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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2021-00591-00

Fecha
2 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
14 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2021-00591-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de indebida escogencia de la acción y caducidad, formuladas por el tercero interesado en las resultas del proceso. SEGUNDO DECLARAR la nulidad del artículo primero de la Resolución núm. R-383 de 15 de mayo de 2019, “Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de pregrado”, expedida por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, respecto del señor HENDER EUGENIO MARTÍNEZ CORTES. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 51 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00591-00 Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA TERCERO: DECLARAR la nulidad del acta de grado núm. 28 de 14 de junio de 2019 y del diploma núm. 658-19 de la misma fecha, expedidos por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, a través de los cuales se le otorgó el título de abogado al señor HENDER EUGENIO MARTÍNEZ CORTES. CUARTO: INSTAR a la institución académica para que, en el marco de su autonomía y en desarrollo de los procesos internos que la regulan, adopte las medidas que estime pertinentes a fin de evaluar si el señor MARTÍNEZ CORTES estaría en condiciones de culminar el proceso de graduación con la acreditación de los requisitos que le hacen falta para optar por el título de abogado. QUINTO: COMPULSAR copia de la presente decisión a la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional, con miras a que ejerza sus competencia legales y reglamentarias tendientes a vigilar que la parte actora subsane los problemas de gestión documental que afronta. SEXTO: Por la Secretaría PONER EN CONOCIMIENTO de la Unidad de Registro Nacional de Abogados (URNA) del Consejo Superior de la Judicatura la presente providencia, para los fines que estime Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 52 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00591-00 Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA pertinentes, y teniendo en cuenta la eventual configuración de una de las causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo de inscripción de la tarjeta profesional de abogado del señor HENDER EUGENIO MARTÍNEZ CORTES. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2021-00591-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

2 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00591-00
Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

TESIS: LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS, POR MEDIO DE
LOS CUALES LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA OTORGÓ EL TÍTULO
PROFESIONAL, ESTÁN VICIADOS DE NULIDAD POR EXPEDIRSE SIN
EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE GRADO PREVISTOS EN
EL REGLAMENTO DE DICHA INSTITUCIÓN.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la

UNIVERSIDAD DEL CAUCA1, tendiente a que se declare la nulidad

del artículo 1° (parcial) de la Resolución núm. R-383 de 15 de mayo

de 2019, “Por la cual se confieren unos títulos académicos a

estudiantes de pregrado”, del acta de grado núm. 28 de 14 de junio

1
En adelante la UNIVERSIDAD.

2

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00591-00
Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

de 2019 y del diploma núm. 658-19 de 14 de junio de 2019, actos por

medio de los cuales otorgó el título de abogado al señor HENDER

EUGENIO MARTÍNEZ CORTES.

I.- LA DEMANDA

I.1. LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, por conducto de apoderada

judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad, previsto en el

artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo -CPACA-2, presentó demanda ante esta

Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

“[…] 3.1. Declárese la nulidad parcial del artículo primero de la
Resolución No. R-383 de fecha 15 de mayo de 2019, en concreto
el aparte que confiere al señor HENDER EUGENIO MARTINEZ
CORTES, identificado con C.C. No. 1.075.237.873 expedida en
Neiva – Huila, el título de abogado.

3.2. Declárese la nulidad del Acta de Grado No. 28 de fecha 14 de
junio de 2019 y Diploma No. 658 – 19 de fecha 14 de junio de
2019, actos administrativos con los cuales la Universidad del Cauca
materializa parcialmente lo dispuesto en el artículo primero de su
Resolución No. R-383 de fecha 15 de mayo de 2019 y otorga el
título de Abogado al señor HENDER EUGENIO MARTINEZ
CORTES, identificado con C.C. No. 1.075.237.873 expedida en
Neiva – Huila.

2
Cabe resaltar que en este caso la demanda fue admitida como de nulidad, pues la Sección consideró que
de manera excepcional era procedente el estudio de estos actos académicos a través de dicho medio de
control, por concurrir los supuestos previstos en el numeral 3 del artículo 137 del CPACA, debido a que el
ejercicio profesional del derecho es un asunto de interés relevante para la comunidad en general, por lo
que el otorgamiento de dichos títulos sin el cumplimiento de los requisitos para ello, afectan de manera
grave y evidente el orden público y social. De ahí que en la actualidad tales procesos se estén tramitando
bajo el medio de control de nulidad.

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3

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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

3.3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones se ordene
la cancelación de la Tarjeta Profesional de Abogado No. 332859,
otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura al señor HENDER
EUGENIO MARTINEZ CORTES, identificado con C.C. No.
1.075.237.873 expedida en Neiva – Huila […]”.

I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los

siguientes:

1°. Sostuvo que la UNIVERSIDAD es una institución de educación

superior del orden nacional, vinculada al Ministerio de Educación

Nacional, que cuenta con nueve (9) facultades, entre ellas, la Facultad

de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, a través de la cual ha ofertado

el programa de pregrado de Derecho.

2°. Adujo que para la fecha en que el señor HENDER EUGENIO

MARTÍNEZ CORTES3 se matriculó en el programa de Derecho, esto

es, en el segundo semestre del año 2011, la UNIVERSIDAD tenía

previsto como requisito de grado la presentación y aprobación de

exámenes preparatorios, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo

Académico núm. 02 de 17 de febrero de 2011, “Por el cual se adopta

la reforma curricular del Programa de Derecho que ofrece la

facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales”.

3
Tercero con interés directo en las resultas del proceso.

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3°. Señaló que el Consejo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas

y Sociales, con base en la información registrada en el Sistema

Integrado de Matrícula y Control Académico -SIMCA-, expidió paz y

salvo académico a favor del estudiante HENDER EUGENIO

MARTÍNEZ CORTES quien, dentro de la oportunidad otorgada por la

Secretaría General, presentó la documentación exigida para el

otorgamiento del título de Abogado a fin de ser incluido en la ceremonia

colectiva de graduación que tuvo lugar el 14 de junio de 2019, en la

cual recibió el diploma correspondiente.

4°. Aseveró que el rector de la UNIVERSIDAD, mediante la Resolución

núm. 695 de 30 de julio de 2019, conformó un equipo de seguimiento

y apoyo a la mejora de los procedimientos académicos administrativos

de registro de exámenes preparatorios del programa de derecho, con

el propósito de verificar posibles irregularidades que se habrían

presentado en el registro de tales exámenes.

5°. Lo anterior, con fundamento en una denuncia anónima recibida en

el correo electrónico de la Institución y en el escrito presentado por

uno de los docentes de la UNIVERSIDAD, en los que se informaba

que a varios estudiantes del programa de derecho se les registraron

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como aprobados los exámenes preparatorios en el SIMCA, a pesar de

que no los habían superado.

6°. Indicó que, en cumplimiento de la tarea encomendada por el Rector

de la UNIVERSIDAD, el equipo constituido mediante la Resolución

núm. 695 de 2019 procedió a analizar la información consignada en el

SIMCA, en relación con la inscripción, calificación y registro de

exámenes preparatorios de estudiantes, egresados y graduados desde

el año 2015, confrontando dicha información con los respectivos

soportes físicos que reposaban en el expediente de la correspondiente

historia académica.

7°. Señaló que respecto de la situación académica del señor HENDER

EUGENIO MARTÍNEZ CORTES se advirtió que, según la información

registrada en el SIMCA, habría presentado y aprobado los siete (7)

exámenes preparatorios exigidos por el reglamento; sin embargo,

corroborado dicho reporte con el expediente de la historia académica,

pudo advertir que el graduado solo había aprobado cinco (5)

exámenes, quedando pendiente de aprobación los correspondientes a

las áreas de derecho administrativo y derecho de bienes, obligaciones

y contratos.

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8°. Destacó que la UNIVERSIDAD desconoce el medio o mecanismo

utilizado por el señor MARTÍNEZ CORTES para obtener el registro de

notas aprobatorias, sin haber superado los respectivos exámenes,

situación que fue puesta en conocimiento de las autoridades

competentes.

9°. Finalmente, mencionó que los actos acusados de nulidad se

expidieron bajo el supuesto de que el señor HENDER EUGENIO

MARTÍNEZ CORTES había cumplido con todos y cada uno de los

requisitos previstos para que se le otorgara el título de abogado.

I.3.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

La parte actora sostuvo que los actos acusados de nulidad incurren en

las causales de falsa motivación y expedición irregular, pues vulneran

los artículos 6º, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución

Política; la Ley 30 de 1992; los artículos 3º, 6º y 137 de la Ley 1437

de 2011; la Ley 30 de 1992; y el Acuerdo Académico núm. 02 de 17

de febrero de 2011, “Por el cual se adopta la reforma curricular

del Programa de Derecho que ofrece la facultad de Derecho,

Ciencias Políticas y Sociales”4.

4
Es de aclarar que la Universidad del Cauca, junto con el escrito de la demanda, aportó una copia del
Acuerdo Académico núm. 02 de 17 de febrero de 2011 que no era la versión definitiva. El citado documento
señalaba que los exámenes preparatorios eran obligatorios en sus artículos 6º y 8º, a pesar de que en la

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Respecto de la transgresión de las normas antes citadas, indicó que “la

presentación y aprobación de la totalidad de los exámenes

preparatorios constituye una condición o requisito sin la cual el

estudiante del Programa de Derecho de la Universidad del Cauca no

podría adquirir el derecho a que se le confiera el título de Abogado (a)

y, de otorgarse sin el cumplimiento del mismo dicho título deberá ser

dejado sin efectos, como lo ha entendido y dispuesto la Honorable

Corte Constitucional en su Sentencia de Unificación SU-783 de 2003”.

