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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2021-00470-00

Fecha
7 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2021-00470-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 42 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00470-00 Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2021-00470-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

7 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00470-00
Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.-

TESIS: ES PROCEDENTE LA CANCELACIÓN PARCIAL, POR NO USO, DE
LA MARCA “LEE” CUESTIONADA, TODA VEZ QUE EL TERCERO CON
INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO DEMOSTRÓ SU
USO REAL Y EFECTIVO EN EL MERCADO PARA DISTINGUIR
“PRENDAS DE VESTIR”, COMPRENDIDAS EN LA CLASE 25 DE LA
CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA EN UNO DE LOS PAÍSES
MIEMBRO DE LA COMUNIDAD ANDINA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la

sociedad LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.-, mediante

apoderada, en ejercicio del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 de la

Ley 1437 de 2011, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

2

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00470-00
Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.-

1ª. Son nulas las resoluciones núms. 13065 de 2 de abril de 2020, “Por

la cual se decide la cancelación de un registro marcario”, expedida

por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia y Comercio1;

y 39805 de 28 de junio de 2021, “Por la cual se resuelve un recurso

de apelación”, emanada de la Superintendente Delegada para la

Propiedad Industrial de dicha entidad.

2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se cancele

totalmente por no uso el certificado de registro núm. 45935 de la marca

nominativa “LEE”, para distinguir productos de la Clase 25 de la

Clasificación Internacional de Niza.

3ª. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la SIC la

publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en

la Gaceta de Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. La parte actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en

síntesis, los siguientes:

1
En adelante SIC.

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Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.-

1º: Que el 30 de agosto de 2019 presentó solicitud de cancelación por

no uso del registro de la marca nominativa “LEE”, que distingue

productos comprendidos en la Clase 252 de la Clasificación Internacional

de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3, cuyo titular es

la sociedad THE H.D. LEE COMPANY, INC.

2°: Que una vez la SIC le corrió el traslado de ley, dicha sociedad dio

respuesta a la acción de cancelación por no uso argumentando que la

marca “LEE” (nominativa) había sido comercializada durante los tres

años anteriores a la formulación de dicha cancelación, esto es, durante

el período comprendido entre el 30 de agosto de 2016 y el 30 de agosto

de 2019.

3º: Que mediante la Resolución núm. 13065 de 2 de abril de 2020, el

Director de Signos Distintivos de la SIC, por un lado, denegó la

cancelación total por no uso del registro de la marca “LEE”, para

distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación

Internacional de Niza; y, por el otro, canceló parcialmente dicho registro

en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos: “[…]

Calzado, botas, zapatos y zapatillas […]”.

2
La marca fue concedida para identificar los siguientes productos: “[…] artículos de vestir y de vestuario
en general; calzado, botas, zapatos y zapatillas […]”.
3
En adelante Clasificación Internacional de Niza.

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Actora: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.-

4º: Que contra la citada disposición interpuso recurso de apelación,

siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm.

39805 de 28 de junio de 2021, emanada de la Superintendente Delegada

para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Que la SIC al expedir los actos acusados violó el artículo 166 de la Decisión

486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina4,

por cuanto, a su juicio, las pruebas aportadas por el tercero con interés

directo en las resultas del proceso no eran las adecuadas para demostrar el

uso de la marca cuestionada “LEE” (mixta) para prendas de vestir.

Adujo que en ninguna de las facturas aportadas por la sociedad THE H.D.

LEE COMPANY, INC. aparece el signo objeto de controversia “LEE”; y que

las imágenes de catálogos publicitarios en las que figura la denominación

cuestionada corresponden a diferentes temporadas o estaciones en la

República de Ecuador, las que no cuentan con alguna certificación de auditor

o revisor fiscal que corrobore que dichos documentos sí habían sido emitidos

dentro del período comprendido entre el 30 de agosto de 2016 y el 30 de

agosto de 2019.

4
En adelante Decisión 486.

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Explicó que si bien era cierto que se allegaron imágenes de 31

establecimientos de comercio identificados con la enseña comercial “LEE”,

también lo era que en las mismas no se señaló desde qué fechas estaban

abiertos al público, no contaban con ubicación (dirección y ciudad) y

tampoco se podía apreciar que dentro de dichos locales se estuvieren

vendiendo prendas de vestir distinguidas con la marca “LEE”.

Indicó que entre ella y la compañía THE H.D. LEE COMPANY, INC. nunca

hubo contrato de licencia de uso, sino de usufructo, por lo que tenía derecho

pleno al goce y disfrute de la marca “LEE” en su momento.

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 29 de la

Constitución Política, habida cuenta que, a su juicio, se vulneró el debido

proceso, ya que no se hizo un adecuado análisis de las pruebas, por cuanto

existió un error en la apreciación y valoración de estas, pues se les dio un

valor que no tenían.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el

efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos

demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las

normas legales vigentes en materia marcaria.

