Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2011-00614-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2011-00614-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2011-00614-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
30 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 11001-03-25-000-2011-00614-00 (2367-2011)
Demandante: Nellys del Carmen Fuenmayor López y otros
Demandado: Procuraduría General de la Nación 1
Tema: Sanción disciplinaria. Destitución e inhabilidad general. Debido
proceso. NIEGA PRETENSIONES.
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA (Decreto 01 de 1984)
Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho 2 promovido por la señora Nellys del Carmen
Fuenmayor López y otros, contra la Procuraduría General de la Nación.
ANTECEDENTES
Los señores Nellys del Carmen Fuenmayor López, Walter Jesús Cardona Camargo,
Doris Esther Mejía Guerra y Óscar Emilio Gómez Moscote, en ejercicio de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 84 del Decreto
01 de 19843, con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad del fallo del 27 de abril de 2005, mediante el cual los
demandantes fueron declarados responsables disciplinariamente y se les impuso
sanción de destitución e inhabilidad general para desempeñar cargos públicos por
el término de 15 años, excepto a la señora Doris Esther Mejía Guerra, cuya
inhabilidad fue de 10 años; así como la decisión del 9 de diciembre de la citada
anualidad que confirmó la decisión inicial.
A título de restablecimiento del derecho, solicitaron, se declare que no están
inhabilitados para ejercer empleos o funciones públicas y que, como consecuencia
de ello se ordene a la demandada que extinga y deje sin efectos el registro de la
1 En adelante PGN.
2 Demanda -folios 1 a 68 del cuaderno principal- y adición -folios 558 a 568, cuaderno 3-.
3 Vigente para la época de la demanda, dado que fue invocada el 17 de mayo de 2006, según acta individual
de reparto visible a folio 167 del cuaderno principal.
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sanción cuya nulidad se declare.
Igualmente, como reparación, peticionaron que se condene a pagar a cada uno de
los demandantes la indemnización actualizada y con intereses por los daños i)
morales, en suma equivalente a 200 smlmv; ii) a la vida de relación, en cuantía de
200 smmlv; y iii) materiales por el lucro cesante desde que quedaron en firme los
actos acusados y por el tiempo en el que se encuentre en vigor la sanción
disciplinaria, tomando como base para liquidarlo, el último salario devengado por
ellos en su condición de servidores públicos del municipio de Riohacha.
Que se dé cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177
del CCA y se condene en costas a la demandada.
HECHOS
La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que los demandantes ocuparon los siguientes cargos en la Alcaldía de Riohacha:
Nellys del Carmen Fuenmayor López asesora jurídica, Walter Jesús Cardona
Camargo secretario de Hacienda y Gestión Financiera, Doris Esther Mejía Guerra
jefe de la Oficina de Descentralización en Salud y Óscar Emilio Gómez Moscote jefe
de la Oficina de Contratación y Asuntos Especiales.
Que la Procuraduría General de la Nación, les adelantó proceso disciplinario 1547-
103737, mediante el cual los sancionó disciplinariamente con destitución de sus
empleos e inhabilidad general por el término de 10 años para Doris Esther Mejía
Guerra y de 15 años para los demás.
Que la autoridad disciplinaria les formuló un cargo único consistente en suscribir el
documento con fecha del 31 de marzo de ese mismo año denominado: «Informe
Final y Decisión sobre la contratación de las ARS para la Administración del Régimen
Subsidiado del municipio de Riohacha», que sirvió de base para la celebración, por
parte del alcalde, del contrato 010 de 2004.
En ese documento, según la PGN, se determinó que los 16.662 indígenas de la
comunidad wayuu, afiliados a las ocho entidades administradoras del régimen
subsidiado en salud que funcionaban en el mencionado ente territorial4, serían
trasladados a la EPS Indígena Asociación Indígena del Cauca ( AIC EPSI), entidad que
fue inscrita irregularmente para que operara como ARS en dicha localidad y no
estaba autorizada para administrar sus subsidios.
Que, a partir de ese cargo, se les acusó de cometer la falta gravísima tipificada en
el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, por haber participado en la
4 ARS Saludvida, Comparta Salud, Dusakawi, Asociación Mutual Barrios Unidos, Anas Wayuu, Humanavivir,
Caprecom y Cajasalud UT.
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etapa precontractual con desconocimiento de los principios que regulan la función
administrativa contemplados en la Constitución y en las leyes, en particular los de
imparcialidad y contradicción.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Que los actos acusados vulneraron Constitución Política (sin indicar preceptos
concretos); los artículos 82, 84 y siguientes del CCA; 75 y siguientes del Código de
Procedimiento Civil; las Leyes 100 de 1993 y 691 de 2001.
La formulación del concepto de violación en la demanda se expresó a partir de los
siguientes cargos: i) violación del debido proceso; y ii) falsa motivación.
Que se vulneró el debido proceso, dado que, en el pliego de cargos, en el párrafo
siguiente a la formulación de la única acusación imputada, la autoridad disciplinaria
sostuvo que obraban como medios de convicción los que conformaban la
investigación, en especial, los relacionados en el punto 2.1 del acápite de hechos y
pruebas, y este, en realidad, no contenía prueba alguna, sino el análisis de los
argumentos expuestos por los sujetos procesales.
Que la PGN utilizó el mismo razonamiento sobre la falta de autorización de la AIC EPSI
para operar como ARS en Riohacha, para endilgarle responsabilidad, tanto al
entonces alcalde Wilder Antonio Ríos Rojas, como a los demandantes, sin tener en
cuenta las diferentes funciones o competencias de todos estos servidores y que los
cargos reprochados eran distintos.
Que, en la imputación de la falta gravísima tipificada en el numeral 31 del artículo
48 del CDU , se invocó el principio de imparcialidad acorde con lo previsto en los
artículos 209 de la Constitución y 3.° del CCA, pero la PGN, al utilizar la definición de
este principio, solo transcribió su primera parte, e ignoró la que prevé que esto se
debe hacer «sin ningún género de discriminación y con igualdad de tratamiento»,
respetando el orden en el que actúen ante ellos.
Que los principios de imparcialidad y contradicción, cuya violación le fue reprochada
a los demandantes, no conciernen a la contratación estatal ni a la función
administrativa, pues no están contenidos en la Ley 80 de 1993 y tampoco en el
artículo 209 superior, por lo que el tipo disciplinario a ellos imputado no establece
como falta la transgresión de aquellos.
Que la demandada no cumplió con los parámetros de exequibilidad condicionada
en relación con el numeral 31 del artículo 48 del CDU, definidos por la Corte
Constitucional en la sentencia C-818 del 9 de agosto de 2005, que le imponían el
deber de concretar los principios de imparcialidad y contradicción con normas
constitucionales de aplicación directa o de rango legal, y que permitan la descripción
clara y precisa de la conducta disciplinable, evitando la vaguedad e indeterminación
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de la acusación.
Que se advierte una vulneración del principio de congruencia entre el pliego de
cargos y el fallo disciplinario, dado que en este último se les reprochó el haber
trasladado de ARS a los indígenas del pueblo wayuu de Riohacha, sin haber
consultado a algunas de las comunidades a las que estos pertenecían, o en contra
de su voluntad, lo cual no fue puesto de presente en su momento en la acusación
inicial, con la identificación de las colectividades supuestamente ignoradas, para
que estos pudieran defenderse. No obstante, aún se dé por cierta la hipótesis de la
falta de consulta, ello no era competencia de los disciplinados, pues solo atendieron
el principio de buena fe.
Que, en el trámite de segunda instancia del procedimiento disciplinario, el
procurador general evidenció, al decretar una prueba de oficio el 29 de agosto de
2005, que era necesario esclarecer, con la ayuda de la Supersalud, cuáles eran las
normas aplicables al traslado colectivo de indígenas entre ARS, lo que demuestra
que el fallador de primera instancia no acertó en este aspecto, y tampoco lo hizo el
superior, toda vez que confirmó la decisión sancionatoria inicial.
