Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-24-000-2021-00622-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-24-000-2021-00622-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-24-000-2021-00622-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C. diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicado: 11001-03-24-000-2021-00622-00 (4710-2022)
Demandante: Catalina del Pilar Sánchez
Demandada: Comisión Nacional del Servicio Civil1
Temas: Legalidad acto que fija lineamientos para la evaluación de
antecedentes dentro de los procesos de selección
Sentencia de única instancia
ASUNTO
La Sala profiere sentencia de única instancia dentro del medio de control de
nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda2
1. Catalina del Pilar Sánchez presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo3 en orden a que se declarara la nulidad de los
siguientes actos administrativos identificados en la demanda original:
«2.1. PRINCIPAL PRIMERA: Declarar la nulidad de la decisión contenida en el
Acta No. 21 del diez (10) de marzo del dos mil veinte (2020) emitida por la Sala de
Comisionados de la CNSC, según la cual sólo se valoran los cursos de Educación
Informal realizados en los últimos 10 años, contados hasta el cierre de las
inscripciones de los concursos de la CNSC
2.2. PRINCIPAL SEGUNDA: Declarar la nulidad – por decaimiento del acto
administrativo – del numeral 24 correspondiente a la sección “Casos relacionados
con el requisito de educación” del documento titulado “ANEXO TÉCNICO (Casos).
Criterio unificado frente a situaciones que deben atenderse en la verificación de
requisitos mínimos y la prueba de valoración de antecedentes de aspirantes
inscritos en los procesos de selección que realiza la CNSC para proveer vacantes
definitivas de empleos de carrera administrativa”, con el cual se ejecutó la decisión
1 En adelante CNSC.
2 Índices 2 y 9, Samai.
3 En adelante CPACA.
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Demandante: Catalina del Pilar Sánchez
de sólo se valoran los cursos de Educación Informal realizados en los últimos 10
años, contados hasta el cierre de las inscripciones de los concursos de la CNSC.
2.2. SUBSIDIRIA: Modular los efectos en el tiempo de la vigencia en el tiempo de
la decisión tomada y registrada en el Acta No. 21 del diez (10) de marzo del dos
mil veinte (2020) emitida por la Sala de Comisionados de la CNSC y ejecutada con
fundamento en el numeral 24 correspondiente a la sección “Casos relacionados
con el requisito de educación” del documento titulado “ANEXO TÉCNICO (Casos).
Criterio unificado frente a situaciones que deben atenderse en la verificación de
requisitos mínimos y la prueba de valoración de antecedentes de aspirantes
inscritos en los procesos de selección que realiza la CNSC para proveer vacantes
definitivas de empleos de carrera administrativa” para ser aplicados sólo en las
convocatorias iniciadas con posterioridad a su emisión».
2. La demandante corrigió las pretensiones en cumplimiento del auto del 14 de
diciembre de 20214 y las plasmó de la siguiente manera:
«Declarar la nulidad de la decisión tomada por la CNSC contenida en el Acta No.
21 del diez (10) de marzo del dos mil veinte (2020) de la Sala de Comisionados y
ejecutada dentro del documento emitido por la CNSC titulado “ANEXO TÉCNICO
(Casos). Criterio Unificado frente a situaciones que deben atenderse en la
verificación de requisitos mínimos y la prueba de valoración de antecedentes de
aspirantes inscritos mínimos en los procesos de selección que realiza la CNSC
para proveer vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa”»
Pretensión subsidiaria:
«Ordenar aplicar la decisión tomada por la CNSC contenida en el Acta No. 21 del
diez (10) de marzo del dos mil veinte (2020), de la Sala de Comisionados, sólo en
las convocatorias iniciadas con posterioridad a la publicación del documento
emitido por la CNSC titulado “ANEXO TÉCNICO (Casos). Criterio Unificado frente
a situaciones que deben atenderse en la verificación de requisitos mínimos y la
prueba de valoración de antecedentes de aspirantes inscritos mínimos en los
procesos de selección que realiza la CNSC para proveer vacantes definitivas de
empleos de carrera administrativa”».
3. A continuación se cita el apartado demandado del Acta 21 del 10 de marzo de
2020:
«[…] Discusión sobre el tema: Los señores Comisionados comenzaron con la
discusión de las tablas de Valoración de antecedentes para Procesos de Selección
de las entidades del orden nacional y territorial, donde solicitaron realizar las
siguientes observaciones:
(…)
En el apartado de educación informal se deberá incluir una nota aclaratoria que
indique que solo se puntuarán las certificaciones de cursos realizados en los
último 10 años, contados hasta el cierre de las inscripciones.
(…)
Dada lo anterior, los señores Comisionados requieren realizar los ajustes antes
solicitados.
Decisión: Los señores Comisionados deciden par unanimidad aprobar Ia
propuesta de estandarización de las tablas de Valoración de antecedentes para
los Procesos de Selección de las entidades del arden nacional y territorial.
4 Índice 4, Samai.
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Demandante: Catalina del Pilar Sánchez
Nota: La ficha técnica, el documento de las tablas de valoración de antecedentes
y el documento de análisis de pruebas escritas para los empleos profesional
universitario sin experiencia hacen parte integral de Ia presente Acta como
documentos anexos, los cuales contienen treinta y tres (33) folios útiles y legibles.
Así mismo, reposa un documento de las personas certificadas por normas 2018 y
2019 el cual se encuentra contenido en un (1) documento en Excel […]» (Se
destaca el aparte demandado).
4. En seguida se trascribe el numeral 24 del Anexo Técnico enjuiciado:
«[…] 24. El aspirante aporta un curso de educación informal. Al estudiarlo, el
analista se percata que supera los diez (10) años contados desde la fecha de
expedición y hasta el cierre de inscripciones. ¿es válido para la prueba de VA?
Respuesta: De acuerdo con la decisión de la Sala de Comisionados CNSC del 10
de marzo de 20208, en la cual se aprobó la propuesta de estandarización de las
tablas de valoración de antecedentes para los procesos de selección, solo se
valorarán los cursos de educación informal realizados en los últimos 10 años,
contados hasta el cierre de las inscripciones […]».
1.1.1. Fundamentos fácticos
5. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
5.1. El 18 de febrero de 2020, la CNSC expidió el documento denominado «ANEXO
TÉCNICO (Casos). Criterio unificado frente a situaciones que deben atenderse en la
verificación de requisitos mínimos y la prueba de valoración de antecedentes de
aspirantes inscritos en los procesos de selección que realiza la CNSC para proveer
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa” – en adelante “ANEXO
TÉCNICO” «Anexo 1».
5.2. En el numeral 24 de tal documento identificado con el título «[c]asos relacionados
con el requisito de educación» se indicó que en los concursos de méritos «solo se
valorar[ian] los cursos de educación informal realizados en los último 10 años, contados
hasta el cierre de las inscripciones». Ello, de acuerdo con la decisión de la Sala de
Comisionados de las CNSC del 10 de marzo de 2020 en la que se aprobó la
propuesta de estandarización de las tablas de valoración de antecedentes y que
se consignó en el Acta 21 de esa fecha.
5.3. Con fundamento en el anexo técnico aludido, la Fundación Universitaria del
Área Andina [FUAA] hizo la valoración de antecedentes de los aspirantes
inscritos a la Convocatoria Territorial 2019 de la CNSC.
5.4. El Acta 21 del 10 de marzo 2020 no fue publicada en la página web de la
CNSC.
1.1.2. Normas violadas y concepto de violación
6. Como tales, se señalaron los artículos 29, 40.7, 103, 125, 152 y 209
Constitucionales; 11, literal (a) de la Ley 909 de 2004; 43 de la Ley 115 de 1994;
2.6.6.8 del Decreto 1075 de 2015; y 21 y 34 del Acuerdo 001 de 2004. En cuanto
al concepto de violación, expuso que los actos acusados estaban viciados de
nulidad por lo siguiente:
7. fueron expedidos sin competencia:
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7.1. El artículo 40.7 y 152 Constitucionales establecieron que el derecho a acceder
a cargos públicos solo podía ser regulado en una ley estatutaria. Asimismo, el
artículo 125 ibidem regló que la ley era la que debía fijar los requisitos para el
ingreso a los empleos de carrera administrativa. De igual manera, el artículo 130
ibidem le otorgó a la CNSC la función de administrar y vigilar esta.
7.2. Por lo anterior, «no le correspond[ía] a la CNSC establecer los requisitos y
condiciones llamadas a determinar los méritos y calidades de quienes aspiran a acceder
a cargos públicos». Así debía interpretarse el literal (a) del artículo 11 de la Ley
909 de 2004 que ordenó a esa entidad establecer de acuerdo con la ley los
lineamientos para desarrollar los procesos de selección. Esta norma « no le
reconoció a la CNSC la competencia para establecer los requisitos y condiciones para
determinar los méritos y calidades de los aspirantes».
7.3. La educación informal fue reglada por el artículo 43 de la Ley 115 de 1994 y
desarrollada en el artículo 2.6.6.8 del Decreto 1075 de 2015 «Decreto Único
Reglamentario del Sector Educación». Ninguna de estas normas prescribió un
término de validez de las constancias de asistencias a tales cursos.
7.4. En consecuencia, la CNSC en el Acta 21 de 2020 « estableció de manera
inconstitucional e ilegal un plazo de validez de los certificados de educación informal
como condición para tomarlos en cuenta al momento de valorar los méritos y calidades
de los aspirantes».
8. El acto administrativo «conformado por la decisión registrada en el Acta No. 21 del
diez (10) de marzo del dos mil veinte (2020) y el ANEXO TÉCNICO » se expidió de
forma irregular por tres razones:
8.1. La primera porque no fue emitido de conformidad con el artículo 21 del
Acuerdo 001 de 2004 que ordenó que la CNSC debía adoptar sus decisiones
mediante acuerdos, resoluciones, circulares, directivas e instructivos.
Igualmente, porque el acuerdo en su artículo 34 determinó que las actas solo
eran para consignar lo sucedido en la sesión, pero que no condicionaban la
validez o eficacia de lo decidido.
8.2. De esta manera, el Acta 21 de 2020 no podía ser el fundamento legal de lo
dispuesto en el numeral 24 del anexo técnico. En consecuencia, «de allí no se
podían haber generado efectos jurídicos frente a los aspirantes de – por ejemplo – la
Convocatoria Territorial 2019 de la CNSC».
8.3. La segunda porque el acto administrativo no fue publicado ni «informado» por
la Secretaría General de la CNSC según lo dispuso el artículo 34 del Acuerdo
001 de 2004. En ese sentido, no era obligatorio ni adquirió firmeza, porque su
publicidad era un requisito para ello, de acuerdo con lo reglado en los artículos
65 y 87 del CPACA.
8.4. La
tercera porque la decisión contenida en el Acta 21 de 2020 no fue
motivada. Ello repercutió en el debido proceso de los participantes de la
Convocatoria Territorial 2019 de la CNSC.
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9. Finalmente, el demandante solicitó, de negarse la nulidad de «la decisión
contenida en el Acta No. 21 del diez (10) de marzo del dos mil veinte (2020) y
ejecutada por medio del ANEXO TÉCNICO», modular sus efectos para proteger
el principio de legalidad y la confianza legítima de los participantes de la
convocaría aludida vulnerada por el cambio de las reglas del concurso « que
realizó la CNSC con posterioridad al vencimiento del plazo para la inscripción».
1.2. Contestación de la demanda5
10. La CNSC contestó la demanda y se opuso a las pretensiones para lo cual
propuso las siguientes excepciones:
11. «Inepta demanda por no constituir acto administrativo susceptible de ser
demandado ante la jurisdicción contencioso administrativa»:
11.1. el Acuerdo 75 de 2023 estableció la estructura y funciones de la entidad y
dispuso los requisitos de forma y de procedimiento para tomar sus decisiones.
Así, en su artículo 9 determinó que deben constar en acuerdos, resoluciones,
directivas, circulares, memorandos criterios unificados y guías. A su vez, en el 10
indicó que en las actas de las sesiones quedaría consignado lo sucedido en ellas
y el 11 que era deber de los comisionados guardar confidencialidad de lo
discutido.
11.2. Por lo anterior, el acta del 10 de marzo de 2020 no era demandable por no
constituir un acto administrativo, se trataba de dejar constancia de una reunión
celebrada en virtud de la sesión de sala plena de los comisionados y de los temas
allí tratados. Además, porque «las decisiones adoptadas por la Sala Plena de
Comisionados solo son ratificadas a través de la expedición de actos administrativos».
A ello se sumó que por tratarse de un documento confidencial no podía ser
publicada.
11.3. Aunque también se solicitó la nulidad del anexo técnico que hace parte del
criterio unificado que la CNSC determinó el 18 de febrero de 2021, no era
enjuiciable porque se demandó de manera subsidiaria y como consecuencia del
«decaimiento» del acta enjuiciada que no era un acto administrativo. Además,
porque era «solo un documento anexo a lo que si sería un acto administrativo como lo
es el criterio unificado que no es objeto de censura por parte de la demandante».
11.4. Finalmente, el objetivo de la demanda iba dirigido a atacar el desarrollo del
proceso de selección territorial 2019, pero no se demandó el acuerdo de
convocatoria.
12. «Incumplimiento de la carga probatoria»: dentro del proceso no se aportó
prueba que demostrara causal de nulidad alguna, de acuerdo con la carga que
impuso el artículo 167 del CGP.
13. «Excepcione innominada»: se solicitó declarar probada cualquiera que
resultara probada, según el mandato previsto en el artículo 187 del CPACA.
5 Índice 39.
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14. La CNSC citó a concurso de méritos para las vacantes de 166 entidades a
través de los acuerdos de convocatoria que fijaron las reglas de los procesos de
selección 990 a 1132, 1135, 1136 de 2019 «Convocatoria Territorial 2019». Este
proceso de selección cumplió con todas sus etapas y se encontraba con lista de
elegibles en firme.
15. Los acuerdos de convocatoria son los actos administrativos que rigen el
concurso de méritos, fueron de conocimiento público y aceptados por los
aspirantes al momento de su inscripción. A su vez, ellos fijaron para cada etapa
los mecanismos de defensa frente a los resultados que se obtuvieran. Y para el
caso de la Convocatoria Territorial 2019 la Fundación Universitaria del Área
Andina adelantó la valoración de antecedentes de conformidad con lo establecido
en el acuerdo de convocatoria, y atendió cada una de las reclamaciones
presentadas por los aspirantes.
16. Los empleos de carrera administrativa debían ser ocupados por personal
altamente calificado, por lo que era contraproducente validar conocimientos o
estudios desactualizados, puesto que «reclutar un personal calificado y actualizado
en sus estudios permite asegurar un mejor desempeño en el ejercicio de los cargos
públicos».
1.3. Trámite del proceso
17. Mediante providencia del 14 de diciembre de 20216 la Sección Primera de esta
Corporación inadmitió la demanda, a la que le correspondió en un principio su
conocimiento. La decisión indicó que en la demanda no se había precisado con
claridad las pretensiones y no se allegaron las constancias de publicación o
notificación de los actos demandados.
18. Con auto del 25 de abril de 20227 la Sección Primera remitió por competencia
el proceso a la Sección Segunda.
