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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2020-00853-01

Fecha
12 de agosto de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2020-00853-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 29 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda instaurada por departamento del Vaupés dentro del proceso del epígrafe, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 50001-23-33-000-2020-00853-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

12 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad (Acto propio)
Radicación: 50001233300020200085301 (2437-2025)
Demandante: Departamento del Vaupés
Acto demandado: Resolución 01673 del 13 de agosto de 2019 y Acuerdo
Laboral suscrito por la Gobernación del Vaupés el 6 de
agosto de 2019 (Parcial).
Vinculados: Sindicato de Educadores del Vaupés – SINDEVA,
Sindicato de Trabajadores de la Educación Nacional –
SINTRENAL, Sindicato de Trabajadores del Vaupés –
SINTRADEVA

Temas: Falta de competencia para fijar régimen salarial de
empleados del orden territorial. – Caducidad – Medio de
control de nulidad.

Decisión: Confirma decisión de primera instancia que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda. Sin
condena en costas.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por el
apoderado del Sindicato SINTRENAL en contra de la sentencia del 29 de mayo de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta1, que accedió parcialmente
a las súplicas de la demanda instaurada por el departamento del Vaupés.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda y su corrección2

1 Con ponencia del magistrado Carlos Enrique Ardila Obando.
2 Expediente digitalizado primera instancia. Índice 9. Aplicativo SAMAI.

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Radicado: 50001233300020200085301 (2437-2025)
Demandante: Departamento de Vaupés

2.1.1. Las pretensiones3

2. En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del
CPACA,4 el departamento del Vaupés, actuando a través de apoderado judicial
presentó demanda en orden a que se declare la nulidad de los siguientes actos
administrativos expedidos por la entidad demandada:

i) Los artículos 4.2 (parcialmente), 4.9., 4.11, 5.5, 5.6, 5.9, 5.14 y 5.16 del Acuerdo
Laboral suscrito por la Gobernación del Vaupés el 6 de agosto de 2019.

ii) Resolución 01673 del 13 de agosto de 2019, a través de la cual se adoptan los
acuerdos aprobados en la mesa de negociación colectiva realizada entre el
departamento del Vaupés y el Sindicato de Educadores del Vaupés – SINDEVA, el
Sindicato de Trabajadores de la Educación Nacional – SINTRENAL y el Sindicato
de Trabajadores del Vaupés – SINTRADEVA.

2.1.2. Hechos de la demanda

3. Según se indicó en la demanda los sindicatos SINDEVA, SINTRENAL y
SINTRADEVA formularon ante el departamento del Vaupés solicitudes respetuosas
de negociación colectiva en los términos del Decreto 160 de 2014.

4. El departamento del Vaupés designó a los negociadores de la administración
departamental mediante Decreto 717 de 28 de mayo de 2019 y una vez efectuada
la negociación se suscribió el Acuerdo Laboral Colectivo de 6 de agosto de 2019,
cuya vigencia se estableció por un plazo de 2 años a partir de la firma. Este fue
adoptado a través de la Resolución 1673 de 13 de agosto de 2019.

5. El Acuerdo en mención contiene asuntos en materia prestacional y de seguridad
social que no pueden ser objeto de negociación colectiva en virtud de lo señalado
por el Decreto 160 de 2014, la Ley 100 de 1993, el Decreto 1085 de 2015 y la
Circular 100-002 del 6 de febrero de 2019.

6.Según lo indicó, la demanda no tiene una pretensión de carácter económico ni
de restablecimiento de derechos a favor de la gobernación departamental de
Vaupés, sino que su reclamación busca la protección de la Constitución Política de
1991 y las normas que fueron desconocidas con la expedición de los actos
demandados.

3 Visibles en el folio 6 del documento PDF. Ibidem.
4 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-Ley 1437 de 2011.

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2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

7. Se invocaron como desconocidos la Ley 100 de 1993, el Decreto 1085 de 2015
y la Circular 100-002 de febrero de 2019 expedida por el Ministerio de Trabajo y el
Departamento Administrativo de la Función Pública.

8. En el concepto de violación se invocó el desconocimiento de las normas en que
debían fundarse los actos y falta de competencia. Esto con base en los siguientes
argumentos:

9. Pese a que en Colombia se reconoce el derecho de asociación sindical, libertad
sindical y negociación colectiva en el sector público, esta última está limitada por las
materias que la ley permite negociar, de conformidad con el Convenio OIT 151, la
Ley 411 de 1997 y el artículo 5.° del Decreto 160 de 2014, compilado en el Decreto
1072 de 2015. En consecuencia, las entidades públicas no tienen competencia para
negociar prestaciones económicas o sociales, ya que el artículo 150 numeral 19
literal e) de la Constitución reserva al Congreso la fijación del régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos.

10. Respecto del artículo 4.2 del Acuerdo Colectivo, señaló que desconoció los
artículos 2.2.2.5.1, 2.2.2.5.2 y 2.2.2.5.3 del Decreto 1072 de 2015 y la Circular
Conjunta 100-002 de 2019. Precisó que solicitaba la nulidad parcial de esta norma
específicamente frente a la expresión «comisión permanente» para un integrante
de la Junta Directiva del sindicato SINDEVA. Esto, al considerar que los permisos
sindicales deben ser temporales y otorgarse exclusivamente para actividades
sindicales, previamente informadas al Estado.

11. En relación con el artículo 4.9, indicó que, aunque la Gobernación de Vaupés

reconoció la participación de SINDEVA en la construcción del calendario escolar,
también asignó un rubro presupuestal para garantizar dicha participación, lo cual, a
su juicio, desconoció el numeral 2.° del parágrafo 1.° del artículo 5.° del Decreto 160
de 2014 y la Circular Conjunta 100-002 de 2019, al involucrar competencias propias
de dirección, administración y fiscalización del Estado.

12. Sobre el artículo 4.11, argumentó que el reconocimiento de viáticos y gastos de

viaje para servidores públicos vinculados a sindicatos carece de sustento legal, pues
el artículo 61 del Decreto 1042 de 1978 sólo autoriza dichos pagos cuando exista
comisión de servicios y no para actividades sindicales.

13. Frente al artículo 5.5, consideró que la prima de antigüedad reconocida a los

servidores administrativos de la planta central y del sector educación invade
competencias exclusivas del Congreso. Asimismo, dicha prima únicamente ha sido
reconocida para servidores públicos del orden nacional mediante el Decreto Ley
1042 de 1978 y no es extensiva a los empleados territoriales. Señaló que el

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departamento del Vaupés la reconoció y pagó apoyándose en jurisprudencia del
Consejo de Estado5 que había inaplicado la expresión «del orden nacional» por
excepción de inconstitucionalidad. Sin embargo, sostuvo que dicha situación
cambió con la sentencia C-402 de 2013 de la Corte Constitucional, que declaró
exequible dicha expresión.

14. Respecto del artículo 5.6, afirmó que el descuento del 10% del salario a
empleados públicos no sindicalizados beneficiados con la prima extralegal de
carestía es inconstitucional e ilegal, porque el literal d) del artículo 1.° del Decreto
2264 de 2013 establece que los descuentos por aportes sindicales a no afiliados
sólo proceden con autorización voluntaria.

15. En cuanto al artículo 5.9, sostuvo que la figura del «compensatorio por
antigüedad» no existe en el ordenamiento jurídico. Con fundamento en la sentencia
C-1063 de 2000 de la Corte Constitucional, explicó que los descansos
compensatorios únicamente proceden cuando existe trabajo suplementario o extra
legalmente reconocido.

16. Asimismo, argumentó que las asambleas departamentales carecen de facultad

legal para crear primas o factores salariales que no hayan sido previamente
establecidos por las autoridades competentes. Por esa razón, consideró que el
artículo 5.14, que crea y garantiza el pago de la prima de carestía para 2020 a
servidores públicos urbanos y rurales, docentes y administrativos, vulnera normas
legales y constitucionales al invadir una competencia exclusiva del Congreso.

17. Finalmente, frente al artículo 5.16, que reconoce el auxilio funerario, sostuvo que

el artículo 2.2.2.4.4 del Decreto 1072 de 2015 excluyó de la negociación colectiva
las prestaciones a favor de los empleados públicos, por lo que las entidades
territoriales no pueden reconocer dicha prestación mediante acuerdos laborales.
Añadió que el auxilio funerario corresponde a las entidades de previsión,
actualmente integradas al Sistema General de Seguridad Social, conforme al
artículo 5.° del Decreto Ley 1045 de 1978.

2.2. Contestación de la demanda

18. Como ya se indicó la entidad demandante departamento del Vaupés, instauró

la demanda en el medio de control de nulidad (de acto propio). Sin embargo,
presentó escrito de contestación en la que señaló que debían concederse las
pretensiones, para lo cual insistió en los argumentos de la demanda.

19. En síntesis, señaló que el artículo 50 del Decreto 160 de 2014, compilado en el

artículo 2.2.2.4 del Decreto 1072 de 2015, estableció los asuntos que pueden
negociarse y aquellos respecto de los cuales existe prohibición legal, como es el

5 Citó la sentencia de 2 de abril de 2009 proferida dentro del proceso radicado 11001032500020070009800.

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caso de las prestaciones sociales a cargo de las entidades y a favor de los
empleados públicos, competencia del Congreso según el numeral 19 del artículo
150 de la Constitución Política.

20. En ese sentido el marco de negociación es reglado y sólo pueden incluirse
aquellos aspectos definidos en el numeral 1.° y 2.° del artículo 2.2.2.4.4. del Decreto
1072 de 2015; además los acuerdos laborales del sector público, según el artículo
2.2.2.4.6 del Decreto 1072 de 2015, tienen efecto común para todos los empleados
públicos y no solo para los de una entidad territorial determinada. Asimismo, insistió
en los argumentos del concepto de violación respecto de los artículos 4.2, 4.9, 5.5,
5.6, 5.9 y 5.16 del acuerdo sindical de 6 de agosto de 2019.

2.3. Sentencia de primera instancia.

21. El Tribunal Administrativo del Meta, a través de sentencia de 29 de mayo de 2025

accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

22. Para tal efecto se refirió al derecho a la negociación colectiva de los empleados

públicos, de acuerdo con los artículos 39 y 55 de la Constitución Política, los
Convenios 151 y 154 de la OIT, aprobados mediante las Leyes 411 de 1997 y 524
de 1999, y de las sentencias de la Corte Constitucional C-377 de 1998 y C-161 de
2000, a partir de lo cual coligió que los empleados públicos pueden participar en la
determinación de sus condiciones de trabajo, pero no de forma plena, pues la
decisión final corresponde a las autoridades constitucionalmente competentes.