Aseveró que el señor HENDER EUGENIO MARTÍNEZ CORTES no

cumplió con los requisitos exigidos por la ley y los reglamentos internos

de la UNIVERSIDAD para que se otorgue el título de abogado, pues

de acuerdo con las pruebas recaudadas por el equipo de seguimiento

se pudo establecer que el graduado no aprobó los exámenes

preparatorios de las áreas de derecho administrativo y derecho de

bienes, obligaciones y contratos.

II.- TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL

versión definitiva del Acuerdo Académico núm. 02 de 17 de febrero de 2011 los artículos 6º y 8º pasaron
a ser los artículos 5º y 7º. Por lo anterior, en el marco del principio iuria novit curia, la Sala entenderá que
cuando la Universidad se refirió a la transgresión de los artículos 6º y 8º del Acuerdo Académico núm. 02
de 17 de febrero de 2011, se trataba materialmente de los artículos 5º y 7º.

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II.1. Admisión. Mediante proveído de 12 de noviembre de 20215 se

admitió la demanda de la referencia y se ordenó vincular al señor

HENDER EUGENIO MARTÍNEZ CORTES, en calidad de tercero con

interés directo en las resultas del proceso.

II.2. Medida cautelar. Con la demanda, la actora solicitó la

suspensión provisional de los efectos de los actos acusados, a la cual

se accedió mediante proveído de 21 de enero de 20226.

II.3.- Contestación

II.3.1. El señor HENDER EUGENIO MARTÍNEZ CORTES7, en calidad

de tercero con interés directo en las resultas del proceso, contestó la

demanda, a través de apoderado judicial, y propuso las excepciones

que denominó “invocación indebida del medio de control”, “caducidad

del medio de control”, “existencia de fallas en la prestación del servicio

público de educación” y “buena fe exenta de culpa por parte del

demandado”.

5
Visible en el índice núm. 4 del expediente digital.
6
Visible en el índice núm. 20 del expediente digital.
7
Visible en el índice núm. 19 del expediente digital.

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Afirmó que los actos acusados son de contenido particular y concreto,

por lo que la demandante debió incoar el medio de control de nulidad

y restablecimiento del derecho, aunado a que no era procedente

adecuar el medio al de nulidad, como en efecto se hizo en el auto

admisorio de la demanda, bajo el argumento de la grave afectación al

orden público y social que ocasionarían los actos acusados, pues lo

cierto es que no está acreditado que el señor MARTÍNEZ CORTES

haya incurrido en acciones u omisiones que indujeran en error a la

universidad y produjeran una alteración del orden político y social,

como lo quiere hacer ver la demandante.

Agregó que por la misma razón de que el medio procedente para el

enjuiciamiento de los actos acusados es el de nulidad y

restablecimiento del derecho, debe declararse la caducidad del medio

de control, habida consideración que la demanda se presentó fuera del

término de los cuatro (4) meses, previsto en el artículo 164, numeral

2, literal c), del CPACA.

Asimismo, adujo que las presuntas fallas que alega la demandante

como fundamento de nulidad de los actos acusados, son

exclusivamente atribuibles a las actuaciones desplegadas por la

institución universitaria, por lo que en este caso debe prevalecer el

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principio de la buena fe, teniendo en cuenta que no participó en la

producción de los actos administrativos que se demandan.

Por último, agregó que bajo el principio de la carga dinámica de la

prueba debe tenerse presente que el depositario único de la

información académica del estudiante es la institución universitaria y,

por lo tanto, es esta la parte procesal que mejores posibilidades tiene

de demostrar por qué el expediente académico no contiene todos los

soportes que respaldan la información consignada en la base de datos

o sistema “SIMCA”.

II.4. El Despacho Sustanciador, mediante proveído de 8 de abril de

2022 resolvió las excepciones previas formuladas por el tercero

interesado8; en auto de 27 de mayo de 20229 prescindió de realizar la

audiencia inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, fijó el litigio10

8
Expediente digital, índice 32. En el mencionado proveído, el Despacho estimó que las excepciones
formuladas por el tercero interesado no correspondían a excepciones previas por no estar enlistadas en el
artículo 100 del CGP, por lo que su resolución se haría en la sentencia.
9
Expediente digital, índice 38.
10
El litigio se fijó en los siguientes términos:
“[…] Siendo ello así, es menester resaltar que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la
contestación de la misma, consiste en determinar si la Resolución núm. R-383 de 15 de mayo de 2019, “Por
la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de pregrado”, y el acta de grado núm.
28 de 14 de junio de 2019, por medio de las cuales se otorgó el título de abogado al señor HENDER
EUGENIO MARTÍNEZ CORTÉS, expedidas por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, desconocieron o no los
artículos 6º, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución Política; los artículos 3º, 6º y 137 de la
Ley 1437 de 2011; y el Acuerdo Académico núm. 02 de 17 de febrero de 2011, “Por el cual se adopta la
reforma curricular del Programa de Derecho que ofrece la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas
y Sociales”, en concordancia con el Acuerdo núm. 001 de 4 de diciembre de 2014, “Por el cual se adopta
el reglamento de preparatorios del Plan de Estudios del programa de Derecho”, conforme a lo
expuesto por la parte actora en su demanda y a lo indicado por el tercero con interés directo en las resultas
del proceso en escrito obrante en el índice núm. 19 del expediente digital […]”.

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y resolvió sobre las pruebas aportadas y solicitadas por las partes; y en

auto de 27 de enero de 202311 corrió traslado a las partes y al Ministerio

Público para que presentaran sus alegatos de conclusión.

II.5. Alegatos de conclusión

II.5.1- La UNIVERSIDAD12 efectuó un recuento de lo reseñado en el

libelo introductorio e insistió en que se debe acceder a las pretensiones

de la demanda porque dentro del proceso está acreditado que el señor

HENDER EUGENIO MARTÍNEZ CORTES incumplió con el requisito

de presentar y aprobar los exámenes preparatorios requeridos para

obtener el título de abogado.

Al respecto, sostuvo que se acreditó la vulneración de lo previsto en

los numerales 6° y 8° (sic) del Acuerdo Académico núm. 02 de 17 de

febrero de 2011, “Por el cual se adopta la reforma curricular del

Programa de Derecho que ofrece la facultad de Derecho, Ciencias

Políticas y Sociales”, pues las pruebas que reposan en el expediente

dan cuenta de que el egresado no aprobó los preparatorios de derecho

administrativo y derecho de bienes, obligaciones y contratos.

11
Expediente digital, índice 69.
12
Visible en el índice núm. 76 del expediente digital.

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12

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II.5.2- El señor HENDER EUGENIO MARTÍNEZ CORTES13 manifestó

que no existía fundamento legal para exigirle la presentación y

aprobación de los exámenes preparatorios.

Agregó que fueron los docentes, junto con el personal administrativo y

directivo de la UNIVERSIDAD, los que validaron el cumplimiento de

los requisitos para que se otorgara el título académico acusado de

nulidad.

Respecto del informe que elaboró el equipo de seguimiento y apoyo a

la mejora de los procedimientos administrativos de registro de

exámenes preparatorios de la UNIVERSIDAD, aclaró que dicho grupo

de trabajo no es competente para determinar la validez o invalidez de

los requisitos que lo habilitaron para optar por el título de abogado.

De igual forma, manifestó que la prueba trasladada que aportó la

Fiscalía General de la Nación no daba cuenta de la vulneración del

Acuerdo Académico núm. 02 de 17 de febrero de 2011, pues estaba

relacionada con la recolección de información de otras personas.

13
Visible en el índice núm. 75 del expediente digital.

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13

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Finalmente, reiteró que no era obligación de los estudiantes conservar

los soportes de la presentación y aprobación de los exámenes, pues

ello era responsabilidad de la UNIVERSIDAD, ente universitario que

no acreditó en el proceso el incumplimiento de los requisitos de grado

necesarios para obtener el título académico acusado de nulidad.

III.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Agente del Ministerio Público rindió concepto14 en el que solicitó

acceder a las pretensiones de la demanda, por cuanto estimó que

dentro del proceso existían elementos de juicio para declarar la nulidad

de los actos acusados.

Destacó que al ingresar a la UNIVERSIDAD el señor MARTÍNEZ

CORTES se comprometió a cumplir con el reglamento académico que

preveía la exigencia de exámenes preparatorios para obtener el título

de abogado; y que, además, era consciente de tal exigencia pues

presentó los aludidos exámenes sin superar dos de ellos.

Aseveró que al matricularse en los diferentes programas académicos

los estudiantes conocen las normas que rigen su institución educativa

14
Visible en el índice núm. 74 del expediente digital.

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y, por ende, están obligados a su observancia, máxime si se trata de

aquellas normas que regulan los requisitos para obtener el

correspondiente título profesional.