En ese sentido, se resalta que, en el concepto emitido por la aludida
superintendencia, se expuso que el traslado de esas personas se debió ceñir a lo
consagrado en el artículo 17 de la Ley 691 de 2001, esto es, de plano, sin atender
procedimiento alguno, sin embargo, el procurador general inexplicablemente y en
detrimento de los derechos fundamentales de los disciplinados, se apartó de las
evidencias que la propia prueba de oficio le otorgó.
Que se desconoció el principio de proporcionalidad en la dosificación de la sanción
disciplinaria impuesta a los demandantes, dado que resultó ser la misma que se le
impuso al alcalde (con excepción de la señora Doris Esther Mejía Guerra), a pesar
de que eran subalternos de este y de que se les formuló un solo cargo y no dos,
como ocurrió con el burgomaestre.
Que no se demostró la antijuricidad material o lesividad de la conducta endilgada a
los demandantes, tal como lo establece el artículo 5.° del CDU.
Que se vulneró el artículo 17 de la Ley 691 de 2001, en la medida en que la PGN
estimó que la administración municipal de Riohacha debió realizar los traslados de
ARS de los miembros del pueblo wayuu de forma individual, según lo prevé el artículo
21 del Acuerdo 244 de 2003, y no colectiva y voluntaria, sin embargo ello se
descarta con la petición fechada 23 de marzo de 2004, suscrita por el representante
de esa población, así como con lo regulado con mencionada norma de rango legal.
Que la PGN aplicó el Acuerdo 258 de 2004, el cual no concernía a las comunidades
indígenas en lo relacionado con su afiliación al régimen subsidiado de salud y, por
lo tanto, no podía entenderse que para esta población estaban suspendidos los
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traslados, tal y como lo reglamentó dicho acto administrativo.
Que, a partir de lo anterior, ha de valorarse el hecho de que en el informe suscrito
por los demandantes el 31 de marzo de 2004, y por el cual fueron sancionados, se
advirtió que ese acto administrativo era inaplicable por virtud de la excepción de
inconstitucionalidad, pues en esta materia correspondía acudir al artículo 17 de la
Ley 691 de 2001, norma especial, estatutaria y de mayor jerarquía.
Que se violó el principio de legalidad que es el fundamental del derecho punitivo,
pues en materia de régimen subsidiado de salud, para el momento en que
ocurrieron los hechos que dieron lugar a la sanción, había una total falta de certeza
normativa y de seguridad jurídica, por abundante e improvisada expedición de
normas sobre la materia.
Que, es imposible que se haya vulnerado la Circular Externa 0026 del 1.° de abril
de 2004, proferida por el Ministerio de la Protección Social, en tanto para la fecha
en que se expidió el informe final sobre la contratación de la ARS para la
administración del régimen subsidiado de Riohacha no había sido publicada en el
Diario Oficial, por lo que no eran obligatorias. Igual situación ocurre con las
Circulares 011 011 del 6 de febrero y 0026 del 1.° de abril de 2004, cuyo
desconocimiento también les fue endilgado.
Que los actos acusados se expidieron con falsa motivación, porque la AIC EPSI sí
cumplió los requisitos establecidos en el artículo 1.° del Decreto 163 de 2004 para
ser inscrita en el municipio de Riohacha como EARS y no es cierto, como lo afirmó
la Procuraduría, que necesitara autorización especial de la Supersalud para operar
en ese ente territorial, pues la habilitación que le había sido otorgada con
anterioridad, comprendía todo el territorio nacional, según lo prevén el literal g) del
artículo 181 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 3.° del Decreto 330 de 2001.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La Procuraduría General de la Nación 5, se opuso a las pretensiones de la
demanda, al considerar que los actos fueron expedidos con acatamiento de las
disposiciones constitucionales y legales que rigen el procedimiento disciplinario
adelantado; y se llevó a cabo con absoluta observación del respeto al debido
proceso, derechos del investigado, garantía efectiva de los derechos procesales ,
defensa y contradicción de los demandantes.
Que los accionantes con las pruebas que solicitaron en la oportunidad procesal
respectiva, las cuales fueron decretadas y practicadas, tampoco lograron demostrar
su dicho, ni probar que la autoridad disciplinaria, adoptó una decisión arbitraria que
causó perjuicios económicos y morales a los demandantes.
5 Folios 574 a 587 del cuaderno principal 3.
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Que, al confrontar los argumentos de la demanda con las piezas procesales
disciplinarias de defensa, como los descargos y el recurso de apelación, se colige,
que lo pretendido, es que a través de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, se provea una tercera instancia, en la cual se vuelvan a valorar pruebas y
a determinar una sanción distinta a la que se impuso, lo cual es un contrasentido,
en razón de que la jurisdicción, tiene una función distinta cuando se atacan actos
administrativos como los que son objeto de estudio.
Que de los medios de convicción obrantes en el presente asunto no se advierte la
procedencia de los perjuicios reclamados, como tampoco se conoce cuáles son los
parámetros que los interesados tuvieron en cuenta para cuantificarlos. Que no obra
prueba del registro de la sanción, del certificado de antecedentes, ni tampoco de la
designación en el cargo público que ejercieron y que dé cuenta de la asignación
mensual que percibían.
Propuso como excepciones las de i) caducidad porque la demanda fue presentada
después de haberse cumplido cuatro meses desde la notificación del acto
sancionatorio (no se especificaron fechas); y ii) legalidad de los actos
administrativos demandados, pues la motivación de los mismos da cuenta que se
encuentran ajustados a derecho.
TRÁMITE DE ÚNICA INSTANCIA
La demanda fue inicialmente admitida mediante auto del 23 de febrero de 2007,
luego, el 26 de septiembre de 2011, el Juzgado Primero Administrativo de
Descongestión del Circuito de Riohacha declaró la falta de competencia funcional y
la nulidad de todo lo actuado, ordenando la remisión del expediente al Consejo de
Estado.
Esta Corporación admitió la acción por medio de providencia del 9 de diciembre de
2011, se notificó a la entidad demandada, quien la contestó en tiempo, y agotado el
período probatorio, se dio traslado a las partes para que alegaran de conclusión.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandante 6: reiteró los argumentos expuestos en la demanda.
La entidad demandada7: guardó silencio en esta etapa procesal.
6 Índices 124 y 125 de la plataforma Samai.
7 Según constancia secretarial obrante a folio 719 del cuaderno principal 4.
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Ministerio Público 8: La Procuraduría Quinta Delegada ante el Consejo de Estado,
luego de efectuar una síntesis de lo discurrido en el proceso, solicitó se nieguen las
pretensiones de la demanda, con base en los siguientes argumentos :
Que la adecuación típica de la falta gravísima endilgada a los demandantes se ajustó
a las disposiciones que fueron citadas en el pliego de cargos, cumpliendo así el
requisito de tipicidad, formal y material.
Que la calificación de la culpabilidad de la conducta como dolosa fue acertada, en la
medida en que los disciplinados tenían conocimiento pleno de las consecuencias y
efectos del informe que suscribieron, al tratarse de funcionarios con conocimientos
jurídicos no solo sobre las reglas de la contratación administrativa, sino de los
instrumentos legales que regulan la consulta y representación de las comunidades
indígenas.
Que, ante la imputación y establecimiento de responsabilidad por incurrir en faltas
gravísimas, que están taxativamente señaladas en el artículo 48 de la Ley 734 de
2002, procede la sanción de destitución, pues los accionantes fueron declarados
responsables por haber actuado en la etapa precontractual en detrimento del
patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la
contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en
la ley.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
De la excepción propuesta
Previo a estudiar el fondo del asunto, procede la Sala a resolver el medio exceptivo
de caducidad formulado por la entidad demandada.