23. El a quo se refirió al Decreto 160 de 2014, compilado en el Decreto 1072 de 2015

que, define las materias objeto de negociación y aquellas excluidas de ella. Estimó
que, aunque el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos cuenta
con amplio respaldo constitucional y legal, su ejercicio no es absoluto, ya que no
puede afectar las competencias que la Constitución y la ley atribuyen a las
autoridades para fijar unilateralmente las condiciones de empleo, salariales y
prestacionales.

24. En cuanto a la comisión permanente y permisos sindicales del artículo 4.2 señaló

que son figuras diferentes, siendo ambas de carácter temporal. Con apoyo en el
Decreto 2277 de 1979, el Decreto 1072 de 2015, conceptos del Consejo de Estado
y jurisprudencia constitucional, concluyó que no era jurídicamente viable otorgar
comisiones sindicales permanentes ni permisos sindicales automáticos y
permanentes determinados por días fijos cada semana. Por ello estimó que debía
declarar la nulidad del primer inciso del artículo 4.2 y de la expresión «martes y
viernes a la semana» del segundo inciso.

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25. En cuanto al artículo 4.9. referente al calendario escolar concluyó que la
elaboración y fijación del calendario escolar constituye una competencia de
dirección y administración atribuida a las entidades territoriales certificadas dentro
de los límites fijados por el Ministerio de Educación Nacional. Por tanto, la
participación efectiva de SINDEVA en la proyección del calendario escolar implicaba
intervenir en una competencia administrativa que no es objeto de negociación
colectiva. En consecuencia, debía declararse la nulidad del artículo 4.9.

26. Frente al artículo 4.11 correspondiente a viáticos y gastos de viaje, el Tribunal

analizó las normas que regulan las comisiones de servicio y el reconocimiento de
viáticos (Decreto Ley 1042 de 1978, el Decreto 1028 de 2019, artículos 5.° y 9.°).
Señaló que el Acuerdo garantizaba transporte aéreo para directivos sindicales
cuando existía invitación a un evento oficial, sin sujetar dicho reconocimiento a las
condiciones legales que regulan las comisiones de servicio ni a la disponibilidad
presupuestal. Concluyó que el artículo 4.11 desconoció la regulación vigente sobre
viáticos y comisiones de servicio y, por ello, debía declarar su ilegalidad.

27. En cuanto a la prima de antigüedad (artículo 5.5) consideró que, aunque el
Acuerdo no creó la prima, sí autorizó su pago a servidores públicos territoriales. Por
ello no es viable que a través de la negociación sindical se determine el pago de
elementos salariales y prestaciones que no se encuentran previstos para la
generalidad de los servidores públicos del orden territorial. Adicionalmente, el
parágrafo 2.° del artículo 2.2.2.4.4 del Decreto 1072 de 2015, determinó que la
concertación en materia salarial se deben respetar los límites que fije el Gobierno
Nacional y en material prestacional las entidades territoriales no tenían facultad para
realizar esas negociaciones. Por esta razón concluyó que la disposición excedía los
límites de la negociación colectiva y originaba la nulidad del artículo 5.5.

28. Frente «al compensatorio por antigüedad» del artículo 5.9, correspondiente a dos

días de descanso remunerado por cada dos años de servicio, indicó que constituía
una prestación creada mediante el Acuerdo Colectivo. Señaló que dicho beneficio
no corresponde a los descansos compensatorios regulados en el Decreto 1042 de
1978 y que las entidades territoriales carecen de competencia para crear
prestaciones sociales mediante negociación colectiva. Por ello debía declarar la
nulidad del artículo 5.9.

29. Así mismo, ante la «prima de carestía» establecida del artículo 5.14 del acuerdo

pactada para la vigencia 2020 constituye una prestación económica creada
mediante el Acuerdo Colectivo, al definir beneficiarios, valor, oportunidad de pago y
requisitos para acceder a ella. Consideró que esta facultad estaba reservada al
Congreso y al Gobierno Nacional y que, por tanto, desconocía el artículo 150 de la
Constitución y el Decreto 1072 de 2015. En consecuencia, debía anularse.

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30. El pago de cuota sindical del artículo 5.6, el descuento del 10 % a empleados no

sindicalizados estaba condicionado al beneficio derivado de la prima de carestía.
Como esta última fue declarada contraria al ordenamiento jurídico, concluyó que el
descuento previsto en el artículo 5.6 también carecía de sustento jurídico y, por
tanto, lo declaró nulo.

31. En lo que se refiere al auxilio funerario, artículo 5.16, analizó lo establecido para

este en la Ley 100 de 1993, la Ley 776 de 2002 y el Decreto 1045 de 1978; a partir
de ello, el Tribunal Administrativo estimó que el artículo 5.16 creó una prestación
distinta a la prevista por el sistema legal, pues la reconoció por el fallecimiento del
cónyuge, compañero permanente, padres, hijos o hermanos del empleado y
estableció requisitos y montos propios. Al tratarse de una prestación social creada
mediante negociación colectiva, consideró que invadía las competencias
reservadas al Congreso y al Gobierno Nacional y originaba su nulidad.

32. En resumen, declaró «[...] la nulidad parcial de la Resolución 01673 del 13 de

agosto de 2019, a través de la cual se adoptan los acuerdos aprobados en la mesa
de negociación colectiva realizada entre el Departamento del Vaupés y las
Organizaciones Sindicales SINDEVA, SINTRENAL y SINTRADEVA respecto del
primer inciso y de las expresiones “martes y viernes a la semana” del inciso segundo
del artículo 4.2 y de los artículos 4.9. 4.11, 5.5, 5.6, 5.9, 5.14 y 5.16 del Acuerdo
Laboral suscrito por la Gobernación del Vaupés el 6 de agosto de 2019, por lo
expuesto en la parte considerativa de esta providencia».

33. Negó las demás pretensiones de la demanda y se abstuvo de imponer condena

en costas.

2.4. Recuso de apelación

34. El apoderado del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Educación –
SINTRENAL- interpuso recurso de apelación, en el que solicitó revocar la sentencia
de primera instancia y declarar que operó la caducidad del medio de control
promovido por el departamento del Vaupés.
35. En primer lugar, precisó que la demanda fue presentada por el departamento del

Vaupés el 30 de septiembre de 2020 e inicialmente fue admitida como medio de
control de nulidad, pero posteriormente por auto de 17 de mayo de 2022, el Tribunal
advirtió que el proceso debía tramitarse por el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, por tratarse de actos administrativos particulares, sin
embargo la sentencia de 29 de mayo de 2025 se profirió como si se tratara del medio
de control de nulidad o lesividad. En ese sentido se advierte que hubo una
contradicción entre el trámite dado al proceso y la sentencia. Afirmó que, una vez el
Tribunal determinó en 2022 que el asunto correspondía al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, debía aplicarse el término de caducidad de
cuatro meses.

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36. Según el recurso, la Resolución 01673 fue expedida el 13 de agosto de 2019 por

lo que el departamento del Vaupés debía demandarla a más tardar el 13 de
diciembre de 2019. Empero la demanda fue presentada el 30 de septiembre de
2020, es decir, varios meses después del vencimiento del término. Por ello solicitó
que se declare la caducidad y que recobre vigencia la Resolución 01673 de 2019.

37. Precisó además que no se surtió la conciliación extrajudicial dado que se trata de

un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que era obligatorio
acreditar el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial. Señaló que
dicho requisito no obra en el expediente y que, por esa razón, el proceso no debió
tramitarse.

38. En cuanto a la defensa de la legalidad de los artículos anulados el recurso solicitó

mantener la vigencia de los artículos anulados por la sentencia, en síntesis, con los
siguientes argumentos:

39. Frente al Artículo 4.2. Comisión permanente y permisos sindicales: Afirmó que

los permisos sindicales pactados permiten una mejor planeación por parte de la
administración y de las organizaciones sindicales, sin afectar la prestación del
servicio público.

40. En cuanto al artículo 4.9. «Calendario escolar». Sostuvo que la participación
sindical en la proyección del calendario escolar responde a las condiciones
regionales y culturales del Vaupés y favorece la participación de las comunidades.

41. Para el artículo 4.11. «Viáticos y gastos de viaje». Adujo que los apoyos para

transporte aéreo están previstos para eventos oficiales y atienden las
particularidades geográficas del departamento.

42. Para la prima de antigüedad establecida en el artículo 5.5. indicó que el acuerdo

no creó la prima, sino que ratificó un beneficio previamente reconocido mediante el
Decreto 852 de 2013 y ejecutado por la administración durante varios años.
43. En lo que se refiere al descuento para la cuota sindical establecido en el Artículo

5.6. adujo que ello atiende a una facultad consagrada en el artículo 471 del CST y
porque se dan los presupuestos fácticos que permitan concluir que se ajusta a
derecho dado que los sindicatos que suscribieron el acuerdo laboral exceden de la
tercera parte del total de los trabajadores del departamento del Vaupés. Así, se
aplica «un criterio de justicia», pues es «injusto ser beneficiario de una prerrogativa
laboral, sin participar de las organizaciones sindicales que hicieron posible dicho
beneficio».

44. En lo que respecta al artículo 5.9. «Compensatorios por antigüedad» indicó que

los días compensatorios están establecidos en el Decreto 1042 de 1978 pueden ser

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objeto de negociación colectiva y no se encuentran dentro de las materias
expresamente excluidas de negociación.

45. En lo tocante al artículo 5.16. Auxilio funerario sostuvo que el acuerdo regula un

beneficio ya contemplado en la legislación y no constituye una creación autónoma
de una prestación por parte de la entidad territorial.

46. Por último, aseguró que se desconoció el principio de la confianza legítima y

teoría de los actos propios pues el departamento del Vaupés suscribió el acuerdo
laboral e incorporó sus disposiciones mediante la Resolución 01673 de 2019. En
ese sentido reconoció y ejecutó varios de los beneficios pactados durante años. Por
ello, demandar esos mismos beneficios desconoce los principios de confianza
legítima, seguridad jurídica y la teoría de los actos propios.

2.5. Alegatos de conclusión

2.5.1. En esta oportunidad procesal las partes guardaron silencio.

2.5.2. Ministerio Público

47. Laprocuradora segunda delegada ante esta Corporación rindió concepto6
oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones.

