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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2009-00015-00

Solicitud de cancelación del registro de marca por no uso: derecho preferente

Fecha
1 de febrero de 2018
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2009-00015-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A : PRIMERO: DENEGAR las súplicas de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. TERCERO: ENVIAR copia de la decisión al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2009-00015-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés

1 de febrero de 2018

SOLICITUD DE CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE MARCA POR NO USO –Del correspondiente a la marca Carlton / USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA – Prueba / CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE MARCA POR NO USO – Improcedencia respecto de Carlton

[S]e demostró la comercialización de productos y servicios bajo la marca CARLTON, pues las pruebas allegadas al proceso, dan cuenta de actos de explotación económica de los servicios “[…] hoteleros y de restaurante […]”, esto es, de conformidad con la clase 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, lo cual corresponde a un uso real y efectivo de la marca en el mercado, pues, se repite, se encuentra probado la puesta en venta o disposición de los bienes o servicios allí descritos. Así las cosas, para la Sala la Superintendencia de Industria y Comercio valoró adecuadamente las pruebas aportadas y motivó en debida forma los actos acusados, por lo que no se evidencia la presunta violación de los artículos 165, 166, 167, 168 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SOLICITUD DE CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE MARCA POR NO USO – Derecho preferente / RENUNCIA AL REGISTRO DE MARCA – Del titular de la marca Carlton / DERECHO PREFERENTE – Preservación / ACCIÓN DE CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE MARCA POR NO USO - Trámite a pesar de renuncia presentada por el titular

[F]rente a la renuncia de los derechos de la marca Carlton realizada por la sociedad titular del registro, resulta procedente recordar que a partir de la acción de cancelación por falta de uso de una marca registrada se da origen a la vida jurídica a la figura del derecho preferente, el cual debe ser invocado en principio a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha en la que quede en firme la resolución de cancelación que dé término a dicho procedimiento en la vía administrativa, conforme lo dispone la norma comunitaria. Teniendo en cuenta lo anterior, el beneficio de prelación que se otorga a la solicitud de registro efectuada con base en el derecho preferente, proviene desde el momento del inicio de cancelación de un registro y no se restringe a la cancelación de la misma. El Tribunal de Justicia en diversas interpretaciones ha otorgado al derecho de preferencia efectos jurídicos absolutos, incluso anteriores. Así las cosas, si bien es cierto que en principio el derecho preferente se hace efectivo únicamente con la resolución que cancela la marca por falta de uso y por tanto, no es posible ejercerlo desde la fecha en que se presenta la acción de cancelación, también lo es que el Tribunal de Justicia considera que los efectos jurídicos del beneficio de la prelación se retrotraen a la fecha en que inicia esta acción. […] Por lo anterior y encontrándose justificado la aplicación del principio “Prior tempore, potior iure”, estima la Sala, que las decisiones atacadas no solo guardan relación con la cronología de la actuación administrativa, sino que además garantizan de la mejor manera los derechos procesales de todos los intervinientes y, en particular, el relacionado con el derecho preferente del accionante, por lo que resulta procedente la acción de cancelación del registro de la marca CARLTON a pesar de la renuncia presentada.

CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE MARCA POR NO USO – Es una forma de extinción de los derechos derivados de la misma / CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE MARCA POR NO USO – Carga de la prueba del uso corresponde al titular del registro y no al solicitante / CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE MARCA POR NO USO – Su uso se puede acreditar a través de actos ejecutados por licenciatario o por persona autorizada

[D]e conformidad con los artículos 165 y siguientes de la Decisión 486, la falta de uso como causal para solicitar la cancelación del registro marcario, corresponde a una forma en la cual la administración puede decretar la extinción de los derechos derivados de la misma, con el propósito de evitar que un solo competidor tenga el monopolio en relación con la utilización de la marca de forma ilimitada en el tiempo e injustificada en perjuicio del libre mercado. […] Tal y como lo consideró el Tribunal Andino en la interpretación prejudicial rendida en el proceso de la referencia, si bien es cierto que la prueba del uso de una marca cuestionada se encuentra a cargo de la sociedad INVERSIONES G.B.S LTDA, según la norma comunitaria, el uso de la misma se puede acreditar a través de actos ejecutados por un licenciatario o por otra persona autorizada. En este sentido y del conjunto de pruebas antes referidas, en particular de los contratos de autorización de uso de marca, de las actas de la junta directiva, certificaciones y, en general, de las facturas de compra venta de servicios, para la Sala está claramente demostrado que las sociedades Administradora Hotelera Dann Ltda y la Promotora Apartamentos Dann S.A., fueron autorizados por el hoy en día titular de la marca Carlton, para disponer y utilizar de ese signo nominativo, de forma individual o conjuntamente con otros signos. […] Entonces, es a partir de las anteriores autorizaciones que las sociedades Administradora Hotelera Dann Ltda y Promotora Apartamentos Dann S.A, empezaron a comercializar los servicios hoteleros en sus diferentes establecimientos de comercio bajo denominaciones que incluían el nombre comercial Carlton junto a otros signos nominativos o marcas, sin que esto hubiera implicado la pérdida de distintividad de la marca y que, por ello, se pueda afirmar que se esté contraviniendo norma alguna que justifique su cancelación.