Agregó que aun cuando el tercero con interés directo en las resultas

del proceso alegó a lo largo del mismo haber cumplido con todos los

requisitos exigidos por el reglamento universitario para recibir su

diploma profesional, lo cierto es que no aportó al proceso pruebas que

demostraran dicha afirmación; por el contrario, lo que sí resultó

acreditado es que el señor MARTÍNEZ CORTES incumplió con el

requisito de grado consistente en presentar y aprobar la totalidad de los

exámenes preparatorios, previstos en el reglamento de la institución.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución

Política y teniendo en cuenta lo ordenado en el artículo 149 del CPACA

y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, la Sección Primera del

Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la

referencia.

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IV.2. Los actos acusados

En el caso en concreto, la UNIVERSIDAD solicitó la nulidad del artículo

primero de la Resolución núm. R-383 de 15 de mayo de 2019, respecto

del título de abogado que se le otorgó al señor HENDER EUGENIO

MARTÍNEZ CORTES, la cual establece:

“[…] RESOLUCIÓN NÚMERO R-383 DE 2019
(15 de mayo)

Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de
pregrado.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA en uso de sus
facultades legales y estatutarias y

CONSIDERANDO

Los graduandos de pregrado de la Universidad del Cauca solicitan
a la Rectoría se les confiera el título correspondiente.

Para optar al título respectivo los graduandos cumplieron con todos
los requisitos de Ley y los exigidos por cada unidad académica y
demás instancias administrativas universitarias.

(…)

En mérito de lo expuesto

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: La Universidad del Cauca en nombre de la
República de Colombia y por autorización del Ministerio de
Educación Nacional, en atención a que las y los graduandos
cumplieron con los requisitos de Ley y los reglamentarios de la
Institución, les confiere el título de:

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

(…)
ABOGADA (O)

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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

HENDER EUGENIO MARTÍNEZ CORTES
CC. (…) de NEIVA […]”.

De igual forma, la demandante solicitó la nulidad del acta de grado

núm. 28 de 14 de junio de 2019, en la que se indicó lo siguiente:

“[…] ACTA DE GRADO No. 28 del 14 de junio de 2019

En Popayán, Capital del Departamento del Cauca, República de
Colombia, a las 8:00 a.m., del día viernes catorce (14) de junio de
dos mil diecinueve (2019) y en cumplimiento de la Resolución R-
383 del 15 de mayo de 2019 expedida por la Rectoría de la Alma
Máter, se realizó un acto solemne de grado en el Paraninfo
Francisco José de Caldas, para la entrega de títulos conferidos por
la Universidad del Cauca. La Secretaria General, una vez instalada
la Ceremonia, lee la resolución afirmando que el graduando ha
cursado y aprobado el plan de estudios con la intensidad horaria
requerida y cumple con los requisitos legales y reglamentarios. El
Rector le toma el Juramento y le otorga el título de:

ABOGADO
A:
HENDER EUGENIO MARTÍNEZ CORTES
CC. (…) de NEIVA

El diploma acredita su idoneidad para ejercer la profesión de
Abogado

Se registra en el Libro No. 083; Folio No: 658; Diploma No: 658-
19

La ceremonia finaliza a la(s) 9:00 a.m.

Para constancia se expide la presente Acta de Grado. (Firmado)
JOSE LUIS DIAGO FRANCO – Rector; GABRIELA RAMIREZ
ZULUAGA – Decana de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y
Sociales; LAURA ISMENIA CASTELLANOS VIVAS, Secretaria
General.

Se expide en Popayán, Ciudad Universitaria, a viernes catorce (14)
de junio de dos mil diecinueve (2019).

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17

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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

LAURA ISMENIA CASTELLANOS VIVAS
Secretaria General […]”.

Por último, se pretende la nulidad del diploma núm. 658-19 de 14 de

junio de 2019, en el que se señaló:

“[…] La UNIVERSIDAD DEL CAUCA en nombre de la REPÚBLICA
DE COLOMBIA y por autorización del Ministerio Educación
Nacional, en la atención a que HENDER EUGENIO MARTÍNEZ
CORTES (…) ha cumplido con todos los requisitos legales y
estatutarios le otorga el título de ABOGADO con todos los
derechos, privilegios y dignidades que la facultan para el ejercicio
profesional. Popayán, 14 de junio de 2019. Registrado en el Libro
de Diplomas No. 083, Folio No. 658, Diploma No. 658-19 […]”.

IV.3. Problema jurídico

El asunto por dilucidar se centra en establecer la legalidad del artículo

1° (parcial) de la Resolución núm. R-383 de 15 de mayo de 2019, “Por

la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de

pregrado”; del acta de grado núm. 28 de 14 de junio de 2019 y del

diploma núm. 658-19 de 14 de junio de 2019, actos por medio de los

cuales la UNIVERSIDAD DEL CAUCA otorgó el título de abogado al

señor HENDER EUGENIO MARTÍNEZ CORTES.

A juicio de la demandante, los actos acusados transgreden el Acuerdo

Académico núm. 02 de 17 de febrero de 2011, “Por el cual se adopta

la reforma curricular del Programa de Derecho que ofrece la facultad

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de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales”, debido a que el graduado

no cumplió con la totalidad de los requisitos allí previstos para optar

por el título de abogado, en tanto no aprobó los exámenes

preparatorios de las áreas de derecho administrativo y derecho de

bienes, obligaciones y contratos.

Por su parte, el tercero con interés directo en las resultas del proceso

aseguró que el medio de control procedente es el de nulidad y

restablecimiento del derecho frente al cual operó el fenómeno de la

caducidad; que, asimismo, su actuar se encuentra amparado bajo el

principio de la buena fe; y que las fallas administrativas en que haya

incurrido la institución académica no le son atribuibles y, por tanto,

bajo el principio de la carga dinámica de la prueba es la universidad la

que debe demostrar las razones por las cuales el expediente académico

no contiene todos los soportes que respaldan la información

consignada en la base de datos o sistema “SIMCA”

Para resolver lo planteado, la Sala abordará el estudio de los siguientes

asuntos: (i) la autonomía universitaria; (ii) los requisitos de grado de

los programas universitarios; (iii) el principio de la buena fe; y (iv) la

solución del caso concreto.

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i. La autonomía universitaria

El artículo 69 Superior establece el principio de la autonomía

universitaria en los siguientes términos:

“[…] Artículo 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las
universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus
propios estatutos, de acuerdo con la ley.

La ley establecerá un régimen especial para las universidades
del Estado.

El Estado fortalecerá la investigación científica en las
universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones
especiales para su desarrollo.

El Estado facilitara mecanismos financieros que hagan posible
el acceso de todas las personas aptas a la educación superior
[…]”.

El mencionado principio constitucional garantiza que las universidades

impartan la enseñanza sin interferencias públicas ni privadas, así como

también les permite la gestión independiente de sus asuntos

administrativos y académicos.

La Corte Constitucional definió la autonomía universitaria como la “[…]

capacidad de autoregulación filosófica y de autodeterminación

administrativa [en virtud de la cual] cada institución universitaria ha

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de contar con sus propias reglas internas (estatutos), y regirse

conforme a ellas […]”15.

También la jurisprudencia de la Corporación ha sostenido que el

principio constitucional de la autonomía universitaria tiene por finalidad

garantizar que la enseñanza que se imparta en dichos centros

educativos esté alejada de cualquier tipo de intervención del poder

político y, asimismo, asegurar que se respete la libertad de acción de

dichas instituciones, con los límites que establezca la ley. En este

sentido, la Sección Segunda mencionó:

“[…] La autonomía de que trata el artículo 69 constitucional
tiene como finalidad garantizar que la enseñanza que se
imparta en dichos centros educativos esté alejada de cualquier
tipo de intervención del poder político en todos sus ámbitos:
ideológico, administrativo o financiero[16]. En otros términos,
busca el respeto en la libertad de actuar de dichas instituciones.

Lo anterior no significa que las universidades, aun cuando son
entes autónomos, puedan desligarse por completo del Estado,
en la medida que al pertenecer a un estado de derecho están
sometidas también al régimen constitucional y a las leyes.[17]

En ese sentido, la autonomía no es absoluta y el legislador
puede determinar límites a esa libertad de acción a través de
la ley, siempre que estos no se extiendan hasta desvirtuarla o
impedir su ejercicio [18][…]”.19

15
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 1999, M.p. Alejandro Martínez Caballero.
[16] Corte Constitucional, sentencia T-492 del 12 de agosto de 1992, M.p., José Gregorio Hernández
Galindo.
[17] Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 26 de marzo de 2014, número de
radicado 11001 03 06 000 2014 00026 00.
[18] Sentencia C-220 del 29 de abril de 1997, M.p., Fabio Morón Díaz.
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 2 de diciembre de 2021, número único de radicación
25000-23-42-000-2017-05197-02 (0711-21), C.p. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS.

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La Ley 30 de 28 de diciembre de 199220 desarrolló el artículo 69

Superior y dispuso que las universidades públicas pueden darse sus

propios estatutos, designar a las autoridades administrativas y

académicas, decidir sobre la creación y desarrollo de programas

académicos, definir y organizar labores formativas, académicas,

docentes, científicas y culturales, conferir los títulos a sus egresados y

seleccionar los profesores, admitir a los alumnos y adoptar sus

regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el

cumplimiento de su misión social y la función institucional.21

En este marco normativo, los entes universitarios están facultados para

adoptar las determinaciones que en su normativa interna garanticen

una mejor calidad de la educación y una óptima calidad de formación

de sus egresados.

ii. Requisitos de grado de los programas universitarios

El artículo 29 de la Ley 30 de 1992 preceptúa:

“[…] Artículo 29. La autonomía de las instituciones universitarias
o escuelas tecnológicas y de las instituciones técnicas
profesionales estará determinada por su campo de acción y de
acuerdo con la presente Ley en los siguientes aspectos:

a) Darse y modificar sus estatutos.
b) Designar sus autoridades académicas y administrativas.