48. Según lo indicó el fallo de primera instancia debe ser confirmado, teniendo en

cuenta que no operó el fenómeno de la caducidad ni resultaba exigible el
agotamiento de la conciliación prejudicial, toda vez que la demanda promovida por
el departamento del Vaupés no tuvo por finalidad el restablecimiento de derechos
subjetivos ni la obtención de condenas patrimoniales, sino exclusivamente el control
objetivo de legalidad de varias disposiciones del Acuerdo Laboral del 6 de agosto
de 2019, por estimarlas contrarias al marco constitucional y legal de la negociación
colectiva de empleados públicos.

49. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir

previas las siguientes,

III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

50. Es competente esta Subsección para decidir el recurso de apelación interpuesto

por SINTRENAL en contra de la sentencia de 29 de mayo de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta, dentro del proceso del epígrafe, conforme con lo

6 Índice 13 aplicativo SAMAI.

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dispuesto en el artículo 1507 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA).

3.2. Actos demandados

51. En este caso las normas demandadas son:

• El Acuerdo colectivo celebrado el 18 de junio de 2019 entre el departamento
del Vaupés y el Sindicato de Educadores del Vaupés -SINDEVA-, el sindicato de
trabajadores de la Educación Nacional SINTRENAL y el Sindicato de
Trabajadores del Vaupés -SINTRADEVA-, específicamente los siguientes
artículos:

4.2. La Administración Departamental garantizara a SINDEVA comisión permanente a
uno de sus integrantes de la junta directiva para atender los compromisos propios de la
organización sindical. Para el caso de SINTRENAL y SINTRADEVA se otorgarán
permisos sindicales los días martes y viernes a la semana para atender compromisos
de la organización sindical.

4.9. La Administración Departamental garantizara proyectar el calendario escolar
teniendo en cuenta las condiciones y necesidades regionales del departamento,
garantizando el rubro presupuestal necesario para su cumplimiento y la participación
efectiva a SINDEVA en dicha proyección.

4.11. La Administración Departamental garantizara el pago de transporte aéreo (ida y
regreso), de cuatro cupos al año para cada sindicato (SINDEVA, SINTRENAL y
SINTRADEVA), a los empleados públicos que ejerzan cargos directivos sindicales,
siempre y cuando medie invitación a un evento de carácter oficial.
Parágrafo: Cada sindicato reglamentará al interior las condiciones para recibir este
beneficio, el cual no podrá ser acumulable de un año a otro ni transferible entre
sindicatos.

5.5. PRIMA DE ANTIGÜEDAD: La Administración Departamental se compromete a
continuar cancelando la prima de antigüedad, de acuerdo al decreto 0852 del 17 de
mayo de 2013 a los servidores públicos administrativos de la planta central y educación
de la entidad.

5.6. La Administración Departamental hará el respectivo descuento del 10% a los
empleados no sindicalizados previa solicitud del sindicato correspondiente, que se vean
beneficiados del reconocimiento y pago de la prima extralegal de carestía.

5.9. COMPENSATORIOS POR ANTIGÜEDAD. La Administración Departamental se
compromete a brindarles a los empleados públicos dos (2) días de descanso
remunerado por cada 2 años de servicio laborados, estos serán disfrutados por el
empleado en el momento del goce de sus vacaciones. Este beneficio no será

7«ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA. El Consejo de

Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de
apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan
los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia».

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acumulable, no puede existir solicitud de días de permiso consecutivos, ni días de
compensatorios y por último los funcionarios que se indemnicen no tendrán derecho a
este beneficio.
Se tendrá como fecha inicial 2 años antes de la fecha de la firma de este acuerdo.

5.14. La Administración Departamental garantizara el pago de la prima de carestía para
la vigencia 2020 a los servidores públicos urbanos y rurales, docentes y administrativos
del orden departamental por un valor correspondiente a QUINIENTOS SETENTA MIL
PESOS ($570.000) por una única vez al año. Los cuáles serán pagados en el mes de
marzo, y tendrá derecho el funcionario como mínimo un año de vinculación laboral a la
fecha de pago y debe estar ejerciendo el cargo.

5.16. La Administración reconocerá a los empleados que por el fallecimiento única y
exclusivamente del cónyuge, (compañero o compañera), padres, hijos y hermanos,
debidamente acreditados, el equivalente a dos (2) salarios mínimos mensuales vigentes
establecidos por el gobierno nacional, como auxilio funerario, reconocido uno por núcleo
familiar. En caso de haber más de una solicitud esta se pagará equitativamente, previa
solicitud de los beneficiarios, se establece el termino de seis (6) meses para que se
realice la reclamación, en caso contrario perderá el beneficio.

PARÁGRAFO: Los sindicatos SINDEVA, SINTRENAL Y SINTRADEVA se
comprometen a realizar la consulta en sus bases de datos de los posibles beneficiarios
y notificaran al área de Recursos Humanos la relación de familiaridad de los empleados.

• La Resolución 01673 de 13 de agosto de 2019 dictada por el gobernador
del departamento del Vaupés a través de la cual se adoptó el Acuerdo
señalado en precedencia, y en el cual se dispuso lo siguiente:

«Artículo 1. Adoptar los acuerdos contenidos en el documento de fecha 06 de
agosto de 2019, suscrito entre la Administración Departamental del Vaupés y las
Organizaciones Sindicales SINDEVA, SINTRENAL y SINTRADEVA.
Artículo 2. Marco de aplicación: los acuerdos adoptados por la presente resolución
serán aplicados a todos los empleados públicos de la entidad, dentro del marco
normativo que regula el empleo público, la carrera administrativa y la gerencia
pública.
Artículo 3. Reglamentación: el Departamento del Vaupés expedirá los actos
administrativos a que haya lugar, que permitan ejecutar los acuerdos contenidos en
el acta de negociación del pliego de condiciones.
Artículo 4. Seguimiento: Los Negociadores oficiarán como comisión de
seguimiento, la cual se reunirá cada tres (3) meses, durante la vigencia del acuerdo
colectivo.

En caso de incumplimiento, la organización sindical realizará el siguiente
procedimiento:

a) Convocará para que asistan personalmente los funcionarios responsables
para urgir y convenir plazos de cumplimiento;
b) Si persistiere incumplimiento total o parcial, convocar al Ministerio de
Trabajo, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, para que intervengan;
c) Si aún persistiere el incumplimiento total o parcial, la Organización sindical
podrá ejercitar: La Acción Disciplinaria ante la Procuraduría; y/o la Acción
Policiva Laboral ante el Ministerio de Trabajo; y/o la Acción Judicial de
Cumplimiento en lo que no tuviere incidencia Presupuestal; y/o la Acción de

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Tutela; y/o la Queja ante el CETCOIT; y/o el Denuncio Penal por violación
del Derecho de Asociación sindical y de Negociación Colectiva.
Todos los derechos adquiridos mediante Acuerdo Colectivo anterior
reconocidos mediante Acto Administrativo, que favorezcan a los empleados
públicos y a las organizaciones sindicales, tendrán continuidad. Solo podrán
ser reformados en forma expresa por Acuerdo Colectivo y con el exclusivo
propósito de su progresividad y mejoramiento.
Artículo 5. Vigencia: El Acuerdo Colectivo resultante de este Pliego de negociación
tendrá vigencia de dos (2) años a partir de la firma. Debe ser cumplido de Buena fe
por el Gobierno Departamental y las Organizaciones sindicales.

Artículo 6. El presente acto rige a partir de su expedición».

3.3. Problemas jurídicos

52. Corresponde a la Sala verificar si (i) ¿en este caso ocurrió el fenómeno de la

caducidad?; además, (ii) si debió promoverse la conciliación extrajudicial como
requisito previo para promover la demanda en el medio de control del epígrafe; y
(iii) ¿las disposiciones demandadas deben ser declaradas nulas por falta de
competencia de la autoridad que las expidió y por desconocimiento de las normas
superiores en que debían fundarse?

3.4. Primer problema jurídico. Del medio de control interpuesto y el fenómeno
de la caducidad.

3.4.1. La Lesividad como medio de control de los actos propios

53. Tal como lo señala la doctrina8 a través de la «acción de lesividad» se otorgó a

la Nación y demás entidades públicas la posibilidad legal de acudir ante la
jurisdicción contencioso administrativa con el propósito de impugnar sus propias
decisiones9, como «[…] mecanismo no tipificado expresamente pero deducible de
la construcción doctrinal que admite la posición del Estado (nación) y demás
entidades públicas, demandando sus propios actos. Se trata de una fórmula
garantista del ordenamiento jurídico en manos del Estado (nación) y de las demás
entidades públicas respecto de la solicitud de auxilio de la jurisdicción contenciosa
para controlar sus propias decisiones cuando no ha sido posible que estas pierdan
su fuerza ejecutoria por la vía administrativa; no obstante, estén viciadas en su
legalidad y puedan causar perjuicio al patrimonio público».

8 JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA. «Compendio de derecho administrativo». Bogotá. Edit. Tirant Lo

Blanch. 2023. Segunda edición. P. 1132.
9 Sentencias de la Corte Constitucional T- 136 de 2019 y los Autos 341 de 2021, 385 de 2021 y 448 de 2022.

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54. Tal como lo define el señalado autor, la lesividad o control de los actos propios

tiene una connotación objetiva y una subjetiva lo que determina las reglas que
deben regir el medio de control:

«[…] a la luz de lo previsto en la Ley 1437 de 2011 la acción de lesividad adopta una
doble connotación naturalística. (i) la de una típica acción objetiva, cuya pretensión
básica directa, es la protección al ordenamiento jurídico, cuando a través de su
ejercicio el Estado (nación) o las entidades públicas buscan tan sólo obtener la
nulidad de sus actos administrativos en beneficio del ordenamiento jurídico y la
legalidad. En estos casos la acción se rige por las reglas de la acción de nulidad,
compartiendo sus características de intemporal, general y no desistible pudiéndose
intentar en cualquier tiempo a partir de la expedición del acto; (ii) la de una acción
subjetiva, individual temporal y desistible cuando lo que se pretenda con la nulidad
de sus propias decisiones sea el restablecimiento de derecho de la correspondiente
entidad pública y amparado en una norma jurídica. […]».

55. Ahora bien, actualmente no se encuentra regulada a través de un medio de

control específico establecido expresamente en la Ley 1437 de 2011 y para su
ejercicio la entidad u órgano estatal deberá acudir a los mecanismos procesales
que regula el respectivo estatuto procedimental.