SERVICIO HOTELERO – Es habitual la utilización de una o varias marcas para identificar el establecimiento de comercio / USO SIMULTÁNEO DE MARCAS – Procedencia en una misma denominación o nombre comercial. DANN CARLTON

[R]esulta procedente el uso simultáneo de signos o marcas nominativas en una misma denominación o nombre comercial, sin que por ello se pueda sostener que se está alterando su distintividad o desnaturalice el fin de cada una de las marcas o signos. La Sala estima procedente advertir que dentro de la prestación de los servicios hoteleros resulta habitual que se utilice para identificar un mismo establecimiento de comercio uno o varios signos o marcas. Comúnmente se usa una marca de un operador en conjunto con un signo nominativo que identifica una línea o calidad de un servicio. En el caso que ocupa la atención de la Sala, se encuentra que la marca DANN identifica el grupo de hoteles, y la marca CARLTON, una línea especial del servicio, por lo cual en este caso ambas marcas se entienden usadas conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 del 2000, sin que ninguna de las dos pierda su distintividad. Respecto del uso regular y efectivo de la comercialización del servicio, la Sala advierte que el mismo debe probarse de conformidad con la naturaleza del mismo, siendo ello coincidente con lo afirmado por la parte actora en cuanto a que el estudio del uso debe ser acorde con la forma como se realiza la comercialización de productos de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Sobre el particular, es del caso precisar que para probar el uso de una marca, el titular de la misma debe demostrar el uso de todos y cada uno de los productos que distingue, y que los medios probatorios que demuestren dicho uso deben estar identificados con la referida marca cuestionada, y no con otra marca.

TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Cómputo

[E]l artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, establece que “[…] la nulidad y restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso […]”. Por lo anterior, el término de caducidad de cuatro (4) meses de que trata la norma citada, con el que contaba la parte actora para la presentación de la demanda objeto del presente asunto, debe contarse a partir del día siguiente a la fecha en que fue notificada la Resolución 27302 del 30 de julio de 2009, a través de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución 24832 del 14 de agosto 2007, esto es, el 26 de agosto de 2008; significa lo anterior, que a partir del día 27 de agosto de 2008, empezó a correr el término de caducidad de la acción incoada. Así las cosas, el término de los cuatro (4) meses para la presentación de la demanda, vencía el 27 de diciembre de 2008, y como quiera que la misma fue radicada el 19 de diciembre de 2008, de acuerdo con el sello obrante a folio 77 vuelto del plenario, en el presente asunto no operó el fenómeno jurídico de la caducidad, como lo señaló el apoderado de la sociedad PROMOTORA APARTAMENTOS S.A (antes INVERSIONES G.B.S, Ltda.)

JUICIO DE LEGALIDAD - Debe realizarse según las circunstancias de hecho y de derecho vigentes al momento de la expedición del acto / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 27 de mayo de 2010, Radicación 25000-23-27-000-2005-01869-01, C.P. Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta; y 26 de abril de 2013, Radicación 11001-03-24-000-2003-00343-01, C.P. María Claudia Rojas Lasso.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCISO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 136 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 167 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 168 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 170

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., primero (1) de febrero de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00015-00

Actor: THE RITZ CARLTON HOTEL COMPANY, LLC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: Tema: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO- ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR NO USO DE REGISTRO MARCARIO - RENUNCIA DE LOS DERECHOS SOBRE LA MARCA - DERECHO PREFERENTE - PRESERVACIÓN DEL DERECHO PREFERENTE - CADUCIDAD DEL REGISTRO DE MARCA - DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULOS 165, 166, 168, 171 y 174

La Sala decide, en única instancia, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, promovida por la sociedad The Ritz Carlton Hotel Company, LLC, por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 24832 del 14 de agosto 2007, por la cual se decidió negar la cancelación por no uso de la marca nominativa Carlton, con certificado número 184.501, clase 42 de la nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad Inversiones G.B.S LTDA; 9030 de 27 de marzo de 2008 y 27302 del 30 de julio de 2009, que decidieron los recursos de reposición y de apelación, interpuestos respectivamente, confirmando la decisión, todas ellas expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

El demandante, actuando por medio de apoderado, y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 85 del Código Contenciosos Administrativo, instauró demanda en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución no 24832 del 14 de agosto de 2007, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se negó la Cancelación por no uso de la marca CARLTON (NOMINATIVA) con Certificado de Registro No 184501, bajo la titularidad de INVERSIONES G.B.S LTDA, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 Internacional.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución No 9030 del veintisiete (27) de marzo de dos mil ocho (2008), expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución 24832 del catorce (14) de agosto de dos mil siete (2007), en sede de reposición.

TERCERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No 27302 del treinta (39) de julio de dos mil ocho (2008), expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución 24832 del catorce (14) de agosto de dos mil siete (2007), en sede de Apelación.

CUARTA: Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del Derecho, se ordene la CANCELACIÓN POR NO USO de la marca CARLTON (NOMINATIVA) con Certificado de Registro No 184501 bajo la titularidad de la sociedad INVERSIONES C.B.S LTDA, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 Internacional.

QUINTA: Que se condene en costa a la parte demandada [...]” (Mayúsculas tomadas del original)

I.2. Los hechos

Los hechos en que se fundamenta la demanda son del siguiente tenor:

Manifestó que mediante la Resolución No. 3784 del 27 de febrero de 1996, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca CARLTON (nominativa) para amparar servicios comprendidos en la Clase 42 Internacional de Niza, a favor de la sociedad INVERSIONES G.B.S LTDA.

Adujo que el 22 de agosto de 2005, la sociedad THE RITZ CARLTON HOTEL COMPANY, LLC presentó solicitud de cancelación por falta de uso contra la marca CARLTON, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 162 y 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Recordó que el fundamento jurídico de dicha acción básicamente recayó en el hecho de que INVERSIONES C.B.S LTDA. no estaba haciendo uso de marca concedida CARLTON (nominativa) dentro de todos y cada uno de los patrones y lineamientos trazados por los artículos 162 y 165 de la Decisión 486.

Aseguró que el 14 de agosto de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 24832, mediante la cual negó la cancelación de la marca de la referencia.

