artículo
137 de la Decisión 486 no solo son los tipificados en esta ley
andina, sino también los tipificados como tales en la legislación
nacional correspondiente.

1.5. Es importante precisar que, si el acto de competencia desleal
ha sido desarrollado con mala fe (dolo o malicia), o existe mala
fe en la conducta destinada a perpetrar, facilitar o consolidar el
acto de competencia desleal, ello es causal de nulidad del registro
en los términos establecidos en el segundo párrafo del artículo
172 de la Decisión 486. […]” (Destacado fuera de texto)

En ese orden de ideas, de los documentos allegados al expediente, la

Sala destaca los siguientes13:

.- Copia de los certificados de registro de las marcas “MARSHAL” núms.

1531167 y 1559555 expedidos por el Departamento de Propiedad

Intelectual del Ministerio de Industria y Comercio de China, para

13
Índices núms. 2 y 12 del expediente digital.

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identificar productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de

Niza.

.- Copia del certificado de registro de la marca “MARSHAL” núm.

139498-C expedido por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual de

la República de Bolivia, para identificar productos de la Clase 34 de la

Clasificación Internacional de Niza.

.- Copia del certificado de registro de la marca “MARSHAL” núm.

659271 expedido por el Ministerio de Economía, Fomento y

Reconstrucción de la República de Chile, para identificar productos de la

Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

.- Copia del certificado de registro de la marca “MARSHAL” núm.

2036943 expedido por la Oficina de Marcas de India, para identificar

productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

.- Copia de los certificados de registro de las marcas “MARSHAL” núms.

1434915 y 1289516 expedidos por el Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial, de México, para identificar productos de la Clase 34 de la

Clasificación Internacional de Niza.

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.- Copia del certificado de registro de la marca “MARSHAL” núm.

expedido por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de

Nicaragua, para identificar productos de la Clase 34 de la Clasificación

Internacional de Niza.

.- Copia de 33 documentos comerciales emitidos por CHINA TOBACCO

HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD. por concepto de venta de cigarrillos a

clientes de países como Colombia, Panamá y Belice, en 2019, los cuales

se relacionan a continuación:

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Al respecto, se destaca que los documentos expedidos con destino a

Colombia y Belice se encuentran escritos en inglés o contienen

expresiones en mandarín; y, adicionalmente, éstos no cuentan con una

traducción al castellano.

En efecto, los únicos documentos que se encuentran en castellano son

las declaraciones de movimiento comercial expedidas en la República de

Panamá.

.- Resolución núm. 74608 del 4 de octubre de 2018, “Por la cual se

decide la cancelación de un registro marcario”, expedida por el

Director de Signos Distintivos de la SIC, en la que se canceló

totalmente el registro núm. 493579 correspondiente a la marca mixta

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“MARSHAL”, que identificaba productos de la Clase 34 de la

Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular era el señor TAI

KWONG STEPHEN CHAN, por las siguientes razones:

“[…] Caso concreto

Habiendo verificado que el procedimiento de notificación se
ajustó a los requerimientos legales, se advierte que el término
para contestar la acción de cancelación venció sin que el titular
del registro hubiese dado respuesta. En consecuencia, al no
haberse dado contestación a la acción de cancelación aportando
las pruebas tendientes a demostrar el uso de la marca o el
motivo justificado para su desuso, se procederá a su cancelación
total, de conformidad con lo previsto en los artículos 165 y 167
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. […]”.

Sea lo primero advertir que los documentos comerciales que se

encuentran escritos en inglés con algunos caracteres en mandarín no

pueden ser valorados, por cuanto se encuentran en idioma diferente al

castellano sin contar con traducción oficial.

Ciertamente, el artículo 251 del Código General del Proceso, señala que

los documentos en idioma distinto del castellano se podrán apreciar

como prueba, siempre y cuando sean acompañados de la

correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones

Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el

juez.

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Por su parte, el artículo 8º de la Decisión 486 dispone que los

documentos en idioma extranjero deberán acompañarse de su

traducción respectiva al idioma castellano, pero que la oficina nacional

competente tiene la facultad de relevar de tal traducción cuando estime

que puede analizarlos sin la traducción al idioma castellano.

Frente a este asunto, debe puntualizarse que la no valoración de los

documentos allegados en idioma distinto al castellano que carecen de

la respetiva traducción oficial no puede ser calificada como una

exigencia desproporcionada, sino como el debido cumplimiento de un

mandato legal, conforme lo precisó la Sección Primera en la sentencia

de 6 noviembre de 202014, al sostener:

“[…] La Sala considera que no le asiste la razón a la parte
demandante, toda vez que la decisión, de la parte demandada,
referente a la no valoración de los documentos allegados
en idioma distinto al castellano que carecieren de la
respetiva traducción oficial, tuvo sustento legal en los
artículos 8 de la Decisión 486 y 260 del Código de
Procedimiento Civil, por lo que contrario sensu, no puede ser
calificada dicha decisión como una exigencia
desproporcionada, sino como el debido cumplimiento de
un mandato legal […]” (Destacado fuera de texto).

