Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00331-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00331-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00331-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00331-00 (1772-2021)
Demandante: Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del
Chocó
Demandado: Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del
Chocó
Tema: Falta de competencia de las entidades públicas para regular,
modificar o adicionar las prestaciones sociales establecidas por el
legislador.
Decisión: Declarar la nulidad de los actos demandados.
La Sala decide la demanda de nulidad parcial interpuesta contra las Resoluciones 2698
del 30 de diciembre de 2009, 1615 del 17 de diciembre de 2014 y 1330 del 10 de octubre
de 2019, expedidas por la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible
del Chocó (en adelante CODECHOCÓ).
I. ANTECEDENTES
Disposiciones demandadas
1. CODECHOCÓ pretende la nulidad de los siguientes actos administrativos propios:
i) El literal h) del artículo 1 de la Resolución 2698 del 30 de diciembre de 20091 que
dispuso:
«Artículo primero. Dar por terminada la concertación de condiciones laborales entre
CODECHOCÓ y SINTRAMBIENTE correspondiente a los años 2010 y 2011 y acceder
a las siguientes peticiones de SINTRAMBIENTE subdirectiva de Quibdó, así:
[…]
Capítulo IV. Bienestar Social.
h) La administración de CODECHOCÓ adquirirá una póliza colectiva de seguro de vida
para los empleados de planta de la entidad que tenga un amparo mínimo de 30
millones de pesos por muerte del empleado y para lo cual cada afiliado a Sintrambiente
aportará tres mil pesos (3.000.oo) que serán descontados del aporte mensual a
SINTRAMBIENTE».
1 «Por la cual se da por terminada la concertación de condiciones laborales entre la administración de
CODECHOCÓ y SINTRAMBIENTE Subdirectiva de Quibdó y se toman decisiones».
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Demandante: Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó
ii) El literal k) del artículo 1 de la Resolución 1615 del 17 de diciembre de 20142 que
estableció:
«ARTÍCULO PRIMERO: Acójase los siguientes acuerdos del acta de acuerdo de la
negociación colectiva entre la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo
Sostenible del Chocó-CODECHOCÓ y el Sindicato de Trabajadores del Sistema
Nacional Ambiental SINTRAMBIENTE Subdirectiva Quibdó.
[…]
k. CODECHOCÓ seguirá reconociendo el seguro de vida a los empleados de acuerdo
a la negociación anterior.
Para la vigencia de 2015 CODECHOCÓ incluirá en el presupuesto proyectado en el
mes de octubre de 2014, que empezará a regir el 1 de enero del mismo año».
iii) El artículo 9 de la Resolución 1330 del 10 de octubre de 20193 que ordenó:
«ARTÍCULO 9: PÓLIZA COLECTIVA DE SEGURO DE VIDA: CODECHOCÓ en
cumplimiento del literal “h” de la Resolución 2698 de 2009, continuará adquiriendo la
póliza colectiva de seguro de vida que tenga un amparo mínimo de TREINTA
MILLONES DE PESOS ($30.000.000) por cada funcionario de planta de la
corporación, sin que ello implique contribución alguna por parte de los empleados,
sean sindicalizados o no.
Parágrafo: La póliza colectiva de seguro de vida será adquirida por CODECHOCÓ en
los primeros tres (3) meses de cada vigencia fiscal».
Concepto de la violación
2. La parte actora sostuvo que los actos demandados fueron expedidos sin
competencia y con infracción de las normas en que debían fundarse; específicamente,
adujo el desconocimiento de los artículos 6 y 55 de la Constitución Política, así como de
los artículos 46 a 49 y 73 a 78 de la Ley 100 de 1993.
3. Lo anterior por cuanto no existe una norma legal que le confiera la facultad
expresa para adquirir un seguro de vida colectivo en favor de sus empleados como
beneficio adicional a las prestaciones sociales previstas en el sistema de seguridad
social.
4. En ese sentido, puso de presente que la Sala de Consulta y Servicio Civil,
mediante concepto del 27 de noviembre de 20174, determinó que las entidades públicas
no podían adquirir seguro de vida colectivo para sus empleados como un beneficio
adicional a los establecidos en la ley. Esto, por cuanto el riesgo de muerte es un asunto
amparado por la Seguridad Social, por lo que solo el legislador y el gobierno nacional
pueden establecer el alcance de la protección de este régimen.