Afirmó que, teniendo en cuenta lo anterior, la sociedad THE RITZ CARLTON HOTEL COMPANY, LLC, mediante memorial radicado el 18 de septiembre de 2007, formuló recurso de reposición y, en subsidio, de apelación en contra de la Resolución No 24832 en comento, los cuales fueron desatados negativamente.

I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

La parte actora estimó que los actos administrativos atacados transgredieron las normas en que ha debido fundarse los actos administrativos, en particular, en lo referente a lo dispuesto en los artículos 162 y 165 de la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 84 del Código Contenciosos Administrativo y los principios generales de interpretación de los contratos dispuestos en los artículos 1618 y 1619 del Código Civil, que disponen:

“[…] CAPITULO IV

De las Licencias y Transferencias de las Marcas

Artículo 162.- El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito.

CAPITULO V De la Cancelación del Registro

Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito […].”

El Código Civil de Colombia dispone en los artículos 1618 y 1619 lo siguiente:
“[…] Título XIII: De la Interpretación de los Contratos
Artículo 1618. - Prevalecía de la intención. - Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras.
Artículo 1619. - Limitaciones del contrato a su materia. - Por generales que sean los términos de un contrato, solo se aplicarán a la materia sobre que se ha contratado […]”
Refiriéndose a las normas antes citadas, sostuvo la parte actora que la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de los actos atacados se excedió en interpretar las pruebas aportadas al proceso, en particular la escritura pública No. 1660 de fecha 14 de junio de 1995 y el contrato de administración hotelera, pues “[…] no debieron tenerse como evidencia de la autorización que legitima el uso de la marca Carlton llevado a cabo por parte de las sociedades Administradora Hotelera DANN LTDA. y la Promotora Apartamentos DANN S.A, en tanto que lo único que se autorizaba era el uso del nombre comercial DANN CARLTON, sin que por ello se pueda predicar extensivamente una autorización para el uso de la marca Carlton (Nominativa) […]”.

Afirmó que la Superintendencia de Industria y Comercio “[…] violó lo dispuesto en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo al incurrir en falsa motivación por inexistencia de los hechos aducidos en las resoluciones y en una errónea percepción de las pruebas por error de hecho, ya que tuvo como probados hechos que no son ciertos […]”.

Comentó que dichos contratos no debieron tenerse en cuenta como evidencia de la autorización que legitima el uso de la marca Carlton, en tanto que lo único que se autorizaba era el uso del nombre comercial HOTEL DANN CARLTON BUCARAMANGA Y DANN CARLTON, sin que por ello se pueda predicar extensivamente una autorización para el uso de la marca Carlton.

Manifestó que dentro del proceso administrativo la sociedad titular de la marca CARLTON no probó el uso de la marca en los términos que exige el artículo 162 de Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues lo que se probó fue el uso de la marca a través de una autorización de un nombre comercial y no de una marca que se encontrara depositada en el registro correspondiente, más aún cuando la escritura antes referida es anterior a la fecha en que se solicitó el registro de la marca Carlton.

Sostuvo que si efectivamente existió un contrato de licencia de uso entre la sociedad Inversiones G.B.S. LTDA y las sociedades Administradora Hotelera Dann Ltda. y la Promotora Apartamentos Dann S.A, el mismo debió ser registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Por lo tanto, su incumplimiento deriva en que dicho contrato no surta efectos frente a terceros.

Finalmente, afirmó que las facturas de los hoteles Calle 103, Hotel Dann Carlton Bucaramanga, y Hotel Casa Dann Carlton, de las vigencias 2002 a 2006, no eran idóneas para acreditar el uso de la marca Carlton, en tanto que se referían a los nombres comerciales Hotel Dann Carlton Bucaramanga, y Hotel Casa Dann Carlton.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO

Surtido el trámite anterior, el demandado y el tercero interesado presentaron los escritos de contestación de la demanda, en los cuales se expusieron los siguientes argumentos y excepciones:

II.1. LA NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. La Superintendencia de Industria y Comercio, en escrito presentado extemporáneamente solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones formuladas, pues las decisiones acusadas no son nulas y, las mismas, se ajustaron a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas.

II.2. TERCERO INTERESADO- LA SOCIEDAD PROMOTORA APARTAMENTOS S.A (antes INVERSIONES G.B.S, Ltda.) El tercero interesado presentó como excepción la que denominó “[…] caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento […]”, por cuanto, en su entender, la demanda se presentó con posterioridad al vencimiento del término contemplado en la ley.

Puso de presente que el término para presentar la demanda vencía el 13 de enero de 2009, fecha en la cual terminaba la vacancia judicial, pues los cuatro (4) meses dispuestos como término en la norma, vencían inicialmente el 26 de diciembre de 2008, no obstante, recordó que por motivo de la vacancia judicial no corrieron los términos durante los días 21 a 31 de diciembre del año 2009 y 1 a 11 de enero de 2010, por lo que término se trasladó al primer día hábil de la terminación de la misma, es decir, al 13 de enero de 2009 y no el 20 de enero del año en mención, fecha según la cual se radicó el libelo demandatorio.

De otro lado, manifestó que el hecho de no inscribir un contrato de licencia de una marca en el registro respectivo no desvirtúa la constatación fáctica del uso de esa marca en el mercado, hasta tal punto de que se cancele la marca respectiva. En el mismo sentido, recalcó que según el concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio número 04045240 del 31 de mayo de 2004, la protección conferida a la marca por el ordenamiento jurídico requiere únicamente que la misma se encuentre presente en los flujos comerciales de la empresa sin necesidad de acudir a otros elementos probatorios que ratifiquen su uso.

Consideró que lo relevante es probar el uso de la marca, independientemente del sujeto que lo haya hecho, ya que sin ser titular puede encontrarse autorizado para ello.

