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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00136-00

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00136-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad formulada por Organización Sindical SINTRAMIENERGÉTICA contra las Resoluciones 3256 del 13 de septiembre de 2013; 4229 del 5 de noviembre de 2013; 4557 del 22 de noviembre de 2013 y 4901 del 9 de diciembre de 2013, suscritas por el Ministerio del Trabajo, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co 17 Radicado: 11001032500020160013600 (0647-2016) Demandante: Organización Sindical SINTRAMIENERGÉTICA Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2016-00136-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad
Radicación: 11001032500020160013600 (0647-2016)
Demandante: Organización Sindical SINTRAMIENERGÉTICA
Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo
Temas: Convocatoria a Tribunal de Arbitramento
Decisión: Niega pretensiones

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
_________________________________________________________________

1. Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad promovido por la Organización Sindical SINTRAMIENERGÉTICA contra la
Nación – Ministerio del Trabajo.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

2. En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137
del CPACA, 1 SINTRAMIENERGÉTICA, actuando por intermedio de apoderado,
interpuso demanda en orden a que se anulen las siguientes Resoluciones: i) 3256
del 13 de septiembre de 2013, que dispuso la convocatoria del Tribunal de
Arbitramento Obligatorio para que estudie y decida el conflicto colectivo de trabajo
existente entre la empresa DRUMMOND LTD y el sindicato demandante; ii) 4229
del 5 de noviembre de 2013, que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra
la anterior decisión y la confirmó; iii) 4557 del 22 de noviembre de 2013, que desató
el recurso de apelación incoado dentro de dicha actuación y ratificó la postura de la
administración; y iv) 4901 del 9 de diciembre de 2013, por la cual se integró el
aludido tribunal de arbitramiento. Los mencionados actos fueron suscritos por el
Ministerio del Trabajo.

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

3. El demandante sostuvo que los actos acusados quebrantaron los artículos
1, 2, 6, 25, 39, 53, 56, 93 y 94 de la Constitución Política; 444, 445, 447, 448, 452

1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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y 486 del CST;2 61, 62 y 63 de la Ley 50 de 1990; 17,18 y 20 de la Ley 584 de 2000;
y el Decreto 2551 de 1993.

4. Al desarrollar el concepto de violación, el actor planteó los siguientes cargos:

i) El Ministerio del Trabajo aceptó la convocatoria a un tribunal de arbitramento
con desconocimiento del ordenamiento superior y de los derechos de asociación
sindical y debido proceso. En concreto, los actos acusados incurrieron en las
siguientes irregularidades:

a) Son inconsistentes en el número de votantes y de votos a favor y en
contra de la convocatoria a tribunal de arbitramento. En efecto, en la
Resolución 3256 de 2013 se especificó que el número total de votos fue de
2581 (2499 por el sí y 51 por el no); sin embargo, en la Resolución 4557 de
2013 se contabilizaron 2631 votantes (2549 por el sí).

b) Vulneraron el Convenio 87 de la OIT, ya que el derecho a la huelga
es un «medio de presión legítimamente utilizado y bajo los procedimientos
establecidos, no puede ser limitado por las entidades estatales». Además, la
huelga efectuada inicialmente fue legal, pacífica y no excedió el tiempo
permitido para ello, por lo que no había razones para suspenderla.

c) Desconocieron que, conforme a los artículos 444, 445 y 448 3 del
CST,4 el sindicato mayoritario (en este caso SINTRAMIENERGÉTICA) es el
que tiene la titularidad del conflicto, es el único facultado para convocar a
asamblea y solamente la mayoría absoluta de los trabajadores sindicalizados
tiene la potestad de elegir entre convocar a tribunal de arbitramento o declarar
la huelga, por ende, tal decisión es vinculante para los demás trabajadores.
Sin embargo, el Ministerio del Trabajo permitió que, por un lado, la
convocatoria a la asamblea fuera realizada por 47 trabajadores no
sindicalizados, que ocupaban cargos de dirección y confianza en la empresa;
y, de otro lado, que la asamblea fuera integrada por trabajadores
sindicalizados y no sindicalizados.

ii) El Ministerio del Trabajo excedió las atribuciones conferidas por el artículo 4
del Decreto 2519 de 1993, ya que no se circunscribió a presenciar y comprobar
la votación, sino que participó activamente y desconoció la autonomía sindical,
pese a que no podía «intervenir en el proceso decisorio, elaborar o redactar actas
del mismo». En suma, se permitió que quienes no eran titulares del conflicto
provocaran su terminación y se autorizó una votación dejando de lado a la
asamblea de los trabajadores sindicalizados.

2 Código Sustantivo del Trabajo.
3 Modificado por el artículo 18 de la Ley 584 de 2000.
4 Modificados por los artículos 61, 62 y 63 de la Ley 50 de 1990, respectivamente.

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iii) Los actos acusados también evidenciaron la intervención indebida de la
cartera ministerial, pues se dejó plasmado que «en el Municipio de El Copey, en
el puesto de votación de la alcaldía, la inspectora del trabajo comisionada deja
constancia en el acta "siendo el día 5 de septiembre a las 6 de la tarde se procede
a levantar el acta de conteos, y se continua con la misma cifra de 5 votos, siendo
firmadas por la suscrita, el trabajador de la Drummond y un testigo", sin
mencionar si eran a favor del Sl para someter el diferendo al tribunal de
arbitramento, para continuar con la huelga, en blanco o nulos." Ante tal
circunstancia procedimos a revisar los votos en físico aportados por los
trabajadores convocantes, se pudo establecer que estas correspondían como se
menciona en el informe de los trabajadores a 4 votos por el Sl para convocar a
tribunal de arbitramento poniendo fin a la huelga, uno por el NO a convocar
tribunal, es decir convocar la huelga, con un total de votos de 5 votos».