56. En efecto, el ejercicio de la misma debe encausarse por vía de uno de los medios

de control de simple nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho,
considerando que a través de aquella la administración tiene la posibilidad de
demandar sus propios actos, por considerarlos ilegales o contrarios al
ordenamiento jurídico vigente.

57. Sobre el particular y específicamente sobre el término de caducidad que le es

aplicable, el Consejo de Estado ha señalado que10 «[…] la lesividad no tiene una
naturaleza autónoma, lo que implica que para ejercerla se debe acudir a los medios
de control de simple nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho11. Cuando
se ejerce la primera, esto es, cuando no se solicita el restablecimiento del derecho
no es factible computar el término de caducidad. Por el contrario, cuando este sí se
solicita el medio impetrado es el de nulidad y restablecimiento del derecho, luego,
el término de caducidad que se aplicaba era el contenido en el artículo 136 del CCA
12
, el cual preveía 2 años contados a partir del día siguiente de su expedición».

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección A, sentencia

de 13 de febrero de 2020, radicado 250002342000-2014-03021-01 (3836-2016).
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del

22 de abril de 2015. Radicación número: 66001-23-31-000-2011-00429-01(2627-13).
12 Todo lo anterior tiene su fundamento en la teoría de los móviles y finalidades que de tiempo atrás fue expuesta

por el Consejo de Estado, y la cual permite diferenciar en qué casos la entidad ejerció una u otra acción de las
mencionadas. Al respecto ha dicho la Corporación: «[…] Respecto de la procedencia de la acción de nulidad
contra actos particulares y concretos la sentencia de agosto 10 de 1961, con ponencia de CARLOS GUSTAVO
ARRIETA ALANDETE, estableció que solamente se podría demandar este tipo de actos mediante la acción de
nulidad si: “… los únicos motivos determinantes… son los de tutelar el orden jurídico y la legalidad abstracta
contenida en esos estatutos superiores, y que sus finalidades son las de someter la administración pública al
imperio del derecho objetivo.”; y la consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto particular y concreto no
conlleva un restablecimiento automático del derecho subjetivo […]».

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3.4.2. Caso concreto

57. Para el efecto, el apelante señala que deben declarar la ocurrencia del fenómeno

de la caducidad dado que pese a que en el proceso la demanda se admitió y se
profirió sentencia a la luz del medio de control de nulidad; en auto de 17 de mayo
de 2022 el Tribunal Administrativo del Meta afirmó que su análisis correspondía al
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y en esa medida se
configuró la caducidad del medio de control porque se superó el término de 4 meses
de que trata el artículo 164 del CPACA dado que la Resolución 1673 fue expedida
el 13 de agosto de 2019 por lo que el departamento del Vaupés debía demandarla
a más tardar el 13 de diciembre de 2019, pero la demanda fue presentada el 30 de
septiembre de 2020.

58. Ahora bien, para la Sala la tesis del apelante desconoce la naturaleza de las

pretensiones formuladas y la finalidad perseguida por la entidad demandante, que
desde la misma demanda advirtió que no buscaba obtener el reconocimiento de una
situación jurídica subjetiva, el restablecimiento de un derecho particular o la
condena económica de las organizaciones sindicales o de los empleados
beneficiarios del acuerdo laboral, sino exclusivamente en retirar del ordenamiento
jurídico varias disposiciones del Acuerdo Laboral del 6 de agosto de 2019, al
considerar que excedían el marco constitucional y legal de la negociación colectiva
de empleados públicos.

59. En esa medida la controversia reviste una naturaleza objetiva propia del medio

de control de nulidad que persigue el control abstracto de unos actos administrativos
por la presunta configuración de las causales de desconocimiento del ordenamiento
jurídico y la distribución constitucional de competencias.

60. Precisamente por ello, el Tribunal Administrativo del Meta concluyó que el asunto

debía analizarse bajo la lógica del medio de control de nulidad previsto en el artículo
137 del CPACA, cuyo propósito consiste en la preservación del orden jurídico
abstracto y no en la protección de derechos subjetivos, tal como lo señaló desde la
admisión de la demanda, como el trámite procesal adelantado e incluso el fallo de
primera instancia, que se surtieron a la luz del medio de control de nulidad donde
se estableció la necesidad de vinculación de los sindicatos SINDEVA, SINTRENAL
y SINTRADEVA, a los que se les notificó la demanda y quienes han tenido la
oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, con plena garantía del derecho al
debido proceso

Esta posición ha sido reiterada en múltiples fallos de esta Corporación, entre los que se encuentran los
siguientes: (i) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 29 octubre de 1996; (ii) Consejo
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 4 marzo de 2003; (iii) Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 30 de agosto de 2007, Radicación Número: 13001-23-31-
000-2004-01160-01.

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61. En esa medida, debe acudirse a la regla establecida en el literal a) del numeral

1.° del artículo 164 del CPACA, conforme a la cual la demanda de nulidad puede
promoverse «en cualquier tiempo» y, teniendo en cuenta que la demanda fue
radicada el 30 de septiembre de 202013 y que el medio de control es el de nulidad,
no se advierte que haya operado el fenómeno de la caducidad alegado por la parte
demandada.

3.5. Segundo problema jurídico. ¿En este caso debió promoverse el requisito
de conciliación extrajudicial como requisito previo para promover la demanda
en el medio de control del epígrafe?

62. El apelante señaló que en este caso el agotamiento de la conciliación
extrajudicial es requisito de procedibilidad para la interposición de la demanda.

63. Al respecto debe recordarse que el artículo 161 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), en concordancia con
el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, dispone que la conciliación extrajudicial
constituye requisito de procedibilidad respecto de aquellos medios de control en los
que se debatan asuntos de carácter particular y contenido económico susceptibles
de conciliación, especialmente cuando se ejerce el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho dada la existencia de derechos subjetivos
disponibles, respecto de los cuales las partes tengan capacidad jurídica para
transigir, conciliar o disponer válidamente.

3.5.1. Caso concreto.

64. Como se desprende de lo señalado en el acápite anterior, la premisa señalada

en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009 no se configura en el asunto objeto de
análisis, dado que el departamento del Vaupés no acudió ante esta jurisdicción con
el propósito de obtener el reconocimiento de un derecho subjetivo, reclamar un
restablecimiento del derecho, controvertir una situación jurídica individual y
concreta o afectar derechos adquiridos de los beneficiarios del acuerdo sindical,
sino que pretende cuestionar los apartes demandados del Acuerdo Laboral del 6
de agosto de 2019, por considerar que éstos regularon materias fuera de las
competencias establecidas en el marco constitucional y legal que delimita las
competencias de las entidades públicas en materia de empleo público.

65. Por consiguiente, dado que el medio de control de nulidad presenta una
naturaleza eminentemente objetiva, propia del medio de control previsto en el
artículo 137 del CPACA cuyo propósito es excluir del ordenamiento jurídico aquellos

13 Como lo señala la página principal del aplicativo Samai, expediente digitalizado correspondiente a la
primera instancia.

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actos administrativos que resulten contrarios a la Constitución o a la ley, en defensa
de la legalidad y del interés general, no es exigible la conciliación prejudicial.

3.6. Tercer problema jurídico. ¿Las disposiciones demandadas deben ser
declaradas nulas por falta de competencia de la autoridad que las expidió y por
desconocimiento de las normas superiores en que debían fundarse o por el
contrario se encuentran ajustadas a derecho?

3.6.1. Fondo del asunto
67. Como ya se indicó, el demandante señaló que las normas acusadas contienen

asuntos en materia prestacional y de seguridad social que no pueden ser objeto de
negociación colectiva en virtud de lo señalado por el Decreto 160 de 2014, la Ley
100 de 1993, el Decreto 1085 de 2015 y la Circular 100-002 del 6 de febrero de
2019 y pese a que en Colombia se reconoce el derecho de asociación sindical,
libertad sindical y negociación colectiva en el sector público, esta última está limitada
por las materias que la ley permite negociar, de conformidad con el Convenio OIT
151, la Ley 411 de 1997 y el artículo 5.° del Decreto 160 de 2014, compilado en el
Decreto 1072 de 2015.

68. Ahora bien, al respecto es menester recordar que la competencia es una
manifestación del principio de legalidad y una limitación al ejercicio del poder, así
como una consecuencia lógica del sometimiento del Estado al Derecho. En ese
sentido, mientras los particulares tienen la facultad de realizar todos los actos que
no se encuentren expresamente prohibidos, la administración únicamente podrá
realizar lo permitido por el legislador14.

69. Asimismo, no solamente las disposiciones legales definen la distribución de
competencias, también lo establece la Constitución Política que en determinados
asuntos confiere la potestad de regulación en forma exclusiva y excluyente por
ciertas entidades u organismos. Así, dependiendo la autoridad administrativa a la
que le fue asignada la función se establecerá si se está en el ámbito de la reserva
de ley o reserva de reglamento.

14 La idea de que la regla general es la incompetencia y la excepción es la competencia explícita en norma ha

sido debatida en sede doctrinal. Íntegra la discusión sobre la distancia entre la noción de capacidad en el
derecho privado y la competencia en el público. Un sector defiende el postulado de la permisión amplia, según
la cual, siempre que se crea un órgano público y se le asigna un marco competencial, a la entidad puede hacer
todo lo que no esté prohibido o exceda sus competencias. Así lo explica Cassagne: «Se argumenta que el
axioma ontológico de la libertad rige tanto con relación a las personas físicas o ideales, como frente a los sujetos
estatales y sus órganos, y que si bien el principio de la juridicidad exige para que exista competencia en el sujeto
u órgano que una norma lo establezca, una vez creada una persona jurídica pública estatal, ésta y sus órganos
pueden hacer todo lo no prohibido dentro de sus respectivas competencias (axioma ontológico). Sin embargo,
en materia de actos de gravamen la exigencia de norma expresa para fundar la competencia resulta
insoslayable […]» (CASSANGNE, Juan Carlos. El acto administrativo: teoría y régimen jurídico. Buenos Aires:
Ediciones Olejnik, 2019. p. 191).

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70. En línea con lo anterior y tal como lo ha señalado esta Corporación 15 para que

un acto administrativo sea válido se requiere, entre otros, que a la autoridad de
quien emana, le haya sido atribuida vía constitucional, legal o reglamentaria la
facultad de tomar dicha decisión. Así, la competencia administrativa se determina
a partir de la identificación de los deberes, responsabilidades, obligaciones y
facultades que el ordenamiento jurídico asignó a los servidores y a los particulares
que ejercen funciones públicas. Esto supone verificar las normas vigentes al
momento de ejercer la labor administrativa para determinar si se cuenta con
competencia para realizar esa función. De acuerdo con lo anterior, el acto
administrativo estará viciado de nulidad cuando se profiere por un sujeto sin una
competencia atribuida por el ordenamiento, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 137 del CPACA.

