Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-25-000-2010-00217-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-25-000-2010-00217-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-25-000-2010-00217-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
30 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: NULIDAD
Radicación núm.: 11001 03 25 000 2010 00217 00
Demandante: HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
Demandado: MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Tema: Terminación anormal de conflicto colectivo de trabajo - control de
legalidad de actos administrativos que ordenan la convocatoria a tribunal de
arbitramento obligatorio
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por “[…]
HELICOPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S A S […]”1, en adelante
“HELICOL”, contra las resoluciones números 3226 de 1° de septiembre y 5234 de
21 de diciembre, ambas de 2009, expedidas por el viceministro de relaciones
laborales del Ministerio de la Protección Social2.
I. ANTECEDENTES
I.1.- La demanda3
1. La sociedad HELICOL, actuando a través de apoderado y en ejercicio de la acción
de nulidad prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo (en
adelante CCA), acudió ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para
elevar las siguientes pretensiones:
“[…] 1. DECLARACIONES:
Solicito a los Honorables Magistrados:
1. Que de acuerdo a lo establecido en la presente demanda en el acápite
correspondiente se declare la suspensión provisional de las resoluciones 3226
del 1 de septiembre de 2009 que ordenó inicialmente la constitución de un
Tribunal de Arbitramento Obligatorio para que dirima el conflicto colectivo entre
HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A. y la ASOCIACIÓN
COLOMBIANA DE AVIADORES CIVILES ACDAC, iniciado por la mencionada
organización en el mes de marzo de 2009 y contra la cual ambas partes
presentaron recurso de reposición y contra la resolución 5234 del 21 de
diciembre de 2009 que resolvió el recurso de reposición contra la primera
mencionada confirmando la decisión de la resolución 3228 de 2009 y la cual fue
debidamente notificada a las partes y contra las cuales no procede.
1
Fol. 2, C. 1. Certificado de existencia y representación legal o inscripción de documentos.
2
Hoy Ministerio del Trabajo, creado producto de la escisión y reorganización del Ministerio de la Protección Social ordenado
en los artículos 6° y 7° de la Ley 1444 de 4 de mayo de 2011, “[…] por medio de la cual se escinden unos Ministerios, se
otorgan precisas facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar la estructura de la Administración
Pública y la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones. […]”.
3
Fol. 182-216, C. 1.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación núm.: 11001 03 25 000 2010 00217 00
Demandante: HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
2. Que declarada la suspensión provisional la Honorable Corporación declare
que es nulas (sic) la Resolución 3226 del 1 de septiembre de 2009 que ordenó
la constitución de un Tribunal de Arbitramento Obligatorio para que dirima el
conflicto colectivo entre HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.
y la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AVIADORES CIVILES ACDAC, iniciada
por la denuncia de la mencionada organización en el mes de marzo de 2009.
3. Que declarada la suspensión provisional la Honorable Corporación declare
que es nula la resolución 5234 del 21 de diciembre de 2009 que resolvió el
recurso de reposición contra la ya mencionada resolución 3226 de 2009 la cual
fue debidamente notificada a mi representada y contra la cual no existía recurso
alguno por decisión de la entidad demandada.
4. Que se sancione disciplinariamente a los funcionarios del Ministerio de la
Protección Social que expidieron las antes mencionadas resoluciones 3226 y
5234 del año 2009 con abierta violación de las normas superiores que regulan
el tema del debido proceso y de la negociación colectiva.
5. Las demás que considere pertinentes la Honorable Corporación […]”
I.1.1. Los hechos
2. La demandante afirmó, refiriéndose a un primer proceso de negociación iniciado
en el año 2004, que entre “[…] AVIANCA, SAM y HELICOL […]” existió unidad de
empresa hasta la expedición, por parte del Ministerio de la Protección Social, de la
“[…] Resolución núm. 4045 de 2003 […]”, mediante la cual se declaró la pérdida de
fuerza ejecutoria de esa declaración por “[…] haber desaparecido las condiciones
que daban lugar a la misma […]”.
3. Señaló que “[…] AVIANCA, SAM y HELICOL […]” -como unidad de empresa- y la
Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (en adelante ACDAC) suscribieron
convenciones colectivas de trabajo, “[…] siendo la última firmada para la vigencia
del 1 de abril de 2001 hasta el 1 de abril de 2003 con vigencia de dos años. En la
mencionada convención existe un capítulo especial que cobijada (sic) las relaciones
entre HELICOL y ACDAC […]”.
4. Indicó que ACDAC decidió no denunciar, ante HELICOL, la convención colectiva
de trabajo una vez finalizó su vigencia -1° de abril de 2003- y se acogió a las normas
del Código Sustantivo del Trabajo -artículo 478-, las cuales establecen que en caso
de “[…] no denuncia las convenciones se prorrogan de manera automática en
períodos de seis en seis meses […]”.
5. Mencionó que denunció ante el Ministerio de la Protección Social, el 30 de marzo
de 2004, la convención colectiva de trabajo suscrita con ACDAC, siguiendo el
artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo, cuya vigencia fue del 1° de abril de
2001 al 1° de abril de 2003. Asimismo, informó que ACDAC, el 31 de marzo de
2004, la denunció parcialmente.
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Demandante: HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
6. Resaltó que HELICOL, el 26 de abril de 2004, “[…] acusó recibo del pliego de
peticiones a ACDAC e informó la decisión de iniciar de las conversaciones el 30 de
abril de 2004 […]” y, su vez, que ACDAC, el 28 de abril de 2004, “[…] acusa recibo
de la comunicación de inicio de conversaciones y menciona que según la charla
sostenida por las partes se acordó que se iniciarán las conversaciones el 5 de mayo
de 2004 […]”.
7. Dio cuenta del desarrollo de la negociación colectiva, a partir del día 5 de mayo
de 2004, fecha en la cual, subrayó que “[…] se realizó la primera reunión de
negociación en la cual la organización sindical ACDAC se negó a firmar el acta de
iniciación de la etapa de arreglo directo […]”, lo cual dio lugar a que se suscribiera
unilateralmente por ella sin contar con la organización sindical, la cual “[…] también
elaboró de manera unilateral acta de inicio de las conversaciones […]”.
8. Anotó, de un lado, que radicó ante el Ministerio de la Protección Social, el acta
terminación de la etapa de arreglo directo, suscrita unilateralmente por ella ante la
inasistencia de los negociadores de la organización sindical, solicitando continuar
“[…] con lo legalmente establecido […]” y, de otro lado, que ACDAC, el 27 de mayo
de 2004, presentó querella ante el Ministerio de la Protección Social “[…] por la
supuesta negativa de HELICOL, tal como consta en la resolución 3794 del 4 de
octubre de 2004, con el fin de que dicha entidad verificará el cumplimiento del
proceso de la negociación colectiva realizada entre HELICOL y ACDAC […]”.
9. Subrayó, que el Ministerio de la Protección Social, mediante la Resolución núm.
3794 de 4 de octubre de 2004, consideró que ambas partes habían incumplido las
normas del proceso de negociación y las conminó a “[…] reiniciar el proceso dentro
de los 5 días siguientes a la notificación de la mencionada resolución […]”.
10. Adujo que los recursos de reposición y apelación presentados en contra de la
resolución citada supra, fueron resueltos a través de las resoluciones 3451 de 24
de octubre de 2005 y 1144 de 31 de mayo de 2006, confirmando la decisión
impugnada, por lo que la partes se reunieron, el 28 de agosto de 2006, para
reanudar el proceso de negociación; sin embargo, “[…] ACDAC manifestó su
decisión de no firmar el acta de iniciación si no se aceptaban los temas por ellos
propuestos, lo que dio, nuevamente, la situación que la empresa deba elaborar
nuevamente (sic) el acta de inició de manera unilateral de conformidad a lo
establecido en la ley […]”.
11. Expresó que el Ministerio de la Protección Social, mediante la Resolución núm.
2864 de 21 de agosto de 2007, ordenó la constitución de un tribunal de arbitramento
con el fin de dirimir el conflicto entre las partes, lo cual ocurrió en la ciudad de
Barranquilla. No obstante, continuó, ese acto administrativo fue revocado por la
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Demandante: HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
Resolución núm. 4152 de 19 de noviembre de 2007, conminando a las partes a
retomar el proceso de negociación.
12. Se refirió al desarrollo del proceso de negociación y señaló que el 8 de mayo de
2008, en las oficinas del Ministerio de la Protección Social y con el acompañamiento
de sus funcionarios, en virtud de la audiencia celebrada ante la Inspección 17 del
Trabajo, “[…] se reunieron con el fin de lograr acuerdo en el “reinicio” del proceso
de negociación iniciado desde marzo de 2004, con la denuncia presentada por cada
una de las partes. Nuevamente y sin justificación alguna ACDAC se negó a la firma
del acta de iniciación de las conversaciones siendo testigos de ellos los funcionarios
del Ministerio de la Protección Social […]”, por lo que, añadió, suscribió
unilateralmente del acta de inicio de las conversaciones informando “[…]que el
proceso terminaría dentro de los 20 días calendario del ley, o sea el 27 de mayo de
2008 […]”.
13. Hizo referencia a que el Ministerio de la Protección Social, mediante la
Resolución núm. 621 de 18 de marzo de 2009 resolvió favorablemente la querella
administrativa presentada en su contra por “[…] la supuesta negativa a negociar
[…]”, decisión confirmada en las resoluciones 2157 de 10 de agosto de 2009 y 489
de 2 de marzo de 2010. Destacó que la última de las resoluciones mencionadas
habría afirmado que “[…] corresponde al Ministerio resolver el conflicto que se
encuentra pendiente […]”.
14. Apuntó, de lo expuesto, que “[…] hasta la fecha de la presentación de la (…)
demanda de nulidad el proceso de negociación iniciado por las partes en el mes de
marzo de 2004, no se ha terminado y no puede haber lugar a que se decida sobre
un nuevo proceso iniciado en el año 2009 (…) pues como lo ha solicitado la
Asociación sindical (sic) ellos consideran que no hay lugar a la convocatoria de un
Tribunal de Arbitramento por parte del Ministerio de la Protección Social, de
conformidad a las normas mencionadas, pero es claro que el proceso de
negociación colectiva iniciado en el año 2004 no ha finalizado […]”.
15. Indicó, respecto de un segundo proceso de negociación, que ACDAC, el 31 de
marzo de 2009 y “[…] sin que se hubiese definido el proceso de negociación iniciado
en el año 2004, contrariando las normas del CST (artículo 479) que establecen que
mientras no se resuelva la convención colectiva denunciada, la misma continúa
vigente (…) sin que existiese firma de convención, laudo arbitral o cualquier otro
medio de solución del conflicto planteado POR AMBAS PARTES en el año 2004
[…]”, presentó denuncia de la convención colectiva ante el Ministerio de la
Protección Social, allegando un nuevo pliego de peticiones con vigencia a partir del
1° de abril de 2009.
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Demandante: HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
16. Anotó que el Ministerio de la Protección Social, sin constatar la vigencia de la
anterior convención y si el proceso de negociación colectiva de 2004 había
terminado, admitió la denuncia mencionada y se la notificó a HELICOL el 6 de abril
de 2009.
17. Expuso que el 15 de abril de 2009 se iniciaron conversaciones con la firma de la
correspondiente acta y que se habrían reunido los días 21 y 27 de abril de 2009 y
5, 14, 19 y 22 de mayo de 2009, sin llegar a algún acuerdo.
18. Advirtió que, pese a la terminación de la etapa de arreglo directo, conforme el
acta suscrita únicamente por HELICOL de 28 de mayo de 2009, ACDAC manifestó
en comunicaciones de 29 de mayo de 2009 y 9 de junio de 2009, dirigidas al
Ministerio de la Protección Social y a HELICOL, su deseo de seguir negociando.
19. Anotó, igualmente, que ACDAC le comunicó al Ministerio de la Protección Social,
el 17 de junio de 2009, que “[…] no han realizado la Asamblea legalmente obligatoria
a la terminación del proceso de negociación colectiva (artículo 444 del CST), que
debía realizarse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la terminación de la etapa
de arreglo directo, y manifiesta que la misma se realizará el 26 de junio de 2009
[…]”.
20. Aseveró que le manifestó a HELICOL, el 2 de julio de 2009, que la decisión
adoptada por asamblea era continuar con la negociación en la fase de arreglo
directo “[…] contrariando abiertamente lo establecido en el artículo 444 del CST
[…]”, añadiendo que “[…] el 14 de julio de 2009 la dirección de HELICOL (sic)
manifestó a ACDAC la necesidad de definir el proceso de negociación […]”.
21. Dio cuenta de la expedición de las resoluciones demandadas, destacando que
no se había resuelto el conflicto colectivo que inició en el 2004 ni la denuncia de la
convención colectiva presentada por HELICOL.
I.1.2. Las causales de nulidad invocadas
22. La demandante manifestó que las resoluciones demandadas trasgredieron las
normas en que han debido fundarse.
I.1.2.1. Las normas violadas
23. Aseguróque la parte demandada, con la expedición de las resoluciones
acusadas, quebrantó, en particular:
i) El preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29, 55, 83, 90, 91, 208 y 209 de
la Constitución Política.
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ii) Los artículos 376, 379 ordinal f), 432, 433, 434, 435, 436, 444, 452, 467,
477, 479 y 486 del Código Sustantivo del Trabajo.
iii) Los artículos 35, 56, 58, 59, 63 y 69 del Código Contencioso
Administrativo.
I.1.2.2. El concepto de violación
24. Elprimer cargo formulado en contra de las resoluciones demandadas
corresponde a la falta de aplicación del artículo 29 de la Carta Política y el
desconocimiento de los artículos 35, 56, 58, 59, 63 y 69 del CCA.
25. Manifestó que el recurso de reposición interpuesto por HELICOL en contra de la
Resolución núm. 3226 de 1° de septiembre de 2009 no fue resuelto de acuerdo con
las normas del CCA pues, a pesar de haberlo solicitado, no hubo definición, por
parte del Ministerio de la Protección Social, de lo sucedido en el proceso de
negociación iniciado en el 2004, negándosele el derecho a que se resolviera este
conflicto colectivo y desconociendo su derecho a la negociación colectiva tras haber
denunciado la convención colectiva cuya vigencia fue del 1° de abril de 2001 al 1°
de abril de 2003.
26. El segundo cargo propuesto en contra de las resoluciones demandadas se refiere
a la aplicación indebida de las normas del Código Sustantivo del Trabajo que
regulan el proceso de negociación colectiva, esto es, “[…] (artículos 432 a 436) […]”,
así como de las normas que regulan el alcance de las convenciones colectivas y su
denuncia, esto es, “[…] (artículos 467 a 469 y 479 del CST) […]”, lo cual acarreó la
violación del debido proceso contenido en el artículo 29 de la Carta Política.
27. Recordó que HELICOL y ACDAC denunciaron, en el mes de marzo de 2004, la
convención colectiva vigente, las cuales fueron recibidas por el Ministerio de la
Protección Social y surtieron el trámite legal correspondiente.
28. Insistió en que, en desarrollo de la etapa de arreglo directo, ACDAC se negó a la
firma del acta de inició de la etapa y no asistió a las sesiones programadas para el
efecto, razón por la cual los representantes de HELICOL procedieron a la
suscripción de “[…] las actas de terminación de forma unilateral y solicitaron al
Ministerio seguir con el trámite legal correspondiente a estos proceso […]”.
29. Añadió que la organización sindical ACDAC presentó diversas querellas ante el
Ministerio de la Protección Social argumentando que su negativa a la firmas de las
actas de iniciación y terminación de la etapa de arreglo directo, invalidaban la
negociación y que haberse levantado de esta daba lugar a que la autoridad
administrativa sancionara a HELICOL.
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Demandante: HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
30. Consideró que tales querellas impidieron que esta cumpliera lo previsto en el
artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es, “[…] la convocatoria de su
asamblea para definir el curso del proceso iniciado en el año 2004, y a partir de esto
el Ministerio de la Protección Social, se negara a tomar las decisiones legales que
le correspondían como era definir el proceso de negociación con la convocatoria de
un tribunal de arbitramento, siempre y cuando el sindicato hubiese cumplido con los
trámites legales correspondientes […]”.
31. Alegó que la organización sindical ACDAC desarrolló actuaciones
administrativas ante el Ministerio de la Protección Social dirigidas a dilatar la
solución el conflicto colectivo y que el Ministerio debió expedir varios actos
administrativos en los cuales conminó a las partes a negociar “[…] considerando
equivocadamente, que el hecho de que la organización sindical se negase a firmar
el acto de inicio de las conversaciones implicaba que el proceso no se había iniciado
[…]”.
32. Aseguró que, si bien el Ministerio de la Protección Social decidió que no había
lugar a sancionar a HELICOL por una supuesta negativa a negociar, lo cierto es que
no definió “[…] la suerte del proceso de la negociación iniciado en el año 2004 como
la ley lo establece, no le solicita a la organización sindical manifiesta el resultado del
proceso de decisión a través de su asamblea de conformidad con el artículo 444 del
CST […]”.
33. Aseveró que la organización sindical ACDAC, en abierta violación de las normas
que regulan el proceso de negociación colectiva, le manifestó a la autoridad
administrativa que, oportunamente y por segunda vez, denunciaba la convención
colectiva de trabajo vigente y presentaba, el 30 de marzo de 2009, nuevo pliego de
peticiones, admitiendo, asimismo, que el conflicto colectivo de trabajo no había
culminado, destacando que existe violación de las normas superiores que regulan
el proceso de negociación colectiva al convocar a un tribunal de arbitramento para
resolver el conflicto del año 2009 “[…] y no resolver el existente desde el año 2004
[…]”.
34. Anotó que el Ministerio de la Protección Social desconoció las normas
constitucionales al “[…] aceptar una nueva denuncia de la convención sin haberse
terminado el proceso anterior, o sin al menos haber solicitado a ACDAC información
si lo que se pretendía con el nuevo pliego era terminar el anterior proceso, sino que
simplemente en la respuesta que se da al recurso de reposición contenido en la
resolución 5234 de 2009 menciona una sentencia de la Corte Suprema del 2 de
septiembre de 2004 (sic) en la cual se manifiesta que los conflictos pueden
resolverse “inclusive por medios anormales”. Mención esta que no define que ha
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Demandante: HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
sucedido con el proceso del año 2004 y no resuelve la inquietud presentada en el
recurso de reposición debidamente interpuesto por el apoderado de HELICOL […]”.