1.2. Contestación de la demanda

5. El Ministerio del Trabajo se opuso a las pretensiones de la demanda, con
base en los siguientes argumentos:

i) La mayoría absoluta de los trabajadores de la Empresa Drumond Ltd., en
asamblea, decidieron convocar a tribunal de arbitramento. Al respecto, en la
Resolución 3256 de 2013, se indicó que «el numeral 3º del artículo 448 del
Código Sustantivo de Trabajo, otorga la facultad a los trabajadores de la empresa
para que en asamblea general, estos puedan someter a votación si desean o no
sujetar las diferencias persistentes al fallo de un Tribunal de Arbitramento y con
base en esta normatividad, es que un grupo de trabajadores no sindicalizados
de la empresa DRUMMOND LTD., toma la iniciativa de convocar a una asamblea
general de trabajadores, con el fin de poner fin a la huelga y retornar a sus
labores, solicitando para ello que los funcionarios de este Ministerio presenciaran
y comprobaran las mencionadas asambleas con el fin de continuar en la solución
del mencionado conflicto se opta por votar el Tribunal de Arbitramento».

ii) Las resoluciones demandadas estudiaron los argumentos referentes a la
inadecuada apreciación probatoria y las irregularidades en la votación, que ahora
alega la parte actora.

iii) El Ministerio del Trabajo actuó dentro de su ámbito de competencia y con
sujeción al ordenamiento superior, conforme lo ratificaron los jueces que
rechazaron las acciones de tutela incoadas por SINTRAMIENERGÉTICA en las
que se ventilaron razonamientos similares a los que fundan las pretensiones de
este medio de control.

iv) Se propone la excepción de ineptitud de la demanda por inadecuada

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fundamentación del concepto de violación.

II. TRÁMITE EN ÚNICA INSTANCIA

2.1. Admisión y sentencia anticipada

6. Por auto del 23 de septiembre de 2016, se admitió la demanda.

7. Mediante auto del 25 de abril de 2025, el despacho ponente evidenció la
posibilidad de emitir sentencia anticipada dentro del sub lite, en los términos del
artículo 182A del CPACA. En consecuencia, se dispuso: a) negar la excepción de
inepta demanda; b) prescindir de las audiencias inicial y de pruebas, previstas en
los artículos 180 y 181 del CPACA; c) resolver sobre las pruebas aportadas y
solicitadas; d) fijar el litigio; e) correr traslado a las partes y al Ministerio Público
para presentar alegatos de conclusión y concepto, respectivamente.

2.2. Alegatos de conclusión

8. El Ministerio del Trabajo reiteró los argumentos expuestos en la contestación
de la demanda.

2.3. Ministerio Público

9. El agente del Ministerio Público no rindió concepto

10. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

3.1. Cuestión previa

11. Previo a estudiar el fondo de la controversia, es pertinente anotar que el presente
asunto fue admitido bajo el medio de control de nulidad simple, criterio que también
ha sido acogido en casos análogos;5 sin embargo, esta corporación en algunas
oportunidades ha considerado que la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho es la vía idónea para debatir las resoluciones que convocan a tribunales
de arbitramento en el marco de conflictos colectivos de trabajo.6

5 Ver las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) Sección Primera, sentencia del 30 de mayo de 2024,

radicado 11001 03 25 000 2010 00217 00; ii) Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de octubre de
2009, radicado 11001 03 25 000 2005 002 3200 (9902-2005); iii) Sección Segunda, sentencia del 9 de julio de
2009, radicado 11001-03-25-000-2004-00015-01 (0084-04); iv) Sección Segunda, sentencia del 3 de marzo de
2005, radicado 11001-03-25-000-2000-00116-00 (1978-00).
6 Ver las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) Sección Segunda, Subsección B, auto del 26 de

febrero de 2024, radicado 11001-03-24-000-2023-00047-00 (5375-2023); ii) Sección Segunda, Subsección A,

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12. Con todo, la Sala seguirá adelantando el estudio del sub lite conforme al medio
de control de nulidad simple, teniendo en cuenta que el proceso fue admitido sin
salvedades y la parte accionada no se opuso a la escogencia de dicho mecanismo,
por ende, resultaría injustificado sorprender a las partes al momento de emitirse el
fallo con un cambio del procedimiento que ha conducido al expediente hasta esta
etapa.

13. Además, si se considerara que la demanda de la referencia debía tramitarse por
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, las reglas de
competencia vigentes para el momento de su radicación también permiten concluir
que el Consejo de Estado tenía la competencia para estudiarla en única instancia.

14. Es así como el artículo 149 del CPACA, antes de ser modificado por la Ley 2080
de 2021, preceptuó que esta corporación conocería de los asuntos de «nulidad y
restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en los cuales se
controviertan actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional».

15. A su turno, el actor agotó el requisito de conciliación prejudicial y la demanda se
interpuso dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de la actuación
administrativa acusada, por lo que tampoco se configuró la caducidad de la acción
y se cumplieron los presupuestos para su admisibilidad.

