Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2011-00694-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2011-00694-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2011-00694-00
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
24 de noviembre de 2022
Radicado: 110010325000201100694 00 (2658-2011)
Demandante: Yonatan Silva Castañeda
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 11001-03-25-000-2011-00694 00 (2658-2011)
Demandante: YONATAN SILVA CASTAÑEDA
Demandada: NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA, POLICÍA NACIONAL
Temas: Control judicial integral de los actos sancionatorios disciplinarios.
Debido proceso disciplinario. Falsa motivación. Concurso de faltas
disciplinarias.
Decisión: Se deniegan las pretensiones de la demanda.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Decreto 01 de 1984
ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, dicta la sentencia que en derecho corresponda, en la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 85 del Decreto 01 de
1984 o Código Contencioso Administrativo (CCA)1, que se tramitó por la demanda
interpuesta por el señor Yonatan Silva Castañeda en contra de la Nación, Ministerio
de Defensa, Policía Nacional, con ocasión de la sanción disciplinaria de suspensión e
inhabilidad especial por 7 meses que le fue impuesta.
LA DEMANDA
Pretensiones2
De nulidad:
• Declarar la nulidad del acto sancionatorio del 15 de septiembre de 2010, expedido
por la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de
Bucaramanga, por el cual se suspendió e inhabilitó al señor Yonatan Silva
Castañeda por 7 meses.
• Declarar la nulidad del acto administrativo proferido el 6 de diciembre de 2010
emitido por inspectora delegada de la Región Cinco de la Policía Nacional, que
confirmó en segunda instancia la sanción de suspensión e inhabilidad impuesta al
demandante.
1 Vigente para la época de la demanda, dado que fue invocada el 28 de noviembre de 2011, según acta individual
de reparto visible a folio 374 del cuaderno principal.
2 Folios 241 a 243 del cuaderno físico principal del proceso.
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Demandante: Yonatan Silva Castañeda
• Declarar la nulidad de la Resolución 769 del 15 de marzo de 2011, mediante la
cual la Policía Nacional ejecutó la sanción disciplinaria.
De restablecimiento del derecho:
• Condenar a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional a pagar al señor
Yonatan Silva Castañeda los salarios dejados de percibir durante el término de
suspensión, con sus respectivos reajustes, indexación e intereses, sin solución de
continuidad para todos los efectos laborales, prestacionales, de carrera,
calificación anual correspondiente al año 2011 y clasificación de patrulleros,
desde el momento en que se ejecutó la sanción disciplinaria y hasta cuando se
surtió el reintegro.
• Conminar a la entidad demandada al pago de los salarios, primas, reajustes o
aumentos de sueldo, y demás emolumentos que el señor Silva Castañeda dejó
de percibir como beneficiario de la convención colectiva de trabajo, desde la
fecha en que fue retirado del servicio y hasta que se produzca el reintegro, sin
solución de continuidad.
De reparación del daño3:
• Condenar a la Policía Nacional al pago de los perjuicios materiales: i) por daño
emergente la suma de $5.200.000, correspondiente a los gastos en que ha
debido incurrir en la contratación del abogado para que lleve a cabo este proceso
judicial; y ii) lucro cesante de conformidad con los salarios dejados de devengar
durante el tiempo de 7 meses que duró la suspensión con ocasión de la ejecución
de la sanción disciplinaria.
• Ordenar el pago de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes por
concepto de perjuicios morales, por la angustia, aflicción y depresión sicológica
experimentada por la expedición de los actos administrativos demandados.
Otras:
• Dar cumplimiento a la sentencia en los términos previstos en el artículo 176 del
CCA y el inciso final del artículo 177 ibidem.
Fundamentos fácticos relevantes esbozados en el escrito de la demanda4
1. El señor Yonatan Silva Castañeda se vinculó a la Policía Nacional desde el 10 de
noviembre de 2006 y actualmente continúa prestando sus servicios a dicha entidad.
2. El proceso administrativo sancionatorio, tiene su génesis el 14 de agosto de 2009,
cuando la señora Leidy Yohana Ramírez Ramírez formuló queja disciplinaria en
contra del patrullero Carlos Gustavo Pérez Galvis, por los hechos acaecidos el 8 de
3 Se advierte que estas pretensiones fueron identificadas en la demanda como de restablecimiento del derecho.
Sin embargo, en estricto sentido, corresponden a la pretensión procesal de reparación del daño consagrada en el
artículo 85 del CCA, que prevé que «toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma
jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también
podrá solicitar que se le repare el daño». (Negrita fuera de texto).
4 Folios 243 a 261, ídem.
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Demandante: Yonatan Silva Castañeda
agosto de la mencionada anualidad en la ciudad de Bucaramanga, motivo por el
cual el 23 de septiembre de 2009, el jefe de la Oficina de Control Disciplinario
Interno de la Policía Metropolitana de Bogotá, dispuso la apertura de indagación
preliminar.
3. En dicho acto administrativo se omitió vincular al patrullero Yonatan Silva
Castañeda, a pesar de que en diligencia de declaración del intendente José Alfredo
Goyeneche Gamboa, éste dio a conocer la participación del demandante en los
hechos investigados, circunstancia que vulneró el principio de contradicción previsto
en el artículo 16 de la Ley 1015 de 2006.
4. Igual situación ocurrió en la apertura de investigación disciplinaria que se surtió
únicamente en contra del patrullero Carlos Pérez Galvis. Posteriormente, mediante
auto del 28 de mayo de 2010 se dispuso su vinculación y allí se señaló que era en
la etapa de indagación preliminar, no obstante, dicha fase ya había finalizado, lo
cual vulneró el debido proceso del patrullero Silva Castañeda.
5. Tan solo 15 días después de habérsele notificado de la «irregular» actuación, el día
16 de junio de 2010, la autoridad disciplinaria formuló pliego de cargos en contra del
demandante, sin que se hubiese practicado prueba alguna a efectos de establecer
su responsabilidad en los hechos objeto de investigación y la correspondiente
defensa. Aunado a lo anterior, en dicho auto se omitió el análisis de las pruebas que
fundamentaban cada uno de los cargos, se incumplió con la debida motivación y no
se tuvo en cuenta que las faltas endilgadas no se encontraban objetivamente
probadas.
6. Mediante providencia del 1.° de septiembre de 2010, se corrió a traslado los
procesados, entre ellos al accionante, por el término de 5 días, decisión con la cual
se vulneró nuevamente el debido proceso, en la medida en que en virtud del artículo
201 de la Ley 1015 de 2006, el lapso previsto para tal fin es de 10 días.
7. No obstante las anomalías advertidas, el 15 de septiembre de 2010, el jefe de la
Oficina de Control Disciplinario Interno profirió fallo de primera instancia en el cual
suspendió en inhabilitó al señor Yonatan Silva Castañeda por 7 meses.
8. Ante la anterior decisión se interpuso el recurso de apelación, el cual fue desatado
de forma negativa por parte de la inspectora delegada ante la Región 5 de Policía,
mediante acto sancionatorio del 6 de diciembre de 2010, que confirmó en todas sus
partes la sanción recurrida.
9. Por último, la Policía Nacional expidió Resolución 769 del 15 de marzo de 2011, a
través de la cual se ejecutó la sanción disciplinaria, acto que fue notificado
personalmente al interesado el 27 de abril de la mencionada anualidad.
Normas violadas y concepto de violación
Para la parte demandante, los actos administrativos sancionatorios acusados
desconocieron, entre otras, las siguientes normas:
• Artículos 2.°, 4.°, 29, 124 y 209 de la Constitución Política de Colombia;
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• Artículos 90, 92, 101, 122, 128 a 131, 140 a 144, 150, 152, 153, 155, 161 a 163, y
170 de la Ley 734 de 2002;
• Artículos 3.°, 5.°, 9.°, 10, 16 a 21, y 58 de la Ley 1015 de 2006;
• Circular 010 del 13 de mayo de 2010.
La formulación del concepto de violación en la demanda se expresó a partir de los
siguientes cargos:
• Violación del debido proceso.
• Violación directa a la ley.
• Violación a la Constitución Política de Colombia.
Estas causales se sustentaron en las siguientes razones:
Violación del debido proceso
• Señaló que a pesar de que la diligencia de declaración rendida por el intendente
José Alfredo Goyeneche Gamboa dio a conocer que Yonatan Silva Castañeda había
tenido participación en los hechos que eran materia de queja, el organismo
disciplinario no dispuso la vinculación en la indagación preliminar, por el contario
continuó con las respectivas actuaciones, lo cual imposibilitó la oportunidad de
intervenir en la práctica de las pruebas allegadas y poder aportar las concernientes a
su defensa, situación que vulnera de forma flagrante el principio de contradicción
regulado en el artículo 16 de la Ley 1015 de 2006.
• Enfatizó en que cuando se dictó auto de apertura de investigación fue únicamente
en contra del patrullero Carlos Gustavo Pérez Galvis, circunstancia que trasgredió lo
previsto en el artículo 152 de la Ley 734 de 2002, toda vez que no se le permitió
intervenir en la aducción probatoria frente a los hechos que se le imputaban.
Finalmente, se le vinculó al proceso mediante decisión del 28 de mayo de 2010, sin
embargo, en dicho escrito se señaló que era a la indagación preliminar, a pesar de
ya haberse dictado apertura de investigación vulnerándose los artículos 5.° y 58 de la
mentada disposición.
• Sobre el particular sostuvo que tan solo 9 días hábiles después, se le formuló pliego
de cargos, sin haberse evaluado su intervención en la correspondiente etapa de
indagación preliminar y con la omisión de correr traslado de las pruebas que habían
sido practicadas en las fases surtidas anteriormente. Además de ello, no se ordenó la
recaudación de medio probatorio alguno de acuerdo con lo señalado por el
interesado cuando rindió la versión libre y espontánea con el fin de ejercer su
defensa en contra de las conductas a él endilgadas.
• Adujo que este adolece del cumplimento de sus requisitos y debida sustentación,
habida cuenta de que no se señaló de manera debida el concepto de violación como
tampoco se efectuó el análisis de las pruebas que fundamentan cada uno de los
cargos formulados, sino que la autoridad disciplinaria se limitó a realizar un resumen
de manera general para todos, incumpliendo de esta forma con la motivación que
exige el artículo 18 de la Ley 1015 de 2006 en concordancia con el artículo 163 de la
Ley 734 de 2002.
• Igualmente advirtió que, para el momento de la expedición del pliego de cargos, no
se encontraban objetivamente demostradas las faltas atribuidas, como tampoco
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existía elemento probatorio que comprometiera la responsabilidad, pues por el
contario, de las pruebas practicadas dentro del proceso, no se investigaron los
hechos materia de imputación, toda vez que «la investigación fue calificada 9 días
hábiles de la tardía vinculación realizada al señor Silva Castañeda».
• También consideró que se trasgredieron los artículos 92 numeral 8.° de la Ley 734
de 2002 y 20 de la Ley 1015 de 2006, en la medida en que al correr traslado a los
investigados se les otorgó el término de 5 días para presentar alegatos,
disminuyendo de forma ostensible el tiempo con el cual contaba el disciplinado, pues
al tenor de las citadas disposiciones el lapso otorgado debió ser de 10 días.
• Asimismo, puntualizó que de los funcionarios que actuaron en las instancias del
proceso administrativo, no declararon la nulidad de lo actuado, a pesar de que era
evidente que la investigación estaba incursa en la causal tipificada en el numeral 3.°
del artículo 143 de la Ley 734 de 2002, esto es, irregularidades sustanciales que
afectaron el debido proceso del disciplinado, circunstancia que hacía imposible emitir
los fallos sancionatorios.
Violación directa de la ley:
• Sostuvo que el 15 de septiembre de 2010 se profirió decisión disciplinaria de
primera instancia no obstante la existencia de todas las vulneraciones al debido
proceso advertidas anteriormente, tampoco contiene los requisitos señalados en el
artículo 170 de la Ley 734 de 2002, pues si bien se señalaron los subtítulos de los
numerales, no se cumplió con el deber de motivación de la providencia, a saber:
i) En el acápite denominado «análisis y valoración jurídica de los cargos, de los descargos
y en las alegaciones que hubieren sido presentadas», no se efectuó el análisis y
valoración jurídica de los cargos endilgados al patrullero Yonatan Silva Castañeda,
limitándose únicamente a realizar una transcripción de los artículos de la Ley 1015
de 2006, en donde se encuentran tipificadas las conductas por las cuales se le
sancionó.
ii) En el análisis de la culpabilidad, no se plasmó una exposición fundada de los
criterios tenidos en cuenta para dar como probado que el policial Silva Castañeda
cometió las conductas a título de dolo, situación que trasgrede el artículo 170
numerales 4.° y 6.° de la Ley 734 de 2002.
iii) Debido a que las pruebas tenidas en cuenta en el fallo de primera instancia fueron
recepcionadas «a espaldas» del disciplinado, pues aquel debió ser vinculado en la
etapa de investigación disciplinaria, por cuanto en ese momento ya se contaba con
material probatorio que daba cuenta que el demandante fue quien retuvo los
documentos al ciudadano, no se le permitió que ejerciera su derecho de defensa y
contradicción desde el principio del proceso disciplinario, vulnerándose el artículo
128 de la Ley 734 ibidem.
iv) No se probó que el señor Yonatan Silva Castañeda realmente recibió consignas
respecto del procedimiento que debía llevar a cabo, pues no se puede tomar como
única prueba para sancionarlo disciplinariamente, el Oficio 114 del 10 de junio de
2010 suscrito por la Jefatura de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía
Metropolitana de Bucaramanga, máxime cuando en dicho documento no se expresa
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que tal instrucción se le hubiese impartido al patrullero, a lo que se suma que en
aquel escrito se hace referencia estrictamente a los hechos investigados, por tal
motivo, no se podía imponer en su contra sanción disciplinaria alguna por
supuestamente haber violado del artículo 35 numeral 10 de la Ley 1015 de 2006,
conforme se consideró en el fallo demandado.
iv) Seguidamente, manifestó que con la expedición de la decisión sancionatoria de
primera instancia también se vulneró el debido proceso administrativo en lo
concerniente al principio non bis in ídem, toda vez que fue sancionado dos veces por el
mismo hecho, por un lado, por «incumplir … sin causa justificada … las instrucciones
relativas al servicio», al no haber dejado a disposición de la autoridad respectiva los
documentos que le había dado un ciudadano, y otro, por «abstenerse de tramitar
oportunamente la documentación cuando le corresponda». Agregó que al confirmarse en
segunda instancia la sanción disciplinaria también se incurrió en las irregularidades
descritas.
vi) En virtud de lo anterior, concluyó que los actos administrativos demandados no
buscaron eliminar la duda existente en el proceso respecto de la responsabilidad del
patrullero Yonatan Silva Castañeda, toda vez que nunca se llegó a demostrar con
certeza que al policial se le hubiese dado instrucción alguna sobre el procedimiento que
debía seguirse con documentos dejados en su poder por parte de los ciudadanos que
huían del accionar del agente de tránsito.