35. El tercer cargo presentado en contra de los actos administrativos acusado es el
consistente en la falta de aplicación de las normas que regulan el trámite para la
constitución de un tribunal de arbitramento, en particular del artículo 444 del Código
Sustantivo del Trabajo, según el cual las organizaciones sindicales, una vez
terminada la etapa de arreglo directo, deben convocar a su asamblea dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes para definir el rumbo del proceso de negociación,
a través de un tribunal de arbitramento o, en su defecto, de una huelga.
36. Consideró que el Ministerio de la Protección Social no requirió el cumplimiento
del requisito establecido en la norma supra, al estimar que no era esencial, lo cual
juzga erróneo “[…] pues a la luz de los principios de interpretación de las normas
establecidos en la ley 153 de 1887, si el legislador no estableció distinción dentro
de los procesos de negociación, y la norma exige el cumplimiento de estos trámites,
que pueden ser considerados como normas de orden público de obligatorio
acatamiento por las partes involucradas en el conflicto […]”.
37. Resaltó que “[…] La no realización de la asamblea en el tiempo legalmente
establecido, la realización de la misma tomando decisiones no contempladas como
la norma, como es la decisión “de seguir conversando” […]” no correspondían a lo
establecido en el ordenamiento jurídico y “[…] como lo ha manifestado la Corte
Suprema de Justicia en su sala laboral, el cumplimiento de los procedimientos
implica una decisión de la organización sindical de dar por terminado el proceso, y
así lo debió haber declarado el Ministerio y no enfrascarse en un análisis de normas
no contempladas por el artículo 444 del CST […]”.
38. Insistió en que no era comprensible que convocara un tribunal de arbitramento
para la negociación de 2009 pero no lo hiciera para la negociación de 2004, pues
las facultades establecidas en las normas que instituyen a la autoridad
administrativa como garante de los procesos de negociación colectiva en Colombia,
deben ejercerse en oportunidad y, en el presente caso, aquella realizó actuaciones
equivocadas, faltas de oportunidad y “[…] posiblemente contrarias a las normas
[…]”.
I.2. Trámite de la demanda
39. El
Consejero de Estado instructor del proceso, perteneciente a la Sección
Segunda, Subsección “A”, de esta Corporación, a través de auto de 12 de julio de
20114, admitió “[…] la acción de nulidad interpuesta por la Sociedad
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Fol. 235-244, C. 1.
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Demandante: HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S. contra las Resoluciones
003226 y 00005234 de 1 de septiembre y 21 de diciembre de 2009,
respectivamente, expedidas por el Viceministro de Relaciones Laborales del
Ministerio de la Protección Social, que ordenaron en la vía gubernativa la
constitución de un tribunal de arbitramento obligatorio en dicha sociedad […]” y, en
consecuencia, i) ordenó la notificación personal al ministro de la Protección Social
o a quien haga sus veces, así como al agente del Ministerio Público; ii) solicitó el
envío de los antecedentes administrativos de los actos administrativos
demandados; iii) fijó el negocio en lista por el término de diez (10) días legal para
“[…] los efectos previstos en el numeral 5° del artículo 207 del Código Contencioso
Administrativo, modificado por el artículo 58 de la Ley 446 de 1998 […]”; y, iv)
decidió no decretar la suspensión provisional solicitada.
I.3. La contestación de la demanda5
40. El Ministerio de la Protección Social, a través de apoderado y dentro del término
previsto para el efecto, contestó la demanda y se opuso a sus declaraciones y
condenas por carecer de fundamento legal y respaldo probatorio.
41. Una vez se refirió a los hechos de la demanda, expuso sus argumentos de
defensa, señalando que el conflicto colectivo del 2004 propuesto por ACDAC a
HELICOL “[…] se terminó anormalmente […]” y en ese sentido se pronunció
definitivamente la autoridad administrativa, “[…] determinación que fue objeto de
conocimiento y contradicción por las partes del conflicto […]”.
42. Manifestó que el accionante alegó “[…] la indefinición de un proceso de
negociación iniciado en el año 2004 […]” y haber informado que en su momento
solicitó a ese ministerio el cumplimiento de las normas que regulan la negociación
colectiva.
43. Al respecto, citó el contenido de la “[…] Resolución No. 4152 de 2007 […]”, a
través de la cual resolvió el recurso de reposición en contra de la “[…] resolución
2864 del 21 de agosto de 2007 […]”, mediante la cual se ordenó la constitución de
un tribunal de arbitramento obligatorio para dirimir el conflicto colectivo de trabajo
existente entre HELICOL y ACDAC, en la cual se manifestó que la etapa de arreglo
directo no se agotó en debida forma pues HELICOL suscribió, unilateralmente, el
acta de inició de la negociación con ACDAC y transcurridos los veinte (20) días
previstos en el ordenamiento jurídico, solicitó la convocatoria del citado tribunal, sin
que constara, ante la ausencia de los representantes de la organización sindical,
que los negociadores de la empresa sí se habían reunido en las fechas fijadas, así
como los requerimientos realizados a esa organización por su inasistencia, por lo
que solo existía el dicho y la actuación unilateral de la empresa, que fue rechazada
por la autoridad administrativa.
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Fol. 284-300, C. 1.
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Demandante: HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
44. Afirmó que el proceso de negociación de 2004 fue resuelto en su oportunidad y
que, además, se volvió sobre este en las resoluciones acusadas en las cuales se
indicó i) que la asamblea realizada por ACDAC el 26 de junio de 2009, no podía
adoptar, como mecanismo adicional a la culminación de la etapa de arreglo directo,
el de permanecer dialogando puesto que una vez terminada esa etapa sin acuerdo
total, los trabajadores podía optar por la declaratoria de huelga o someterse a un
tribunal de arbitramento; ii) que si los trabajadores no deciden por ninguna de las
opciones anteriores, puede decirse que el conflicto terminó al no seguirse las etapas
legalmente establecidas; iii) que la Resolución núm. 4152 de 19 de noviembre de
2007, al resolver los recursos interpuestos en contra de la Resolución núm. 2864 de
21 de agosto de 2007, ordenó la convocatoria del tribunal de arbitramento
únicamente para el Sindicato de Trabajadores de la Industria de Transporte Aéreo,
en razón a que, frente a ACDAC no se verificó el adelantamiento de la etapa de
arreglo directo; y, iv) que el conflicto colectivo había terminado anormalmente,
siguiendo decisiones de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
en particular las sentencias “[…] del 2 de septiembre de 2004, radicación 20766 […]”
y “[…] 23843 […]”.
45. Agregó que en el Oficio núm. 133935 remitido por la Coordinadora del Grupo de
Gestión Laboral del Ministerio de la Protección Social a ACDAC, se indicó que,
respecto de la solicitud de convocatoria de un tribunal de arbitramento para resolver
el conflicto suscitado en el 2004, se informó que este tema fue “[…] debatido y
fallado de fondo en la resolución número 00005234 del 21 de diciembre de 2009
[…]”, citando el contenido del acto administrativo.
46. Propuso las excepciones de “[…] IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN […]”, “[…]
INEPTA DEMANDA […]”, “[…] FALTA DE CAPACIDAD JURÍDICA PARA
COMPARECER […]” y “[…] LA INNOMINADA […]”.
47. Solicitó, en relación a la primera excepción, que se abstuviera de conocer el
contenido de la demanda puesto que, en aplicación de la teoría de los móviles y
finalidades, los actos administrativos demandados no podían ser juzgados por la vía
de la acción de nulidad sino de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
pues aquellos:
“[…] contiene[n] una determinación particular y concreta referida a la
constitución de un tribunal de arbitramento obligatorio para dirimir el conflicto
colectivo entre empresa y agremiación sindical de la cual no se advierte una
afectación grave y ostensible para el orden público social y económico del país,
en detrimento de los derechos y libertades de los ciudadanos, incluyendo los de
la entidad beneficiaria de la pretendida nulidad, además que tampoco el actor
la advierte ni la demuestra […]”.
48. Propuso la ineptitud de la demanda presentada en razón a que los documentos
que correspondían a la copia de la demanda y sus anexos remitidos para el ejercicio
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Radicación núm.: 11001 03 25 000 2010 00217 00
Demandante: HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
de su derecho de contradicción y defensa, no estaban autenticados, razón por la
cual no podía aceptarse que se tratara de los documentos originales.
49. Argumentó, en lo que a la excepción de “[…] FALTA DE CAPACIDAD JURÍDICA
PARA COMPARECER […]” se refiere, que quien ostenta la capacidad jurídica para
comparecer al juicio es la Nación y, en consecuencia, se ha debido demandar a esta
y no al Ministerio de la Protección Social, “[…] quien tiene la facultad de
representarla siempre que aquella este demandada, contrario a lo que sucede en
esta demanda, en donde la parte actora ha determinado demandar al Ministerio
exclusivamente más no a la Nación […]”, por lo que el ministerio no le asistiría
capacidad jurídica para comparecer al juicio.
50. Finalmente, señaló, con sustento en el artículo 164 del CCA, que el juez en la
sentencia definitiva debía decidir sobre la excepciones propuestas y sobre cualquier
otra que encontrare probada.
I.4. Intervención de ACDAC
51. El magistrado sustanciador del proceso, mediante auto de 30 de abril de 20126,
reconoció como “[…] tercero interviniente (impugnador) dentro del presente asunto
[…]” a la “[…] Asociación Colombiana de Aviadores Civiles “ACDAC” […]”, en
atención a la intervención que obra en el expediente7 y a través de la cual contestó
la demanda, oponiéndose a la “[…] prosperidad de las excepciones […]” y declarar
que los actos administrativos demandados están conforme al ordenamiento jurídico.
52. Expuso las “[…] RAZONES DE LA DEFENSA […]”, una vez realizó una
exposición detallada y precisa sobre los hechos de la demanda. Afirmo, frente al
primer cargo de la demanda, que no era una violación del debido proceso sino una
falta de motivación de los actos acusados y, adicionalmente, que bastaba con
comparar cada uno de los puntos del recurso de reposición presentado por
HELICOL en contra de la Resolución núm. 5234 de 21 de diciembre de 2009 para
advertir que estos fueron resueltos.
53. No obstante, continuó, si existiera algún asunto pendiente de resolver por parte
de la autoridad administrativa de los planteados en aquel recurso, frente a ellos
habría operado el silencio administrativo negativo previsto en los artículos 40 y 60
del CCA, lo cual no puede tenerse como violación al debido proceso.
54. Destacó, en lo atinente al segundo cargo de la demanda, que la vigencia del
conflicto colectivo no afectaba la vigencia de la convención colectiva, luego esta se
encontrará vigente hasta cuando una nueva la reemplace.
6
Fol. 644-645, C. 1.
7
Fol. 566-590, C. 1.
12
Radicación núm.: 11001 03 25 000 2010 00217 00
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55. Anotó que, en este caso, la convención colectiva de trabajo fue reemplazada con
el laudo arbitral expedido por el tribunal de arbitramento obligatorio conformado para
resolver el conflicto colectivo iniciado en “[…] marzo de 2009, cuando ésta se
denunció. Como el anterior conflicto colectivo de trabajo, iniciado en abril de 2004
no se había resuelto, la Convención Colectiva de Trabajo seguía vigente de seis en
seis meses, según lo establecido en el artículo 478 del Código Sustantivo del
Trabajo […]”.
56. Adujo que el Ministerio de la Protección Social debía cumplir las normas que le
obligan a recibir y comunicar las denuncias de las convenciones colectivas -
mencionó el artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo- sin que pueda hacer
salvedad o negarse a realizar dicha labor pues sustraerse de este deber implicaría
una interferencia que violaría el derecho de asociación sindical. Recordó que la
autoridad administrativa cumple con el principio de publicidad recibiendo y
trasladando las denuncias de las convenciones colectivas al empleador,
considerando que no existe el error que se le atribuye a las resoluciones
demandadas.
57. Afirmó, en lo que hace referencia al tercer cargo de la demanda, que la parte
accionante interpretó equivocadamente el artículo 444 del Código Sustantivo del
Trabajo, puesto que la facultad que ésta norma le atribuye al sindicato es “[…]
facultativa […]”.
58. Explicó que ACDAC confió en las manifestaciones del señor “[…] GERMAN
EFROMOVICH (sic) […]” de continuar con las conversaciones para buscar una
solución definitiva al conflicto y, por ello, la asamblea de la organización sindical
aceptó esa invitación, añadiendo que “[…] aunque así se le informó oportunamente
al Ministerio de la Protección Social, sin la petición del Sindicato, sino en atención
al requerimiento que hizo la misma Empresa HELICOL S.A.S. en una franca
interferencia sindical, dentro de los diez días de que trata el artículo 444 pidió la
convocatoria del Tribunal de Arbitramento, como en efecto se hizo, con las
resoluciones, que ahora, en forma absurda pretende se anulen […]”.
59. Propuso las excepciones de “[…] Falta de Jurisdicción y Competencia […]”, “[…]
Inexistencia del demandado […]”, “[…] Ineptitud de la demanda por falta de
requisitos formales (indebida acumulación de pretensiones (sic) […]”, “[…]
Litisconsorcio necesario […]”, “[…] Pleito Pendiente […]”, “[…] Falta de citación de
la ACDAC para concurrir a este proceso […]”, “[…] Constitucionalidad y legalidad
de los Actos demandados […]”, “[…] Imposibilidad de pronunciamiento por
substracción de materia […]”, “[…] Necesidad de Protección de los Derechos
Fundamentales […]” y “[…] Respeto por las decisiones del Tribunal de Arbitramento
Obligatorio y de la Corte Suprema de Justicia […]”.
13
Radicación núm.: 11001 03 25 000 2010 00217 00
Demandante: HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
60. Hizo consistir la excepción de “[…] Falta de Jurisdicción y Competencia […]” en
que los cuestionamientos expuestos por la accionante son eminentemente laborales
y relativos al derecho de asociación sindical cuyo conocimiento le corresponde a la
jurisdicción ordinaria laboral, en el trámite de un proceso ordinario laboral.
61. Resaltó que no le correspondía al Consejo de Estado “[…] sancionar
disciplinariamente a los funcionarios del Ministerio de la Protección Social, tal como
se señala en la pretensión quinta (sic) de la demanda […]” y, adicionalmente, que
esta jurisdicción es rogada por lo que no tiene facultad para declarar las demás
pretensiones que considere pertinentes, máxime tratándose de una acción de
nulidad.
62. Anotó, respecto de la excepción de inexistencia del demandado, que se había
citado al Ministerio de la Protección Social cuando la persona jurídica con capacidad
para acudir al juicio es la Nación, en los términos del artículo 149 del CCA.
63. Insistió, respecto de la excepción de “[…] Ineptitud de la demanda por falta de
requisitos formales […]”, que no era factible en este proceso investigar e imponer
sanciones disciplinarias a los servidores públicos del Ministerio de la Protección
Social.
64. Consideró, en cuanto a la excepción “[…] Litisconsorcio necesario […]”, que se
debía integrar como parte al tribunal de arbitramento obligatorio convocado
mediante las resoluciones demandadas, puesto que aquel dictó laudo arbitral con
el cual se reemplazó la convención colectiva de trabajo suscrita por ACDAC y
HELICOL, luego tiene derecho a defender la legalidad de su conformación.
65. Estimó que existía pleito pendiente puesto que la Corte Suprema de Justicia se
encontraba estudiando el recurso de anulación presentado por HELICOL frente al
laudo arbitral proferido por el tribunal de arbitramento obligatorio que ordenó
conformar las resoluciones demandadas, cuyos argumentos son los mismos que
sustentan la acción de nulidad.
66. Señaló, en referencia a la excepción de “[…] Falta de citación de la ACDAC para
concurrir a este proceso […]” que la organización sindical “[…] Aunque no puede
ser parte de demandada en este proceso, solicitó su intervención para participar en
forma directa en la defensa de la legalidad de las Resoluciones 003226 del 1° de
septiembre de 2009 y 005234 del 21 de diciembre del mismo año que convocaron
y conformaron el Tribunal de Arbitramento […]”.
67. Subrayó, respecto de la excepción de “[…] Constitucionalidad y legalidad de los
Actos demandados […]”, que los argumentos expuestos por el Ministerio de la
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Radicación núm.: 11001 03 25 000 2010 00217 00
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Protección Social, siguen los postulados y principios que rigen los derechos
fundamentales de asociación sindical y negociación colectiva establecidos en los
artículos 39 y 55 de la Carta Política, destacando que la autoridad administrativa
había acertado al convocar el tribunal de arbitral para solucionar el conflicto
colectivo, puesto que, de lo contrario, este se habría tornado en indefinido.
68. Informó, aludiendo a la excepción de “[…] Imposibilidad de pronunciamiento por
substracción de materia […]” que la convocatoria y conformación del tribunal de
arbitramento ordenada mediante los actos administrativos demandados cumplió su
finalidad porque profirió el respectivo laudo arbitral que reemplazó la convención
colectiva de trabajo vigente desde el 1° de abril de 2001.
69. Señaló que la anulación de las resoluciones acusadas no tenía efectos sobre el
laudo arbitral; sin embargo, estimó necesario avalar la actuación de la autoridad
administrativo porque i) los actos administrativos fueron expedidas siguiendo el
ordenamiento jurídico; y, ii) una decisión en contrario podría causarle mayores
daños a los ya recibidos por el incumplimiento de la convención colectiva y el
desconocimiento que de ellos emanaban.
70. Añadió que en el evento en que se dictara un fallo adverso a la demanda, “[…]
ruego al Honorable Consejo de Estado, ratificar que la nulidad no genera ningún
efecto frente al Conflicto Colectivo de Trabajo que ya se desarrolló y falló, mediante
Laudo Arbitral […]”.
71. Aseguró, en lo atinente a la excepción de “[…] Necesidad de Protección de los
Derechos Fundamentales […]”, que acceder a las pretensiones de la demanda
podría constituir una nueva violación de los derechos fundamentales de asociación
sindical y negociación colectiva de ACDAC, que han sido desconocidos por
HELICOL al no cumplir con lo previsto en la convención colectiva de trabajo.