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Manifestó que el tercero con interés directo en las resultas del proceso

demostró el uso de la marca cuestionada “LEE” a través de la sociedad

ROYALTEX S.A., con quien suscribió un contrato de licencia de uso en

Colombia, para prendas de vestir en sus diferentes presentaciones.

Adujo que las diferentes pruebas allegadas en el trámite

administrativo, tales como las facturas, publicidad y muestras de los

productos amparados bajo la marca “LEE”, evidenciaron una

continuidad en el tiempo establecido, dando certeza de la utilización

efectiva en el mercado, con lo cual se demostró que se encuentra

haciendo uso de manera seria y razonable de dicho registro marcario

para prendas de vestir.

Precisó que, contrario a lo afirmado por la actora, y como bien lo señaló

en los actos administrativos acusados, dentro de un trámite de

cancelación marcaria no es necesario que se aporte un documento en

concreto que revele la existencia de una relación contractual que

justifique, a su vez, que un tercero haya usado una marca registrada

a nombre de otro. Ello teniendo en cuenta que no es requisito sine qua

non acreditar la celebración de un contrato que implique la

transferencia o autorización a un tercero para que se ejecute el

mencionado uso.

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Señaló que lo anterior se debe a que la protección conferida a la marca

por el ordenamiento jurídico requiere únicamente que la misma se

encuentre presente en los flujos comerciales, sin necesidad de acudir

a otros elementos para la calificación de tal uso.

Alegó que a sociedad THE H. D. LEE COMPANY, INC presentó una

relación de 350 facturas de la sociedad licenciante ROYALTEX S.A.,

desde el año 2016 hasta el año 2019, detallando la venta de productos

como pantalones, camisetas, camisas, blusas, busos y chompas; y

que, aunque en las facturas aportadas no aparecen los nombres de

cada prenda, sí se aportaron los códigos establecidos que coinciden con

los productos mencionados de la marca “LEE”, durante el período

relevante.

Que los hechos así descritos, valorados en conjunto con la totalidad del

acervo probatorio, reflejan con eficacia, a su juicio, la prestación en el

mercado andino de algunos de los productos identificados con la marca

objeto de estudio.

II.2. La sociedad THE H.D. LEE COMPANY, INC., tercero con interés

directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de

la demanda. Al respecto, sostuvo que el uso de la marca “LEE” fue

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demostrado ampliamente en “prendas de vestir”, durante el período

relevante, esto es, entre el 30 de agosto de 2016 y el 30 de agosto de

2019.

Mencionó que la marca “LEE” se ha usado en Ecuador y Perú, por las

compañías ROYALTEX S.A., domiciliada en Quito, y OLA Y

MONTAÑA SAC, domicilia en Lima, con quien ella mantiene relaciones

comerciales, a través de la suscripción de contratos de licencia y de

distribución para la comercialización de los productos identificados con

la marca “LEE”.

Que al momento de contestar la acción de cancelación por no uso

presentada por la actora, allegó facturas de compraventa, catálogos de

las prendas de vestir identificadas con la marca “LEE”, imágenes de

publicidad y de los establecimientos de comercio, contratos de licencia

de uso suscritos entre ella y las empresas ROYALTEX S.A. y OLA Y

MONTAÑA SAC, estados financieros, inversiones en publicidad, entre

otros, a través de los cuales la SIC encontró que eran conducentes,

pertinentes y útiles para demostrar el uso de la marca cuestionada,

durante el período relevante.

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Adujo que la SIC concluyó de manera acertada que una vez realizado

el análisis de las facturas aportadas, en las mismas se evidenció la

comercialización de productos identificados bajo la marca “LEE”, pues

en la mayoría de estos documentos se dejó constancia de ello, y aun

cuando en las facturas no se hizo relación directa de la marca “LEE”,

se observó el código principal de los productos, los cuales, al ser

comparados con el material fotográfico de las etiquetas y catálogo de

los productos, era evidente que correspondían a la misma numeración.

Que bastaba con observar las etiquetas de los productos, para concluir

que los códigos indicados en las etiquetas corresponden a los señalados

en las más de 300 facturas aportadas al proceso, las cuales pretende

desconocer la sociedad demandante mediante la presente demanda.

Explicó que la actora fue licenciataria de ella en Colombia para la

distribución de prendas de vestir identificadas con la marca “LEE”, por

lo que se encontraba en una imposibilidad jurídica y material de aportar

las evidencias de uso de la marca “LEE” en Colombia, pues la

demandante era el anterior usufructuario y persona autorizada para

usar la marca objeto de controversia.