Violación de la Constitución Política:
• Al haberse vinculado en la etapa de indagación preliminar cuando ya se encontraba
en etapa de investigación se le sustrajo de la posibilidad de defenderse de los cargos
endilgados, además al tornarse la vinculación tardía ya se habían practicado todas las
pruebas, vulnerándose de esta forma la dignidad humana, pues en lugar de haberse
garantizado loa efectividad de los principios y derechos consagrados en la Carta
Superior, se violó el mandato de legalidad , tal como se expuso en el acápite de los
hechos.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA5
Pronunciamiento frente a las pretensiones
La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional se opuso a las
pretensiones de la demanda e indicó que la actuación de la autoridad disciplinaria fue
válida y estuvo ajustada al ordenamiento jurídico.
Manifestación frente a los hechos de la demanda
En síntesis, expuso que los hechos descritos en el acápite de la demanda deberán
probarse dentro del presente asunto, a la luz de lo regulado en el artículo 177 del
CPC.
5 Folios 395 a 408, ídem.
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Excepciones
Solicitó se decreten los medios exceptivos que se encuentren probados y se tenga
en cuenta lo siguiente:
• La jurisdicción de lo contencioso administrativo no es una tercera instancia para
dirimir controversias por sanciones disciplinarias, toda vez que al señor Yonatan
Silva Castañeda i) le fue garantizado el debido proceso; ii) el principio del juez natural
por sido investigado y sancionado por el juez disciplinario competente; iii) el principio
de publicidad se surtió en toda la actuación, pues el investigado y su apoderado
fueron notificados y comunicados de todas las actuaciones procesales
garantizándole una participación activa en el proceso; iv) el derecho de defensa y
contradicción, pues le fue resuelta su situación disciplinaria.
• En el presente asunto opera la cosa juzgada, dado que, al proferirse la decisión
disciplinaria de primera instancia, contra la cual procedía el recurso de apelación que
fue formulado por el disciplinado y debidamente resuelto por la autoridad
disciplinaria, quedó ejecutoriado, por esta razón, no es dable volver a analizarlo en
esta instancia judicial.
Argumentos de defensa
En primer término, la entidad demandada sostuvo que el pliego de cargos cumple
con los requisitos previstos en el artículo 163 de la Ley 734 de 2002 y la debida
sustentación, toda vez que contienen los hechos, la identidad y calidad del
investigado, determinación del cargo o funciones desempeñadas para la época de la
comisión de la falta, definición del cargo desempeñado, motivación respecto a los
hechos constitutivos de la presunta falta y su tipificación, normas presuntamente
vulneradas y concepto de violación (adecuación normativa), descripción y
determinación de la conducta investigada, criterios para determinar la gravedad o
levedad de la presunta falta, pruebas que fundamentan los cargos formulados,
valoración conjunta de las pruebas que los fundamentaron, argumentos expuestos
por el investigado, forma de culpabilidad, consideraciones del despacho, términos
para descargos y la parte resolutiva.
En segundo lugar, esgrimió que se corrió traslado al abogado de confianza del
investigado para que presentara alegatos de conclusión mediante auto del 2 de
septiembre de 2010, lapso dentro del cual el togado no presentó escrito alguno.
Sobre el punto aclaró que si consideraba que el término debía ser de 10 días debió
informarlo al despacho disciplinario, teniendo en cuenta que el numeral 8.° del
artículo 92 de la Ley 734 de 2002, no estableció plazo alguno, sin embargo, en
sentencia C-107 de 2004, la Corte Constitucional sostuvo que dicha actuación debía
ser de 5 días.
De otro lado, expuso que las pruebas aportadas y practicadas en el proceso
disciplinario tanto documentales como testimoniales, otorgaron la certeza a la
autoridad disciplinaria sobre la conducta desplegada por el patrullero Yonatan Silva
Castañeda, por lo que se hizo merecedor al reproche disciplinario, pues de
conformidad con lo preceptuado en los artículos 4 de la Ley 1015 de 2006 y 5.° de la
Ley 734 de 2002, exige que el servidor de Policía tenga unas calidades especiales
tanto personales como profesionales que garanticen el cumplimiento de los fines y
funciones del Estado Social de Derecho.
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En este sentido, se consideró que la conducta asumida por el policial Silva
Castañeda se apartó del postulado constitucional relativo a que las autoridades están
estatuidas para proteger a todos los habitantes de Colombia en su vida, honra,
bienes, entre otros, no obstante, el disciplinado decidió «causar lesiones a un
ciudadano», cuando su deber, así estuviera en una situación administrativa
(excusado del servicio), era respetar y garantizar los derechos de esa persona,
infringiendo de esta forma el deber funcional y en consecuencia la autoridad
disciplinaria realizó la adecuación típica al encontrar demostrada la falta disciplinaria
endilgada.
Bajo esa óptica, la Policía Nacional puntualizó que en las decisiones de primera y
segunda instancia se efectuó el debate probatorio que plantea el aquí demandante,
al considerarse que existe prueba que demostró la responsabilidad del investigado,
conducta que, al encuadrarse como falta grave en el régimen disciplinario, se impuso
el correctivo correspondiente de suspensión e inhabilidad especial para ejercer
funciones y cargos públicos.
Por otra parte, arguyó que la actuación administrativa se ajustó a la normativa
vigente, motivo por el cual no hay lugar a cuestionar el procedimiento adelantado de
acuerdo a las normas existentes, ni se vislumbra vulneración alguna del debido
proceso y derecho de defensa del disciplinado, toda vez que tanto aquel como su
apoderado, tuvieron la oportunidad de participar activamente en el desarrollo de la
investigación, fueron notificados personalmente, se les comunicó la práctica de
pruebas que les permitió ejercer el derecho de contradicción, por lo que la sanción
impuesta estuvo precedida del respectivo análisis ponderando de las pruebas
practicadas que permitieron advertir su responsabilidad.
Por último, adujo que el interesado no debió acudir en jurisdicción de lo contencioso
administrativo con fundamento en el artículo 135 del Decreto 01 de 1984, habida
cuenta de que se le dio la oportunidad de presentar el recurso de apelación, que fue
ejercido y debidamente resuelto, tal como lo prevé el artículo 115 de la Ley 734 de
2002.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Las partes y el ministerio público guardaron silencio en desarrollo de esta etapa
procesal según constancia secretarial visible a folio 612 del cuaderno principal.
CONSIDERACIONES
Breve recuento del procedimiento disciplinario
El proceso disciplinario inició con ocasión de la queja presentada el 14 de agosto de
2009 por parte de la señora Leidy Yohana Ramírez Ramírez ante la Oficina de
Atención al Ciudadano de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, quien manifestó
que le «quitaron» los documentos de identidad y de la moto, porque estaba
circulando sin el respectivo casco, al día siguiente ella y su esposo recorrieron todos
los Centros de Atención Inmediata en busca de dichos papeles, pero no fue posible.
En horas de la noche un policial amigo de su cónyuge se acercó a su vivienda y les
indicó que ya había localizado los documentos, pero que el policía que los tenía
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necesitaba que le proporcionaran $100.000, a lo cual accedieron, y en esos términos
llegaron a un acuerdo.
Sin embargo, continuaron circulando con la moto, por lo que el día 13 de agosto de
2009 fue incautada al no contar con los papeles respectivos, se comunicaron
nuevamente con su amigo policía y le solicitaron que les colaborara, ante lo cual les
señaló que, si no pagaban el dinero exigido, procederían a arrojarlos al caño6.
Por medio del auto del 23 de septiembre de 2009, se ordenó la apertura de
indagación preliminar y la práctica pruebas7.
A través de providencia del 23 de marzo de 2010, se dio apertura formal de la
investigación disciplinaria, en contra del patrullero Carlos Gustavo Pérez Galvis 8,
luego, mediante auto fechado 28 de mayo de la mencionada anualidad, se vinculó al
proceso al policial Yontan Silva Castañeda9. Posteriormente, se le formuló pliego de
cargos y se le otorgaron 10 días para presentar los correspondientes descargos y
peticionar o aportar pruebas10, auto que fue notificado personalmente al demandante
el 13 de junio de 201011.
En efecto, mediante memorial del 1.° de julio de 2010, el investigado por medio de
apoderado presentó escrito de descargos12, a continuación el 1.° de septiembre de
2010, se corrió traslado por el término de 5 días para alegar de conclusión y este le
fue notificado al apoderado del señor Silva Castañeda13. Finalmente, mediante
decisión del 15 de septiembre de la citada anualidad, la Oficina de Control Interno
Disciplinario de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, declaró responsable
disciplinariamente, entre otros al patrullero Yonatan Silva Castañeda y lo sancionó
con suspensión e inhabilidad especial por 7 meses14. Acto administrativo notificado
personalmente el 17 de septiembre de 201015.
Ante la anterior decisión, el disciplinado por intermedio de apoderado interpuso
recurso de apelación16, el cual fue resuelto de forma negativa por parte de la
Inspección Delegada Región Cinco de la Policía Nacional el 6 de diciembre del
mismo año, y confirmó en todas sus partes la decisión disciplinaria primigenia 17, se le
notificó al interesado personalmente el 16 de diciembre de 201018.
De esta forma, se encuentra que la investigación que adelantó la Nación, Ministerio
de Defensa, Policía Nacional en contra del señor Yonatan Silva Castañeda se le
formularon al demandante dos cargos disciplinarios, por los cuales fue finalmente
sancionado. En el siguiente cuadro se resume la concordancia entre el pliego de
cargos y el acto administrativo sancionatorio:
6 Folio 1 anverso y reverso del cuaderno principal.
7 Folios 2 a 4, ídem.
8 Folios 61 a 64, ídem.
9 Folios 81 a 82, ídem.
10 Folios 106 a 116, ídem.
11 Folio 118, ídem.
12 Folios 124 a 137, ídem.
13 Folios 142 y 145, ídem.
14 Folios 148 a 170, ídem.
15 Folios 171 a 172, ídem.
16 Folios 171 a 183, ídem.
17 Folios 208 a 239, ídem.
18 Folio 240, ídem.
9
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Demandante: Yonatan Silva Castañeda
PLIEGO DE CARGOS DEL 16 DE JUNIO ACTO ADMINISTRATIVO
DE 201019 SANCIONATORIO
DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 201020
CONFIRMADO EN SEGUNDA INSTANCIA
EL 6 DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO21
Primer cargo: «…la conducta cometida
por el señor Patrullero SILVA
CASTAÑEDA YONATAN, se enmarca
dentro de las faltas descritas por el
legislador en la Ley 1015 de 2006, “Nuevo Se confirmaron los cargos y la imputación a
Régimen Disciplinario para la Policía título de dolo.
Nacional”, en su libro 1°, título VI, capítulo
I, Artículo 35. FALTAS GRAVES, numeral
10 … “Incumplir, modificar, desautorizar,
eludir, ejecutar con negligencia o tardanza,
o introducir cambios sin causa justificada, a
las órdenes o instrucciones relativas al
servicio …”».
[…]
Se entiende el verbo rector “incumplir”
como la acción de quebrantar, contravenir,
vulnerar, infringir, violar, faltar, prevaricar,
transgredir, en este caso el investigado
incumplió sin causa justificada las
instrucciones relativas al servicio, las
cuales eran impartidas por su comandante
directo quien les ordenaba que cuando una
persona dejara abandonados sus
documentos el policial debería dejar estos
ante las autoridades de transito (sic) y las
inspecciones para que estas fueran las
encargadas de devolver dichos
documentos».
«Segundo cargo: «La Ley 1015 del 07-02-
06 “Régimen Disciplinario para la Policía
Nacional” en su artículo 36 FALTAS
LEVES.
NUMERAL 13 “… abstenerse de tramitar
oportunamente la documentación, cuando
le corresponda…
Se entiende el verbo rector “abstenerse”
como la acción abstener, hacerse el
distraído, renunciarse, callarse,
abstenerse, inhibirse, guardarse, cuidarse,
presuntamente en este caso el investigado
se abstuvo de tramitar oportunamente la
documentación del señor RICARDO
19 Folio 106 del cuaderno principal.
20 Folios 148 a 178, ídem.
21 Folios 208 a 239, ídem.
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Demandante: Yonatan Silva Castañeda
CORZO ante la autoridad correspondiente,
cuando los documentos son
abandonados.». (Las negrillas son del texto
original).
Falta por la que fue sancionado: Falta de
Falta imputada: Falta grave de acuerdo acuerdo con el numeral 10 del artículo 35 y
con el numeral 10 del artículo 35 de la Ley falta leve según el numeral 13 del artículo 36
1015 de 2006. de la Ley 1015 de 2006.
Falta leve de conformidad con el numeral
13 del artículo 36 de la Ley 1015 de 2006.
Culpabilidad: Culpabilidad:
La falta se imputó a título de dolo. La falta se imputó a título de dolo.
Decisión sancionatoria de primera instancia:
«[…] TERCERO: DECLARAR probados los cargos disciplinarios endilgados y
responsabilizar disciplinariamente al señor PATRULLERO SILVA CASTAÑEDA
YONATAN […], por demostrarse a través de la presente investigación que infringió la Ley
1015/2006, en su artículo 35 Numeral 10 y artículo 36 Numeral 13, de conformidad con lo
establecido en la parte considerativa de este proveído.
CUART: En consecuencia de lo anterior, imponer en PRIMERA INSTANCIA como sanción
la suspensión e inhabilidad especial por siete (07) meses sin derecho a remuneración al
señor PATRULLERO SILVA CASTAÑEDA YONATAN […].