72. Sostuvo, frente a la excepción de “[…] Respeto por las decisiones del Tribunal
de Arbitramento Obligatorio y de la Corte Suprema de Justica […]”, que un
pronunciamiento de fondo frente a las resoluciones acusadas podría generar un
innecesario “[…] choque entre las altas cortes del país y una inaceptable
contradicción entre la Administración de Justicia […]”.
73. Adicionó que:
“[…] Sin desconocer las competencias y facultades del Consejo de Estado y de
la Corte Suprema de Justicia, y la colaboración armónica que de las mismas
debe emanar frente al Ministerio de la Protección Social, respetuosamente debo
insistir en la declaratoria de legalidad de estos Actos (sic) y en el remoto evento
de que pueda existir una decisión distinta, solicito comedidamente fundamentar
su decisión en razones de orden constitucional suficientes que desvirtúen el
15
Radicación núm.: 11001 03 25 000 2010 00217 00
Demandante: HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
juicioso análisis que el Tribunal de Arbitramento Obligatorio, como
Administrador Transitorio de Justicia hizo al expedir el Laudo Arbitral, en el cual,
se expusieron con claridad en el capítulo titulado “COMPETENCIA”.
Ratifico: una cosa es la vigencia del conflicto colectivo iniciado con la
presentación de un pliego de peticiones y otra muy distinta, la vigencia de la
Convención Colectiva de Trabajo. Si el Sindicato, después de varios años de
no tener solución al conflicto, legítima, legal y constitucionalmente, está
facultado para presentar un nuevo pliego de peticiones. Otra cosa, es que la
iniciación o terminación de dichos conflictos, determinen las vigencias de la
Convención Colectiva de Trabajo. No existe dentro del ordenamiento jurídico
colombiano o en normas internacionales, disposición alguna que impida la
constitucional actuación de ACDAC y la consecuente actuación del Ministerio
de la Protección Social, ahora cuestionada por esta vía judicial […]”
I.5. Tramite del proceso
74. El
Consejero de Estado instructor del proceso perteneciente a la Sección
Segunda, Subsección “A”, de esta Corporación, en auto de 12 de marzo de 2013 8,
ordenó la remisión del proceso a la Sección Primera.
75. El Consejero de Estado instructor del proceso de esta Sección, en auto de 13 de
mayo de 20149, tuvo por presentadas oportunamente las contestaciones de la
demanda de la Nación – Ministerio de la Protección Social – y ACDAC, esta última
en su condición de “[…] tercera interesada en las resultas del proceso […]”; y, en
auto de 25 de agosto de 201510, decretó las pruebas a practicar en el proceso, el
cual fue adicionado en auto de 15 de junio de 201711.
76. El Consejero de Estado instructor del proceso de esta Sección, en auto de 23
de octubre de 201812, corrió traslado para que las partes presentaran sus alegatos
de conclusión, y al agente del Ministerio Público para que, de considerarlo
pertinente, rindiera concepto.
77. El tercero interviniente13 reiteró la solicitud para que se nieguen las súplicas de
la demanda; la parte accionante14, a su turno, reiteró lo expuesto en la demanda y
solicitó la declaratoria de nulidad de las resoluciones acusadas; y, la parte
accionada insistió en que se negaran las pretensiones de la demanda, se accediera
a la excepciones y se condenara en costas.
78. El agente del Ministerio Público, en concepto núm. 00127 de 27 de noviembre de
201815, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Inicialmente se pronunció
8
Fol. 647-648, C. 1.
9
Fol. 14, C. 2.
10
Fol. 16-17, C. 2.
11
Fol. 49-51, C. 2.
12
Fol. 240, C. 2.
13
Fol. 242-255, C. 2.
14
Fol. 256-262, C. 2.
15
Fol. 272-285, C. 2.
16
Radicación núm.: 11001 03 25 000 2010 00217 00
Demandante: HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
respecto de las excepciones formuladas por la parte accionada y el tercero
interviniente.
79. Manifestó, en consecuencia, que i) si bien los actos administrativos demandados
eran de contenido particular, la acción de nulidad era procedente para cuestionarlos
puesto que, en el evento de prosperar las pretensiones, no se derivaría un
restablecimiento de derecho alguno; ii) los requisitos de la demanda ya habían sido
estudiados al momento de proferir el auto admisorio de la demanda, el cual no fue
impugnado, añadiendo que la acción de nulidad no fue establecida para declarar la
responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos del Ministerio de la
Protección Social ; iii) la Nación había estado representada por el Ministerio de la
Protección Social, la cual expidió los actos administrativos; iv) no era necesaria la
comparecencia del tribunal de arbitramento obligatorio convocado en las
resoluciones acusadas; v) no existía pleito pendiente en relación con el expediente
núm. 49.862 tramitado por la Corte Suprema de Justicia al no existir identidad de
partes, hechos ni pretensiones, añadiendo que dicho proceso terminó por sentencia
de 29 de noviembre de 2011, en la cual se decidió no anular el laudo arbitral de 6
de diciembre de 2010; vi) si bien al admitirse la demanda no se ordenó la vinculación
de ACDAC, lo cierto es que se le tuvo como parte interesada mediante auto de 30
de abril de 2012; y, vii) las demás excepciones planteadas por ACDAC eran
argumentos que debían ser estudiados en la sentencia que decidiera el proceso.
80. Posteriormente se pronunció frente al fondo de la controversia, indicando que:
“[…] las decisiones tomadas por los actos administrativos fueron ajustadas a
derecho en el entendido de que el Ministerio de la Protección Social no podía
permitir que la ACDAC, por medio de mecanismo[s] adicionales prorrogara la
etapa de arreglo directo, a sabiendas que la misma se había dado por terminada
el 28 de mayo de 2009 y era obligatorio para el Ministerio en el cumplimiento de
sus funciones de inspección y vigilancia propender por garantizar el derecho de
asociación.
Así entonces el resultado del proceso anterior y la solicitud realizada por la
empresa Helicópteros Nacionales de Colombia, llevaron al Ministerio de la
Protección Social a expedir las Resoluciones objeto de estudio de legalidad, de
conformidad con las competencias que le otorga el Decreto 1741 de 1993, en
su artículo 2° numeral 3°, mediante las cuales se ordenó la constitución del
Tribunal de Arbitramento obligatorio (sic) por tratarse de servicios públicos
esenciales, dentro de los cuales como ya se manifestó no es procedente la
huelga.
Ahora, frente a la afirmación hecha por el demandante al considerar que el
Ministerio de la Protección no debió expedir las Resoluciones 3226 y 5234 de
2009, porque aún se encontraba sin resolver el conflicto pla[n]teado por las
partes en el año 2004, esta Delegada considera que la misma carece de
sustento jurídico alguno, ya que como lo ha manifestado la jurisprudencia,
cuando las partes deciden no cumplir con las etapas legalmente establecidas
dentro del conflicto colectivo, éste se torna imposible continuar (sic),
conllevando a que se de una terminación anormal del mismo.
17
Radicación núm.: 11001 03 25 000 2010 00217 00
Demandante: HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
(…)
Es claro para esta Delegada que la negociación en el año 2004, se tornó
imposible de continuar, puesto que las partes no se pusieron de acuerdo y no
permitieron el debido desarrollo de las etapas del conflicto colectivo, lo que llevó
a que se presentara por parte de la ACDAC una nueva denuncia a la convención
colectiva en el año 2009, frente a la cual el Ministerio de la Protección Social
adelantó el trámite pertinente frente a una negociación colectiva del trabajo.
Por todo lo anterior, esta Agencia del Ministerio Público considera que las
Resolución (sic) demandadas fueron expedidas por el Ministerio de la
Protección Social de conformidad con las normas constitucionales y legales que
la fundamentan, y de conformidad a las competencias otorgadas por la ley a
esa cartera […]”
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
81. Esta sala de decisión, para resolver los cargos formulados en la demanda,
abordará: i) su competencia; ii) los actos administrativos acusados; iii) las
excepciones formuladas por la parte accionada y el tercero interviniente; iv) el
problema jurídico; y, v) el caso concreto.
II.1. La competencia
82. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer el
presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 del CCA16,
aplicable en los términos del artículo 30817 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201118.
II.2. Los actos administrativos acusados
83. La Resolución núm. 3226 de septiembre de 2009, “[…] Por la cual se ordena la
constitución de un tribunal de arbitramento obligatorio en la empresa
HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA HELICOL S.A. […]”; y, ii) la
Resolución núm. 5234 de 21 de diciembre de 2009, “[…] Por la cual se resuelve un
recurso de reposición […]”, ambas expedidas por el viceministro de relaciones
laborales del Ministerio de la Protección Social, que en su parte resolutiva
decidieron, lo siguiente:
i) La Resolución núm. 3226 de 2009
“[…] MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (…) RESOLUCIÓN
NÚMERO 003226 DE 2009 (…) (1 SEP 2009) (…) Por la cual se ordena la
16
“[…] ARTICULO 128. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN UNICA INSTANCIA. <Subrogado por el artículo
36 de la Ley 446 de 1998> El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes
procesos privativamente y en única instancia: (…) 1. De los de nulidad de los actos administrativos expedidos por las
autoridades del orden nacional o por las personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas
del mismo orden […]”.
17
“[…] ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio
del año 2012 (…) Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la
vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]”.
18
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
18
Radicación núm.: 11001 03 25 000 2010 00217 00
Demandante: HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
constitución de un tribunal de arbitramento obligatorio en la empresa
HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA HELICOS S.A. (…) EL
VICEMINISTRO DE RELACIONES LABORALES (…) En ejercicio de las
facultades legales y en especial de las que confiere el artículo 452 del C.S.T.,
modificado por el artículo 19 de la Ley 584 de 2000 y las delegadas mediante
la Resolución No. 003091 del 12 de septiembre de 2005.
(…)
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la constitución de un tribunal de arbitramento
obligatorio para que dirima el conflicto colectivo de trabajo existente entre la
empresa HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA HELICOL S.A. y la
organización sindical denominada ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE
AVIADORES CIVILES “ACDAC”, por las razones expuestas en la parte motiva
del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Este tribunal sesionará en la ciudad de Bogotá D.C.,
departamento de Cundinamarca y cada una de las partes procederá a designar
el árbitro que le corresponde dentro de las 48 horas siguientes a la ejecutoria
de esta providencia y comunicará su decisión al Grupo de Relaciones Laborales
Individuales y Colectivas de este Ministerio. En caso de renuencia de cualquiera
de las partes, o de no hacerlo dentro del término estipulado, el Ministerio hará
el nombramiento respectivo.
ARTÍCULO TERCERO.- Ordenar la notificación de la presente decisión a los
jurídicamente interesados, de conformidad con lo establecido en los artículos
44 y 45 del Código Contencioso Administrativo, previa advertencia de que
contra este acto administrativo procede el recurso de reposición previsto en el
artículo 50 ibídem […]”.
ii) La Resolución núm. 5234 de 2009
“[…] MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (…) RESOLUCIÓN
NÚMERO 00005234 DE 2009 (…) (21 DIC 2009) (…) Por la cual se resuelve
un recurso de reposición (…) EL VICEMINISTRO DE RELACIONES
LABORALES (…) En ejercicio de las facultades legales, en especial de las
conferidas por el artículo 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo,
y
(…)
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes la
Resolución No 003226 expedida el 1 de septiembre de 2009, mediante la cual
se resolvió, “Ordenar la constitución de un Tribunal de Arbitramento obligatorio,
para que dirima el conflicto colectivo de trabajo existente entre la empresa
HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA HELICOL S.A., y la
organización sindical denominada ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE
AVIADORES CIVILES “ACDAC”, por las razones expuestas en la parte motiva
del presente acto administrativo”.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar la presente decisión a los jurídicamente
interesados, de conformidad con lo establecido en los artículo 44 y 45 del
19
Radicación núm.: 11001 03 25 000 2010 00217 00
Demandante: HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
Código Contencioso Administrativo, previa advertencia que contra la misma no
procede recurso alguno por la vía gubernativa […]”.
84. Cabe señalar que la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que los
actos a través de los cuales se convocan tribunales de arbitramento obligatorios
para resolver conflictos colectivos de trabajo sean juzgados por esta jurisdicción19.
85. La Sentencia de 29 de noviembre de 2011, proferida por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia en el expediente núm. 49.862 20, a través
de la cual se decidió el recurso de anulación21 interpuesto por la hoy accionante en
contra del laudo arbitral de 6 diciembre de 2010, proferido por el tribunal de
arbitramento obligatorio convocado mediante los actos administrativos que hoy se
demandan, en el mismo sentido de la providencia citada supra, señaló que:
“[…] la Corte Suprema de Justicia desde antaño ha enseñado que esta Sala y
los arbitradores no tienen la facultad de estudiar la legalidad y validez de
las actuaciones surtidas en el desarrollo de un conflicto colectivo de
estirpe económica, al igual que para someter a un examen de tales
características los actos administrativos emanados del Ministerio de la
Protección Social en el curso del procedimiento legal de solución del
diferendo colectivo de trabajo, toda vez que su control de legalidad está
en cabeza de la jurisdicción especializada, aspecto que no es desconocido
por el recurrente, en la medida en que informa sobre la demanda de
nulidad que presentó ante el Consejo de Estado (folios 33 a 67, cuaderno
de la Corte)
Al punto, en fallo de 30 de julio de 1998, radicación 11.261, reiterado, entre
otros, en decisión de 31 de marzo de 2004 y 17 de octubre de 2008,
radicaciones 23.556 y 36.147, esta Sala sostuvo su incompetencia para
pronunciarse acerca de vicios e irregularidades que se pudieron cometer en el
trámite del conflicto colectivo de trabajo.
En esa oportunidad, así razonó:
“En efecto, respecto de la cuestión jurídica planteada en el recurso en diferentes
oportunidades ha sostenido que los arbitradores no tienen la facultad de
revisar la legalidad del “decreto de convocatoria” del tribunal, ni tampoco
es el recurso extraordinario de homologación el instrumento ni la
oportunidad para ejercer dicho control de legalidad. Al efecto basta citar los
proveídos de 3 de mayo de 1996 (Gaceta Judicial, Tomo CCXXXV, págs. 239
a 245), 25 de julio de 1996 (Rad. 9033), 26 de febrero de 1997 (Rad. 9735), 30
de septiembre de 1997 (Rad. 10338), 6 de octubre de 1997 (Rad. 10263) y 9 de
octubre de 1997 (Rad. 10381).
(…)
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Consejero Ponente: Víctor Hernando
Alvarado Ardila. Sentencia de 9 de julio de 2009. Radicación núm.: 11001-03-25-000-2004-00015-01(0084-04).
20
Fol. 599-627, C. 1.
21
El artículo 52 de la Ley 712 de 5 de diciembre de 2001, “[…] Por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo […]”,
estableció que “[…] ARTÍCULO 52. TERMINOLOGÍA. En el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, las
expresiones juicio, juez de trabajo, inspección ocular, recurso de homologación y de hecho se entienden sustituidas por
proceso, juez laboral del circuito, inspección judicial, recurso de anulación y de queja, respectivamente […]” (Negrilla fuera
del texto).
20
Radicación núm.: 11001 03 25 000 2010 00217 00
Demandante: HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
“Lo que en verdad ocurre, y para esta Sala no existe la menor duda sobre el
punto de derecho, es que la competencia para conocer de la legalidad o
ilegalidad de un acto administrativo está exclusivamente asignada a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues sólo de manera
excepcional le ha sido atribuida a la Corte Suprema de Justicia el juzgamiento
de actos administrativos, a manera de ejemplo cabe citar los proferidos por el
Consejo de Estado (Código Contencioso Administrativo, artículo 128, ordinal
16, segundo inciso) y la elección de los miembros del Consejo Nacional
Electoral (ibídem, artículo 231, parágrafo)” […]” (Negrilla fuera del texto)
II.3. Las excepciones formuladas por la accionada y el tercero interviniente
II.3.1. Las excepciones de la accionada
86. La parte accionada propuso las excepciones de “[…] IMPROCEDENCIA DE LA
ACCIÓN […]”, “[…] INEPTA DEMANDA […]”, “[…] FALTA DE CAPACIDAD
JURÍDICA PARA COMPARECER […]” y “[…] LA INNOMINADA […]”, las cuales se
resuelven a continuación.
i) “[…] IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN […]”
87. La accionada solicitó a esta Corporación abstenerse de conocer sobre el fondo
de la controversia afirmando que la acción procedente para juzgar las resoluciones
demandadas es la de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de simple
nulidad pues se trata de actos administrativos de contenido particular.
88. De la lectura de las resoluciones 3226 y 5234, ambas de 2009, se advierte que
se trata de actos administrativos particulares que crearon una situación de orden
subjetiva e individual consistente en ordenar la constitución de un tribunal de
arbitramento obligatorio para dirimir el conflicto colectivo de trabajo existente entre
HELICOL y la organización sindical ACDAC y señalar la ciudad en que sesionaría
(Bogotá D.C.) y la manera en que debían designarse los árbitros.
89. En principio, los actos administrativos mencionados debían ser controvertidos
mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho por ser la adecuada
para cuestionar su legalidad.
90. No obstante, en aplicación de la teoría de los móviles y finalidades, la acción de
nulidad podría, excepcionalmente, ejercerse en contra de los actos administrativos
particulares, “[…] cuando no se persiga el restablecimiento de un derecho o cuando
con la sentencia que se produjere no se genere el restablecimiento automático del
derecho a favor del demandante o de un tercero […]”22.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato
Valdés. Sentencia de 13 de mayo de 2021. Radicación núm.: 08001-23-31-000-2011-00673-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 20 de noviembre de 2020. Radicación núm.: 25000-23-24-000-2011-00228-01.
21
Radicación núm.: 11001 03 25 000 2010 00217 00
Demandante: HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
91. En el presente caso, se puede advertir, del contenido de la demanda, que la parte
accionante no persigue un restablecimiento del derecho. Adicionalmente, la
sentencia que se produjere en este proceso no generaría restablecimiento
automático del derecho, por lo que resulta viable el control de legalidad de las
resoluciones demandadas por la vía de la acción de nulidad.