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Puso de presente que lo anterior demuestra la ausencia de buena fe

comercial por parte de la demandante, pues, a su juicio, el hecho de

desconocer los efectos de un contrato con el cual se usufructuó de la

marca “LEE” en Colombia por más de 20 años y luego pretender su

cancelación, constituyen un acto de mala fe que la SIC debió analizar

en su momento.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

Mediante providencia de 28 de enero de 2022, se ordenó prescindir de

llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del

CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del

Decreto 806 de 4 de junio de 20205, adicionado hoy en día por el

artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20216, toda vez que se

trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se

formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar

durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no

se adoptó decisión al respecto.

5
“Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones
en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del
servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.”.
6
“Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los
procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.

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El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto

fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los

documentos aportados por las partes.

Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para

efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la

Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1- La actora insistió en que se accediera a las pretensiones de la

demanda. Para el efecto, manifestó que hubo una indebida valoración

de las pruebas allegadas en el trámite administrativo para demostrar

el uso de la marca cuestionada “LEE”, toda vez que, a su juicio, no hay

claridad sobre los períodos en que se hizo la publicidad, no hay pruebas

que demuestren a quién pertenecen los establecimientos de comercio

ni en qué período han estado o estuvieron en funcionamiento, no hay

certificación de auditor fiscal que de fe de las fechas en que fueron

comercializadas las prendas de vestir, ni por quién fueron

comercializadas.

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IV.2- La SIC reiteró los argumentos expuestos en su escrito de

contestación. Al respecto, mencionó que en las resoluciones

demandadas se señalaron claramente las pruebas admitidas, las cuales

eran totalmente pertinentes y útiles para demostrar el uso de la marca

cuestionada, ya que consistían en facturas, publicidad, imágenes de los

productos y de las etiquetas y el contrato de licencia con la sociedad

ROYALTEX S.A.

Que, por lo anterior, contrario a lo señalado por la actora, a través de

dichas pruebas, se evidenció una continuidad en el tiempo establecido,

dando certeza de la utilización efectiva en el mercado, con lo cual se

demostró que se encuentra haciendo uso de manera seria y razonable

dentro del tráfico mercantil de la marca “LEE”, para prendas de vestir

de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

IV.3- La sociedad THE H.D. LEE COMPANY INC., tercero con interés

directo en las resultas del proceso, se ratificó en lo expuesto en su

escrito de intervención. En efecto, alegó que se demostró que allegó

pruebas pertinentes, conducentes y útiles, que acreditaron que la

marca “LEE” se encontraba en uso para identificar “prendas de vestir”,

de manera real y efectiva en la Comunidad Andina, durante el período

comprendido entre el 30 de agosto del 2016 al 30 de agosto del 2019.

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Señaló que la marca “LEE” se ha usado en Ecuador y Perú, por las

compañías ROYALTEX S.A., domiciliada en Quito, y OLA Y

MONTAÑA SAC, domicilia en Lima, con quien mantiene relaciones

comerciales, suscribiendo contratos de licencia y de distribución para

la comercialización de los productos identificados con la marca objeto

de controversia.

IV.4- En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Público guardó silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal,

en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma

comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó7:

“[…] PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación
prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez
que la norma andina que fue objeto de la consulta prejudicial
obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de
Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020210047000,
constituye un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte
considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios
jurídicos interpretativos contenidos en la sentencia emitida en el
proceso 426-IP-2022, la cual se encuentra publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena 5155 del 12 de abril de 2023.

7
Proceso 39-IP-2022.

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TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial
se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente
del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las

resoluciones núms. 13065 de 2 de abril de 2020 y 39805 de 28

de junio de 2021, negó la cancelación total por no uso en contra del

registro de la marca “LEE”, con certificado núm. 45935, cuyo titular

es la sociedad THE H. D. LEE COMPANY, INC, al estimar que la

misma había sido utilizada para distinguir productos de la Clase 25 de

la Clasificación Internacional de Niza, de manera real, efectiva y

continua, durante el período relevante, esto es, entre el 30 de agosto

de 2016 y el 30 de agosto de 2019.

A juicio de la actora, las pruebas aportadas por el tercero con interés

directo en las resultas del proceso no eran las adecuadas para

demostrar el uso de la marca cuestionada “LEE” (mixta) para prendas

de vestir.

Adujo que en ninguna de las facturas aportadas por la sociedad THE

H.D. LEE COMPANY, INC. aparece el signo objeto de controversia

“LEE”; y que las imágenes de catálogos publicitarios en las que figura

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la denominación cuestionada corresponden a diferentes temporadas o

estaciones en la República de Ecuador, las que no cuentan con alguna

certificación de auditor o revisor fiscal que corrobore que dichos

documentos sí habían sido emitidos dentro del período comprendido

entre el 30 de agosto de 2016 y el 30 de agosto de 2019.

Por su parte, la SIC alegó que el tercero con interés directo en las

resultas del proceso demostró el uso de la marca cuestionada “LEE” a

través de la sociedad ROYALTEX S.A., con quien suscribió un contrato

de licencia de uso en Colombia, para prendas de vestir en sus

diferentes presentaciones.