Decisión sancionatoria en la que se resolvió el recurso de apelación:
«SEGUNDO: No acceder a las pretensiones del Doctor OSCAR (SIC) BOLIVAR (SIC)
ORTEGA, apoderado del señor Patrullero YONATAN SILVA CASTAÑEDA y confirmar el
Fallo de Primera Instancia del 15 de septiembre de 2010 […].». (Negrita y mayúsculas
conforme a la transcripción).
Cuestión previa
• Control judicial integral respecto de las decisiones administrativas
sancionatorias
Con la sentencia de unificación proferida el 9 de agosto de 2016 por la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado22, se dio inicio a una nueva
línea interpretativa en torno al control que ejerce la jurisdicción de lo contencioso
administrativo sobre los actos administrativos de naturaleza disciplinaria.
Al respecto, señaló la providencia que, con el fin de garantizar la tutela judicial
efectiva, ese control es de carácter integral por cuanto exige una revisión legal y
constitucional de las actuaciones surtidas ante los titulares de la acción disciplinaria,
sin que, para tales efectos, el juez se encuentre sometido a limitantes que restrinjan
su competencia.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del 9 de agosto de
2016, radicado: 110010325000201100316 00 (2011-1210).
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Demandante: Yonatan Silva Castañeda
En dicha oportunidad, la Corporación fue enfática en explicar que, siendo la función
disciplinaria una manifestación de la potestad pública sancionatoria que busca
mantener la actividad estatal sujeta a los límites legales y constitucionales, no es
dable restringir las facultades de la jurisdicción en la realización de dicho estudio.
Esta integralidad se proyecta en múltiples aspectos que son destacados en la
providencia en los siguientes términos:
«[…] 1) La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia especial”
respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La
presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier
acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente
regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La interpretación
normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable
judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del
trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el
amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo
contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de
los derechos. 7) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la
acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela
judicial efectiva. […]».
Así pues, el control judicial que ha de efectuarse en el presente caso tiene como hoja
de ruta los parámetros dispuestos en aquella decisión judicial, lo que desde ya
implica descartar los argumentos esgrimidos por la entidad demandada en la
contestación de la demanda respecto de que la jurisdicción de lo contencioso
administrativo no es una tercera instancia para dirimir controversias por sanciones
disciplinarias y cosa juzgada, argumentos que pretenden desconocer las amplísimas
facultades del juez de lo contencioso administrativo para efectuar una revisión seria y
profunda de todas las actuaciones y etapas surtidas en el procedimiento disciplinario.
Problemas jurídicos
A partir de lo sostenido por las partes, y en el marco de las causales de nulidad
deprecadas en el libelo introductor, los problemas jurídicos a resolver en esta
sentencia son los siguientes:
1. ¿Durante el trámite del proceso disciplinario seguido contra el demandante se le
violó el derecho al debido proceso?
2. ¿La entidad demandada en la motivación de las decisiones disciplinarias acató
los parámetros establecidos en el artículo 170 de la Ley 734 de 2002?
3. ¿Con las pruebas recaudadas en el trámite disciplinario se demostró que el
patrullero Yonatan Silva Castañeda incurrió en las faltas disciplinarias señaladas
en el numeral 10 del artículo 35 y en el numeral 13 del artículo 36, ambas
tipificadas en la Ley 1015 de 2006?
4. ¿El demandante fue sancionado dos veces por la misma conducta?
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Demandante: Yonatan Silva Castañeda
Primer problema jurídico
¿Durante el trámite del proceso disciplinario seguido contra el demandante se le violó
el derecho al debido proceso? La respuesta a esta cuestión dependerá de que Sala,
de forma preliminar, se refiera brevemente a la causal de violación al derecho al
debido proceso. De forma posterior, deberá solucionar las inconformidades
presentadas por el demandante, con el fin de adoptar la decisión que en derecho
corresponda.
• El debido proceso disciplinario y el derecho a la defensa en la actuación
disciplinaria.
El derecho disciplinario como forma del ejercicio de la potestad sancionadora del
Estado, de acuerdo con los postulados del artículo 29 constitucional debe procurar
por el respeto de las garantías propias que conforman el debido proceso, que para el
efecto son procedimentales y sustanciales.
Las primeras se refieren al acatamiento de las formas de cada juicio para adelantar
el trámite disciplinario, esto es, las etapas y términos correspondientes. La Ley 734
de 2002, que fue la norma aplicada en el sub examine, previó el procedimiento
ordinario que comprende cinco etapas perfectamente definidas a saber a) la
indagación preliminar, b) la investigación disciplinaria, c) la formulación del pliego de
cargos y término para presentar los descargos, d) la etapa probatoria y e) la decisión
sancionatoria.
Las garantías sustanciales por su parte hacen alusión a la legalidad de la sanción,
del debate y los medios probatorios, el juez natural; la favorabilidad y ultractividad de
la ley, la presunción de inocencia; la proscripción de la responsabilidad objetiva, la
defensa material y técnica, la publicidad, celeridad, contradicción, el non bis in ídem y
la prohibición de la reformatio in pejus23.
En esta medida, el debido proceso es un derecho de rango superior que busca la
protección de las garantías que instituye el ordenamiento jurídico a favor de quienes
se ven llamados a hacer parte de una actuación judicial o administrativa. En efecto,
el proceso disciplinario es un trámite de naturaleza administrativa, por lo que las
partes que en él intervienen se encuentran provistas de tales amparos a lo largo de
todas sus etapas.
Al respecto, es pertinente señalar que el derecho al debido proceso goza de una
naturaleza dual, la cual se manifiesta en una perspectiva formal y otra material. La
primera se refiere a las ritualidades legalmente establecidas, como lo son las etapas
que deben surtirse, los términos que han de cumplirse, el procedimiento legalmente
aplicable, entre muchas otras.
Por otro lado, su dimensión material alude a las garantías sustanciales en las que se
proyectan esas formalidades, entre las cuales pueden destacarse la doble instancia
―salvo las excepciones legales―, la presunción de inocencia, la imparcialidad, el
non bis in idem y el derecho a solicitar y contradecir las pruebas.
23 Sentencia C-292 de 2008.
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Ahora bien, es pertinente aseverar que no toda violación de cualquiera de las
dimensiones que comprende el debido proceso debe traducirse inexorablemente en
la anulación de la actuación procesal afectada, pues, para tales efectos, será
necesario que aquella transgresión se proyecte en la esfera material de protección
de cada uno de los derechos enunciados.
Por ello, se ha sostenido en cuanto a las irregularidades procesales que, para que
puedan afectar la validez de lo actuado en el procedimiento disciplinario, tienen que
ser determinantes, de manera que, cuando se resguardan las garantías sustanciales
con que cuentan los disciplinados para ejercer su derecho de defensa, las omisiones
o yerros procesales de menor entidad no pueden aducirse a efectos de anular el acto
administrativo sancionatorio.
A manera de ejemplo, no es lo mismo que la autoridad disciplinaria de forma
inexplicable no dé la oportunidad para que se presenten los alegatos de conclusión,
a que se deje de practicar una determinada prueba. Igualmente, que exista un simple
error en una notificación a que este yerro impida la presentación de un recurso contra
la decisión que resuelve el fondo del asunto. En la misma línea, que el disciplinado o
su abogado no pueda participar en aquellas pruebas relevantes a que no lo hagan en
aquellas que no lo son, o que su inasistencia no sea atribuible a la autoridad
disciplinaria.
Sobre este aspecto medular del proceso disciplinario, la Corte Constitucional24 ha
señalado lo siguiente:
«[…] no toda irregularidad se puede calificar como violación al debido proceso, sino
que éste se afecta cuando hay privación o limitación del derecho de defensa, que
se produce en virtud de concretos actos de los órganos jurisdiccionales que entraña
mengua del derecho de intervenir en el proceso en que se ventilan intereses al sujeto,
respecto de los cuales las decisiones judiciales han de suponer modificación de una
situación jurídica individualizada. Si bien es cierto "toda clase de actuaciones judiciales",
pueden acarrear una violación al debido proceso, la connotación constitucional se da si
alguna de las partes es ubicada en tal condición de indefensión que afectaría el orden
justo, violándolo ostensiblemente […]». (Destacado intencional).
Así las cosas, para verificar una posible vulneración al debido proceso, se deberá
analizar el criterio de la relevancia o de la trascendencia, pues si hubo otra forma de
subsanar el vicio que se esgrime y este es saneable, no habrá lugar a declarar la
nulidad. Mucho menos habrá lugar a que se estime una afectación del derecho,
cuando en la situación irregular han contribuido de forma determinante los sujetos
procesales.
24 Sentencia T-267 del 7 de marzo de 2000, Corte Constitucional.
En este sentido también puede leerse el auto 029A del 16 de abril de 2002, en el que dicha Corporación sostuvo
que: «[…] ha de valorarse si la irregularidad observada tiene la capacidad de alterar de manera grave el proceso,
tornándolo en injusto, es decir, violatorio del debido proceso. En consecuencia, sólo cuando además del vicio
procesal se vulnera el fin buscado con la norma, ha de dictarse la nulidad de lo actuado. Por el contrario, cuando
la irregularidad no impide la realización efectiva de la función o propósito perseguido por el instrumento procesal,
no puede endilgarse de injusto e indebido el proceso. De otra parte, el vicio debe ser trascendente; es decir, que,
de no haberse producido, otra hubiera sido la evolución del proceso. Por ende, si se incurre en una grave
irregularidad en un fallo, pero el fallo de reemplazo debe dictarse en el mismo sentido del anterior, a pesar del
defecto es improcedente la nulidad por falta de trascendencia del vicio […]».
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Relacionado con esta causal de nulidad, el demandante expuso tres argumentos que
deben ser analizados por la Subsección de forma separada, a partir de las diferentes
etapas del trámite disciplinario.
• Análisis de los cargos relacionados con la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso
• De las presuntas irregularidades presentadas en las etapas de indagación
preliminar e investigación
La parte demandante cuestionó el hecho de que al sancionado no se le hubiera
vinculado desde la etapa preliminar, lo cual imposibilitó la oportunidad de intervenir
en la práctica de las pruebas allegadas y poder aportar las concernientes a su
defensa, situación que en su sentir, vulnera de forma flagrante el principio de
contradicción regulado en el artículo 16 de la Ley 1015 de 2006, argumento este que
a juicio de esta instancia denota un desconocimiento de los fines que pretende esta
etapa dentro del proceso disciplinario, que incluso no ha sido considerada como una
verdadera etapa dentro de este tipo de procesos25.
Precisamente el Artículo 150 de la Ley 734 de 2002 al establecer la procedencia de
la indagación preliminar, dispone que ésta se deberá agotar cuando no se reúnan los
requisitos para abrir formalmente la investigación y que tendrá como fines, verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se
ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad, igualmente
cuando se tenga duda sobre la identificación o individualización del autor de la falta
disciplinaria es obligatorio agotar la indagación preliminar.
Fue por esta razón que la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Policía
Metropolitana de Bucaramanga, profirió auto de apertura de indagación preliminar el
23 de septiembre de 200926, con el fin de verificar si con los hechos objeto de queja
por parte de la señora Leidy Johana Ramírez Ramírez27, «se derivaba la comisión de
presuntas conductas definidas en la legislación como faltas» y «en contra de un personal por
establecer»28 motivo por el cual ordenó la práctica de varias pruebas entre ellas, la
ratificación y ampliación de la quejosa29 y su esposo30, las minutas de servicio de los
policías de tránsito de la Estación Piedecuesta31 y la declaración de varios policiales.
Ahora bien, sobre éste último punto es que recae el desacuerdo del apoderado de la
parte demandante quien indicó que desde la declaración del intendente José Alfredo
Goyeneche Gamboa, la autoridad disciplinaria tenía pleno conocimiento de la
participación de Yonatan Silva Castañeda en los hechos objeto de indagación.
Para tal fin esta Sala se permite transcribir lo pertinente de la diligencia del policial
Goyeneche Gamboa a saber:
25 En este sentido se pronunció la Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de julio de 2021, radicado:
15001-23-33-000-2014-00268-01(4058-15).
26 Folios 2 a 4 del cuaderno 2.
27 Folio 1 anverso y reverso, del cuaderno 1.
28 Folio 3, del cuaderno 2.
29 Folios 6 a 7, ídem.
30 Folios 26 a 27, ídem.
31 Folios 20 a 23, ídem.
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«[…] En vista de que no pude conseguir el nombre del uniformado que al parecer había
quitado los documentos y al parecer era quien estaba exigiendo el dinero tuve en cuenta
algo que me dijo la afectada que ese policial en el fin de semana que le quitaron los
documentos salía a descansar, uno de los policías que se encontraba en descanso era el
señor Patrullero SILVA CASTAÑEDA JONATAN con quien hable (sic) en la seccional de
inteligencia y me contó que efectivamente el (sic) era el que había realizado este
procedimiento y los documentos de la motocicleta se los había entregado al patrullero
PEREZ (SIC) ya que lo había ido a buscar para que le entregara los documentos y
entregárselos a la señora LEIDY […]». (Subrayas fuera del texto original).
Nótese entonces que no es cierta la afirmación efectuada en el libelo introductor en
cuanto a que la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Policía Metropolitana de
Bucaramanga para tal época ya tenía identificado al aquí demandante como
supuesto autor de la presunta falta disciplinaria, toda vez que es claro que en dicha
declaración el intendente Goyeneche Gamboa manifestó que el patrullero Silva
Castañeda entregó los documentos al policial Pérez, por lo cual existía duda sobre
quién presuntamente había solicitado el dinero para regresar a sus titulares los
documentos, luego, era dable continuar con la indagación con el fin de individualizar
a quien aparentemente realizó la petición de tales sumas a cambio de regresar los
documentos a los ciudadanos propietarios de la motocicleta.
Se destaca igualmente que a pesar de que no estaba vinculado formalmente y
contrario a lo aducido por aquel en la etapa de indagación preliminar, pudo ejercer su
derecho de defensa, pues el 3 de marzo de 2010, rindió declaración respecto de los
hechos objeto de queja y negó enfáticamente haber solicitado dinero con el fin de
devolver los papeles pertenecientes a la quejosa y su cónyuge 32.
Posteriormente, el 23 de marzo de 2010 se emitió auto de investigación disciplinaria
en contra del patrullero Carlos Gustavo Pérez Galvis, al observar que se daban los
presupuestos del artículo 152 de la Ley 734 de 2002, como son, la existencia de una
presunta falta y la identificación del posible autor. Para tal fin se dispuso la práctica
de varias pruebas33.