71. Ahora bien, en materia de asociación sindical16 el artículo 39 de la Constitución

Política dispone que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir
sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Además, su estructura
interna y funcionamiento debe sujetarse al orden legal y a los principios
democráticos.

72. Este derecho también se encuentra consagrado en diferentes instrumentos
internacionales, como son los Convenios 87 y 98 de la OIT, la Declaración Universal
de Derechos Humanos,17 la Convención Americana sobre Derechos Humanos,18 y
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.19 La Corte Constitucional ha
aclarado que dichos instrumentos integran el bloque de Constitucionalidad «en
razón a que son un referente para interpretar los derechos de los trabajadores y
darle plena efectividad al principio fundamental de la protección del trabajador
(C.P., art. 1) y al derecho al trabajo (C.P. arts. 25 y 53)».20

73. A su turno, la Corte Constitucional en Sentencia C-797 de 2000 expresó que la

libertad sindical comporta:21

i) El derecho de todos los trabajadores, sin discriminación ni distinción alguna,
para agruparse a través de la constitución de organizaciones permanentes que
los identifican como grupos con intereses comunes, y cuya defensa propugnan.

15 Sentencia proferida por esta Subsección en el proceso radicado 11001-03-25-000-2021-00331-00 (1772-

2021), con ponencia del consejero Dr. Juan Camilo Morales Trujilllo.
16 En estos términos ya se ha pronunciado esta Subsección. Ver sentencia proferida en el proceso radicado

11001032500020160013600 (0647-2016)
17
Artículo 23.
18 Artículo 16.
19 Artículo 22.
20 Sentencias Sentencia T-568 de 1999, C-401 de 2005 y T-285 de 2006.
21 Ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 18 de julio de 2024, radicado

08001-23-33-000-2015-00031-01 (0236-2017).

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Este derecho implica la libertad tanto para afiliarse como para retirarse de dichas
organizaciones.

ii) La facultad de constituir y organizar estructural y funcionalmente las referidas
organizaciones y conformarlas automáticamente como personas jurídicas, sin la
injerencia, intervención o restricción del Estado.

iii) El poder de las organizaciones de trabajadores de determinar el objeto de la
organización, condiciones de admisión, permanencia, retiro o exclusión de sus
miembros, régimen disciplinario interno, órganos de gobierno y representación,
constitución y manejo del patrimonio, causales de disolución y liquidación,
procedimiento liquidatorio, y otros aspectos que atañen con su estructura,
organización y funcionamiento, que deben ser, en principio, libremente
convenidos por los miembros de las asociaciones sindicales al darse sus propios
estatutos o reformarlos, salvo las limitaciones que válidamente pueda imponer el
legislador.

iv) La facultad de las asociaciones sindicales para formular las reglas relativas a
la organización de su administración, así como las políticas, planes y programas
de acción que mejor convengan a sus intereses, con la señalada limitación.

v) La garantía de que las organizaciones de trabajadores no están sujetas a que
la cancelación o la suspensión de la personería jurídica sea ordenada por la
autoridad administrativa, sino por vía judicial.

vi) El derecho de las organizaciones sindicales para constituir y afiliarse a
federaciones y confederaciones nacionales e internacionales.

vii) La inhibición, para las autoridades públicas, incluyendo al legislador, de
adoptar regulaciones, decisiones o adelantar acciones que tiendan a obstaculizar
el disfrute del derecho a la libertad sindical.

74. Por su parte, el ordenamiento superior22 promueve la negociación colectiva entre

trabajadores y empleadores como un instrumento para la concertación libre y
voluntaria de las condiciones laborales y la reivindicación de los derechos de los
trabajadores.

75. Sobre este aspecto el artículo 2.2.2.4.4. del Decreto 1072 de 2015 «Por medio

del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo» tanto antes
como después de la modificación introducida por el Decreto Reglamentario 243 de
202423 señaló que para efectos de la negociación de las condiciones de empleo se

22 Ver artículos 55 de la Constitución Política, 432 a 436 del CST y Convenio 154 OIT.
23 «Por el cual se modifica el Capítulo 4 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único

Reglamentario del Sector Trabajo en lo relativo a los procedimientos de negociación y solución de
controversias con las organizaciones de empleados públicos»

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debe tener en cuenta el respeto de la competencia constitucional y legal atribuida
a las entidades de autoridades públicas; por tanto la autoridad pública a quien el
sindicato le debe presentar el pliego y con quien lo debe negociar es la autoridad
pública competente; ello es así dado que tratándose de empleados públicos, para
la determinación de sus condiciones de empleo la competencia es constitucional y
legal, distribuir entre distintas autoridades.

3.6.2 Caso concreto

76. Como ya se indicó las normas demandadas del Acuerdo Colectivo de 18 de junio

de 2019 suscrito entre el departamento del Vaupés y los sindicatos SINDEVA,
SINTRENAL y SINTRADEVA, son las siguientes:

«4.2. La Administración Departamental garantizara a SINDEVA comisión
permanente a uno de sus integrantes de la junta directiva para atender los
compromisos propios de la organización sindical. Para el caso de
SINTRENAL y SINTRADEVA se otorgarán permisos sindicales los días
martes y viernes a la semana para atender compromisos de la organización
sindical.»

77. El demandante arguyó que el aparte subrayado de este artículo destiende el
contenido de lo señalado en los artículos 2.2.2.5.1., 2.2.2.5.2., y 2.2.2.5.3., del
Decreto 1072 de 2015 dado que no podían otorgarse permisos de esta naturaleza
de forma permanente pues estos solo operan para el desarrollo de actividades y
funciones sindicales temporales pues lo contrario sería inconstitucional e ilegal al
desconocer el Decreto 2813 de 2000 y las Circulares Externas Conjuntas 08 del 26
de diciembre de 2007 de los Ministerios de Salud y el DAFP, y 31 del 27 de
diciembre de 2011 emitida por los Ministerios del Trabajo y de Educación Nacional.

78. Ahora bien, es necesario precisar que el aparte demandado no se refiere a los

permisos como lo señala el demandante, dado que la figura utilizada es la de la
«comisión permanente», que según la norma se otorgaría a los miembros directivos
del Sindicato de Educadores del Vaupés SINDEVA.

79. Alrespecto, es de indicar que para los docentes la comisión de encuentra
establecida en los artículos 66 y s.s. del Decreto 2277 de 1979 norma que señala:

«ARTÍCULO 66.- Comisiones. El educador escalafonado en servicio activo, puede
ser comisionado en forma temporal para desempeñar por encargo otro empleo
docente, para ejercer cargos de libre nombramiento y remoción, para adelantar
estudios o participar en congresos, seminarios u otras actividades de carácter
profesional o sindical. En tal situación el educador no pierde su clasificación en el
escalafón y tiene derecho a regresar al cargo docente, tan pronto renuncie o sea
separado del desempeño de dichas funciones.
Si el comisionado fuere removido por una de las causales de mala conducta
contempladas en el artículo 46 de este Decreto, se le aplicará el procedimiento
disciplinario establecido en el Capítulo V.

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El salario y las prestaciones sociales del docente comisionado serán los asignados
al respectivo cargo.
El tiempo que dure la comisión será tomado en cuenta para efectos de ascenso en
el escalafón.
Si la designación para un cargo de libre nombramiento y remoción no se produce
por comisión, sino en forma pura y simple, el educador se considerará retirado del
servicio activo en la docencia.» (Negrilla de la Sala)

80. Por su parte los permisos remunerados están consagrados en el artículo 65 de

la misma norma:

«ARTÍCULO 65.- Permisos remunerados. Cuando medie justa causa, el educador
tiene derecho a permiso remunerado hasta por tres (3) días hábiles consecutivos.
Corresponde al director o rector del establecimiento autorizar o negar los permisos.»

81. En ese sentido es evidente que el aparte demandado se refiere a la comisión y

ello no es procedente su análisis contrastado a la luz de lo señalado por los artículos
2.2.2.5.1., 2.2.2.5.2., y 2.2.2.5.3. del Decreto 1072 de 2015 dado que estos se
refieren a los «permisos» sindicales, figura jurídica diferente.

82. La comisión se encuentra igualmente establecida en los artículos 2.2.5.5.21 y

2.2.5.5.22 del Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector de la Función Pública que señalan:

«ARTÍCULO 2.2.5.5.21 Comisión. El empleado se encuentra en comisión cuando
cumple misiones, adelanta estudios, atiende determinadas actividades especiales
en sede diferente a la habitual o desempeña otro empleo, previa autorización del
jefe del organismo. La comisión puede otorgarse al interior del país o al exterior.»

«ARTÍCULO 2.2.5.5.22 Clases de comisión. Las comisiones pueden ser:
1. De servicios.
2. Para adelantar estudios.
3. Para desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción o de periodo,
cuando el nombramiento recaiga en un empleado con derechos de carrera
administrativa.
4. Para atender invitaciones de gobiernos extranjeros o de organismos
internacionales.»

83. Sin embargo, el mismo Decreto 1083 de 2015 en su artículo 2.2.5.5.26 prohíbe

toda comisión de servicios de carácter permanente.

84. De acuerdo con lo anterior se tiene que en virtud de lo establecido en el Decreto

2277 de 1979 el docente si bien tiene derecho a ser comisionado para actividades
sindicales, estas solo pueden ser otorgadas de forma temporal, aunado a que el
Decreto 1083 de 2015 prohíbe todo tipo de comisión de carácter permanente.

85. En esa medida y sin mayores disquisiciones es evidente la ilegalidad de la
comisión permanente para actividades sindicales que otorga el artículo 4.2. a los
directivos sindicales de SINDEVA, razón que lleva a colegir que le asistió razón al

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a quo en declarar la nulidad del aparte demandado.

86. Es importante indicar que en la demanda solo se demandó el primer inciso del

artículo 4.2. del Acuerdo, referente a las comisiones permanentes, al que ya se ha
hecho referencia, sin embargo, el Tribunal también declaró la nulidad de los apartes
«martes y viernes a la semana» del segundo inciso de la norma, ampliando el marco
de la demanda.