20
“Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”.
21
Artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992.

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c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo mismo
que expedir los correspondientes títulos.

d) Definir y organizar sus labores formativas, académicas,
docentes, científicas, culturales y de extensión.

e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus
alumnos.

f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes.

g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su
misión social y de su función institucional.

Parágrafo. Para el desarrollo de lo contemplado en los literales
a) y e) se requiere notificación al Ministro de Educación Nacional,
a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación
Superior (Icfes) […]” (Resaltado fuera del texto original).

En relación con la fijación de los requisitos de grado que las

instituciones de educación pueden establecer en sus programas

académicos, la Corte Constitucional ha dicho:

“[…] [L]as universidades, orientadas por el propósito de garantizar
una óptima calidad de formación de sus egresados, pueden exigir
exámenes preparatorios, diferentes tipos de pruebas de
conocimiento, la realización de cursos especiales para la
profundización en determinados temas, o la demostración
satisfactoria del dominio de un idioma, como requisito de
grado, siempre y cuando sean razonables y respeten la
Constitución Política. Esta interpretación no es nueva, sino que
está explícita en la sentencia C-505 de 2001, la cual produce
efectos erga omnes desde la fecha en la que fue proferida.

Esta potestad encuentra su sustento directo en la autonomía que
la Constitución les reconoce y en el deber institucional que la
misma les impone, lo cual es concordante con la función social que
conlleva la educación. En efecto, no sólo es deber de las
instituciones educativas graduar estudiantes, sino brindar a la
sociedad profesionales de óptimas calidades en virtud del

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riesgo social que implica el ejercicio de profesiones como la
abogacía […]”22. (Resaltado fuera del texto original).

Específicamente, en relación con los exámenes preparatorios para

optar por el título de abogado, la Corte, en la sentencia C-1053 de

2001, afirmó:

“[…] No obstante cabe precisar que los establecimientos
educativos que imparten formación a quienes aspiran a obtener
el título de abogado, pueden exigir los exámenes
preparatorios u otros requisitos distintos a los vigentes para
otorgar el título de abogado de acuerdo con sus planes de
estudios, con miras al cumplimiento de los objetivos y propósitos
de los mismos, en ejercicio de la autonomía universitaria que les
reconoce artículo 69 constitucional […].”(Resaltado fuera del texto
original)

De lo trascrito es posible afirmar que las universidades pueden incluir

en sus planes de estudio los exámenes preparatorios, de manera que

el estudiante de derecho que se matricule en la institución educativa

que así lo prevea, adquiere la obligación de acreditar dichos exámenes,

para obtener su título profesional, dado que los reglamentos

universitarios son normas vinculantes para la comunidad educativa.

iii. El principio de la buena fe

22
Sentencia SU-783 de 2003.

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24

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La Constitución Política, en su artículo 83, establece que “Las

actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán

ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas

las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”.

Respecto de dicho principio, la jurisprudencia de la Sección Primera ha

precisado que la presunción de buena fe no implica que las actuaciones

de los ciudadanos dejen de estar sujetas al cumplimiento de una serie

de requisitos indispensables para su ejecución, pues el obrar de buena

fe implica “que se haya realizado la actuación con la diligencia

debida”.23

Por su parte, la Corte Constitucional se ha pronunciado en relación con

el significado, alcance y contenido de este postulado superior, en los

siguientes términos:

“[…] La Corte Constitucional ha considerado que en tanto la
buena fe ha pasado de ser un principio general de derecho para
transformarse en un postulado constitucional, su aplicación y
proyección ha adquirido nuevas implicaciones, en cuanto a su
función integradora del ordenamiento y reguladora de las
relaciones entre los particulares y entre estos y el Estado.[24]

23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de diciembre
de 2017, número único de radicación 11001-03-24-000-2010-00120-00. C.p.: ROBERTO AUGUSTO
SERRATO VALDÉS.
[24] Sentencia C-071 de 2004

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25

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En este orden de ideas la jurisprudencia constitucional ha
definido el principio de buena fe como aquel que exige a los
particulares y a las autoridades públicas ajustar sus
comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con
las actuaciones que podrían esperarse de una “persona
correcta (vir bonus)”[25]. En este contexto, la buena fe
presupone la existencia de relaciones reciprocas con
trascendencia jurídica, y se refiere a la “confianza, seguridad y
credibilidad que otorga la palabra dada” [26]

En este sentido la Corte ha señalado que la buena fe es un
principio que “de conformidad con el artículo 83 de la Carta
Política se presume, y dicha presunción solamente se desvirtúa
con los mecanismos consagrados por el ordenamiento jurídico
vigente”[27].

Concretamente con respecto al contenido concreto del artículo
83 Superior, debe la Corte indicar que conforme con este (i) las
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas
deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (ii) ella
se presume en las actuaciones que los particulares adelanten
ante las autoridades públicas, es decir en las relaciones jurídico
administrativas […]”28.

De acuerdo con la jurisprudencia en comento, el obrar de buena fe

requiere que el particular haya tenido la debida diligencia en la

ejecución de la actuación ante la Administración, pues, en caso

contrario, no es factible derivar de una actuación negligente una

aplicación favorable a quien no ha cumplido con su deber.

iv. La solución del caso concreto

[25] Sentencia T-475 de 1992
[26] Ibidem.
[27] Sentencia C-253 de 1996.
28
Corte Constitucional, Sentencia C-1194 de 2008. M.p. RODRIGO ESCOBAR GIL.

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iv.1. Cuestión previa

En la contestación de la demanda, el tercero interesado formuló las

excepciones de indebida escogencia del medio de control y caducidad,

sobre las cuales el Despacho Sustanciador, en el auto que resolvió las

excepciones previas del proceso, señaló que serían resueltas en la

sentencia, por lo cual procede la Sala a decidir de conformidad.

La procedencia del medio de control en el caso particular y la caducidad

Sea lo primero señalar que este asunto ya fue abordado en el proceso,

al admitir la demanda, por lo que la Sala se remite a las

consideraciones que allí fueron expuestas y que se transcriben a

continuación:

“[…] En el caso sub examine, la actora demanda sus propios
actos, a través de los cuales le confirió el título de abogado al
señor HENDER EUGENIO MARTÍNEZ CORTÉS, por lo que se
advierte que se trata de decisiones de contenido particular y
concreto, comoquiera que resuelven una situación jurídica en
cabeza de un estudiante a quien se le confirió dicho título
profesional.

Frente a lo anterior, la Sección Primera de esta Corporación, en
providencia de 19 de diciembre de 201929, que reiteró lo dicho
en el auto de 13 de junio de 201930, señaló que en los casos en
que se proponen pretensiones de lesividad el medio de control

29
Consejo de Estado, Sección Primera, 19 de diciembre de 2019, Expediente núm.
11001232400020190035400, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 13 de junio de
2019, Expediente: 11001232400020190035400, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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27

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procedente es el de nulidad y restablecimiento del derecho. Al
respecto, se destaca:

«[…] La jurisprudencia de la Corporación31 ha precisado
que la acción de lesividad equivale a la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho que ejercen
los particulares, en tanto permite que la
administración cuestione la legalidad del acto
administrativo concreto y, tiene, entre otras
características, que a través de ella, la administración,
comparece al proceso en calidad de demandante y
de demandada, buscando obtener la nulidad de un
acto administrativo expedido por esta, invocando una
o varias de las causales de nulidad previstas en el artículo
84 del CCA. En consecuencia, con fundamento en la
naturaleza jurídica de la acción de lesividad, es válido
afirmar que su prosperidad no depende de la
inobservancia del principio de buena fe, pues la
declaratoria de nulidad del acto administrativo
demandado está supeditada a la prueba de alguna de las
referidas causales de nulidad […]». (Destacado por el
Despacho).

En ese entendido y de acuerdo con el artículo 171 del CPACA,
lo procedente sería adecuar el trámite de la demanda al de
nulidad y restablecimiento del derecho. Sin embargo, en el
presente caso el Despacho advierte que se está ante la
excepción establecida en el numeral 3 del artículo 137 del
CPACA, que permite controvertir un acto administrativo de
carácter particular a través del medio de control de nulidad
“cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en
materia grave el orden público, político, económico, social o
ecológico”.

En efecto, en el asunto objeto de análisis, la actora
expresamente sostiene que luego de unas investigaciones
iniciadas a raíz de unas denuncias recibidas, pudo constatar
que los actos administrativos controvertidos se expidieron con
fundamento en una documentación falsa presentada por un
estudiante al que se le otorgó el título de abogado, quien, a su
juicio, actuó de mala fe y la hizo incurrir en un error.

31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 5 de abril de
2018, expediente núm. 25000232400020110018201, Consejera Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, reitera Sentencia de 8 de mayo de 2008.