Ahora, de los demás documentos aportados al expediente, la Sala no

encontró probado que el comportamiento del tercero con interés

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de noviembre
de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020110002800.

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directo en las resultas del proceso, al solicitar el registro de la marca

cuestionada, existieran indicios de actos contrarios a la buena fe, a los

usos y prácticas deshonestas, o estuviere encaminado a producir daño

o crear confusión, engaño o desviación de la clientela, habida cuenta

que la actora no aportó suficientes pruebas que demostraran la

configuración de una conducta desleal.

En efecto, la mayoría de los documentos aportados por la actora

demuestran la titularidad del registro de la marca “MARSHAL” en

países como Chile, Bolivia, India, China, Nicaragua, entre otros; sin

embargo, no existe prueba alguna que demuestre que PRONALCI

S.A.S. tuviese la intención de que la solicitud de la marca se haya

efectuó con la intención de perpetuar actos de competencia desleal o

que ésta se haya presentado con mala fe.

Es de resaltar que esta Sección en la sentencia proferida el 27 de

octubre de 201715, con fundamento en la Interpretación Prejudicial

rendida en ese proceso, fue enfática en señalar, frente a dicho aspecto,

lo siguiente:

“[…] Quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo
137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado
para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de octubre
de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000-2008-
00405-00.

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competencia desleal a través de una imitación de la marca
previamente conocida. […]”. (Destacado fuera de texto).

En este punto la Sala llama la atención del hecho relativo a que la

marca “MARSHAL”, que se encontraba registrada en Colombia, para

productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, ni

siquiera era propiedad de la actora, sino del señor TAI KWONG

STEPHEN CHAN; y que el tercero con interés directo en las resultas

del proceso, en atención a lo previsto el artículo 165 de la Decisión

486, presentó una acción de cancelación por no uso en contra de dicho

registro, el cual fue cancelado totalmente a través de la Resolución

núm. 74608 de 2018, razón por la cual se le habilitó el uso del derecho

preferente para solicitar el registro como marca de un signo idéntico al

que fue cancelado.

En efecto, una vez consultado el Sistema de Propiedad Intelectual SIPI

de la SIC, la Sala advierte que la sociedad PRONALCI S.A.S. obtuvo

el registro de la marca “MARSHAL” (mixta)16 mediante la Resolución

núm. 37093 de 9 de julio de 2020.

Es por ello que, contrario a lo afirmado por la actora, la sociedad

PRONALCI S.A.S. al momento de solicitar la marca cuestionada

16
Se destaca que dicho registro es diferente a la marca objeto de controversia en el caso sub examine,
esto es, “MARSHALL” (nominativa).

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“MARSHALL” no incurrió en conductas desleales, sino que, por el

contrario, presentó una solicitud de registro de una marca similar a la

cual ya tenía registrada, esto es, “MARSHAL”.

De igual manera ocurre con la presunta mala fe alegada por la actora,

pues la Sala considera que la actora tampoco probó que la sociedad

PRONALCI S.A.S. haya obrado con actos contrarios a la buena fe,

pues como ya se dijo, quien la alegue debe probarla, situación que no

se presentó en el caso sub lite.

En efecto, la SIC se ciñó a los postulados constitucionales de la buena

fe, establecidos en dicha disposición, por cuanto no se probó que el

tercero con interés directo en las resultas del proceso hubiera actuado

de manera contraria, esto es, de mala fe, que como bien lo señaló esta

Sección, en sentencia proferida el 11 de febrero de 201017, y como ya

se dijo, quien la alegue debe probarla, situación que no se presentó en

el caso sub lite.

Así lo expresó la Sala en la precitada sentencia:

“[…] Sobre la “mala fe”, este Tribunal en su jurisprudencia ha
sostenido que para determinar si una persona obró con mala fe es
necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero
de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 1101032400020010029901.

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la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar
un perjuicio injusto o ilegal.

Así mismo, ha manifestado que se presume que todo
comportamiento está conforme con los deberes que se
desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme
inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las
específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el
ordenamiento. Se presume, además, que el comportamiento de
una persona no se ha manifestado con la intención de causar
daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de
ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda
afirmar lo contrario debe probarlo” (folio 307). El subrayado
es ajeno al texto.

Al respecto, a juicio de la Sala, las consideraciones jurídicas antes
anotadas que explican claramente acerca de la legalidad de los
actos administrativos acusados al haber registrado en debida
forma la marca “TEXTURATTO”, para la clase 2ª Internacional, a
favor de BASF S.A., así como las evidencias aportadas por la
actora que obran a folios 6 a 29, son más que suficientes para
determinar la inexistencia de la mala fe por parte del tercero
interesado en las resultas del proceso, pues como sostiene el
Tribunal, quien la alegue debe probarla, situación que no
se presentó en el sub lite […]”. (Destacado fuera de texto.)