2 «Por medio de la cual se acoge acta de acuerdo de negociaciones colectivas entre SINTRAMBIENTE y
la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó-CODECHOCÓ».
3 «Por medio de la cual se acoge acta de acuerdo de negociación colectiva entre la Corporación Autónoma
Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – CODECHOCÓ y el Sindicato de Trabajadores del
Sistema Nacional Ambiental – SINTRAMBIENTE – SUBDIRECTIVA QUIBDÓ».
4 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 0096 del 27 de noviembre de 2017, rad.
(2344), C.P. Édgar González López.
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Trámite en única instancia
5. El 27 de enero de 2022, se admitió la demanda y se ordenó vincular como tercero
interesado al Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional Ambiental (en adelante
SINTRAMBIENTE) – Subdirectiva Quibdó. No obstante, esa organización no emitió
pronunciamiento alguno durante el traslado de la demanda.
6. Mediante auto del 30 de noviembre de 2023, se dispuso el trámite de sentencia
anticipada, en los términos del artículo 182A del CPACA, al advertirse la concurrencia de
las causales previstas en los literales a) y b) del numeral 1 de dicha disposición. En
consecuencia, se resolvió sobre el decreto de pruebas y se fijó el litigio. Posteriormente,
en providencia del 4 de mayo de 2023, se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto.
Alegatos de conclusión
7. CODECHOCÓ reiteró los argumentos expuestos en la demanda. En este sentido,
adujo que los actos que reconocieron el seguro de vida colectivo fueron expedidos sin
sustento legal, pues no existe ninguna norma que otorgue esa competencia a la entidad
para reconocer dicha garantía a sus trabajadores.
8. SINTRAMBIENTE defendió la legalidad de los actos administrativos demandados
por cuanto considera que tienen un origen legítimo, derivado de los acuerdos que esa
organización pactó con CODECHOCÓ, en ejercicio del derecho a la negociación
colectiva consagrado en el artículo 55 de la Constitución Política. Afirmó que las
resoluciones controvertidas fueron necesarias para implementar acuerdos válidamente
alcanzados y su expedición es obligatoria para la Administración, conforme lo dispone el
artículo 14 del Decreto 160 de 2014.
9. Explicó que el seguro de vida colectivo no constituye una prestación social ni
sustituye o duplica la cobertura del Sistema General de Seguridad Social. En su criterio,
esta prerrogativa se trata de una mejora a las condiciones de empleo, materia
expresamente negociable conforme al artículo 5 del Decreto 160 de 2014.
10. Finalmente, invocó los principios de buena fe y seguridad jurídica para indicar que
los acuerdos se han mantenido vigentes por más de una década y han generado
expectativas legítimas en los trabajadores. Alegó que resulta contrario al principio de
buena fe que la propia entidad que negoció, aceptó y ejecutó los acuerdos pretenda
desconocerlos mediante una acción de nulidad, lo cual también considera vulnera los
estándares internacionales que la OIT5 ha establecido en el marco de cumplimiento de
los acuerdos colectivos.
11. El Ministerio Público guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
5 Organización Internacional del Trabajo.
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Competencia
12. De conformidad con lo previsto en el artículo 149 del CPACA, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer en única
instancia de la nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del
orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan
funciones administrativas en el mismo orden. A su vez, el artículo 13 del Acuerdo 080 de
2019, reglamento interno del Consejo de Estado, consigna que la Sección Segunda está
facultada para decidir los procesos de simple nulidad de actos administrativos que versen
sobre asuntos laborales.
Problema jurídico
13. La Sala deberá determinar si las disposiciones demandadas al establecer la
adquisición de un seguro de vida colectivo en favor de los empleados de la entidad
demandante deben ser declaradas nulas por falta de competencia de la autoridad que
expidió esos actos y por desconocimiento de las normas superiores en que debían
fundarse.
Análisis del problema jurídico
14. La Sala declarará la nulidad de los actos controvertidos por cuanto fueron
expedidos sin competencia y con infracción de las normas en que debían fundarse. En
efecto, no existe norma legal que habilite a CODECHOCÓ para adquirir un seguro de
vida colectivo en favor de sus empleados. Además, porque dicho amparo constituye un
beneficio de carácter prestacional que no puede crearse autónomamente por las
entidades estatales ni ser objeto de negociación colectiva, pues la determinación del
régimen de seguridad social de los empleados públicos está atribuida constitucional y
legalmente al Congreso de la República y al Gobierno nacional.