87. Sin embargo, el apelante no se pronunció sobre este aspecto, sino que insiste

en que debe mantenerse ese permiso frente a los días otorgados, dado que en su
parecer «[…] antes que dificultar el correcto ejercicio de la función pública o de
trasgredir norma alguna del ordenamiento jurídico, propende por el correcto
desempeño de los trabajadores públicos sindicalizados en convergencia con el
derecho fundamental de asociación».

88. Sobre este punto de disenso se pronunciará la Sala para lo cual es necesario

señalar que los permisos sindicales se encuentra regulados en los artículos
2.2.2.5.1. a 2.2.2.5.4., normas que disponen que los representantes sindicales de
los servidores públicos tienen derecho a que las entidades públicas de todas las
Ramas del Estado, sus Órganos Autónomos y sus Organismos de Control, la
Organización Electoral, las Universidades Públicas, las entidades descentralizadas
y demás entidades y dependencias públicas del orden nacional, departamental,
distrital y municipal, les concedan permisos sindicales remunerados, razonables y
de acuerdo al grado de la organización, proporcional al número de afiliados y
necesarios para el cumplimiento de su gestión, teniendo en cuenta la estructura
nacional y territorial con que cuente la organización sindical, lo anterior sin perjuicio
de los permisos ya concedidos para los dirigentes de las organizaciones sindicales.

89. Así mismo, que corresponde al nominador o al servidor público que éste delegue

para tal efecto, reconocer mediante acto administrativo los permisos sindicales,
previa solicitud de las organizaciones sindicales de primero, segundo o tercer
grado, en la que se precisen, entre otros, los permisos necesarios para el
cumplimiento de su gestión, el nombre de los representantes, su finalidad, duración
periódica y su distribución.

90. Deben ser solicitados por escrito por el presidente o secretario general de la

organización sindical, como mínimo con ocho (8) días de antelación a la fecha para
la cual se solicita el permiso, cuando se trate de delegados previstos en los
estatutos sindicales para las asambleas sindicales, la negociación colectiva y los
procesos de capacitación y formación y, de cuatro (4) días previos a la fecha para
la cual se solicita el permiso cuando se trate de directivos, a efectos de que la
entidad pública pueda autorizarlos.

91. La norma (art. 2.2.2.5.4.) señala que el nominador o la autoridad responsable

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dará respuesta de fondo mediante acto administrativo motivado, el cual indicará el
nombre del servidor a quien se le otorga el permiso, la finalidad y el término de su
duración según corresponda.

92. Como se aprecia la norma dispone que los permisos sindicales deben ser
solicitados solo cuando se encentren plenamente justificados para el ejercicio de la
actividad sindical, para lo cual se establece un procedimiento debidamente
regulado, que no puede ser ignorado por el artículo 4.2. del Acuerdo al señalar que
se concederán todos los martes y viernes de la semana, pues tal prerrogativa
excede los términos del Decreto 1072 de 2015, escenario en el que se colige su
ilegalidad. En esa medida es evidente que le asistió razón al Tribunal, frente a los
argumentos por los cuales declaró su nulidad.

93. La siguiente norma demandada es el articulo 4.9. del Acuerdo que señala:

«4.9. La Administración Departamental garantizara proyectar el calendario escolar
teniendo en cuenta las condiciones y necesidades regionales del departamento,
garantizando el rubro presupuestal necesario para su cumplimiento y la participación
efectiva a SINDEVA en dicha proyección».

94. En la demanda se indicó que esta disposición desconoce el Decreto 160 de
201424, en su artículo 5.° que se refiere a las materias de negociación y la circular
conjunta No 100-002 del 6 de febrero de 2019, expedida por parte del Ministerio del
Trabajo y del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.

95. Al respecto advierte la Sala que, en efecto, la citada disposición señala que en

efecto el numeral 2.° del parágrafo de la norma en mención dispone:

«Artículo 5°. Materias de negociación.
[…]

Parágrafo 1. No son objeto de negociación y están excluidas, las siguientes
materias:

[…]
2. Las competencias de dirección, administración y fiscalización del Estado;
[….]».

96. Advierte la Sala que si bien la Ley 115 de 1994 o Ley general de la educación
dispuso en su artículo 86 que los calendarios académicos tendrán la flexibilidad
necesaria para adaptarse a las condiciones económicas regionales y a las
tradiciones de las instituciones educativas, no obstante corresponde al Ministerio
de Educación Nacional, reglamentar los calendarios académicos de tal manera que
contemplen dos (2) periodos vacacionales uniformes que amplíen las posibilidades
de formación integral escolarizada o desescolarizada y, además faciliten el

24 «Por el cual se reglamenta la Ley 411 de 1997 aprobatoria del Convenio 151 de la OIT, en lo relativo a los

procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos»

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aprovechamiento del tiempo libre y la recreación en familia. Además, la misma
norma dispone que el calendario académico en la educación básica secundaria y
media se organizará por periodos anuales de 40 semanas de duración mínima o
semestrales de 20 semanas mínimo y que la educación básica (primaria y
secundaria) y media comprende un mínimo de horas efectivas de clase al año,
según el reglamento que expida el Ministerio de Educación Nacional.

97. No obstante, el Decreto 1075 de 201525 en sus artículos 2.4.3.4.1. y 2.4.3.4.2.

establece que, atendiendo las condiciones económicas regionales, las tradiciones
de las instituciones educativas y de acuerdo con los criterios allí establecidos las
entidades territoriales certificadas expedirán cada año y por una sola vez, el
calendario académico para todos los establecimientos educativos estatales de su
jurisdicción, que determine las fechas precisas de iniciación y finalización de las
siguientes actividades:

«1. Para docentes y directivos docentes:
a) Cuarenta (40) semanas de trabajo académico con estudiantes, distribuido en dos
períodos semestrales;
b) Cinco (5) semanas de actividades de desarrollo institucional; y
c) Siete (7) semanas de vacaciones.
2. Para estudiantes:
a) Cuarenta (40) semanas de trabajo académico, distribuido en dos períodos
semestrales;
b) Doce (12) semanas de receso estudiantil.
PARÁGRAFO. El calendario académico de los establecimientos educativos
estatales del año lectivo siguiente será fijado antes del 1 de noviembre de cada año
para el calendario A y antes del 1 de julio para el calendario B.»

98. Pero además el artículo 2.4.3.4.2. señala que la competencia para modificar el

calendario académico es del Gobierno Nacional:
«[…] los ajustes del calendario deberán ser solicitados previamente
por la autoridad competente de la respectiva entidad certificada mediante
petición debidamente motivada, salvo cuando sobrevengan hechos que
alteren el orden público, en cuyo caso la autoridad competente de la entidad
territorial certificada podrá realizar los ajustes del calendario académico que
sean necesarios.
Las autoridades territoriales, los consejos directivos, los rectores o directores
de los establecimientos educativos no son competentes para autorizar
variaciones en la distribución de los días fijados para el cumplimiento del
calendario académico y la jornada escolar, ni para autorizar la reposición de
ciases por días no trabajados por cese de actividades académicas.»

99. De acuerdo con esto es evidente que establecer que el gobierno departamental

puede «proyectar el calendario escolar» con la participación SINDEVA en dicha
proyección, es una disposición que desconoce las competencias otorgadas a(l)

25 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación». Artículo compilatorio

del Decreto 1850 de 2002, artículo 14.

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Ministerio de Educación, así como los procedimientos que deben surtirse para la
modificación del calendario escolar, dado que esa modificación debe ser solicitada
previamente ante el Ministerio de Educación Nacional, salvo el especifico caso de
la alteración del orden público.

100. El apoderado del sindicato apelante sostuvo que la medida se encuentra
justificada en atención a «[…] la población (mayoritariamente indígena), la cultura
y la posición socioeconómica», según se expone en el recurso de apelación. No
obstante, tal argumento no desvirtúa la conclusión de ilegalidad del acto acusado.

101. En efecto, como se indicó previamente, la competencia para modificar el
calendario académico corresponde de manera exclusiva al Ministerio de Educación
Nacional. Si bien las entidades territoriales pueden promover ante dicha autoridad
la respectiva modificación, ello debe realizarse con estricta sujeción al
procedimiento y a las causales expresamente previstas en el ordenamiento jurídico.
En consecuencia, la inobservancia de las disposiciones contenidas en el Decreto
1075 de 2015 constituye una clara extralimitación del marco normativo aplicable y
evidencia la ilegalidad del artículo 4.9 demandado. Por esta razón, procede su
anulación, tal como acertadamente lo concluyó el a quo.

102. La siguiente norma demandada es el articulo 4.11 del Acuerdo que dispone:

«4.11. La Administración Departamental garantizara el pago de transporte aéreo (ida
y regreso), de cuatro cupos al año para cada sindicato (sindeva, sintrenal y
sintradeva), a los empleados públicos que ejerzan cargos directivos sindicales,
siempre y cuando medie invitación a un evento de carácter oficial.
Parágrafo: Cada sindicato reglamentará al interior las condiciones para recibir este
beneficio, el cual no podrá ser acumulable de un año a otro ni transferible entre
sindicatos»

103. La ilegalidad que se alega en la demanda radica en el desconocimiento de
los artículos 61 del Decreto Ley 1042 de 1978 y los artículos 5.° y 9.° del Decreto
Ley 1028 de 201926 y la Circular Externa No. 100-017 de 2021 expedida por el
Departamento Administrativo de la Función Pública. Las citadas disposiciones
establecen lo siguiente:

«ARTÍCULO 61. De los viáticos. Los empleados públicos que deban viajar dentro
o fuera del país en comisión de servicios tendrán derecho al reconocimiento y
pago de viáticos.
[…]».

«ARTÍCULO 5. Viáticos. El valor y las condiciones para el otorgamiento de los
viáticos en las comisiones de servicios de los Gobernadores y Alcaldes
corresponderán a lo establecido por el Gobierno Nacional para los empleados
públicos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional. Para estos últimos se tendrá en

26 Vigente para la fecha en que se expidieron los actos demandados. Posteriormente fue derogado por el

Decreto 314 de 2020.

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cuenta, igualmente, lo señalado en la Ley 136 de 1994 y demás normas que la
modifiquen o reglamenten.

PARÁGRAFO. El tope máximo para el reconocimiento de viáticos diarios para
comisiones al interior del país de los Alcaldes de Distritos y Municipios clasificados
en categoría quinta y sexta, será el correspondiente para el Alcalde de Municipio o
Distrito de cuarta categoría, de acuerdo con la escala de viáticos fijada por el
Gobierno Nacional».