Arguyó que las diferentes pruebas allegadas en el trámite

administrativo, tales como las facturas, publicidad y muestras de los

productos amparados bajo la marca “LEE”, evidenciaron una

continuidad en el tiempo establecido, dando certeza de la utilización

efectiva en el mercado, con lo cual se demostró que se encuentra

haciendo uso de manera seria y razonable de dicho registro marcario

para prendas de vestir.

Manifestó que la sociedad THE H. D. LEE COMPANY, INC presentó

una relación de 350 facturas de la sociedad licenciante ROYALTEX

S.A., desde el año 2016 hasta el año 2019, detallando la venta de

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productos como pantalones, camisetas, camisas, blusas, busos y

chompas; y que, aunque en las facturas aportadas no aparecen los

nombres de cada prenda, sí se aportaron los códigos establecidos que

coinciden con los productos mencionados de la marca “LEE”, durante

el período relevante.

En igual sentido, se pronunció el tercero con interés directo en las

resultas del proceso, pues mencionó que el uso de la marca “LEE” fue

demostrado ampliamente en “prendas de vestir”, durante el período

relevante, esto es, entre el 30 de agosto de 2016 y el 30 de agosto de

2019.

Explicó que la marca “LEE” se ha usado en Ecuador y Perú, por las

compañías ROYALTEX S.A., domiciliada en Quito, y OLA Y

MONTAÑA SAC, domicilia en Lima, con quien ella mantiene relaciones

comerciales, a través de la suscripción de contratos de licencia y de

distribución para la comercialización de los productos identificados con

la marca “LEE”.

Que al momento de contestar la acción de cancelación por no uso

presentada por la actora, allegó facturas de compraventa, catálogos de

las prendas de vestir identificadas con la marca “LEE”, imágenes de

publicidad y de los establecimientos de comercio, contratos de licencia

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de uso suscritos entre ella y las empresas ROYALTEX S.A. y OLA Y

MONTAÑA SAC, estados financieros, inversiones en publicidad, entre

otros, a través de los cuales la SIC encontró que eran conducentes,

pertinentes y útiles para demostrar el uso de la marca cuestionada,

durante el período relevante.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial

deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial

39-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe

remitirse a los criterios interpretativos contenidos en la interpretación

prejudicial núm. 426-IP-20228, en la que se interpretó el artículo 166

de la Decisión 486.

Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente:

Decisión 486

“[…]
Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en
uso cuando los productos o servicios que ella distingue han
sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el
mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que
normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza
de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales
se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga
exclusivamente productos que son exportados desde
cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el
párrafo anterior.
El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en
que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que

8
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5155 del 12 de abril de 2023.

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no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del
registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que
corresponda a la marca. […].”

Precisado lo anterior, se tiene que el debate esencial gira en torno a

establecer si el tercero con interés directo en las resultas del proceso ha

usado o no la marca “LEE” (nominativa), para distinguir los productos

de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en los tres (3)

años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación9.

Sea lo primero advertir que la Sala debe establecer el alcance del uso de

la marca y la prueba capaz de enervar la acción de cancelación en la

Decisión 486.

Sobre este asunto, el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 71-IP-

2019, precisó:

“[…] 1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se
deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El
concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en
uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el
principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado.
Dicho principio consagra que una marca se encuentra en
uso si los productos o servicios que ampara se encuentran
disponibles en el mercado bajo esa marca y en las
cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza
y la forma de su comercialización.

[…]

9
La solicitud de cancelación de la marca nominativa “LEE” fue presentada el 30 de agosto de 2019 por la
actora.

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1.5. El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486
establece que, para que proceda la acción de cancelación
por falta de uso tiene que darse en los tres años
consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la
acción de cancelación; es decir en los tres años
inmediatamente anteriores a la presentación de la acción.
Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya
usado la marca en algún momento durante esos tres años para
que no proceda la cancelación del registro por falta de uso.

[…]

3.15. Resta señalar que se desprende de lo establecido en el
primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, que para que
proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia
de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres
años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la
acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción,
basta que el titular de la marca acredite que en cualquier
momento dentro de dicho período usó la marca en los
términos explicados anteriormente.

[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

En consecuencia, para determinar el uso de una marca debe

demostrarse que ésta haya sido utilizada de manera real y efectiva

en cualquier momento de los tres años inmediatamente anteriores a la

presentación de la acción de cancelación.

En igual sentido, es menester traer a colación lo señalado por la

Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, en relación con la

prueba capaz de enervar la acción de cancelación en la Decisión 486,

a saber:

“[…]

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2.2. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la
marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca
objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión
486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso
real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca.