Adujo que el hecho de no tener registrada o en trámite de registro la marca Carlton al momento de la autorización de uso del signo, en nada afecta la existencia y el uso, que de este se está haciendo dentro del mercado. Los empresarios pueden entonces autorizar el uso de un signo sin que este se encuentre registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, aunque no goce de la protección legal frente a terceros.

A modo de conclusión, señaló lo siguiente:

“[…] A efectos de demostrar el uso de la marca no se hace necesario el registro de la licencia ante la oficina nacional competente, dado que la misma no constituye un requisito ad probationem del acto o hecho que se pretende probar, es decir, el uso real de la marca. (…) lo que toma por relevancia frente al caso en particular es la constatación fáctica de esta circunstancia en el mercado y no propiamente el sujeto que realiza dicho acto.

Según los argumentos planteados, es completamente viable para los empresarios autorizar el uso de un signo sin que el mismo este registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en efecto, y bajo el entendido que el “hecho marcario” comprende la simple colocación de un signo a un producto o servicio en el mercado, se puede concluir, que un signo se puede utilizar aún antes de intentarse su registro, caso en el cual no goza de la protección legal en relación con terceros, dado que se dificulta excluir a otros del uso del mismo.

No obstante no ser de la esencia para demostrar el uso del signo el evidenciar quien ejecuta el mismo, frente al caso en estudio, es evidente que la autorización que se hace del mismo se encuentra debidamente probado […].”

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 499-S-TJCA-2013 en el Proceso 86-IP-2013- de fecha 27 de agosto de 2013, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, en particular sobre los artículos 162, 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones:

“[…] PRIMERO: De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.

Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizarlo.

El uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.

Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. En el caso particular, para determinar el periodo de uso se debe tomar como un punto de referencia el 22 de agosto de 2005, fecha en la que se solicitó la cancelación del registro por no uso de la marca denominativa CARLTON.

El licenciatario es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace con base en otra forma de vinculación económica que no conlleva un licenciamiento de la misma, de conformidad con lo establecido en la presente providencia.

Se advierte que el contrato de licencia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el artículo 162 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros.

El uso de la marca no se prueba demostrando el uso del nombre comercial o de la razón social. Son supuestos y hechos completamente diferente. Una cosa es probar que una marca está en uso en un mercado determinado, es decir, que distinga efectivamente los bienes y servicios para la cual fue registrada, y otra muy diferente es demostrar que la actividad comercial de un empresario determinado se da en el mercado bajo un determinado nombre comercial o que la razón social se usa en sus transacciones comerciales. Probar el uso del nombre comercial o de la razón social no implica probar el uso de la marca en el mercado.

La corte consultante deberá establecer si la marca denominativa CARLTON es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente providencia […]”.

V.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

Mediante auto de 28 de junio de 2014, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión; vencido el plazo, la parte actora y el tercero con interés en las resultas del proceso reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa.

La Superintendencia de Industria de Comercio consideró como irrefutable el uso de la marca de la cual se solicitó la cancelación, toda vez que la misma fue demostrada dentro del proceso administrativo con las expresiones HOTEL DANN CARLTON y CASA DANN CARLTON siguiendo los pronunciamientos del Tribunal de Justicia Andina. Advirtió que la combinación de la marca CARLTON con las expresiones Hotel Dann y Casa Dan no altera la distintividad intrínseca del signo y los actos atacados no contravienen las disposiciones de la comunidad en materia marcaria, pues se observa que el uso fue probado, sin modificaciones, ni alteraciones o extracciones parciales que alteraran su capacidad distintiva de un origen empresarial.

La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardó silencio.

IV.- RENUNCIA DERECHOS SOBRE REGISTRO DE MARCA

Luego de transcurrido el trámite del procedimiento ordinario y habiendo terminado la etapa procesal de los alegatos, la sociedad The Ritz Carlton Hotel Company mediante escrito radicado el 6 de mayo de 2016, informó a esta entidad que el titular de la marca nominativa Carlton, la sociedad Promotora Apartamentos S.A.S, radicó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la renuncia a derechos respecto del registro de la marca Carlton, con certificado de registro 184501.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad The Ritz Carlton Hotel Company, en el libelo de la demanda, respecto de determinar si la Superintendencia de Industria y Comercio con ocasión de la expedición de las Resoluciones 24832 del 14 de agosto 2007, por la cual se decidió negar la cancelación por no uso de la marca nominativa Carlton, con certificado número 184.501, clase 42 de la nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad Inversiones G.B.S LTDA; 9030 de 27 de marzo de 2008 y 27302 del 30 de julio de 2009, que decidieron los recursos de reposición y de apelación, interpuestos respectivamente, confirmando la decisión, se desconocieron los artículos 162, 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto no se encontró debidamente probado el uso de la marca, no sin antes pronunciarse sobre la excepción de caducidad formulada por el tercero con interés en las resultas del proceso.

V.2.- La normativa aplicable

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial emitida en este proceso señaló que la normativa aplicable a este asunto, la que se contiene principalmente en las siguientes disposiciones de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; es el siguiente:

“[…] CAPITULO V

De la Cancelación del Registro

Artículo 165- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.

Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.

Artículo 168- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa

[…]

Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes. Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución.

CAPITULO VI

De la Renuncia al Registro
Artículo 171-  El titular de un registro de marca podrá renunciar en cualquier momento a sus derechos sobre el registro. Cuando la renuncia fuese parcial, ella abarcará los productos o servicios objeto de la renuncia.
No se admitirá la renuncia si sobre la marca existen embargos o derechos reales de garantía inscritos en la oficina nacional competente, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos. La renuncia al registro de la marca surtirá efectos a partir de su inscripción ante la oficina nacional competente.