La competencia como presupuesto de validez del acto administrativo
15. La competencia es una de las manifestaciones del principio de legalidad y, a su
vez, una limitación al ejercicio del poder como consecuencia del sometimiento del Estado
al derecho. Según este concepto, establecido en los artículos 6, 121 y 123 de la
Constitución Política de 1991, mientras que los particulares pueden hacer todo lo que
expresamente no les está prohibido, la Administración solo puede hacer aquello que le
es permitido por el ordenamiento.
16. En ese orden, para que un acto administrativo sea válido se requiere, entre otros,
que a la autoridad de quien emana, le haya sido atribuida vía constitucional, legal o
reglamentaria la facultad de tomar dicha decisión6. Así, la competencia administrativa se
determina a partir de la identificación de los deberes, responsabilidades, obligaciones y
6 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencias del 2 de julio de 2020. Exp. 11001-03-
25-000-2017-00032-00 (0098-17) y del 14 de octubre de 2021. Exp. 11001032500020180030200 (1046-
2018). C.P. Wiiliam Hernández Gómez.
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facultades que el ordenamiento jurídico asignó a los servidores y a los particulares que
ejercen funciones públicas. Esto supone verificar las normas vigentes al momento de
ejercer la labor administrativa para determinar si se cuenta con competencia para realizar
esa función.
17. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que la competencia permite que las
decisiones de la Administración se encuentren revestidas de legalidad, el acto
administrativo estará viciado de nulidad cuando se profiere por un sujeto sin una
competencia atribuida por el ordenamiento, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 137 del CPACA.
El seguro colectivo y la competencia para regular el régimen salarial, prestacional
y de seguridad social
18. De conformidad con los literales e) y f) del numeral 19 del artículo 150 de la
Constitución Política, corresponde al Congreso de la República hacer las leyes por medio
de las cuales dicta normas generales y señala en ellas los objetivos y criterios a los
cuales debe sujetarse el Gobierno para, entre otros efectos, fijar el régimen salarial, y las
prestaciones sociales de los empleados públicos. A su vez, el artículo 48 de la Carta
Superior establece que la Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio
que se prestará en los términos que establezca la ley.
19. En virtud de lo anterior, la Carta Política reservó al legislador la competencia de
establecer los elementos propios del régimen salarial y de la seguridad social de los
empleados y trabajadores. En consonancia con lo anterior, el artículo 10 de la Ley 4 de
19927 prohíbe a las entidades públicas arrogarse la facultad de fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos vinculados a las respectivas entidades.
20. Así las cosas, lo relevante para resolver este asunto es determinar si la figura de
seguro de vida colectivo integra o conforma las prestaciones propias del régimen de
seguridad social. Al respecto, esta Corporación ha reiterado que las prestaciones de la
seguridad social, a diferencia del salario, no retribuyen directamente el servicio prestado,
sino que tienen como finalidad cubrir las contingencias que se originan a lo largo de la
relación laboral o que se producen con ocasión de esta como la enfermedad, vejez o la
muerte8.
21. El artículo 10 de la Ley 100 de 1993 estableció como objeto del sistema de
seguridad social garantizar a la población el amparo contra las contingencias derivadas
de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y
prestaciones que se reconocen en dicho estatuto. Esta ley, con la finalidad de atender la
contingencia derivada de la muerte, previó la denominada pensión de sobrevivientes y
7 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional
para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales
y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales
e) y f) de la Constitución Política.».
8 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2014,
radicado 05001-23-31-000- 2004-05402-01 (2085-2010), C.P. Gerardo Arenas Molsalve.
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sustitución pensional, como prestaciones dirigidas a suplir la ausencia repentina del
apoyo económico que brindaba el afiliado al grupo familiar y, por ende, evitar que su
deceso se traduzca en un cambio sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia
de las personas beneficiarias de dicha prestación.
22. Según lo establecido en la Ley 100 de 1993, el riesgo de muerte de los servidores
públicos y trabajadores pasó a ser asumido de manera universal y obligatoria por el
Sistema de Seguridad Social Integral. En consecuencia, las prestaciones derivadas de
dicha contingencia se encuentran actualmente reguladas por este régimen, a través de
la pensión de sobrevivientes y, en su defecto, de la indemnización sustitutiva de dicha
pensión o la devolución de saldos.