16. Entonces, conforme a los postulados de buena fe, confianza legítima, respeto
del acto propio y acceso efectivo a la administración de justicia, la Sala se
pronunciará frente a las pretensiones de nulidad simple formuladas por
SINTRAMIENERGÉTICA contra las resoluciones proferidas por el Ministerio del
Trabajo que convocaron a un tribunal de arbitramento.

3.2. Problema jurídico

17. De acuerdo con los argumentos planteados en la demanda y su contestación, le
corresponde a la Sala determinar si los actos demandados, quebrantaron el
ordenamiento superior, conforme a los cargos de nulidad expuestos por el sindicato
accionante.

3.3. Asociación sindical y conflicto colectivo

18. El artículo 39 de la Constitución Política dispone que los trabajadores y
empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención
del Estado. Además, su estructura interna y funcionamiento debe sujetarse al orden
legal y a los principios democráticos.

auto del 3 de marzo de 2016, radicado 11001-03-24-000-2013-00453-00 (0880-14); iii) Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 30 de octubre de 2003, radicado 11001-03-25-000-1998-0026-01 (223-98).

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19. Este derecho también se encuentra consagrado en diferentes instrumentos
internacionales, como son los Convenios 87 y 98 de la OIT, la Declaración Universal
de Derechos Humanos,7 la Convención Americana sobre Derechos Humanos,8 y el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.9 La Corte Constitucional ha
aclarado que dichos instrumentos integran el bloque de Constitucionalidad «en
razón a que son un referente para interpretar los derechos de los trabajadores y
darle plena efectividad al principio fundamental de la protección del trabajador
(C.P., art. 1) y al derecho al trabajo (C.P. arts. 25 y 53)».10

20. A su turno, la Corte Constitucional en Sentencia C-797 de 2000 expresó que
la libertad sindical comporta:11

i) El derecho de todos los trabajadores, sin discriminación ni distinción alguna,
para agruparse a través de la constitución de organizaciones permanentes que
los identifican como grupos con intereses comunes, y cuya defensa propugnan.
Este derecho implica la libertad tanto para afiliarse como para retirarse de dichas
organizaciones.

ii) La facultad de constituir y organizar estructural y funcionalmente las referidas
organizaciones y conformarlas automáticamente como personas jurídicas, sin la
injerencia, intervención o restricción del Estado.

iii) El poder de las organizaciones de trabajadores de determinar el objeto de la
organización, condiciones de admisión, permanencia, retiro o exclusión de sus
miembros, régimen disciplinario interno, órganos de gobierno y representación,
constitución y manejo del patrimonio, causales de disolución y liquidación,
procedimiento liquidatorio, y otros aspectos que atañen con su estructura,
organización y funcionamiento, que deben ser, en principio, libremente
convenidos por los miembros de las asociaciones sindicales al darse sus propios
estatutos o reformarlos, salvo las limitaciones que válidamente pueda imponer el
legislador.

iv) La facultad de las asociaciones sindicales para formular las reglas relativas a
la organización de su administración, así como las políticas, planes y programas
de acción que mejor convengan a sus intereses, con la señalada limitación.

7
Artículo 23.
8 Artículo 16.
9 Artículo 22.
10 Sentencias Sentencia T-568 de 1999, C-401 de 2005 y T-285 de 2006.
11 Ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 18 de julio de 2024, radicado

08001-23-33-000-2015-00031-01 (0236-2017).

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v) La garantía de que las organizaciones de trabajadores no están sujetas a que
la cancelación o la suspensión de la personería jurídica sea ordenada por la
autoridad administrativa, sino por vía judicial.

vi) El derecho de las organizaciones sindicales para constituir y afiliarse a
federaciones y confederaciones nacionales e internacionales.

vii) La inhibición, para las autoridades públicas, incluyendo al legislador, de
adoptar regulaciones, decisiones o adelantar acciones que tiendan a obstaculizar
el disfrute del derecho a la libertad sindical.

21. Por su parte, el ordenamiento superior12 promueve la negociación colectiva
entre trabajadores y empleadores como un instrumento para la concertación libre y
voluntaria de las condiciones laborales y la reivindicación de los derechos de los
trabajadores.

22. En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia 13 ha explicado que la
negociación colectiva presupone una contraposición de intereses al interior de las
relaciones del trabajo, razón por la que el legislador reguló en forma detallada el
trámite que deben cumplir los actores del conflicto laboral con el propósito de lograr
su solución.

23. Entonces, ante un conflicto colectivo (el cual nace con la presentación del
pliego de peticiones al empleador, bien sea por parte de la organización sindical o
por los trabajadores no sindicalizados),14 el CST establece el agotamiento de la
etapa de arreglo directo, 15 prevé la declaratoria y desarrollo de una eventual
huelga,16 regula el procedimiento de arbitramento y la suscripción de la convención
o pacto colectivo.17

3.4. El caso concreto. Análisis de los cargos de nulidad

24. La parte accionante sostuvo que el Ministerio del Trabajo aceptó la
convocatoria a un tribunal de arbitramento en contravía del ordenamiento superior
y de los derechos de asociación sindical, huelga y debido proceso. En especial, se
desconoció que, conforme a los artículos 444, 445 y 44818 del CST19, el sindicato
mayoritario (en este caso SINTRAMIENERGÉTICA) es el que tiene la titularidad del
conflicto, es el único facultado para convocar a asamblea y solamente la mayoría

12 Ver artículos 55 de la Constitución Política, 432 a 436 del CST y Convenio 154 OIT.
13 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia SL16788-2017 del 3 de octubre de 2017,

Radicación n.° 52324.
14 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia SL4142-2019 del 25 de septiembre de 2019,

Radicación n.° 78971.
15 Artículos 432 a 436.
16 Artículos 444 a 449.
17 Título III, capítulos I y II
18 Modificado por el artículo 18 de la Ley 584 de 2000.
19 Modificados por los artículos 61, 62 y 63 de la Ley 50 de 1990, respectivamente.