19. En auto del 20 de octubre de 20238 se admitió la demanda.
20. El 22 de marzo de 20249 se negó la suspensión provisional «de los efectos del
Acta 21 del 10 de marzo de 2020» y del documento titulado «Anexo técnico (casos):
Criterio unificado frente a situaciones especiales que deben atenderse en la verificación
de requisitos mínimos y la prueba de valoración de antecedentes de aspirantes inscritos
en los procesos de selección que realiza la CNSC para proveer vacantes definitivas de
empleos de carrera administrativa», con las siguientes razones:
20.1. En la providencia se planteó como primer problema jurídico a resolver si los
actos administrativos debían suspenderse porque desconocieron lo previsto en
los artículos 125 Superior y 11 de la Ley 909 de 2004. Ello por crear como
requisito adicional para aspirar a los cargos de la Convocatoria Territorial 2019
que las certificaciones de cursos de educación informal no podían superar los 10
6 Índice 4, Samai.
7 Índice11, Samai.
8 Índice 26, Samai.
9 Índice 42, Samai.
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años contados desde la fecha de expedición y hasta el cierre de inscripciones al
concurso de méritos.
20.2. Como respuesta se precisó que la CNSC actuó en ejercicio de las facultades
que le otorgó el artículo 2.2.6.15 del Decreto 1083 de 2015, para adoptar los
instrumentos de valoración de los estudios de los aspirantes. En virtud de tal
prerrogativa, puntualizó que en los procesos de selección la educación informal
solo se puntuarían las certificaciones de cursos realizados en los últimos 10 años
contados hasta el cierre de las inscripciones.
20.3. Tal actuación no implicó la creación de un nuevo requisito para aspirar a los
cargos ofertados en la Convocatoria Territorial 2019, solo estableció criterios de
apreciación sobre los certificados de educación informal para la clasificación en
la etapa de valoración de antecedentes, lo cual no varió los requisitos mínimos
para aspirar a un cargo ofertado.
20.4. En el auto se fijó como segundo problema jurídico a dilucidar si los actos
demandados debían suspenderse por no constar en un acuerdo, resolución,
circular, directiva o instructivos, según lo instituido en los artículos 21 y 34 del
Acuerdo 001 de 2004 de la CNSC.
20.5. Al respecto, se señaló que, aunque el artículo 3 del Acuerdo 2073 de 2021
estableció que las decisiones de la sala plena de los comisionados debían
adoptarse mediante actos con la denominación aludida, lo cierto es que se probó
que expidió el Criterio Unificado del 18 de febrero de 2021 y que este fue
demandado.
20.6. Con auto del 30 de julio de 202410 se resolvió la excepción propuesta por la
CNSC que denominó «[i]nepta demanda por no constituir acto administrativo
susceptible de ser demandado ante la jurisdicción contencioso administrativa».
20.7. Sobre el particular, se señaló que en el auto del 20 de octubre de 2023 se
había admitido la demanda en el entendido de que se había demandado tanto el
Acta 21 del 10 de marzo de 2020 como el documento titulado «Anexo técnico
(casos): Criterio unificado […]» en su numeral 24 que incorporó la directriz
contenida en tal acta sobre la validez de los cursos de educación informal. En
ese orden, se consideró que desde la presentación de la demanda se habían
identificado plenamente los actos enjuiciados.
20.8. De igual manera, se precisó que por virtud del artículo 3 del Acuerdo 2073
de 2021 la Sala Plena de la CNSC debía «aprobar los Acuerdos, Resoluciones,
Directivas, Circulares, Memorandos, Criterios Unificados, Guías u otros documentos que
definan doctrina en temas de competencia de la CNSC». Asimismo, que en el
presente asunto se aprobó el criterio unificado del 18 de febrero de 2021 del cual
hacia parte el «Anexo técnico (casos)» que definió que en los procesos de
selección solo podía valorarse los cursos de formación informal realizados en los
últimos 10 años contados hasta el cierre de las inscripciones. En ese sentido, el
anexo no era un documento adjunto al criterio como la CNSC lo afirmó y, por el
contrario era parte integral de él.
10 Índice 47, Samai.
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20.9. Finalmente, se indicó que las demás excepciones por no estar enlistadas en
el artículo 100 del CGP debían decidirse en la sentencia.
21. A través de auto del 27 de noviembre de 202411 se adoptó el trámite para
proferir sentencia anticipada en los términos del artículo 182A del CPACA, al
encontrarse acreditado que en el caso presente se trataba de un asunto de puro
derecho. De este modo, se incorporaron al proceso las pruebas documentales
allegadas, se dispuso su traslado en los términos del artículo 110 del CGP y se
fijó el litigio de la siguiente manera:
«24.1. ¿Debe declararse la nulidad del Acta 21 del 10 de marzo de 2020 y el
documento titulado «Anexo técnico» expedidos por la CNSC por desconocer lo
previsto en los artículos 125 de la Constitución Política y 11 de la Ley 909 de 2004
al crear un requisito adicional para aspirar a los cargos de la Convocatoria
Territorial 2019, consistente en que las certificaciones de cursos de educación
informal no podían superar los 10 años contados desde la fecha de expedición y
hasta el cierre de inscripciones al concurso de méritos?
24.2. ¿Los actos demandados fueron expedidos por la CNSC sin competencia
legal y constitucional para ello?
24.3. ¿Debe declararse la nulidad de los actos demandados por no haber sido
expedidos mediante un acuerdo, resolución, circular, directiva o instructivos, según
lo establecido en los artículos 21 y 34 del Acuerdo 001 de 2004 de la CNSC?»
22. En la providencia también se ordenó correr traslado por el término de 10 días
para que las partes presentaran los alegatos de conclusión. Dentro de tal
oportunidad procesal intervinieron de la siguiente manera:
22.1. La parte demandante12 reiteró que la CNSC actuó sin competencia, puesto
que solo lo era por virtud del artículo 130 Constitucional para administrar y vigilar
la carrera administrativa, pero no para establecer requisitos o reglas para acceder
a los cargos públicos. Asimismo, que los actos demandados los expidió de
manera irregular por no estar motivados.
22.2. La CNSC13 ratificó su postura según la cual el acta y el anexo técnico no son
actos administrativos susceptibles de ser demandados y que el acto
administrativo que fijó los lineamientos para la valoración de la formación informal
fue el «Criterio Unificado de 18 de febrero de 2021» que fue soportado en el
anexo técnico «que forma parte integral del mismo». Finalmente, advirtió que en el
acta enjuiciada se definieron diversos temas que no podían resultar afectados de
declararse su nulidad.
22.3. El Ministerio Público no rindió concepto.
2. CONSIDERACIONES
11 Índice 54, Samai.
12 Índice 61, Samai.
13 Índice 60, Samai.
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Demandante: Catalina del Pilar Sánchez
2.1. Competencia
23. De conformidad con los artículos 125.2, 137 y 149.1 del CPACA, le
corresponde a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
decidir en única instancia las demandas de nulidad simple interpuestas contra los
actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional.
Asimismo, por el criterio de especialidad, los artículos 1314, modificado por el
artículo 1 del Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024, y 15 del Acuerdo 080 del
12 de marzo de 201915 señalan que la Sección Segunda conoce de los asuntos
de carácter laboral.
2.2. Problemas jurídicos
24. Sin desconocer la fijación del litigio realizada en auto del 1 de noviembre de
2024, en atención a los planteamientos de la demanda, se considera necesario
efectuar unos ajustes para mayor precisión conceptual, para señalar que los
problemas jurídicos se circunscriben a resolver los siguientes interrogantes:
(i) ¿el Acta 21 del 10 de marzo de 2020 y el documento titulado «Anexo
técnico» expedidos por la CNSC son actos administrativos susceptibles de
ser demandados?
(ii) ¿los actos administrativos fueron expedidos de manera irregular por no
presentar la forma establecida en los artículos 21 y 34 del Acuerdo 001 de
2004 de la CNSC, carecer de motivación y no haber sido publicados ni
«informados» por la Secretaría General de la CNSC?
(iii) ¿la CNSC desconoció la competencia que le otorgaron los artículos 125
de la Constitución Política y 11 de la Ley 909 de 2004 y el contenido de los
los artículos 43 de la Ley 115 de 1994 y 2.6.6.8 del Decreto 1075 de 2015
al establecer en los actos demandados que los cursos de educación
informal para ser valorados no podían superar los 10 años contados desde
la fecha de expedición y hasta el cierre de inscripciones al concurso de
méritos y crear un nuevo requisito para acceder a los cargos públicos?
2.1. Presupuestos de existencia, validez y eficacia del acto administrativo
2.1.1. Presupuestos de la existencia del acto administrativo
25. Enrelación con el concepto de acto administrativo, la jurisprudencia del
Consejo de Estado se ha pronunciado en reiteradas oportunidades16. De manera
general se coincide en una definición en la que están presentes varios elementos,
a saber: manifestación unilateral de la voluntad, en ejercicio de una función
14 Reglamento interno del Consejo de Estado.
15 «Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y
se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90».
16 Al respecto, se pueden revisar, entre otras: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del
22 de enero de 1988, radicación: 0549. Sección Cuarta, providencia del 4 de abril de 1986,
radicación 0001. Sección Tercera, sentencia del 10 de febrero de 2000, expediente AC-9407 y
sentencia del 4 de julio de 2002, radicado 73001-23-31-000-1999-9333-01 (19333). Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 14 de mayo de 2020, radicación: 25000-23-42-000-2017-
06031-01(5554-18).
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administrativa, que modifica, crea o extingue una situación jurídica, es decir, que
produce efectos jurídicos. Con esta noción “[…] se entra en el aspecto
fenomenológico del acto administrativo, o sea, en los supuestos subjetivos y
objetivos necesarios para que este adquiera realidad o expresión concreta, […]”,
o perceptibilidad en el universo jurídico, esto es como algo tangible y visible 17.
26. En ese contexto, la forma o el instrumento jurídico en el que está contenida
esa declaración de voluntad no es un elemento propio de la existencia, a menos
que así lo exija expresamente la ley, como cuando se refiere a las ordenanzas y
a los acuerdos expedidos por las asambleas departamentales o los concejos
municipales o distritales, respectivamente.
27. Por lo anterior, es posible encontrar actos expresos contenidos en oficios,
circulares, actas, memorandos, medios electrónicos, resoluciones, decretos,
entre otros, incluso, se prevén actos verbales u orales y tácitos o fictos. En ese
orden, dicho instrumento jurídico resulta irrelevante, en principio, frente a la teoría
del acto administrativo, pues lo importante -se insiste-, es que contenga una
manifestación de la voluntad de la administración proveniente de una actividad
administrativa, sin que importe la forma que adopte, pues lo esencial es que
constituya el ejercicio de la función administrativa y por consecuencia de una
acción concreta producto de esa función pública18.
2.2.2. Presupuestos de validez de los actos administrativos
28. La validez de un acto administrativo implica el sometimiento de este al
ordenamiento jurídico, esto es al bloque de legalidad. En otras palabras, es un
juicio de valor práctico que se hace respecto de cada uno de los elementos
esenciales de su existencia. Sobre el particular, tanto la doctrina como la
jurisprudencia han señalado que aquel debe ser proferido por el órgano
competente, contener una motivación cierta y pertinente, acatar las formalidades
sustanciales para su formación, y su finalidad debe ser legítima19.
29. Tales parámetros constituyen los elementos de validez del acto administrativo.
Así, la competencia alude al elemento «subjetivo», esto es, a que quien lo expida
esté facultado por el ordenamiento jurídico para hacerlo. Las circunstancias de
hecho o de derecho que dieron lugar a expedir el acto administrativo aluden al
elemento «causal», que corresponde a los antecedentes fácticos y normativos
que justifican la declaración de voluntad del Estado. El respeto por las
formalidades corresponde al elemento «formal» que implica que quien lo profiere
debe acatar el procedimiento establecido en la ley para su expedición. La
finalidad representa el elemento «teleológico» o el objetivo que se busca con su
expedición, que en todo caso debe ser el logro de los fines del Estado20.
17 En ese sentido se puede consultar: Berrocal Guerrero, Luis Enrique. Manual del acto
administrativo. 5ª. edición, Bogotá, Librería ediciones el profesional Ltda., 2009. Pp. 88-89
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A
sentencia del 1 de diciembre de 2005, Radicado 250023250001997413001 (0543-2002).
19 En ese sentido se puede consultar: Berrocal Guerrero, Luis Enrique. Manual del acto
administrativo. 5ª. edición, Bogotá, Librería ediciones el profesional Ltda., 2009. Pp. 109-131.
También la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
providencia del 19 de septiembre de 2023, Radicado 11001-03-25-000-2022-00348-00 (2832-
2022).
20 Ibidem.
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30. En el artículo 137 del CPACA se reguló que la vulneración de alguno de tales
presupuestos constituye causal de invalidez del acto administrativo. Así, la norma
preceptuó que procederá su nulidad:
30.1. «cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían
fundarse»: esta es la causal genérica de nulidad, puesto que se traduce en la
violación de la Constitución, de la ley o de cualquier otra norma superior a la cual
la administración debía sujetarse para su expedición y no lo hizo21.
31. Ciertamente, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que tal vicio
se configura cuando al dictar el acto administrativo se vulnera una norma (i) por
falta de aplicación; (ii) por aplicación indebida; o (iii) por interpretación errónea.
En el primer supuesto la administración ignora la existencia de la norma o aun
conociéndola la analiza y no la aplica al caso concreto. En el segundo acude a
una norma no pertinente para resolver el asunto. Y en el tercero se vale de una
interpretación equivocada o le da un alcance que no era el que correspondía22.
31.1. «sin competencia»: si no se actúa dentro de los linderos del principio de
legalidad se configura dicha causal, esto es que cuando se carece de aptitud o
capacidad legal para ser sujeto de derechos y obligaciones se estructura ese
vicio que hace anulable por consecuencia el acto administrativo.
31.2. Tal elemento de validez conlleva a que el servidor público o a quien ejerce
funciones públicas solo pueda hacer lo que el orden jurídico le permite. Su poder
está limitado por el principio de legalidad. En el caso de Colombia tal delimitación
la establece, entre otros, los artículos 6, 113, 121 y 122 de la Carta Política, que
regulan la responsabilidad subjetiva de los servidores públicos por omisión o
extralimitación en el ejercicio de sus funciones públicas, el mandato de que estos
solo pueden ejercer funciones atribuidas por la Constitución, la ley y el
reglamento, y que no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas
en la ley o reglamento.
31.3. Esa competencia ha de ser expresa, en la medida en que se rige por el
principio de taxatividad o especificidad; irrenunciable, porque no es posible
21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 21 de agosto de 2025, Radicado 11001-03-25-000-2019-00191-00 (1162-2019).
22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Radicación: 05001-
23-31-000-2007-02617-01. Actor: Sociedad de Fabricación de Automotores –SOFASA S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - UAE DIAN.
Consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro. Bogotá, D.C. 3 de mayo de 2018. «Según la doctrina
judicial del Consejo de Estado, ocurre la primera forma de violación, esto es, la falta de aplicación
de una norma, ya porque el juzgador ignora su existencia, o porque a pesar de que conoce la
norma, tanto que la analiza o sopesa, sin embargo, no la aplica a la solución del caso. También
sucede esa forma de violación cuando el juez acepta una existencia ineficaz de la norma en el
mundo jurídico, pues no tiene validez en el tiempo o en el espacio. En los dos últimos supuestos,
el juzgador puede examinar la norma pero cree, equivocadamente, que no es la aplicable al
asunto que resuelve, evento en el cual se está ante un típico caso de violación por falta de
aplicación, no de interpretación errónea, en razón de que la norma por no haber sido aplicada no
trascendió al caso. Se presenta la segunda manera de violación directa, esto es, por aplicación
indebida, cuando el precepto o preceptos jurídicos que se hacen valer se usan o se aplican a
pesar de no ser los pertinentes para resolver el asunto que es objeto de decisión. (…) Y,
finalmente, se viola la norma sustancial de manera directa, cuando ocurre una interpretación
errónea, esto es, cuando el precepto o preceptos que se aplican son los que regulan el asunto
por resolver, pero el juzgador los entiende equivocadamente, y así, erróneamente comprendidos,
los aplica. Es decir, ocurre cuando el juzgador le asigna a la norma un sentido o alcance que no
le corresponde».
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declinar un mandato legal; improrrogable, porque debe ser ejercida en
circunstancias de tiempo, modo y lugar; y, excepcionalmente delegable, porque
el órgano o el funcionario no pueden vaciarse de contenido, sino que, en lo
posible, deben conservar las que le han sido atribuidas23..
31.4. Por lo anterior, existe falta de competencia que vicia de nulidad el acto
administrativo cuando el servidor público o el particular que ejerce funciones
públicas las desarrollar por fuera de la Constitución, la Ley o el reglamento.24.
31.5. «en forma irregular»: al respecto se ha señalado que se configura si la
entidad no atendió en su formación y expedición (i) los procedimientos y (ii) las
formalidades legales que debió aplicar y que existen como garantía del debido
proceso25.
31.6. Los
primeros se refieren al trámite y requisitos determinados en el
ordenamiento jurídico que la autoridad competente debe seguir para expedir el
acto administrativo, esto es, «el conjunto de etapas y formas necesarias para que se
produzca una manifestación unilateral de voluntad de la administración que tenga como
efecto crear, modificar o extinguir una situación jurídica»26. De manera general, el
procedimiento administrativo que se aplica para la expedición de los actos
administrativos es el establecido en el Titulo III del CPACA, salvo que el legislador
hubiese proferido otro especial27.
31.7. Las segundas aluden a los denominados «requisitos de apariencia o formación de
los actos administrativos» establecidos en una norma superior que hacen obligatoria
su adopción. El ordenamiento jurídico como regla general no determina cuál debe
ser la forma o instrumento jurídico a través de la cual la administración puede
exteriorizar su voluntad. Por esta razón, los actos administrativos pueden estar
contenidos en documentos de distinta denominación o incluso ser expedidos de
manera verbal sin que ello implique que esté afectada su validez.
31.8. Sin embargo, existen casos en los que el legislador prescribe que el acto
administrativo debe manifestarse a través de cierta forma, caso en el cual su
desatención conlleva su nulidad. Ello, puesto que el cumplimiento de tal requisito
no es discrecional y, por el contrario, es de obligatorio cumplimiento so pena de
que la administración actúe en contravía de lo ordenado por una norma superior.
Sobre este punto, la jurisprudencia ha manifestado lo siguiente:
« […] cuando la ley establece requisitos de apariencia o formación de los
actos administrativos, sean éstos de carácter general o de carácter particular y
23 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 7 de junio de 2012,
Radicado11001.0324.000.2006-00348-00.
24 Ibidem.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de enero de 2016,
radicado 54001-23-31-0002009-00166-01 (0851-15).
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 8 de junio de 2021,
radicado 11001-03-15-000-2020-05033-00.
27 Al respecto se ha señalado que « [e]n el ámbito de la producción de medidas de carácter
general, salvo casos muy específicos, el ordenamiento jurídico no hace exigencias
procedimentales especiales, más allá de establecer la necesidad de que el acto sea proferido en
ejercicio de las competencias legalmente atribuidas a la respectiva autoridad. Así, el Título III de
la primera parte del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
establece las reglas generales que rigen la actuación administrativa […]». Consejo de Estado,
Sala Dieciséis Especial de Decisión, sentencia del 15 de enero de 2021, radicado 11001-03-15-
000-2020-02452-00.
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concreto, los mismos se deben cumplir obligatoriamente, cuando quiera que la
Administración pretenda tomar una decisión que corresponda a aquellas que se
hallan sometidas a tales requisitos, de tal manera que su desconocimiento,
conducirá a que se configure, precisamente, la causal de nulidad en estudio, es
decir, expedición irregular del acto administrativo o vicios de forma” (negrillas fuera
de texto).
Así pues, para que se configure la nulidad por expedición irregular del acto
administrativo debe existir una norma o disposición superior que establezca
unos requisitos formales, cuyo incumplimiento se aduce como causal de
anulación. […]»28 (se resalta).
31.9. Ahora bien, la jurisprudencia ha señalado que no toda irregularidad en la
creación del acto implica su nulidad y que para que ello suceda es necesario que
la formalidad inobservada sea «sustancial»29, es decir, «[…] aquella que de omitirse
tenga la capacidad de generar una arbitrariedad o alterar la transparencia del trámite o
es determinante para la existencia del acto o para el resultado de la decisión definitiva
[…]»30.
32. «mediante falsa motivación»: se configura cuando no existe concordancia
entre la realidad fáctica y jurídica en la que debió fundamentarse el acto
administrativo y las razones que quedaron consignadas en él31. La causal de
nulidad tiene su origen en la falta de veracidad de las razones de hecho y de
derecho que sustentaron el acto y que contradicen las que sí se corresponden
con la realidad32. De acuerdo con la jurisprudencia para su ocurrencia deben
concurrir los siguientes presupuestos:
«[…] i) la existencia de un acto administrativo motivado total o parcialmente, pues
de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación distinta; ii) la
existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que
induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente por
la administración pública o la calificación de los hechos, y iii) la efectiva
demostración por parte del demandante del hecho de que el acto administrativo se
encuentra falsamente motivado […]»33.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 20
de junio de 2019, radicado 25000-23-24-000-2009-00156-01. Ver en igual sentido la sentencia de
la Sección Segunda, Subsección B del 31 de mayo de 2018 con radicado 11001-03-25-000-2017-
00212-00 (1212-17).
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de julio de 2025, radicado
11001-03-25-000-2016-00201-00 (1150-2016).
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, providencia del 19 de septiembre de 2023, radicado
11001-03-25-000-2022-00348-00 (2832-2022).
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, providencia del 23 de marzo de 2017, procesos
acumulados con los siguientes radicados: 11001-03-25-000-2016-00019-00 (0034- 2016)
Acumulados: 11001-03-25-000-2016-00025-00 (0052-2016) 11001-03-25-000-2016-00048-00
(0156-2016) 11001-03-25-000-2016-00064-00 (0271-2016) 11001-03-25-000-2016-00052-00
(0184-2016) 11001-03-25-000-2016-00047-00 (0155-2016) 11001-03-25-000-2016-00026-00
(0053-2016) 11001-03-24-000-2016-00002-01 (0310-2016). Consejero ponente: Gabriel
Valbuena Hernández.
32 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 7 de junio de 2012. Expediente: 2006-
00348.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 8 de septiembre de 2017,
radicado: 54001-23-31-000-2009-00182-01(3555-14). Actor: Carlos Mario David Pérez.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional. Consejera ponente:
Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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32.1. Cabe precisar que quien alega la existencia de esta causal de nulidad debe
acreditarla porque de acuerdo con el artículo 88 del CPACA los actos
administrativos gozan de presunción de legalidad34.
32.2. Asimismo, es oportuno aclarar que cuando se alega que el acto
administrativo carece de motivación no se puede juzgar su validez con
fundamento en el vicio de la falsa motivación, puesto que este parte de su
existencia. Por tal razón, la falta de motivación se examina en la causal de nulidad
de expedición irregular al afectar el elemento formal del acto. Sobre el particular
la jurisprudencia lo ha explicado del siguiente modo:
«[…] Paralelamente al defecto consistente en la “falsa motivación”, hay otro vicio
invalidante que es el de la “falta de motivación”, cuya ocurrencia se subsume en el
vicio de “expedición irregular” a que se refiere el inciso segundo del
artículo 136 de la Ley 1437 de 2011. Dicho defecto se configura cuando el acto
carece por completo de fundamentos de hecho y/o de derecho, o cuando la
motivación incorporada en el acto administrativo es tan precaria e insuficiente que
no puede tenerse el acto como motivado. Se trata de un vicio que afecta el
aspecto formal de la decisión administrativa a partir de la exigencia que
contempla el artículo 42 ejusdem. Con todo, el legislador, en la aludida
disposición legal, establece el contenido de las decisiones administrativas, de allí
que sin ambages exija que luego de haberse brindado la oportunidad a los
interesados de expresar sus opiniones y con base en las pruebas disponibles, la
autoridad debe adoptar la decisión, que será motivada […]»35.
33. «con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió»: esta causal
es denominada «desviación de poder», vicio que ocurre cuando el servidor público
al expedir el acto administrativo busca «una finalidad contraria a los intereses
públicos o sociales, en general, o los específicos y concretos, que el legislador buscó
satisfacer al otorgar la respectiva competencia»36.
33.1. En esa medida, la causal se relaciona de manera directa con el elemento
teleológico o finalístico del acto administrativo, pues se configura cuando el
propósito perseguido con su expedición es distinto del interés general (art. 209
CP.), esto es cuando no se adecua a los fines de la norma que la autoriza.
33.2. Lo anterior, porque el fin del acto administrativo no depende del querer o del
capricho de la autoridad administrativa que lo profiere, sino que lo fija el
ordenamiento jurídico, traduciéndose en un interés público o social, pero en
concreto, porque se trata del cumplimiento de un cometido de naturaleza estatal
propio de la función administrativa.
33.3. Por tanto, la administración al momento de su expedición debe sujetarse a
las atribuciones y respetar los fines que la norma persigue, puesto que «[…] el
propósito de todo acto administrativo no lo fija la administración, sino el constituyente y
el legislador, quienes lo entienden emitido para cumplir los fines previstos en el artículo
34 Ver la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, sentencia del 28 de octubre de 1999, Expediente: 3.443. En la providencia se
indicó «tiene la carga de la prueba, es decir, de demostrar la falsedad o inexactitud en los motivos
que explícita o implícitamente sustentan el acto administrativo respectivo, habida cuenta de la
presunción de legalidad de que se hallan revestidos los actos administrativos».
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, providencia del 23 de marzo de 2017,
radicado: 11001-03-25-000-2016-00019-00 (0034-16).
36 Sentencia C- 452 de 1998 del 2 de septiembre de 1998.
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2 constitucional y 1.º del CPACA, esto es, el buen servicio público, la buena marcha de
la administración y el interés general»37.
33.4. Además, la jurisprudencia ha señalado que la declaración de la existencia
del vicio de nulidad de desviación de poder «[…] precisa acreditar tanto (i) la
competencia del ente que expide el acto, como (ii) el cumplimiento de las formalidades
legalmente impuestas, y en especial (iii) el fin torcido o espurio que persiguió la autoridad
al promulgar la decisión cuestionada, distinto al señalado por la ley para el caso
concreto»38. En consecuencia, se requiere que la administración actúe con
aparente legalidad, pues debe hacerlo de acuerdo con su competencia y las
formalidades y procedimientos previstos en la ley, no obstante, esconder un
propósito diferente del buen servicio público y del de la competencia atribuida por
la norma39.
34. «con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa»: esto es, con
vulneración del debido proceso administrativo que debe ser respetado en todas
las actuaciones administrativas.
34.1. Ciertamente, el debido proceso establecido en el artículo 29 Constitucional
determina que debe ser aplicado «a toda clase de actuaciones judiciales o
administrativas». También el artículo 3 del CPACA ordena que las actuaciones
administrativas en su desarrollo acaten esta garantía.
34.2. El debido proceso tiene por objeto garantizar la correcta producción de los
actos administrativos, limita a las autoridades en el ejercicio de sus competencias
y, por ende, es un mecanismo de protección de los derechos de los ciudadanos,
pues el Estado no puede demarcarlos o cercenarlos de manera arbitraria o
deliberada. Su aplicación implica que el Estado o quien cumple función pública
en la producción de aquellos deba ceñirse a los procedimientos que establece la
ley, de suerte que se garantice a los afectados por el ejercicio de tales
prerrogativas la protección de sus derechos de contradicción y defensa40.
34.3. La garantía constitucional aludida comprende el derecho al acceso a las
autoridades administrativas, a que las decisiones sean motivadas, puedan ser
impugnadas y cumplidas, a que las emita el funcionario competente con
imparcialidad e independencia, el derecho de defensa y a que el proceso se
desarrolle sin dilaciones injustificadas y sea público41.
37 Consejo de Estado. Sección Segunda - Subsección A, sentencia del 9 de julio de 2020.
Radicado: 25000-23-42-000-2013-01241-01 (2334-2017). Demandante: Juan Andrés Acosta
Pérez. Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Armada Nacional. Bogotá, D.C.
38 Consejo de Estado. Sección Primera, sentencia del 3 de diciembre de 2018. Radicado: 11001-
03-24-000-2013-00328-00. Actor: Jaime Orlando Salazar Chávez y Federación Nacional de
Centros de Reconocimiento de Conductores – FEOLCRC. Demandado: Nación –
Superintendencia de Puertos y Transporte.
En otra providencia se señaló «La desviación de poder supone el ejercicio de unas atribuciones
válidamente conferidas, pero en forma desviada, incardinada al logro de fines que son diferentes
de aquellos para cuya realización esas atribuciones fueron concebidas. Entraña, entonces, una
traición al interés general que justifica la atribución de competencias» Consejo de Estado. Sección
Tercera. Subsección C, sentencia del 28 de junio de 2019. Radicación: 66001-23-31-000-2003-
00588-02(44009). Actor: I.P.S. Del Café Ltda. Demandado: CAJANAL y otros.
39 Ibidem.
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de noviembre de 2024, radicado 08001-
23-31-000-2012-00318-01 (2700-2013).
41 Consultar la sentencia C-341 de 2014.
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2.2.3. Presupuestos de la eficacia de los actos administrativos
35. La eficacia de un acto administrativo depende de su publicidad y por lo tanto
del conocimiento de sus destinatarios por el medio legalmente establecido para
ello (artículos 209 CP. 3.9 y 69 a 73 CPACA); de su firmeza jurídica (artículo 87
CPCA), como una prerrogativa del poder político, en consideración a su
naturaleza; y de la ausencia de la pérdida de su fuerza ejecutoria (artículo 91
CPACA), en tanto no se dé uno de los supuestos previstos en esa norma.
Presupuestos estos indispensables o necesarios “[…] para que el acto existente
y válido produzcan finalmente los efectos que estarían llamados a producir […]42..
36. En ese orden, el acto administrativo no es obligatorio, ejecutable u oponible
mientras no sea conocido por su destinatario, es decir, en tanto no se publique,
comunique, notifique o ejecute, según sea el caso, no puede surtir efecto legal
alguno y por tanto no puede hacerse efectivo (CPACA, título III, capítulo I). De
acuerdo con su contenido intrínseco, los actos administrativos se clasifican en
generales y particulares, y su vinculatoriedad se predica desde el momento
mismo de su publicación, tratándose de los primeros, o desde que se produce la
notificación, comunicación o ejecución, en el caso de los segundos. De tal suerte
que, a partir de su conocimiento, pueden ejercer su derecho de defensa o
contradicción, incluso de acción, en sede administrativa o judicial.