23. Igualmente, para la contingencia de muerte relacionada directamente con un
accidente o enfermedad laboral se creó el Sistema General de Riesgos Profesionales,
actualmente regulado por la Ley 1562 de 2012.
24. En ese contexto, al estar plenamente cubierto el riesgo de muerte por el Sistema
de Seguridad Social, las entidades públicas no tienen competencia para modificar,
disminuir o ampliar el marco de protección de este régimen. Por lo tanto, no puedan
contratar un seguro de vida colectivo en favor de sus empleados porque este riesgo fue
cubierto por el legislador de manera plena.
25. En definitiva, el riesgo de muerte está cubierto por el Sistema de Seguridad
Social, el cual fue creado por el legislador en las leyes 100 de 1993 y 1562 de 2012. Lo
anterior, en cumplimiento del mandato constitucional del artículo 48 de la Carta Superior
en el que se expresamente se estableció que el régimen de seguridad social debía ser
regulado por el Congreso de la República.
26. En el caso concreto, el sindicato vinculado como tercero con interés intervino para
defender la legalidad de los actos demandados, al sostener que estos fueron expedidos
como consecuencia de los acuerdos derivados de la negociación colectiva entre la
entidad demandante y sus servidores. Señaló que, de conformidad con el artículo 55 de
la Constitución Política y el Decreto 160 de 2014, los empleados públicos tienen derecho
a la negociación colectiva, en cuyo marco pueden acordarse las condiciones en que se
prestará el empleo. En consecuencia, afirmó que los actos demandados no se
encuentran viciados de nulidad, en tanto reflejan el consenso alcanzado entre las partes.
27. La Sala no comparte esta postura porque el derecho la negociación colectiva de
los empleados públicos tiene como uno de sus límites la competencia de la entidad con
la que se está negociado9. En este sentido, es importante resaltar que el Decreto 160 de
2014 regula el procedimiento de negociación colectiva de los empleados públicos y en
su artículo 3 determinó los siguientes límites para este tipo de acuerdos:
Artículo 3: Son reglas de aplicación de este decreto, las siguientes:
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 21 de julio de 2023, rad. 11001-03-24-000-2018-00147-00 (4065-2018), C.P. César Palomino Cortés.
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1. El respeto de la competencia constitucional y legal atribuida a las entidades y
autoridades públicas: la negociación debe respetar las competencias exclusivas que la
Constitución Política y la ley atribuyen a las entidades y autoridades públicas.
2. El respeto al presupuesto público o principio de previsión y provisión presupuestal en
la ley, ordenanza o acuerdo para la suscripción del o los acuerdos colectivos con
incidencia económica presupuestal, teniendo en cuenta el marco de gasto de mediano
plazo, la política macro económica del Estado y su sostenibilidad y estabilidad fiscal.
28. Por ende, pese a que exista un acuerdo entre la autoridad y sus empleados, el
acto administrativo a través del cual se materialice dicha negación, podría estar viciado
de nulidad si en este se implementan estipulaciones sobre los cuales la autoridad
administrativa no tenía competencia.
29. En este orden, la Sala concluye que los actos administrativos demandados fueron
expedidos sin que CODECHOCÓ tuviera competencia para regular un tema que es
propio de la seguridad social, como lo es el riesgo de muerte. Esta contingencia está
cubierta por el Sistema de Seguridad Social, por lo que la demandante no podía debatir
este asunto con sus empleados en virtud de la negociación colectiva que garantiza el
artículo 55 de la Constitución Política.
30. Además, la inclusión de beneficios como el seguro de vida colectivo dentro de
acuerdos suscritos por entidades públicas con sus empleados desconoce el principio de
legalidad del gasto público y la competencia del legislador en materia de seguridad
social.
31. Sobre ello, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido reiterativa en señalar
que el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, así como los
componentes del Sistema de Seguridad Social, no pueden ser definidos autónomamente
por las entidades territoriales o descentralizadas, ni mucho menos, a través de
instrumentos de negociación colectiva, en tanto se trata de materias sometidas a reserva
de ley y de regulación por parte del Gobierno Nacional, en los términos de los artículos
48 y 150 numeral 19 de la Constitución Política.
32. Al respecto, en virtud del artículo 48 constitucional no resulta posible10, mediante
acuerdos, convenciones colectivas de trabajo o cualquier otro instrumento, modificar las
condiciones o requisitos previstos por las leyes del Sistema General de Pensiones, lo
cual incluye, como ocurrió en este caso, constituir beneficios como el de adquirir seguros
de vida para los empleados públicos, producto de la negociación colectiva.