92. Así, en cumplimiento de lo dispuesto en los actos administrativos acusados, se
instaló, el 5 de octubre de 201023 el tribunal de arbitramento obligatorio para dirimir
el conflicto colectivo entre HELICOL y ACDAC, cuya etapa de arreglo directo inició
“[…] el 15 de Abril y terminó el 28 de Mayo de 2009; conflicto colectivo suscitado
por el pliego de peticiones que presentó ACDAC en el Ministerio de la Protección
Social mediante oficio del 27 de Marzo de 2009 […]”24, el cual profirió laudo arbitral
de 6 de diciembre de 201025.
93. HELICOL presentó, en contra del laudo arbitral, recurso de anulación que fue
resuelto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en
sentencia de 29 de noviembre de 201126, expediente núm. 49.862, en el sentido de
“[…] NO ANULAR el Laudo Arbitral del 6 de diciembre de 2010, proferido por el
Tribunal de arbitramento Obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo
económico suscitado entre la SOCIEDAD HELICÓPTEROS NACIONALES DE
COLOMBIA- HELICOL S.A.- [y] la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AVIADORES
CIVILES -ACDAC-. […]”.
94. Los actos administrativos demandados cumplieron la finalidad para la cual fueron
expedidos y el tribunal de arbitramento obligatorio resolvió el conflicto colectivo entre
HELICOL y ACDAC, luego ninguna consecuencia distinta de retirar del
ordenamiento jurídico las resoluciones demandadas podría acarrear la declaratoria
de nulidad de estas.
95. Adicionalmente, en oportunidades anteriores, la Corporación ha juzgado este tipo
de actos administrativos a través de la acción de nulidad, de lo cual pueden dar
En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente:
Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia de 20 de noviembre de 2020. Radicación núm.: 25000-23-24-000-2011-00228-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 1 de agosto de 2019. Radicación núm.: 05001-23-31-000-2010-00179-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López.
Sentencia de 9 de julio de 2020. Radicación núm.: 11001-33-31-715-2012-00061-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López.
Sentencia de 26 de septiembre de 2019. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2003-00321-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 15 de noviembre de 2019. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2010-00276-00.
23
Fol. 451, C. 1.
24
Fol. 463, C. 1.
25
Fol. 449-497, C. 1.
26
Fol. 599-627, C. 1.
22
Radicación núm.: 11001 03 25 000 2010 00217 00
Demandante: HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
cuenta las sentencias de 3 de marzo de 200527 y 9 de julio de 200928. La excepción
no está llamada a prosperar.
ii) “[…] INEPTA DEMANDA […]”
96. La accionada señala que le fueron entregados, en cumplimiento de la obligación
de la parte actora prevista en el artículo 139 del CCA de allegar copias de la
demanda y sus anexos para la notificación a las partes, unos documentos que no
estaban autenticados en los términos del Código de Procedimiento Civil -vigente
para la fecha- lo cual no le habría permitido el ejercicio del derecho de defensa y
contradicción.
97. La Sala estima que la excepción no puede prosperar en la medida en que i) los
requisitos de la demanda fueron estudiados al momento de su admisión mediante
auto de 12 de julio de 2011, providencia respecto de la cual no se interpuso recurso
alguno, como lo menciona el agente del Ministerio Público en su concepto; ii) el
defecto sustento de la excepción no se encuentra en la demanda, por lo que no se
podría considerar esta como inepta; y, iii) la parte demandada, contrario a lo
alegado, ejerció su derecho de defensa y contradicción como lo acredita,
precisamente, la contestación de la demanda presentada.
iii) “[…] FALTA DE CAPACIDAD PARA COMPARECER […]”
98. La accionada alega que se demandó al Ministerio de la Protección Social y no a
la Nación, por lo que no le asiste capacidad jurídica para comparecer al juicio.
99. Al respecto, esta Corporación29 ha señalado que:
“[…] La representación de la Nación en los procesos en los que es citada como
parte, por mandato legal, esta radicada en el funcionario de mayor jerarquía de
la Entidad de la cual provino la actuación que constituye la causa de las
pretensiones. Al respecto, el Código Contencioso Administrativo prescribe:
Artículo 149. Modificado. Ley 446 de 1998, art. 49. Las entidades públicas y las
privadas que cumplan funciones públicas podrán obrar como demandantes,
demandadas o intervinientes en los procesos Contencioso Administrativos, por
medio de sus representantes, debidamente acreditados. Ellas podrán incoar
todas las acciones previstas en este Código si las circunstancias lo ameritan.
En los procesos Contencioso Administrativos la Nación estará representada por
el Ministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente,
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero Ponente: Tarsicio Cáceres Toro.
Sentencia de 3 de marzo de 2005. Radicación núm.: 11001-03-25-000-2000-00116-00(1978-00). “[…] Se decide la acción de
nulidad incoada contra la Resolución No. 02760 del 24 de noviembre de 1999 emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, mediante la cual se ordenó la constitución de un tribunal de arbitramento obligatorio en BANCO CAFETERO S.A. […]”.
28
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero Ponente: Víctor Hernando
Alvarado Ardila. Radicación núm.: 11001-03-25-000-2004-00015-01(0084-04). “[…] Decide la Sala en única instancia la
acción de nulidad, tramitada sin consideración a la cuantía, y que fuera propuesta por el Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Industria Colombiana de Llantas, Icollantas “Sintraicollantas”, contra la Nación – Ministerio de la Protección Social […]”.
29
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Consejero Ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas. Sentencia de 7
de septiembre de 2020. Radicación núm.: 05001-23-31-000-2009-01401-01(49982).
23
Radicación núm.: 11001 03 25 000 2010 00217 00
Demandante: HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal General, Procurador o Contralor o
por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el
hecho (…).
Así, de cara al argumento expuesto en el recurso de apelación, la Sala precisa
que la Nación es una sola persona jurídica, capaz de comparecer a juicio
y que, de conformidad con la ley, su representación debe ser ejercida por
el funcionario de mayor jerarquía en el área de la cual provino la actuación
que dio lugar a la formulación de una demanda. […]” (Negrilla fuera del texto)
100. Siguiendo lo anterior y en consonancia con lo expuesto por el agente del
Ministerio Público en su concepto, la representación judicial de la Nación, en el
presente asunto, debía ser ejercida por el entonces Ministerio de la Protección
Social, al ser ésta la entidad que expidió los actos administrativos demandados. La
excepción, en consecuencia, no tiene vocación de prosperidad.
II.3.2. Las excepciones del tercero interviniente
101. El tercero interviniente propuso las excepciones de “[…] Falta de Jurisdicción y
Competencia […]”, “[…] Inexistencia del demandado […]”, “[…] Ineptitud de la
demanda por falta de requisitos formales (indebida acumulación de pretensiones
(sic) […]”, “[…] Litisconsorcio necesario […]”, “[…] Pleito Pendiente […]”, “[…] Falta
de citación de la ACDAC para concurrir a este proceso […]”, “[…] Constitucionalidad
y legalidad de los Actos demandados […]”, “[…] Imposibilidad de pronunciamiento
por substracción de materia […]”, “[…] Necesidad de Protección de los Derechos
Fundamentales […]” y “[…] Respeto por las decisiones del Tribunal de Arbitramento
Obligatorio y de la Corte Suprema de Justicia […]”, las cuales se procede a resolver.
i) “[…] Falta de Jurisdicción y Competencia […]”
102. Consideró que los argumentos expuestos por la parte accionante en contra de
los actos administrativos demandados son eminentemente laborales y su estudio le
corresponde a la jurisdicción ordinaria laboral, mediante un proceso ordinario
laboral; agregando que esta Corporación carece de competencia para sancionar
disciplinariamente a los funcionarios del Ministerio de la Protección Social, tal como
se señala en la pretensión cuarta de la demanda.
103. La Sala reitera, con sustento en las sentencias de 9 de julio de 200930 y 29 de
noviembre de 201131, proferidas por la Sección Segunda de esta Corporación y por
la Corte Suprema de Justicia, respectivamente, citadas supra, que es competente
para juzgar la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se ordenó
la constitución de un tribunal de arbitramento obligatorio para dirimir el conflicto
colectivo de trabajo existente entre HELICOL y la organización sindical ACDAC,
razón por la cual la excepción, por el motivo expuesto, no prospera.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Consejero Ponente: Víctor Hernando
Alvarado Ardila. Sentencia de 9 de julio de 2009. Radicación núm.: 11001-03-25-000-2004-00015-01(0084-04).
31
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Expediente núm.: 49.862.
24
Radicación núm.: 11001 03 25 000 2010 00217 00
Demandante: HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
104. Lo atinente a la competencia para sancionar disciplinariamente a los
funcionarios del Ministerio de la Protección social será abordado por la Sala al
pronunciarse sobre la excepción de ineptitud de la demanda por indebida
acumulación de pretensiones.
ii) “[…] Inexistencia del demandado […]”
105. Coincidió con la accionada en que se vinculó al proceso al Ministerio de la
Protección Social, cuando la persona jurídica con capacidad para acudir a éste es
la Nación, en los términos del artículo 149 del CCA.
106. La Sala, como se expuso supra, con sustento en la jurisprudencia de esta
Corporación32, consideró que la representación judicial de la Nación, en el presente
asunto, debía ser ejercida por el entonces Ministerio de la Protección Social, al ser
ésta la entidad que expidió los actos administrativos demandados, por lo que la
excepción no puede prosperar.
iii) “[…] Ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales
(indebida acumulación de pretensiones) […]”.
107. Adujo, citando el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, que el presente
proceso no era el escenario para investigar e imponer sanciones disciplinarias a los
servidores públicos del Ministerio de la Protección Social.
108. Elartículo 145 del CCA estableció que en los procesos contencioso-
administrativos procederá la acumulación de pretensiones en la forma establecida
en el Código de Procedimiento Civil.
109. El artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, vigente para la fecha de
presentación de la intervención, a su turno, estableció la posibilidad de acumular,
en una misma demanda, varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean
conexas, siempre que concurran, entre otros requisitos, “[…] 1. Que el juez sea
competente para conocer de todas; sin embargo, podrán acumularse pretensiones
de menor cuantía a otras de mayor cuantía (…) 3. Que todas puedan tramitarse por
el mismo procedimiento. […]”.
110. La Sala precisa que la acción presentada por HELICOL fue la de nulidad prevista
en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo33, respecto de la cual se ha
señalado que:
32
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Consejero Ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas. Sentencia de 7
de septiembre de 2020. Radicación núm.: 05001-23-31-000-2009-01401-01(49982).
33
Fol. 182, C. 1.
25
Radicación núm.: 11001 03 25 000 2010 00217 00
Demandante: HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
“[…] por cuyo ejercicio se somete a examen la validez de la decisión de la
administración con el único fin de confrontarla con el orden jurídico y establecer
si se ajusta o no. Esta acción le permite a las partes pedirle al juez la verificación
del respeto a las normas superiores en que debía fundarse, la veracidad de sus
motivos, la ausencia de vicios en su expedición, la competencia de quien lo ha
expedido y que en su ejercicio no se hayan desviado las atribuciones que la ley
le confiere.
El control de legalidad que ejerce el juez en el marco de esta acción está
encaminado a la confrontación del acto con el orden jurídico, y tiene como
finalidad la de mantener la legalidad y expulsar del ordenamiento aquella
decisión administrativa de carácter general que adolece de vicios que afectan
su validez […]”34
111. Tiene razón el tercero interviniente al señalar que no le corresponde a esta
jurisdicción, atender la pretensión consistente en:
“[…] 4. Que se sancione disciplinariamente a los funcionarios del Ministerio de
la Protección Social que expidieron las antes mencionadas resoluciones 3226
y 5234 del año 2009 con abierta violación de las normas superiores que regulan
el tema del debido proceso y de la negociación colectiva […]”.
112. La Corte Constitucional, a propósito de la naturaleza de la potestad disciplinaria,
resaltó, en la Sentencia C-030 de 2023, lo siguiente:
“[…] Tradicionalmente la naturaleza de la potestad disciplinaria del Estado
se ha concebido como administrativa35. No obstante, en algunos casos
tiene naturaleza jurisdiccional. La ejecución de dicha potestad depende
del carácter y las particularidades que le asignen la Constitución Política
y la ley.
Tratándose de los servidores públicos en general, el control disciplinario
se presenta en dos niveles36, el que ejerce cada organismo o entidad
pública con sustento en la potestad sancionadora del Estado y el previsto
en la Constitución a cargo de la PGN, para vigilar la conducta oficial de
quienes desempeñan funciones públicas.
(…)
En cuanto a la potestad disciplinaria ejercida como función jurisdiccional se
identifican i) los procesos disciplinarios que se adelantan contra los funcionarios
y empleados de la Rama Judicial; ii) aquellos ejercidos respecto de altos
dignatarios con fuero disciplinario autónomo37; y iii) la pérdida de investidura de
los miembros de las corporaciones públicas38 […]” (Negrilla fuera del texto)
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Consejero Ponente: Ramiro de
Jesús Pazos Guerrero. Sentencia de 31 de agosto de 2015. Radicación núm.: 08001-23-31-000-1998-01923-01(36043).
35
Confrontar. Ludwig Spiegal. Derecho Administrativo, Barcelona y Buenos Aires, edt. Labor, 1993 y Eduardo García de
Enterría y Tomás-Ramón Fernández. Curso de Derecho Administrativo, t. II. Madrid, Cívitas, 1998.
36
Sentencia C-1061 de 2003.
37
En el caso del presidente de la República, los magistrados de las altas cortes y el fiscal general de la Nación, la investigación
disciplinaria le corresponde a la Cámara de Representantes, por conducto de la Comisión de Investigación y Acusación,
mientras que el juzgamiento le compete al Senado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 174, 175 y 178
Constitucionales.
38
La titularidad de la acción disciplinaria de pérdida de investidura de los miembros de las corporaciones públicas se encuentra
en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo (art. 184 y 237-5 C.P).
26
Radicación núm.: 11001 03 25 000 2010 00217 00
Demandante: HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
113. De tal forma que, en el presente caso, la pretensión sancionatoria no puede ser
conocida por esta Corporación ni puede tramitarse por la vía de la acción de nulidad,
pues i) escapa al objeto y finalidad de ese tipo de acción; y, ii) quienes ostentan la
potestad disciplinaria sobre los servidores públicos del entonces Ministerio de la
Protección Social son los órganos y entidades administrativas señaladas en la ley,
razón por la que debe prosperar la excepción de inepta demanda por indebida
acumulación de pretensiones exclusivamente sobre la aludida pretensión.
iv) “[…] Litisconsorcio necesario […]”.
114. Argumentó que debía vincularse al proceso a los miembros del tribunal de
arbitramento obligatorio cuya constitución se ordenó mediante las resoluciones
demandadas para efectos de que estos defendieran la legalidad de su
conformación.
115. Este Corporación ha indicado que:
“[…] El litisconsorcio se presenta cuando existe pluralidad de sujetos procesales
que tienen una calidad común, esta es, la de demandantes o la de demandados.
El tipo de relación jurídico-sustancial que exista entre aquellos, y el tipo de
correlación uniforme que se presenta con el objeto del proceso judicial,
determinan si la integración es necesaria o facultativa. Cuando la cuestión
litigiosa versa sobre una relación jurídica material, única e indivisible, que
debe resolverse de manera uniforme para todos los sujetos que integran
la parte correspondiente, se está frente a un litisconsorcio necesario; lo
cual impone, por expreso mandato legal, su comparecencia obligatoria al
proceso, por ser un requisito imprescindible para adelantarlo válidamente,
pues cualquier decisión que se tome en su interior es uniforme y puede
perjudicar o beneficiar a todos […]”39 (Negrilla fuera del texto)
“[…] Así, el Código de Procedimiento Civil –aplicable al sub examine en virtud
de la remisión normativa consagrada en el artículo 267 del CCA–, establece tres
clases de litisconsorcios, dependiendo de la relación jurídica de la cual deriva
su vinculación al proceso, a saber: litisconsortes necesarios, facultativos y
cuasi-necesarios.
El litisconsorcio necesario se presenta cuando la cuestión litigiosa tiene
por objeto una relación jurídica material, única e indivisible, que debe
resolverse de manera uniforme para todos los sujetos que integran la
parte correspondiente (artículo 51 del C. de P. C.), de manera que el
proceso no puede adelantarse sin la presencia de dicho litisconsorte,
39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Consejero Ponente: Jaime
Enrique Rodríguez Navas. Sentencia de 28 de febrero de 2023. Radicación núm.: 41001 23 31 000 2011 00037 01 (57343).
27
Radicación núm.: 11001 03 25 000 2010 00217 00
Demandante: HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
pues su vinculación resulta imprescindible y obligatoria (artículo 83 del C.
de P.C.40) […]”41 (Negrilla fuera del texto)
116. La relación jurídico-sustancial debatida en el proceso se centra en la legalidad
en abstracto de las resoluciones núm. 3226 y 5234 de 2009, mediante las cuales se
ordenó la constitución de un tribunal de arbitramento obligatorio para dirimir el
conflicto colectivo de trabajo existente entre HELICOL y la organización sindical
ACDAC y señalar la ciudad en que sesionaría (Bogotá D.C.) y la manera en que
debían designarse los árbitros, la cual involucra a la autoridad administrativa que la
expidió y a las personas jurídicas cuyo conflicto colectivo de trabajo se pretende
resolverse mediante el tribunal de arbitramento obligatorio, cuyos integrantes se
posesionaron con posterioridad a la expedición de los precitados actos42.
117. En todo caso, el CCA establecía, en el artículo 14643, que en los proceso de
simple nulidad cualquier persona podría pedir que se le tuviera como parte
coadyuvante o impugnadora, hasta el vencimiento del término de traslado para
alegar en primera o en única instancia, por lo que, si alguno de los miembros del
tribunal de arbitramento consideraba pertinente defender la legalidad de las
resoluciones acusadas, han podido acudir en tal condición, lo cual no ocurrió. La
excepción no puede prosperar.
v) “[…] Pleito Pendiente […]”
40
“Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición
legal, no fuere posible resolver de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que
intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez en
el auto que admite la demanda ordenará dar traslado de éste a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y
con el término de comparecencia dispuestos para el demandado.