37. Para el caso de los actos administrativos de contenido general, el artículo 65
del CPACA establece que «[l]os actos administrativos de carácter general no serán
obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas
territoriales, según el caso […]».
38. En cuanto a los de contenido particular el artículo 66 ibidem determina que
«[l]as decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán
personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona
debidamente autorizada por el interesado para notificarse». A su vez, el artículo 72
ibidem señala que «[s]in el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la
notificación, ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada
revele que conoce el acto, consienta la decisión o interponga los recursos legales […]».
39. Es pues la publicidad del acto administrativo un requisito para que pueda surtir
sus efectos. Por tal razón, su inobservancia no configura una causal de nulidad
porque no es un presupuesto de su validez43. Ciertamente, su legalidad requiere
que en su producción se cumpla con el ordenamiento jurídico y las formalidades
sustanciales que exige, esto es, que se expida con respeto de la competencia, el
objeto, la forma, la causa y la finalidad que permiten las normas44. El
desconocimiento de alguno de los elementos expuestos conlleva a la
configuración de las causales de nulidad previstas en el artículo 137 del CPACA.
40. Por regla general, los actos administrativos quedan en firme una vez cumplen
con los requisitos señalados en el artículo 87 del CPACA, dentro de los que se
42 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, Procedimientos Administrativos y Tecnología, Universidad
Externado de Colombia, Bogotá DC, 2011, p. 58.
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26
de septiembre de 1996, expediente 2.431.
44 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 18 de febrero de 2016, radicación: 81001-
23-33-000-2012-00039-04, demandante: Departamento de Arauca.
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encuentran el agotamiento de la notificación, comunicación o publicación del acto
y de sus recursos45. El cumplimiento de estos requisitos los dota de ejecutoriedad
en los términos del artículo 89 ibidem y, por tanto, la administración los puede
ejecutar de inmediato.
2.3. Actos administrativos que pueden ser demandados
41. El artículo 137 del CPACA establece que «[t]oda persona podrá solicitar por sí, o
por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de
carácter general», asimismo, excepcionalmente «podrá pedirse la nulidad de actos
administrativos de contenido particular» cuando: i) de la pretensión de nulidad no se
persiga un restablecimiento del derecho; ii) se trate de recuperar bienes de uso
público; iii) los efectos nocivos del acto afecten en materia grave el orden público,
político, económico, social o ecológico; y iv) lo autorice expresamente la ley. De
igual forma, la pretensión de nulidad deberá sustentarse en las causales de
nulidad que establece este artículo y analizadas en precedencia.
42. En esa dirección, el objetivo del medio de control de nulidad es propender por
la preservación del ordenamiento jurídico y la materialización del principio de
legalidad; en otras palabras, es ejercer un control de legalidad en abstracto de
los actos administrativos expedidos por la administración. El medio de control de
nulidad contiene entonces la pretensión de corrección de un acto administrativo.
43. Las múltiples manifestaciones de la actividad de la administración pública
conllevaron a que la jurisdicción y la doctrina delimitaran conceptualmente el acto
administrativo con el fin de determinar la susceptibilidad de su control de legalidad
por vía judicial. En ese orden, se ha indicado que existen diferentes tipos de
actos.
44. Así,la jurisprudencia los ha clasificado en definitivos, de trámite y
preparatorios; y de ejecución. Sobre el particular se ha señalado lo siguiente:
45. Los actos administrativos definitivos son aquellos en los cuales confluyen,
de manera general, los siguientes elementos: la manifestación unilateral de la
voluntad, en ejercicio de la función administrativa, que modifica, crea o extingue
una situación jurídica, es decir, produce efectos jurídicos, los cuales se identifican
como los elementos esenciales para su existencia. De conformidad con los
artículos 43 y 104 del CPACA, son susceptibles de control jurisdiccional.
46. Encuanto a los de trámite y preparatorios, la jurisprudencia de esta
corporación ha señalado que son actos «de trámite o preparatorios» aquellos que
«se producen en el trayecto de un procedimiento administrativo y que conducen al acto
definitivo»46 o que «se expiden como parte del procedimiento administrativo con el fin
de darle curso a este, es decir, son netamente instrumentales ya que no encierran
declaraciones de la voluntad, no crean relaciones jurídicas y sólo sirven de impulso a la
45 En los literales 1 y 2 dispone la norma: que quedarán en firme los actos administrativos «1.
Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación,
comunicación o publicación según el caso.
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los
recursos interpuestos».
46 Sección Quinta, radicación 11001-03-28-000-2024-00110-00.
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continuidad de la actuación de la administración»47.
47. Por su parte, la doctrina48, ha señalado que la naturaleza de aquellos es
distinta, pues, de un lado, los de trámite « dan la celeridad y movimiento requeridos
a la actuación administrativa, los que impulsan el trámite propio de la decisión que ha de
tomarse, e incluso los posteriores al mismo tendiente a hacerlo público y a darle
firmeza»49 y pueden convertirse en definitivos cuando impiden la continuación de
la actuación administrativa y, por lo mismo, una decisión de fondo sobre el
asunto.
48. De otro, los preparatorios «contribuyen a formar el juicio o criterio de la
Administración para decidir la actuación administrativa correspondiente. Más que
procurar el impulso de la actuación, su objeto es el de contribuir a formar la decisión o el
acto que le pone fin. Por consiguiente, se consideran como tales los conceptos,
dictámenes, consultas, propuestas, etc. En todo caso, no entrañan o implican orden o
decisión alguna para el desarrollo de la actuación administrativa. En realidad tienen un
carácter más probatorio que de impulso del procedimiento administrativo»50. De ahí,
que los diferenciara así51:
«De modo que las diferencias que de ellos cabe señalar son, en primer
lugar, a partir del papel que cumplen o los efectos que tienen en el
procedimiento administrativo, por cuanto los preparatorios constituyen en
sí mismos elementos de juicio para tomar la decisión, y los de trámite
simplemente impulsan la actividad de la administración hacia aquella.»
49. A su turno, Roberto Dromi52 distinguió el acto administrativo y el simple acto
de la administración, entendido este como la «declaración unilateral interna o
interorgánica, realizada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos
jurídicos individuales en forma indirecta», tales como las propuestas y los
dictámenes. A su vez, los segundos se concretan en la « actividad que realizan los
órganos estatales en ejercicio de la función administrativa», es decir que «son emitidos
por órganos competentes que contienen informes y opiniones técnico-jurídicas
preparatorias de la voluntad administrativa». Sus características son las siguientes:
«1) Actos jurídicos de la Administración. El dictamen es un acto jurídico
unilateral de la Administración, con efectos mediatos, indirectos, reflejos.
Como acto jurídico de la Administración el dictamen no obliga, en principio,
al órgano ejecutivo, ni extingue o modifica una relación de derecho con
efecto respecto de terceros, sino que se trata de una declaración interna,
de juicio u opinión que forma parte del procedimiento administrativo en
marcha.
2) Emitidos por órganos competentes. No todo acto jurídico unilateral de la
47 Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 13 de marzo de 2024, radicación 11001-03-26-
000-2021-00049-00 (66705). En la cual, a su vez, se anotó a pie de página lo siguiente:
«Definición que esta Corporación acuñó valiéndose de la clasificación ofrecida por el tratadista
García — Trevijano Fos, con el fin de determinar y delimitar "su inserción en el procedimiento y
recurribilidad. CONSEJO DE ESTADO, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de
agosto de 2020, rad. 25000-23-42-000-2014-00109-01(1997-16). Sobre el tema ver: Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 28 de junio de 2023, exp. 58022,
demandante: Marco Antonio Velilla Moreno».
48 Berrocal Guerrero, Luis Enrique. Manual del acto administrativo según la ley, la jurisprudencia
y la doctrina. Librería Ediciones del Profesional Ltda. 7ª Ed., 2015.
49 Ibidem, pág. 327.
50 Óp. Cit. Pág. 327.
51 Óp. Cit. Pág. 329.
52 Dromi, Roberto. El acto administrativo. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 2000. Pág.
221 y ss.
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Administración es un dictamen. En tanto importa una declaración, debe ser
emitido por el órgano competente, o sea, por aquel órgano al que el
ordenamiento jurídico le atribuye de una manera expresa o
razonablemente implícita, la función administrativa específica de emitir
opiniones o pareceres técnico-jurídicos que faciliten elementos de juicio en
la formación de la voluntad administrativa.
[...]
5) Preparatorios de la voluntad administrativa. [...] el dictamen tiene por fin
facilitar ciertos elementos de opinión o juicio, para la formación de la
voluntad administrativa. El dictamen forma parte de los actos previos a la
emisión de la voluntad, y se integra como una etapa de carácter consultivo-
deliberativo, en el procedimiento administrativo de conformación de la
voluntad estatal.» [se resalta]
50. Igualmente, Carlos F. Forero Hernández53 indicó lo siguiente:
«Coincidimos con quienes afirman que no se deben confundir los actos de
trámite con los actos preparatorios. Mientras que estos últimos (actos
preparatorios) se limitan a preparar elementos de juicio para la toma de
decisión final; es decir, son actos previos necesarios para adoptar una
decisión de fondo. Vistos como actos previos para expedir el acto
administrativo definitivo. En cambio, los actos de trámite se limitan a
impulsar la actuación administrativa (o procedimiento administrativo,
algunos estudiosos). Lo anterior es explicado también por GUECHÁ
MEDINA Y GUECHÁ TORRES (2021): “dichas ritualidades se presentan
en los llamados actos de trámite los cuales dan impulso al procedimiento
administrativo y en los actos preparatorios que además de darle agilidad a
la actuación influyen o determinan la decisión” (p. 268).»
51. En esa perspectiva, cuando del procedimiento administrativo se trata, en
ocasiones resulta difícil establecer si los actos son de trámite o preparatorios,
pues debe examinarse con detenimiento la decisión que plasman.
52. Aunque Luis Enrique Berrocal Guerrero señaló que « el acto preparatorio no es
susceptible de pasar a ser acto definitivo, mientras que el de trámite sí puede llegar a
serlo», la jurisprudencia de esta Sección ha señalado lo contrario, esto es, que
pueden ser examinados por el juez de lo contencioso-administrativo cuando
impiden continuar con la actuación administrativa54.
53. Finalmente, los de ejecución son los que se limitan a dar cumplimiento a una
decisión judicial o administrativa55.
54. Así las cosas, por regla general los que son susceptibles de ser enjuiciados
son los actos administrativos definitivos. Los preparatorios y de trámite lo son
cuando ocurren supuestos como los enunciados y cuando hacen imposible la
continuación de la actuación administrativa, pues se asimilan a aquellos. Y los de
ejecución cuando van más allá de lo dispuesto en el acto ejecutado, según se
explicó.
53 Forero Hernández, Carlos Ferney. El acto administrativo. 3ª Ed., Grupo Editorial Ibañez, 2023,
pág. 346.
54 Sección Segunda, Subsección A, radicación 05001-23-33-000-2015-01359-01 (4887-2016),
sentencia del 18 de julio de 2019.
55 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de abril de 2020, radicado
11001-03-24-000-2013-00422-01 (0407-2015).
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55. A través del medio de control de nulidad es necesario que se demande la
decisión que contiene la manifestación o declaración de voluntad de la
administración que produce efectos jurídicos, que puede estar contenida en uno
o varios instrumentos jurídicos que, desde la Revolución Francesa, la doctrina
administrativista ha denominado actos administrativos y así lo ordenan
expresamente el artículo 137 del CPACA.
56. La proposición jurídica así formulada permite al juez emitir un pronunciamiento
de fondo y, de encontrar algún vicio en los elementos de validez o de valoración
legal (conformidad con la Constitución y el ordenamiento jurídico subordinado;
competencia material, territorial, temporal, jerárquica o funcional del órgano
emisor; real y adecuada motivación; formalidades en su expedición; fin legítimo
y proporcionalidad), podrá analizar de qué forma se restablecerá el orden jurídico
conculcado. Lo contrario, le impide adelantar un análisis integral de la
controversia.
2.4. La Comisión Nacional del Servicio Civil y su función de administración
del sistema general de carrera administrativa
57. El artículo 125 Constitucional en su inciso 3 prescribió que «el ingreso a los
cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los
requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los
aspirantes». De este modo, la Carta Política señaló que sería el legislador el que
debía definir las condiciones para establecer el mérito que permitiera el ingreso
al servicio público mediante el sistema de carrera administrativa.
58. Asimismo, el artículo 130 de la Constitución Política creó una entidad
responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores
públicos, con excepción de las de carácter especial. Se trata de la Comisión
Nacional del Servicio Civil56.
59. La jurisprudencia ha señalado a partir del contenido esa norma Constitucional
que la CNSC es un ente estatal único, autónomo, de carácter permanente y del
nivel nacional, que como tal no hace parte de ninguna de las ramas del poder
público57. Tal autonomía conlleva a que no está supeditada a estas y que sus
funciones son independientes, además le otorga la facultad de ordenar su propio
funcionamiento.
60. En ese sentido, se ha indicado que tal autonomía tiene como fin excluir a la
Rama Ejecutiva del manejo de la carrera administrativa «[…] para hacer realidad el
propósito que promueve el sistema de carrera por concurso público, cual es el de
sustraer los empleos del Estado de factores subjetivos de valoración, como el
clientelismo, el favoritismo y el nepotismo, que chocan con el adecuado ejercicio de la
función pública […]»58. Así las cosas, la CNSC por mandato del artículo 130
Constitucional tiene la función de administrar y vigilar el sistema de carrera
administrativa general y los especiales o específicos de origen legal.
61. Ahora,la norma constitucional no definió el alcance y contenido de los
conceptos de «administrar» y de «vigilar» por lo que han sido considerados como
56 En adelante CNSC.
57 C-372 de 1999.
58 C-1230 de 2005.
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conceptos jurídicos indeterminados, es decir, nociones que estableció el
constituyente de manera general59.
62. Por tal razón, la Corte Constitucional señaló que correspondía al legislador
precisar lo que implicaban ambas funciones. Sin embargo, advirtió que en esa
tarea debía tener claro las nociones de tales términos, de suerte que al reglar las
funciones de la entidad no dejara de incluir tareas que debieran estar dada la
naturaleza de su significado. Al respecto, la Corte manifestó lo siguiente:
«[…] Si bien existen ‘zonas de penumbra’ en que el alcance del significado de la
expresión ‘administración’ de los sistemas de carrera pueden ser precisadas o
delimitadas con autoridad por parte del legislador respecto a qué implica
administrar o vigilar un sistema de carrera administrativa, existe un núcleo duro de
significado, unos contenidos mínimos que no pueden ser desconocidos.60
4.2.3. Según el uso corriente de la expresión ‘administrar’, se hace referencia a
ordenar, disponer u organizar.61 Teniendo en cuenta el uso habitual de las
expresiones en derecho, concretamente, puede señalarse que administrar implica,
‘gobernar’, ‘regir’, ‘cuidar’, ‘manejar’.62 De forma específica, suele entenderse que
la administración de un asunto público, suele implicar algunos aspectos básicos.63
A saber, la autoridad, sin la cual, nada se puede ordenar, exigir ni imponer; la
responsabilidad, para que no se trate de un poder arbitrario; la independencia,
que le permite, además de ejecutar, disponer y organizar. La generalidad y
neutralidad de las reglas y principios que la rigen; la permanencia, por la
naturaleza de sus fines y la capacidad de acción, basada en los medios de los que
disponen aquellas personas que, por sus méritos, han sido designadas para
ejercer la administración pública. En tal sentido, estos conceptos constituyen unos
de los criterios básicos para establecer los contenidos básicos y nucleares de la
‘administración de las carreras administrativas’ […]»64 (se resalta).