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absoluta de los trabajadores sindicalizados tiene la potestad de elegir entre
convocar a tribunal de arbitramento o declarar la huelga, por ende, tal decisión es
vinculante para los demás trabajadores. Sin embargo, el Ministerio del Trabajo
permitió que, por un lado, la convocatoria a la asamblea fuera realizada por 47
trabajadores no sindicalizados, que ocupaban cargos de dirección y confianza en
la empresa; y, de otro lado, que la asamblea fuera integrada por trabajadores
sindicalizados y no sindicalizados.

25. Ahora bien, los artículos 444, 20 445 21 y 448 22 del CST, invocados por el
actor, disponen:

Artículo 444. Decisión de los trabajadores. Concluida la etapa de arreglo directo
sin que las partes hubieren logrado un acuerdo total sobre el diferendo laboral, los
trabajadores podrán optar por la declaratoria de huelga o por someter sus diferencias
a la decisión de un Tribunal de Arbitramento.
[…].

Artículo 445. Desarrollo de la huelga.
[...]
2. Durante el desarrollo de la huelga, la mayoría de los trabajadores de la empresa o
la asamblea general del sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de
aquellos trabajadores, podrán determinar someter el diferendo a la decisión de un
Tribunal de Arbitramento.
[...]

Artículo 448. Funciones de las autoridades.
[...]
3. Declarada la huelga, el sindicato o sindicatos que agrupen la mayoría de los
trabajadores de la empresa o, en defecto de estos, de los trabajadores en asamblea
general, podrán someter a votación la totalidad de los trabajadores de la empresa, si
desean o no, sujetar las diferencias persistentes a fallo arbitral. Si la mayoría absoluta
de ellos optare por el tribunal, no se suspenderá el trabajo o se reanudará dentro de
un término máximo de tres (3) días hábiles de hallarse suspendido.

26. De acuerdo con las anteriores normas, se observa que
SINTRAMIENERGÉTICA no era el único facultado para poner fin a la huelga
inicialmente declarada; por el contrario, conforme al artículo 448 del CST, «los
trabajadores en asamblea general» estaban legalmente facultados para decidir
culminar la huelga y someter el conflicto colectivo a tribunal de arbitramento.

27. La Corte Suprema de Justicia declaró la exequibilidad de la referida
disposición, con fundamento en los siguientes argumentos:23

Bajo el rubro de "funciones de las autoridades", este artículo define en realidad cómo
ha de efectuarse la huelga y cuál ha de ser su desarrollo, garantizando, como ya lo

20 Modificado por el artículo 61 de la Ley 50 de 1990.
21 Modificado por el artículo 62 de la Ley 50 de 1990.
22 Modificado por los artículos 62 de la Ley 50 de 1990 y 18 de la Ley 584 de 2000.
23 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, Sentencia No. 115 del 26 de septiembre de 1991, Radicación No.:

2304.

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hacía la legislación anterior, que la cesación del trabajo, votada por una mayoría de
los trabajadores de la empresa o por la asamblea del sindicato o sindicatos que
agrupen a más de la mitad de los mismos, no podrá ser desconocida por los
disidentes y será, entonces, efectiva.

Esta disposición da al Ministerio del ramo la facultad oficiosa o pedida para convocar
a los trabajadores de la empresa para que decidan, una vez decretada la huelga, si
se acogen a un tribunal arbitral que le ponga fin. […].

Sobre todo en sus momentos de auge, el movimiento sindical siempre quiso que el
derecho de huelga fuera absoluto e ilímite [sic] de manera que el conflicto colectivo
solamente pudiese ser superado debido a su voluntad soberana e incondicional; se
reconoció, sin embargo, que la huelga no afecta solamente los intereses de los
trabajadores que en ella se apoyan para lograr sus fines sino también los de la
empresa y en general el orden económico que merecen igual protección; era
necesario, en consecuencia, buscar el equilibrio entre los intereses opuestos y así lo
comprendió el constituyente de 1936 que no permitió la huelga en los servicios
públicos y defirió a la ley la reglamentación de su ejercicio, como lo ha hecho, con
muy buen juicio, el precepto que se examina; la imagen bien conocida de
instituciones industriales desoladas, abandonadas, inútiles, indefinidamente libradas
al deterioro y la improductividad, como testigos permanentes de un conflicto que
nadie quiso resolver para rescatar los bienes perdidos y el mismo empleo, sirvió para
que la ley acudiera a evitar el empobrecimiento general y el daño social que la
contumacia de las partes irrogaba, mediante métodos alternativos que dejaran a
salvo la protección debida a todos y que ahora tienen especial apoyo en el artículo
55 constitucional, conforme al cual "es deber del Estado promover... los demás
medios para la solución pacífica delos conflictos colectivos del trabajo", como lo es,
precisamente, la instancia arbitral.

28. Se destaca que la Corte Constitucional, mediante las Sentencias C-548 de
1994 y C-085 de 1995 dispuso estarse a lo resuelto en la providencia transcrita y,
mediante la Sentencia C-330 de 2012, nuevamente se declararon exequibles los
artículos 445 (numeral 2) y 448 (numeral 3), por los cargos analizados.