La caducidad, es el fenómeno procesal mediante el cual, por el paso del tiempo, se
extingue la posibilidad de acudir a la jurisdicción y su cómputo, debe hacerse
observando los términos indicados por el legislador.
El numeral 2.° del artículo 136 del CCA estableció que el término para presentar la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, es de cuatro meses «contados
a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del
acto, según el caso. Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán
demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.».
8 Índice 129.
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En relación con la caducidad en materia disciplinaria, la Sección Segunda del
Consejo de Estado9, a través de auto de unificación, precisó, que cuando se
discutan sanciones que impliquen el retiro temporal o definitivo del servicio, la
caducidad se cuenta a partir de la ejecución de la sanción impuesta, siempre y
cuando exista la necesidad de proferir un acto de esa naturaleza, a saber:
«En definitiva, es claro que en aquellos casos en los que haya sido emitido un acto
ejecutando una sanción disciplinaria de retiro temporal o definitivo del servicio, y
éste materialice la situación laboral del servidor público, debe preferirse la
interpretación según la cual el término de caducidad de la acción contenciosa debe
computarse a partir del acto de ejecución, en la medida en que ésta constituye
una garantía para el administrado y una forma de facilitar el control de los actos
de la administración.
Distinto ocurre cuando no se presenta el escenario antes descrito, esto es, cuando
o bien no existe un acto que ejecute la sanción disciplinaria de retiro del servicio,
o cuando dicho acto no tiene relevancia frente a los extremos temporales de la
relación laboral, situaciones que impiden aplicar el criterio expuesto en esta
providencia y frente a las cuales debe contarse el término de caducidad a partir
de la ejecutoria del acto definitivo que culminó el proceso administrativo
disciplinario.».
La Sala observa que el 9 de diciembre de 2005 fue proferido el acto administrativo
de segunda instancia, mediante la cual el procurador general de la Nación confirmó
la sanción impuesta a los demandantes 10, siendo notificado el 17 de enero de
200611.
El 21 de febrero de ese mismo año, la PGN envió una comunicación al alcalde de
Riohacha para que hiciera efectiva la sanción de destitución impuesta a los
demandantes 12.
El acto de ejecución emitido por la Alcaldía de Riohacha no fue aportado al
expediente, sin embargo, se debe tener en cuenta que los demandantes habían
sido suspendidos de sus cargos desde el 20 de septiembre de 2004, en virtud de
orden judicial emanada de la Fiscalía General de la Nación, cuando les fue impuesta
medida de aseguramiento privativa de la libertad por la investigación penal que se
originó en estos hechos y que finalmente prescribió13.
Así las cosas, y sin necesidad de contar con el acto de ejecución 14, los actos
acusados fueron demandados el 17 de mayo de 2006 15, es decir, dentro del término
de los 4 meses siguientes a su notificación, una de las opciones consagradas en el
9 Sala de Sección Segunda, sentencia del 25 de febrero de 2016, radicado: 11001-03-25-000-2012-00386-00
(1493-2012).
10 Folios 1016 a 1050 del cuaderno 6 del expediente disciplinario.
11 Folios 1145 a 1148, ídem.
12 Folio 1155, ídem.
13 Folios 179 a 285 del cuaderno 2 del expediente penal, que obra a índice 112 de este proceso en Samai.
14 Pues no obra en el expediente y en todo caso, se observa que la demanda fue invocada en tiempo.
15 Según acta individual de reparto visible a folio 167 del cuaderno principal.
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artículo 136 del CCA, por tal motivo se declarará no probada la excepción de
caducidad.
Del control judicial integral respecto de las decisiones administrativas
sancionatorias
En sentencia de unificación proferida el 9 de agosto de 2016 por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado 16, se sostuvo que, con el fin de
garantizar la tutela judicial efectiva, el control de los actos administrativos de
naturaleza disciplinaria debía ser de carácter integral por cuanto exige una revisión
legal y constitucional de las actuaciones surtidas ante los titulares de la acción
disciplinaria, sin que el juez se encuentre sometido a limitantes que restrinjan su
competencia.
Dicha integralidad, se proyecta en múltiples aspectos que son destacados en la
mencionada providencia en los siguientes términos:
«[…] 1) La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia especial”
respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2)
La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de
cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario
extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4)
La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria,
es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5)
Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo
contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad
que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control
de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial integral
involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo
contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva. […]».
La Corporación fue enfática en explicar que, siendo la función disciplinaria una
manifestación de la potestad pública sancionatoria que busca mantener la actividad
estatal sujeta a los límites legales y constitucionales, no es dable restringir las
facultades de la jurisdicción en la realización de dicho estudio, por lo que en asuntos
como el presente, se pueden valorar de fondo tanto las actuaciones procesales, las
pruebas obrantes en el expediente y los razonamientos jurídicos y probatorios allí
señalados.
Lo anterior implica descartar los argumentos esgrimidos por la entidad demandada
en la contestación respecto de que la jurisdicción de lo contencioso administrativo
no es una tercera instancia para dirimir controversias por sanciones disciplinarias.
En estas condiciones se deberá determinar si los actos administrativos demandados
expedidos por la Procuraduría General de la Nación, mediante los cuales s e
sancionó disciplinariamente a los actores con destitución e inhabilidad general, se
16 Consejo de Estado, radicado: 110010325000201100316 00 (2011-1210).
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Radicación: 11001-03-25-000-2011-00614-00 (2367-2011)
encuentran viciados de nulidad por violación del derecho al debido proceso, por
cuanto:
• En el pliego de cargos se hizo una remisión errada al acápite probatorio de
dicha decisión;
• El fallo disciplinario no guardó congruencia con el pliego de cargos en lo
relativo a un reproche por el traslado inconsulto o forzoso de la población
wayuu de Riohacha;
• La autoridad disciplinaria, utilizó el mismo razonamiento sobre la falta de
autorización de la AIC EPSI para operar como ARS en Riohacha, para endilgarle
responsabilidad, tanto al entonces alcalde como a los demandantes que eran
sus subalternos;
• No se respetó la garantía de tipicidad frente a la falta gravísima reprochada;
• No se demostró la ilicitud sustancial de la conducta endilgada;
• El trámite de segunda instancia se solicitó un concepto al Ministerio y a la
Superintendencia de Salud sobre las normas que se debían aplicar al asunto,
por lo que la decisión de segunda instancia, se basó en un acto administrativo
que luego fue declarado nulo;
• La sanción disciplinaria fue desproporcionada.
Además, deberá analizarse si los actos demandados, fueron proferidos con falsa
motivación, frente a la afirmación de que la AIC no cumplió con los requisitos
establecidos en el artículo 1.º del Decreto 163 de 2004 para ser inscrita en el
municipio de Riohacha como EARS y si requería autorización especial de la
Superintendencia de Salud para operar en ese ente territorial.
Marco normativo y jurisprudencial
Del debido proceso en materia disciplinaria
El debido proceso establecido en el artículo 29 superior prevé que aquel debe
aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas , e implica que
nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante el juez competente, y con observancia de las formas propias de cada
juicio.
El derecho disciplinario como forma del ejercicio de la potestad sancionadora del
Estado, de acuerdo con los postulados del artículo 29 ibidem debe procurar por el
respeto de las garantías propias que conforman el debido proceso, tanto las
procedimentales como sustanciales.
Las primeras se refieren al acatamiento de las formas de cada juicio para adelantar
el trámite disciplinario, esto es, las etapas y términos correspondientes. La Ley 734
de 2002, que fue la norma aplicada en el asunto bajo estudio, previó el
procedimiento ordinario que comprende cinco etapas perfectamente definidas a
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Radicación: 11001-03-25-000-2011-00614-00 (2367-2011)
saber a) la indagación preliminar, b) la investigación disciplinaria, c) la formulación
del pliego de cargos y término para presentar los descargos, d) la etapa probatoria
y e) la decisión sancionatoria 17.