“En el caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez hará la citación de las mencionadas personas,
de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el
mismo término para que comparezcan. El proceso se suspenderá durante el término para comparecer los citados (…)”. 41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Consejero Ponente: José
Roberto Sáchica Méndez. Sentencia de 27 de enero de 2021. Radicación núm.: 25000 23 26 000 2010 00964 01(51408). 42
Fol. 451, C. 1. El laudo arbitral de 6 de diciembre de 2010, al respecto indicó: “[…] Inicialmente, de acuerdo con lo dispuesto
en las Resoluciones 824 del 8 de Marzo y 1962 del 28 de Mayo de 2010, el Ministerio de la Protección Social había integrado
el Tribunal, así: Por la Empresa, el Doctor RAFAEL FORERO CONTRERAS; por el Sindicato, la Doctora GLORIA JANETH
MATIZ RESTREPO y como tercer Arbitro, la Doctora JULIETA ROCHA AMAYA (…) Posteriormente, ante la renuncia
presentada por el Doctor RAFAEL FORERO CONTRERAS y por la Doctora JULIETA ROCHA AMAYA, el Ministerio de la
Protección Social dispuso lo siguiente: (…) 1. Aprobar, mediante Resolución 3048 del 6 de Agosto de 2010 la designación del
Doctor JULIO CÉSAR CARRILLO GUARÍN, como Arbitro de la Empresa, en reemplazo del Doctor RAFAEL FORERO
CONTRERAS (…) 2. Aprobar, mediante Resolución 3419 del 2 de Septiembre de 2010 la designación del Doctor FRANCISCO
YESID TRIANA MEJÍA, como Tercer Árbitro, en reemplazo de la Doctora JULIETA ROCHA AMAYA (…) De esta manera el
Tribunal quedó integrado, así: (…) GLORIA JANETH MATIZ RESTREPO, designada por el Sindicato, quien tomo posesión,
el día 23 de Marzo de 2010 (…) JULIO CÉSAR CARRILLO GUARÍN, designado por la Empresa, quien tomó posesión el día
12 de Agosto de 2010 (…) FRANCISCO YESID TRIANA MEJÍA, como tercer Arbitro, quien tomó posesión el día 13 de
Septiembre de 2010 (…) Posesionados los Árbitros, se instaló el Tribunal con fundamento en lo señalado en el Acta
correspondiente a la reunión del día 5 de Octubre de 2010; razón por la cual dicha Acta, denominada “Acta de Instalación”,
se incorpora como parte integral del presente laudo […]”. 43
“[…] ARTICULO 146. INTERVENCION DE TERCEROS. <Subrogado por el artículo 48 de la Ley 446 de 1998. El nuevo
texto es el siguiente:> En los procesos de simple nulidad cualquier persona podrá pedir que se lo tenga como parte
coadyuvante o impugnadora, hasta el vencimiento del término de traslado para alegar en primera o en única instancia. En los procesos de nulidad y restablecimiento, el derecho a intervenir como parte coadyuvante o impugnadora se le
reconocerá a quien en la oportunidad prevista en el inciso anterior demuestre interés directo en las resultas del proceso. En los procesos contractuales y de reparación directa, la intervención de litisconsortes y de terceros se regirá por los artículos
50 <51, 52, 53, 54, 55, 56> a 57 del Código de Procedimiento Civil. El Ministerio Público está facultado para solicitar la
intervención de terceros eventualmente responsables. El auto que acepta la solicitud de intervención en primera instancia será apelable en el efecto devolutivo <sic> el que la niega,
en el suspensivo y el que la resuelva en única instancia será susceptible del recurso ordinario de súplica.
En los procesos de desinvestidura de miembros de corporaciones de elección popular no se admitirá intervención de terceros
[…]”.
28
Radicación núm.: 11001 03 25 000 2010 00217 00
Demandante: HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
118. Manifestó que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
estudia el recurso de anulación presentado por HELICOL en contra del laudo arbitral
proferido por el tribunal de arbitramento cuya constitución se ordenó en los actos
administrativos acusados, recurso que se fundamentó en los mismos argumentos
que hoy sustentan la acción que aquí se tramita.
119. Inicialmente se precisa que en el expediente se encuentra la sentencia de 29 de
noviembre de 2011, proferida dentro del expediente núm. 49.862 por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual decidió “[…]
FALLA: (…) NO ANULAR el Laudo Arbitral del 6 de diciembre de 2010, proferido
por el Tribunal de arbitramento (sic) Obligatorio convocado para dirimir el conflicto
colectivo económico suscitado entre la SOCIEDAD HELICÓPTEROS
NACIONALES DE COLOMBIA- HELICOL S.A.- [y] la ASOCIACIÓN COLOMBIANA
DE AVIADORES CIVILES -ACDAC-. […]”, la cual, indica el mismo documento,
quedó ejecutoriada el 24 de enero de 2012.
120. No resulta procedente el estudio de la excepción de pleito pendiente, prevista
como previa en el artículo 97 numeral 10° del Código de Procedimiento Civil44, hoy
en el artículo 100 numeral 8° de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 45, puesto que
uno de los requisitos para su ocurrencia, consistente en que la existencia de otro
proceso en curso, no se encuentra presente pues, como se advirtió anteriormente,
el trámite del recurso de anulación se encuentra terminado y allí se dictó sentencia
que se encuentra ejecutoriada.
121. En relación con el requisito citado, la Corporación46 indicó:
“[…] La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la excepción de
pleito pendiente se configura cuando se cumplen los siguientes requisitos47:
«a. QUE EXISTA OTRO PROCESO EN CURSO: Es necesario este supuesto
para la configuración de la excepción de pleito pendiente porque en caso
de que el otro no esté en curso sino terminado y se presentaran los demás
supuestos, no se configuraría dicha excepción sino la de cosa juzgada.
Nótese la similitud entre ambas figuras, pues para que exista cosa juzgada es
necesario también que se presenten simultáneamente, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 332 del C.P.C., los siguientes requisitos: que el nuevo
proceso verse sobre el mismo objeto; que se funde en la misma causa que el
anterior y que haya identidad jurídica de partes. Sin embargo, esas dos clases
de excepciones tienen características propias que las diferencian: si bien ambas
pueden proponerse como previas (núm. 8 e inc. final art. 97 C.P.C.), los efectos
44
“[…] ARTÍCULO 97. LIMITACIONES DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS Y OPORTUNIDAD PARA PROPONERLAS.
<Artículo modificado por el artículo 1, numeral 46 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> El demandado,
en el proceso ordinario* y en los demás en que expresamente se autorice, dentro del término de traslado de la demanda
podrá proponer las siguientes excepciones previas: (…) 10. Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto.
[…]”.
45
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Consejera Ponente: Stella Jeannette Carvajal
Basto. Auto de 7 de septiembre de 2023. Radicación núm.: 13001 23 33 000 2017 00188 02 (27566).
47
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de 9 de marzo de 2023, rad
15001233300020130018001 CP: Cesar Palomino Cortes.
29
Radicación núm.: 11001 03 25 000 2010 00217 00
Demandante: HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
de la excepción de cosa juzgada es impedir la decisión de un nuevo proceso
que tenga por objeto un mismo asunto que ya fue debatido y que es objeto de
cosa juzgada, mientras que la excepción de pleito pendiente es de naturaleza
preventiva, pues busca evitar que se configure contradictoriamente la cosa
juzgada. En ese sentido el pleito pendiente se presenta cuando existen dos o
más procesos cuya decisión definitiva produzca cosa juzgada frente al otro o
los otros […]” (Negrilla fuera del texto)
122. De tal forma que la Sala, de oficio, emprenderá el estudio de la excepción de
cosa juzgada. Respecto de esta figura, esta Sección48 ha precisado:
“[…] 21. Visto el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo, sobre los
efectos de las sentencias que se profieren en los procesos de nulidad, dispone
lo siguiente:
“[…] Artículo 175. Cosa juzgada. La sentencia que declare la nulidad de un
acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada “erga omnes”.
La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada “erga omnes” pero sólo
en relación con la “causa petendi” juzgada.
La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa
y cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el
mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya
identidad jurídica de partes; la proferida en procesos de restablecimiento del
derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en el proceso y obtenido esta
declaración a su favor.
Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o
de un acuerdo intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o en parte,
quedarán sin efectos en lo pertinente los decretos reglamentarios […]” (Negrilla
de la Sala).
22. Visto el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, sobre la cosa
juzgada, dispuso:
“[…] ARTÍCULO 332. COSA JUZGADA. La sentencia ejecutoriada proferida en
proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo
proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el
anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes, cuando las del segundo
proceso son sucesores mortis causa de las que figuraron en el primero o
causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al
registro de la demanda, si se trata de derechos sujetos a registro y al secuestro
en los demás casos.
La sentencia dictada en procesos seguidos por acción popular produce cosa
juzgada erga omnes.
Los efectos de la cosa juzgada en procesos en que se ventilen cuestiones
relativas al estado civil de las personas, se regularán por lo dispuesto en el
Código Civil y leyes complementarias.
48
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 14 de octubre de 2021. Radicación núm.: 11001 03 24 000 2009 00100 00.
30
Radicación núm.: 11001 03 25 000 2010 00217 00
Demandante: HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que
comparezcan como parte, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas
las comprendidas en el emplazamiento.
La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión […]”
(Negrillas y subrayas por fuera de texto).
23. Esta Corporación49 ha explicado, acerca de la declaratoria de cosa juzgada
en el marco de una acción de nulidad simple, lo siguiente:
“[…] El fenómeno de la cosa juzgada se encontraba regulado en los
artículos 332 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 175 del Código
Contencioso Administrativo, cuyo contenido es el siguiente:
(…) De conformidad con la norma transcrita, la sentencia que decrete la nulidad
de un acto administrativo tiene efectos erga omnes de manera plena, por lo que
respecto de dicho acto no resulta posible adelantar un nuevo proceso en el que
se solicite su anulación. Sin embargo, cuando se trate de sentencias en las
que se denieguen la nulidad, los efectos de cosa juzgada solo recaen
sobre la causa petendi, razón por la cual es posible que respecto de los
actos que son objeto de la decisión se puedan tramitar nuevos procesos,
los cuales deben tener por fundamento una causa distinta a la resuelta en
la sentencia que negó la pretensión nugatoria […]” (Destacado fuera de
texto).
24. La Sala reitera, de conformidad con la normativa y jurisprudencia citada
supra, que en los procesos de nulidad, si la sentencia accede a las pretensiones
de la demanda, producirá efectos de cosa juzgada erga omnes, “[…] lo cual
significa que la decisión judicial en firme que haya declarado la nulidad de un
acto administrativo, se hace extensiva a aquellos procesos en los cuales el acto
demandado sea exactamente el mismo, independientemente de cuál sea la
causa invocada para sustentar la nulidad deprecada […]”50; es decir, que la
sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tiene fuerza de cosa
juzgada erga omnes, para todo el mundo y sin importar la causa petendi o los
argumentos alegados, situación que impide que pueda presentarse un nuevo
pronunciamiento en relación con el acto acusado.
25. Por el contrario, si se trata de una sentencia desestimatoria de las
pretensiones, esta producirá efectos de cosa juzgada erga omnes pero solo en
relación con la causa petendi que, entendida como la razón o los motivos por
los cuales se demanda, está contenida en los cargos esgrimidos o en el
concepto de la violación que se invoca como sustento de la solicitud de nulidad;
de ello se infiere que la sentencia desestimatoria de las pretensiones de una
acción de nulidad hace tránsito a cosa juzgada erga omnes, solo respecto de
los cargos que dan lugar a su interposición.
Elementos de la excepción de cosa juzgada en procesos de nulidad
26. Visto el artículo 303 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201251, aplicable en
virtud del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo52, se considera
49
Sección Primera, sentencia de 7 de diciembre de 2017, radicado Nro. 05001-23-33-000-2015-02253-01, Consejero ponente
doctor Roberto Augusto Serrato Valdés.
50
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de octubre de 2010, C.P.
Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, número único de radicación 1100103250002006 0038800 […]”.
51
“[…]Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
52
De conformidad con el numeral 1 literal b) del artículo 625 de la Ley 1564, en el presente asunto se aplica la nueva
normativa, teniendo en cuenta que el auto que decretó pruebas se profirió el 3 de agosto de 2015.
31
Radicación núm.: 11001 03 25 000 2010 00217 00
Demandante: HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
que los elementos de la cosa juzgada son: i) identidad jurídica de partes, ii)
identidad de objeto, y iii) identidad de causa.
27. En este contexto, la cosa Juzgada se estructura a partir de dos premisas,
una objetiva relacionada con el objeto y la causa de la controversia, y otra
subjetiva relativa a los sujetos que intervienen en un proceso. Así lo ha
precisado la Sala Plena del Consejo de Estado, entre otras, en sentencia de
veintiséis (26) de julio de dos mil cinco (2005), señaló:
“[…] La institución de la cosa juzgada, como lo ha reiterado esta Corporación,
está sujeta a dos límites: el objetivo, que mira hacia el asunto sobre el que versó
el debate y la causa petendi de la prestación, y el subjetivo, que tiene que ver
con las personas que fueron parte en el proceso. Así mismo, la cosa juzgada
se predica de los puntos que han sido materia expresa de la decisión de una
sentencia y sólo puede extenderse a aquellos que por ser consecuencia
necesaria o depender indispensablemente de ella, se reputan tácitamente
decididos. Los principios tutelares de esta institución jurídica son los
establecidos en el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, los cuales
son aplicables al proceso contencioso administrativo, por remisión expresa del
artículo 267 del Código Contencioso Administrativo. Según el artículo 332
ibídem, cabe plantear la cosa juzgada con éxito solo si concurren los tres
elementos señalados en ella, esto es, que en ambos procesos exista identidad
de partes, de objeto y de causa. La jurisprudencia y la doctrina han señalado
que la identidad de partes no es física sino jurídica, lo cual explica la previsión
del inciso segundo del precitado artículo, al entender que hay identidad de
partes cuando los del segundo proceso son sucesores por causa de muerte de
los que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto intervivos
celebrado con posterioridad al registro de la demanda. Así mismo la
jurisprudencia ha dicho que este tercer requisito, denominado límite
subjetivo de la institución de la cosa juzgada, no tiene aplicación alguna
en los procesos contencioso administrativos de nulidad, pues las
sentencias que sobre ellos recaiga tienen un valor erga omnes, como lo
establece el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo, lo cual
implica que son oponibles a cualquier demandante que pretende, por los
mismos motivos, iniciar nuevamente el debate judicial. Además, en estos
procesos la parte actora no promueve la acción en interés particular, sino
en interés del orden jurídico […]”53. (Destacado fuera de texto) […]”.
123. Surge de lo expuesto que en el presente asunto no hay lugar a declarar la
existencia de la cosa juzgada por no existir identidad de partes, identidad de objeto
ni de causa petendi.
124. La sentencia de 29 de noviembre de 2011, proferida dentro del expediente núm.
49.862 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que puso
fin al recurso de anulación del laudo arbitral de 6 de diciembre de 2010, proferido
por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto
colectivo entre HELICOL y ACDAC, delimita claramente el objeto del recurso de
anulación previsto en el artículo 143 del Decreto Ley 2158 de 24 de junio de 194854,
así:
53
“[…] Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; C.P. Ana Margarita Olaya Forero, número único de
radicación 11001-03-15-000-1999-00217-01(REV); actor: Roberto Hermida Izquierdo, demandado: Ministerio De Hacienda y
Crédito Público […]”.
54
“[…] Sobre los procedimientos en los juicios del trabajo […]”.
32
Radicación núm.: 11001 03 25 000 2010 00217 00
Demandante: HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
“[…] Tiene adoctrinado esta Corporación que las precisas facultades que le
concede el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social,
dentro del denominado actualmente por la ley recurso de anulación, se limitan
a verificar la regularidad del laudo y otorgarle fuerza de sentencia, si el Tribunal
de arbitramento no extralimitó el objeto para el que se le convocó, o anularlo en
caso contrario. Ello respecto de los puntos que quedaron por fuera de los
acuerdos logrados entre las partes en la etapa de arreglo directo y cobijen la
totalidad de los que son materia del diferendo; a verificar que el pronunciamiento
del tribunal no afecte derechos o facultades de las partes reconocidos por la
Constitución Política, las leyes o normas convencionales vigentes, de
conformidad con lo señalado en el artículo 458 del Código Sustantivo del
Trabajo; y, de manera excepcional, a disponer la anulación de disposiciones del
laudo que sean manifiestamente inequitativas. Todo lo anterior, dentro del
marco de las potestades propias de los árbitros para decidir conflictos de
intereses económicos.
(…)
Tiene asentado también la Sala que merced al recurso de anulación, confirmará
o anulará el laudo arbitral, total o parcialmente y, excepcionalmente, modulará
la decisión, en los casos en que lo ha considerado necesario. Empero, en la
segunda hipótesis, esto es, cuando anula la decisión de los árbitros, no puede
dictar el pronunciamiento de reemplazo, por cuanto los conflictos económicos
se resuelven en equidad, no en derecho. La competencia de la Corte se agota
con la anulación, total o parcial del laudo, de suerte que no goza de la atribución
de sustituir a los árbitros y, en tránsito por esa vía, la de tomar decisión que
reemplace a la anulada. Ello significa que las relaciones contractuales de
trabajadores y empleador se regirán por la convención colectiva o el pacto
colectivo o laudo arbitral vigentes, o por las normas legales en vigor (sentencia
de 27 de octubre de 2009, radicación 41497).
Pues bien, hechas las anteriores precisiones, se tiene que la sociedad
Helicópteros Nacionales de Colombia- Helicol S.A., muestra su primera
disconformidad con el laudo arbitral, porque considera que el Tribunal de
arbitramento no tenía competencia para resolver el conflicto económico bajo
examen, debido a la existencia de uno anterior que no ha terminado y, además,
por cuanto el sindicato no realizó la asamblea a la luz de lo estatuido en el
artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es, por no haberla citado
dentro de los 10 días hábiles siguientes a la terminación de la etapa de arreglo
directo, desconociendo de paso que en la actualidad cursa una demanda de
nulidad contra las resoluciones por medio de las cuales el Ministerio de la
Protección Social convocó su conformación.