33. Así las cosas, establecer, mediante actos administrativos que implementan
acuerdos colectivos, beneficios en materia de cobertura de riesgos como la muerte,
adicionales a los previstos, por ejemplo, en los artículos del 46 al 49 y del 73 al 78 de la
10 «[…] Los requisitos y beneficios pensionales para todas las personas, incluidos los de pensión de vejez
por actividades de alto riesgo, serán los establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones. No
podrá dictarse disposición o invocarse acuerdo alguno para apartarse de lo allí establecido.
Parágrafo 2. A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán establecerse en pactos,
convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto jurídico alguno, condiciones pensionales diferentes a las
establecidas en las leyes del Sistema General de Pensiones […]».
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Ley 100 de 199311, invocados por la parte actora, que establecen los requisitos, montos
y demás aspectos relativos a la pensión de sobrevivientes, implicaría la extralimitación
de sus funciones, tal como se advierte de las normas constitucionales citadas.
34. Adicional a ello, dicha circunstancia altera de forma indebida el diseño
institucional del Sistema de Seguridad Social, el cual se estructura bajo criterios de
universalidad, eficiencia y sostenibilidad financiera definidos a nivel central. En
consecuencia, la actuación administrativa cuestionada no solo adolece de falta de
competencia, sino que además compromete la coherencia del sistema normativo, razón
por la cual resulta procedente su expulsión del ordenamiento jurídico.
35. A partir de lo anterior, es preciso colegir la falta de competencia de
CODECHOCÓ para crear o modificar la protección de sus empleados en cuanto a
riesgos como la muerte, puntualmente, la obligación para la misma entidad de contratar
seguros de vida colectivos, asuntos que, se reitera, están asignados al legislador y al
Gobierno Nacional.
36. En este orden de ideas, la Sala declarará la nulidad del literal h) del artículo 1 de
la Resolución 2698 del 30 de diciembre de 2009, el literal k) del artículo 1 de la
Resolución 1615 del 17 de diciembre de 2014 y el artículo 9 de la Resolución 1330 del
10 de octubre de 2019, por haberse expedido sin competencia. En consecuencia, los
cargos alegados por la entidad demandante están llamados a prosperar.
Condena en costas
37. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta Corporación
frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la
norma se colige que la aludida reforma no significó un apartamiento o alteración del
criterio objetivo que gobierna esta materia. La pretensión del legislador fue instar la
condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento legal,
únicamente en asuntos de interés público; creando así una excepción a la regla general,
según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.
38. En este contexto, el artículo 188 del CPACA establece que, por regla general, no
habrá condena en costas cuando el asunto objeto de litigio sea de interés público; y que,
excepcionalmente, procederá la imposición de costas en este escenario cuando la
demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal. La norma hace referencia
a las pretensiones cuyo interés trasciende la esfera de lo particular al abordar asuntos
de provecho general o común que pueden ser promovidos por cualquier persona y no
persiguen el reconocimiento de derechos subjetivos en favor de un sujeto determinado.
11 Al respecto, los artículos citados regulan las siguientes materias: artículo 46. Requisitos para obtener la
pensión de sobrevivientes, artículo 47. Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, artículo 48. Monto de
la pensión de sobrevivientes, artículo 49. Indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, artículo
73. Requisitos y monto, artículo 74. Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, artículo 75. Garantía
estatal de pensión mínima de sobrevivientes, artículo 76. Inexistencia de beneficiarios, artículo 77.
Financiación de las pensiones de sobrevivientes, artículo 78. Devolución de saldos, artículo 79.
Modalidades de las pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivientes.
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39. En este asunto, no se condenará en costas porque la demanda no careció de
fundamento legal y, además, la parte accionante controvirtió su propio acto, por lo que
no existe un extremo vencido.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. Declarar la nulidad del literal h) del artículo 1 de la Resolución 2698 del 30
de diciembre de 2009, del literal k) del artículo 1 de la Resolución 1615 del 17 de
diciembre de 2014 y del artículo 9 de la Resolución 1330 del 10 de octubre de 2019,
expedidos por la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del
Chocó.
SEGUNDO. No condenar en costas en el presente proceso.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, realizar las
anotaciones correspondientes y archivar el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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