29. De acuerdo con lo anterior, la mayoría de los trabajadores de una empresa,
sindicalizados y no sindicalizados, tienen la potestad de votar la culminación del
cese de actividades y someter el conflicto a tribunal de arbitramento.

30. Tal facultad cobra sentido si se tiene en cuenta que la huelga comporta altas
repercusiones económicas y sociales, pues impacta en forma directa a los
trabajadores y a su círculo cercano, dado que su efecto jurídico es la suspensión
de los contratos de trabajo y, por consiguiente, los empleados dejan de percibir
salarios.24

31. De ahí que resulte comprensible que los trabajadores opten por reanudar los
vínculos laborales, durante la existencia del conflicto colectivo, pero con la
intervención de un tercero, esto es, un tribunal de arbitramento. Esta posibilidad es
armónica con el principio democrático y el derecho a la participación que son

24 Artículo 449 del CST.

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transversales a las diferentes esferas en que se desenvuelve la sociedad,
incluyendo las relaciones de trabajo.

32. En similar sentido, en torno al contenido y alcance del artículo 445, numeral
2, del CST, la Corte Suprema de Justicia ha expresado:25

[…] durante el desarrollo de la huelga, tanto la mayoría de los trabajadores de la
empresa o la asamblea general del sindicato que agrupe más de la mitad de los
trabajadores de aquella, pueden someter el diferendo a la decisión de un Tribunal de
Arbitramento. De manera que, si la opción corresponde a la mayoría de los
trabajadores de la sociedad, deberán presentar ante el Ministerio de Trabajo, la lista
de los trabajadores que escogieron esta posibilidad con la firma y número de
identificación de cada uno de ellos, la cual se cotejará con la nómina de la empresa
[…].
En este contexto y las normas atrás reproducidas, como la decisión la tomó la
mayoría de los trabajadores de la empresa, lo que les correspondía hacer – y así lo
hicieron- era presentar ante el Ministerio de Trabajo, la lista de los trabajadores que
optaron por tal resolución, con la firma y número de identificación de cada uno de
ellos, relación que tiene que cotejarse con la nómina de la empresa, sin que se
impongan los requisitos a que hace mención la sentencia recurrida, tales como la
necesidad de que aparezca la constancia de quién hizo la convocatoria o que se
indique quién o quiénes fungieron como presidente y secretario de la asamblea, o
que en el escrutinio final se indique cuántos fueron los votos en contra de someter el
desacuerdo colectivo a un tribunal.
[…]
Desde el punto de vista lógico conforme al principio de la dogmática jurídica universal,
según el cual en derecho las cosas se deshacen como se hacen, obliga recordar
que lo que se consignó en las actas de votación que adelantó la organización sindical
minoritaria para decidir por la huelga o por la solicitud de arbitramento, resulta igual
a lo que se declaró en los escrutinios que llevaron a cabo los trabajadores de la
empresa para decidir si terminaban la huelga y sometían la solución del conflicto
colectivo a un Tribunal de Arbitramento, puesto que en las dos oportunidades se
registró el total de los trabajadores en cada una de las fincas, el número de los que
votaron «por la huelga o por el tribunal» y «a favor del levantamiento del cese de
actividades», se acompañaron con los listados de los trabajadores -sin ningún
membrete- que exhiben el nombre, número de identificación y firma de cada uno de
ellos.

33. Así las cosas, durante el desarrollo de la huelga, la mayoría de los
trabajadores de la empresa puede decidir levantar el cese de actividades para, en
su lugar, someter el diferendo a la decisión de un tribunal de arbitramento. La única
formalidad para surtir este procedimiento es que los empleados que escogieron tal
solución la remitan al Ministerio del Trabajo, con la firma y número de identificación
de cada uno de ellos, la cual se coteja con la nómina de la empresa, por lo que
resulta insustancial verificar quién o quiénes hicieron la convocatoria para realizar
el escrutinio.

34. En este caso se demostró que algunos trabajadores de la Sociedad
Drummond Ltd. solicitaron al Ministerio del Trabajo el acompañamiento para

25 Corte Suprema de Justicia, Sentencia SL4023-2019 del 17 de julio de 2019, Radicación n.° 84399.

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presenciar y verificar las votaciones que se surtirían en asamblea general con miras
a determinar si seguirían en huelga o si se sujetarían a un tribunal de arbitramento.

35. La primera solicitud se radicó el 23 de agosto de 2013 y fue firmada por 47
trabajadores. Luego, el 23 de agosto de 2013, se elevaron varias peticiones ante
diferentes inspectores del trabajo regionales y cada una fue suscrita por entre 1 y 4
trabajadores de Drummond Ltd.

36. En el expediente no está acreditado cuáles de los referidos solicitantes eran
sindicalizados y cuáles no o quiénes ocupaban cargos de dirección y confianza; sin
embargo, tal información resulta irrelevante, pues, como quedó expuesto, unos y
otros estaban facultados para ponerle fin a la huelga, según lo prevén los artículos
445 y 448 del CST. Dicha solicitud se fundó en los siguientes motivos:

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE TRABAJADORES
DRUMMOND LTD. (COLOMBIA)

Nosotros los empleados de Drummond Ltd, teniendo en cuenta que:

• El cese de actividades llevado a cabo por parte de Sintramienergética se ha
prolongado por más de treinta (30) días y que los perjuicios para los empleados y
nuestras familias, los trabajadores de proveedores y contratistas con sus familiar, la
región y el país, en general, son cada día mayores y de proporciones devastadoras.