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28

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Frente a la incidencia del ejercicio de la profesión de abogado
en la sociedad, esta Sección en un caso de similares
características al que nos ocupa consideró lo siguiente32:

“[…] 9.- Sobre el particular es importante destacar que en
el acto administrativo demandado se otorgó el título
profesional de abogado a una persona; profesión que de
acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, tiene
las siguientes connotaciones sociales:

«[…] mediante las sentencias de 1º de octubre de
199233 y del 18 de abril de 199734, el Consejo de Estado
se encargó de definir y dar alcance al concepto de
“ejercicio de la profesión de abogado”, así: “El ejercicio
de la profesión de abogado es una actividad que
tradicionalmente, se ha: entendido en los términos
precisos de la definición contenida en el Diccionario de
la Real Academia de la lengua española, o sea `...
defender en juicio, por escrito o de palabra, los
derechos e intereses de los litigantes, también en
dar dictamen sobre las cuestiones o puntos
legales que se le consultan`, es decir, actuar en
defensa de causas ajenas ante estrados
judiciales, o emitir conceptos jurídicos. Esta
concepción tradicionalista por considerarse reducida y
estrecha, como bien lo observó la Sala en sentencia del
1 de octubre de 1992 dictada en el expediente No.
0676, ha venido evolucionando bajo la perspectiva
jurisprudencial, en la medida que el punto es materia
de análisis, pues se encuentra que son muchas las
actividades comprendidas en ese ejercicio que
deben tenerse en cuenta para la acreditación del
requisito constitucional, quedando relegado el
concepto de vieja data que circunscribía al litigio.
[…]»35. (destaca el Despacho)

10.- Lo anterior permite inferir que el ejercicio profesional
del derecho es un asunto de interés relevante para la
comunidad en general, ya que afecta de manera grave y
evidente el orden público y social y, por tanto, resulta

32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 1 de septiembre de
2019, Expediente: 11001032400020200024800, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
33
Sección Quinta, Ard. 0676, actor: Héctor Rodríguez Cruz.

34
Sección Quinta, Rad. No. 1628, actor: Iván Darío Gómez Lee.

35
Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Providencia del 3 de diciembre de 2015, Exp.11001-03-28-
000-2014-00135-00, Actor: Pablo Bustos Sánchez Demandado: Magistrado del Consejo Nacional Electoral, Consejera
ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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29

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posible estudiar la legalidad del acto administrativo
acusado a través del procedimiento previsto en el numeral
3° del artículo 137 del CPACA [...].

Para el Despacho, esta situación es suficiente para acreditar la
procedencia de la excepción referida, pues los efectos de los
actos acusados podrían generar una afectación grave al orden
público y social, teniendo en cuenta que se trata de un título
de abogado, lo que significa que de probarse los hechos
invocados por la actora, un ciudadano estaría ejerciendo como
abogado sin el lleno de los requisitos legales con las evidentes
implicaciones que ello generaría [..]”.

Conforme a lo expuesto, en el presente caso el medio de control de

nulidad es el adecuado para enjuiciar los actos administrativos que

otorgaron el título profesional de abogado al señor HENDER EUGENIO

MARTÍNEZ CORTES sin haberse cumplido la totalidad de los

requisitos previstos para ello.

Por la misma razón, tampoco le asiste razón al tercero interesado al

señalar que se debe declarar probada la excepción de caducidad,

puesto que el medio de control de nulidad se puede ejercer en cualquier

tiempo, según lo previsto en el artículo 164, numeral 1, literal a), del

CPACA36.

36
“[…] Artículo 164.Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:
1. En cualquier tiempo, cuando:
a) Se pretenda la nulidad en los términos del artículo 137 de este Código […]”

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30

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Por último, se destaca que los restantes medios exceptivos formulados

por el tercero, atañen directamente al fondo de la controversia, por lo

cual serán desatados al resolver los cargos de la demanda y la

contestación.

iv.2. De los cargos de la demanda

Sea lo primero advertir que la Sala, en sentencia de 31 de julio de

202337, ya tuvo la oportunidad de resolver un caso de similares

supuestos fácticos y jurídicos al que se estudia, en el que la

UNIVERSIDAD DEL CAUCA demandó los actos mediante los cuales

había otorgado el título profesional de abogado a un estudiante

matriculado en el primer período académico del año 2013, como parte

de las acciones emprendidas por esa Institución para esclarecer los

hechos relacionados con denuncias anónimas y de algunos docentes

que daban cuenta de un procedimiento irregular en el proceso de

graduación; y que dieron lugar a que se iniciaran investigaciones

internas, así como por parte de la Fiscalía General de la Nación -

Dirección Seccional del Cauca, y de la Contraloría General de la

República.

37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de
2023, número único de radicación 11001-03-24-000-2020-00240-00, C.p. Roberto Augusto Serrato
Valdés.

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31

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En esa oportunidad, la Sala estudió la exigibilidad de los exámenes

preparatorios en el reglamento interno de la UNIVERSIDAD y la

obligatoriedad del reglamento estudiantil para los estudiantes que se

matricularon por primera vez o reingresaron al programa de derecho a

partir del segundo período académico de 2011, -como sucede en el

presente caso-, y concluyó que tales reglamentos académicos son

normas vinculantes y de obligatorio cumplimiento, a fin de acreditar

los requisitos para que esa Institución confiera válidamente el título de

abogado. Los apartes, de la mencionada sentencia que son relevantes

para el caso en estudio, señalan:

“[…] 73. El Acuerdo 02 de 17 de febrero de 2011 reformó la
malla curricular bajo la modalidad de créditos y fijó las
actividades curriculares obligatorias y electivas que debían
aprobar «los estudiantes que se matriculen por primera vez o
reingresen al programa de Derecho en el segundo periodo
académico de 2011», según lo previsto en su artículo 6°.

74. Por su parte, los artículos 5° y 7° del Acuerdo 02 exigieron
la presentación y aprobación de exámenes preparatorios como
un requisito tendiente a obtener el título de abogado, en los
siguientes términos:

“(…) ARTÍCULO QUINTO. Adoptar el siguiente plan de
estudios del Programa de Derecho:

REQUISITOS DE GRADO PREPARATORIOS
TOTALES 218 164

(…)

ARTÍCULO SÉPTIMO- Para optar al título de abogado,
además de cursar y aprobar las actividades curriculares
del plan de estudios los estudiantes deberán:

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a. Presentar y aprobar los exámenes preparatorios;
b. Presentar y sustentar un trabajo de investigación o
hacer una práctica en la judicatura;
c. Presentar y aprobar el examen de suficiencia en
idioma extranjero y
d. Cursar y aprobar la actividad física formativa (…)”.

75. En desarrollo de estas disposiciones, el Consejo de la
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad del Cauca expidió el Acuerdo 001 de 4 de diciembre
de 2014, a efectos de reglamentar los aspectos
administrativos, sustanciales y procedimentales relacionados
con la presentación y aprobación del requisito de grado objeto
de debate.

76.El citado Acuerdo 001 de 2014, en su artículo 1º, señala lo
siguiente:

“(…) ARTICULO 1. Los exámenes preparatorios son
prueba de aptitud académica y profesional, para evaluar
los conocimientos generales sobre las diferentes
asignaturas de la carrera, el criterio jurídico y la
formación socio humanística del estudiante. Podrán ser
orales o escritos. El Comité de Programa en conjunto con
los departamentos establecerá las temáticas a evaluar
en los diferentes exámenes de preparatorios.
ARTICULO 2. Los exámenes preparatorios de grado se
deberán presentar en las siguientes ramas del Derecho.

1. DERECHO LABORAL: Teoría General del Trabajo y
Relaciones Jurídicas, Derecho de las relaciones
Laborales, Derecho laboral Colectivo, Derecho Procesal
Laboral, Derecho de la Seguridad Social.
2. DERECHO PENAL: Derecho Penal General, Teoría del
Delito; Derecho Penal Especial y Principios y
Fundamentos del Derecho Procesal Penal; Estructura y
Contenidos del Proceso Penal, Oralidad Procesal y
Criminología.
3 DERECHO PRIVADO I: Personas y Teoría del Negocio
Jurídico: Derecho de Familia: Derecho Privado
Sucesiones.
4. DERECHO PRIVADO II: Bienes; Obligaciones;
Contratos Privados.
5. DERECHO PRIVADO III: Teoría General del Proceso;
Derecho Procesal Civil General; Derecho Probatorio;
Derecho Procesal Civil Especial (…)”.

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77. Con fundamento en lo anteriormente expuesto, la Sala
concluye que el referido Acuerdo 02 de 2011 es una norma
vinculante y de obligatorio cumplimiento para aquellos
«estudiantes que se matricul(aron) por primera vez o
reingres(aron) al programa de Derecho en el segundo
periodo académico de 2011», según lo previsto en su
artículo 6°. Tal disposición exige la aprobación de los exámenes
preparatorios como un componente obligatorio del currículo
académico38.

78. Esto significa que resulta totalmente acertado el planteamiento
expuesto por la Universidad del Cauca conforme con el cual su
normatividad interna exige la aprobación de los exámenes
preparatorios a efectos de optar por el título de abogado.

(…)

84. En este orden de ideas, en criterio de la Sala, tanto el
Acuerdo 02 de 2011 como el Acuerdo 001 de 2014
determinan claramente que los estudiantes de Derecho
deben aprobar todos los exámenes preparatorios para optar
por el título de abogado(a). Estos actos administrativos, valga
resaltarlo, no solo fueron expedidos por las autoridades
competentes, sino que definen cuáles son las temáticas objeto de
esa prueba de aptitud, y establecen un procedimiento para su
desarrollo en virtud del cual su presentación y aprobación se ve
reflejada en distintas constancias documentales físicas y virtuales
[…]”. (Resaltado fuera del texto original).