63. Lo anterior, se regló en la Ley 909 de 200465 que definió la naturaleza de la
entidad en el artículo 7, en los siguientes términos:
«[…] Naturaleza de la Comisión Nacional del Servicio Civil. La Comisión
Nacional del Servicio Civil prevista en el artículo 130 de la Constitución
Política, responsable de la administración y vigilancia de las carreras, excepto
de las carreras especiales, es un órgano de garantía y protección del sistema
de mérito en el empleo público en los términos establecidos en la presente
ley, de carácter permanente de nivel nacional, independiente de las ramas y
órganos del poder público, dotada de personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio propio.
Con el fin de garantizar la plena vigencia del principio de mérito en el empleo
público de carrera administrativa, la Comisión Nacional del Servicio Civil
actuará de acuerdo con los principios de objetividad, independencia e
imparcialidad. […]» (se destaca).
64. Las funciones concretas de la CNSC para la administración de la carrera
administrativa están descritas en el artículo 11 de la Ley 909, así:
59 Sobre los conceptos jurídicos indeterminados se puede consultar las las sentencias: C-393 de
2006 (MP Rodrigo Escobar Gil, SV Jaime Araujo Rentería), C-095 de 2007 y C471 de 2013.
60 Ver al respecto, por ejemplo, HART, H.L.A. (1961) El concepto del derecho. Abeledo-Perrot
(1968).
61 Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española.
62 CABANELLAS, Guillermo (1981) Diccionario enciclopédico de derecho usual. Heliasta. Tomo I.
Buenos Aires, 1981. Ver ‘administrar’. Pag.172.
63 CABANELLAS, Guillermo (1981) Diccionario enciclopédico de derecho usual. Heliasta. Tomo I.
Ver ‘administración pública’, caracterizaciones. Pag.171.
64 C-471 de 2013.
65 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa,
gerencia pública y se dictan otras disposiciones».
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«a) Establecer de acuerdo con la ley y los reglamentos, los lineamientos
generales con que se desarrollarán los procesos de selección para la
provisión de los empleos de carrera administrativa de las entidades a las
cuales se aplica la presente ley;
b) Acreditar a las entidades para la realización de procesos de selección de
conformidad con lo dispuesto en el reglamento y establecer las tarifas para
contratar los concursos, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 30
de la presente ley;
c) Elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos
públicos de carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que
establezcan la presente ley y el reglamento;
d) Establecer los instrumentos necesarios para la aplicación de las normas
sobre evaluación del desempeño de los empleados de carrera administrativa;
e) Conformar, organizar y manejar el Banco Nacional de Listas de Elegibles;
el Banco de Datos de ex empleados con derechos de carrera cuyos cargos
hayan sido suprimidos y que hubieren optado por ser incorporados y, el Banco
de Datos de empleados de carrera desplazados por razones de violencia;
f) Remitir a las entidades, de oficio o a solicitud de los respectivos
nominadores, las listas de personas con las cuales se deben proveer los
empleos de carrera administrativa que se encuentren vacantes
definitivamente, de conformidad con la información que repose en los Bancos
de Datos a que se refiere el literal anterior;
g) Administrar, organizar y actualizar el registro público de empleados
inscritos en carrera administrativa y expedir las certificaciones
correspondientes;
h) Expedir circulares instructivas para la correcta aplicación de las
normas que regulan la carrera administrativa;
i) Realizar los procesos de selección para el ingreso al empleo público a través
de las universidades públicas o privadas o instituciones de educación
superior, que contrate para tal fin;
j) Elaborar y difundir estudios sobre aspectos generales o específicos de la
gestión del empleo público en lo relacionado con el ingreso, el desarrollo de
las carreras y la evaluación del desempeño;
k) Absolver las consultas que se le formulen en materia de carrera
administrativa.» (se resalta).
65. La CNSC debe ejercer las funciones de administración descritas con sujeción
a los presupuestos que defina la ley, puesto que el artículo 125 Superior ordenó
al legislador fijar para el ingreso al servicio público los requisitos y condiciones
que permitieran determinar el mérito y las calidades de los aspirantes.
66. Al respecto, la jurisprudencia ha precisado lo siguiente:
«[…] 4.2.5. Mediante la Ley 909 de 2004 el Congreso de la República expidió las
normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa y la gerencia
pública. En el artículo 11 de la Ley, se definieron cuáles son las funciones de la
Comisión Nacional del Servicio Civil relacionadas con la responsabilidad de la
administración de la carrera administrativa. El artículo 11 de la Ley 909 de 2004,
por tanto, es el parámetro legal expedido en democracia, para determinar y
precisar qué se ha de entender por la competencia de administrar un sistema
de carrera administrativa, bajo el orden constitucional vigente. El legislador,
expresamente, advierte que “la Comisión Nacional del Servicio Civil ejercerá las
siguientes [once] funciones”, en “ejercicio de las atribuciones [constitucionales]
relacionadas con la responsabilidad de la administración de la carrera
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administrativa”, las cuales, por supuesto, deben ejercerse con el debido
respeto al orden jurídico vigente […]»66 (negrilla fuera del texto original).
67. En otra providencia, la Corte Constitucional manifestó al decidir sobre la
constitucionalidad de algunas disposiciones que fijaban pautas para la
calificación de los aspirantes en un concurso público que, aunque a la CNSC le
corresponde administrar la carrera administrativa, ello no implica que el legislador
no pueda regular este tipo de aspectos al ser facultado por el artículo 125
Constitucional67.
68. Asimismo, al resolver la constitucionalidad de otra norma que disponía la
conformación de la entidad con delegados del gobierno nacional que ello era
contrario a la Carta Política, por cuanto la CNSC «tiene la jerarquía de un órgano
autónomo y permanente encargado de modo específico de dirigir, administrar y vigilar
todo el sistema de carrera contemplado por el artículo 125 de la Constitución Política,
sin sujeción al Gobierno ni a pautas distintas de las que la misma Carta y la ley
señalen»68 (se destaca).
69. Así las cosas, la CNSC debe ejercer la facultad de administrar la carrera
administrativa dentro de los parámetros fijados por la Constitución y por la ley.
2.5. Análisis de la Sala
70. Los problemas jurídicos planteados con fundamento en la demanda se
resolverán a continuación, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia.
2.5.1. Solución al primer problema jurídico
71. En la contestación de la demanda, la CNSC planteó la excepción de «Inepta
demanda por no constituir acto administrativo susceptible de ser demandado ante
la jurisdicción contencioso administrativa». La sustentó en que el Acta del 10 de
marzo de 2020 no podía ser demandada por no constituir un acto administrativo,
sino una constancia de reunión proferida en virtud de la sesión de la sala plena
de la entidad y de los temas allí tratados.
72. Lo anterior, porque el Acuerdo 75 de 2023 que regula a la entidad en su
artículo 9 determinó que las decisiones debían constar en un acuerdo, resolución,
directiva, circular, memorando, criterio unificado y guía, por lo que el contenido
del acta debía ratificarse en uno de estos instrumentos jurídicos. Asimismo, que
en el artículo 10 regló que en las actas de las sesiones quedaría consignado lo
sucedido en ellas y en el 11 que era deber de los comisionados guardar
confidencialidad de lo discutido, por lo que no podían ser publicadas.
66 C-471 de 2013.
67 Sobre el particular indicó: «La Corte considera que, si bien a la Comisión Nacional del Servicio
Civil le corresponde la facultad de administrar la carrera, ello no supone que el legislador esté
impedido para fijar ciertas pautas referentes a la calificación de los aspirantes, siempre y cuando
éstas sean razonables y proporcionadas. El límite del 15% como valor asignado a la entrevista
en el desarrollo de un concurso, así como el requisito de la pluralidad del jurado, no invaden en
absoluto la órbita de acción de la Comisión Nacional del Servicio Civil, pues debe recordarse que
es al legislador, según expresa disposición del artículo 125 de la Carta, a quien corresponde
indicar los requisitos y condiciones para determinar los méritos y calidades de los aspirantes».
Sentencia C-372 de 1999.
68 Ibidem.
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73. También afirmó que el anexo técnico demandado era parte del criterio
unificado que la CNSC expidió el 18 de febrero de 2021 y que este era el
verdadero acto administrativo. Por ende, que aquel no podía ser enjuiciado al no
ser el acto principal. A ello agregó que se demandó de manera subsidiaria y como
consecuencia del «decaimiento» del acta enjuiciada, que tampoco era un acto
administrativo.
74. La excepción fue negada en el auto del 30 de julio de 202469 en el que se
consideró que desde la presentación de la demanda se identificaron los actos
enjuiciados al demandarse tanto el acta como el anexo técnico. También que
este último era parte integral del «Criterio Unificado del 18 de febrero de 2021», el
cual la CNSC profirió por virtud del artículo 3 del Acuerdo 2073 de 2021, norma
que le ordenaba «aprobar los Acuerdos, Resoluciones, Directivas, Circulares,
Memorandos, Criterios Unificados, Guías u otros documentos que definan doctrina en
temas de competencia de la CNSC».
75. En esa línea, se concluyó que como la CNSC aprobó tal criterio unificado y
que como de él hacía parte el «Anexo técnico (casos)» sí fue demandado el acto
decisivo. Así, se descartó que este último solo fuera un documento adjunto.
76. Aunque antes se había decidido la excepción, se considera necesario volver
sobre ella porque la CNSC planteó de nuevo la discusión en los alegatos de
conclusión. Además, es necesario porque en el auto que la decidió no se examinó
si el Acta 21 del 10 de marzo de 2020 contenía o no un acto administrativo.
También porque en tal providencia se aplicó lo dispuesto en el Acuerdo 2073,
pero este fue expedido el 9 de septiembre de 2021, después del Criterio Unificado
aprobado el 21 de febrero de ese año.
77. Por lo anterior, y de acuerdo con el deber del juez de ejercer en cada fase del
proceso el control de legalidad para sanear los vicios que pudieran acarrear
nulidades dispuesto en los artículos 207 del CPACA y 42 del CGP70, numerales
5 y 12, se abordará de nuevo el estudio de la excepción en esta etapa del trámite.
De manera respetuosa, se sugiere verificar la pertinencia del pie de página que hace
alusión al CCA.
78. En ese sentido, se deberá dilucidar si el Acta 21 del 10 de marzo de 2020 y el
documento titulado «Anexo técnico» expedidos por la CNSC contienen una
decisión de la administración susceptible de ser demandada, aspecto necesario
para poder abordar los otros problemas jurídicos.
79. Pues bien, el artículo 13 de la Ley 909 de 2004 dispuso que la CNCS debía
adoptar su propio reglamento de organización y funcionamiento. En tal virtud,
para el 10 de marzo de 2020, época en la que se expidió el acta demandada,
estaba vigente el Acuerdo 20181000000016 del 10 de enero de 201871 «[p]or el
cual se adopt[ó] el reglamento de organización y funcionamiento de la Comisión Nacional
de Servicio Civil».
80. En esta normativa se regularon en su artículo 3 las funciones de la Sala Plena
69 Índice 47, Samai.
70 Aplicable Por remisión del artículo 306 del CPACA.
71 https://www.cnsc.gov.co/sites/default/files/2021-08/20181000000016_1.pdf.
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de la CNSC, entre las que se incluyó la siguiente:
«ARTÍCULO 3º. FUNCIONES DE LA SALA PLENA. Además de las funciones
establecidas a la Comisión Nacional del Servicio Civil en los artículos 11 y 12 de
la Ley 909 de 2004, corresponde a la Comisión a través de la Sala Plena, ejercer
las siguientes funciones:
a) Definir los lineamientos para el desarrollo de los procesos de selección para la
provisión definitiva de los empleos de carrera administrativa de los sistemas de
carrera que se encuentran bajo la administración y vigilancia de la CNSC, así como
en los aspectos relacionados con la permanencia y el retiro, en aplicación del
principio constitucional de mérito […]».
81. Esta disposición concordaba con lo previsto en el artículo 13.3 de la Ley 909
de 2004 en el que se estableció que la CNSC «adoptará siempre sus decisiones en
Pleno». En esa línea, el acuerdo regló en su artículo 19 que de las sesiones de la
Sala Plena debía registrarse en un acta «[…] en la cual quedarán consignados los
nombres de los asistentes y el ausente, se enunciarán los temas tratados, precisando si
fueron aprobados, retirados o aplazados y el detalle de las decisiones […]» (sic).
82. Luego de revisado este documento por los comisionados correspondía ser
firmada por el presidente y el secretario de sesiones de comisión a quien le
correspondería su custodia. Tanto los comisionados como el secretario les
incumbía guardar confidencialidad de lo discutido, por mandato del artículo 13
ibidem72.
83. De igual manera, el artículo 16 del acuerdo reglamentó la forma en la que la
CNSC debía proferir sus decisiones del siguiente modo:
«[…] Artículo 16°. Toma de decisiones. El ejercicio de las atribuciones
constitucionales y legales de la Comisión Nacional del Servicio Civil, se cumplirá
mediante decisiones corporativas.
Las decisiones de la Comisión Nacional del Servicio Civil se adoptarán mediante
actos administrativos que se denominarán Acuerdos, Resoluciones y
Circulares.
Las instrucciones de servicio, material pedagógico y de difusión se tomarán a
través de Circulares, Directivas, Instructivos, Guías y Cartillas.
En caso de no llegar a una decisión unánime, en el acta de la sesión respectiva se
dejará constancia, registrando los motivos por los cuales el Comisionado se aparta
de la decisión mayoritaria, posición que en todo caso estará sustentada en un
salvamento de voto, el cual deberá ser entregado dentro de los tres (3) días
siguientes a la realización de la sesión a la secretaria de sesiones de comisión.
La naturaleza corporativa de todas las decisiones de la Sala no excluye la
delegación de sus funciones en los distintos servidores públicos que forman parte
de la planta de personal, quienes podrán adelantar algunas actuaciones adoptando
las decisiones a que haya lugar, previa decisión de delegación de la Sala y
posterior expedición de la resolución de delegación, en los términos de lo
establecido en la Ley 489 de 1998 […]» (sic) se destaca).
84. Como se advierte de los artículos del Acuerdo 20181000000016 de 2018, la
72 «ARTÍCULO 13º. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD. Es deber de los Comisionados y de la
Secretaria de Sesiones de Comisión guardar confidencialidad frente a los asuntos que cursen en
la CNSC».
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CNSC delibera en la sesión de su Sala Plena sobre los temas que le
corresponden a la entidad, que pueden ser múltiples. En el acta de la reunión
solo deja constancia de los asistentes, quién disintió de la o las decisiones y se
registran, si el tema o temas tratados fueron o no aprobados con el detalle de las
decisiones, lo cual está sujeto a reserva. Asimismo, el reglamento ordena que las
decisiones adoptadas se exterioricen a través de diferentes instrumentos
jurídicos denominados acuerdos, resoluciones y circulares.