2.3. El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado
enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden
utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el
uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba
permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad
competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de
conformidad con el régimen probatorio aplicable.

[…]

3.2. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca
corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario
tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar
cuando se ha acreditado dicho uso.

3.3. Al respecto, el Artículo 166 de la Decisión 486 plantea los
supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra
en uso, conforme a continuación se detalla:

a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han
sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles
en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo
que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la
naturaleza de los productos o servicios y las modalidades
bajo las cuales se efectúa su comercialización en el
mercado.

b) Cuando distinga exclusivamente productos que son
exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo
establecido en el párrafo anterior.

c) El uso de marca en modo tal que difiera de la forma en que
fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no
alteren su carácter distintivo.

[…]

3.4. En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer
supuesto que señala la norma, referido a la puesta o
disponibilidad en el comercio de los productos marcados

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en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe
hacernos la pregunta a qué se refiere -o quiso referirse- la norma
cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio
de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que
corresponda a la naturaleza de dichos productos.

3.5. En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo
análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii)
disponibilidad de los productos en el mercado. Por el
primero de ellos podemos entender a que los productos
han sido materia de venta o comercialización y por el
segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el
mercado listos para su comercialización efectiva.

3.6. Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de
una marca, es usual que se encuentre con alguno de estos dos
escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una
cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si
la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve
para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas.

3.7. Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta
debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al
mercado—que ofreció a los consumidores—los bienes o servicios
(en adelante, producto) identificados con su marca. Así, por
ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que
contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o
transacciones que hubiera realizado.

[…]

3.10. Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al
reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del
uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición
del mercado los productos identificados con su marca, no
dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación
esperada por parte de clientes o consumidores.
[…]

3.12. En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el
comercio del producto como en lo referido a que el producto se
encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del
Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso
de la marca va a depender de la cantidad y del modo que
normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del
producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su
comercialización en el mercado.
[…]

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3.16. Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente
debe tener presente que al momento de analizar si la marca ha
sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo
a la naturaleza del producto, debe considerar que una de las
formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a
acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el
caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el
producto o servicio del que se trate, también se deben ponderar
la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos
o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que
acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un
activo de valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad
externa dirigida al público consumidor, a través de promociones,
correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web,
folletería, periódicos, entre otros. […]” (Destacado fuera de
texto).

De conformidad con lo anterior, para probar el uso real y efectivo de la

marca, el titular deberá demostrar que los productos o servicios que

esta identifica han sido puestos en el comercio o se encuentran

disponibles en el mercado bajo esa marca, teniendo en cuenta su

naturaleza y las modalidades en las cuales se efectúa su

comercialización en el mercado.

Así las cosas, la Sala se referirá a las pruebas allegadas al expediente,

con el objeto de analizar si la sociedad THE H.D. LEE COMPANY, INC.

ha usado o no la marca “LEE” (nominativa), para distinguir productos

de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, durante los tres

(3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, esto

es, en el período comprendido entre el 30 de agosto de 2016 y 30 de

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agosto de 2019, a efectos de establecer si los actos administrativos

acusados se ajustan a la legalidad requerida en la Decisión 486.

De las pruebas allegadas durante el trámite administrativo10 por el

tercero con interés directo en las resultas del proceso, para demostrar el

uso de dicha marca en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de

Niza, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de

cancelación, se destacan las siguientes:

• Contrato de licencia de uso suscrito entre la compañía THE H.D. LEE

COMPANY, INC. y la empresa ROYALTEX S.A., domiciliada en

Ecuador, de fecha 1º de enero del 2018.

• Contrato de licencia de uso suscrito entre la compañía THE H.D. LEE

COMPANY, INC. y la empresa OLA Y MONTAÑA SAC, domiciliada en

Perú, de fecha 1º de julio del 2018.

• 300 facturas de compraventa expedidas por la compañía ROYALTEX

S.A., en Ecuador, a diferentes clientes, en las cuales se observa la

comercialización de productos identificados con la marca nominativa

10
Índices núms. 16 y 17 del expediente digital.

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“LEE”, para prendas de vestir, dentro del período comprendido entre

el 30 de agosto del 2016 al 30 de agosto del 2019.