Precisado el alcance de los reglamentos expedidos por la

UNIVERSIDAD, en torno a los requisitos de grado de los estudiantes

de derecho que se matricularon por primera vez o reingresaron al

programa de derecho a partir del segundo período académico de 2011,

38
El artículo 11 del Acuerdo 036 de 2011, define el currículo como «el proceso de construcción dialógica
de experiencias (estudios, trabajos, prácticas, actitudes, actuaciones, expresiones, regulaciones,
valoraciones, etc.), socialmente valido, mediante el cual se espera que el educando apropie críticamente
la cultura asociada al nivel educativo en el que se inscribe. El currículo comprende tanto el “modelo” o
referencia social del educando, con las diferentes vivencias que experimenta orientadas a su apropiación
cultural».

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procede la Sala a desatar los cargos de nulidad formulados en la

demanda.

Alega la parte actora que el señor HENDER EUGENIO MARTÍNEZ

CORTES no cumplió con los requisitos exigidos por la ley y los

reglamentos internos de la UNIVERSIDAD para que se otorgue el

título de abogado, pues de acuerdo con las pruebas recaudadas por el

equipo de seguimiento se pudo establecer que el graduado no aprobó

los exámenes preparatorios de las áreas de derecho administrativo y

derecho de bienes, obligaciones y contratos.

Ahora bien, en el expediente está acreditado que en el año 2019 la

UNIVERSIDAD DEL CAUCA confirió el título profesional de abogado

al señor HENDER EUGENIO MARTÍNEZ CORTES, mediante la

Resolución núm. R-383 de 15 de mayo de 2019, el acta de grado núm.

28 de 14 de junio de 2019 y el diploma núm. 658-19 de 14 de junio de

ese año.

Con ocasión de las irregularidades advertidas por la UNIVERSIDAD

en el proceso de graduación de los alumnos de la facultad de derecho,

esa institución expidió la Resolución núm. R-695 de 30 de julio de

2019, “Por la cual se conforma el equipo de seguimiento y apoyo

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a la mejora de los procedimientos académico administrativos

de registro de exámenes preparatorios del programa de

Derecho de la Universidad del Cauca”.

El referido equipo de trabajo procedió a la verificación del cumplimiento

de los requisitos de grado del señor HENDER EUGENIO MARTÍNEZ

CORTES, para lo cual tuvo en cuenta los siguientes documentos:

• Archivo de los registros de calificación de preparatorios en el
sistema SIMCA 2.0
• Reporte de pagos por concepto de preparatorios entregado por
la División de Gestión Financiera, según el sistema de recaudos
SQUID.
• La historia académica del estudiante, suministrado por la División
de Admisiones, Registro y Control Académico.
• El archivo de gestión de la División de Admisiones, Registro y
Control Académico.
• Los documentos facilitados por la Fiscalía General de la Nación –
Seccional Cauca.
• Los documentos remitidos por la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales.

Con fundamento en lo anterior, el Equipo de Seguimiento y Apoyo

entregó el informe de 13 de enero de 2021, en el que formuló las

siguientes conclusiones:

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“[…] IV. CONCLUSIONES

1. El (la) señor(a) MARTÍNEZ CORTÉS HENDER EUGENIO, cédula de
ciudadanía No. 1075237873 y código estudiantil 100111024299
presenta ocho (08) registros de preparatorios con nota aprobado (A)
en SIMCA 2.0 (Preparatorio Derecho Penal con doble registro), de los
cuales una vez verificadas las diferentes fuentes de información
(registro informático y soportes físicos), se estableció que solo cinco
(05) de ellos cuentan con soporte documental en la historia
académica.
Preparatorio Derecho Constitucional
Preparatorio Derecho Laboral
Preparatorio Derecho Penal
Preparatorio Derecho Procesal Civil
Preparatorio de Familia
2. Los preparatorios de Derecho Administrativo y Derecho Bienes,
Obligaciones y Contratos, registrados el 23 de abril de 2019, en
estado de aprobados en el período académico 2017.1, carecen de
evidencia física o documental en la hoja de vida o historia académica
del estudiante, esta última condición se indica con una X en la
columna “Sin soporte en hoja de vida”. Hecho del que se deriva la
imposibilidad de registrar información relacionada con la “modalidad”
que refiere a la norma de presentación del preparatorio que puede
ser escrito u oral; “fecha de presentación” que alude al día, mes y
año de presentación del preparatorio; “calificación” que detalla la
nota cualitativa o cuantitativa que el estudiante obtuvo en el examen
preparatorio […]”.

También está acreditado en el proceso que mediante el Acuerdo núm.

36 de 2011 se adoptó el Estatuto Académico de la UNIVERSIDAD

DEL CAUCA, el cual reguló el proceso de formulación y aprobación de

los programas académicos y de sus reformas en los siguientes términos:

“Artículo 42. Etapa de diseño y formulación. Sin perjuicio
de disposiciones legales que rigen esta materia, la formulación
de programas académicos de la Universidad, en conformidad
con sus tipos y modalidades, debe abarcar, cuando menos, los
siguientes aspectos:
(…)
i. El currículo y el plan de asignaturas y demás actividades
educativas, que evidencien las dimensiones curriculares

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establecidas en el presente estatuto junto con sus requisitos y
créditos académicos.
(…)

k. Las estrategias y metodologías de enseñanza y de
aprendizaje, las formas de seguimiento y de evaluación de las
diferentes actividades y del programa en su conjunto, así como
los recursos necesarios para desarrollarlas.

l. La certificación a que conduce y los requisitos para su
otorgamiento. (…). (Resaltado fuera del texto original).

Del citado Estatuto se advierte que los programas de la

UNIVERSIDAD deben incluir los requisitos exigibles a los estudiantes

para el otorgamiento del respectivo título y, asimismo, señalar el

alcance del currículum y las respectivas estrategias de evaluación.

Se observa, igualmente, que el Consejo Académico de la

UNIVERSIDAD, a través del Acuerdo núm. 002 de 17 de febrero

de 201139, modificó el programa de derecho, en el sentido de señalar

las actividades curriculares obligatorias y electivas que debían aprobar

“los estudiantes que se matriculen por primera vez o reingresen al programa

de Derecho en el segundo período académico de 2011”.

En los artículos 5° y 7°40 del citado Acuerdo se estableció la

obligatoriedad de la presentación y aprobación de exámenes

39
“Por el cual se adopta la reforma curricular del Programa de Derecho que ofrece la Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Sociales”.
40
Se destaca que la Universidad, junto con el escrito de la demanda, allegó una copia del Acuerdo 02 cuya
versión no era la definitiva, en la que se señalaba que los exámenes preparatorios eran obligatorios en

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preparatorios para optar por el título de abogado, en los siguientes

términos:

“[…] Artículo 5°. Adoptar el siguiente plan de estudios del
Programa de Derecho:
REQUISITOS DE GRADO PREPARATORIOS
TOTALES 218 164

(…)

Artículo 7°. Para optar por el título de abogado, además de
cursar y aprobar las actividades curriculares del plan de
estudios los estudiantes deberán:

a. Presentar y aprobar los exámenes preparatorios;
b. Presentar y sustentar un trabajo de investigación o hacer
una práctica en la judicatura;
c. Presentar y aprobar el examen de suficiencia en idioma
extranjero y
d. Cursar y aprobar la actividad física formativa […]”.
(Resaltado fuera del texto original).

En desarrollo de estas disposiciones, el Consejo de la Facultad de

Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la UNIVERSIDAD expidió el

Acuerdo 001 de 4 de diciembre de 201441, con el fin de

reglamentar los aspectos administrativos, sustanciales y

procedimentales relacionados con el requisito de grado en comento.

De dicha reglamentación se destaca:

sus artículos 6° y 8°. No obstante, el Despacho sustanciador pudo constatar que tal situación fue corregida
por la parte actora al aportar la versión original del mencionado Acuerdo, en la cual los artículos que
establecen el requisito de presentación de preparatorios son el 5° y el 7°, como se acreditó en varios
procesos que por los mismos hechos cursan en esta Sección, entre ellos el de radicado núm. 2021-00444-
00 (ver índice 39 del dicho proceso).
41
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39

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“[…] Artículo 1°. Los exámenes preparatorios son prueba de
aptitud académica y profesional, para evaluar los
conocimientos generales sobre las diferentes asignaturas de la
carrera, el criterio jurídico y la formación socio humanística del
estudiante. Podrán ser orales o escritos.

El Comité de Programa en conjunto con los departamentos
establecerá las temáticas a evaluar en los diferentes exámenes
de preparatorios.

Artículo 2°. Los exámenes preparatorios de grado se
deberán presentar en las siguientes ramas del Derecho.