• Durante el desarrollo de la huelga la la mayoría de los trabajadores de la Empresa
podemos optar por la terminación del cese de actividades y someter la resolución del
conflicto colectivo de trabajo a un tribunal de arbitramento.

CONVOCAMOS A UNA ASAMBLEA GENERAL DE TRABAJADORES PARA
LOS DÍAS 3, 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE DE 2013

37. Al plenario se allegó el acta de la asamblea general de empleados de la
empresa Drummond Ltd., en la cual consta la siguiente información:

Los suscritos trabajadores de Drummond Ltd en la Asamblea General llevada a cabo
los días 3, 4 y 5 de septiembre de 2013, y después de surtidas las votaciones ellos
diversos puntos dispuestos para tal fin en Valledupar, Codazzi, Becerril, La Jagua de
Ibirico, Curumaní, El Paso, Chiriguaná, La Loma, Boconia, Mina Pribbenow, El
Copey, Santa Marta, Ciénaga, Fundación, Barranquilla, Soledad, Cartagena, Bogotá,
Bucaramanga, Medellín, Riohacha, Birmingham (USA), San Juan del Cear,
Villanueva y Fonseca, nos permitimos relacionar los resultados definitivos del
escrutinio:

Mesa Lugar Puestos de Sí No En Nulos Total
votación blanco votos
1 Valledupar, Edificio Portal 318 6 4 2 330
Cesar del Valle
2 Valledupar, Parque El 139 6 1 1 147
Cesar Viajero

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3 Valledupar, Parque 163 12 7 0 182
Cesar Garupal al lado
del CAI
4 Valledupar, Plaza 1 de 120 6 0 4 130
Cesar Mayo
5 Codazzi, Alcaldía 81 1 1 0 83
Cesar Municipal
6 Becerril, Cesar Consejo 102 2 0 0 104
Municipal de
Becerril
7 La Jagua de Concejo 72 2 0 0 74
Ibirico, Cesar Municipal de La
Jagua
8 Curumaní, Centro 50 4 1 0 55
Cesar Recreacional
Los Caiques
9 El Paso, Cesar Escuela 54 0 0 0 54
Urbana Mixta
10 Chiriguaná, Concejo 70 0 1 0 71
Cesar Municipal
11 La Loma, Inspección de 48 3 0 0 51
Cesar Policía La
Loma
12 Bosconia, Plaza Principal 33 2 1 0 36
Cesar frente a la
Alcaldía
13 Mina Comedor de 136 0 0 0 136
Pribbenow, Rol Mensual de
Cesar la Mina
Pribbenow
14 El Copey, Alcaldía 4 1 0 0 5
Cesar Municipal
15 Santa Marta, Iglesia La 199 2 1 0 202
Magdalena Eucaristía,
Bavaria
16 Santa Marta, Iglesia Estrella 55 0 0 0 55
Magdalena del Mar,
Rodadero
17 Santa Marta, Iglesia de 122 0 0 0 122
Magdalena Mamatoco
18 Santa Marta, Iglesia de Gaira 52 0 0 0 52
Magdalena
19 Ciénaga, Coliseo 46 0 0 0 46
Magdalena Monumental
Cales 18 y 19
Cra. 21
20 Ciénaga, Teatro 38 0 0 0 38
Magdalena Magdalena
Calle 9 Cra 17
Esquina
21 Ciénaga, Malecón 43 0 0 1 44
Magdalena Turístico
Miramar frente
a Casa Blanca
22 Fundación, Plaza principal 23 0 0 0 23
Magdalena de Fundación,
Centro de la
plaza
23 Barranquilla, Parque Tomás 122 0 0 0 122
Atlántico Suri Salcedo,

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cerca al CAI
24 Barranquilla, Estadio 62 0 0 1 63
Atlántico Metropolitano,
cerca al CAI
25 Soledad, Barrio 22 0 0 1 23
Atlántico Hipódromo
Soledad Calle
26 con Cra 30
Esquina.
“Cuartelito” al
lado del CAI
26 Cartagena, Centro de 44 1 0 0 45
Bolívar Convenciones
Cartagena de
Indias, en el
local al lado de
Juan Valdez
27 Bogotá D.C. Calle 72 No. 115 1 1 1 118
10-07, Edificio
Liberty Seguros
28 Bucaramanga, Parque San 58 0 0 0 58
Santander Pio, sobre el
lado de la
carrera 35
29 Medellín, Centro 42 0 0 0 42
Antioquia Comercial
Monterrey,
Entrada
Principal
30 Riohacha, Centro 12 0 0 0 12
Guajira comercial
Suchiimma,
Plazoleta de las
comidas,
restaurante
WOKICHAN
China Food
31 Birmingham, 1000 Urban 50 0 0 50
Alabama, USA Center Dr.
Suite 200,
Birmingham AL
35242
32 San Juan del Restaurante 11 1 0 0 12
Cesar, Guajira Bareque
diagonal a la
Iglesia Plaza
Bolívar
33 Villanueva, Plaza Principal 23 1 1 1 26
Guajira frente a la
Alcaldía
34 Fonseca, Casa de la 20 0 0 0 20
Guajira cultura
Total 5035 Total 2549 51 19 12 2631
Participación 50,63% 1,01% 0,38% 0,24% 52,25%

Cada uno de los soportes consistentes en: a) Planilla de firmas, b) Actas de apertura
de urnas, c) Actas de sellamiento de urnas, d) Actas de levantamiento de sellos, e)
Actas de conteo de votos, f) Documentos elaborados por los inspectores de trabajo
y g) Votos se adjuntan a la presente acta de asamblea final dando fe de lo aquí
consignado, la cual se suscribe a los 5 días del mes de septiembre de 2013 por […].