Adicionalmente, en dichas facturas se advierte el uso de diferentes

códigos para hacer referencias a diferentes prendas de vestir, tales

como pantalones, camisetas, busos, camisas, boxers, entre otros, los

cuales son coincidentes con las referencias en las etiquetas traídas a

colación como soporte, consistente en varias fotografías de éstas,

como se advierte a continuación:

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• Publicidad emitida por la empresa ROYALTEX S.A., en Ecuador,

durante el año 2017, para la marca “LEE”, que ampara prendas de

vestir, en la que se advierte lo siguiente:

• Catálogo de las prendas de vestir identificadas con la marca “LEE”

correspondiente a la temporada de invierno del 2018, en Ecuador:

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• Imágenes de las etiquetas, publicidad y de los establecimientos de

comercio de la empresa ROYALTEX S.A., en Ecuador, en el cual se

observan la marca “LEE” para el año 2018:

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• Catálogo de las prendas de vestir identificadas con la marca “LEE”

correspondiente a la temporada de otoño del 2019, en Ecuador:

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• Fotografías de algunos de los productos identificados con las marcas

“LEE” y “LEE RIDERS”:

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Previo a realizar el estudio probatorio correspondiente, la Sala debe

precisar que sí es procedente demostrar el uso de una marca a través

de actos ejecutados por un licenciatario o por otra persona autorizada,

conforme lo ha señalado esta Sección en anteriores ocasiones 11 y de

acuerdo con lo precisado por el Tribunal, en la Interpretación

Prejudicial 556-IP-2019, en la que expuso lo siguiente:

“[…] 2.7. La marca usada por el licenciatario o el autorizado
para ello. Cabe señalar que el artículo 165 bajo análisis hace
referencia al licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la
marca. Al respecto, el primero, el licenciatario, es aquel que hace uso
de la marca teniendo como sustento un contrato de licencia; en tanto
que el segundo, otra persona autorizada, es aquella que hace uso de
la marca sobre la base de otra forma de vinculación que no supone
un contrato de licencia de la marca. Ambos supuestos consisten en
lo siguiente:

a) Licencia de uso de la marca. La licencia de la marca se
encuentra regulada en el Capítulo IV del Título VI de la
Decisión 486. El instrumento en el que se plasma la licencia
es el contrato de licencia, mediante el cual una persona
llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra
denominada licenciatario. Cabe señalar que el licenciante
conserva la titularidad sobre la marca.

[…]

b) La simple autorización para la utilización de la marca en el
mercado. […]” (Destacado fuera de texto).

11
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1º de febrero
de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2009-00015-
00. Reiterado en sentencia de 16 de septiembre de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único
de radicación 2012-00033-00.

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De lo anterior, se extrae que existen dos supuestos para acreditar el

uso a través de terceras personas, esto es, mediante licenciatarios o

personas autorizadas por el titular de la marca.

En el caso concreto, la Sala observa que la sociedad THE H.D. LEE

COMPANY, INC. se acogió al primer supuesto, esto es, al de suscribir

un contrato de licencia de uso para su marca “LEE”, en los países de

Ecuador y Perú, ya que de ello dan cuenta los contratos suscritos entre

dicha sociedad y las compañías ROYALTEX S.A. y OLA Y MONTAÑA

S.A.C.

Así las cosas, para la Sala, las pruebas antes relacionadas son

pertinentes12 y conducentes13 para demostrar el uso real y efectivo de

la marca nominativa “LEE” por su titular, la sociedad THE H.D. LEE

COMPANY, INC., durante los tres (3) años inmediatamente anteriores

a la solicitud de cancelación.

12
Alude a que el medio probatorio guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar. [Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 3 de marzo de 2016, C.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio, número único de radicación 11001 03 25 000 2015 00018 00].
13
“[…] El medio de prueba debe ser el idóneo para demostrar determinado hecho, es decir, que la
conducencia es la aptitud legal del medio probatorio para probar el hecho que se investiga, y que requiere
de dos requisitos esenciales, que son: i) que el medio probatorio respectivo este autorizado y no prohibido
expresa o tácitamente por la ley; y ii) que ese medio probatorio solicitado no esté‚ prohibido en particular
para el hecho que con él se pretende probar […]”. (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B sentencia de 23 de julio de 2009, C.P. Bertha Lucía
Ramírez de Páez, número único de radicación 25000 23 25 000 2007 00460 02).

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En efecto, se observa que las pruebas demuestran el período dentro del

cual debía acreditarse el uso de la citada marca, esto es, entre el 30 de

agosto de 2016 y 30 de agosto de 2019, es decir, corroboran la época

y la regularidad en que fueron comercializados los productos amparados

con aquella, máxime si se tiene en cuenta que para frustrar la acción de

cancelación, “[…] basta que el titular de la marca acredite que en

cualquier momento dentro de dicho período usó la marca […]”,

según lo señaló la Interpretación prejudicial, rendida en este proceso.

Al respecto, se observa que las facturas de venta acompañadas de las

muestras físicas de los empaques y etiquetas del producto distinguido

con la marca “LEE”, allegadas al interior del trámite administrativo,

demuestran el uso efectivo y real de la marca “LEE”, en relación con

productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional

de Niza (prendas de vestir), dentro de los tres (3) años anteriores a la

radicación de la solicitud de cancelación por no uso.