85. En consonancia con lo anterior, en el Acta 21 del 10 de marzo de 2020 la Sala
Plena de la CNSC examinó diversos temas. Así, entre ellos estudió la aprobación
de 60 acuerdos reguladores de procesos de selección, el presupuesto para el
concurso del Distrito Capital 2020, resoluciones que resolvían recursos sobre
diferentes concursos, entre otros asuntos. Dentro de estos incluyó en el orden
del día el estudio de la «propuesta de estandarización de las tablas de valoración de
antecedentes para Procesos de Selección de las entidades del orden nacional y
territorial».
86. Al desarrollar ese punto se plasmó en el acta lo siguiente:
«[…] Discusión sobre el tema: Los señores Comisionados comenzaron con la
discusión de las tablas de Valoración de antecedentes para Procesos de Selección
de las entidades del orden nacional y territorial, donde solicitaron realizar las
siguientes observaciones:
(…)
En el apartado de educación informal se deberá incluir una nota aclaratoria que
indique que solo se puntuarán las certificaciones de cursos realizados en los
último 10 años, contados hasta el cierre de las inscripciones.
(…)
Dada lo anterior, los señores Comisionados requieren realizar los ajustes antes
solicitados.
Decisión: Los señores Comisionados deciden por unanimidad aprobar Ia
propuesta de estandarización de las tablas de Valoración de antecedentes para
los Procesos de Selección de las entidades del orden nacional y territorial.
Nota: La ficha técnica, el documento de las tablas de valoración de antecedentes
y el documento de análisis de pruebas escritas para los empleos profesional
universitario sin experiencia hacen parte integral de Ia presente Acta como
documentos anexos, los cuales contienen treinta y tres (33) folios útiles y legibles.
Así mismo, reposa un documento de las personas certificadas por normas 2018 y
2019 el cual se encuentra contenido en un (1) documento en Excel […]» (sic) (Se
destaca).
87. Si bien en el Acta 21 del 10 de marzo de 2020, la Sala Plena de la CNSC hizo
referencia a ese tema en la aludida sesión, incluso, decidió por “[…] unanimidad
aprobar la propuesta de estandarización de las tablas de valoración de antecedentes
para los procesos de selección […]”, puntualmente sobre la educación informal, lo
cierto es que para que surgiera a la vida jurídica como acto administrativo era
necesario que la voluntad se exteriorizara a través de los instrumentos jurídicos
previstos por el legislador para esos efectos, por ser un requisito esencial para
su existencia y validez.
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88. Tal presupuesto no se observó, puesto que el acta tenía carácter reservado,
luego nadie, además de quienes intervinieron en la sesión, podía conocer acerca
de la deliberación y de lo dispuesto en esa reunión. Por lo tanto, era necesario
que la voluntad de la Sala Plena de la CNSC se plasmara en un instrumento
jurídico, como lo disponía el reglamento, y de ahí sí predicarse un acto
administrativo.
89. Al disponerse así, el Acta 21 del 10 de marzo de 2020 no contenía el acto
administrativo que se pretende cuestionar ahora a través de este medio de
control, puesto que si bien existía una voluntad, era necesaria su declaración en
un acuerdo, resolución o circular, según se tratase de un acto de carácter general
o de uno de contenido particular.
90. Además, es claro que el acta constituía un documento en el que se dejaba
constancia de lo sucedido en la sesión, en cuanto al proceso de deliberación y/o
aprobación de propuestas hechas por lo miembros de la Sala Plena, esto es
como una cuestión preliminar y no definitiva, por lo que su finalidad era la de
servir de fundamento para la expedición formal del instrumento jurídico que
contuviera la decisión por parte de la entidad.
91. En ese orden, el acta por sí sola no podía producir efectos jurídicos respecto
de los concursantes inscritos en los procesos de selección. Una de las
condiciones para que esa voluntad alcanzara valor vinculante era la declaración
unilateral de la administración a través de los denominados instrumentos
jurídicos, tal como el propio artículo 16 del Acuerdo 20181000000016 de 2018 lo
ordenaba.
92. En virtud de lo expuesto, se debe concluir que le asiste razón a la CNSC al
afirmar que el Acta 21 del 10 de marzo de 2020 no contenía un acto jurídico
definitivo, sino una constancia de reunión proferida en virtud de la sesión de la
sala plena de la entidad y de los temas allí tratados con carácter de reservados.
En consecuencia, respecto de esta debió declararse probada la excepción
propuesta denominada «Inepta demanda por no constituir acto administrativo
susceptible de ser demandado ante la jurisdicción contencioso administrativa».
93. Ahora bien, según se advierte del trámite del proceso, en la demanda
inicialmente se solicitó la nulidad del acta analizada y del numeral 24 del
documento denominado «ANEXO TÉCNICO (Casos). Criterio unificado frente a
situaciones que deben atenderse en la verificación de requisitos mínimos y la prueba de
valoración de antecedentes de aspirantes inscritos en los procesos de selección que
realiza la CNSC para proveer vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa».
Respecto de este se indicó que se demandaba porque ejecutó la decisión del
primer acto referido.
94. Estas pretensiones fueron modificadas cuando se corrigió la demanda en
cumplimiento del auto del 14 de diciembre de 202173. En la corrección se pidió la
nulidad de la «decisión tomada» en el Acta 21 del 10 de marzo de 2020 y ejecutada
en el anexo técnico que se mencionó. Asimismo, se informó que no había sido
posible adjuntar copia del acta y de su publicación porque era reservada.
73 Índice 4, Samai.
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95. La demanda se admitió bajo los nuevos parámetros; no obstante, en el auto
que resolvió las excepciones se manifestó que en la inicial sí se habían
identificado adecuadamente los actos administrativos demandados, por lo que no
tuvo en cuenta la corrección para decidir la excepción de inepta demanda que la
CNSC propuso.
96. Por lo anterior y con el fin de garantizar el acceso a la administración de justicia
que comprende que se profiera una decisión de fondo y en ejercicio del deber del
juez según el cual le corresponde interpretar la demanda, en esta etapa del
proceso para efectos de estudiar la excepción se tendrá en cuenta las
pretensiones de nulidad incluidas en la demanda original sin su corrección,
puesto que el anexo técnico no puede ser considerado como un acto de ejecución
del Acta 21 del 10 de marzo de 2020 al no contener esta un acto administrativo,
según se expuso.
97. Asimismo, porque esa fue la interpretación expuesta en el auto que resolvió
las excepciones contra la cual la CNSC no presentó recurso. Esta decisión
generó en la parte demandante la confianza de que la demanda inicial sí había
cumplido con los presupuestos de los artículos 162 y 163 del CPACA,
específicamente, en lo relacionado con la debida identificación del acto
administrativo demandado. Luego, no podría ahora modificarse tal criterio so
pena de vulnerar su derecho a acceder a la administración de justicia.
98. Con tal aclaración, se pasará a examinar si se configuró la excepción que la
CNSC formuló en la contestación de la demanda y en los alegatos de conclusión.
99. La
CNSC con la contestación de la demanda aportó un documento
denominado «Criterio Unificado. Verificación de requisitos mínimos y prueba de
valoración de antecedentes de los aspirantes inscritos en los procesos de selección que
realiza la CNSC para proveer vacantes definitivas de empleos de carrera
administrativa». En aquel la Sala Plena de la entidad buscó unificar los criterios
para evaluar el cumplimiento de los supuestos aludidos.
100. Al verificar la página web de la CNSC se constató que publicó el documento
junto con el anexo demandado en el portal de su doctrina 74. En el instrumento
«Criterio Unificado» se fijaron pautas normativas para la valoración a la que alude
en los procesos de selección. En el «Anexo técnico» se plantearon hipótesis o
casos para aplicar lo descrito en aquel. Esto permite inferir que los dos
documentos conforman una unidad, pues se complementan para producir los
efectos jurídicos que pretendía la entidad, esto es, servir de parámetro para la
evaluación de los requisitos mínimos y los antecedentes.
101. Igualmente, es claro que el Criterio Unificado constituye un acto
administrativo porque en él confluyeron todos los presupuestos de su existencia.
Así, en él la CNSC expuso su voluntad y los elementos que la componen, puesto
que:
101.1. declaróla causa que impulsó su expedición. Ciertamente, citó como
fundamento el literal (a) del artículo 11 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 2.2.6.15
74 https://doctrina.cnsc.gov.co/doctrina/criterios.php. [Aquí aparecen todos los criterios
publicados] También en https://doctrina.cnsc.gov.co/doctrina/detalle.php?a=716 [aquí aparece
específicamente el criterio al que se alude luego de ingresar en la primer dirección indicada].
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del Decreto 1083 de 2015, también el contenido del Acta 21 del 10 de marzo de
2020 como justificación del numeral demandado del anexo [24];
101.2. exteriorizó la voluntad de la administración a través de un documento al que
denominó «Criterio Unificado». Si bien en el artículo 16 del Acuerdo
20181000000016 de 2018 se estableció que las decisiones debían proferirse a
través de acuerdos, resoluciones y circulares, el que se hubiese titulado el
documento de otra manera no significa que se hubiese incumplido con el requisito
de manifestar la voluntad, por cuanto con aquel sí fue revelada;
101.3. es claro que la administración pretendió con el acto fijar directrices para la
evaluación dentro de los procesos de selección del cumplimiento de los requisitos
mínimos o de la valoración de antecedentes de los participantes.
102. Debe señalarse también que el acto tiene un contenido que repercute de
manera directa en derechos y obligaciones tanto para los evaluadores como para
los concursantes, puesto que impuso cargas de manera unilateral que deben
acatar obligatoriamente. Es decir, se emitió para producir efectos jurídicos dentro
del desarrollo de los procesos de selección. Por esta razón, el Criterio Unificado
también es un acto administrativo definitivo, de conformidad con los artículos 43
y 104 del CPACA y, por lo tanto, susceptible de control jurisdiccional.
103. Finalmente, no es cierto lo que la CNSC afirmó relacionado con que la
pretensión de nulidad del acto administrativo aludido se propuso como pretensión
subsidiaria, por cuanto se tituló «principal segunda». Si bien en su texto se indicó
que la nulidad debía declararse «por decaimiento del acto administrativo» esto no le
quita tal calidad, pues nada se explicó en la demanda sobre el particular, por lo
que solo fue una forma de denominación que usó la parte demandante.
103.1. Por todo lo expuesto, se concluye que el documento denominado Criterio
Unificado del 18 de febrero de 2021 que la CNSC profirió, y del cual hace parte
integral el anexo de técnico de casos, es el acto administrativo definitivo que
determinó los criterios para la evaluación dentro de los procesos de selección del
cumplimiento de los requisitos mínimos o de la valoración de antecedentes de los
participantes. También que ambos documentos conforman un solo acto
administrativo. Por lo tanto, no se configuró la excepción de «Inepta demanda por
no constituir acto administrativo susceptible de ser demandado ante la
jurisdicción contencioso administrativa».
2.5.2. Solución al segundo problema jurídico
104. La demandante afirmó que el acto administrativo demandado, que para el
respectivo estudio debe entenderse por tal el Criterio Unificado del 18 de febrero
de 2021 y su anexo técnico, fue expedido de manera irregular por tres razones
que se examinaran a continuación:
105. porque desconoció el artículo 21 del Acuerdo 001 de 2004 que ordenó que la
CNSC debía proferir sus decisiones mediante acuerdos, resoluciones, circulares,
directivas e instructivos:
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105.1. Al
respecto, debe señalarse que el acuerdo vigente para la fecha de
expedición del acto demandado que regulaba la toma de decisiones de la CNSC
no era el que la demandante citó. Para tal fecha regía el Acuerdo
20181000000016 de 2018 que en su artículo 16 dispuso que las decisiones de la
entidad debían proferirse a través de acuerdos, resoluciones y circulares.
105.2. Ahora, aunque el acto administrativo demandado no fue nombrado con
alguna de tales denominaciones, no por ello puede concluirse que debe ser
anulado. Ciertamente, según se explicó en esta providencia, la regla general es
que los actos administrativos pueden tener distinta apariencia y solo cuando el
legislador o en una norma de rango superior a la cual debe sujetarse la
administración ordena de manera expresa que la voluntad de la administración
deba exteriorizarse a través de un determinado instrumento jurídico la forma se
torna en un requisito esencial cuyo desconocimiento afecta su validez. En los
demás casos, para que se configure el vicio de nulidad la formalidad desconocida
tiene que ser sustancial, esto es, que sea una arbitrariedad tal que tenga la
capacidad de alterar la transparencia del trámite o repercuta de manera directa
en la existencia del acto o en los efectos que debía producir.
105.3. En el presente caso, que el acto administrativo no estuviera contenido en
un acto denominado circular, acuerdo o resolución no conlleva su nulidad, puesto
que tal aspecto no fue establecido en una norma de rango superior. Es cierto que
el reglamento de la CNSC, vigente para la época, no se refirió a la denominación
en cuestión para algunas de las decisiones de su sala plena y que este tiene
obligatoriedad por haber sido expedido de acuerdo con la facultad otorgada por
el artículo 13.1 de la Ley 909 de 200475.
105.4. Sin embargo, esta última disposición [el artículo 13 de la Ley 909 de 2004]
en su numeral 376 prescribió solo como condición para proferir aquellas que
fueran adoptadas por el pleno de los comisionados, pero no determinó el
instrumento a través del cual debían exteriorizarse. De ahí que, la denominación
de los actos administrativos que integran la doctrina interpretativa de la CNSC
que se anunciaron en los acuerdos 01 de 2004, 20181000000016 de 2018 y 2073
de 2021 es solo enunciativa.
105.5. Lo anterior valida que la CNSC hubiese expedido el acto administrativo bajo
el instrumento denominado «Criterio Unificado» mediante el cual fijó directrices
que se deben aplicar en los procesos de selección cuando se evalúen los
requisitos mínimos o se realice la valoración de antecedentes. Además, porque
lo hizo en cumplimiento de su función de establecer los lineamientos bajo los
cuales corresponde desarrollar los concursos de méritos dispuesta en el literal
(a) del artículo 11 de la Ley 909 de 2004.
105.6. Adicional a ello, es evidente que la naturaleza del Criterio Unificado es
similar, aunque no haya sido titulado así, a la de un acto instructivo o circular de
75 «[…] Artículo 13. Organización y estructura de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 1. La
Comisión Nacional del Servicio Civil adoptará su reglamento de organización y funcionamiento,
que será publicado en el Diario Oficial […]».
76 «3. La Comisión Nacional del Servicio Civil adoptará siempre sus decisiones en Pleno y
sesionará por convocatoria de su Presidente con una periodicidad mínima de dos (2) días por
semana, sesiones a las cuales podrá invitar a las personas que puedan hacer aportes en las
respectivas deliberaciones [...]».
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servicio mediante el cual se fija doctrina que sí se encuentra previsto en el artículo
16 del Acuerdo 20181000000016 de 2018, puesto que en él se fijaron directrices
de interpretación normativa que rigen los procesos de selección y que es de
obligatorio cumplimiento para las autoridades involucradas en su evaluación77, lo
que lo convierte en un acto administrativo susceptible de ser enjuiciado78.