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38. Por su parte, la organización demandante sostuvo que hubo inconsistentes
en el número de votantes y de votos a favor y en contra de la convocatoria a tribunal
de arbitramento. Específicamente, en la Resolución 3256 de 2013 se indicó que el
número total de votos fue de 2581 (2499 por el sí y 51 por el no); sin embargo, en
la Resolución 4557 de 2013 se contabilizaron 2631 votantes (2549 por el sí).

39. Con base en el acta de la asamblea de trabajadores, en armonía con las
resoluciones demandadas, la Sala concluye que los datos de las votaciones fueron
consistentes. En efecto, la información consignada en la Resolución 3256 de 2013
corresponde a la cita de un informe elaborado el personal del Ministerio de Trabajo
que hizo el acompañamiento de la referida asamblea.

40. La diferencia de las cifras radica en que, en el informe mencionado por la
Resolución 3256 de 2013, los funcionarios del Ministerio del Trabajo excluyeron del
total de votos 50 correspondientes a los trabajadores de Birmingham (Alabama
Estados Unidos), en razón a que: i) la huelga no tiene efectos transnacionales; ii) a
los trabajadores domiciliados en el extranjero no les aplica el artículo 448 del CST;
y iii) el Ministerio no tiene competencia para determinar la territorialidad de la ley
laboral.

41. Entonces, si al total de votos (2631) se le restan los 50 de Estados Unidos,
se obtiene la cifra de 2581 que registraron los funcionarios del Ministerio del
Trabajo.

42. Por su parte, la Resolución 4557 de 2013 volvió a aludir al total de votantes
(2631) para resolver una inconformidad presentada por SINTRAMIENERGÉTICA,
pues consideraba que no había certeza del número de personas que trabajaban
para Drummond Ltd.

43. No obstante, la referencia al total de votantes en nada altera los resultados
de los escrutinios, pues el Ministerio del Trabajo se contrajo a explicar que la
nómina de la empresa fue certificada por la revisora fiscal y que quienes
participaron en el proceso de votaciones realmente eran sus empleados.

44. Así las cosas, durante el cese de actividades, la mayoría de los trabajadores
decidieron levantar la huelga y someter el diferendo a la decisión de un tribunal de
arbitramento, como se evidencia en el acta de la asamblea general de trabajadores
y demás documentos aportados como soporte de la información allí consignada.

45. Bajo este contexto, dentro del marco democrático y participativo que orienta
las relaciones de trabajo, se concluye que la decisión mayoritaria resultaba
vinculante y que la actuación se adecuó al postulado de la buena fe. De ahí que
«cualquier obstrucción a esta garantía impulsada o ejecutada por cualquier persona

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natural o jurídica, constituye un atentado contra el referido principio».26

46. En consecuencia, el acta de la asamblea general de trabajadores de
Drummond Ltd., junto con las actas de constatación de las votaciones elaboradas
por el Ministerio de Trabajo, constituyen elementos de juicio suficientes para
determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevaron a cabo
las votaciones.

47. De otro lado, la parte actora sostuvo que el Ministerio del Trabajo excedió
las atribuciones conferidas por el artículo 4 del Decreto 2519 de 1993, pues
participó activamente y desconoció la autonomía sindical, pese a que no podía
«intervenir en el proceso decisorio, elaborar o redactar actas del mismo».

48. En sentir del accionante, tal irregularidad se dejó plasmada en los
documentos de la cartera ministerial, en los cuales se expresó que «en el Municipio
de El Copey, en el puesto de votación de la alcaldía, la inspectora del trabajo
comisionada deja constancia en el acta "siendo el día 5 de septiembre a las 6 de la
tarde se procede a levantar el acta de conteos, y se continua con la misma cifra de
5 votos, siendo firmadas por la suscrita, el trabajador de la Drummond y un testigo",
sin mencionar si eran a favor del Sl para someter el diferendo al tribunal de
arbitramento, para continuar con la huelga, en blanco o nulos." Ante tal
circunstancia procedimos a revisar los votos en físico aportados por los
trabajadores convocantes, se pudo establecer que estas correspondían como se
menciona en el informe de los trabajadores a 4 votos por el Sl para convocar a
tribunal de arbitramento poniendo fin a la huelga, uno por el NO a convocar tribunal,
es decir convocar la huelga, con un total de votos de 5 votos».

49. El artículo 4 del Decreto 2519 de 1993, invocado por el sindicato
demandante, dispone que «la asistencia del funcionario de trabajo a la asamblea
tendrá como objeto exclusivo presenciar y comprobar la votación; el informe
pertinente deberá rendirlo al inmediato superior dentro de las veinticuatro (24) horas
siguientes».

50. La Sala considera que la aludida norma habilita a las autoridades a suscribir
informes en los que se haga constar el modo en el que se surtieron los escrutinios
y el resultado de la votación.