«ARTÍCULO 9. Viáticos. El valor y las condiciones para el otorgamiento de los
viáticos para los empleados públicos de las entidades territoriales corresponderán a
lo establecido por el Gobierno Nacional para los empleados públicos de la Rama
Ejecutiva del Orden Nacional.»

104. Como se aprecia, las citadas disposiciones establecen que los viáticos se
generan por comisiones de servicios, sin embargo, el artículo demandado establece
su concesión para cuando «medie invitación a un evento de carácter oficial».
Además, que su reglamentación corresponde al Sindicato para recibir el
«beneficio».

105. Ahora bien, el parágrafo del artículo 2.2.5.5.25 del Decreto 1083 de 2015
autoriza el otorgamiento de comisiones de servicios a líderes sindicales
debidamente acreditados para participar en foros, congresos y cursos relacionados
con su actividad, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales de la entidad.
A su vez, el artículo 2.2.5.5.27 del mismo decreto establece que el empleado en
comisión de servicios tiene derecho al pago de viáticos y, cuando corresponda, de
gastos de transporte.

106. Así mismo, la Circular Externa No. 100-017 de 2021 expedida por el
Departamento Administrativo de la Función Pública (con posterioridad a la
expedición de los actos demandados), ratificó que es procedente otorgar de gastos
de desplazamiento, alojamiento y alimentación a los líderes sindicales que asistan
a la negociación, tanto a nivel nacional como territorial, durante el tiempo que dure
el respectivo proceso de negociación, siempre y cuando exista la respectiva
disponibilidad presupuestal, y deban desplazarse fuera del perímetro urbano
(teniendo como punto de referencia la ciudad o municipio de labor), como
consecuencia del otorgamiento de una comisión de servicios.

107. En esa medida, dado que el reconocimiento del «pago de transporte aéreo
(ida y regreso), de cuatro cupos al año para cada sindicato (SINDEVA, SINTRÉNAL
y SINTRADEVA), a los empleados públicos que ejerzan cargos directivos
sindicales» fue previsto únicamente cuando medie invitación a un evento de
carácter oficial, resulta evidente que la disposición acusada desconoció el marco
normativo aplicable. En efecto, las normas anteriormente citadas regulan de
manera específica el reconocimiento de viáticos y gastos de transporte en aquellos
eventos para los cuales se haya otorgado comisión de servicios. Por consiguiente,
al apartarse de dicha regulación, el artículo 4.11 del Acuerdo Sindical de 2019

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incurrió en una infracción de las disposiciones superiores que gobernaban la
materia, circunstancia que impone confirmar la decisión de declarar su nulidad.

108. La siguiente norma demandada es el artículo 5.5. del Acuerdo sindical de
2019 que dispone:

«5.5. PRIMA DE ANTIGÜEDAD: La Administración Departamental se compromete
a continuar cancelando la prima de antigüedad, de acuerdo al decreto 0852 del 17
de mayo de 2013 a los servidores públicos administrativos de la planta central y
educación de la entidad».

109. Según la demanda esta disposición contraviene lo señalado en los artículos
1, 42 del Decreto Ley 1042 de 1978, así como el Decreto 1072 de 2015, artículo
2.2.2.4.4. y el articulo 150 de la Constitución Política de Colombia.

110. Para resolver este punto se advierte que de conformidad con los literales e)
y f) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política, corresponde al
Congreso de la República hacer las leyes por medio de las cuales dicta normas
generales y señala en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el
Gobierno para, entre otros efectos, fijar el régimen salarial, y las prestaciones
sociales de los empleados públicos.

111. En virtud de lo anterior, la Carta Política reservó al legislador la competencia
de establecer los elementos propios del régimen salarial y de la seguridad social de
los empleados y trabajadores. En consonancia con lo anterior, el artículo 10 de la
Ley 4 de 199227 prohíbe a las entidades públicas arrogarse la facultad de fijar el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos vinculados a las
respectivas entidades.

112. Ahora bien, la prima de antigüedad fue contemplada en el artículo 42 28 del
Decreto 1042 de 197829 como un factor de salario, sin embargo, debe tenerse en
cuenta que fue concebida para el sector nacional como lo señala el campo de
aplicación de la norma establecido en su artículo 1.°:

27 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para

la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional
y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan
otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la
Constitución Política.».
28 ARTÍCULO 42. De otros factores de salario. […]

a. Los incrementos por antigüedad a que se refieren los artículos 49 y 97 de este Decreto.
[…]».
29 “Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios,

departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas
especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se
dictan otras disposiciones”.

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«ARTÍCULO 1. Del campo de aplicación. El sistema de nomenclatura,
clasificación y remuneración de cargos que se establece en el presente Decreto
regirá para los empleados públicos que desempeñen las distintas categorías de
empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional,
con las excepciones que se establecen más adelante.»

113. Es de señalar que, si bien el Decreto 1919 de 2002 estableció que los
empleados públicos del orden territorial gozarían de las prestaciones sociales de
los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional,
sin embargo, en sus disposiciones no se refirió a la prima de antigüedad, como ya
se vio, no es una prestación social sino un factor de salario como lo señaló el
Decreto 1042 de 1978.

114. Ahora bien, en la apelación se señaló que se trataba de la ratificación de un
beneficio que tiene sustento legal en el Decreto 852 del 17 de mayo del 2013, «el
cual se había venido cumpliendo desde hace casi diez (10) años por parte del
Departamento del Vaupés», no obstante, el análisis de la citada disposición no hace
parte de este asunto, por lo que la Sala no se pronunciará sobre el mismo.

115. Lo que sí es evidente es que, no es posible que a través de un acuerdo
sindical se soslaye la competencia que la Constitución; y la ley reservó de manera
exclusiva al Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional
de los empleados públicos. Además, si el parágrafo 2.° del artículo 2.2.2.4.4 del
Decreto 1072 de 201530, estableció que en materia salarial «podrá haber
negociación y concertación» lo que debe consultar «las posibilidades fiscales y
presupuestales» fijadas por el gobierno nacional, ello no sucedió en este caso.

116. En esa medida es evidente que se debe declarar la nulidad del artículo 5.5.
del Acuerdo sindical en tanto señaló que se debía realizar el pago por un factor
salarial no creado para los empleados territoriales.

117. Ahora bien, por orden metodológico nos referiremos a la prima de carestía
establecida en el artículo 5.14. según el cual «La Administración Departamental
garantizara el pago de la prima de carestía para la vigencia 2020 a los servidores
públicos urbanos y rurales, docentes y administrativos del orden departamental por
un valor correspondiente a QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS ($570.000) por
una única vez al año. Los cuáles serán pagados en el mes de marzo, y tendrá
derecho el funcionario como mínimo un año de vinculación laboral a la fecha de
pago y debe estar ejerciendo el cargo».

30 Antes de la modificación del artículo 1 del Decreto 243 de 2024, el cual establecía: “Parágrafo 2°. En
materia salarial podrá haber negociación y concertación, consultando las posibilidades fiscales y
presupuestales. Sin perjuicio de lo anterior, en el nivel territorial, se respetarán los límites que fije el
Gobierno nacional. En materia prestacional las entidades no tienen facultad de negociar y concertar, toda
vez que por mandato consti-tucional y legal la única autoridad competente para regular la materia es el
Presidente de la República.”

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118. Sobre esta prima deben reiterarse los argumentos señalados en precedencia
según los cuales el literal e) del numeral 19 del Artículo 150 Superior estableció de
manera fehaciente que corresponde al Congreso de la República fijar el régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos

119. Además, el parágrafo 2.° del artículo 2.2.2.4.4. del Decreto 1072 de 2015
«Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo»
señaló que para efectos de la negociación de las condiciones de empleo se debe
tener en cuenta el respeto de la competencia constitucional y legal atribuida a las
entidades de autoridades públicas.

120. De acuerdo con ello, al crearse una prestación denominada «prima de
carestía» para la vigencia 2020 a los servidores públicos urbanos y rurales,
docentes y administrativos del orden departamental por valor de «$570.000» se
advierte que el citado artículo 5.14 del Acuerdo sindical de 2019 está viciado de
nulidad dado que se estableció una estipulación para la cual la autoridad territorial
no tenía competencia.

121. La siguiente norma demandada es el artículo 5.6.:
«5.6. La Administración Departamental hará el respectivo descuento del 10%
a los empleados no sindicalizados previa solicitud del sindicato correspondiente,
que se vean beneficiados del reconocimiento y pago de la prima extralegal de
carestía.» (Negrila de la Sala)

122. Sobre este punto, la demanda señala que desconoce lo señalado en el
Decreto 2664 de 2015, articulo 1.°, así como la circular conjunta 02 de 31 de agosto
de 2015.

123. Por su parte en la apelación se indicó que el articulo debe mantener su
vigencia pues «resulta a todas luces injusto ser beneficiario de una prerrogativa
laboral, sin participar de las organizaciones sindicales que hicieron posible dicho
beneficio».

124. El artículo 1.° del Decreto 2264 de 2013 «[p]or el cual se reglamentan los
artículos 400 del Código Sustantivo del Trabajo y 68 de la Ley 50 de 1990» dispone:

«Artículo 1°. Con el fin de garantizar que las organizaciones sindicales puedan
recaudar oportunamente las cuotas fijadas por la ley y los estatutos sindicales para
su funcionamiento, el empleador tiene la obligación de:
a) Efectuar sin excepción la deducción sobre los salarios de la cuota o cuotas
sindicales y ponerlas a disposición del sindicato o sindicatos, cuando los
trabajadores o empleados se encuentren afiliados a uno o varios sindicatos.
b) Retener y entregar directamente a las organizaciones de segundo y tercer grado,
las cuotas federales y confederales que el sindicato afiliado esté obligado a pagar
en los términos del numeral 3 del artículo 400 del Código Sustantivo del Trabajo y
de este decreto.

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c) Retener y entregar a la organización sindical las sumas que los trabajadores no
sindicalizados deben pagar a estas por beneficio de la convención colectiva en los
términos del artículo 68 de la Ley 50 de 1990, salvo que exista renuncia expresa a
los beneficios del acuerdo.
d) Retener y entregar a la organización sindical las sumas que los empleados
públicos no sindicalizados autoricen descontar voluntariamente y por escrito para el
sindicato, por reciprocidad y compensación, en razón de los beneficios recibidos con
ocasión del Acuerdo Colectivo obtenido por el respectivo sindicato, para lo cual se
habilitarán los respectivos códigos de nómina.
[...]».