105.7. A lo anterior se suma que la denominación como «Criterio Unificado» no
implicó una irregularidad capaz de alterar la transparencia del trámite o el
resultado de la decisión. En ese sentido, que no se hubiese titulado como
resolución, circular o acuerdo no representa una irregularidad sustancial que
sustente su nulidad.
105.8. Asimismo, es evidente que en su expedición se aplicó el procedimiento
fijado en los artículos 3, 14, 15, 16, 17 del Acuerdo 20181000000016 de 2018,
puesto que la decisión aprobatoria la profirió la Sala Plena de los Comisionados,
por unanimidad, y en la sesión citada para el efecto y luego fue exteriorizada a
través del acto demandado.
105.9. Por lo expuesto, la denominación como «Criterio Unificado, y Anexo Técnico»
si bien no indicó en el acuerdo aludido, no representa una irregularidad que
conlleve su nulidad. En consecuencia, no se configuró el vicio de nulidad alegado.
105.10. Por último, debe señalarse que los otros dos argumentos relacionados con
esta causal de nulidad aluden, el primero, a la naturaleza del Acta 21 de 2020 y,
el segundo, a que esta no podía ser fundamento del acto demandado. Sobre el
primer punto no hay lugar a pronunciarse por lo expuesto en esta providencia
relacionado con que no era un acto administrativo demandable. En cuanto a lo
segundo, se analizará más adelante cuando se estudie la motivación del acto,
punto alegado en la demanda.
105.11. En consecuencia, no prospera el cargo.
106. porque el acto administrativo no fue publicado ni «informado» por la
Secretaría General de la CNSC según lo dispuso el artículo 34 del Acuerdo 001
77 La circular ha sido definida como un «Acto administrativo mediante el cual una autoridad
administrativa competente, imparte instrucciones o reglamenta el cumplimiento de alguna norma»
https://www1.funcionpublica.gov.co/glosario/-/wiki/Glosario+2/Circular. La jurisprudencia ha
señalado que estos actos son demandables mientras «cuando contengan una decisión emanada
de una autoridad pública, capaz de producir efectos jurídicos y de producir efectos vinculantes
frente a los administrados, pues si se limitan a reproducir el contenido de otras normas, o las
decisiones de otras instancias, o a brindar orientaciones e instrucciones a sus destinatarios, no
serán susceptibles de demanda». Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 19 de
marzo de 2009, Radicado 11001-03-25-000-2005-00285-00.
78 «[…] En criterio reiterado, la Sala ha sostenido que «las instrucciones o circulares
administrativas son susceptibles de ser demandadas ante la Jurisdicción Contenciosa si
contienen una decisión de la Administración capaz de producir efectos jurídicos frente a los
administrados, esto es, si son actos administrativos, pues, si se limitan a reproducir el contenido
de otras normas, o las decisiones de otras instancias, o a brindar orientaciones e instrucciones a
sus destinatarios, sin que contengan decisiones, no serán susceptibles de control judicial.»
Conforme a la anterior perspectiva jurisprudencial, el debate judicial de las circulares de servicio
depende de que posean el contenido decisorio propio de los actos administrativos y por el cual
detentan fuerza vinculante frente a los administrados, de modo que cuando aquellas carecen de
ese contenido y sólo tienen un alcance instructivo o meramente orientador, quedan excluidas de
dicho control judicial […]». Sala 22 Especial de Decisión, sentencia del 9 de diciembre de 2020,
radicado 11001-03-15-000-2020-02047-00.
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de 2004:
106.1. Lademandante manifestó que el acto demandado, entiéndase Criterio
Unificado y su anexo técnico del 18 de febrero de 2021, no fue publicado como
lo ordenaba el artículo 34 del Acuerdo 001 de 2004, por lo que no era obligatorio
ni adquirió firmeza, según lo reglado en los artículos 65 y 87 del CPACA. No
obstante, con la corrección de la demanda sí aportó la copia del anexo del que
afirmó fue encontrado de manera posterior a su aplicación y a través de la web.
106.2. Pues bien, en la página web de la CNSC sí se encuentra publicado el
Criterio Unificado con el anexo técnico del 18 de febrero de 2021 en el portal de
su doctrina79, aunque en el sitio web no aparece la fecha de publicación. Por tal
razón no es posible determinar desde qué momento se le dio la publicidad que
exige el artículo 65 del CPACA para los actos de contenido general.
106.3. Sin embargo, la no publicación o la publicación tardía del acto administrativo
no configura una causal de nulidad, toda vez que no es un presupuesto de su
validez, tal como se expuso al momento de examinar estos. Ciertamente, la
publicidad se relaciona directamente con su eficacia, pero no representa la
vulneración del ordenamiento jurídico que dé lugar a la aplicación de alguna de
las causales de nulidad previstas en el artículo 137 del CPACA, esto es, que en
su expedición no se hubiese atendido la competencia, el objeto, la forma, la causa
y la finalidad que permiten las normas.
106.4. Por lo anterior, la falta de publicidad mientras duró, si la hubo porque no se
conoce la fecha de registro en la página web, repercutió en la obligatoriedad y
oponibilidad de lo dispuesto en el acto demandado, pero no en su validez. De
este modo, el cargo no prospera.
107. porque la decisión contenida en el Acta 21 de 2020 no fue motivada:
107.1. Como se advierte, la demandante no alega la falsa motivación del acto
administrativo, que exige como presupuesto la existencia de esta. Por el
contrario, es clara en afirmar que la entidad no lo motivó, razón por la cual el vicio
de nulidad alegado es el de la expedición irregular. En ese sentido, debe
verificarse si la motivación no existió o si pese a contenerla no fue suficiente.
107.2. Al revisar el contenido del Criterio Unificado se pudo determinar que citó
como parte de su justificación las normas que reglan la etapa del concurso de
méritos relacionadas con la verificación de requisitos mínimos reglada en los
artículos 2.2.6.8 y 2.2.6.11 del Decreto 1083 de 2015, así como a la que alude a
la valoración de antecedentes [estudios, publicaciones, experiencia] prevista en
el artículo 2.2.6.15 ibidem.
107.3. Específicamente citó esta última norma que impartió el mandato a la CNSC
para que «[...] adoptará el instrumento para valorar los estudios, publicaciones y
experiencia de los aspirantes que cumplan con los requisitos mínimos establecidos en
la convocatoria». Asimismo, invocó como fundamento el literal (a) del artículo 11
79 https://doctrina.cnsc.gov.co/doctrina/criterios.php. [Aquí aparecen todos los criterios
publicados] También en https://doctrina.cnsc.gov.co/doctrina/detalle.php?a=716 [aquí aparece
específicamente el criterio al que se alude luego de ingresar en la primer dirección indicada].
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de la Ley 909 de 2004 que prescribió como una de las funciones de la entidad
«[e]stablecer de acuerdo con la ley y los reglamentos, los lineamientos generales con
que se desarrollarán los procesos de selección para la provisión de los empleos de
carrera administrativa de las entidades a las cuales se aplica la presente ley […]».
107.4. Hecho lo anterior, en el acto se indicó que se expedía en cumplimiento de
las disposiciones mencionadas y «con el objeto de unificar los criterios que se aplican
para la VRM y la VA, los cuales dan lugar a diferentes interpretaciones». Bajo esos
parámetros fijó los lineamientos a tener en cuenta para realizar tales
evaluaciones.
107.5. En lo que respecta a la evaluación de la educación informal en el punto 2.8
la definió con fundamento en los artículos 43 de la Ley 115 de 1994 y 2.6.6.8 del
Decreto 1075 de 2015. De igual manera, en el numeral 5.1.3. luego de citar el
texto del artículo 2.6.6.8. ibidem en el que se específica que la educación informal
corresponde a cursos con duración inferior a 160 horas, precisó que su
acreditación solo se exigiría para la valoración de requisitos mínimos si así lo
establecía el manual de funciones del empleo ofertado y que en caso contrario
las certificaciones «únicamente serán valoradas y se puntuarán para la Prueba de VA,
de acuerdo con las reglas definidas para este fin».
107.6. Finalmente, en el numeral 24 del anexo técnico se especificó que no podía
ser tenido en cuenta el curso informal que hubiese superado los 10 años de
antigüedad, de conformidad con la decisión que sobre el particular había tomado
la Sala Plena de la CNSC en sesión del 10 de marzo de 2020 contenida en el
Acta 21, según la cual «solo se valorarán los cursos de educación informal realizados
en los últimos 10 años, contados hasta el cierre de las inscripciones».
107.7. Como se advierte, la CNSC sí motivó el acto demandado. En efecto, sí
expuso las razones de derecho que dieron lugar a su expedición exteriorizadas
en la citación de las normas que regulan su función para establecer los
lineamientos necesarios para el desarrollo de los procesos de selección y la
valoración de los requisitos de estudios de los aspirantes.
107.8. De igual manera, en lo que respecta al numeral 24 del anexo técnico, es
claro que en el acto se expusieron las normas que reglan la educación informal y
que la decisión en él plasmada se apoyó en la orden dada por la Sala Plena de
la CNSC en la sesión del 10 de marzo de 2020. Por tal razón, también fue
motivada esta decisión que hace parte integral del acto demandado.
107.9. En ese sentido, es claro que en el presente caso no se configuró una
expedición irregular del acto enjuiciado por falta de motivación. La discrepancia
que pueda tener la parte demandante con lo consignado en el acto como
motivación no puede ser considerara como ausencia de esta. De igual forma, que
lo decidido aplique o no las normas citadas como fundamento, es un asunto que
debe ser examinado a la luz de otra causal de nulidad prevista en el artículo 137
del CPACA a la que denominó «infracción de las normas en que deberían fundarse»
que se estudiará al resolver el tercer problema jurídico.
107.10. En consecuencia, el cargo de expedición irregular del acto administrativo
por carecer de motivación no prospera.
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108. Por lo expuesto, debe concluirse respecto del segundo problema jurídico que
el acto administrativo no fue expedido de manera irregular por no haber sido
proferido con la forma establecida en los artículos 21 y 34 del Acuerdo 001 de
2004 de la CNSC [sobre este punto no fue modificado con el acuerdo del 2018],
esto es, como acuerdo, resolución o circular al no ser una irregularidad sustancial.
Tampoco se configuró el vicio de nulidad porque sí fue motivado. En cuanto a la
falta de publicación no procede la nulidad al no ser un defecto que repercute
sobre su validez.
2.5.3. Solución al tercer problema jurídico
109. La demandante afirmó que la CNSC actuó sin competencia al establecer un
plazo de validez de «los certificados» de educación informal para que pudieran
ser valorados al momento de estudiar el cumplimiento de requisitos dentro del
proceso de selección.
110. A su juicio, la entidad no le correspondía fijar tal requisito para el ingreso a
los empleos de carrera administrativa, puesto que esto solo podía ser regulado
en una ley estatutaria de acuerdo con los artículos 40.7 y 152 Constitucionales y
el literal (a) del artículo 11 de la Ley 909 de 2004 no le reconoció tal facultad.
Asimismo, porque al hacerlo desconoció la regulación sobre educación informal
prevista en los artículos 43 de la Ley 115 de 1994 y 2.6.6.8 del Decreto 1075 de
2015 las cuales no señalaron un término de validez de las constancias de
asistencias a tales cursos.
111. Pues bien, según se expuso, la CNSC debe ejercer la función de
administración de la carrera administrativa prevista en el artículo 130
Constitucional con sujeción a los presupuestos definidos en la ley, toda vez que
el artículo 125 ibidem ordenó al legislador fijar los requisitos y condiciones que
permitieran determinar el mérito de los aspirantes para el ingreso al servicio
público.
112. Bajo esos parámetros, debe cumplir con el mandato del literal (a) del artículo
11 de la Ley 909 de 2004, esto es, el de «[ e]stablecer de acuerdo con la ley y los
reglamentos, los lineamientos generales con que se desarrollarán los procesos de
selección para la provisión de los empleos de carrera administrativa de las entidades a
las cuales se aplica la presente ley».
113. Al ser así, en la delimitación de tales directrices debe atender la
estructuración que de los concursos de mérito se regló en la Ley 909 de 2004 y
el Decreto 1083 de 2015. La ley aludida en su artículo 31 estableció las fases de
los procesos de selección, entre las que incluyó la convocatoria, el reclutamiento,
la de pruebas, la conformación de la lista de elegibles y el periodo de prueba. En
igual sentido lo hizo el decreto mencionado en su artículo 2.2.6.2.
114. Es en la convocatoria en la que se identifica el empleo sometido a concurso
y «el perfil de competencias requerido en términos de estudios, experiencia,
conocimientos, habilidades y aptitudes»80. Por consiguiente, en ella se deben
80 Artículo 2.2.6.3. numeral 5.
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observar los requisitos que exige el cargo para poder inscribirse al concurso y
ocuparse después por quien resulte elegido. A su vez, en la etapa de
reclutamiento se verifica si quien se inscribió cumplió con los requisitos mínimos
del empleo, de suerte que pueda ser admitido y continuar en el proceso de
selección81.
115. Ciertamente, en el artículo 2.2.6.8 del Decreto 1083 de 2015 se regló la
valoración de los documentos que acreditan los requisitos del empleo ofertado.
Así, se indicó que «[l]a comprobación del incumplimiento de los requisitos será causal
de no admisión o de retiro del aspirante del proceso de selección aun cuando éste ya se
haya iniciado […]». Precisamente, con fundamento en los documentos aportados
durante la inscripción se elabora la lista de admitidos y no admitidos contra la
cual pueden presentarse las reclamaciones pertinentes, según los artículos
2.2.6.11 y 2.2.6.12 ibidem.
116. Luego de lo anterior se aplican las pruebas o instrumentos de selección con
el fin de decretar la capacidad e idoneidad de los aspirantes y establecer la
clasificación, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 2.2.6.13 ejusdem.
Dentro de estas pruebas esta norma permitió, entre otras, la de «análisis de
antecedentes» y especificó en su parágrafo que «[e]l valor de cada prueba respecto
del puntaje total del concurso será determinado en la convocatoria».
117. Para la realización de la prueba de antecedentes el artículo 2.2.6.15 del
decreto citado prescribió lo siguiente:
«Artículo 2.2.6.15 Instrumento para valorar los estudios, publicaciones y
experiencia. La Comisión Nacional del Servicio Civil adoptará el instrumento
para valorar los estudios, publicaciones y experiencia de los aspirantes que
cumplan con los requisitos mínimos establecidos en la convocatoria» (se resalta).
118. Como se advierte, son diferenciables las etapas de reclutamiento y la de
aplicación de pruebas. Mientras en la primera se examina el cumplimiento de los
requisitos de estudio y experiencia laboral para ocupar el empleo fijados en la
convocatoria de acuerdo con el manual especifico de funciones suministrado por
las unidades de personal según el artículo 15 de la Ley 909 de 2004 y se define
la admisión o no de los participantes en virtud de ello, en la de pruebas se aplica
la de antecedentes para verificar la experiencia y educación adicional a la exigida
en los requisitos mínimos para ocupar el empleo. Es decir, para asignar puntaje
dentro del concurso.