[…]
Artículo 174 - El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviera legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión.
Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del País Miembro.” […]
V.3. – La excepción de caducidad propuesta por el tercero con interés en las resultas del proceso

El tercero interesado presentó como excepción la que denominó “[…] caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento […]”, por cuanto, en su entender, la demanda se presentó con posterioridad al vencimiento del término contemplado en la ley.

Señaló que el término para presentar la demanda fenecía el 13 de enero de 2009, fecha en la cual terminaba la vacancia judicial, pues los cuatro (4) meses dispuestos como término en la norma, vencían inicialmente el 26 de diciembre de 2008, no obstante, recordó que por motivo de la vacancia judicial no corrieron los términos durante los días 21 a 31 de diciembre del año 2009 y 1 a 11 de enero de 2010, por lo que término se trasladó al primer día hábil de la terminación de la misma, es decir, al 13 de enero de 2009 y no el 20 de enero del año en mención, fecha según la cual se radicó el libelo demandatorio.

Al respecto, la Sala recuerda que el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, establece que “[…] la nulidad y restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso […]”.

Por lo anterior, el término de caducidad de cuatro (4) meses de que trata la norma citada, con el que contaba la parte actora para la presentación de la demanda objeto del presente asunto, debe contarse a partir del día siguiente a la fecha en que fue notificada la Resolución 27302 del 30 de julio de 2009, a través de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución 24832 del 14 de agosto 2007, esto es, el 26 de agosto de 2008; significa lo anterior, que a partir del día 27 de agosto de 2008, empezó a correr el término de caducidad de la acción incoada.

Así las cosas, el término de los cuatro (4) meses para la presentación de la demanda, vencía el 27 de diciembre de 2008, y como quiera que la misma fue radicada el 19 de diciembre de 2008, de acuerdo con el sello obrante a folio 77 vuelto del plenario, en el presente asunto no operó el fenómeno jurídico de la caducidad, como lo señaló el apoderado de la sociedad PROMOTORA APARTAMENTOS S.A (antes INVERSIONES G.B.S, Ltda.)

V.4. – El caso en concreto

Mediante los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio negó la cancelación del registro de la marca Carlton (nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, “Alojamiento turístico, restaurante, bar y similares”.

La sociedad actora consideró que la negativa de la cancelación del registro contraviene las normas de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que la Superintendencia de Industria y Comercio interpretó erróneamente las pruebas en torno a la prueba del uso real y efectivo de la marca Carlton.

Siguiendo los parámetros enunciados en la interpretación prejudicial y que fueron citados anteriormente, la Sala estima procedente, en primer lugar, referirse a (i) la prueba de uso de una marca dentro del procedimiento de solicitud de cancelación de registro de marca; y (ii) determinar quiénes se encuentran legitimados para probar el uso de la misma.

En este sentido, la Sala recuerda que de conformidad con los artículos 165 y siguientes de la Decisión 486, la falta de uso como causal para solicitar la cancelación del registro marcario, corresponde a una forma en la cual la administración puede decretar la extinción de los derechos derivados de la misma, con el propósito de evitar que un solo competidor tenga el monopolio en relación con la utilización de la marca de forma ilimitada en el tiempo e injustificada en perjuicio del libre mercado.

A propósito, el Tribunal de Justica de la Comunidad Andina en el Proceso 12-IP-1997 señaló:

“[…] La cancelación de la marca por no uso es una manera de extinguir el derecho sobre la misma; el propósito de la acción de cancelación de una marca es establecer por la autoridad competente el no uso de la marca en las condiciones y plazos exigidos en la ley comunitaria, y de ser procedente, cancelar el registro […]”

En relación con la prueba del uso de una marca, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial número 287-IP-2015 de fecha 19 de febrero de 2016, cuyo contenido se expone, parcialmente, a continuación:

“[…] 16. El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la Resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de marca.

Falta de uso de la marca.

17. Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por el titular, por el licensatario de este, o por otra persona autorizada al menos en uno de los Países Miembros, durante los tres años precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

18. El artículo 165 habla de licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca. El primero es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace sobre la base de otra firma de vinculación económica que no conlleva licenciamiento de la misma.

19. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar que se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca.

20. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes que de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.

21. Sobre el principio de uso efectivo de la marca, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:

“Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado. A fin de determinar cuándo se cumple se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto.

El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquel sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de venta o disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Por ello (…) establece la presunción de que “una marca se encuentra en uso cuando los productos o sus servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado (Proceso 22-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No 1207, de 16 de junio de 2005).

22. El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en una marca que esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla su función distintiva.

23.El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no:

• La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente, o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.

• La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde a las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta como se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados de cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas o bajo catálogo, etc.

24. En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado:

[…]

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicios de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que se pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 314”. (Proceso 17-IP-95, Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta No 199, de 26 de enero de 1996).

22. El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con su naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización.

23. El párrafo tercero de la norma estudiada advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha referencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteres su carácter distintivo. En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso.

Carga de la prueba. La prueba del uso.

27. la carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. Es decir corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena de que se cancele dicha marca.

28. El mismo artículo sé enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca:

“El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificados de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías inidentificadas con la marca, entre otros”.

29. Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable […]”. (Negrilla fuera de texto)

Teniendo en cuenta lo anterior y de la revisión del plenario, la Sala se referirá a las pruebas allegadas a la actuación administrativa y al expediente judicial, lo anterior con el objeto de analizar si la sociedad INVERSIONES G.B.S LTDA ha probado el uso o no la marca nominativa Carlton, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, es decir, antes del 22 de agosto de 2005, para distinguir los productos de la clase 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a efectos de establecer si los actos administrativos acusados se ajustan a la legalidad requerida en la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

De las pruebas que fueron allegadas por la actora, para demostrar el uso de la marca nominativa Carlton, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, se encontraron las siguientes:

Folletos informativos del establecimiento Hotel Dann Carlton Bucaramanga, en los que se ofrecen servicios de alojamiento, restaurantes y hoteleros, en los cuales se utiliza la marca Carlton, dentro de la expresión Hotel Dann Carlton Bucaramanga, sin fecha de publicación.