125. Como se aprecia, la disposición en cita dispone un parámetro diferente en
tratándose de trabajadores y empleados, dado que para los primeros establece que
el empleador debe «[r]etener y entregar a la organización sindical las sumas que
los trabajadores no sindicalizados deben pagar a estas por beneficio de la
convención colectiva en los términos del artículo 68 de la Ley 50 de 1990, salvo
que exista renuncia expresa a los beneficios del acuerdo.» 31 Empero para los
empleados públicos no sindicalizados, estos deben autorizar el descuento de
forma voluntaria y por escrito para el sindicato, en razón de los beneficios recibidos
con ocasión del Acuerdo Colectivo obtenido por el respectivo sindicato.

126. En esa medida, dado que la disposición del Acuerdo Sindical se refiere de
manera general a los «empleados», resulta evidente que el descuento allí previsto
no podía efectuarse de forma obligatoria, toda vez que, como se explicó
anteriormente, respecto de los empleados públicos no sindicalizados se requería
una autorización expresa para su realización. Asimismo, de la lectura de la
disposición se advierte que dicho descuento se encontraba condicionado al
reconocimiento de la prima de carestía prevista en el artículo 5.14 del mismo
acuerdo, prestación que, según quedó analizado, no se ajusta al ordenamiento
jurídico.

127. En consecuencia, al carecer de sustento legal tanto el descuento obligatorio
como la prestación de la cual dependía, se impone confirmar la decisión de declarar
la nulidad de este artículo.

128. Ahora bien, el artículo 5.9. demandando dispone:

«COMPENSATORIOS POR ANTIGÜEDAD. La Administración Departamental se
compromete a brindarles a los empleados públicos dos (2) días de descanso
remunerado por cada 2 años de servicio laborados, estos serán disfrutados por el
empleado en el momento del goce de sus vacaciones. Este beneficio no será
acumulable, no puede existir solicitud de días de permiso consecutivos, ni días de
compensatorios y por último
los funcionarios que se indemnicen no tendrán derecho a este beneficio.
Se tendrá como fecha inicial 2 años antes de la fecha de la firma de este acuerdo.»

31 Negrilla de la Sala.

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129. Frente a esta disposición señaló el demandante que se desconocieron los
artículos 33 a 35 del Decreto Ley 1042 de 1978, esto porque los efectos de la
jornada laboral allí señalada son aplicables a los empleados públicos territoriales,
y solo es procedente el reconocimiento de descansos compensatorios, cuando
exista una situación legal que así lo establezca y se determina a través del trabajo
suplementario o extra cuando supere el número de horas previsto por semana.

130. Estima la Sala que más allá de regular la jornada laboral, lo que el artículo
5.9 del Acuerdo Colectivo del 9 de agosto de 2019 fue la creación de una prestación
correspondiente a dos días de descanso remunerado, por cada dos años de
servicio.

131. En efecto, de conformidad con el artículo 42 del Decreto 1042 de 1978, los
conceptos de salario y prestaciones comprenden los ingresos y beneficios
reconocidos al trabajador como retribución por sus servicios o para atender
contingencias derivadas de la relación laboral, mientras que los descansos
remunerados constituyen una categoría diferenciada que no se enmarca dentro de
dichos conceptos.

132. Con fundamento en lo anterior, la Sala concluye que la denominada
«compensación por antigüedad» prevista en el artículo 5.9 del Acuerdo Sindical
suscrito entre el departamento del Vaupés y los sindicatos SINDEVA, SINTRENAL
y SINTRADEVA constituye un beneficio prestacional creado en favor de los
empleados públicos del departamento y cuyo disfrute se suma al período de
vacaciones. En consecuencia, esta disposición también incurre en
desconocimiento del artículo 150 de la Constitución Política, según el cual
corresponde al Congreso de la República establecer el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos, así como de lo señalado en le parágrafo
2.° del artículo 2.2.2.4.4 del Decreto 1072 de 2015, dado que las entidades no
tienen facultad de negociar y concertar, en materia prestacional toda vez que por
mandato constitucional y legal la única autoridad competente para regular la
materia es el presidente de la República.

133. El siguiente artículo demandado es el 5.16 del Acuerdo sindical que
establece:
«5.16. La Administración reconocerá a los empleados que por el
fallecimiento única y exclusivamente del cónyuge, (compañero o
compañera), padres, hijos y hermanos, debidamente acreditados, el
equivalente a dos (2) salarios mínimos mensuales vigentes establecidos por
el gobierno nacional, como auxilio funerario, reconocido uno por núcleo
familiar. En caso de haber más de una solicitud esta se pagará
equitativamente, previa solicitud de los beneficiarios, se establece el termino
de seis (6) meses para que se realice la reclamación, en caso contrario
perderá el beneficio.

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PARÁGRAFO: Los sindicatos SINDEVA, SINTRENAL Y SINTRADEVA se
comprometen a realizar la consulta en sus bases de datos de los posibles
beneficiarios y notificaran al área de Recursos Humanos la relación de
familiaridad de los empleados.»

134. Según la demanda esta disposición, desconoce lo previsto en la Ley 100 de
1993, articulo 86, así como la Ley 776 de 2002. articulo 16. Por su parte la apelación
señala que el auxilio funerario se encuentra consagrado en la Ley 776 de 2002 y
en la Ley 100 de 1993, por consiguiente, no se trata de una prerrogativa creada a
partir del acuerdo laboral, sino que se trata de la regulación del mismo.

135. Al respecto, es menester distinguir entre el auxilio funerario de los artículos
51 y 86 de la Ley 100 de 1993, así como el auxilio funerario establecido en el
artículo 16 de la Ley 776 de 2000. En efecto, el primero se encuentra consagrado
para sufragar los gastos de entierro de los afiliados o pensionados del régimen de
prima media y el segundo para los afiliados al régimen de ahorro individual con
solidaridad. Por su parte el establecido en la Ley 776 de 2000 fue consagrado para
sufragar los gastos de entierro de un afiliado o de un pensionado por invalidez del
Sistema de Riesgos Profesionales, en los mismos términos del artículo 86
mencionado.

136. Ahora bien, como ya lo ha señalado esta Subsección en anteriores
oportunidades32, el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, así
como los componentes del Sistema de Seguridad Social, no pueden ser definidos
autónomamente por las entidades territoriales o descentralizadas, ni mucho menos,
a través de instrumentos de negociación colectiva, en tanto se trata de materias
sometidas a reserva de ley y de regulación por parte del Gobierno Nacional, en los
términos de los artículos 48 y 150 numeral 19 de la Constitución Política.

137. Por tanto, «establecer, mediante actos administrativos que implementan
acuerdos colectivos, beneficios en materia de cobertura de riesgos como la muerte,
adicionales a los previstos, por ejemplo, en los artículos del 46 al 49 y del 73 al 78
de la Ley 100 de 199333, invocados por la parte actora, que establecen los
requisitos, montos y demás aspectos relativos a la pensión de sobrevivientes,
implicaría la extralimitación de sus funciones, tal como se advierte de las normas
constitucionales citadas»34.

32 Sentencia proferida por esta Subsección en el proceso radicado 11001-03-25-000-2021-00331-00 (1772-

2021), con ponencia del consejero Dr. Juan Camilo Morales Trujilllo.
33 Al respecto, los artículos citados regulan las siguientes materias: artículo 46. Requisitos para obtener la

pensión de sobrevivientes, artículo 47. Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, artículo 48. Monto de la
pensión de sobrevivientes, artículo 49. Indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, artículo 73.
Requisitos y monto, artículo 74. Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, artículo 75. Garantía estatal de
pensión mínima de sobrevivientes, artículo 76. Inexistencia de beneficiarios, artículo 77. Financiación de las
pensiones de sobrevivientes, artículo 78. Devolución de saldos, artículo 79. Modalidades de las pensiones de
vejez, de invalidez y de sobrevivientes.
34 Ibidem

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138. Esta misma situación sucede en este caso dado que en el artículo 5.14 del
Acuerdo se advierte que está regulando:

(i) Los titulares: «La Administración reconocerá a los empleados que por el
fallecimiento única y exclusivamente del cónyuge, (compañero o compañera),
padres, hijos y hermanos, debidamente acreditados […]»

(ii) El monto: «[…] el equivalente a dos (2) salarios mínimos mensuales vigentes
establecidos por el gobierno nacional, como auxilio funerario, reconocido uno por
núcleo familiar. En caso de haber más de una solicitud esta se pagará
equitativamente».

(iii) El término de reclamación: «se establece el termino de seis (6) meses para que
se realice la reclamación, en caso contrario perderá el beneficio».

139. En esa medida este articulo también incurre en desconocimiento del artículo
150 de la Constitución Política, según el cual corresponde al Congreso de la
República y el parágrafo 2.° del artículo 2.2.2.4.4 del Decreto 1072 de 2015, dado
que las entidades no tienen facultad de negociar y concertar, en materia
prestacional toda vez que por mandato constitucional y legal la única autoridad
competente para regular la materia es el presidente de la República.

140. Finalmente, resulta pertinente señalar que, en su recurso de apelación, la
parte demandante sostuvo que la administración desconoció el principio de respeto
por los actos propios, lesionando con ello la confianza legítima de los empleados
beneficiarios de las disposiciones contenidas en el Acuerdo Sindical. No obstante,
tal argumento no está llamado a prosperar.

141. En efecto, los principios de confianza legítima y de respeto por el acto propio
no pueden invocarse para exigir la permanencia o ejecución de situaciones creadas
en abierta contravención del ordenamiento superior. En el presente asunto se
concluyó que las disposiciones cuestionadas fueron expedidas sin competencia y
con desconocimiento de las normas que regulan el régimen salarial y prestacional
de los empleados públicos, circunstancia que vicia su legalidad. Por consiguiente,
no puede predicarse la consolidación de un derecho subjetivo en cabeza de los
servidores públicos beneficiados ni derivarse de ello una obligación para la
administración de mantener o ejecutar un acto contrario al ordenamiento jurídico.

142. Por todo lo anterior, dado que los demás aspectos de la decisión no fueron
objeto de apelación, se impone confirmar la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta en sus precisos términos.

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Demandante: Departamento de Vaupés

3.5. Condena en costas

143.En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se
ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.

144.En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 29 de mayo de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta, que accedió parcialmente a las súplicas de la
demanda instaurada por departamento del Vaupés dentro del proceso del epígrafe,
en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse
las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del
CPACA.

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