Sobre el particular, debe precisarse que, contrario a lo afirmado por la

actora, las facturas allegadas resultan ser una prueba idónea, en virtud

de lo establecido en el artículo 167 de la Decisión 486, en tanto este

dispone que “[…] el uso de la marca podrá demostrarse mediante

facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de

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auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la

comercialización de las mercancías identificadas con la marca […]”14

Adicionalmente a lo anterior, debe tenerse en cuenta que si bien es

cierto no se hace una referencia exacta en algunas prendas a la marca

“LEE”, también lo es que dentro de dichas facturas aparecen unos

códigos para cada prenda, que concuerdan con las referencias en las

etiquetas aportadas de las prendas de vestir que se identifican con la

marca “LEE”, por lo que sí prueban la comercialización de los referidos

artículos en un país miembro de la Comunidad Andina.

Por lo tanto, la Sala considera que en relación con las facturas de

ventas que la sociedad demandante alega que no se les debe dar valor

probatorio, se precisa que, de conformidad con el artículo 167 de la

Decisión 486 y como lo ha sostenido la Sala en reiterada

jurisprudencia15, el uso de una marca sí puede probarse mediante

facturas comerciales, las cuales son válidas en este caso.

14
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de
septiembre de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000-
2010-00188-00.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo
de 2008, núm. único de radicación 2001-00269-01, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; sentencia de
4 de junio de 2015, C.P. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 2009-00420-00.

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Respecto del uso regular y efectivo de la comercialización del producto,

la Sala advierte que el mismo debe probarse de conformidad con la

naturaleza del mismo, siendo ello coincidente con los valores de venta

declarados en las múltiples facturas comerciales allegadas al proceso.

Sobre el particular, la Sala precisa que los valores declarados con las

facturas de venta allegadas, así como los catálogos de colecciones de

otoño e invierno para los años 2018 y 2019 y las distintas piezas

publicitarias, también demuestran la efectiva puesta a disposición en

el mercado de los productos, distinguidos con la marca cuestionada,

pues se acreditó su comercialización en el mercado andino durante el

período relevante.

Al respecto, la Sala señala que, contrario a lo afirmado por la actora,

éstas sí cuentan con una fecha cierta y, además, no es necesario que

éstas deban estar acompañadas de alguna certificación expedida por

un revisor fiscal o contador pues, se insiste, existe libertad probatoria

para demostrar el uso de la marca, de conformidad con lo dispuesto en

el citado artículo 167 ibidem.

En efecto, de la lectura de dicho artículo no se advierte obligación

alguna de que todos los documentos que se alleguen para demostrar

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el uso deban estar acompañados obligatoriamente de alguna

certificación.

Ahora, la Sala estima que las fotografías allegadas de las diferentes

prendas de vestir, en las que se evidencia que éstas se distinguen con

la marca “LEE”, demuestran cómo se ponía a disposición del público

consumidor la marca objeto de cancelación, pues a pesar de que no

evidencian el uso continuo dentro del período relevante, sí prueban la

forma en que se presentaban en el comercio los productos que se

identifican con dicha marca en el mercado.16

También se advierte que tanto el material publicitario allegado, así

como las fotografías de los establecimientos de comercio identificados

con la marca “LEE”, constatan una serie de ejemplos de cómo se

publicitaba “LEE”, así como la forma en que se efectuaba su

presentación en el mercado, dentro del período relevante.

Adicionalmente, no puede perderse de vista que el Tribunal, en la

Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, señaló que el uso

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de
septiembre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2013-00193-00.
Reiterado en sentencia de 25 de agosto de 2022, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de
radicación 2009-00044-00.

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de las marcas se podrá demostrar con todos los medios de prueba

permitidos en la legislación nacional, de la siguiente manera:

“[…] El artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado
enunciativo y no taxativo, de los medios de prueba que
pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En
ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos
los medios de prueba permitidos en la legislación nacional.
Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las
pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio
aplicable […]”. (Destacado fuera de texto)

Así las cosas, del análisis en conjunto del acervo probatorio aportado

al plenario, contrario a lo afirmado por la actora, la Sala concluye que

las pruebas documentales recaudadas y valoradas en el procedimiento

administrativo dan cuenta del uso dado a la marca cuestionada y ponen

de manifiesto que los productos identificados con la marca nominativa

“LEE” se hallaban en el mercado y estuvieron disponibles durante el

período relevante en varios países pertenecientes a la Comunidad

Andina, con excepción de “[…] calzado y sombrerería […]”.

Por lo anterior, era procedente la cancelación parcial por no uso de

dichos productos, puesto que el tercero con interés directo en las

resultas del proceso no logró demostrar su uso real y efectivo, así como

la puesta a disposición en el mercado dentro del período relevante.

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De conformidad con lo anterior, la Sala considera que le asistió razón

a la entidad demandada en los actos administrativos acusados al limitar

los productos reivindicados por la marca cuestionada “LEE” a prendas

de vestir, ya que éstos eran respecto de los cuales se demostró el uso,

conforme lo indica, precisamente, el citado artículo 165 de la Decisión

486.