1. DERECHO LABORAL: Teoría General del Trabajo y
Relaciones Jurídicas, Derecho de las relaciones Laborales,
Derecho laboral Colectivo, Derecho Procesal Laboral, Derecho
de la Seguridad Social.
2. DERECHO PENAL: Derecho Penal General, Teoría del
Delito; Derecho Penal Especial y Principios y Fundamentos del
Derecho Procesal Penal; Estructura y Contenidos del Proceso
Penal, Oralidad Procesal y Criminología.
3 DERECHO PRIVADO I: Personas y Teoría del Negocio
Jurídico: Derecho de Familia: Derecho Privado Sucesiones.
4. DERECHO PRIVADO II: Bienes; Obligaciones; Contratos
Privados.
5. DERECHO PRIVADO III: Teoría General del Proceso;
Derecho Procesal Civil General; Derecho Probatorio; Derecho
Procesal Civil Especial.
(…)

Artículo 7°. Los Departamentos determinarán el número
de cupos y programarán los exámenes preparatorios de
grado para el período académico correspondiente,
señalando las fechas, horas y jurados para cada uno de los
exámenes. Estas decisiones serán publicadas por la
Coordinación del Programa y la Secretaria General de la
Facultad en la página Web de la Universidad y/o de la Facultad
y en la cartelera de la Coordinación del programa y Secretaria
de la Facultad.

Artículo 8°. La Coordinación del Programa y la Secretaria de la
Facultad convocara por la Página Web de la Universidad y/o de
la Facultad y por la cartelera de la Coordinación del programa
y de la Secretaria de la Facultad, semestralmente, a los
estudiantes y egresados interesados en la presentación de los
preparatorios, informando las fechas de recepción de las

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solicitudes y de realización de los exámenes, con sus
respectivos docentes.
(…)
Artículo 10. Los exámenes preparatorios se deben realizar en
los recintos universitarios y por profesores designados para tal
efecto. No podrán realizarse exámenes preparatorios en fechas
distintas de las establecidas y por fuera de los turnos
adjudicados en la Secretaría General. En casos excepcionales
se podrá programar el examen en otro lugar previa aprobación
de la Coordinación del programa y de la Secretaría General de
la Facultad.

Artículo 11. Para autorizar la presentación del
preparatorio será requisito indispensable la previa
cancelación de los derechos respectivos. […]”42 (Resaltado
fuera del texto original).43

42
Ver anexos de la demanda, índice 3 del expediente digital.
43
En igual sentido, el Reglamento Estudiantil (Acuerdo No. 002 de 1988) reguló el registro y modificación
de notas de los preparatorios, de la siguiente manera:

“[…] 57. Los alumnos deben presentarse a todo examen en la fecha y hora fijadas. Quienes por
causa justificada no pudieren presentarse, podrán solicitar examen supletorio cuando haya lugar a ello,
de acuerdo con el artículo 51 del presente Reglamento.

La no presentación de un examen de acuerdo con el procedimiento anterior, será calificada con
nota cero punto cero (0.0). De igual forma se calificará a quien se ausente sin causa justificada durante
el desarrollo de una prueba.

58. Las notas de examen serán entregadas por el profesor en la Secretaría Académica dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a la fecha del examen. Estas notas serán publicadas. Los estudiantes, dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes, podrán hacer los correspondientes reclamos y pedir correcciones.
Cumplido lo anterior, el Decano podrá conceder revisión de exámenes escritos por medio de un segundo
calificador, ante solicitud motivada del estudiante. En este caso se considerará como calificación del
examen la nota del segundo calificador.

59. Vencido el término de publicación, las calificaciones serán registradas y no podrán ser
modificadas excepto en casos de errores aritméticos o de trascripción. En este evento deberá
hacerse la salvedad correspondiente, con la aclaración y la firma del Secretario Académico,
previa autorización del Consejo de Facultad.

60. Tendrán nota definitiva de cero punto cero (0.0) las asignaturas matriculadas que no
aparezcan calificadas o canceladas en los libros de la Facultad.

61. Para presentar exámenes de habilitación, validación, clasificación, supletorios o preparatorios es
indispensable comprobar previamente ante la Decanatura la cancelación de los derechos
correspondientes […]”. (Resaltado fuera del texto original).

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41

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Del anterior recuento es dable concluir: i) que el señor HENDER

EUGENIO MARTÍNEZ CORTES se matriculó al programa de Derecho

de la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, cuya reglamentación se adoptó

mediante el Acuerdo 02 de 2011; ii) que los artículos 5° y 7° del referido

Acuerdo prevén como requisito para obtener el título de abogado la

aprobación de los exámenes preparatorios; iii) que el estudiante

únicamente superó satisfactoriamente cinco (5) de los siete (7)

exámenes exigidos; y (iv) que la UNIVERSIDAD no podía conferirle el

título de profesional en derecho, contrariando su propio reglamento.

Significa lo anterior que le asiste razón a la demandante al endilgarle a

los actos acusados la violación de las normas superiores en que debían

fundarse, esto es, el Acuerdo núm. 002 de 17 de febrero de 2011,

“Por el cual se adopta la reforma curricular del Programa de Derecho

que ofrece la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales”.

iv.3. De los argumentos de la contestación

Conviene referirse a los argumentos de defensa expuestos por el

tercero interesado, según los cuales no está acreditado que no haya

cumplido los requisitos para optar por el título de abogado, pues, en

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42

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su criterio, lo que se presentó fue una “falla en la prestación del servicio

público”, que no le es endilgable.

A juicio de la Sala, tal argumento queda desvirtuado con las diferentes

pruebas allegadas al proceso, que dan cuenta de que los actos

administrativos por medio de los cuales la UNIVERSIDAD DEL

CAUCA le confirió el título de abogado al señor HENDER EUGENIO

MARTÍNEZ CORTES, están viciados de nulidad por violación de la

norma superior en que debían fundarse, esto es, de los acuerdos

académicos examinados.

En efecto, como quedó acreditado a partir de los registros de

calificación de preparatorios del sistema SIMCA 2.0; del reporte de

pagos por concepto de preparatorios entregado por la División de

Gestión Financiera; de la historia académica del estudiante,

suministrado por la División de Admisiones, Registro y Control

Académico; y del archivo de gestión de la División de Admisiones,

Registro y Control Académico, el egresado HENDER EUGENIO

MARTÍNEZ CORTES no reunía los requisitos legales y

estatutarios para obtener el título profesional que le fue

otorgado.

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43

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En cuanto al argumento de la aplicación de la carga dinámica de la

prueba, se debe señalar que la jurisprudencia de la Corporación44 ha

sostenido que el juez establece en cada caso concreto cuál de las partes

está en mejores condiciones de probar los hechos alegados45; sin

embargo, ello no es óbice para que las partes cumplan el deber de

lealtad que les asiste en el proceso y que les impone suministrar todos

los medios de que disponen para acreditar la veracidad de los hechos

alegados46.

Precisamente, en el caso bajo examen, era el ente universitario el

interesado en acreditar que el estudiante no cumplió con la totalidad

de requisitos para optar por el título de abogado, para lo cual allegó

44
Ver, entre otras, sentencia de 28 de julio de 2005, número único de radicación 68001-23-15-000-1996-
01898-01. C.p. MARÍA ELENA GIRALDO GÓMEZ.

45
Este principio fue recogido en el Código General del Proceso, en el artículo 167:

“Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir,
la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar,
exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para
aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición
para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba,
por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar
al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras
circunstancias similares.

Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente
el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de
contradicción previstas en este código.

Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.
46
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia de 31 de agosto
de 2006, número único de radicación 68001-23-31-000-2000-09610-01(15772), C.p. RUTH STELLA CORREA
PALACIO.

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44

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las pruebas que fueron debidamente valoradas y que llevaron al

convencimiento del vicio de nulidad endilgado a los actos acusados, de

modo que, a juicio de la Sala, la parte que estaba en mejor posición de

probar los hechos debatidos cumplió con la carga procesal que le

correspondía, por lo que no tiene lugar el reproche del tercero.

Respecto de la presunción de buena fe de la actuación del egresado,

se trae a colación lo indicado en el proveído que decretó la medida

cautelar del proceso:

“[…] Respecto del argumento del señor HENDER EUGENIO
MARTÍNEZ CORTES relacionado con la aplicación del principio de
buena fe con el que actuó la UNIVERSIDAD al otorgarle el título
de abogado, es preciso traer a colación lo mencionado en el citado
auto de 10 de mayo de 202147, en el que la Sección indicó:

“121. Respecto de la petición del apoderado judicial del tercero
interesado enfocada a que prime y se aplique «el principio de la
buena» y, en consecuencia, se mantengan los efectos jurídicos de
los actos demandados, considera la Sala Unitaria que en el caso
que nos ocupa no se materializan los supuestos fácticos exigidos
para la aplicación del mismo.
(…)
124. Como puede observarse, en virtud del principio de buena
fe, nadie puede contravenir válidamente sus propios actos,
cuando tal comportamiento es objetivamente incompatible
con su conducta precedente.

125. La buena fe está entonces relacionada con la confianza
legítima que exige a las autoridades y a los particulares mantener
una coherencia en sus actos, respetar los compromisos adquiridos
y garantizar la estabilidad de las situaciones jurídicas, cuando no
se suscitan razones objetivas que justifiquen un cambio.
(…)

47
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 10 de mayo de
2021, número único de radicación 11001-03-24-000-2020-00248-00, Cp. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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127. Obsérvese que, cuando la universidad demandante tuvo
conocimiento de los errores del registro calificativo que
fundamentaron su primera decisión, así como del consecuente
incumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 6° y 9°
del Acuerdo Académico N° 02 de 2011, acertadamente acudió a
esta jurisdicción con el propósito de obtener el respectivo estudio
de legalidad.