Sobre estos temas es bueno recordar que la Corte Suprema de Justicia desde
antaño ha enseñado que esta Sala y los arbitradores no tienen la facultada de
estudiar la legalidad y validez de las actuaciones surtidas en el desarrollo de un
conflicto colectivo de estirpe económica, al igual que para someter a un examen
de tales características los actos administrativos emanados del Ministerio de la
Protección Social en el curso del procedimiento legal de solución del diferendo
colectivo de trabajo, toda vez que su control de legalidad está en cabeza de la
jurisdicción especializada, aspecto que no es desconocido por el recurrente, en
la medida en que informa sobre la demanda de nulidad que presentó ante el
Consejo de Estado (folios 33 a 67, cuaderno de la Corte). […]”
125. En concordancia con lo expuesto, se puede evidenciar que la accionante solicitó
a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia la “[…] declaración
33
Radicación núm.: 11001 03 25 000 2010 00217 00
Demandante: HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
de nulidad del laudo de la referencia […]”, cuestión diferente de la que se juzga en
este proceso puesto que lo pretendido por aquella es la suspensión provisional y la
declaratoria de nulidad de las resoluciones núm. 3226 y 5234 de 2009, expedidas
por el viceministro de relaciones laborales del Ministerio de la Protección Social,
cuestión que aseguró la misma Corte Suprema de Justicia no era de su
competencia.
126. No hay, asimismo, identidad de partes puesto que el trámite del recurso de
anulación, son partes HELICOL -la cual solicitó la anulación del laudo- y ACDAC;
mientras que en el presente asunto la acción de nulidad fue presentada por
HELICOL en contra de los actos administrativos expedidos por el Ministerio de la
Protección Social.
127. Por tanto, la excepción no tiene vocación de prosperidad.
vi) Las excepciones de “[…] Falta de citación de la ACDAC para
concurrir a este proceso […]”, “[…] Constitucionalidad y legalidad
de los Actos demandados […]”, “[…] Imposibilidad de
pronunciamiento por substracción de materia […]”, “[…] Necesidad
de Protección de los Derechos Fundamentales […]” y “[…] Respeto
por las decisiones del Tribunal de Arbitramento Obligatorio y de la
Corte Suprema de Justicia […]”.
128. La Sala advierte que las excepciones de “[…] Constitucionalidad y legalidad de
los Actos demandados […]”, “[…] Imposibilidad de pronunciamiento por
substracción de materia […]”, “[…] Necesidad de Protección de los Derechos
Fundamentales […]” y “[…] Respeto por las decisiones del Tribunal de Arbitramento
Obligatorio y de la Corte Suprema de Justicia […]” corresponden a cuestiones del
fondo de esta controversia y que se abordaran en la oportunidad correspondiente.
129. Frente a la excepción de “[…] Falta de citación de la ACDAC para concurrir a
este proceso […]” nada se controvierte puesto que anotó que, aunque no puede ser
parte demandada en este proceso, solicitó su intervención para participar en forma
directa en la defensa de la legalidad de los actos administrativos demandados,
intervención que fue aceptada conforme lo señalado en el auto de 30 de abril de
2012.
II.4. El problema jurídico
130. La Sala considera que el problema jurídico que se debe resolver en el presente
asunto es el consistente en determinar si las resoluciones núm. 3226 de 1° de
septiembre de 2009 y 5234 de 21 de diciembre de 2009, mediante las cuales se
ordenó la constitución de un tribunal de arbitramento para dirimir el conflicto
colectivo de trabajo existente entre la empresa HELICOL y la organización sindical
ACDAC, desconocieron las normas en que debían fundarse, en particular, las
34
Radicación núm.: 11001 03 25 000 2010 00217 00
Demandante: HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
enunciadas como violadas en la demanda, y, en consecuencia de declararse su
nulidad, por cuanto:
i) El Ministerio de la Protección Social no resolvió, de acuerdo con las
normas del CCA, el recurso de reposición interpuesto por el accionante,
en contra de la Resolución núm. 3226 de 1° de septiembre de 2009, en
el cual se le solicitó se definiera el conflicto colectivo entre HELICOL y
ACDAC iniciado en el 2004, lo cual desconoció la garantía del debido
proceso contenido en el artículo 29 de la Carta Política.
ii) El Ministerio de la Protección Social, en los actos administrativos
demandados aplicó indebidamente las normas del Código Sustantivo del
Trabajo que regulan el proceso de negociación colectiva, el alcance de
las convenciones colectivas y su denuncia al convocar a un tribunal de
arbitramento obligatorio para resolver el conflicto colectivo iniciado en el
2009 y no definir el existente desde el 2004.
iii) El Ministerio de la Protección Social dejó de aplicar el artículo 444 del
Código Sustantivo del Trabajo al considerar, en los actos administrativos
demandados, que el requisito de realización de la asamblea de la
organización sindical en el término legalmente establecido, en la cual se
tomaron decisión no previstas en la norma, no era esencial.
II.5. El caso concreto
II.5.1. Los hechos acreditados conforme a las pruebas recaudadas
131. En relación con los hechos que se acreditan de acuerdo a las pruebas que obran
en el proceso, se advierte que “[…] Aerovías Nacionales de Colombia S.A.,
“Avianca”, Sociedad Aeronáutica de Medellín Consolidada, S.A., “SAM” y
Helicópteros Nacionales de Colombia S.A. “Helicol” (colectivamente, la “Empresa”)
[…]” y la “[…] Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, “ACDAC” […]”
suscribieron convención colectiva de trabajo vigente para el período comprendido
entre el 1 de abril de 2001 al 31 de marzo de 200355.
132. Dicha convención colectiva fue denunciada parcialmente por HELICOL,
mediante escrito56 presentado ante el Ministerio de la Protección Social el 30 de
marzo de 2004, y por la organización sindical ACDAC, en diligencia ante dicha
autoridad administrativa el 31 de marzo de 200457.
55
Fol. 10-20, C. 1.; Fol. 311-390, C. 1.
56
Fol. 21-25, C. 1.
57
Fol. 26, C. 1.
35
Radicación núm.: 11001 03 25 000 2010 00217 00
Demandante: HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
133. HELICOL, en diligencia de 13 de abril de 2004 58, recibió la denuncia parcial de
la convención colectiva presentada por la mencionada organización sindical.
134. Reposa el pliego de peticiones de 22 de abril de 200459 de la organización
sindical ACDAC a HELICOL S.A., del cual se acusó recibo por parte de la
accionante, manifestándole a ACDAC que las negociaciones se iniciarían el “[…]
viernes 30 de abril, a las 2:30 p.m., en la Calle 93 No. 12-48, Oficina 205, de esta
ciudad […]”60.
135. Se encuentra comunicación de la organización sindical ACDAC 61, dirigida a
HELICOL, de 28 de abril de 2004, mediante la cual se confirma que el 5 de mayo
de 2004, hora 2:30 p.m., iniciarán la negociaciones.
136. Está en el expediente el acta núm. 1 de 5 de mayo de 2004 62, en la cual la hoy
accionante dejó constancia que “[…] La Comisión Negociadora de ACDAC
abandonó el recinto y por ello suscribe esta acta por parte de la Comisión
Negociadora de HELICOL […]” y, además, que “[…] la etapa de arreglo directo
termina el día veintiséis (26) de mayo de 2004, de acuerdo con los términos legales.
[…]”.
137. HELICOL, el día 26 de mayo de 2004, suscribió, sin la presencia de la
organización sindical ACDAC, el acta de terminación de la etapa de arreglo directo,
señalando que “[…] El conflicto colectivo de trabajo deberá continuar las etapas
señaladas en la ley. Para ello se enviará el original de esta acta al Ministerio de la
Protección Social con el fin de que tomen las medidas legales conducentes […]”63.
138. Se encuentra la copia de la Resolución núm. 3794 de 4 de octubre de 2004 64, a
través de la cual el Ministerio de la Protección Social resolvió:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO. – CONMINAR a las partes para que en el término
de cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente, para
efectos de que surtan y desarrollen la etapa de arreglo directo como lo establece
[la] Ley. Vencido el anterior término las partes debe allegar el acta o actas de
acuerdo o desacuerdos ORGANIZACIÓN SINDICAL ASOCIACIÓN
COLOMBIANA DE AVIADORES CIVILES ACDAC y la empresa HELICOL S.A.
[…]”.
58
Fol. 27, C. 1.
59
Fol. 28-34, C. 1.
60
Fol. 35, C. 1.
61
Fol. 36, C. 1.
62
Fol. 38-39, C. 1.
63
Fol. 45, C. 1.
64
Fol. 46-55, C. 1.
36
Radicación núm.: 11001 03 25 000 2010 00217 00
Demandante: HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
139. El citado acto administrativo fue objeto del recurso de reposición y, en subsidio,
el de apelación impugnación por parte de HELICOL65.
140. La Resolución núm. 3451 de 26 de octubre de 200566 resolvió el recurso de
reposición, confirmando la decisión impugnada.
141. En el expediente se encuentra la Resolución núm. 1144 de 31 de mayo de
200667, mediante la cual el Ministerio de la Protección Social resolvió el recurso de
apelación en el sentido de confirmar en todas sus partes la Resolución núm. 3794
de 2004.
142. Por tal razón, HELICOL, en comunicación de agosto 22 de 200668, dirigida al
Ministerio de la Protección Social, informó que “[…] la iniciación de las
conversaciones se hará el día 28 de agosto de 2006 […]”.
143. En el expediente está el acta núm. 1 de 28 de agosto de 2006 69, suscrita
únicamente por los negociadores de HELICOL, la cual da cuenta de la reunión de
los representantes de la accionante con los negociadores de ACDAC, a fin de “[…]
fijar las reglas de juego para la negociación del pliego de peticiones presentando
(sic) a consideración de la empresa el día 22 de abril de 2004, se acordaron los
siguientes parámetros […]”.
144. El acta hizo constar que:
“[…] La comisión negociadora de Acdac afirma que si no se reconoce la vigencia
de la convención no proseguirán en esta negociación, y que adelantarán los
trámites correspondiente[s] ante el Ministerio de la Protección Social, a fin de
hacer efectiva la convención anterior (…) La empresa considera que la
negociación termina el día 16 de septiembre de 2006 fecha en la que han
transcurrido 20 días calendarios (sic), teniendo en cuenta la fecha de la primera
reunión, es decir agosto 28 de 2006 […]”.
145. HELICOL solicitó, en comunicación de 6 de marzo de 200770 dirigida al
Ministerio de la Protección Social:
“[…] de acuerdo a lo establecido en el artículo 434 del CST, nos permitimos
informar para los fines pertinentes que el pasado 16 de septiembre de 2006
venció la etapa de arreglo directo en el conflicto ACDAC-HELICOL, sin que las
partes hubiesen podido llegar a un acuerdo, y siendo la actividad de
Helicópteros Nacional de Colombia un servicio público, solicitamos,
comedidamente a ese despacho se convoque el tribunal de arbitramento con el
fin de resolver esta situación […]”.
65
Fol. 56-59, C. 1.
66
Fol. 43, C. 2.
67
Fol. 60-62, C. 1.
68
Fol. 63, C. 1.
69
Fol. 66-67, C. 1.
70
Fol. 75-77, C. 1.
37
Radicación núm.: 11001 03 25 000 2010 00217 00
Demandante: HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
146. El Ministerio de la Protección Social mediante la Resolución núm. 2864 de 21
de agosto de 200771, resolvió:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO. - Ordenar la constitución de un tribunal de
arbitramento obligatorio para que dirima el conflicto colectivo de trabajo
existente entre la empresa HELICÓPTEROS NACIONAL DE COLOMBIA
HELICOL S.A. y las organizaciones sindicales denominadas SINDICATO DE
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE AEREO y la
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AVIADORES CIVILES “ACDAC”, por las
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo […]”.
147. La precitada resolución fue objeto del recurso de reposición por parte de ACDAC
y resuelto mediante la Resolución núm. 4152 de 19 de noviembre de 200772, la cual
señaló:
“[…] En cuanto a la negociación adelantada entre HELICÓPTEROS
NACIONALES DE COLOMBIA HELICOL S.A. y la ASOCIACIÓN
COLOMBIANA DE AVIADORES CIVILES “ACDAC”, revisado el expediente
encontramos lo siguiente:
(…)
Así las cosas encuentra el Despacho que la etapa de arreglo directo no se ha
agotado en debida forma, toda vez que la empresa constituye acta de inicio de
la negociación con ACDAC en forma unilateral y posteriormente al solicitar la
convocatoria del Tribunal afirma que transcurridos los veinte días de ley, los
representantes de ACDAC no asistieron a las reuniones que las partes habían
acordado, pero tampoco aparecen las actas en las que se deje la constancia de
que los negociadores de la empresa si lo hicieron en cada una de las fechas
previamente fijadas, ni requerimiento de ninguna índole a la organización
sindical por su inasistencia, contándose tan sólo entonces con el decir de la
empresa, siendo de recibo las apreciaciones de la apoderada y el representante
legal de ACDAC, en el sentido de que “en un conflicto colectivo de trabajo, son
partes el sindicato y el empleador” rechazando de plano la actuación unilateral
de la empresa la cual consideran no puede crear efectos en contra de la
organización sindical.
En conclusión se evidencia el incumplimiento de lo dispuesto en la Resolución
1144 del 31 de mayo de 2006, expedida por la Directora Territorial de
Cundinamarca (E), presupuesto para avanzar a la siguiente etapa de la
negociación, ante lo cual existen suficientes argumentos para modificar
parcialmente la decisión adoptada en primera instancia por este Despacho en
la Resolución 2864 del 21 de agosto de 2007, en cuanto ordenó la constitución
de un tribunal de arbitramento obligatorio para que dirima el conflicto colectivo
existente entre la empresa HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA
HELICOL S.A., y las organizaciones sindicales denominadas SINDICATO DE
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE TRANSPORTE AÉREO y la
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AVIADORES CIVILES “ACDAC”, no siendo
procedente dicha convocatoria en relación con esta última organización, dado
que el acta de inicio de las conversaciones no cuenta con su firma y aquella con
la cual se culminan las negociaciones nunca se produjo, y es que difícilmente
71
Fol. 78-80, C. 1.
72
Fol. 236-239, C. 2.
38
Radicación núm.: 11001 03 25 000 2010 00217 00
Demandante: HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
podía darse, toda vez que la empresa asumió que las conversaciones no
continuarían y por ello a los dos días de haberse levantado el acta No. 1 efectuó
el depósito de la misma ante este Ministerio, como si se tratara del acta final,
sin serlo, y así lo reconoce la empresa cuando en los anexos de la solicitud de
convocatoria del Tribunal de Arbitramento anuncia acta de inicio de las
conversaciones, más no de finalización, como sí lo hizo en la negociación
adelantada con SINDITRA. Adolece entonces la etapa de arreglo directo de su
agotamiento pleno, requisito fundamental para la convocatoria del Tribunal.
(…)
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. – Modificar el artículo primero de la Resolución No. 2864
del 21 de agosto de 2007, proferida por este Viceministerio, ante las razones
expuestas en la parte motiva de este proveído, el cual quedará así:
“ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la constitución de un Tribunal de Arbitramento
Obligatorio, para que dirima el conflicto colectivo de trabajo existente entre la
empresa HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA HELICO S.A. y la
organización sindical denominada SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA DE TRANSPORTE AEREO.”
ARTÍCULO SEGUNDO. – Confirmar en todas sus partes los artículos segundo
y tercero de la Resolución 2864 del 21 de agosto de 2007. […]”
148. Se advierte en el expediente el acta de 8 de mayo de 2008 73, que da cuenta de
la reunión de los representantes de HELICOL y ACDAC, así como de funcionarios
del Ministerio de la Protección Social, para efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto “[…] en el acta de trámite de fecha 28 de abril de 2008, emanada por el
Ministerio de la Protección Social, de la Inspección diecisiete (sic) de trabajo […]” y
fijar las condiciones del proceso de negociación “[…] del pliego de peticiones
presentando a consideración de la empresa el día 22 de abril de 2004, y la denuncia
presentada por la Empresa ante el Ministerio de la protección Social (sic) el día 31
de marzo de 2004 […]”.
149. El acta hizo constar que:
“[…] En este estado de las conversaciones la organización sindical ACDAC
manifiesta su inconformidad con el acta propuesta y que no acepta las fórmulas
propuestas ni por el doctor VILLATE del Ministerio de la Protección Social ni por
los miembros del grupo negociador de HELICOL, para la firma del acta de inicio
de negociación, por lo cual cada una de las partes manifiesta su decisión de
suscribir actas independientes de la sesión de iniciación, con el fin de dar
cumplimiento al auto de trámite de fecha 28 de abril de 2008, emanada por el
Ministerio de la Protección Social, de la Inspección diecisiete de trabajo (sic),
en que las partes debe acreditar los documentos soporte donde conste la
iniciación de las conversaciones […]”.
150. Se encuentra en el expediente “[…] DILIGENCIA DE DENUNCIA […]” de 31 de
marzo de 200974, en la cual se señala que la organización sindical ACDAC denuncia
parcialmente la convención colectiva de trabajo vigente hasta ese día. Se allegó,
73
Fol. 100-101, C. 1.
74
Fol. 125, C. 1.
39
Radicación núm.: 11001 03 25 000 2010 00217 00
Demandante: HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
igualmente, documento suscrito por la organización sindical de fecha 27 de marzo
de 2009 en el cual consta el pliego de peticiones75.
151. La negociación colectiva, producto de la denuncia presentada por ACDAC se
inició el 15 de abril de 2009, de lo cual da cuenta el acta suscrita por los
representantes de HELICOL y ACDAC76 y, en desarrollo de tal trámite, consta que
se realizaron reuniones el 2177 y 2778 de abril; y el 579, 1480, 1981, 2282 y 2883 de
mayo, de 2009. En esta última reunión, conforme consta en el acta respectiva, se
manifestó que:
“[…] La organización sindical expresó a través de comunicación enviada vía fax,
que le era imposible asistir a la última reunión programada por la empresa para
el día 28 de mayo de 2009, a las 16:30 horas en la sala de juntas de la empresa
(…) Razón por la cual se suscribe la presente acta solo por los representantes
de la empresa, dejando constancia que después de haberse reunido no llegaron
a ningún acuerdo y dan por terminada la etapa de arreglo directo quedando las
partes en libertad de seguir con los procedimientos legales correspondientes
[…]”.