Al respecto se señala que no es de recibo el argumento esgrimido por la parte
demandante en cuanto a que al haberse dictado providencia de investigación
solamente en contra del policial Pérez Galvis, se trasgredió lo previsto en el artículo
152 de la Ley 734 de 2002, pues es claro que en ese momento la investigación por
las presuntas faltas disciplinarias era solamente en contra del patrullero en mención,
por lo que no era necesario que el señor Silva Castañeda interviniera en la aducción
probatoria frente a hechos que aún no le habían sido atribuidos.
Luego, el 28 de mayo de 2010, se vinculó a la investigación al patrullero Yonatan
Silva Castañeda34, auto que le fue notificado personalmente el 1.° de junio de ese
año35, y ese mismo día el investigado pudo ejercer nuevamente su derecho de
defensa material, al haber presentado versión libre y espontánea36, en la que se
ratificó de la declaración por él rendida en la diligencia del 3 de marzo de 2010.
32 Folios 54 a 56, ídem.
33 Folios 61 a 64, ídem.
34 Folios 81 a 82, ídem.
35 Folio 83, ídem.
36 Folio 84, ídem.
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Sobre el particular se aclara que, si bien en el auto del 28 de mayo de 2010 se indicó
en la parte resolutiva «vincúlese a la presente Indagación Preliminar», y ya se
encontraba en investigación disciplinaria, tal yerro no tiene el alcance que le pretende
dar el demandante, al punto de considerar que ello socavó el modelo de Estado, para
que a partir de ahí se pueda justificar el supuesto vicio de los actos acusados, toda
vez que se le garantizaron sus derechos al tenor de lo previsto en el artículo 92 del
CDU, tal como le fue informado en la notificación personal37.
Verificado entonces el devenir procesal disciplinario, esta Sala no evidencia
irregularidad alguna durante las etapas señaladas, menos aún la vulneración al debido
proceso del demandante, por cuanto mal podría haber sido notificado del auto de
apertura de indagación preliminar del 23 de septiembre de 2009, cuando lo cierto es
que dicho auto fue proferido en «contra de un Personal por Establecer», pues se insiste,
fue vinculado formalmente a la investigación mediante auto del 28 de mayo de 2010,
auto a partir del cual adquirió la calidad de sujeto procesal.
Aunado a lo anterior, y como quedó analizado en procedencia, de la declaración del
intendente José Alfredo Goyeneche Gamboa, no era posible que la autoridad
disciplinaria tuviera pleno conocimiento de la participación de Yonatan Silva
Castañeda en los hechos objeto de indagación.
De esta forma, pierde solidez el argumento tendiente a que no se le permitió
controvertir las pruebas recaudadas durante la indagación preliminar, las cuales bien
pudo haber refutado luego de haber sido notificado de su vinculación al proceso
disciplinario, máxime cuando consiguió ejercer su derecho de defensa, habida cuenta
que el 3 de marzo de 2010, rindió declaración respecto de los hechos objeto de
queja. De igual forma, al momento de ser notificado de la providencia que lo vinculó
formalmente a la investigación el 1.° de junio de 2010, consta que le fueron puestos
de presente los derechos contenidos en los artículos 91 y 92 de la Ley 734 de 2002,
y concretamente la posibilidad de solicitar, aportar, controvertir e intervenir las
pruebas que se hubieren practicado38 y se le dejó a disposición el contenido de la
actuación disciplinaria surtida hasta ese momento39.
Nótese que el mismo día en que fue notificado se presentó a las instalaciones de la
Oficina de Control Disciplinario Interno con el fin de rendir exposición libre y
espontánea de los hechos, en los que se le informó de su derecho a contar con un
apoderado de confianza, y la decisión del señor Silva Castañeda de no hacer uso de
este, por no considerarlo necesario para ese momento40.
• De las supuestas anomalías presentadas en la formulación de pliego de cargos
De conformidad con el artículo 163 de la Ley 734 de 2002, el pliego de cargos debe
contener los siguientes elementos:
«Artículo 163. Contenido de la decisión de cargos. La decisión mediante la cual se formulen
cargos al investigado deberá contener:
37 Folio 83, ídem.
38 Folio 83, ídem.
39 Ibidem.
40 Folio 84, ídem.
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1. La descripción y determinación de la conducta investigada, con indicación de las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó.
2. Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación, concretando la
modalidad específica de la conducta.
3. La identificación del autor o autores de la falta.
4. La denominación del cargo o la función desempeñada en la época de comisión de la
conducta.
5. El análisis de las pruebas que fundamentan cada uno de los cargos formulados.
6. La exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad o
levedad de la falta, de conformidad con lo señalado en el artículo 43 de este código.
7. La forma de culpabilidad.
8. El análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales». (Se destaca).
La parte demandante, echa de menos el concepto de violación, el análisis de las
pruebas que fundamentaron cada uno de los cargos, los criterios tenidos en cuenta
para tener objetivamente demostradas las faltas atribuidas y la inexistencia de
elementos probatorios que comprometieran su responsabilidad.
Al respecto, en el auto del 16 de junio de 201041, la autoridad disciplinaria estableció la
siguiente motivación:
«PRIMER CARGO:
Ante el material probatorio allegado al proceso, el señor Patrullero PEREZ (SIC) SILVA
CASTAÑEDA YONATAN deberá dar una explicación ante este despacho, por el presunto
comportamiento irregular asumido el día 08 de agosto de 2009, en horas de la noche cuando
retuvo los documentos de la motocicleta que era conducida por el señor RICARDO CORZO
cuando este ciudadano al parecer estaba cometiendo una infracción de transito (sic) en el
sector de la carrera 15 con calle 41 de la ciudad de Bucaramanga y al parecer incumplió las
instrucciones impartidas por su comandante directo al parecer no dejar a disposición de la
autoridad competente o de sus superiores dichos documentos los cuales presuntamente
había dejado abandonado (sic) dicho ciudadano.
NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN
De acuerdo con el material probatorio allegado al proceso tenemos entonces que con su
conducta y actuar, el señor Patrullero PEREZ (SIC) SILVA CASTAÑEDA YONATAN,
presuntamente pudo haber trasgredido la ley (sic) 1015 de 2006 […] en su artículo 35
FATLAS GRAVES, numeral 10…
NUMERAL 10: “…Incumplir, modificar desautorizar, eludir, ejecutar con negligencia o
tardanza, o introducir cambios, sin causa justificada, a las órdenes o instrucciones
relativas al servicio…”.
ADECUACIÓN NORMATIVA: “… incumplir … sin causa justificada … las instrucciones
relativas al servicio…”.
Obviando las demás palabras y frases del referido numeral sobran: Anotando que se efectúa
la presente aclaración con la finalidad de indicar de manera específica la parte de la norma
vulnerada y de la cual provisionalmente se le imputa un cargo al procesado y evitar erróneas
interpretaciones o que se considere que se efectúa mutilación de la norma de la cual se
predica su vulneración.
41 Folios 106 a 116, ídem.
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Demandante: Yonatan Silva Castañeda
CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Se entiende el verbo rector “incumplir” como la acción de quebrantar, contravenir, vulnerar
[…], en este caso el investigado al parecer incumplió sin causa justificada las instrucciones
relativas al servicio, como presuntamente estas eran impartidas por su comandante directo
quien les ordenaba que cuando una persona dejara abandonados sus documentos el policial
debería dejar estos antes las autoridades de transito (sic) y las inspecciones para que estas
fueran las encargadas de devolver dichos documentos.
Al parecer dicho comportamiento se encuentra respaldado en pruebas testimoniales tales
como la declaración rendida por el señor RICARDO CORZO HERNANDEZ (SIC) quien
indica que le fueron retenidos sus documentos por parte de un policía en la zona céntrica de
la ciudad de Bucaramanga, como la jurada del señor Patrullero NIÑO MANTILLA MANUEL
ENRIQUE quien fue la persona que entrego (sic) los documentos del señor RICARDO
CORZO al señor Patrullero PEREZ (SIC) GALVIS, por una llamada realizada por el policial
SILVA CASTAÑEDA quien le indico (sic) donde (sic) se encontraban dichos documentos, así
mismo el oficio Nro. 114 de fecha 100610 emanado de la Jefatura de la Seccional de
Transito (sic) y Transporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Pruebas que serán
valoradas en el curso del presente auto.
[…]
SEGUNDO CARGO:
Ante el material probatorio allegado al proceso, el señor Patrullero PEREZ (SIC) SILVA
CASTAÑEDA YONATAN deberá dar una explicación ante este despacho, por el presunto
comportamiento irregular asumido el día 08 de agosto de 2009, en horas de la noche,
cuando retuvo los documentos de la motocicleta que era conducida por el señor RICARDO
CORZO cuando este ciudadano al parecer estaba cometiendo una infracción de transito (sic)
en el sector en el sector […] y al parecer se abstuvo de dejar a disposición de la autoridad
competente o de sus superiores dichos documentos los cuales presuntamente había dejado
abandonados dicho ciudadano.
NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN
De acuerdo con el material probatorio allegado al proceso tenemos entonces que con su
conducta y actuar, el señor Patrullero PEREZ (SIC) SILVA CASTAÑEDA YONATAN,
presuntamente pudo haber trasgredido la ley (sic) 1015 de 2006 […] en su artículo 36
FATLAS LEVES, numeral 13…
NUMERAL 13: “…abstenerse de tramitar oportunamente la documentación, cuando le
corresponda…”.
Obviando las demás palabras y frases del referido numeral sobran: Anotando que se efectúa
la presente aclaración con la finalidad de indicar de manera específica la parte de la norma
vulnerada y de la cual provisionalmente se le imputa un cargo al procesado y evitar erróneas
interpretaciones o que se considere que se efectúa mutilación de la norma de la cual se
predica su vulneración.
VERBO RECTOR: “Abstenerse”.
CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Se entiende el verbo rector “incumplir” (sic) como la acción de abstenerse, hacerse el
distraído, renunciarse, callarse, inhibirse, guardarse […], en este caso el investigado al
parecer se abstuvo de tramitar oportunamente la documentación del señor RICARDO
CORZO ante la autoridad correspondiente, cuando estos documentos son abandonados.
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Al parecer dicho comportamiento se encuentra respaldado en pruebas testimoniales tales
como la declaración jurada rendida por el Señor Patrullero NIÑO MANTILLA MANUEL
ENRIQUE quien fue la persona que entrego (sic) los documentos del señor RICARDO
CORZO al señor Patrullero PEREZ (SIC) GALVIS, por una llamada realizada por el policial
SILVA CASTAÑEDA quien le indico (sic) donde (sic) se encontraban dichos documentos, así
mismo el oficio Nro. 114 de fecha 100610 emanado de la Jefatura de la Seccional de
Transito (sic) y Transporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Pruebas que serán
valoradas en el curso del presente auto.
[…]
PRUEBAS QUE FUNDAMENTAN LOS CARGOS FORMULADOS AL PATRULLERO SILVA
CASTAÑEDA YONATAN
Las pruebas que a continuación se transcriben dentro de su valor probatorio, considera que
guardan plena autenticidad, toda vez que fueron aportadas en debida forma y en su
oportunidad:
DOCUMENTALES
Todos los documentos tienen la calidad de documento público, por cuanto fueron expedidos
por funcionarios públicos en ejercicio de sus cargos y en el desarrollo de sus funciones,
calidades que se expresan claramente del contenido que de ellos se desprende y que dan fe
de la presunta veracidad y autenticidad de los mismos, obteniendo fuerza probatoria:
• Queja de fecha 14 de agosto de 2009 interpuesta por la ciudadana LEIDY JOHANA
RAMIREZ (SIC) RAMIREZ (SIC) ante la Oficina de Atención al Ciudadano de la Policía
Metropolitana de Bucaramanga (f. 1).
• Oficio Nro. 114 de fecha 100610 emanado de la Jefatura de la Seccional de Transito (sic) y
Transporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en el cual indica cual (sic) era la
orden verbal impartida al personal que conformaba ese grupo con relación a documentos
abandonados por conductores (f. 92).
TESTIMONIALES
• Ampliación de queja rendida por la señora LEIDY JOHANA RAMIREZ (SIC) RAMIREZ
(SIC), quien manifestó [...] (f. 6 y 7).
• Declaración rendida por el señor RICARDO CORZO HERNANDEZ (SIC), quien afirmó […]
(f. 26 y 27).
• Diligencia de declaración rendida por el señor Patrullero NIÑO MANTILLA MANUEL
ENRIQUE, quien manifestó […] (f. 74 a 76).
• Diligencia de ampliación de declaración rendida por el señor RICARDO CORZO
HERNANDEZ (SIC), quien manifestó […] (f. 77 y 78).
• Diligencia de ampliación de declaración rendida por la señora LEIDY JOHANA RAMIREZ
(SIC) RAMIREZ (SIC), quien manifestó [...] (f. 79 y 80).
VALORACIÓN EN CONJUNTO DE LAS PRUEBAS QUE FUNDAMENTAN LOS CARGOS
FORMULADOS
Valoradas las probanzas obrantes en la investigación disciplinaria, infiere el despacho la
posible existencia de una conducta irregular presuntamente atribuible al señor Patrullero
SILVA CASTAÑEDA YONATAN, pruebas testimoniales y documentales que fueron en legal
forma convalidadas por haber sido allegadas legalmente al plenario y de manera oportuna
por la autoridad legítimamente constituida, no presentando vicios de nulidad, las cuales
gozan de pleno valor probatorio […].
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En así como el despacho vislumbra en las referidas pruebas aportadas al proceso, que como
se ha venido indicando en este auto, el material probatorio aportado al expediente nos ha
señalado que el señor Patrullero SILVA CASTAÑEDA YONATAN al parecer incumplió las
instrucciones relacionadas con el servicio, ya que como lo indico (sic) el señor Teniente
NELSON ENRIQUE CARDENAS (SIC) Jefe de la Seccional de Transito (sic) y Transporte
de la Policía Metropolitana de Bucaramanga en el Oficio Nro. 114 calendado 100610 obrante
a folio 92 del expediente, al personal de dicha unidad le fue impartida amplia instrucción
sobre el procedimiento que debían de seguir los policiales cuando algún conductor dejaba
abandonado sus documentos, los cuales deberían de ser (sic) dejados ante la autoridad de
transito (sic) o inspección correspondiente quienes serían los encargados de devolver dichos
documentos a sus propietarios, instrucción que al parecer fue incumplida por parte del
Patrullero SILVA.