Así las cosas, a juicio de la Sala, las consideraciones jurídicas antes

anotadas que explican claramente acerca de la legalidad de los actos

administrativos acusados al haber registrado en debida forma la marca

“MARSHALL”, para la clase 34 de la Clasificación Internacional de

Niza, a favor de PRONALCI S.A.S., por no estar incursa en la causal

de irregistrabilidad prevista en el artículo 137 de la Decisión 486, así

como las evidencias aportadas por la actora, que únicamente

demuestran una titularidad de registro de la marca “MARSHAL” en

otros países, son más que suficientes para determinar la inexistencia

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de la mala fe por parte del tercero interesado en las resultas del

proceso, pues como sostiene el Tribunal, quien la alegue debe probarla.

Ahora, el tercero con interés directo en las resultas del proceso alegó

que la marca cuestionada se deriva del derecho preferente al haber

obtenido la cancelación de la marca “MARSHAL” de propiedad el señor

TAI KWONG STEPHEN CHAN.

Al respecto, en la interpretación prejudicial 514-IP-2016, se indicó lo

siguiente:

“[…]

3.2. En atención a ello, es pertinente analizar lo establecido en
el artículo 168 de la Decisión 486. Dicha disposición señala lo
siguiente: […]

3.3. A la luz de lo mencionado en el artículo 168, el derecho
preferente para solicitar el registro de la marca que se canceló
pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción
de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo
ejerce en el tiempo y en la forma establecidos, el signo
cancelado se convierte en res nullius, quedando disponible para
quien primero solicite su registro.

[…]

3.5. Conforme señala la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, el derecho preferente no otorga al
accionante el derecho al registro automático del signo, sino la
prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez
presentada la solicitud de registro, durante el lapso que dura el
derecho preferente, esta deberá ser sometida al examen de
registrabilidad respectivo.

3.6. Hay que enfatizar en el hecho de que el derecho
preferente no le confiere en sí a la persona que obtuvo la

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resolución favorable, el derecho a ser el titular directo de
la marca cancelada, ya que debe someterse al proceso
normal de registro. […]” (Destacado fuera de texto).

De lo anterior, se desprende que quien haya logrado obtener la

cancelación total de un registro marcario a través de la acción de

cancelación por no uso, le asiste un derecho preferente para solicitar

el registro de esa misma marca que canceló, siempre y cuando lo

ejerza en el tiempo y en la forma establecidos.

Al respecto, la Sala considera que no le asiste razón al tercero con

interés directo, ya que: i) la marca objeto de controversia

“MARSHALL” (nominativa) no es idéntica a la marca cancelada

“MARSHAL” (mixta), pues adiciona una “L” en su denominación y

suprime totalmente la parte gráfica; y ii) como ya se dijo, ya había

obtenido el registro de una marca idéntica a la cancelada, esto es,

“MARSHAL” (mixta) identificada con el certificado de registro núm.

660396, haciendo uso del derecho preferente, siendo ésta diferente a

la aquí cuestionada.

Finalmente, la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA

S.A.S., presentó argumentos en sus alegatos de conclusión que no

fueron puestos de presente en el momento en que se le corrió traslado

para contestar la demanda, pues guardó silencio en esa oportunidad

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procesal. Al respecto, la Sala considera que no es dable traer a colación

argumentos nuevos que no fueron esgrimidos en el escrito de

contestación de la demanda, por lo que se relevará de realizar dicho

estudio18.

En ese orden de ideas, la Sala concluye que la marca solicitada

“MARSHALL” no se encuentra incursa en causal alguna de

irregistrabilidad; que no se violaron las normas invocadas como

violadas; y que le asistió razón a la SIC al concederla para amparar

productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, razón

suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad

que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están

acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico

comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los

motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda,

como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Por último, se le reconocerá personería a los doctores PAOLA

MARGARITA RUIZ MANOTAS y SANTIAGO MÁRQUEZ ROBLEDO

18
Dicha posición ha sido reiterada por la Sala, entre otras, en sentencia de 31 de agosto de 2023, C.P.
Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2015-00207-00.

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como apoderados, respectivamente, de la SUPERINTENDENCIA DE

INDUSTRIA Y COMERCIO y de la sociedad BRITISH AMERICAN

TOBACCO COLOMBIA S.A.S., tercero con interés directo en las resultas

del proceso, de conformidad con los poderes y documentos anexos visibles

en los índices 40 y 42 del expediente digital.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de

la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo

128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: TENER a la doctora PAOLA MARGARITA RUIZ MANOTAS

como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO, de conformidad con el poder y documentos anexos visibles

en el índice 40 del expediente digital.

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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00259-00
Actora: CHINA TOBACCCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD.

CUARTO: TENER al doctor SANTIAGO MÁRQUEZ ROBLEDO como

apoderado de la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA

S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, de

conformidad con el poder y documentos anexos visibles en el índice 42 del

expediente digital.

QUINTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las

anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala, en la sesión del día 17 de octubre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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