152. ACDAC, en comunicación de 9 de junio de 200984, le informó a HELICOL que:
“[…] La Asamblea General de pilotos de Helicol, reunida en la fecha para definir
entre Huelga o Tribunal de Arbitramento, según lo ordena el artículo 444 del
Código Sustantivo del Trabajo subrogado por el art. 61 de la ley 50 de 1990
(sic), por unanimidad tomó la decisión de persistir en el diálogo directo en busca
de un acuerdo en el Conflicto Colectivo de Trabajo promovido por ACDAC, con
la presentación de un Pliego de Peticiones.
Para el efecto nos apoyamos en las expresiones públicas del Doctor Germán
Efromovich frente a las tripulaciones y en el buen ambiente que junto con
ACDAC hemos logrado en las relaciones bilaterales colectivas e individuales de
trabajo, como sucedió recientemente con la negociación adelantada frente a
AVIANCA Y SAM. […]”.
153. Nuevamente ACDAC, en comunicación de 2 de julio de 200985, dirigida a
HELICOL señaló que:
“[…] Una vez más, la Asamblea General de Pilotos de HELICOL, reunida el día
26 de Junio de 2009 a las 16:00 horas en las instalaciones de ACDAC, con el
propósito de definir entre Huelga o Tribunal de Arbitramento, según lo ordena
el Artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 61
de la Ley 50 de 1990, por unanimidad, tomó la decisión de PERMANECER en
75
Fol. 126-129, C. 1.
76
Fol. 138-140, C. 1.
77
Fol. 146-148, C. 1.
78
Fol. 149-150, C. 1.
79
Fol. 151-152, C. 1.
80
Fol. 153-154, C. 1.
81
Fol. 155-156, C. 1.
82
Fol. 157-158, C. 1.
83
Fol. 159-160, C. 1.
84
Fol. 162, C. 1.
85
Fol. 165, C. 1.
40
Radicación núm.: 11001 03 25 000 2010 00217 00
Demandante: HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
diálogo directo en busca de un acuerdo en el Conflicto Colectivo de Trabajo
promovido por ACDAC, con la presentación de un Pliego de Peticiones.
Nuevamente nos apoyamos en las expresiones públicas del Doctor Germán
Efromovich frente a las tripulaciones, y en el buen ambiente que con ACDAC
hemos logrado en las relaciones bilaterales colectivas e individuales de trabajo,
como sucedió recientemente con la negociación adelantada frente a AVIANCA
y SAM […]”. (Negrilla y subrayado del texto).
154. HELICOL, en comunicación de 14 de julio de 200986, dirigida a ACDAC, le
manifestó que:
“[…] Compartimos sus apreciaciones respecto a seguir buscando espacios para
llegar a un acuerdo directo en el conflicto colectivo existente entre las partes y
es y ha sido el ánimo e interés de HELICOL en ese sentido. Es por ello que a lo
largo de la etapa de arreglo directo, incluida la prórroga legal acordada, hemos
hecho esfuerzos para presentar propuestas económicas que se fundamentan
en la realidad financiera del mercado y de la compañía, que permitan su
supervivencia y a su vez mantener los puestos de trabajo que la misma
proporciona.
De otro lado consideramos que el proceso de la negociación colectiva y su
solución debe seguir su curso legal de conformidad con las normas que usted
mismo cita. Sin embargo exhortamos a la organización que Ud. Dirige para [que]
revisen la posición que han mantenido desde el año 2004, de manera tal que
se logre el cierre definitivo de la negociación y por ende se garantice la
continuidad económica de la Compañía […]”
155. Posteriormente fueron expedidas los actos administrativos demandados, esto
es, las resoluciones núm. 3226 de 1° de septiembre de 2009 y 5234 de 21 de
diciembre de 200987, a través de las cuales se ordenó la constitución de un tribunal
de arbitramento obligatorio para dirimir el conflicto colectivo de trabajo existente
entre HELICOL y la organización sindical ACDAC.
156. El tribunal de arbitramento obligatorio constituido por orden de la autoridad
administrativa en las resoluciones demandadas profirió, el 6 de diciembre de 2010,
laudo arbitral88.
157. El tribunal de arbitramento, en relación con su competencia, señaló que se
limitaba a “[…] dirimir el conflicto colectivo de trabajo no resuelto entre las partes
inicialmente mencionadas, respecto de la etapa de arreglo directo que se inició el
15 de abril y terminó el 28 de Mayo de 2009; conflicto colectivo suscitado por el
pliego de peticiones que presentó ACDAC en el Ministerio de la Protección Social
mediante oficio del 27 de Marzo de 2009 (Folios 558 a 561, Cd. 1 reiterado a folios
922 a 925, Cd. 2) y a la empresa el 6 de abril de 2009 (Folio 562, Cd. 1) […]”.
86
Fol. 166, C. 1.
87
Fol. 169-181 y Fol. 220-232, C. 1.
88
Fol. 449-498, C. 1.
41
Radicación núm.: 11001 03 25 000 2010 00217 00
Demandante: HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
158. HELICOL presentó “[…] Recurso de homologación […]” contra el laudo
arbitral89, solicitando su nulidad, lo cual fue resuelto por la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 29 de noviembre de 2011,
expediente núm. 49.86290, en el sentido de “[…] FALLA: (…) NO ANULAR el Laudo
Arbitral del 6 de diciembre de 2010, proferido por el Tribunal de arbitramento (sic)
Obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo económico suscitado entre
la SOCIEDAD HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA- HELICOL S.A.- [y]
la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AVIADORES CIVILES -ACDAC-. […]”.
II.5.2. Los cargos formulados en contra de los actos administrativos
demandados
II.5.2.1. El Ministerio de la Protección Social no resolvió, de acuerdo con las
normas del CCA, el recurso de reposición interpuesto por el accionante, en
contra de la Resolución núm. 3226 de 1° de septiembre de 2009, en el cual se
le solicitó se definiera el conflicto colectivo entre HELICOL y ACDAC iniciado
en el 2004, lo cual desconoció la garantía del debido proceso contenido en el
artículo 29 de la Carta Política.
159. El recuento probatorio expuesto anteriormente acredita la existencia de dos
conflictos colectivos de trabajo entre HELICOL y ACDAC.
160. Uno iniciado con la denuncia de la convención colectiva con vigencia del 1 de
abril de 2001 al 31 de marzo de 2003 por parte de HELICOL y la organización
sindical ACDAC, el 30 y 31 de marzo de 2004, el cual no culminó por la vía que
establece el ordenamiento jurídico, esto es, siguiendo el artículo 452 del Código
Sustantivo del Trabajo91, por tribunal de arbitramento obligatorio, en razón a que,
en virtud de la Ley 336 de 20 de diciembre de 199692, el modo de transporte aéreo
es considerado un servicio público esencial93, lo cual implica, conforme el artículo
56 de la Carta Política94, que no sea posible el ejercicio del derecho de huelga.
161. Otro iniciado con la denuncia de la convención colectiva de trabajo vigente
presentada por ACDAC el 31 de marzo de 2009, el cual se dirimió por laudo arbitral
de 6 de diciembre de 2010, convocado por el Ministerio de la Protección Social a
través de las resoluciones demandadas, decisión arbitral que fue objeto del recurso
de anulación, resuelto por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante
sentencia de 29 de noviembre de 2011, decidiendo no anularla.
89
Fol. 517-557, C. 1.
90
Fol. 599-627, C. 1.
91
“[…] Artículo 452. Procedencia del arbitramento. (…) 1. Serán sometidos a arbitramento obligatorio: (…) a) Los conflictos
colectivos de trabajo que se presenten en los servicios públicos esenciales y que no hubieren podido resolverse
mediante arreglo directo […]” (Negrilla fuera del texto).
92
“[…] ESTATUTO GENERAL DE TRANSPORTE […]”.
93
“[…] ARTÍCULO 68. El Modo de Transporte Aéreo, además de ser un servicio público esencial, continuará rigiéndose
exclusivamente por las normas del Código de Comercio (Libro Quinto, Capitulo Preliminar y Segunda Parte, por el Manual de
Reglamentos Aeronáuticos que dicte la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, y por los Tratados, Convenios,
Acuerdos Prácticas Internacionales debidamente adoptados o aplicadas por Colombia. […]” (Negrilla fuera del texto).
94
“[…] ARTICULO 56. Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador.
[…]”.
42
Radicación núm.: 11001 03 25 000 2010 00217 00
Demandante: HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
162. El cargo formulado por la entidad accionante se enmarca en el primer conflicto
colectivo iniciado en el 2004, puesto que estima que la Resolución núm. 5234 de 21
de diciembre de 2009, no lo definió, lo cual desconoció la garantía del debido
proceso.
163. La Resolución núm. 5234 de 21 de diciembre de 2009, en relación con el
pedimento de la accionante, señaló:
“[…] Acerca del proceso de negociación iniciado por las partes en el año 2004,
sobre el cual el apoderado de la empresa considera importante anotar que no
se tiene claridad hasta el momento de su resultado, pues se terminó la etapa
de arreglo directo y no se convocó el correspondiente tribunal, a pesar de la
solicitud presentada por su representada en el momento; debemos informarle
que efectivamente con la Resolución No. 4152 del 19 de noviembre de 2007
este Ministerio al resolver los recursos de reposición interpuestos por el
presidente y la apoderada de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AVIADORES
“ACDAC”, en contra de la Resolución 2864 del 21 de agosto de 2007, resolvió
modificar el artículo primero de ésta, en el que se ordenaba la constitución de
un tribunal de arbitramento obligatorio para que dirimiera el conflicto colectivo
existente entre la empresa HELICÓPTEROS DE COLOMBIA HELICOL S.A. y
las organizaciones sindicales SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA DE TRANSPORTES AÉREO y la ASOCIACIÓN COLOMBIANAA
DE AVIADORES CIVILES “ACDAC”, en el sentido de ordenar la convocatoria
del tribunal de arbitramento solamente para la primera organización sindical,
puesto que con la segunda no se verificó el adelantamiento de la etapa de
arreglo directo.
Ante este hecho, es pertinente poner en conocimiento del apoderado de la
empresa lo expresado por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia de
Casación del 2 de septiembre de 2004, radicación 20766, en relación con la
culminación de los conflictos colectivos de trabajo. Al respecto se pronunció en
los siguientes términos el alto tribunal:
“El conflicto, como cualquier diferencia surgida entre sujetos de derecho y
obligaciones, debe tener su culminación, lo cual puede ocurrir bien por el
mecanismo de la autocomposición, o en subsidio por un tribunal de arbitramento
obligatorio convocado por la autoridad competente, o inclusive por situaciones
anormales…” (El subrayado es nuestro).
Circunstancia ésta referida en forma amplia por la misma Corte, en la sentencia
23843 citada líneas arriba, así:
“Ciertamente el artículo 36 del Decreto 1469 de 1978 estipula que la protección
a que se refiere el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 se inicia con la
presentación del pliego de peticiones al empleador y termina cuando se ha
solucionado el conflicto colectivo mediante la firma de la convención o el pacto,
o hasta que quede ejecutoriado el laudo arbitral.
“Una interpretación literal, gramatical o exegética de ese texto puede llevar a
aseverar, como de suyo lo hace el recurrente, que en todos los casos y
circunstancias en que se presente un pliego de peticiones al empleador
empieza a regir el denominado fuero circunstancial, el cual sólo se extingue
cuando se firma la convención o el pacto colectivo, o queda en firme el laudo
43
Radicación núm.: 11001 03 25 000 2010 00217 00
Demandante: HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
arbitral, si fuere el caso; según dicho entendimiento entonces si no se presenta
ninguna de estas últimas hipótesis el conflicto sigue latente y la protección foral
se perpetúa y continúa surtiendo todos sus efectos.
“Dicha exégesis resulta inobjetable, pero únicamente en aquellos trámites en
que el conflicto se desenvuelve normalmente, con pleno cumplimiento por las
partes negociadoras tanto de las etapas respectivas como de los términos y
plazos establecidos en la legislación laboral para cada una de ellas.
“Empero, si hay incumplimiento de alguno de esos pasos y ello por su gravedad
hace imposible la continuación del curso normal del trámite del diferendo,
naturalmente no puede suponerse que el conflicto sigue existiendo y de paso
también la protección foral, mucho menos si aquella situación se produjo en
virtud de un acto administrativo proferido por la autoridad del trabajo, que
se presume legal y válido mientras no sea anulado o suspendido por la
jurisdicción contencioso administrativa, y además una de las partes no
muestra interés en sanear la irregularidad en que la otra ha incurrido ni en zanjar
las diferencias por el mecanismo de autocomposición.
Es precisamente lo ocurrido en el caso que se estudio en el que la organización
sindical una vez terminó la etapa de arreglo directo no cumplió, según el
Ministerio del Trabajo, con su obligación de optar en correcta forma por la
declaratoria de huelga o por la convocatoria a un tribunal de arbitramento, pues
si bien la asamblea para esos efectos se citó y celebró dentro del plazo señalado
en la ley el número de trabajadores que escogió la opción del tribunal de
arbitramento resultó inferior al requerido legalmente, lo que llevó a que el
reseñado organismo público resolviera no constituirlo. En esas condiciones el
conflicto llegó a una situación insoluble ya que las disposiciones legales
vigentes no permiten seguir adelante con el proceso y pasar a la etapa
subsiguiente, retrotraer la actuación al momento inicial o realizar de nuevo la
asamblea por fuera del término previsto en el artículo 61 de la Ley 50 de 1990,
ni tampoco pasar por encima del acto administrativo antes indicado. En efecto,
la decisión de la autoridad del trabajo impide de suyo que pueda acudirse al
mecanismo de heterocomposición en el ámbito del derecho colectivo, como es
el tribunal de arbitramento, ni es dable tampoco realizar la huelga y presionar
un arreglo por esta vía, porque ello sería abiertamente ilegal. En esas
condiciones, el proceso de negociación llegó a un punto muerto, de donde es
dable predicar que terminó de manera anormal, por simple sustracción de
materia en tanto no es lógico pregonar la existencia de algo que perdió su razón
de ser y su esencia intrínseca.
Conviene señalar, finalmente, que lo ideal es que los conflictos colectivos de
trabajo alcancen su cabal desarrollo y sean resueltos, bien por las partes
directamente ora con la intervención de terceros, y a ello debe prestar el Estado
todo su concurso por así mandarlo la Carta Política en su artículo 55; sin
embargo, no puede pasar desapercibido que en algunas ocasiones, como aquí
ha acontecido, el proceso se trunca irremediablemente sin que quepa ninguna
posibilidad de solucionarlo por las vías normales..” (La negrilla y el subrayado
no son del texto).
En consonancia con lo expuesto, al no encontrar tampoco en los argumentos
de la empresa HELICOL S.A., fundamento legal que amerite la revocatoria de
la Resolución No. 003226 de 2009 […]” (negrilla y subrayado del texto).
164. La Sala colige de la argumentación expuesta en la resolución demandada que
la autoridad administrativa consideró que el conflicto colectivo entre HELICOL y
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Radicación núm.: 11001 03 25 000 2010 00217 00
Demandante: HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
ACDAC iniciado en el año 2004 terminó anormalmente, pues se hizo imposible la
continuación de su trámite que en el presente caso era la constitución de un tribunal
de arbitramento obligatorio para efectos de que profiriera el respectivo laudo arbitral.
165. Debe recordarse que mediante la Resolución núm. 4152 de 19 de noviembre de
2007, se modificó la Resolución núm. 2864 de 21 de agosto de 2007, a través de la
cual se había ordenado la constitución de un tribunal de arbitramento para dirimir el
conflicto colectivo de HELICOL y ACDAC iniciado en 2004, en razón a que no se
acreditó el agotamiento pleno de la etapa de arreglo directo, requisito fundamental
para acudir a dicho tribunal y, posteriormente, no consta que se haya desarrollado
aquella etapa.
166. De las dificultades que supuso la etapa de arreglo directo entre HELICOL y
ACDAC da cuenta la Resolución núm. 621 de 18 de marzo de 200995, expedida por
el Ministerio de la Protección Social y que resolvió una investigación administrativa
presentada en contra de HELICOL, en los siguientes términos:
“[…] LA NEGATIVA A NEGOCIAR POR PARTE DE HELICOL S.A.: (…) Para
esta Coordinación es claro que la partes en conflicto, es decir, ACDAC –
HELICOL han tenido acercamientos y se han sentado en la mesa de
negociación sin resultados satisfactorios, toda vez que no se ponen de acuerdo
y nunca han firmado actas de manera conjunta, pero cada uno la extiende por
parte y de manera unilateral (…) Es necesario anotar, que la última vez que se
sentaron en la mesa de negociaciones, las partes lo hicieron obedeciendo un
llamado por parte de este Ministerio, a través de la Directora Territorial de
Cundinamarca, quienes comparecieron a las instalaciones de este ente
Ministerial y después de haber debatido las fechas, horas y sitio de reuniones,
así como el permiso sindical para los negociadores, los negociadores de
ACDAC se retiraron de la mesa sin firmar el acta respectiva.
Así las cosas, e independientemente del resultado obtenido, este Despacho
observa que las partes en conflicto si se han sentado en la mesa de
negociaciones pero por diferencias que surgen durante el desarrollo de la
misma, ACDAC se retira y deciden hacer actas independientes de manera
unilateral, dejando constancias cada una de lo que sucedió. No es claro que
exista un[a] renuencia por parte de HELICOL en sentarse a negociar, pues los
documentos y pruebas que reposan en el expediente demuestran lo contrario y
se observa más bien, una actitud dilatoria por parte de la querellante cuando se
levanta de la mesa de negociaciones sin firmar el acta respectiva para después
argumentar una presunta negativa a negociar por parte de HELICOL.
CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA:
(…)
De lo anterior se colige que la duración de las conversaciones de un conflicto
colectivo no puede manipularse amañadamente por las partes a voluntad y
conveniencia de ellas, sino que el legislador señaló los términos para ser
acatados desde el mismo momento en que las partes denuncian la convención
y presentan el pliego de peticiones; lo que busca el legislador es que el conflicto
95
Fol. 83-93, C. 1.