Folletos informativos del establecimiento Casa Dann Carlton, en los que se ofrecen servicios de alojamiento, restaurantes y hoteleros, en los cuales se utiliza la marca Carlton, dentro del a expresión Casa Dann Carlton, sin fecha de publicación.

Facturas de compra venta de servicios expedidas por el Hotel Casa Dann Carlton Calle 103 de la ciudad de Bogotá D.C, correspondientes a los años 2002, 2003, 2004 y 2005, por unos montos totales correspondientes a $55.973.743, $39.300.519, $69.226.877 y $62.705.325; constan, los datos de esta sociedad, número consecutivo de la factura, datos del cliente, fecha de expedición y de vencimiento de la factura; producto adquirido, cantidad valor unitario según peso y presentación, y el valor total, código e IVA.

Facturas de compra venta de servicios expedidas por el Hotel Dann Carlton Bucaramanga, correspondientes a los años 2002, 2003, 2004, 2005, por unos montos totales correspondientes a $55.529.787, $69.143.992, $104.199.938 y $110.931.363, constan, los datos de esta sociedad, número consecutivo de la factura, datos del cliente, fecha de expedición y de vencimiento de la factura; producto adquirido, cantidad valor unitario según peso y presentación, y el valor total, código e IVA.

Facturas de compra venta de servicios expedidas por el Hotel Casa Dann Carlton, correspondientes a los años 2002, 2003, 2004, 2005, por unos montos correspondientes a $141.680.395, $254.483.535 y $323.081.788, en los cuales constan, los datos de esta sociedad, número consecutivo de la factura, datos del cliente, fecha de expedición y de vencimiento de la factura; producto adquirido, cantidad valor unitario según peso y presentación, y el valor total, código e IVA.

Certificación del revisor fiscal de la sociedad Administradora Hotelera Dann Ltda., de fecha 6 de marzo de 2006, donde certifica que la compañía ha usado la marca Carlton desde octubre de 2005, para distinguir servicios de hospedaje, restaurantes y afines, en el establecimiento de comercio Hotel Dann Carlton, ubicado en la avenida 15 no. 103-50 en la ciudad de Bogotá.

Certificación del revisor fiscal de la sociedad Promotora Apartamento Dann S. A, de fecha 8 de marzo de 2006, donde certifica que la compañía ha hecho uso de la marca Carlton desde agosto de 2001, para distinguir servicios de hospedaje, restaurantes y afines, en el establecimiento de comercio Hotel Casa Dann Carlton, ubicado en la calle 94 no. 19-71 en la ciudad de Bogotá.

Constancias de Cotelco, de fechas 7 de marzo de 2006, donde se certifica que las sociedades Administradora de Hoteles Dann Ltda. y la Promotora de Apartamentos Dann Ltda., son socios activos de dicha organización desde 1997 y 1998, respectivamente, usando la marca comercial DANN CARLTON en los hoteles Dann Carlton Bogotá, Dann Carlton Medellín, Dann Carlton Cali y Dann Carlton Barranquilla.

Copia simple del Contrato de administración suscrito el 9 de agosto de 1999, entre Inversiones G.B.S. Ltda. y Administradora Hotelera Dann Ltda. para la operación del establecimiento hotelero de las habitaciones 502, 702, 1002 y 1102 (Hotel Dann Carlton Bucaramanga).

Acta de Junta Extraordinaria de Socios número 96 de Hoteles Dann Ltda., del 23 de marzo de 1999, en donde se autoriza a las sociedades Administradora Hotelera Dann Ltda. y a la Promotora Apartamentos DANN S.A en calidad de operadores de los establecimientos Hotel Dann Carlton 103, Hotel Casa Dann Carlton para ejercer todas los derechos y obligaciones que se desprendan del uso de la marca Dann.

Acta de Junta Extraordinaria de Socios número 15 de Inversiones G.B.S. LTDA., del 23 de marzo de 1999, en donde se autorizan a las sociedades Administradora Hotelera Dann Ltda. y a la Promotora Apartamentos DANN S.A, en calidad de operadores de los establecimientos HOTEL DANN CARLTON 103, HOTEL CASA DANN CARLTON para ejercer todos los derechos y obligaciones que se desprendan del uso de la marca Carlton.

Copia simple de la Escritura Pública 1660 de fecha 14 de junio de 1995, suscrita en la Notaria treinta del círculo de Bogotá D.C., relacionada con la protocolización del reglamento de propiedad intelectual del Edificio Hotel Calle 103 (Hotel Dann Carlton), suscrito por la sociedad INVERSIONES G.B.S. LTDA y ADMINISTRADORA HOTELERA DANN.

Tal y como lo consideró el Tribunal Andino en la interpretación prejudicial rendida en el proceso de la referencia, si bien es cierto que la prueba del uso de una marca cuestionada se encuentra a cargo de la sociedad INVERSIONES G.B.S LTDA, según la norma comunitaria, el uso de la misma se puede acreditar a través de actos ejecutados por un licenciatario o por otra persona autorizada.

En este sentido y del conjunto de pruebas antes referidas, en particular de los contratos de autorización de uso de marca, de las actas de la junta directiva, certificaciones y, en general, de las facturas de compra venta de servicios, para la Sala está claramente demostrado que las sociedades Administradora Hotelera Dann Ltda y la Promotora Apartamentos Dann S.A., fueron autorizados por el hoy en día titular de la marca Carlton, para disponer y utilizar de ese signo nominativo, de forma individual o conjuntamente con otros signos.