Para el despacho las pruebas allegadas al paginario le hacen presumir que el señor
Patrullero SILVA CASTAÑEDA YONATAN al parecer omitió sus funciones como agente de
transito (sic), ya que al parecer era pleno conocedor del procedimiento que debía seguir
cuando algunos documentos eran abandonados por sus propietarios pese al haber recibido
instrucciones verbales sobre estas situaciones por parte de su comandante directo […].
LA FORMA DE CULPABILIDAD
[…] y en lo que hace referencia al artículo 37 de la Ley 1015 de 2006 y teniendo en cuenta
que la misma fue presuntamente cometida por el disciplinado con conocimiento pleno sobre
las circunstancias de hecho, lo cual abarca la previsión del desarrollo de los acontecimientos
y la causalidad y el resultado como uno de los elementos y el hecho de ser plenamente
consciente de la ejecución de la conducta y aún (sic) así desear la consumación del mismo
como segundo elemento, y como quiera que tales circunstancias se hallan presentes en los
acontecimientos que hoy se juzgan, determina el despacho que ésta fue cometida
presuntamente a título de DOLO, por parte del investigado, conforme a lo estipulado en el
artículo 11 de la norma citada, […] en consideración igualmente a que el investigado era
pleno conocedor de que su accionar quebrantaba el ordenamiento jurídico y legal de los
procedimientos policiales, aún (sic) así ejecutó la presunta conducta irregular, por lo tanto
para que una conducta se realice en las circunstancias del dolo, se requiere que el sujeto
agente sea plenamente conocedor de la ilicitud de la conducta y que además de ello tenga
una representación de las consecuencias del acto y aún (sic) así genere la conducta, pues
bien, en el caso que nos ocupa, se avizora el cumplimiento de tales eventualidades, pues
todo funcionario público conoce que esta clase de comportamientos van en contravía de las
normas internas de la institución y que como policía conoce a cabalidad que el incumplir las
instrucciones relativas al servicio y el abstenerse de tramitar oportunamente la
documentación cuando le corresponda.
[…]
Lo anterior tiene como respaldo la jurada rendida por el señor Patrullero NIÑO MANTILLA
MANUEL ENRIQUE y el Oficio Nro. 114 […] diligencias a las cuales ya se les realizó la
respectiva valoración.». (Mayúsculas y subrayas conforme al texto original).
A partir del recuento pormenorizado antecedente, la Sala encuentra que no le asiste
razón a la parte demandante en su afirmación de que el pliego de cargos fue expedido
sin el cumplimiento de los requisitos que se encuentran en los artículos 162 y 163 de la
Ley 734 de 2002, ya que, por una parte, existían pruebas a partir de las cuales se podía
colegir la existencia de una falta, y la responsabilidad del señor Silva Castañeda, a lo
que cabe agregar que en este documento se expuso de forma clara el concepto de
violación; se hizo el análisis del acervo que se encuentra en el expediente y se
señalaron cuáles fueron los criterios tenidos en cuenta para la determinación
provisional del grado de culpabilidad.
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Ahora bien, en el mismo recuento consta que además de las pruebas que se
practicaron previo a la vinculación formal del señor Yonatan Silva Castañeda, respecto
de las cuales su apoderado no solicitó ni ampliación o ratificación, se tuvo en cuenta
aquellas que se habían practicado en el proceso hasta ese momento.
No es cierto entonces que no se encontraban reunidos los presupuestos para formular
pliego de cargos, pues se avizoraba una presunta falta disciplinaria, se encontraban
objetivamente demostradas las faltas atribuidas, y existían elementos probatorios que
comprometían su posible responsabilidad.
• De la presunta irregularidad relacionada con la duración del término para
presentar alegatos
La parte demandante consideró que en el caso concreto se presentó una
irregularidad sustancial, consistente en inadvertir que el término para presentar
alegatos de conclusión en el trámite disciplinario era de 10 días, con fundamento en
la remisión al Código Contencioso Administrativo, en lugar de 5 días.
Sobre el particular, esta Subsección42 ha sostenido que teniendo en cuenta que la
Ley 734 de 2002, no estableció plazo alguno para presentar los respectivos alegatos,
dicha actuación debe ser surtida en 5 días, a saber:
«Respecto del cargo, es importante señalar que en el Código Disciplinario Único no se
estableció un término para alegar de conclusión.
Precisamente ante la ausencia en el artículo 169 de la Ley 734 de 2002 de un término
para agotar esa etapa procesal, la Corte Constitucional43 al estudiar una demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 92 de dicho cuerpo normativo, definió el asunto
ordenando que se diera aplicación al artículo 165 del Código de Procedimiento Penal
conforme al cual se establece que el término de traslado para alegar de conclusión es de
cinco (5) días, contados a partir de la ejecutoria de la notificación del auto pertinente.
En atención a lo anterior, lo que se hizo en el trámite disciplinario fue aplicar lo establecido
por la Corte Constitucional, lo que de ninguna manera vulnera los derechos
fundamentales del actor.».
Bajo esta línea de intelección, el aspecto puesto a consideración en el presente
asunto por el demandante ya ha sido objeto de debate por parte de esta Corporación
y ha concluido que el conceder un término de 5 días para presentar alegatos de
conclusión no vulnera el derecho fundamental al debido proceso.
En conclusión: en el sub lite no se demostró que, durante el trámite de la actuación
disciplinaria seguida contra el demandante, se le haya vulnerado el debido proceso,
pues se surtieron las etapas previstas por la Constitución y la ley, se garantizó su
derecho de defensa y contradicción en las etapas previamente analizadas.
De esta forma, no es de recibo el argumento esgrimido por el interesado de que se
debió declarar la nulidad de lo actuado, en la medida en que no se probó la
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 27
de octubre de 2016, radicado interno: 1381-2011.
43 Corte Constitucional, Sentencia C-107 de 10 de febrero de 2004, magistrado ponente: Jaime Araújo Rentería.
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ocurrencia de alguna de las causales tipificadas en el artículo 143 de la Ley 734 de
2002.
Segundo problema jurídico
¿La entidad demandada en la motivación de las decisiones disciplinarias acató los
parámetros establecidos en el artículo 170 de la Ley 734 de 2002?
Al respecto la Sala sostendrá la tesis de que la autoridad disciplinaria en el sub
examine motivó las decisiones disciplinarias, tanto de primera como de segunda
instancia, conforme lo ordena la norma en cita, conforme pasa a explicarse.
• Motivación de las decisiones disciplinarias
Todo acto administrativo debe estar debidamente motivado, lo que implica que al
servidor público que lo expide, tiene la obligación de exponer en el mismo las
razones normativas y de hecho que dieron lugar a la decisión en él contenida. Lo
anterior garantiza el respeto del debido proceso, en tanto permite conocer las causas
que impulsaron a la administración a expresar en determinado sentido su voluntad.
En el derecho administrativo sancionador tal requisito de validez de las decisiones
disciplinarias fue establecido en el artículo 19 de la Ley 734 de 2002 que plasmó el
principio de motivación al decir «[…] Toda decisión de fondo deberá motivarse […]».
La mencionada prerrogativa garantiza que la autoridad disciplinaria al emitir un
pronunciamiento exponga, de forma racional, las razones en que fundamentó la
decisión, de modo que se garantice que esta no sea producto del mero capricho o la
pura voluntad del funcionario encargado.
La motivación de los actos disciplinarios es garantía principal del debido proceso y el
derecho de defensa del disciplinado en la medida que le permite conocer los
argumentos y las pruebas tenidas en su contra, a efectos de que pueda controvertir
su interpretación44.
Respecto al contenido de acto que define la responsabilidad disciplinaria del servidor
público, el artículo 170 de la Ley 734 de 2002 exige que contenga lo siguiente:
« […] Artículo 170. Contenido del fallo. El fallo debe ser motivado y contener:
1. La identidad del investigado.
2. Un resumen de los hechos.
3. El análisis de las pruebas en que se basa.
4. El análisis y la valoración jurídica de los cargos, de los descargos y de las
alegaciones que hubieren sido presentadas.
5. La fundamentación de la calificación de la falta.
6. El análisis de culpabilidad.
7. Las razones de la sanción o de la absolución, y
8. La exposición fundamentada de los criterios tenidos en cuenta para la graduación de la
sanción y la decisión en la parte resolutiva.». (Resaltado intencional).
44 Corte constitucional, sentencia T-350 de 2011.
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Conforme la norma transcrita, el acto debe necesariamente ser motivado y tal
proceder abarca, entre otros aspectos, el análisis del material probatorio recopilado
conforme los postulados de la sana crítica, el estudio que se hizo de los cargos y de
los descargos, así como las razones que llevan a la entidad a tomar la decisión.
De esta manera, si la decisión disciplinaria no cumple con alguno de estos
presupuestos, se configurará la causal de nulidad por falta de motivación y
vulneración del debido proceso.
Ahora, la causal de nulidad señalada es distinta al vicio de la falsa motivación, en la
medida que en este último aspecto el acto enjuiciado no carece de razones, sino que
las esbozadas en él son contrarias a la realidad. Sobre el particular la jurisprudencia
indicó45:
«[…] Los elementos indispensables para que se configure la falsa motivación son los
siguientes: (a) la existencia de un acto administrativo motivado total o parcialmente, pues
de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación distinta; (b) la existencia de
una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que induce a la producción del
acto y los motivos argüidos o tomados como fuente por la administración pública o la
calificación de los hechos, y (c) la efectiva demostración por parte del demandante del
hecho de que el acto administrativo se encuentra falsamente motivado […]».
Así las cosas, la falsa motivación implica que el acto administrativo se encuentre
motivado total o parcialmente y que los argumentos expuestos no estén acordes con
la realidad fáctica y probatoria.
• Evaluación de la motivación de los actos demandados
El apoderado del demandante señaló que en la expedición de los actos
sancionatorios se vulneró el artículo 170 de la Ley 734 de 2002 porque la
demandada no acató los requisitos de orden formal que deben tener, esto es, no se
efectuó el análisis y valoración jurídica de los cargos endilgados, tampoco se plasmó
una exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para dar como probado
que el policial Silva Castañeda cometió las conductas a título de dolo.
La entidad demandada el día 16 de junio de 2010 profirió pliego de cargos en contra
del patrullero Silva Castañeda en el cual le imputó la conducta disciplinaria grave
contemplada el artículo 35 numeral 10 «[...] Incumplir, modificar, desautorizar, eludir,
ejecutar con negligencia o tardanza, o introducir cambios, sin causa justificada, a las órdenes
o instrucciones relativas al servicio. […]». Así mismo le endilgó la falta leve establecida
en el artículo 36 numeral 13 «Abstenerse de tramitar oportunamente la documentación,
cuando le corresponda.» (Subrayado de la Sala). Ambos reproches disciplinarios se
imputaron a título de dolo.
La autoridad disciplinaria en la decisión de primera instancia encontró demostrada la
responsabilidad disciplinaria del señor Yonatan Silva Castañeda por haber incurrido
en el comportamiento típico citado porque en su entender, se probó que el 8 de
agosto de 2009 dicho policial como miembro de la «Unidad de Tránsito y Transporte
Metropolitano Mebuc - DITRA» decomisó unos documentos a unos ciudadanos que
se encontraban transitando en una moto sin el respectivo casco, empero, omitió dar
45 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17
de marzo de 2016, radicado: 11001-03-25-000- 2012-00317-00 (1218-12).
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aplicación a la instrucción dada por el jefe de la seccional sobre el procedimiento que
se debe seguir cuando el conductor deja abandonados sus documentos, esto es,
deben ser dejados a disposición ante la autoridad de tránsito o inspección
correspondiente46.
La primera instancia fundamentó su conclusión en lo siguiente:
Pruebas tenidas en cuenta en primera Conclusión probatoria48
instancia respecto a los cargos número
uno y dos47
i) Queja de fecha 14 de agosto de 2009, La entidad demandada al analizar las
interpuesta por la ciudadana Leidy Johana pruebas referidas concluyó que:
Ramírez Ramírez ante la Oficina de
Atención. i) El patrullero Silva Castañeda fue quien
retuvo los documentos del señor Ricardo
ii) Oficio Nro. 114 del 10 de junio de 2010 Corzo el día 8 de agosto de 2009.
emanado de la Jefatura de la Seccional de
Tránsito y Transporte de la Policía ii) El mencionado policial no dejó a
Metropolitana de Bucaramanga, en el cual disposición aquellos ante la autoridad de
indica cuál era la orden verbal impartida al tránsito o inspección correspondiente, sino
personal que conformaba ese grupo con que le indicó al patrullero Manuel Enrique
relación a documentos abandonados por Niño Mantilla que hiciera entrega de estos,
conductores. los cuales se encontraban en la motocicleta
policial de siglas 23-1168 la cual conducía.
iii) Ampliación de la queja rendida por la
ciudadana Ramírez Ramírez y declaración iii) Las pruebas dan cuenta de que el policial
y ampliación del señor Ricardo Corzo disciplinado incumplió las instrucciones
Hernández. relacionadas con el servicio a no atender la
orden relacionada con el procedimiento que
iv) Diligencia de declaración rendida por el deben seguir los miembros de la Policía
señor patrullero Manuel Enrique Niño Nacional (Unidad de Tránsito y Transporte)
Mantilla. cuando el conductor abandona sus
documentos (cargo primero).
iv) De otra parte, el patrullero Yonatan Silva
Castañeda durante el procedimiento llevado
a cabo el 8 de agosto de 2009, se abstuvo
de darle el trámite correspondiente a los
documentos que fueron abandonados por el
señor Ricardo Corzo Hernández en la zona
céntrica de Bucaramanga, pues nunca
fueron dejados a disposición de ninguna
autoridad y por el contario, fueron
entregados a otro compañero quien solicitó
dinero a cambio de su devolución (cargo
segundo).