Las garantías sustanciales por su parte hacen alusión a la legalidad de la sanción,
del debate y los medios probatorios, el juez natural; la favorabilidad y ultractividad
de la ley, la presunción de inocencia; la proscripción de la responsabilidad objetiva,
la defensa material y técnica, la publicidad, celeridad, contradicción, el non bis in
idem y la prohibición de la reformatio in pejus 18.
Así, el debido proceso es un derecho de rango superior que busca la protección de
las garantías que instituye el ordenamiento jurídico a favor de quienes se ven
llamados a hacer parte de una actuación judicial o administrativa. En efecto, el
proceso disciplinario es un trámite de naturaleza administrativa, por lo que las partes
que en él intervienen se encuentran provistas de tales amparos a lo largo de todas
sus etapas.
Ahora, en relación con esta causal de nulidad, los accionantes expusieron siete
argumentos que deben ser analizados por la Subsección de forma separada, a partir
de las diferentes etapas del trámite disciplinario:
De la presunta irregularidad, dado que en el pliego de cargos se efectuó una
remisión errada al acápite probatorio de esa misma decisión
La parte demandante sostiene que los actos acusados son ilegales porque en el
pliego de cargos, en el párrafo siguiente a la formulación de la única acusación
imputada a los demandantes, la autoridad disciplinaria sostuvo que obraban como
medios de convicción los que conformaban la investigación, en especial, los
relacionados en el punto 2.1 del acápite de hechos y pruebas, y este, en realidad,
no contenía prueba alguna, sino el análisis de los argumentos expuestos por los
sujetos procesales.
Al verificar tal afirmación, se encuentra que, en efecto, en el pliego de cargos, luego
de que se enuncia la acusación para cada uno de los demandantes, se indicó:
«Obran como pruebas de su actuación las que conforman el averiguatorio, y en especial
las relacionadas en el punto 2.1 del acápite de hechos y pruebas» 19.
Al analizar lo señalado en ese punto (2.1) se tiene que, este se refiere al análisis de
los argumentos expuestos por los sujetos procesales, en particular del investigado
Wilder Antonio Ríos Rojas 20, y no a los hechos y pruebas en los que se sustentó el
cargo en contra de los actores, que estaban relacionadas en el acápite 1 del pliego
17 Se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 24 de noviembre de
2022, radicado: 11001-03-25-000-2011-00694 00 (2658-2011).
18 Sentencia C-292 de 2008.
19 Folio 516 del cuaderno 2 del expediente disciplinario.
20 Folios 503 a 504, ídem.
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del 1.° de octubre de 2004 21.
Sin embargo, para la Sala el defecto alegado no tiene capacidad suficiente para
viciar de nulidad los fallos sancionatorios, pues, de acuerdo a la jurisprudencia
reiterada de esta Corporación 22, es necesario que las irregularidades formales de
los actos administrativos sean trascendentes de cara a las garantías de los sujetos
procesales o a las bases fundamentales de la instrucción o el juzgamiento.
Lo anterior no se da en este caso, pues en el pliego de cargos sí se señalaron los
hechos y pruebas que respaldaron la acusación disciplinaria y que los entonces
investigados (hoy demandantes) las pudieron conocer y, con base en ellas, ejercer
su derecho a la defensa a través de los descargos, alegatos de conclusión y la
presentación de recursos.
Es de recordar que esta Subsección ha indicado que «las irregularidades que no
tengan consecuencias negativas en el núcleo esencial de los derechos y garantías
fundamentales como el debido proceso, o que no comprometan los presupuestos básicos
de la decisión o no incidan en su sentido final, pueden ser subsanadas y no implican
necesariamente la anulación del acto» 23. Por ello, es menester concluir que el mero
error de digitación en el que incurrió la PNG no afectó sustancialmente las garantías
de los actores, por lo que no hay lugar a declarar la nulidad de los actos
administrativos acusados en lo que tiene que ver con este cargo.
De la supuesta incongruencia entre el pliego de cargos y el fallo disciplinario
Para la parte demandante, la Procuraduría General de la Nación desconoció el
principio de congruencia, por cuanto en el fallo disciplinario se les reprochó haber
trasladado de ARS a los indígenas del pueblo wayuu de Riohacha, sin haber
consultado a algunas de las comunidades a las que estos pertenecían, o en contra
de su voluntad, lo cual no fue puesto de presente en su momento en la acusación
inicial, por lo que no se les permitió defenderse.
El principio de congruencia entre la formulación del pliego de cargos y la decisión
sancionatoria disciplinaria se refiere a la correspondencia que debe existir entre
dichos actos en la denominación jurídica que se endilga al disciplinado, por tal
motivo, los cargos deben estar plenamente identificados con el fin de delimitar el
marco de acción de su derecho de defensa; así como garantizar la posibilidad de
impugnación de las decisiones 24, pues la controversia está enmarcada por los
cargos que se hubieran formulado.
21 Folios 496 a 503, ídem.
22 Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencias del 28 de abril de 2022, radicado: 110010325000201200197 00 (0815-2012) y del 24 de
noviembre de 2022, radicado: 11001-03-25-000-2011-00694 00 (2658-2011), entre otras.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 18 de enero de 1994,
rad. 2779 y en la doctrina: Cfr. Luis Enrique Berrocal Guerrero, Manual del acto administrativo, 7.ª ed., Bogotá,
Librería Ediciones del Profesional, 2016, pp. 551-552.
24 Artículo 92 numeral 6.° de la Ley 734 de 2002.
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Tal es la relevancia del principio de congruencia, que su desatención puede dar
lugar a la invalidación de la actuación, por violación al debido proceso y al derecho
de defensa y contradicción, es por ello que entre una y otra decisión debe haber
consonancia y armonía y no puede ocurrir que se formule un cargo por una falta y
el fallo disciplinario se emita atribuyendo una distinta a aquella que fue imputada en
el pliego de cargos, dado que tal incongruencia redundaría en violación de los
derechos previamente aludidos.
Sin embargo, en la medida en que la decisión de formulación de cargos constituye
un acto provisional, el artículo 165 del CDU permite su variación luego de concluida
la práctica de pruebas, pero tal modificación no es discrecional, sino que solo
procede por error en la calificación jurídica o por la aparición de una prueba
sobreviniente.
Dicha variación solo puede llevarse a cabo hasta antes del fallo de primera o única
instancia, se debe notificar al implicado y permitir que ejerza su derecho de defensa
y contradicción, y no puede sustituir en su integridad, el pliego de cargos
inicialmente formulado, de modo que no se sorprenda al implicado con una
imputación diferente al momento de emitir el fallo 25.
En este caso, la Sala considera que no le asiste razón a la parte actora, en la medida
en que, entre la formulación de cargos 26 y el fallo disciplinario27 existe consonancia
y armonía, pues la conducta reprochada en ambas actuaciones fue la misma, a
saber: la suscripción del informe final y decisión sobre la contratación de las ARS en
el municipio de Riohacha con fecha del 31 de marzo de 2004, que luego sirvió para
que el alcalde de ese ente territorial celebrara con la AIC EPSI el contrato 010 del 1.°
de abril de ese año, sin que se hubiesen respetado los derechos a la libre
escogencia para los indígenas, y al debido proceso o a la defensa de las ocho EARS
a las cuales se les sustrajeron los afiliados.
Del mismo modo, la falta imputada fue idéntica, ya que se trató de aquella gravísima
tipificada en el numeral 31 del artículo 48 del CDU, por participar en la etapa
precontractual con desconocimiento de los principios que regulan la función
administrativa contemplados en la Constitución y en las leyes, concretamente los
de imparcialidad y contradicción.