45
Radicación núm.: 11001 03 25 000 2010 00217 00
Demandante: HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S.
colectivo no se vuelva indefinido en el tiempo violando el derecho a la
negociación colectiva tanto del empleador como de los trabajadores. El conflicto
colectivo ACDAC – HELICOL se volvió interminable e indefinido en el tiempo lo
que ha impedido que tengan un feliz término o que agoten otros medios de
solución de conflictos que les permitan resolver sus diferencias jurídicas y
conceptuales […]”
167. De esta manera, no se evidencia violación de las normas del CCA, en particular,
del artículo 59, el cual establece, al referirse a la “[…] vía gubernativa […]”, que “[…]
La decisión resolverá todas las cuestiones planteadas y las que aparezcan con
motivo del recurso, aunque no lo hayan sido antes […]”, ni de la garantía del debido
proceso prevista en el artículo 29 de la Carta Política.
168. El entendimiento anterior fue expuesto por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia en la citada sentencia de 29 noviembre de 2011,
expediente núm. 49.862, a través de la cual se decidió el recurso de anulación
presentado en contra del laudo arbitral de 6 de diciembre de 2010 que dirimió el
conflicto colectivo de HELICOL y ACDAC -iniciado en el 2009-, puesto que, pese a
considerar que no le correspondía pronunciarse sobre el argumento relativo a la
existencia de un proceso de negociación iniciado en el año 2004 y el cual para el
momento en que se profirió el mencionado laudo arbitral, aún no había terminado,
mencionó:
“[…] De suerte que, al no corresponderle a esta Corporación pronunciarse
sobre las presuntas irregularidades enrostradas por la sociedad Helicópteros
Nacionales de Colombia S.A.- Helicol S.A., concernientes a que la decisión es
nula, (i) dada la existencia de un proceso de negociación iniciado en el año 2004
y el cual para el momento en que se profirió el laudo arbitral, aún no había
terminado; (ii) por cuanto el sindicato no cumplió a cabalidad con las previsiones
establecidas en el artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo, y (iii) por
carecer de validez el acto administrativo proferido por el Ministerio de la
Protección Social que convocó al tribunal de arbitramento, porque, se insiste,
todas ellas son materias que escapan de la competencia trazada por la ley
laboral, no es dable anular el laudo arbitral en lo atinente a estos precisos
aspectos.
Con todo, se impone recordar lo adoctrinado por esta Sala en lo tocante a
los procesos de negociación colectiva que llegan a un punto muerto,
frente a los cuales es dable predicar que su terminación se produce de
manera anormal, por simple sustracción de materia en tanto no es lógico
pregonar la existencia de algo que perdió su razón de ser y su esencia
intrínseca.
Así lo recalcó en sentencia de casación de 11 de diciembre de 2002, radicación
19170:
“Ciertamente el artículo 36 del Decreto 1469 de 1978 estipula que la protección
a que se refiere el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 se inicia con la
presentación del pliego de peticiones al empleador y termina cuando se ha
solucionado el conflicto colectivo mediante la firma de la convención o el pacto,
o hasta que quede ejecutoriado el laudo arbitral.
Una interpretación literal, gramatical o exegética de ese texto puede llevar a
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aseverar, como de suyo lo hace el recurrente, que en todos los casos y
circunstancias en que se presente un pliego de peticiones al empleador
empieza a regir el denominado fuero circunstancial, el cual sólo se extingue
cuando se firma la convención o el pacto colectivo, o queda en firme el laudo
arbitral, si fuere el caso; según dicho entendimiento entonces si no se presenta
ninguna de estas últimas hipótesis el conflicto sigue latente y la protección foral
se perpetúa y continúa surtiendo todos sus efectos.
Dicha exégesis resulta inobjetable, pero únicamente en aquellos trámites en
que el conflicto se desenvuelve normalmente, con pleno cumplimiento por las
partes negociadoras tanto de las etapas respectivas como de los términos y
plazos establecidos en la legislación laboral para cada una de ellas.
Empero, si hay incumplimiento de alguno de esos pasos y ello por su gravedad
hace imposible la continuación del curso normal del trámite del diferendo,
naturalmente no puede suponerse que el conflicto sigue existiendo y de paso
también la protección foral, mucho menos si aquella situación se produjo en
virtud de un acto administrativo proferido por la autoridad del trabajo, que se
presume legal y válido mientras no sea anulado o suspendido por la jurisdicción
contencioso administrativa, y además una de las partes no muestra interés en
sanear la irregularidad en que la otra ha incurrido ni en zanjar las diferencias
por el mecanismo de la autocomposición.
Es precisamente lo ocurrido en el caso que se estudia en el que la organización
sindical una vez terminó la etapa de arreglo directo no cumplió, según el
Ministerio del Trabajo, con su obligación de optar en correcta forma por la
declaratoria de huelga o por la convocatoria a un tribunal de arbitramento, pues
si bien la asamblea para esos efectos se citó y celebró dentro del plazo señalado
en la ley, el número de trabajadores que escogió la opción del tribunal de
arbitramento resultó inferior al requerido legalmente, lo que llevó a que el
reseñado organismo público resolviera no constituirlo. En esas condiciones el
conflicto llegó a una situación insoluble ya que las disposiciones legales
vigentes no permiten seguir adelante con el proceso y pasar a la etapa
subsiguiente, retrotraer la actuación al momento inicial o realizar de nuevo la
asamblea por fuera del término previsto en el artículo 61 de la Ley 50 de 1990,
ni tampoco pasar por encima del acto administrativo antes indicado. En efecto,
la decisión de la autoridad del trabajo impide de suyo que pueda acudirse al
mecanismo de heterocomposición en el ámbito del derecho colectivo, como es
el tribunal de arbitramento, ni es dable tampoco realizar la huelga y presionar
un arreglo por esta vía, porque ello sería abiertamente ilegal. En esas
condiciones, el proceso de negociación llegó a un punto muerto, de donde es
dable predicar que terminó de manera anormal, por simple sustracción de
materia en tanto no es lógico pregonar la existencia de algo que perdió su razón
de ser y su esencia intrínseca.
Conviene señalar, finalmente, que lo ideal es que los conflictos colectivos de
trabajo alcancen su cabal desarrollo y sean resueltos, bien por las partes
directamente ora con la intervención de terceros, y a ello debe prestar el Estado
todo su concurso por así mandarlo la Carta Política en su artículo 55; sin
embargo, no puede pasar desapercibido que en algunas ocasiones, como aquí
ha acontecido, el proceso se trunca irremediablemente sin que quepa ninguna
posibilidad de solucionarlo por las vías normales; ahora, cuando a tal situación
se llega por causa imputable a los trabajadores debido a que no adoptaron las
decisiones en los términos y condiciones señaladas en las regulaciones legales,
no puede concluirse que el conflicto queda en estado de latencia, con todas las
consecuencias que de ello se derivan, como ya se dijo.
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Sería realmente absurdo que una situación propiciada por negligencia de los
propios trabajadores o de su organización sindical terminara favoreciéndolos
con la perpetuación del llamado fuero circunstancial; ello constituye un
contrasentido y una violación del viejo principio de derecho que reza que nadie
puede beneficiarse de su propia torpeza”.
En igual sentido consúltese, entre otras, las sentencias de casación del 16 de
marzo, 13 de mayo, 25 de mayo, 3 de agosto de 2005, radicaciones 23843,
24298, 24502 y 23651, respectivamente. […]” (Negrilla fuera del texto)
II.5.2.2. El Ministerio de la Protección Social, en los actos administrativos
demandados aplicó indebidamente las normas del Código Sustantivo del
Trabajo que regulan el proceso de negociación colectiva, el alcance de las
convenciones colectivas y su denuncia al convocar a un tribunal de
arbitramento obligatorio para resolver el conflicto colectivo iniciado en el 2009
y no definir el existente desde el 2004.
169. La accionante señaló que las resoluciones acusadas desconocieron las normas
que regulan el proceso de negociación colectiva (contenidas en los artículos 432,
433 y 434 del Código Sustantivo del Trabajo) y el alcance de las convenciones
colectivas y su denuncia (contenidas en los artículos 467, 468, 469 y 479 del Código
Sustantivo del Trabajo) insistiendo en que no era posible la convocatoria de un
tribunal de arbitramento para resolver el conflicto colectivo de 2009 sin que se
definiera el existente desde el 2004.
170. La Sala reitera los argumentos expuestos anteriormente y en los cuales se
señaló que la autoridad administrativa evidenció que, el conflicto colectivo iniciado
en el año 2004 había terminado de manera anormal, en la medida en que se hizo
imposible continuar el trámite previsto en el ordenamiento jurídico para dirimirlo.
171. Esta forma de terminación del conflicto colectivo fue abordada por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la citada sentencia de 29
noviembre de 2011, expediente núm. 49.862, a través de la cual se decidió el
recurso de anulación presentado en contra del laudo arbitral de 6 de diciembre de
2010 que dirimió el conflicto colectivo de HELICOL y ACDAC -iniciado en el 2009-.
172. De esta manera resultaba viable, en virtud de la terminación anormal del
conflicto colectivo de 2004, que se iniciara uno nuevo -en 2009- con la denuncia de
la convención colectiva vigente (prevista en el artículo 479 del Código Sustantivo
del Trabajo), que se desarrollara una etapa de arreglo directo conforme a los
artículos 432, 433 y 434 del Código Sustantivo del Trabajo y, finalmente, en la
medida en que no se había llegado a acuerdo, la convocatoria de un tribunal de
arbitramento obligatorio (siguiendo el artículo 452 del Código Sustantivo del
Trabajo) para que, a través de un laudo arbitral, se dirimiera el conflicto colectivo,
razón por la cual no se estableció violación de disposición legal alguna.
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II.5.2.3. El Ministerio de la Protección Social dejó de aplicar el artículo 444 del
Código Sustantivo del Trabajo al considerar, en los actos administrativos
demandados, que el requisito de realización de la asamblea de la organización
sindical en el término legalmente establecido, en la cual se tomaron
decisiones no previstas en la norma, no era esencial.
173. El artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo, que el accionante resalta
como transgredido, indica lo siguiente:
“[…] Artículo 444. Decisión de los trabajadores.
Concluida la etapa de arreglo directo sin que las partes hubieren logrado un
acuerdo total sobre el diferendo laboral, los trabajadores podrán optar por la
declaratoria de huelga o por someter sus diferencias a la decisión de un Tribunal
de Arbitramento.
La huelga o la solicitud de arbitramento serán decididas dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la terminación de la etapa de arreglo directo, mediante
votación secreta, personal e indelegable, por la mayoría absoluta de los
trabajadores de la empresa, o de la asamblea general de los afiliados al
sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores.
Para este efecto, si los afiliados al sindicato o sindicatos mayoritarios o los
demás trabajadores de la empresa, laboran en más de un municipio, se
celebrarán asambleas en cada uno de ellos, en las cuales se ejercerá la
votación en la forma prevista en este artículo y, el resultado final de ésta lo
constituirá la sumatoria de los votos emitidos en cada una de las asambleas.
Antes de celebrarse la asamblea o asambleas, las organizaciones sindicales
interesadas o los trabajadores, podrán dar aviso a las autoridades del trabajo
sobre la celebración de las mismas, con el único fin de que puedan presenciar
y comprobar la votación. […]”
174. En la Resolución núm. 3226 de 1° de septiembre de 2009, al respecto, se
señaló:
“[…] En las condiciones anotadas, no es consecuente que en la asamblea
realizada por ACDAC el día 26 de junio de 2009, se haya adoptado como
mecanismo adicional a la culminación de la etapa de arreglo directo, el de
permanecer en el diálogo (negritas de este Despacho) puesto que como ha
quedado demostrado la etapa de arreglo directo, terminó el 28 de mayo, es decir
que aquel término que es de carácter obligatorio inicial y mínimo ya se surtió y
cumplió su objetivo, y al no encontrar fórmula de arreglo, lo indicado es que la
asamblea debe recurrir a la siguiente etapa como mecanismo subsidiario, es
decir, bien sea la declaratoria de la huelga o la convocatoria de un tribunal de
arbitramento, de carácter voluntario u obligatorio, pero sólo podrá ocurrir si se
dan los presupuestos legales contenidos en el artículo 61 de la ley 50 de 1990,
es decir, en el evento en que la organización sindical tenga vocación de adoptar
dicha medida, por ser un sindicato mayoritario es decir que la asamblea general
de afiliados agrupe más de la mitad de los trabajadores de la empresa, o bien
porque la mayoría absoluta de los trabajadores así lo decidan.
Pero: en el presente caso, es palmario que siendo la actividad desarrollada por
la empresa Helicol S.A., de servicio público esencial definido por el legislador,
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la única alternativa que se tiene frente al conflicto, es la de someterlo a la
decisión de un tribunal de arbitramento de carácter obligatorio, por disposición
del legislador, circunstancia prevista en la ley 584 de 2000, artículo 9°,
enunciado precedentemente.
Por último, es importante recordar que si bien es cierto, la estructura normativa
de nuestro derecho colectivo prescribe, que son los trabajadores los únicos
autorizados para entrabar el conflicto de intereses con el propósito de optimizar
las condiciones de trabajo, no es menos cierto que finalizada la etapa de arreglo
directo cualquiera de las partes, e inclusive de oficio, tenga la opción de acudir
al mecanismo de la convocatoria del tribunal de arbitramento como garantía al
derecho de negociación, propiciando con ello que el conflicto tenga la solución
adecuada máxime cuando es de carácter obligatorio, como es el caso de autos
y en consecuencia no es proporcionado afirmar que los únicos revestidos de
vocación jurídica para hacerlo, sea la organización sindical en razón a que el
legislador no radicó en cabeza de ninguna de las partes la potestad de acudir
ante el operador administrativo a fin de que este acceda a la convocatoria para
lo cual, las partes deben llenar los requisitos exigidos por la ley. […]”
175. La Resolución núm. 5234 de 21 de diciembre de 2009, en relación con el
pedimento de la accionante, señaló:
“[…] En consecuencia, este Despacho confirma lo expresado en la resolución
recurrida en el sentido de que “no es consecuente que en la asamblea realizada
por ACDAC el día 26 de junio de 2009, se haya adoptado como mecanismos
adicional a la culminación de la etapa de arreglo directo, el de permanecer
dialogando” (…), toda vez que terminada esta etapa, sin que las partes
hubieren logrado un acuerdo total sobre el diferendo laboral, los trabajadores
podrán optar por la declaratoria de huelga o por someter sus diferencias a la
decisión de un Tribunal de arbitramento.
(…)
Ahora, si el conflicto se desarrolla en una empresa que presta un servicio
público esencial, los trabajadores no pueden optar por la huelga, caso en
el cual la etapa legalmente obligatoria que sigue es la convocatoria del
tribunal por el ministerio del ramo; si no se produce esa convocatoria, el
funcionario competente puede ver comprometida su responsabilidad
disciplinaria y posiblemente la de otra naturaleza, situación que es
extensiva a la del conflicto de sindicatos minoritarios” (…) (Corte Suprema
de Justicia Sala de Casación Laboral Sentencia del 30 de julio de 2007,
Radicación 32094, Magistrado Ponente Dr. Luis Javier Osorio López).
(…)
Así las cosas, el servicio prestado por la empresa HELICÓPTEROS
NACIONALES DE COLOMBIA S.A. ha sido definido por el legislador como
servicio público esencial y en consecuencia le es aplicable la disposición del
artículo 56 de la Constitución Política, a cuyo tenor:
“Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos
esenciales definidos por el legislador… (Negrilla y subrayado al margen del
texto) […]”
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176. La autoridad administrativa adoptó la decisión de ordenar la constitución de un
tribunal de arbitramento obligatorio, para dirimir el conflicto colectivo de trabajo
existente entre HELICOL y ACDAC, puesto que el transporte aéreo es catalogado,
conforme el artículo 68 de la Ley 336, como un servicio público esencial, lo cual
acarrea, siguiendo el artículo 56 constitucional, que no sea posible el derecho de
huelga y deba, conforme el artículo 452 del Código Sustantivo del Trabajo,
someterse el conflicto a un tribunal de arbitramento, ante el fracaso de la etapa de
arreglo directo.
177. Así las cosas, no es de relevancia la decisión adoptada en la asamblea de la
organización sindical ACDAC consistente en permanecer en dialogo con HELICOL,
puesto que, como lo resaltó la autoridad administrativa, tratándose el transporte
aéreo de un servicio público esencial, agotada la etapa de arreglo directo, el
conflicto colectivo sólo puede dirimirse por un tribunal de arbitramento obligatorio,
razón por la que no se evidencia violación del artículo 444 del Código Sustantivo del
Trabajo.
II.6. Conclusión
178. La Sala, acorde con los razonamientos expuestos, constató:
i) La configuración de la excepción de “[…] Ineptitud de la demanda por falta
de requisitos formales (indebida acumulación de pretensiones (sic) […]”
en relación con la pretensión sancionatoria en contra de los servidores
públicos del Ministerio de la Protección Social que expidieron los actos
administrativos demandados -numeral 4° de las pretensiones-.
ii) La no prosperidad de las excepciones de “[…] IMPROCEDENCIA DE LA
ACCIÓN […]”, “[…] INEPTA DEMANDA […]” y “[…] FALTA DE
CAPACIDAD JURÍDICA PARA COMPARECER […]” expuestas por la
accionada.
iii) La no prosperidad de las excepciones de “[…] Falta de Jurisdicción y
Competencia […]”, “[…] Inexistencia del demandado […]”, “[…]
Litisconsorcio necesario […]”, “[…] Pleito Pendiente […]”, “[…] Falta de
citación de la ACDAC para concurrir a este proceso […]”, “[…]
Constitucionalidad y legalidad de los Actos demandados […]”, “[…]
Imposibilidad de pronunciamiento por substracción de materia […]”, “[…]
Necesidad de Protección de los Derechos Fundamentales […]” y “[…]
Respeto por las decisiones del Tribunal de Arbitramento Obligatorio y de
la Corte Suprema de Justicia […]” formuladas por el tercero interviniente.
iv) La no prosperidad de las pretensiones de la demanda, en la medida que
no se logró acreditar el desconocimiento de las normas en que se han
debido fundar los actos administrativos demandados, en particular, las
normas enunciadas como violadas en la demanda.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de inepta demanda por indebida
acumulación de pretensiones, formulada por el tercero interviniente, en relación con
la pretensión sancionatoria contenida en el numeral 4° de las pretensiones de la
demanda.
SEGUNDO: DECLARAR la no prosperidad de las excepciones propuestas por la
parte accionada y de las demás excepciones propuestas por el tercero interviniente.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las
anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Salva voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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