La Subsección encontró dentro del acto sancionatorio de primera instancia del 15 de
septiembre de 2010 que la autoridad disciplinaria analizó los descargos que
presentara la defensa del patrullero Silva Castañeda, conforme pasa a verse:
46 Folios 157 a 158, ídem.
47 Folios 154 a 156, ídem.
48 Folios 157 a 158, ídem.
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Posición de la defensa del señor Análisis de la autoridad disciplinaria
Yonatan Silva Castaleda relacionado con los argumentos de la
defensa en primera instancia
En su defensa el investigado a través de La entidad refutó los argumentos de la
apoderado expresó lo siguiente49: defensa así50:
i) Dentro del proceso se observó la buena i) No se aceptan las exculpaciones
fe y confianza legítima que le generó su expuestas, en la medida en que se demostró
compañero de la institución y por el grado que el patrullero disciplinado fue quien se
de amistad que tenía el patrullero Pérez «quedó» con los documentos del señor
con el señor Ricardo Corzo, por lo que le Ricardo Corzo el día 8 de agosto de 2009 y
solicitó a patrullero Niño Mantilla la no realizó el respectivo procedimiento que
celeridad en la entrega de los documentos ordenaba la ley, omitiendo sus funciones
por intermedio del policial Pérez Galvis. como policía y más aún al pertenecer a la
especialidad de tránsito.
ii) Reconoce que no realizó el protocolo que
debía llevarse a cabo en estos eventos, con ii) Por el contrario, entregó los documentos
el fin de colaborar con el ciudadano y de al ciudadano por intermedio de otro Policía
generarle un mayor traumatismo en la (Pérez Galvis), quien aprovechó la situación
entrega de sus documentos. y solicitó dinero a cambio de la devolución
de aquellos, situación que podría haberse
iii) No existen actas de instrucciones dadas evitado si el señor Silva Castañeda hubiera
por su superior, respecto del trámite que se acatado las órdenes de sus superiores y
debe dar a la documentación de vehículos dejar la documentación cuando le
cuando son abandonados, por lo que correspondía ante las autoridades
acudió a la «lógica racional del ser humano, competentes.
como es la de evitar la economía y
celeridad en la entrega de los documentos» iii) Sí existían actas y precisas instrucciones
a través de un amigo de confianza. sobre el procedimiento a seguir en este tipo
de circunstancias, tal como se avizora del
iv) No actuó con dolo porque en ningún Oficio 114 del 10 de junio de 2010, mediante
momento consideró que su conducta violó el cual su superior señaló claramente que
las normas, pues no existe ley específica otorgó órdenes verbales al respecto.
que indique qué se debe hace en caso de
que un infractor de tránsito abandone sus iv) De igual forma, el simple conocimiento
documentos. del deber policial indica que no es
procedente quedarse o mantener retenidos o
guardados los documentos que son
abandonados.
De otra parte, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de
Bucaramanga no efectuó análisis en relación con los alegatos de conclusión, toda
vez que aquellos no fueron presentados51.
A su turno, la autoridad disciplinaria sustentó que la actuación del accionante, en
ambos cargos imputados, se dio a título de dolo porque como miembro activo de la
Policía Nacional perteneciente al grupo de tránsito y transporte, sabía exactamente el
procedimiento legal que debía seguir cuando se presenta un abandono de los
documentos de un ciudadano que infringe las normas de tránsito como en el sub
examine y su deber de dejarlos a disposición de la autoridad correspondiente, no
obstante no lo hizo52.
49 Folios 160 a 161, ídem.
50 Folio 161, ídem.
51 Ibidem.
52 Folio 163, ídem.
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Finalmente, la entidad demandada sustentó la sanción impuesta al disciplinado,
consistente en la suspensión e inhabilidad especial por 7 meses, en que aquel
además de incurrir en una falta leve (artículo 36 numeral 13 de la Ley 1015 de 2006)
también incidió en la falta grave establecida en el numeral 10 del artículo 35 ibidem,
luego tuvo en consideración la gravedad de la conducta cometida y su trascendencia
en el incumplimiento del deber funcional53.
En cuanto a la decisión disciplinaria de segunda instancia del 6 de diciembre de
201054, la Subsección advierte que la demandada se refirió a todos y cada uno de los
argumentos esbozados por el apoderado del patrullero Silva Castañeda en el recurso
de apelación, según pasa a analizarse:
Recurso de apelación contra la decisión Estudio de los argumentos presentados
disciplinaria de primera instancia en el recurso de apelación en segunda
instancia
El apoderado del disciplinado manifestó en La entidad refutó los argumentos de la
el recurso de apelación55: defensa así56:
i) No quedó demostrado que haya incurrido i) Conforme al material probatorio aportado
en las faltas disciplinarias ya que no existen al plenario, se demostró que el día 8 de
actas o testimonios sobre las instrucciones agosto de 2009, el patrullero Silva
que le fueron dadas o impartidas por sus Castañeda se quedó con los documentos del
superiores y su actuar se sometió a la señor Ricardo Corzo y no realizó el
lógica racional del ser humano, bajo la respectivo procedimiento previsto para este
convicción errada de que no estaba tipo de situaciones, omitiendo cumplir sus
violando la ley, pues entregó los funciones como policía y más aún al
documentos por intermedio de un amigo de pertenecer a la especialidad de tránsito, por
confianza del señor Ricardo Corzo, como lo el contario se los entregó a otro policial, el
es el patrullero Gustavo Pérez Galvis. cual aprovechó la situación para solicitar
dinero a cambio de la devolución de
ii) Respecto del primer cargo se crea una aquellos, circunstancia que podría haberse
duda de que en efecto se impartieron las evitado si el señor Silva Castañeda hubiera
instrucciones, pues nunca se recepcionó acatado las órdenes de sus superiores y
diligencia de declaración al oficial de dejar la documentación cuando le
tránsito de la Policía de Bucaramanga, ni a correspondía ante las autoridades
los otros dos funcionarios que competentes, ésta última situación
supuestamente habían recibido tales demostrada con la queja y las declaraciones
órdenes. de los señores Leidy Johana Ramírez
Ramírez y Ricardo Corzo Hernández.
iii) Si bien es cierto que no realizó el
protocolo que debía llevarse a cabo en ii) Dichas pruebas demuestran de forma
estos eventos, actuó por la convicción fehaciente que el señor Silva Castañeda
errada de que su conducta no constituía llevó a cabo un procedimiento incompleto
falta disciplinaria y con la finalidad de cuando no dejó a disposición los
colaborarle al ciudadano y así evitarle documentos que tenía en su poder, al tenor
traumatismos en la entrega de los de lo regulado en la ley 769 de 2002.
documentos, viéndose entonces su gestión
como un acto de buena fe y confianza iii) Su actuar no fue de buena fe cuando es
legítima, motivo por el cual deben sabido que el servicio policial es el pilar
revocarse los cargos endilgados. fundamental de la institución, por lo que las
53 Folios 166 a 169, ídem.
54 Proferida por la Inspección Delegada Región Cinco de la Policía Nacional visible de folios 208 a 239, ídem.
55 Folios 174 a 183, ídem.
56 Folios 230 a 238, ídem.
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actuaciones de sus miembros deben
enmarcarse en los principios de legalidad,
transparencia y efectividad, por lo que era su
deber dejar los documentos ante autoridad
competente.
iv) Se probó que el policial disciplinado fue
quien retuvo los documentos y le indicó al
patrullero Niño Mantilla que se encontraba
en la motocicleta que conducía y que era de
propiedad de la institución.
v) No es cierto que los cargos endilgados no
se ajusten a la realidad fáctica, pues la Ley
1015 de 2006 establece un catálogo de
faltas, y para el caso que nos ocupa, se
encuentran ajustadas a la conducta
desplegada por el disciplinado. Aunado a
ello, no aportó pruebas que demuestren la
ausencia de responsabilidad y tampoco se
observó una causal excluyente.
Conforme a todo lo expuesto, para la Subsección es claro que la entidad en los actos
administrativos demandados, tanto en primera como en segunda instancia, analizó
los hechos que dieron origen a la acción disciplinaria y las pruebas que dieron cuenta
de la materialización de estos.
De igual manera, es evidente que la demandada efectuó el análisis jurídico de los
cargos, descargos y alegaciones del disciplinado, realizó la correspondiente
calificación de la falta, el estudio de la culpabilidad y de los parámetros de
proporcionalidad que tuvo en cuenta para graduar la sanción de acuerdo al mandato
de los postulados del artículo 170 de la Ley 734 de 2002, luego no existió vulneración
en este punto.
En conclusión: La autoridad disciplinaria en el sub examine motivó las decisiones
disciplinarias, tanto de primera como de segunda instancia, conforme lo ordena el
artículo 170 de la Ley 734 de 2002.
Ahora, se hace necesario aclarar que la Sala estudiará en el problema jurídico
tercero con el fin de establecer si con las pruebas allegadas al plenario se logró
demostrar la responsabilidad del señor Silva Castañeda, y en consideración a que tal
cuestionamiento va íntimamente relacionado con la falsa motivación de los actos
administrativos, porque busca demostrar que la realidad fáctica y probatoria no
coincide con lo concluido por la entidad, a pesar de haberse denominado por la parte
demandante como «violación directa de la ley», procederá la Sala a analizar el cargo de
la siguiente manera.
Tercer problema jurídico
¿Con las pruebas recaudadas en el trámite disciplinario se demostró que el patrullero
Yonatan Silva Castañeda incurrió en las faltas disciplinarias señaladas en el numeral 10
del artículo 35 y en el numeral 13 del artículo 36, ambas tipificadas en la Ley 1015 de
2006?
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Al respecto la Sala sostendrá la tesis de que la entidad demandada cuando declaró
responsable de los cargos endilgados al patrullero Yonatan Silva Castañeda
consagrados en la mentada normativa, valoró las pruebas allegadas al proceso
disciplinario de forma razonada, conjunta y conforme las reglas de la sana crítica,
según pasa a analizarse.
• Régimen probatorio en el derecho disciplinario
El artículo 20 de la Ley 1015 de 200657 señaló que «En lo no previsto en esta ley, se
aplicarán los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Colombia, y
lo dispuesto en los Códigos Disciplinario Único, Contencioso Administrativo, Penal, Penal
Militar, Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil, en lo que sea compatible con la
naturaleza del derecho disciplinario.».
A su vez, el artículo 58 ibidem determinó, en virtud de la integración normativa
mencionada, que el procedimiento aplicable a los servidores públicos regidos por la
ley a la que se hizo alusión, es el contemplado en el Código Disciplinario Único, o en
las normas que lo modifiquen o adicionen.
De esta manera, el régimen probatorio que regula los procesos disciplinarios que se
adelantan contra el personal uniformado escalafonado y los auxiliares de policía que
estén prestando servicio militar en la Policía Nacional58 es el fijado en el título VI de
la Ley 734 de 2002, toda vez que la Ley 1015 de 2006 no establece uno propio.
Precisamente, el artículo 128 de la Ley 734 de 2002 consagra la necesidad de que
tanto el fallo disciplinario como toda decisión interlocutoria esté fundamentada en las
pruebas legalmente producidas y aportadas por petición de cualquier sujeto procesal
o de manera oficiosa. La norma es clara en determinar que la carga de la prueba en
estos procesos le corresponde al Estado.
Asimismo, es deber de la autoridad disciplinaria encontrar la verdad real59 de lo
sucedido, para lo cual es su obligación efectuar una valoración ponderada y
razonada de las pruebas recaudadas durante el trámite administrativo. El artículo 129
de la Ley 734 de 2002 fija esta postura en los siguientes términos:
«[…] Artículo 129. Imparcialidad del funcionario en la búsqueda de la prueba. El
funcionario buscará la verdad real. Para ello deberá investigar con igual rigor los
hechos y circunstancias que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la
responsabilidad del investigado, y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo
eximan de responsabilidad. Para tal efecto, el funcionario podrá decretar pruebas de
oficio.». (Resaltado de la Sala).
La norma desarrolla el principio de investigación integral, según el cual, la pesquisa
que se efectúe dentro del proceso disciplinario, no solo debe apuntar a probar la falta
del servidor público, sino además, a encontrar las pruebas que desvirtúen o eximen
de responsabilidad al mismo. Lo anterior en todo caso, no exonera a la parte
57 «Por medio de la cual se expide el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional»
58 De acuerdo al artículo 23 de la Ley 1015 de 2006 estos son los servidores públicos a los cuales regula la
misma.
59 En este sentido también lo dispone el artículo 5.ª de la Ley 1015 de 2006.
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investigada de presentar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer en su
favor60.
En cuanto a la apreciación del material probatorio, la Ley 734 de 2002 en el artículo
141 señaló también, que esta debe hacerse según las reglas de la sana crítica61, de
manera conjunta y explicando en la respectiva decisión el mérito de las pruebas en
que se fundamenta. Sobre el particular la Subsección A advirtió62:
«[…] No puede perderse de vista que en los procesos disciplinarios, como lo ha precisado
en reiteradas ocasiones la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, el operador
disciplinario cuenta con una potestad de valoración probatoria más amplia que la del
mismo operador judicial penal63, que le autoriza para determinar, en ejercicio de una
discrecionalidad razonada, cuándo obran en un determinado proceso pruebas
suficientes para moldear la convicción respecto de la ocurrencia o no de los
hechos, los que, a su vez, le conducen a la certidumbre de la comisión de la falta y
de la responsabilidad del investigado. Así se colige del texto mismo de las
disposiciones sobre el recaudo y valoración de pruebas consagradas en la Ley 734 de
2002, tales como el artículo 128, 129, 141 y 142, entre otros.». (Negrillas fuera del texto
original).
En ese sentido, la sana crítica está edificada con los criterios de la lógica, el uso de
la ciencia y de la técnica, y las reglas de la experiencia. Respecto de la lógica,
podemos destacar el principio de no contradicción y el de razón suficiente. En cuanto
a la ciencia y la técnica, ello está asociado con las opiniones, estudios y dictámenes
de los expertos en determinadas materias. A su vez, las reglas de la experiencia
pueden ser individuales y colectivas, como también pueden ser construidas por
conocimientos públicos y privados.64 Una regla de la experiencia plena es la que
tiene en cuenta tanto lo colectivo como lo público.65 Estas pueden acreditarse por
cualquier fuente de conocimiento, sin que sea necesario una prueba o cierta
formalidad66.
60 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 15
de mayo de 2013, radicado: 11001-03-25-000-2011-00571- 00(2196-11), demandante: Jorge Eduardo Serna
Sánchez. Demandado: Procuraduría General de la Nación.