119. En el presente caso, la CNSC determinó los lineamientos para la «[v]erificación
de requisitos mínimos y prueba de valoración de antecedentes de los aspirantes
inscritos en los procesos de selección que realiza la CNSC para proveer vacantes
definitivas de cargos de carrera administrativa» (se destaca) a través del Criterio
Unificado y del anexo técnico que lo integra.
120. La entidad fundamentó su actuación en los artículos 11 literal (a) de la Ley
909 de 2004 y 2.2.6.15 del Decreto 1083 de 2015. Según se explicó, la primera
de las normas le otorgó la facultad para fijar lineamientos generales para
desarrollar los concursos de selección y la segunda le asignó la competencia
específica de adoptar el instrumento para valorar los estudios, publicaciones y
81 Artículo 2.2.6.8.
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experiencia de los aspirantes que cumplieran con los requisitos mínimos
establecidos en la convocatoria, esto es, que ya hubiesen sido admitidos.
121. De esta manera, no le asiste razón a la demandante cuando afirma que la
CNSC actuó sin competencia para expedir el acto administrativo demandado,
puesto que la ley y su decreto reglamentario la facultaron para ello.
122. Ahora bien, en la demanda se alega que la CNSC actuó sin competencia
porque en el acto enjuiciado estableció en el numeral 24 del anexo un plazo de
validez de «los certificados» de educación informal para que pudieran ser
valorados al momento de estudiar el cumplimiento de requisitos dentro del
proceso de selección. En esa línea, adujo que ello no le era permitido por el literal
(a) del artículo 11 de la Ley 909 de 2004, toda vez que solo la ley podía crear
requisitos para acceder a los cargos públicos.
123. Para entender el numeral aludido es preciso citar el aparte del Criterio
Unificado que se refiere a la certificación de la educación informal. Precisamente,
en el numeral 5.1.3 señaló lo siguiente:
«[…] De acuerdo con lo anterior, es válido aclarar, que solo cuando el manual
específico de funciones y competencias laborales, exija la acreditación de
certificados sobre educación para el trabajo y el desarrollo humano y/o educación
informal, para desempeñar el empleo, dichos certificados serán tenidos en cuenta
en la etapa de verificación de requisitos mínimos.
De lo contrario, las certificaciones de este tipo, que alleguen los concursantes,
únicamente serán apreciadas para la prueba de valoración de antecedentes,
en la que se tendrán en cuenta y se puntuarán, de acuerdo con las reglas
definidas para este fin […]» (Negrilla fuera de texto).
124. Como se advierte, en el Criterio Unificado se estableció en su primer inciso
que la certificación de la educación informal se tendría en cuenta en la etapa de
reclutamiento para verificar el cumplimiento de requisitos mínimos si el manual
de funciones del empleo lo exige. A su vez, determinó que, de no ser así, sería
apreciada en la etapa de pruebas, específicamente en la de valoración de
antecedentes.
125. A su vez, en el numeral 24 del anexo se señaló lo siguiente:
«[…] 24. El aspirante aporta un curso de educación informal. Al estudiarlo, el
analista se percata que supera los diez (10) años contados desde la fecha de
expedición y hasta el cierre de inscripciones. ¿es válido para la prueba de VA?
Respuesta: De acuerdo con la decisión de la Sala de Comisionados CNSC del 10
de marzo de 20208, en la cual se aprobó la propuesta de estandarización de las
tablas de valoración de antecedentes para los procesos de selección, solo se
valorarán los cursos de educación informal realizados en los últimos 10
años, contados hasta el cierre de las inscripciones […]» (se resalta).
126. De lo citado se infiere que en el numeral únicamente se refirió a la valoración
de la educación informal que debe hacerse en la etapa de pruebas al examinar
los antecedentes. Es decir, fijó el tiempo de validez del curso de educación
informal para cuando se estudia en esta fase. La norma no preceptuó tal límite
para la evaluación que se hace en la etapa de reclutamiento, que es cuando se
examina el cumplimiento de requisitos mínimos para participar del proceso de
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selección.
127. Así las cosas, en el numeral demandado, la CNSC estableció un parámetro
de calificación para evaluar la acreditación de los estudios y experiencia
adicionales a los requeridos para el empleo ofertado en el proceso de selección.
En ese sentido, se entiende que el aspirante para cuando ello ocurra ya cumplió
con los requisitos mínimos exigidos para ocupar el cargo y fue admitido, pues de
otra manera no hubiese podido avanzar hasta la etapa de pruebas. Por ende, la
entidad no creó otro requisito para acceder al empleo público como la
demandante lo interpreta.
128. Por lo anterior, no puede afirmarse que la CNSC desbordó la competencia
que le otorgó el literal (a) del artículo 11 de la Ley 909 de 2004 y el artículo
2.2.6.15 del Decreto 1083 de 2015 para adoptar los instrumentos de valoración
de los estudios, publicaciones y experiencia de los aspirantes adicionales a los
mínimos requeridos para ocupar el cargo. Y por lo tanto, la CNSC actuó dentro
de sus competencias.
129. Ahora, la demandante señala que la CNSC actuó sin competencia al
determinar en el numeral 24 del anexo demandado un plazo de validez de los
cursos de educación informal, puesto que al hacerlo desconoció la regulación
sobre este tipo de educación prevista en los artículos 43 de la Ley 115 de 1994 y
2.6.6.8 del Decreto 1075 de 2015 las cuales no fijaron tal término.
130. Al respecto debe señalarse que la educación informal fue definida en el
artículo 43 de la Ley 115 de 1994 como «todo conocimiento libre y espontáneamente
adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación,
medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no
estructurados […]». Asimismo, el Decreto 1075 de 2015, que reglamentó esta
disposición, la definió en su artículo 2.6.6.8. de la siguiente manera:
« […] Artículo 2.6.6.8. Educación informal. La oferta de educación informal tiene
como objetivo brindar oportunidades para complementar, actualizar,
perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y
prácticas.
Hacen parte de esta oferta educativa aquellos cursos que tengan una duración
inferior a ciento sesenta (160) horas. Su organización, oferta y desarrollo no
requieren de registro por parte de la secretaría de educación de la entidad territorial
certificada y sólo darán lugar a la expedición de una constancia de asistencia.
Para su ofrecimiento deben cumplir con lo establecido en el artículo 47 del
Decreto– ley 2150 de 1995.
Toda promoción que se realice, respecto de esta modalidad deberá indicar
claramente que se trata de educación informal y que no conduce a título alguno o
certificado de aptitud ocupacional […]» (negrilla fuera de texto)
131. Ninguna de las normas regló la vigencia de las constancias que acreditan la
realización de un curso de educación informal y, por lo tanto, de este. Tal
mandato la CNSC lo respetó cuando determinó en el numeral 5.1.3 del Criterio
Unificado que debía tenerse en cuenta este tipo de formación para la validación
de los requisitos mínimos si el manual de funciones del cargo lo exigía, toda vez
que no indicó un periodo de vigor del curso para tal fin.
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132. De este modo, la entidad no cercenó el derecho a participar en el proceso de
selección y, por ende, a acceder al empleo público, pues los concursantes
pueden acreditar los requisitos de habilitación para participar en él con tales
constancias.
133. Pese a la inexistencia de la fijación legal de una vigencia para el curso de
educación informal, la CNSC estaba facultada para establecer los parámetros
bajo los cuales podía hacerse la valoración de antecedentes en la etapa de
pruebas. Ello en virtud del ejercicio de su deber legal de fijar los lineamientos
generales para realizar las evaluaciones en los procesos de selección y para
determinación del modo de valoración de antecedentes otorgada por el literal (a)
del artículo 11 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 2.2.6.15 del Decreto 1083 de
2015.
134. En ese sentido, estaba habilitada para direccionar cuándo no tener en cuenta
tales cursos con el fin de determinar las calificaciones y clasificaciones de los
concursos, sin que ello pueda considerarse un requisito limitante del acceso al
servicio público y violatorio de las normas que rigen la educación informal. Por el
contrario, la determinación del criterio de validez temporal de 10 años del curso
informal es razonable, si se considera que los recibidos son de duración corta
(160 horas) y tienen como finalidad renovar conocimientos ya adquiridos. En ese
orden, es aceptable que la entidad exija para efectos de la calificación y, por
ende, de asignación de puntaje que sean lo más actuales posibles.
135. La medida no desconoce la validez de la educación informal, solo fija un
parámetro de evaluación para asignar puntaje debido a las características de este
tipo de cursos. Debe considerarse que la educación informal no tiene igual
alcance que la formal que involucra niveles, ciclos y grados de formación82, lo
que denota un grado mayor de preparación en determinadas áreas. Entre tanto,
la educación informal no tiene ese grado de profundidad y permanencia y por lo
tanto puede, en muchas ocasiones, perder utilidad y actualidad con el paso del
tiempo.
136. Por lo anterior, no se advierte que la CNSC hubiese desbordado la
competencia prevista en el literal (a) del artículo 11 de la Ley 909 de 2004 y el
artículo 2.2.6.15 del Decreto 1083 de 2015 ni vulnerado los artículos 43 de la Ley
115 de 1994 y 2.6.6.8 del Decreto 1075 de 2015. Mucho menos, que hubiese
limitado el acceso al servicio público o fijado requisitos adicionales para ello,
según se explicó.
137. Por lo anterior, no prospera el cargo de nulidad.
82 El Decreto 1075 de 2015 preceptúa sobre la educación formal: «ARTÍCULO 2.3.31.3.1. Niveles,
ciclos y grados. La educación básica formal se organiza por niveles, ciclos y grados según las
siguientes definiciones: 1. Los niveles son etapas del proceso de formación en la educación
formal, con los fines y objetivos definidos por la ley. 2. El ciclo es el conjunto de grados que en la
educación básica satisfacen los objetivos específicos definidos en el artículo 21 de la Ley 115 de
1994, para el denominado Ciclo de Primaria o en el artículo 22 de la misma Ley, para el
denominado Ciclo de Secundaria. 3. El grado corresponde a la ejecución ordenada del plan de
estudios durante un año lectivo, con el fin de lograr los objetivos propuestos en dicho plan».
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2.5.4. Sobre la pretensión subsidiaria.
138. En cuanto a la pretensión subsidiaria de modular los efectos de la decisión
incluida en el Acta 21 del 10 de marzo de 2020 y en el Anexo técnico para
proteger el principio de legalidad y la confianza legítima de los participantes de la
Convocatoria Territorial 2019 de la CNSC vulnerada por el cambio de las reglas
del concurso que realizó la CNSC con posterioridad al vencimiento del plazo para
la inscripción, debe señalarse que no tiene vocación de prosperar por lo siguiente:
139. En primer lugar, porque la presunción de legalidad del acto demandado, esto
es, el Criterio Unificado integrado por su anexo técnico no fue desvirtuada. En
esa medida, no hay lugar a proceder con la modulación de sus efectos al
encontrarse ajustado al ordenamiento jurídico. A ello se agrega que tampoco es
posible modular los efectos del acta aludida, por no ser un acto administrativo,
según se explicó.
140. En segundo lugar, en lo que respecta a los efectos que el acto demandado
pudiera generar en la Convocatoria Territorial 2019 no es este proceso en el que
deba realizarse este análisis por ser su objeto el examen de legalidad en
abstracto del Criterio Unificado. Tampoco procede la pretensión porque ese
punto debe analizarse en cada proceso de selección en consonancia con la
reglamentación expedida para cada uno en particular en los acuerdos que los
regulan, asuntos que no fueron enjuiciados y tampoco aportados con la demanda
para determinar la afectación alegada por la parte demandante.
3. Conclusión
141. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que el Acta 21 del 10 de
marzo de 2020 no contiene un acto administrativo susceptible de ser demandado.
Ello, porque la entidad en él no exteriorizó su voluntad y su finalidad no era la de
producir efectos jurídicos, sino la de documentar el registro de lo sucedió en la
sesión de la Sala Plena de la CNSC que servía de fundamento para la expedición
formal del acto administrativo que contuviera la decisión de la entidad. Por lo
tanto, se declarará probada la excepción denominada «Inepta demanda por no
constituir acto administrativo susceptible de ser demandado ante la jurisdicción
contencioso administrativa».
142. Por el contrario, se deduce que respecto del documento denominado «Anexo
técnico» no se configuró la excepción aludida, por cuanto hace parte integral del
Criterio Unificado aprobado por la CSNC el 18 de febrero de 2021. En ese orden,
se entiende demandado en su totalidad. A ello se suma que en el documento
confluyeron todos los presupuestos de existencia del acto administrativo, toda
vez que en él la CNSC expuso su voluntad y los elementos que la componen y
produjo efectos jurídicos al contener mandatos imperativos para aplicar en los
procesos de selección. Esta última característica también le otorgó la calidad de
acto administrativo definitivo. Por lo tanto, respecto de él no se configuró la
excepción antes mencionada.
143. También se concluye que el acto administrativo aludido no fue expedido de
forma irregular, puesto que, aunque no fue denominado circular, resolución o
acuerdo sí es de carácter general, la Ley 909 de 2004 u otra norma de rango
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superior no ordenaba la adopción de un instrumento específico y, además, no es
una irregularidad sustancial. Asimismo, fue motivado y, aunque no se determinó
la fecha de su publicación, esta anomalía es un requisito de su eficacia y no de
su validez.
144. Se determina que la CNSC expidió con competencia el acto demandado,
puesto que fundamentó su actuación en los artículos 11 literal (a) de la Ley 909
de 2004 y 2.2.6.15 del Decreto 1083 de 2015 que la facultaron para fijar los
lineamientos generales para desarrollar los concursos de selección y para
adoptar el instrumento para valorar los estudios, publicaciones y experiencia de
los aspirantes.
145. De igual modo, porque el parámetro de evaluación relacionado con la validez
del curso informal con una antigüedad superior a los 10 años solo se fijó para la
etapa de valoración de antecedentes y no como marco para definir la
participación en el concurso de méritos en la etapa de valoración de requisitos
mínimos. Por ende, la entidad adoptó un instrumento de valoración de los
estudios, publicaciones y experiencia de los aspirantes adicionales a los mínimos
requeridos, pero no creó otro requisito para acceder al empleo público sin
competencia.
146. Por lo tanto, el acto administrativo se profirió con respeto de las normas en
que debía fundarse y con competencia. En consecuencia, denegará su nulidad.
147. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero. Declarar probada la excepción de «Inepta demanda por no constituir
acto administrativo susceptible de ser demandado ante la jurisdicción
contencioso administrativa» en relación con el Acta 21 del 10 de marzo de 2020.
Negar la excepción respecto del documento «Anexo técnico: casos», por ser
parte integral del acto administrativo definitivo denominado Criterio Unificado del
18 de febrero de 2021.
Segundo. Negar las pretensiones de la demanda presentada por Catalina del
Pilar Sánchez en contra del numeral 24 del acto administrativo denominado
«Criterio Unificado. Verificación de requisitos mínimos y prueba de valoración de
antecedentes de los aspirantes inscritos en los procesos de selección que realiza la
CNSC para proveer vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa» del cual
hace parte el «ANEXO TÉCNICO (Casos). Criterio unificado frente a situaciones que
deben atenderse en la verificación de requisitos mínimos y la prueba de valoración de
antecedentes de aspirantes inscritos en los procesos de selección que realiza la CNSC
para proveer vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa», de acuerdo
con lo expuesto en precedencia.
Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
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Demandante: Catalina del Pilar Sánchez
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
YSB
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