Cabe resaltar que si bien algunas de dichas autorizaciones se formalizaron con anterioridad al registro de la marca nominativa ante la Superintendencia de Industria y Comercio, no puede por ello desconocerse que ellas autorizan del uso del nombre comercial CARLTON, el cual posteriormente fue registrado y del cual se continuó utilizando.

Entonces, es a partir de las anteriores autorizaciones que las sociedades Administradora Hotelera Dann Ltda y Promotora Apartamentos Dann S.A, empezaron a comercializar los servicios hoteleros en sus diferentes establecimientos de comercio bajo denominaciones que incluían el nombre comercial Carlton junto a otros signos nominativos o marcas, sin que esto hubiera implicado la pérdida de distintividad de la marca y que, por ello, se pueda afirmar que se esté contraviniendo norma alguna que justifique su cancelación.

Al respecto, recuerda la Sala que resulta procedente el uso simultáneo de signos o marcas nominativas en una misma denominación o nombre comercial, sin que por ello se pueda sostener que se está alterando su distintividad o desnaturalice el fin de cada una de las marcas o signos. La Sala estima procedente advertir que dentro de la prestación de los servicios hoteleros resulta habitual que se utilice para identificar un mismo establecimiento de comercio uno o varios signos o marcas. Comúnmente se usa una marca de un operador en conjunto con un signo nominativo que identifica una línea o calidad de un servicio.

En el caso que ocupa la atención de la Sala, se encuentra que la marca DANN identifica el grupo de hoteles, y la marca CARLTON, una línea especial del servicio, por lo cual en este caso ambas marcas se entienden usadas conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 del 2000, sin que ninguna de las dos pierda su distintividad.

Respecto del uso regular y efectivo de la comercialización del servicio, la Sala advierte que el mismo debe probarse de conformidad con la naturaleza del mismo, siendo ello coincidente con lo afirmado por la parte actora en cuanto a que el estudio del uso debe ser acorde con la forma como se realiza la comercialización de productos de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

Sobre el particular, es del caso precisar que para probar el uso de una marca, el titular de la misma debe demostrar el uso de todos y cada uno de los productos que distingue, y que los medios probatorios que demuestren dicho uso deben estar identificados con la referida marca cuestionada, y no con otra marca. Así, lo ha sostenido la Sección Primera en sentencia de 26 de abril de 2013 (Expediente núm. 11001-03-24-000-2003-00343-01, Actora: LABORATORIOS BUSSIE S.A., Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), como se observa a continuación:

“[…] A propósito, debe destacarse que el artículo 167 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone que para demostrar el uso de la marca pueden utilizarse “…facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

Si bien en nuestro ordenamiento jurídico rige el principio de la libertad probatoria, el cual se encuentra expresamente consagrado en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, ello no exime al titular de la marca de cumplir con la carga probatoria de acreditar el uso regular y efectivo del signo cuyo registro pretende que no sea cancelado […]”.

En el caso sub-examine, se demostró la comercialización de productos y servicios bajo la marca CARLTON, pues las pruebas allegadas al proceso, dan cuenta de actos de explotación económica de los servicios “[…] hoteleros y de restaurante […]”, esto es, de conformidad con la clase 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, lo cual corresponde a un uso real y efectivo de la marca en el mercado, pues, se repite, se encuentra probado la puesta en venta o disposición de los bienes o servicios allí descritos.

Así las cosas, para la Sala la Superintendencia de Industria y Comercio valoró adecuadamente las pruebas aportadas y motivó en debida forma los actos acusados, por lo que no se evidencia la presunta violación de los artículos 165, 166, 167, 168 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Ahora bien, frente a la renuncia de los derechos de la marca Carlton realizada por la sociedad titular del registro, resulta procedente recordar que a partir de la acción de cancelación por falta de uso de una marca registrada se da origen a la vida jurídica a la figura del derecho preferente, el cual debe ser invocado en principio a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha en la que quede en firme la resolución de cancelación que dé término a dicho procedimiento en la vía administrativa, conforme lo dispone la norma comunitaria.

Teniendo en cuenta lo anterior, el beneficio de prelación que se otorga a la solicitud de registro efectuada con base en el derecho preferente, proviene desde el momento del inicio de cancelación de un registro y no se restringe a la cancelación de la misma. El Tribunal de Justicia en diversas interpretaciones ha otorgado al derecho de preferencia efectos jurídicos absolutos, incluso anteriores.

A propósito del beneficio de prelación en la interpretación prejudicial del Proceso 27-IP-2012 del 1º de junio de 2012, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó:

“[…] La prelación que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada con base en el derecho preferente proveniente de la cancelación de un registro, deriva en que la marca solicitada sea considerada prioritaria a las solicitudes de terceros en curso, incluso anteriores a la solicitud de cancelación (es decir, prioritarias); de esta manera, el titular de la solicitud de cancelación tiene, a pesar de la posterioridad de la solicitud en la que invoca la prelación, un “derecho preferente”, a obtener el registro, que aquel derecho que puede tener cualquier solicitante anterior.[…]” (Subrayas fuera de texto).

Así las cosas, si bien es cierto que en principio el derecho preferente se hace efectivo únicamente con la resolución que cancela la marca por falta de uso y por tanto, no es posible ejercerlo desde la fecha en que se presenta la acción de cancelación, también lo es que el Tribunal de Justicia considera que los efectos jurídicos del beneficio de la prelación se retrotraen a la fecha en que inicia esta acción.

Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas o en la presentación de oposiciones, el Tribunal Andino de Justicia en el proceso 25-IP-2010, marca “HAT IN LIFE. SIMBOLO” (mixta), interpretación prejudicial de 17 de marzo de 2010, sostuvo:

“Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas o en la presentación de oposiciones, la doctrina y las normas comunitarias, han desarrollado la institución de la “prioridad”, que no se traduce sino en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio primero en el tiempo, mejor en derecho (Prior tempore, potior iure). Así, quien presente una solicitud posterior de registro de marca, que sea idéntica o similar a aquella para los mismos productos o servicios o para productos o servicios que puedan causar confusión en el público consumidor, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar oposiciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere.

Se advierte, que el derecho de prioridad interna o territorial no concede el derecho exclusivo sobre la marca, ni el derecho a que inexorablemente la marca sea concedida al solicitante. Simplemente, como se afirmó, en caso de conflicto entre dos o más solicitudes en relación con signos idénticos o similares para productos o servicios de una misma clase, se dará prevalencia en cuanto al trámite de registro a la presentada en primer lugar, todo esto bajo el entendido de que éstas se hayan presentado en el mismo País Miembro.

Si se llegara a conceder registros por solicitudes allegadas con posterioridad, se caería en un desorden tal que conduciría a que la administración actuara por conveniencia y en contravía de derechos de terceros de buena fe […]”. (negrilla fuera de texto)

Por lo anterior y encontrándose justificado la aplicación del principio “Prior tempore, potior iure”, estima la Sala, que las decisiones atacadas no solo guardan relación con la cronología de la actuación administrativa, sino que además garantizan de la mejor manera los derechos procesales de todos los intervinientes y, en particular, el relacionado con el derecho preferente del accionante, por lo que resulta procedente la acción de cancelación del registro de la marca CARLTON a pesar de la renuncia presentada.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala recuerda que es reiterada la jurisprudencia del Consejo de Estado en la cual se ha sostenido que el juicio de legalidad del acto administrativo debe realizarse según las circunstancias vigentes al momento de su expedición. Al respecto explicó la Sección:

«(…) Además, se tiene que el decaimiento  del acto administrativo tiene efectos ex nunc y que por lo mismo no afecta la presunción de legalidad de éste, por lo cual aun después de su decaimiento es susceptible de control de legalidad por esta jurisdicción, toda vez que dicha legalidad se determina a la luz de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento o existentes al momento de su expedición, y en el caso del decaimiento, es sabido que corresponde a situaciones o circunstancias ex post o sobrevivientes, incluso con posterioridad a la firmeza del acto administrativo. La nulidad y el decaimiento del acto administrativo son dos situaciones distintas, para las cuales la primera tiene acciones contencioso administrativas, mientras que la segunda no tiene una acción en este ámbito, sino la excepción anotada (…)»

De esta manera, la renuncia a la vigencia del título de registro en nada vicia de nulidad los actos acusados ni afecta la competencia de la Sala para proferir la decisión que nos ocupa.

V.5.- Conclusión

Teniendo en cuenta que la sociedad actora no desvirtuó la legalidad de los actos acusados, la Sala considera que las súplicas de la demanda deben ser negadas tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A :

PRIMERO: DENEGAR las súplicas de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

TERCERO: ENVIAR copia de la decisión al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Folio 40-41 del cuaderno principal
Decisión 486 del 2000. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Comisión de la Comunidad Andina.

Folios 129 a 133 del cuaderno principal
Folio 135 del cuaderno principal Constancia secretarial del Consejo de Estado
Folios 173 a 175 del cuaderno principal
Folio 13 y 14 del cuaderno principal
Folios 186 a 193 del cuaderno principal
Folio 195 del cuaderno principal
Folios 271 y 272 del cuaderno principal
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso: 86-IP-2013 Asunto: Interpretación prejudicial de los artículos 162 y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seción Primera. Expediente interno No 2009-00015. Actor: The Ritz Carlton Hotel Company LLC. Marca Carlton.
Folio 135 del cuaderno principal Constancia secretarial del Consejo de Estado
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso: 287-IP-2015 Magistrada Ponente: Martha Rueda Merchán.

Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Dicha potestad de disposición de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma.

Las licencias tienen una función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios. Para ampliar el campo de acción de una marca determinada, o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla.

La licencia de la marca se encuentra regulada en el capítulo IV del título VI de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último obliga al pago de una remuneración la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca.

La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero si impone una limitación del mismo. El artículo 163 prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como ésta es una limitación de gran importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro del contrato de licencia.

El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, de acuerdo con el artículo 162 de la decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros.

Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, ya que en este evento no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro de marcas, sino una prueba que indique la relación o el vínculo económico con el titular de la marca. No es una licencia porque el titular no cede las facultades del uso exclusivo d su marca, sino que simplemente autoriza de manera escueta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma. Un ejemplo clásico lo tenemos en los contratos de distribución donde no media licenciamiento de la marca. (Negrilla fuera de texto)
Folios 65 a 86 del cuaderno de anexo 2
Folios 1470 a 1523 del cuaderno de anexo 2
Folios 1240 a 1469 del cuaderno de anexo 2
Folios 1078 a 1238 del cuaderno de anexo 2
Folios 102 a 332 del cuaderno de anexo 2
Folios 334 a 590 del cuaderno de anexo 2
Folios 591 a 832 del cuaderno de anexo 2
Folios 834 a 1076 del cuaderno de anexo 2
Folio 61 del cuaderno de anexo 2
Folio 57 del cuaderno de anexo 2
Folio 70 del cuaderno de anexo 2
Folios 50 a 56 del cuaderno de anexo 2
Folio 86 cuaderno de anexo 2
Folio 101 cuaderno de anexo 2
Folio 87 del cuaderno de anexo 2
Proceso 004-IP-2066. Actor Sociedad PHIILIP MORRIS PRODUCTS INC. Marca: BELMONT (mixta); expediente No. 2002- 00382-01 (6410).
Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 27 de mayo de 2010. Rad.: 2005 - 01869. Consejero ponente: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

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