Si bien al formular el cargo la autoridad disciplinaria no se refirió expresamente a la
conducta de no haberse consultado a algunas comunidades indígenas sobre el
traslado, no se puede afirmar que se sorprendió a la parte actora incriminándole un
nuevo comportamiento que le haya impedido ejercer su derecho de defensa, pues
el proceder endilgado en el pliego de cargos conserva los mismos elementos
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 16 de mayo de 2019, radicado: 11001-
03-25-000-2011-00108-00 (0348-11).
26 Folios 516 a 526 del cuaderno 2 del expediente disciplinario.
27 Folios 999 a 1002 del cuaderno 4, ídem.
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esenciales, al establecerse en él que se pudo transgredir por ejemplo el derecho de
los afiliados al sistema general de seguridad social en salud sobre la libre
escogencia y traslado entre entidades promotoras de salud y el derecho al debido
proceso.
De esta manera, encuentra esta Sala que la entidad demandada no sorprendió a la
parte demandante al reprocharle una conducta distinta a la que se le había referido
desde el pliego de cargos, toda vez que la esencia de la conducta y la falta que se
dirigió en contra de los hoy accionantes se mantuvo en la actuación sancionatoria.
Con base en lo anterior, no prospera el cargo de nulidad.
De la alegada irregularidad respecto de la utilización de algunos argumentos
relacionados con la falta de autorización de la AIC EPSI para operar como ARS
en Riohacha, para endilgarle responsabilidad, tanto al entonces alcalde como
a los demandantes
Acerca de esto, juzga la Sala que tampoco le asiste razón a los interesados cuando
sostienen que la utilización de algunos argumentos de la imputación disciplinaria
realizada al entonces alcalde de Riohacha, se configura como una vulneración al
debido proceso de los actores, en la medida en que, se reitera, el núcleo de la
acusación que se efectuó en contra de estos tiene que ver con la suscripción del
informe final fechado 31 de marzo de 2004 sobre la contratación del régimen
subsidiado en el ente territorial. En ese sentido, el reproche disciplinario en contra
de los demandantes no consistió, como sí lo fue para el alcalde, en la inscripción de
la AIC EPSI para operar en el régimen subsidiado de Riohacha sin contar con
autorización o incumpliendo los requisitos para ello.
En todo caso, hay que precisar que la investigación disciplinaria en estudio se ref irió
a una misma cadena de hechos interconectados, en los que fueron involucrados
tanto el burgomaestre como los demandantes, en su calidad de servidores públicos
de la Alcaldía de Riohacha, y que estuvieron relacionados con la decisión de
traslado masivo de afiliación en el régimen subsidiado de salud de personas de la
comunidad indígena wayuu de Riohacha hacia la AIC EPSI, entidad con la que se
celebró el contrato 010 del 1.° de abril de 2004, sin atender los derechos de libre
escogencia de dichos pueblos originarios, y el debido proceso de las ARS a las
cuales pertenecían.
Por esa razón, en el curso del trámite sancionatorio, la PGN pudo evidenciar que los
descargos y alegatos finales de algunos sujetos procesales eran similares a los del
alcalde y, a partir de eso, en el fallo de primera instancia, en lo que tiene que ver
con la responsabilidad de los demandantes, remitió a las consideraciones frente al
análisis que efectuó para la primera autoridad municipal, reiterando en todo caso,
que lo hacía a la luz del principio de economía procesal:
«Como los descargos y alegatos finales presentados por algunos sujetos
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procesales tienen el mismo contenido que los esbozados por la defensora del
burgomaestre disciplinado, por economía procesal y mayor comprensión el
examen de las consideraciones realizadas para el alcalde, igualmente resultan
válidos para determinar la responsabilidad de los demás investigados, sin que sea
necesario repetirlos dentro del presente análisis.28».
En este sentido al alcalde no solo se le formuló un cargo por haber inscrito a la AIC
EPSI en Riohacha, sino también por haber celebrado el aludido contrato sin respetar
el derecho al debido proceso en el traslado de los afiliados indígenas.
Así las cosas, teniendo como premisa que según el artículo 94 del CDU 29, la
economía es uno de los principios que rigen la actuación procesal disciplinaria, se
estima que no se configuró la vulneración al debido proceso alegada por la parte
demandante frente a este asunto, toda vez que se actuó de conformidad con las
reglas de procedimiento que le permitían racionalizar el ejercicio de su poder
disciplinario, por lo que se descarta la nulidad sobre este punto.
De la supuesta violación a la garantía de tipicidad frente a la falta gravísima
reprochada y al invocarse preceptos que no correspondían al régimen
subsidiado de salud de los indígenas e ignorarse el artículo 17 de la Ley 691
de 2001
El artículo 4.° de la Ley 734 de 2002, establece que el servidor público en los casos
previstos en dicha normativa, solo serán investigados y sancionados
disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en la ley, lo
cual implica la realización de un proceso de subsunción típica en cada proceso
disciplinario.
De esta forma, la tipicidad encuentra su razón de ser en el principio de legalidad
como expresión del debido proceso que implica, como ya indicó anteriormente, que
nadie puede ser juzgado si no por una infracción, falta o delito descrito previamente
por la ley; correspondiéndole exclusivamente al legislador definir, de forma abstracta
y objetiva, qué conductas desplegadas por quienes ejercen funciones públicas,
deben ser objeto de sanción por afectar el correcto desarrollo del servicio que les ha
sido encomendado.
En el asunto que es objeto de análisis, se encuentra que a los demandantes se les
imputó la falta gravísima tipificada en el numeral 31 del artículo 48 del CDU,
consistente en «participar en la etapa precontractual […], o con desconocimiento de los
principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la
Constitución y en la ley». En particular, la PGN reprochó la vulneración de los principios
28 Folio 997 del cuaderno 4 del expediente disciplinario.
29 «Artículo 94. Principios que rigen la actuación procesal. La actuación disciplinaria se desarrollará conforme
a los principios rectores consagrados en la presente ley y en el artículo 3º del Código Contencioso
Administrativo. Así mismo, se observarán los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad, publicidad y contradicción». (Negrillas fuera de texto).
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de imparcialidad y contradicción, según lo consagrado en los artículos 209 superior
y 3.° del CCA.
En relación con este tipo disciplinario, se resalta que el aparte subrayado del
precepto fue declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional en
la sentencia C-818 de 2005, bajo la consideración de que, solo procede invocar el
quebrantamiento de un principio que regula la contratación estatal o la función
administrativa como único elemento descriptor de una conducta disciplinaria cuando
esta se desarrolla conforme a una norma constitucional o legal de aplicación
directa con estructura de regla, en la cual se puede determinar con claridad cuál
es el deber, mandato o prohibición que fue desconocido por el servidor público.
A partir de lo anterior, la Sala procede a constatar si el juicio de adecuación típica
realizado por la PGN respecto de los señores Nellys del Carmen Fuenmayor López,
Walter Jesús Cardona Camargo, Doris Esther Mejía Guerra y Óscar Emilio Gómez
Moscote fue acertado, desde el análisis de los elementos descriptivos y normativos
de la falta gravísima endilgada, que son:
• Verbo rector consistente en participar;
• Objeto que es la etapa precontractual; y
• Elemento normativo que califica el verbo rector, esto es, el desconocimiento
de los principios de la función administrativa contemplados en la Constitución
y la ley, que además según la sentencia C-818 de 2005, deben estar
concretados y descritos en normas constitucionales de aplicación directa o
en normas legales que desarrollen esos principios.