128. Tal cuestionamiento de la legalidad de los actos acusados se
justifica si se tiene en cuenta que la decisión inicial de conferir el
título posee un vicio en el consentimiento, en virtud del cual es
posible contravenir el acto académico propio para garantizar el
respeto del ordenamiento superior.

129. Nótese que el tercero con interés, en la oportunidad conferida
para intervenir, no aportó ni solicitó la práctica de algún medio
probatorio (documental, testimonial, o pericial) que permita
deducir que sí aprobó los exámenes preparatorios de Derecho
Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Penal, Derecho de
Familia, Derecho Civil Bienes, Derecho Procesal Civil y Obligaciones
y Contratos.

130. Es importante traer a colación que en nuestro sistema jurídico
nadie puede obtener provecho de su propia culpa (nemo auditur
propriam turpitudinem allegans). De manera que el tercero
interesado conocía los requisitos que debía acatar y su silencio no
modifica las consecuencias de no haber aprobado toda la malla
curricular. El error de la institución educativa al momento de
verificar los registros calificativos no subsana la ausencia de los
requisitos académicos que debía cumplir el señor (…) para obtener
el título de abogado […]”. (Resaltado fuera del texto).

Es decir, que a pesar de que el señor HENDER EUGENIO MARTÍNEZ

CORTES alegó que su actuación fue de buena fe, lo cierto es que en

virtud de dicho principio “nadie puede contravenir válidamente sus

propios actos, cuando tal comportamiento es objetivamente

incompatible con su conducta precedente” 48.

48
Idem.

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En efecto, el comportamiento que le resultaba exigible al estudiante,

una vez accedió al sistema de registro académico de la UNIVERSIDAD

para consultar sus notas, era el de informar oportunamente a las

autoridades educativas las incongruencias en sus resultados

académicos y no pretender beneficiarse indebidamente del desorden

administrativo, para obtener un título profesional sin el cumplimiento

de los requisitos legales exigidos.

Es importante destacar que el título profesional es el reconocimiento

expreso de carácter académico, otorgado a una persona natural, a la

culminación de un programa, por haber adquirido un saber

determinado en una Institución de Educación Superior49, y que,

además, el ejercicio de la profesión del derecho está estrechamente

ligado a la búsqueda del orden justo, como lo ha precisado la

jurisprudencia de la Corporación, teniendo en cuenta que “ […] la

abogacía tiene como función social la de colaborar con las autoridades

en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, y

en la realización de una recta y cumplida administración de justicia

[…]”.

49
Ley 30 de 1992, artículo 24.

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A este respecto también se refirió la sentencia de 31 de julio de 2023

en comento, al indicar:

“[…] 162. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, la
profesión de abogado tiene las siguientes connotaciones sociales:

[…] mediante las sentencias de 1º de octubre de 199250 y del
18 de abril de 199751, el Consejo de Estado se encargó de
definir y dar alcance al concepto de “ejercicio de la profesión
de abogado”, así: “El ejercicio de la profesión de abogado es
una actividad que tradicionalmente, se ha: entendido en los
términos precisos de la definición contenida en el Diccionario
de la Real Academia de la lengua española, o sea `... defender
en juicio, por escrito o de palabra, los derechos e intereses de
los litigantes, también en dar dictamen sobre las cuestiones o
puntos legales que se le consultan`, es decir, actuar en defensa
de causas ajenas ante estrados judiciales, o emitir conceptos
jurídicos. Esta concepción tradicionalista por considerarse
reducida y estrecha, como bien lo observó la Sala en sentencia
del 1 de octubre de 1992 dictada en el expediente No. 0676,
ha venido evolucionando bajo la perspectiva jurisprudencial, en
la medida que el punto es materia de análisis, pues se
encuentra que son muchas las actividades comprendidas en
ese ejercicio que deben tenerse en cuenta para la acreditación
del requisito constitucional, quedando relegado el concepto de
vieja data que circunscribía al litigio. […]” (destaca el
Despacho).

163. De allí que quienes ejercen aquella profesión, están llamados
a cumplir los fines previstos en los artículos 1° y 2° del Decreto
196 de 1971, a saber:

Artículo 1. La abogacía tiene como función social la de
colaborar con las autoridades en la conservación y
perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la
realización de una recta y cumplida administración de
justicia.

Artículo 2. La principal misión del abogado es defender en
justicia los derechos de la sociedad y de los particulares.

[50]Sección Quinta, Rad. 0676, actor: Héctor Rodríguez Cruz.

[51] Sección Quinta, Rad. No. 1628, actor: Iván Darío Gómez Lee.

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También es misión suya asesorar, patrocinar y asistir a las
personas en la ordenación- y desenvolvimiento de sus
relaciones jurídicas.

164. Los entes universitarios, en este contexto, se convierten en el
primer rasero para que la ciudadanía pueda contar con servicios
profesionales con altos estándares de calidad, puesto que, al
conferir un título, el centro universitario certifica que formó a un
servidor de la justicia capaz de promover acciones individuales
y colectivas que respeten la ética y el fin social de su labor.

165. Por ello, antes de titular a un abogado(a), las universidades
deben verificar que ese estudiante cuente con las competencias
necesarias para ejercer su profesión con suficientes estándares
éticos y jurídicos, en el marco de los 21 deberes previstos en el
artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 […]”. (Resaltado fuera del texto
original)

Por las razones expuestas la Sala concluye que los argumentos

esgrimidos por el tercero con interés directo no tienen vocación de

prosperidad.

iv.4. La decisión

De conformidad con los planteamientos expuestos, la Sala declarará la

nulidad: de la Resolución núm. R-383 de 15 de mayo de 2019, “Por la

cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de

pregrado”, respecto del señor HENDER EUGENIO MARTÍNEZ

CORTES; del acta de grado núm. 28 de 14 de junio de 2019; y del

diploma núm. 658-19 de la misma fecha, expedidos por la

UNIVERSIDAD DEL CAUCA, a través de los cuales se le otorgó el

título de abogado al antes citado.

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Cabe señalar que, como lo precisó la Sala en la citada sentencia de 31

de julio de 2023, el modelo de gestión documental de la

UNIVERSIDAD presentó graves deficiencias, atribuibles al

incumplimiento de los deberes señalados en los artículos 11, 12, 13,

19 y 21 de la Ley 594 de 200052, que le impidieron adoptar adecuadas

decisiones al momento de evaluar los requisitos de grado respecto del

señor HENDER EUGENIO MARTÍNEZ CORTES y, en consecuencia,

la condujeron al indebido otorgamiento de un título profesional que en

la presente decisión se está anulando. Dicha circunstancia da lugar a

que la Sala inste a la institución académica para que, en el marco de

su autonomía y en desarrollo de los procesos internos que la regulan,

adopte las medidas que estime pertinentes a fin de evaluar si el señor

MARTÍNEZ CORTES estaría en condiciones de culminar el proceso de

graduación con la acreditación de los requisitos que le hacen falta para

optar por el título de abogado.

Por último, la Sala estima procedente compulsar copia de la presente

decisión a la Dirección de Educación Superior del Ministerio de

Educación Nacional, con miras a que ejerza sus competencias legales

y reglamentarias tendientes a vigilar que la parte actora subsane los

problemas de gestión documental que afronta; así como también poner

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“Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”

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en conocimiento de la Unidad de Registro Nacional de Abogados

(URNA) del Consejo Superior de la Judicatura la presente providencia,

para los fines que estime pertinentes, y teniendo en cuenta la eventual

configuración de una de las causales de pérdida de fuerza ejecutoria

del acto administrativo de inscripción de la tarjeta profesional de

abogado del señor HENDER EUGENIO MARTÍNEZ CORTES.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de indebida

escogencia de la acción y caducidad, formuladas por el tercero

interesado en las resultas del proceso.

SEGUNDO DECLARAR la nulidad del artículo primero de la Resolución

núm. R-383 de 15 de mayo de 2019, “Por la cual se confieren unos

títulos académicos a estudiantes de pregrado”, expedida por la

UNIVERSIDAD DEL CAUCA, respecto del señor HENDER EUGENIO

MARTÍNEZ CORTES.

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TERCERO: DECLARAR la nulidad del acta de grado núm. 28 de 14 de

junio de 2019 y del diploma núm. 658-19 de la misma fecha, expedidos

por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, a través de los cuales se le otorgó

el título de abogado al señor HENDER EUGENIO MARTÍNEZ

CORTES.

CUARTO: INSTAR a la institución académica para que, en el marco

de su autonomía y en desarrollo de los procesos internos que la

regulan, adopte las medidas que estime pertinentes a fin de evaluar si

el señor MARTÍNEZ CORTES estaría en condiciones de culminar el

proceso de graduación con la acreditación de los requisitos que le

hacen falta para optar por el título de abogado.

QUINTO: COMPULSAR copia de la presente decisión a la Dirección de

Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional, con miras a

que ejerza sus competencia legales y reglamentarias tendientes a

vigilar que la parte actora subsane los problemas de gestión

documental que afronta.

SEXTO: Por la Secretaría PONER EN CONOCIMIENTO de la Unidad

de Registro Nacional de Abogados (URNA) del Consejo Superior de la

Judicatura la presente providencia, para los fines que estime

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pertinentes, y teniendo en cuenta la eventual configuración de una de

las causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo de

inscripción de la tarjeta profesional de abogado del señor HENDER

EUGENIO MARTÍNEZ CORTES.

SÉPTIMO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas

las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 2 de noviembre de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Salva voto parcial

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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