51. El ejercicio de dichas funciones en el sub lite no comportó una injerencia
indebida del Ministerio del Trabajo en la votación de la asamblea de trabajadores
de la Sociedad Drummond Ltd.; por el contrario, fueron los mismos empleados
quienes le solicitaron a dicha entidad que presenciara y verificara las votaciones,
dentro de lo cual quedaba comprendida la posibilidad de levantar las actas e
informes respectivos.

26 Corte Suprema de Justicia, Sentencia SL4023-2019 del 17 de julio de 2019, Radicación n.° 84399.

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52. Así, en el expediente obran las actas de apertura, conteo y sellamiento, en
las cuales se acredita que los trabajadores ejercieron su derecho al voto de forma
libre y voluntaria. En contraste, no existe prueba alguna que permita evidenciar una
conducta irregular, por parte de los servidores del Ministerio del Trabajo, que de
algún modo coaccionara o direccionara el sentido de la votación.

53. Es más, la referencia particular a lo ocurrido en el municipio de El Copey, en
nada desdibuja el proceso de votación, ni pone en tela de juicio la conducta
desplegada por dichos servidores, en tanto se limitaron a verificar los votos ya
emitidos por los trabajadores de Drummond S.A. y la información que plasmaron
en sus documentos es idéntica a la reportada en el acta de la asamblea general
suscrita por dichos empleados.

54. Asimismo, cada una de las actas que levantó el Ministerio del Trabajo en los
lugares en los que se surtió el escrutinio también fueron firmadas por empleados
de la empresa y testigos de la votación.

55. Conforme con este recaudo probatorio, la Sala concluye que: i) los
empleados de Drummond S.A. lideraron de forma autónoma y libre un proceso de
votación en el que se decidió levantar la huelga y dirimir el conflicto colectivo por
intermedio de un tribunal de arbitramento; ii) el proceso contó con la participación
del Ministerio de Trabajo, que fungió como un mero observador y verificador de la
votación, sin ejercer coerción o determinar el sentido del voto de los trabajadores;
iii) la decisión de levantar la huelga fue adoptada por la mayoría de los empleados
de la empresa, en los términos de los artículos 445 y 448 del CST.

56. En un caso contornos similares al presente, la Corte Suprema de justicia
expresó que la intervención del Ministerio del Trabajo, a solicitud de los
trabajadores, se ajusta a los principios de la función administrativa (artículo 209 de
la Constitución Política), con la finalidad de proteger y garantizar los derechos de
participación de todos los empleados, con independencia de si están sindicalizados
o no, en aras de constatar la regularidad del proceso democrático inmerso en el
conflicto colectivo de trabajo. Al respecto, se razonó:27

Como ya se advirtió, la intervención de las autoridades del trabajo en estos casos
resulta razonable, además de proporcional y soportable para el sindicato, pues su
misión no es la de entrometerse en asuntos propios de la esfera privada y autónoma
de la respectiva organización sindical, sino velar por los derechos de los demás
trabajadores interesados y, más específicamente, como lo señaló en este caso el
director territorial del Cesar del Ministerio del Trabajo, verificar el cumplimiento de
unos requisitos mínimos para que se pueda adelantar un proceso electoral serio,
responsable y fiable, tales como, la fecha y el horario del proceso, la autoridad que
presidirá la votación, el formato o papeleta destinado a ejercer el derecho al voto, el

27 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia SL16887-2016 del 16 de noviembre de

2016, Radicación n.° 70387.

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listado de personas con capacidad para votar, la comprobación de que «…la urna
esté vacía y que se proceda al cierre de la misma…», que los votantes se identifiquen
plenamente en el momento de votar, advertir actos que alteren el proceso de
votación, comprobar que la urna no sea manipulada, que el proceso se cierre
oportunamente, que al finalizar la urna se abra públicamente y los votos
correspondan a las personas registradas como votantes, que el conteo sea ordenado
y se sienten las actas correspondientes.

Tales condiciones son, como ya se dijo, consustanciales al ejercicio de cualquier
proceso democrático serio, en el que están representados intereses de diversa
índole, en este caso, trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, además de que
son cargas mínimas que no impiden, en manera alguna, el ejercicio del derecho a la
huelga. De otro lado, las autoridades del trabajo son organismos neutrales e
imparciales, con la capacidad suficiente para garantizar los derechos de todos los
trabajadores, sindicalizados y no sindicalizados.

57. Bajo esta línea de intelección, la intervención del Ministerio de Trabajo,
solicitada por los trabajadores de una empresa o por los sindicatos, durante el
desarrollo de un conflicto colectivo, tiene una finalidad legítima de protección de los
derechos de participación de los empleados, sindicalizados o no. Además, la
actuación de dicha entidad cuenta con pleno respaldo constitucional y legal, resulta
proporcional y razonable, ya que su ejercicio se limita a una veeduría del escrutinio
que de ninguna manera se traduce en una violación a los derechos de asociación
o huelga.

58. Así las cosas, los cargos de nulidad esgrimidos por la parte accionante
contra los actos enjuiciados no están llamados a prosperar.

3.6. Condena en costas

59. En consideración a que la demanda fue admitida bajo el medio de control de
nulidad, no se impondrá condena en costas, de conformidad con lo previsto en el
artículo 188 del CPACA.

60. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad formulada por
Organización Sindical SINTRAMIENERGÉTICA contra las Resoluciones 3256 del
13 de septiembre de 2013; 4229 del 5 de noviembre de 2013; 4557 del 22 de
noviembre de 2013 y 4901 del 9 de diciembre de 2013, suscritas por el Ministerio
del Trabajo, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

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Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse
las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la
gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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