Con el fin de resolver este aspecto, la Sala destaca los siguientes medios de
convicción pertinentes aportados al plenario:
El 24 de febrero de 2004, el señor Wilder Antonio Ríos Rojas, alcalde de Riohacha
para esa época, profirió la Resolución 0121, en la que, en el ordinal primero de la
parte resolutiva, dispuso: «INSCRIBIR a la Asociación Indígena del Cauca “AIC -EPS
INDÍGENA”, para administrar recursos del Régimen Subsidiado en jurisdicción del Municipio
de Riohacha (La Guajira)». De acuerdo con dicho acto administrativo, tal decisión se
adoptó con fundamento en la solicitud de inscripción que hizo la AIC EPSI y el
cumplimiento de los requisitos establecidos por el Decreto 163 de 2004 para tales
efectos 30.
Luego, el mencionado burgomaestre emitió la Resolución 0140 del 3 de marzo de
200431, y en su parte resolutiva indicó lo siguiente:
«ARTÍCULO PRIMERO: Designar un COMITÉ INTERDISCIPLINARIO para la
contratación de la administración del régimen subsidiado en salud en el municipio
de Riohacha, el cual estará conformado de la siguiente manera:
30 Folios 26 a 27 del cuaderno 1 del expediente disciplinario.
31 Folios 70 a 71, ídem.
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• ILDER MEJÍA CURIEL: secretario de Salud municipal.
• DORIS MEJÍA GUERRA: jefe Oficina de Descentralización de Salud.
• WALTER CARDONA CAMARGO: secretario de Hacienda y Gestión
Financiera.
• OSCAR (SIC) GÓMEZ MOSCOTE: jefe de Contratación y Asuntos Especiales.
• NELLYS FUENMAYOR LÓPEZ: asesora jurídica municipal.
[…]
ARTÍCULO SEGUNDO: Delegar a los miembros del comité antes aludido, las
siguientes funciones:
1. Realizar todos los estudios necesarios para la contratación de las ARS para la
administración del régimen subsidiado de salud del municipio de Riohacha.
2. Tomar la decisión sobre cuales ARS se van a contratar y el número de los
afiliados que va a tener cada una de ellas. […]». (Mayúsculas del texto original,
subrayas de la Sala).
De conformidad con dicho documento, las principales consideraciones que
motivaron la creación de este comité con funciones delegadas radicaron en que i)
los contratos para la administración de los recursos del régimen subsidiado de salud
vencían el 31 de marzo de 2004, por lo que se debían firmar los nuevos a partir del
día siguiente; y ii) en ese momento existían una gran cantidad de normas sobre el
asunto, que requerían ser analizadas por un equipo interdisciplinario.
El 31 de marzo de 2004, el comité creado por el alcalde, y del cual hacían parte los
demandantes, emitió el denominado «informe final y decisión sobre la contratación de
las ARS para la administración del régimen subsidiado del municipio de Riohacha», y en
este se tomaron las siguientes determinaciones 32:
«PRIMERA: Todos los indígenas afiliados al régimen subsidiado de salud en el
Municipio de Riohacha, hasta el 31 de marzo de 2004, a las ARS DUSAKAWI
EPSI, COMPARTA SALUD ARS LTDA, SALUDVIDA SA EPS, CAJASALUD UT,
ANAS WAYUU EPSI, HUMANA VIVIR SA EPS, CAPRECOM EPS y
ASOCIACIÓN BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ ARS, serán trasladados a la ARS
ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA -AIC EPS INDÍGENA, la cual será
contratada para la atención de todos los indígenas afiliados al régimen subsidiado
de salud en el municipio de Riohacha.
SEGUNDA: En consecuencia, las ARS DUSAKAWI EPSI, COMPARTA SALUD
ARS LTDA, SALUDVIDA SA EPS, CAJASALUD UT, ANAS WAYUU EPSI,
HUMANA VIVIR SA EPS, CAPRECOM EPS y ASOCIACIÓN BARRIOS UNIDOS
DE QUIBDÓ ARS seguirán funcionando y serán contratadas con el resto de
afiliados no indígenas, haciendo a cada una de ellas las deducciones de los
afiliados indígenas que por virtud de esta decisión se trasladan a la ARS
ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA -AIC EPS INDÍGENA.
[…]
CUARTA: De conformidad con estas decisiones el señor alcalde mayor de
Riohacha firmará los contratos de las nueve (9) ARS que serán contratadas para
32 Folios 72 a 81, ídem.
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la administración del régimen subsidiado en el municipio de Riohacha. […]».
(Mayúsculas conforme a la transcripción).
Los argumentos principales que se expusieron en dicha decisión fueron que:
• Los contratos de administración del régimen subsidiado en salud en el municipio de
Riohacha, celebrados con las ocho ARS aludidas, se vencían el 31 de marzo de
2004;
• Junto con estas últimas, la AIC EPSI también aspira a ser contratista del ente territorial
en esta materia;
• El señor Elimenes López Arpushana, en su condición de presidente de la
organización wayuu Jimari y con el respaldo de las firmas de las autoridades
tradicionales, líderes y miembros de los seis resguardos indígenas que existían en
ese territorio, le envió una comunicación al alcalde de Riohacha el 23 de marzo de
2004, en la que solicitó que se dispusiera que el régimen subsidiado de salud en su
comunidad fuera administrado por la AIC EPSI;
• Las ocho ARS contratadas incumplieron parcialmente sus obligaciones en lo relativo
al servicio de salud para los indígenas;
• El artículo 17 de la Ley 691 de 2001 consagra el derecho a la libre escogencia de
ARS para las comunidades indígenas, según el procedimiento que ellas determinen;
• El artículo 21 del Acuerdo 244 de 2003 del CNSSS establece el traslado de afiliados
por incumplimiento de las obligaciones de las ARS, previa investigación del ente
territorial, la cual hizo esa comisión y comprobó la inobservancia de esos deberes.
• Mediante auto 0043 del 4 de febrero de 2004, la Supersalud abrió investigación
administrativa en contra del municipio, entre otras cosas, por la falta de
coordinación, supervisión y control de las acciones salud pública que realizan las
ARS;
• El traslado de ARS de la comunidad indígena wayuu no es una asignación forzosa
de afiliados porque estos escogieron libremente a la AIC EPSI;
• El traslado se podía realizar, a pesar de que el artículo 6 del Acuerdo 258 de 2004
del CNSSS ordenó la suspensión de los traslados hasta el período que iniciaba el 1.°
de abril de 2005, toda vez que tal determinación era ilegal por violar el artículo 17
de la Ley 691 de 2001, la libertad de empresa, la libre competencia, por
contradecirse con el artículo 3 del mismo acto administrativo y, frente a los
indígenas, se constituía en norma general que debía ceder ante la especial en la
materia, contenida en la ley antes señalada.
El 1.° de abril de 2004, el alcalde de Riohacha celebró con la AIC EPSI el contrato
010, cuyo objeto era la administración de los recursos del régimen subsidiado en
salud y el aseguramiento de los beneficiarios de ese sistema en el ente territorial,
según un listado anexo a este 33.
Entre el 15 y el 16 de abril de 2004, los representantes de las ARS afectadas con la
decisión de traslado de la población indígena wayuu de Riohacha hacia la AIC EPSI,
presentaron recursos y solicitud de revocatoria directa en contra de esta, para lo
cual alegaron, principalmente, la violación de su derecho a la defensa 34, las normas
33 Folio 306, ídem.
34 Folios 85 a 111, ídem.
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sobre la contratación de las entidades administradoras del régimen subsidiado y la
vulneración del derecho a la libre escogencia de aseguradora en salud.
Acerca de esto último, Caprecom adjuntó a su impugnación la copia de unas actas
correspondientes a una reunión realizada el 7 de abril de esa anualidad 35, en la que
se aprecian las firmas de al menos 41 personas que manifiestan ser representantes
de 22 comunidades wayuu de Riohacha 36, que sostuvieron no estar de acuerdo con
el traslado de las ARS a las que estaban afiliados y que ellos no habían autorizado
ni firmado documento alguno que justificara esa decisión. Lo mismo hizo la EPS
indígena Anas Wayuu, que aportó documentos que daban cuenta de la
inconformidad de algunos afiliados que fueron trasladados sin ser consultados a la
37
AIC EPSI .