61 En sentencia del 8 de abril de 1999, expediente 15258, el Consejo de Estado sostuvo que la valoración
probatoria corresponde a las operaciones mentales que hace el juzgador al momento de tomar la decisión para
conocer el mérito y la convicción de determinada prueba. Por su parte la sana crítica, es la comprobación hecha
por el operador jurídico que de acuerdo con la ciencia, la experiencia y la costumbre sugieren un grado
determinado de certeza de lo indicado por la prueba.
62 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A, sentencia del 13
de febrero de 2014, radicado: 11001-03-25-000-2011-00207-00(0722-11), demandante: Plinio Mauricio Rueda
Guerrero, demandado: Fiscalía General de la Nación.
63 Al respecto en sentencia T-161 de 2009, Magistrado Ponente Mauricio González Cuervo ha precisado la Corte:
« […] En cuanto a la autoridad pública encargada de adelantar el proceso penal es evidente que se trata de
funcionarios investidos de poder jurisdiccional cuyas decisiones hacen tránsito a cosa juzgada, mientras, por
regla general, el proceso disciplinario está a cargo de autoridades administrativas cuyas decisiones pueden ser
impugnadas ante la jurisdicción contencioso administrativa; además, en materia de tipicidad la descripción de la
conducta señalada en la legislación penal no atiende a los mismos parámetros de aquella descrita por la
legislación disciplinaria, pues en ésta última el operador jurídico cuenta con un margen mayor de apreciación, por
cuanto se trata de proteger un bien jurídico que, como la buena marcha, la buena imagen y el prestigio de la
administración pública, permite al “juez disciplinario” apreciar una conducta y valorar las pruebas con criterio
jurídico distinto al empleado por el funcionario judicial, teniendo en cuenta, además, que en el proceso
disciplinario se interpreta y aplica una norma administrativa de carácter ético […]».
64 Coloma Correa, Rodrigo; y Agüero San Juan, Claudio. LÓGICA, CIENCIA Y EXPERIENCIA EN LA
VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Revista Chilena de Derecho, vol. 41, n.º 2, pp. 673 – 703. 2014.
65 Ibidem.
66 Parra Quijano, Jairo. Manual de Derecho Probatorio. Librería ediciones del Profesional LTDA. Décima sexta
edición. Bogotá. 2008. Pp. 96 y 97.
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Finalmente, el artículo 142 ibidem, indica, de manera precisa, que «[…] No se podrá
proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza
sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado […]». De esta manera,
la autoridad disciplinaria en el momento de emitir la decisión condenatoria, debe
tener la convicción y la certeza probatoria de que efectivamente el servidor público
incurrió en la falta que se le imputa. La existencia de dudas al respecto, implica
necesariamente que estas se resuelvan en favor del investigado, en aplicación del
principio in dubio pro disciplinado, toda vez que no logró desvirtuarse su presunción
de inocencia. Al respecto la Subsección B de esta Corporación señaló67:
«[…] Ahora bien, la garantía de la presunción de inocencia aplica en todas las
actuaciones que engloban el ámbito sancionador del Estado y, por consiguiente, también
en materia disciplinaria, en la medida en que se encuentra consagrada en el inciso cuarto
del artículo 29 de la Constitución Política y reiterada por el artículo 9º de la Ley 734 de
2002, que establece: “Presunción de inocencia. A quien se atribuya una falta disciplinaria
se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado.
Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no
haya modo de eliminarla”.
De esta forma, como lo ha establecido la Corte Constitucional68, quien adelante la
actuación disciplinaria deberá conforme a las reglas del debido proceso, demostrar que
la conducta de que se acusa a una persona, está establecida como disciplinable; se
encuentra efectivamente probada; y, que la autoría y responsabilidad de ésta se
encuentra en cabeza del sujeto pasivo de la acción disciplinaria. Sólo después de
superados los tres momentos, la presunción de inocencia queda desvirtuada, como
expresión de las garantías mínimas dentro de un Estado Constitucional (sic)69 [.».
(Negrillas fuera del texto original).
En este sentido, la autoridad disciplinaria al momento de proferir una decisión
disciplinaria sancionatoria debe tener fundamento en los elementos propios de la
falta disciplinaria (tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), los cuales deben
demostrase con los medios probatorios que fijó el legislador en materia punitiva
disciplinaria, consagrados en el artículo 130 de la Ley 734 de 2002. En esas
condiciones, una adecuada valoración probatoria estará sustentada en las amplias
posibilidades para formarse el convencimiento sobre algo que ocurrió, cuyo único
límite será el de aplicar correctamente los principios de la sana crítica.
• Análisis probatorio respecto de los cargos consagrados en el numeral 10 del
artículo 35 y numeral 13 del artículo 36 de la Ley 1015 de 2006?
En sede administrativa se encontró responsable al señor Silva Castañeda con
fundamento en las siguientes pruebas: a) queja de fecha 14 de agosto de 2009,
interpuesta por la ciudadana Leidy Johana Ramírez Ramírez ante la Oficina de
Atención; b) Oficio 114 del 10 de junio de 2010 emanado de la Jefatura de la
Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en
el cual indica cuál era la orden verbal impartida al personal que conformaba ese
grupo con relación a documentos abandonados por conductores; c) ampliación de la
queja rendida por la ciudadana Ramírez Ramírez y declaración y ampliación del
67 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de
julio 2015, radicado: 11001-03-25-000-2012-00189- 00(0777-12), demandante: José Libardo Moreno Rodríguez,
demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
68 Sentencia T-969 de 2009.
69 La ortografía y gramática corresponden al texto original.
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señor Ricardo Corzo Hernández; y d) diligencia de declaración rendida por el señor
patrullero Manuel Enrique Niño Mantilla.
La autoridad disciplinaria encontró demostrado que el 8 de agosto de 2009 el
patrullero Yonatan Silva Cstañeda como miembro de la «Unidad de Tránsito y
Transporte Metropolitano Mebuc - DITRA» decomisó unos documentos a unos
ciudadanos que se encontraban transitando en una moto sin el respectivo casco,
empero, omitió dar aplicación a la instrucción dada por el jefe de la seccional sobre el
procedimiento que se debe seguir cuando el conductor deja abandonados sus
documentos, esto es, deben ser dejados a disposición ante la autoridad de tránsito o
inspección correspondiente y presentar el respectivo informe70.
Pues bien, la Subsección efectuará un análisis de las pruebas tenidas en cuenta por
la autoridad que la llevó a concluir lo enunciado, a efectos de determinar si en la
valoración de la prueba la autoridad administrativa atendió las reglas de la sana
crítica. El examen es el siguiente:
Prueba citada en la Análisis hecho por la Sala de las Lo que se probó con
decisión de primera pruebas consideradas por la respecto al
instancia para sustentar entidad demandada patrullero Yonatan
la sanción por los dos Silva Castañeda
cargos y confirmada en
segunda instancia
Queja de fecha 14 de La prueba no permite
agosto de 2009, interpuesta determinar el modo en
por la ciudadana Leidy Con la señalada queja se demostró que participó el
Johana Ramírez Ramírez que en efecto le fueron retenidos los disciplinado en los
ante la Oficina de Atención documentos del automotor de hechos, pues hasta
al Ciudadano. propiedad de la quejosa y la ese momento se
presunta exigencia de sumas de desconocía el nombre
Allí la ciudadana informó dinero para recuperarlos. del o los policiales
que el 8 de agosto de 2009, que habían llevado a
cuando se encontraban cabo el operativo y
circulando por vía pública retuvieron los
de Bucaramanga sin el documentos de la
respectivo casco, le fueron señora Ramírez
retenidos los documentos Ramírez y su esposo.
de identidad y papeles de la
moto de propiedad de su
esposo Ricardo Corzo.
Al día siguiente buscaron
por todas las unidades de
Policía y no es fue ubicar
los documentos retenidos,
luego un amigo policial que
vivía cerca les informó que
un compañero los tenía,
pero debían que requería
dinero para poder
71
regresarlos .
70 Folios 157 a 158, del cuaderno 2.
71 Folios 1 anverso y reverso del cuaderno principal.
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Diligencia de ratificación y
ampliación por parte de la
ciudadana Ramírez
Ramírez72.
Declaración del señor La declaración corrobora en todo lo El análisis de esta
Ricardo Corzo Hernández afirmado por la señora Leidy Johana prueba es igual al que
en la cual se ratificó en los Ramírez Ramírez. se efectuó en el
hechos narrados por su cuadro que antecede
cónyuge73. Identificó al policial que
presuntamente le indicó la exigencia
de dinero para la devolución de los
documentos retenidos, de nombre
Gustavo Pérez
Declaración rendida por el Relató que los documentos que De esta declaración,
patrullero Manuel Enrique pertenecían al señor Corzo es diáfano concluir
Niño Mantilla74. Hernández fueron entregados por él que el policial
al patrullero Carlos Pérez Galvis, disciplinado fue quien
Policial perteneciente al por solicitud del patrullero se quedó con los
Grupo de Tránsito y Yonatan Silva Castañeda «el cual documentos que dejó
Transporte de la Policía de llamó a mi celular minutos antes de abandonados el señor
Bucaramanga llegar el patrullero Pérez». (Negrillas Corzo Hernández que
fuera del texo). conducía la
motocicleta.
Sostuvo que el señor Silva
Castañeda vía telefónica le indicó Asimismo, este relato
que buscara unos documentos que da cuenta de los
había dejado en el cajón de la moto guardó en su moto y
que conducía y le hiciera entrega al que no obstante loe
otro policial Pérez Galvis. fue indicado por su
compañero que
Agregó que no tuvo conocimiento si siguiera el
por la devolución de esos procedimiento que
documentos se estaba realizando ordena la ley, esto es,
exigencia alguna de dinero. los dejara a
disposición de la
Posteriormente adujo que días antes autoridad competente,
de entregar los documentos, él se junto con el informe y
encontraba con el patrullero Silva comparendo, omitió
Castañeda en Girón, Santander «en su deber y decidió
donde la motocicleta por motivos del guardarlos, para luego
servicio se pasaba de un turno a enviárselos al titular
otro, el patrullero SILVA sacó con el patrullero
unos documentos del baúl junto Gustavo Pérez Galvis.
con otros elementos del servicio
comentándome del caso […]
recuerdo que me dijo que un
procedimiento con un motociclista,
no recuerdo el lugar, el motociclista
se dio a la fuga dejando
abandonado los documentos,
manifestándome que qué hacía con
72 Folios 6 y 7 del cuaderno 2.
73 Folios 26 a 27, ídem.
74 Folios 74 a 76, ídem.
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eso, le contesté que realizara el
procedimiento correspondiente
que era el de dejarlos a
disposición de la autoridad
competente, junto con el informe
y el comparendo, dejándolos
dentro del cajón manifestándome
que los dejara ahí guardados
junto con mis elementos
personales.». (Negrillas fuera del
texto original).
Añadió que no tenía facultades para
retener documentos de personas
que infringen las normas de tránsito.
Esta prueba da cuenta de que en
efecto, el patrullero Silva Castañeda
fue quien retuvo los documentos del
señor Corzo Hernández quien los
dejó abandonados y se dio a la fuga.
De igual forma se observa, que los
guardó en la moto que conducían en
sus turnos, sin que los pusiera a
disposición de la autoridad
competente.
Oficio 114 MD-SETRA- Con este oficio se demostró que en De esta prueba
MEBUC del 10 de junio de efectos los policiales que hacían claramente puede
2010, signado por el jefe de parte del grupo de tránsito de la inferirse que en efecto
la Seccional de Tránsito y Policía de Bucaramanga, recibieron el patrullero Silva
Transporte de la Policía precisas instrucciones respecto del Castañeda tenía
Metropolitana de procedimiento que debían llevar a conocimiento de cuál
Bucaramanga75. cabo cuando se presentaba una era el procedimiento a
situación como en el sub examine, seguir cuando un
En este documento se esto es, que el conductor de un conductor por uno u
informó en múltiples vehículo dejara abandonados los otro motivo
reuniones con el personal documentos por alguna razón. abandonaba los
perteneciente a la Unidad documentos de su
de Tránsito se han dado propiedad, empero,
precisas instrucciones decidió guardarlos y
respecto de la aplicación de no dejarlos a
comparendos y el disposición de las
procedimiento a seguir autoridades
cuando el conductor competentes, además
infractor abandona los de no presentar el
documentos por diferentes informe de lo ocurrido.
situaciones; debiendo dejar
tales documentos a Por el contrario,
disposición de las decidió devolverlos de
autoridades de tránsito y las forma informal a
inspecciones, para que través de un
sean dichas entidades las compañero de la
que hagan entrega de institucional policial,
75 Folio 92, ídem.
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aquellos, al tenor de lo quien conocía al
regulado en el parágrafo 1.° ciudadano propietario
del artículo 135 de la Ley de los documentos.
769 de 2002 (Código
Nacional de Tránsito).
En virtud de lo analizado en precedencia, esta Sala de Decisión advierte que la
conclusión a la que llegó la entidad en sede de primera instancia corresponde con lo
que las pruebas citadas permiten conocer en su conjunto. En efecto, para la Sala las
pruebas enunciadas demostraron que el señor Yonatan Silva Castañeda el día 8 de
agosto de 2009, se quedó con los documentos de identidad y de la motocicleta del
señor Ricardo Corzo Hernández, el cual, con el fin de evadir una actuación
administrativa de tránsito dejó abandonados los mismos.
De igual forma, se probó que el policial no llevó a cabo el respectivo procedimiento
previsto para este tipo de situaciones, omitiendo cumplir sus funciones como policía y
más aún al pertenecer a la especialidad de tránsito, por el contario se los entregó a
otro policial, el cual aprovechó la situación para solicitar dinero a cambio de la
devolución de aquellos.
Para la Subsección no existe duda, contrario a lo afirmado por el demandante en su
libelo introductor, de que el policial disciplinado tenía pleno conocimiento de que su
actuar no estaba acorde con sus deberes, ello, dadas las múltiples instrucciones que
recibió por parte de su superior respecto de la circunstancia que se presentó, su
andamiaje como miembro de la policía desde el 10 de noviembre de 200676, aunado
a que, se insiste, dado su desempeño en el grupo de tránsito, estaba al tanto de que
no era procedente retener los documentos y omitir dejarlos a disposición de la
autoridad competente.