En efecto, la Sala considera que en las cancelaciones parciales por no

uso procede la limitación de productos eliminando únicamente aquellos

respecto de los cuales la marca no se hubiere usado, pero deben

mantenerse aquellos para los cuales estuviese inicialmente registrada

la marca, como ocurrió en el caso bajo examen.

Ahora, la Sala debe precisar que las partes no debatieron el hecho

relativo a si podría presentarse similitud entre los productos que fueron

cancelados y aquellos que se mantuvieron en el registro, sino que

únicamente se analizó si se había demostrado el uso respecto de

aquellos que no le fueron cancelados mediante los actos

administrativos acusados.

En otras palabras, la actora cuestionó la valoración probatoria realizada

por la entidad demandada a fin de determinar el uso real y efectivo de

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la marca nominativa “LEE”, mas no si debía establecerse la similitud

y/o la conexión competitiva entre los productos que fueron restringidos

y los excluidos del certificado de registro de dicha marca y de esa forma

que fueran nuevamente incluidos en el mismo.

Por tal razón, la Sala no procederá a examinar si existe similitud o no

entre los productos excluidos y aquellos mantenidos en el registro de

la marca controvertida, comoquiera que ello no fue objeto de debate

ni en los actos administrativos acusados ni en el escrito de la demanda

presentado por la actora.

Y el hecho de haber llegado a la conclusión en los actos administrativos

acusados, de que era procedente la cancelación parcial por no uso del

registro de la marca cuestionada “LEE”, no desconoce el artículo 29 de

la Constitución Política, ya que dicha cancelación se realizó conforme a

las normas pertinentes sobre la materia, máxime si se tiene en cuenta

que, como se vio en párrafos anteriores, hubo una adecuada valoración

probatoria de los documentos allegados para demostrar el uso parcial

de la marca objeto de controversia, además de que la obligación de la

entidad demandada es realizar un examen analizando cada caso

concreto, de manera autónoma e independiente del análisis efectuado

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ya sea sobre signos idénticos o similares17, de conformidad con lo

dispuesto, precisamente, en dicha normativa18.

Finalmente, en lo atinente al argumento del tercero con interés directo

en las resultas del proceso relativo a que existe una mala fe por parte

de la actora, la Sala no lo advierte, pues como bien lo señaló esta

Sección en sentencia proferida el 11 de febrero de 201019, quien la

alegue debe probarla, situación que no se presentó en el caso sub lite.

Así, lo expresó la Sala en la precitada sentencia:

“[…] Sobre la “mala fe”, este Tribunal en su jurisprudencia ha sostenido
que para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que
su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de
violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto
o ilegal.

Así mismo, ha manifestado que se presume que todo comportamiento
está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la
buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para
con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas
dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el
comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención
de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de
ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar
lo contrario debe probarlo” (folio 307). El subrayado es ajeno al
texto.

Al respecto, a juicio de la Sala, las consideraciones jurídicas antes
anotadas que explican claramente acerca de la legalidad de los actos

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de junio de
2011, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040006901.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de
2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020130046300.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero
de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 1101032400020010029901.

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administrativos acusados al haber registrado en debida forma la marca
“TEXTURATTO”, para la clase 2ª Internacional, a favor de BASF S.A.,
así como las evidencias aportadas por la actora que obran a folios 6 a
29, son más que suficientes para determinar la inexistencia de la mala
fe por parte del tercero interesado en las resultas del proceso, pues
como sostiene el Tribunal, quien la alegue debe probarla,
situación que no se presentó en el sub lite […]”. (Destacado fuera
de texto.)

En efecto, el único documento que obra en el plenario es un contrato

de cesión de marca con reserva de usufructo suscrito entre las

sociedades LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. -LEC S.A.- y THE H.D.

LEE COMPANY, INC., en el que acuerdan la cesión de la marca “LEE”

(mixta), con certificado de registro núm. 42760, a nombre del tercero

con interés directo en las resultas del proceso, pero en el que la actora

se mantiene como usufructuaria de ésta.

Sin embargo, de este no se advierte que exista mala fe por parte de la

actora al haber solicitado la acción de cancelación por no uso del

registro de la marca cuestionada “LEE”.

Así las cosas, la Sala considera que no se violaron las normas invocadas

como vulneradas por la actora, por cuanto se demostró en el proceso

que la entidad demandada estudió y aplicó correctamente la normativa

andina, así como los criterios establecidos por el Tribunal al cancelar

parcialmente la marca “LEE” (nominativa), en el entendido de que

únicamente identificará los productos: “[…] calzado y sombrerería […]”,

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comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza,

razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de

legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la

demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de

la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo

128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas

las anotaciones de rigor.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de noviembre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Aclara voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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