Entre los meses de mayo, julio y agosto de 2004, la comisión creada por la
Resolución 0140 de 2004 del alcalde de Riohacha decretó y practicó algunas
pruebas relacionadas con la decisión tomada en el informe final del 31 de marzo de
ese año38.
El 1.° de octubre de 2004 la PGN formuló pliego de cargos en contra de los
demandantes y otros investigados. La acusación que concierne a este proceso se
fundó en un único cargo, idéntico para todos los actores, de la siguiente manera 39:
«Suscribir el documento denominado Informe final y decisión sobre la contratación
de las ARS para la administración del régimen subsidiado del municipio de
Riohacha, fechado el 31 de marzo de 2004, en el cual se decidió que todos los
indígenas afiliados a las ocho EARS serían trasladados a la ASOCIACIÓN INDÍGENA
DEL CAUCA -AIC- EPS INDÍGENA, empresa inscrita irregularmente para que operara
como ARS en el municipio de Riohacha, que no estaba autorizada legalmente
para administrar los subsidios del ente territorial, y sin que previamente se hubiera
adelantado un debido proceso, con cuya decisión el Alcalde de Riohacha expidió
el contrato 010 del 1.° de abril de 2004, para la administración de recursos del
régimen subsidiado de seguridad social en salud, trasladando 16.662 indígenas
que se encontraban afiliados al régimen subsidiado del municipio de Riohacha en
las ARS SALUDVIDA, COMPARTA SALUD, DUSAKAWI, ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS
UNIDOS, ANAS WAYUU, HUMANAVIVIR, CAPRECOM Y CAJASALUD UT, A LA ASOCIACIÓN
INDÍGENA DEL CAUCA.».
La falta gravísima se endilgó a título de dolo para los investigados.
El 27 de abril de 2005, el viceprocurador general de la Nación profirió el fallo
disciplinario de primera instancia, en el que ratificó la acusación realizada en el
35 Folios 320 a 322 y 335 a 337 del cuaderno anexo 2 del expediente disciplinario.
36 «El Horno, La Plazoleta, El Mayal, El Puy, El Ahumao, Montearmon, Benomonte, Muuray, Anaralito,
Kamuchasain, Karikari 1, Keketamana, Arenalito, Jarijimana, Apunimana, Guajirito, Los Remedios, Machobayo,
Ranchería, Grasamana, Popoya y Guajirito vía Maicao».
37 Folios 497 a 528 del anexo 2 del expediente disciplinario.
38 Folios 438 a 458 del cuaderno 2, ídem.
39 Folios 496 a 526, ídem.
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pliego de cargos, con excepción de la imputación de culpabilidad dolosa para la
señora Doris Esther Mejía Guerra, que cambió a culpa gravísima 40.
La anterior decisión fue apelada por los demandantes y, con base en ello, el 9 de
diciembre de 2005, el procurador general de la Nación expidió el acto sancionatorio
de segunda instancia, confirmando el fallo inicial 41.
Así entonces, en relación con el verbo rector se tiene que, de acuerdo con el
Diccionario de la lengua española, la primera acepción de la palabra «participar»,
cuando se refiere a una persona, es «tomar parte en algo» 42. Aquí se estima que los
demandantes participaron o tomaron parte en la conducta reprochada con la
suscripción del informe final y decisión sobre la contratación de las administradoras
del régimen subsidiado, con fecha del 31 de marzo de 2004.
Acerca del objeto, teniendo en cuenta que en ese documento se decidió que la AIC
EPSI sería contratada para la atención de todos los indígenas afiliados al régimen
subsidiado de salud en el municipio de Riohacha, y que un día después el alcalde
de ese ente territorial celebró el contrato 010 del 1.° de abril de 2004 con esa ARS
para tales efectos, se considera que la participación de los actores se dio
materializando la selección del contratista en la etapa precontractual de ese acuerdo
de voluntades, como lo requiere el tipo disciplinario imputado.
Finalmente, en lo atinente al elemento normativo que califica el verbo rector, se
tiene que los principios de imparcialidad y contradicción fueron sustentados en
normas constitucionales y legales a saber: los artículos 209 superior y 3.° del CCA
que los contienen.
En ese orden, no le asiste razón a los demandantes al asegurar que el
desconocimiento del principio de contradicción no podía ser endilgado, por no estar
señalado en el artículo 209 de la Carta ni en la Ley 80 de 1993 43, dado que el
numeral 31 del artículo 48 del CDU no prevé que esos principios deban surgir de
esos preceptos o normas en concreto y, además, es de recordar que el artículo 1.°
del CCA señala que ese código será aplicable a entidades de todo orden cuando
ejerzan funciones administrativas, por lo que la contradicción se integra a los
principios que deben observar quienes cumplan con esa clase de función en sus
actuaciones.
De igual forma, se encuentra que el cargo disciplinario endilgado no se limitó a
enunciar el desconocimiento de los principios de imparcialidad y contradicción, sino
que los concretó en reglas de origen legal que permitieron precisar la conducta
40 Folios 958 a 1004 del cuaderno 4, expediente disciplinario.
41 Folios 1016 a 1050 del cuaderno 6, ídem.
42 Consultada en el siguiente enlace: https://dle.rae.es/participar.
43 «Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública»,
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reprochada, tales como el numeral 3.° del artículo 159 de la Ley 100 de 1993 44 y el
mismo artículo 3.° del CCA, respectivamente.
En efecto, la primera de las disposiciones mencionadas señala lo siguiente:
«ARTICULO 159. Garantías de los afiliados. Se garantiza a los afiliados al Sistema
General de Seguridad Social en Salud la debida organización y prestación del
servicio público de salud, en los siguientes términos: […]
3. La libre escogencia y traslado entre Entidades Promotoras de Salud, sea
la modalidad de afiliación individual o colectiva, de conformidad con los
procedimientos, tiempos, límites y efectos que determine el Gobierno Nacional
dentro de las condiciones previstas en esta Ley. […]». (Se destaca).
Este precepto ofrece un parámetro legal con estructura de regla, con el que es
posible establecer supuestos de hecho concretos en los que es factible determinar
si se cumple o no. Ejemplos de los primeros serían aquellos en los que la
escogencia y el traslado se realiza voluntariamente, sin presiones ni engaños de
ningún tipo, y de los segundos, los eventos en los que no media la voluntad
individual o colectiva de los afiliados, o porque no fueron consultados, o aquella está
viciada por fuerza o error.
Así, para la Sala, la disposición en comento satisface por sí misma para ser tenida
como complemento de origen legal y concreto frente al endilgado desconocimiento
del principio de imparcialidad, no obstante que, como se alegó en la demanda, este
último haya sido invocado por la PGN, con base en el inciso sexto del artículo 3.° del
CCA45, solo como el deber de las autoridades de actuar bajo la premisa de que la
finalidad de los procedimientos es asegurar y garantizar los derechos de las
personas, pues esta dimensión no se contradice con la noción tradicional de este
principio que se relaciona con un proceder exento de sesgos que, en el caso
concreto, se hubiera reflejado en el respeto del derecho a la libre elección relativo a
las afiliaciones y traslados entre entidades promotoras de salud para la comunidad
wayuu de Riohacha.
Acerca de esto último, tal y como fue indicado en el acápite de pruebas, si bien se
puede afirmar que, a partir del documento suscrito por el señor Elimenes López
Arpushana46, en estos traslados medió la voluntad de algunos representantes de
comunidades wayuu de Riohacha hacia la AIC EPSI, no es posible derivar de allí
representatividad de toda esa población de cerca de 16.000 personas, pues también
obran en el expediente disciplinario las ya mencionadas comunicaciones aportadas
44 «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».