Nótese que dicha circunstancia es aceptada plenamente por el interesado dentro del
proceso disciplinario, así en diligencia de declaración rendida el 3 de marzo de
201077, al ser indagado del por qué no realizó el trámite correspondiente ante la
autoridad de tránsito, manifestó: «Porque PEREZ (SIC) me dice que se los va a entregar
a su amigo y pues uno confía en sus compañeros, y como el (sic) decía que vivía en el norte
y eran vecinos, y no lo entrego a transito (sic) o a un superior porque yo había quedado
de entregárselos a PEREZ. PREGUNTADO: ¿Manifieste al despacho si por estos hechos
usted realizo (sic) alguna anotación en un libro de alguna unidad policial, en caso afirmativo
indicar cual (sic) o de ser negativa indique los motivos? CONTESTÓ: Creo que fue un error
mío, pero nunca me imagine (sic) que el (sic) fuera a pedir plata a nombre mio (sic).
PREGUNTADO ¿Acostumbra usted a devolver los documentos retenidos a un compañero
por amistad? CONTESTÓ: Si (sic) los devuelvo, fue la única vez que me quedé con unos
documentos en los seis años que llevo. […]». (Resaltado intencional).
Posteriormente, en diligencia de versión libre rendida el 1.° de junio de 2010 78, se le
preguntó cuál era el procedimiento que se debe realizar que no son reclamados por
los motociclistas, afirmó: «Se realiza un informe y se entrega ante la autoridad de
transito (sic) del municipio o ante el comandante de la policía de transito (sic) […]».
(Negrillas de la Subsección). Reiteró que no realizó el respectivo informe porque si
76 Según extracto de hoja de vida visible de folios 89 y 90, ídem.
77 Folios 54 a 56, ídem.
78 Folio 84, ídem.
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Demandante: Yonatan Silva Castañeda
voluntad era entregar los documentos al patrullero Pérez para que los devolviera al
ciudadano.
De esta forma, no es de recibo el argumento esgrimido en la demanda en cuanto a
que el disciplinado desconocía cuál era el procedimiento a seguir cuando un
conductor deja abandonado los documentos, pues es claro que aquel tenía pleno
conocimiento de que debía rendir un informe y dejar aquellos a disposición de la
autoridad competente para que fueran entregados, empero, omitió su deber funcional
y decidió guardarlos hasta hacerle entrega a un compañero de la institución para que
aquel realizara la entrega respectiva.
En esta línea, sí se demostró la responsabilidad del disciplinado respecto de las
conductas endilgadas, en la medida en que se probó dentro del plenario que el
uniformado recibió instrucciones de sus superiores en relación con el aspecto que se
echó de menos en su conducta, tal como se indicó en el Oficio 114 MD-SETRA-
MEBUC del 10 de junio de 2010, circunstancia que también halla sustento en las
declaraciones realizadas por el uniformado Yonatan Silva Castañeda y en la
afirmación del patrullero Manuel Enrique Niño Mantilla quien le informó que debía
realizar el procedimiento correspondiente, consistente en dejar los documentos a
disposición de la autoridad competente junto con el respectivo informe y el
comparendo, ante lo cual el señor Silva Castañeda le dijo que iba a dejar los
documentos guardados en la motocicleta.
Para la Subsección es claro entonces que en sede administrativa se dedujo la
responsabilidad del disciplinado por los dos cargos, por cuanto se demostró que el
policial al tener los documentos del ciudadano infractor optó por entregárselos días
después a otro policial y no dio aplicación al procedimiento establecido por la ley
para dicha eventualidad, instrucciones que conforme se analizó en precedencia sí
fueron dadas al disciplinado y de las cuales tenía pleno conocimiento; asimismo
omitió presentar el informe respectivo que diera cuenta de la situación en la cual
intervino como miembro del grupo de tránsito de loa Policía de Bucaramanga.
A esta inferencia se llega porque de los medios probatorios decretados y practicados
válidamente y de los tenidos en cuenta se puede concluir que el demandante retuvo
los documentos del señor Corzo Hernández por varios días, sin que presentara el
respectivo informe y los presentara ante la autoridad competente, para que dicha
autoridad procediera a su entrega, sino que prefirió guardarlos y entregarlos a otro
compañero para que los devolviera, luego era menester desvirtuarlo
probatoriamente, lo cual no ocurrió en el sub lite.
Conclusión: la entidad demandada cuando declaró responsable de los cargos
endilgados al patrullero Yonatan Silva Castañeda consagrados en el artículo 35
numeral 10 de la Ley 1015 de 2006, esto es «[…] Incumplir, modificar, desautorizar,
eludir, ejecutar con negligencia o tardanza, o introducir cambios sin causa justificada, a las
órdenes o instrucciones relativas al servicio […]», y en el artículo 36 numeral 13 «[…]
abstenerse de tramitar oportunamente la documentación, cuando le corresponda […]»,
valoró las pruebas allegadas al proceso disciplinario de forma razonada, conjunta y
conforme las reglas de la sana crítica.
Lo anterior puesto que de las decretadas y practicadas en el trámite disciplinario se
pudo demostrar que el señor Silva Castañeda en el momento de quedarse con los
documentos abandonados por el ciudadano Corzo Hernández, no realizar el
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respectivo informe y omitir dejarlos a disposición de la autoridad competente, estaba
contrariando sus deberes como miembro de la policía de tránsito y desatendiendo las
instrucciones otorgadas por sus superiores para este tipo de procedimientos.
Cuarto problema jurídico
¿el demandante fue sancionado dos veces por la misma conducta?
Al respecto la Sala sostendrá la tesis de que la conducta desplegada por el señor
Yonatan Silva Castañeda trasgredió dos infracciones disciplinarias que no se
excluyen entre sí, por lo que no se demostró que se haya vulnerado el principio non
bis in ídem, conforme pasa a explicarse.
• Concurso de faltas disciplinarias
Cuando uno o varios comportamientos ilícitos transgreden diversas normas, o varias
veces la misma disposición, se está en presencia de lo que se ha llamado un
concurso de conductas punibles. Esta figura, que tiene su génesis en la dogmática
del derecho penal, resulta plenamente aplicable en el ámbito disciplinario, y
propende por una sanción proporcional, racional y coherente, de conformidad con la
unidad o pluralidad de conductas y de las tipicidades a las que aquellas han dado
lugar.
Según las características del concurso, este puede clasificarse como:
Concurso material o real: El elemento distintivo de esta modalidad de concurso es la
pluralidad de conductas independientes que realiza la persona, las cuales pueden
dar paso a la configuración de una o varias faltas disciplinarias. Cuando las múltiples
acciones transgreden el mismo precepto, se tratará de un concurso material
homogéneo, mientras que si aquellas estructuran distintos tipos disciplinarios, será
un concurso material heterogéneo.
Concurso ideal o formal: En este caso, el elemento característico es la unidad de
acción, esto es, mediante una única conducta la persona comete dos o más
infracciones disciplinarias que no se excluyen entre sí.
Concurso aparente: Ahora bien, es importante destacar que, en ocasiones, un mismo
comportamiento puede generar la apariencia de enmarcarse en varios tipos
disciplinarios excluyentes a pesar de que, en realidad, únicamente genera la
configuración de uno de ellos. Esto es lo que se conoce como concurso aparente, ya
que la sensación de su existencia, que se genera por una visión formalista del caso,
es superada una vez se logra determinar con claridad que, materialmente, la
conducta tan solo transgrede una disposición y no las varias que aparentaba79.
79 Al respecto, la Corte Constitucional, en la sentencia C-464 de 2014 precisó que el concurso aparente se
presenta cuando se da «un formal acomodamiento de la conducta a dos disímiles descripciones que la punen en
la ley, solo que el análisis de sus supuestos bajo aquellos postulados generales de contenido jurídico elaborados
por la doctrina, posibilitan descartar su material concurrencia, por entrar, preferiblemente, uno de ellos a colmar
en los distintos órdenes los principios que los regulan; con mayor amplitud en sus características estructurales, o
en el desvalor de conducta que es predicable o en el nivel de afectación del bien jurídico que es objeto de tutela
con su contemplación legal».
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De esta manera, con el propósito de solucionar la confusión que se presenta en los
casos de concurso aparente, desde la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia80, y la doctrina81 (a las que se acude en virtud los
lineamientos de interpretación e integración normativa previstos en el artículo 20 de
la Ley 1015 de 200682), se han aplicado los principios de especialidad,
subsidiariedad, consunción y alternatividad, a partir de los cuales es posible
seleccionar la norma adecuada, entre las múltiples que ficticiamente habrían
resultado infringidas. A continuación, se hará referencia a cada uno de ellos:
• Principio de especialidad: Señala que cuando una conducta se enmarca en los
elementos de un tipo disciplinario más específico frente a uno general, es el
primero el que se toma en cuenta, ya que la aplicación del primero retrocede
ante el segundo83.
• Principio de subsidiariedad: Indica que procede la aplicación de un tipo
disciplinario cuando no intervenga otro que, de manera principal, cobije la
conducta; este, a su vez puede darse de manera expresa, en los eventos en los
que el legislador se encarga de señalarla, al acudir a cláusulas como «siempre
que el hecho no esté sancionado con pena mayor» o «a no ser que el hecho
esté punido de otra manera en la ley». Asimismo, puede presentarse
tácitamente, a partir de la existencia de actos preparatorios sancionables
disciplinariamente, o que por su naturaleza requieren el recorrido de varios tipos
comprendidos por el hecho consumado. También hay subsidiariedad tácita en
los casos de concurso de personas en el ilícito disciplinario, cuando un agente
realiza al mismo tiempo actos de autor y de partícipe, evento en el que la forma
de concurrencia más débil cede ante la más grave, o cuando la conducta
culposa retrocede ante la dolosa84.
• Principio de consunción: Implica que, ante la realización de un supuesto de
hecho más grave, que incluye la de otro menos lesivo, es el primero el que se
aplica, y no el último, pues se parte del presupuesto de que el legislador ya ha
considerado esos eventos al redactar la descripción típica más severa; por ello,
el tipo consumiente prefiere al consumido85.
• Principio de alternatividad: Se aplica cuando dos tipos disciplinarios se presentan
como excluyentes entre sí, por contener elementos incompatibles. En esos
casos se debe aplicar aquel de los dos que cobije plenamente el hecho. Así,
este postulado es la cara opuesta del de especialidad86.
En el caso bajo estudio, se observa que la conducta desplegada por el demandante y
sancionada por la Policía Nacional, se le endilgaron dos faltas: por un lado, por «incumplir
80 Cfr. CSJ, Cas. Penal, Sents. 12820, feb. 18/2000; 14605, may. 10/2001; 23755, mar. 9/2006 .
81 Cfr. Fernando VELÁSQUEZ V, Derecho penal parte general, 4ª ed., Bogotá, Comlibros y cia. Ltda., 2009, pp.
1006-1010.
82 L. 1015/2006, art. 20: «Aplicación de principios e integración normativa. En la aplicación del régimen
disciplinario prevalecerán los principios rectores contenidos en esta ley y en la Constitución Política. En lo no
previsto en esta ley, se aplicarán los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Colombia,
y lo dispuesto en los Códigos Disciplinario Único, Contencioso Administrativo, Penal, Penal Militar, Procedimiento
Penal y de Procedimiento Civil, en lo que sea compatible con la naturaleza del derecho disciplinario».
83 Cfr. Fernando VELÁSQUEZ V, op. cit, p. 1007.
84 Ibidem, p. 1009.
85 Ibidem, pp. 1007-1008.
86 Ibidem, p. 1010.
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… sin causa justificada … las instrucciones relativas al servicio», al no haber dejado a
disposición de la autoridad respectiva los documentos que le había dado un ciudadano, y otro,
por «abstenerse de tramitar oportunamente la documentación cuando le corresponda».
En efecto, se encuentra que se presentó un concurso ideal o formal, pues las dos faltas
que le fueron imputadas al señor Yonatan Silva Castañeda tienen un desvalor distinto,
por un lado, el no atender las instrucciones de sus superiores respecto del
procedimiento a seguir cuando un conductor abandona sus documentos, y otro, el no
realizar los trámites que reglamentariamente le correspondía cumplir al uniformado.
De esta forma no es cierto que se le sancionó dos veces por la misma conducta, pues
como se analizó en precedencia, la característica del concurso ideal o formal, que
mediante una única conducta la persona comete dos o más infracciones disciplinarias
que no se excluyen entre sí, tal como ocurrió en el sub examine.
Nótese que se diferenciarían claramente los dos deberes funcionales, dejar los
documentos a disposición de autoridad competente y por el otro, tramitar el respectivo
informe, que diera cuenta el motivo por el cual tenía en su poder los documentos del
señor Ricardo Corzo Hernández, por lo que realmente sí había lugar a diferenciar las
dos faltas por la misma conducta.
En todo caso la solución es adecuada, pues conforme se ha señalado el concurso de
conducta tiene como finalidad aumentar la sanción para la falta más gravosa, y en este
caso fue la grave más no la leve, tal como se puede vislumbrar en el acápite
denominado «fundamentos legales para imponer la sanción» de la decisión de primer
instancia, en la cual se indicó que de conformidad con el artículo 39 de la Ley 1015 de
2006, la sanción para este tipo de conducta era de suspensión e inhabilidad especial
entre 6 y 12 meses87.
Conclusión: la conducta desplegada por el señor Yonatan Silva Castañeda
trasgredió dos infracciones disciplinarias que no se excluyen entre sí, por lo que no
se demostró que se haya vulnerado el principio non bis in ídem.
Decisión de única instancia
Al no encontrarse probada ninguna de las causales de nulidad endilgadas en contra
de los actos acusados, la Subsección denegará las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el señor Yonatan Silva
Castañeda en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.
Condena en costas
No hay lugar a condenar en costas porque no se demostró temeridad o mala fe de
las partes, tal y como lo regulaba el artículo 171 del CCA88 vigente para este
proceso, que consagraba un criterio subjetivo para efectos de la imposición de
costas.
87
Folios 168 a 169 del cuaderno 2.
88 CCA, artículo 171: «Condena en costas. En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el
juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el
proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil».
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Demandante: Yonatan Silva Castañeda
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Denegar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho presentada por el señor Yonatan Silva Castañeda, en contra de la Nación, a
través de la Procuraduría General de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Policía Nacional.
Segundo: Sin condena en costas.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, háganse las anotaciones pertinentes en la
plataforma SAMAI.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
40
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