45 «Artículo 3. Principios orientadores. Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los
principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, conforme a
las normas de esta parte primera. […]
En virtud del principio de imparcialidad las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de
los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún género de
discriminación; por consiguiente, deberán darles igualdad de tratamiento, respetando el orden en que actúen
ante ellos. […]».
46 Folios 34 a 66 del cuaderno 1 expediente disciplinario.
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por las ARS Caprecom y Anas Wayuu en las que varias decenas de personas que
manifestaron ser representantes de sectores de esa comunidad ponen de presente
su inconformidad por el traslado inconsulto que se decidió por la administración
municipal en el informe final del 31 de marzo de 2004 y con el contrato 010 del 1.°
de abril de ese año.
Al respecto, se resalta lo dicho por el viceprocurador general de la Nación en el fallo
disciplinario de primera instancia47:
«El acta fue respaldada por las firmas o huellas dactilares por no saber firmar, de
los asistentes, conforme la relación que reposa a folios 91 a 105 del anexo 1.
Confrontados los datos de los que aparecen como autoridades o representantes
legales de sus comunidades en la referida relación, con los datos suministrador
por la directora de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, a través del
informe obrante a folios 728 a 731 y anexo de folios 732 a 738, se determina que
las siguientes autoridades tradicionales suscribieron el acta: […]
Resumiendo, solamente las autoridades tradicionales de 11 comunidades, 3
asociaciones y 3 resguardos indígenas suscribieron el acta de consulta referida,
pero las autoridades tradicionales de 50 comunidades indígenas de aquellas que
se encuentran registradas en la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior,
pertenecientes a la etnia wayuu asentada en el municipio de Riohacha, no
participaron en la consulta realizada el 16 de marzo de 2004, en la cual se decidió
por parte de algunas autoridades tradicionales el traslado de los afiliados a la AIC.
Como la decisión tomada ese día no fue adoptada por la totalidad de las
autoridades tradicionales, a la misma no debían acogerse las autoridades
tradicionales que no participaron, pues precisamente el artículo 22 del Acuerdo
244 de 2004 establece la libre elección de la ARS por parte de cada comunidad
indígena a través de actas suscritas por las respectivas autoridades tradicionales
y como se indicó, las autoridades tradicionales de al menos cincuenta
comunidades indígenas de la etnia wayuu asentada en el municipio de Riohacha,
no participaron en la referida decisión. […]».
De otro lado, en lo relativo a la mención en el pliego de cargos del numeral 3.° del
artículo 29 de esa misma ley que se tuvo como violado y sustento del derecho a la
libertad de elección en la afiliación en salud, se constituyó en un error si n
trascendencia sustancial en las garantías procesales de los disciplinados, pues del
análisis integral de la actuación disciplinaria, y como fue aclarado en el fallo de
primera instancia, quedó despejado que el precepto que se quiso enunciar fue el
aludido numeral 3.° del artículo 159 ibidem.
De igual forma, cabe señalar que no es cierto que la Ley 691 de 2001 48, tiene el
carácter de estatutaria, como lo afirman los demandantes, pues, se aclara que la
revisión previa por la Corte Constitucional del proyecto de Ley 067/99 Senado-
193/99 Cámara, en la sentencia C-088 de 2001, se dio por virtud de las objeciones
presidenciales que se presentaron en contra del texto aprobado por el legislativo y
47 Folios 989 a 992 del cuaderno 4, ídem.
48 «Mediante la cual se reglamenta la participación de los Grupos Étnicos en el Sistema General de Seguridad
Social en Colombia».
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no porque esta tuviera esa naturaleza. Así, como ley ordinaria que es, luego fue
objeto de acción pública de constitucionalidad que fue resuelta en la sentencia C-
864 de 2008.
De esa manera, el artículo 17 de la Ley 691 de 2001 no prevalece por ser
jerárquicamente superior al numeral 3.° del artículo 159 de la Ley 100 de 1993, ni
tampoco por su carácter especial respecto de este último precepto, ya que entre
ellos no se presenta una antinomia que deba ser resuelta por este criterio, pues este
lo que prevé es lo siguiente:
«Artículo 17. Escogencia de la Administradora. Cada comunidad indígena, por el
procedimiento que ella determine, y en acta suscrita por las autoridades propias,
seleccionará la institución administradora de los recursos del sistema subsidiado,
a la cual deberá afiliarse o trasladarse la totalidad de los miembros de la respectiva
comunidad.
Cualquier hecho conducta manifiesta orientada a distorsionar la voluntad de la
comunidad, para la afiliación o el traslado de que trata el presente artículo,
invalidará el contrato respectivo y en este evento se contará con 45 días hábiles
para el traslado».
Véase que este artículo reitera el derecho a la libre elección en la afiliación o traslado
en salud que consagra el numeral 3.° del artículo 159 de la Ley 100 de 1993, el cual
también tiene en cuenta los eventos de traslados colectivos como el que opera para
las comunidades indígenas.
Ahora, en lo concerniente al desconocimiento del principio de contradicción, la Sala
estima que lo previsto en el artículo 3.° del CCA, permite identificar una regla legal
de la cual se puede valorar su cumplimiento o violación, toda vez que este prevé
que, «en virtud del principio de contradicción, los interesados tendrán oportunidad de
conocer y de controvertir las decisiones administrativas por los medios legales».
En ese sentido, los demandantes no demostraron que dieron a conocer a las ocho
ARS a las que sustrajeron los afiliados indígenas de la comunidad wayuu de
Riohacha, mediante la decisión adoptada en el informe del 31 de marzo de 2004,
que iban a tomar esa determinación para que estos pudieran contradecir tal
propósito antes de materializarse, con la correspondiente afectación de sus
derechos.
Basta recordar lo que se indicó anteriormente acerca de las actuaciones que
realizaron los miembros del comité que suscribió el inf orme tantas veces aludido
después de que la decisión había sido tomada y de que el asunto suscitó la
intervención de la PGN, para tratar de subsanar el desconocimiento de este principio
antes de adoptar la resolución definitiva en la materia.
Así las cosas, sin necesidad de acudir al análisis de las normas reglamentarias
expedidas por el CNSSS, esta Subsección considera que la autoridad disciplinaria
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respetó la garantía de tipicidad de los demandantes en la imputación de la falta
gravísima consagrada en el numeral 31 del artículo 48 del CDU, conforme con los
parámetros de exequibilidad condicionada precisados por la Corte Constitucional en
la sentencia C-818 de 2005, pues el desconocimiento de los principios
constitucionales y legales de imparcialidad y contradicción, que se deben observar
en el ejercicio de la función administrativa, fue concretado en normas de rango legal
que permitieron identificar con claridad la conducta reprochable.
De la presunta irregularidad porque supuestamente no se demostró la ilicitud
sustancial
En materia disciplinaria, el concepto de ilicitud sustancial es definido por el legislador
en el artículo 5º de la Ley 734 de 2002, al señalar que la falta será antijurídica
cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna.
La Corte Constitucional al analizar la exequibilidad de la mencionada norma, en
sentencia C-948 de 2002, analizó varios parámetros de los cuales puede concluirse,
entre otros, lo siguiente49:
• El «deber funcional» que contempla el artículo 5.° del Código Disciplinario Único,
se desprende de la relación especial de sujeción existente entre el Estado y los
servidores públicos. Específicamente, hace referencia a la obligación que le asiste
a estos de cumplir el conjunto de funciones asignadas a su cargo, actuar conforme
la Constitución Política, la ley o el reglamento, y, garantizar el adecuado
funcionamiento del Estado, la prevalencia del interés general y de los fines
estatales.
• Cuando la disposición se refiere a la antijuridicidad, la equipara a la ilicitud
sustancial, por lo que las autoridades disciplinarias en el momento de decidir si
una conducta de un servidor público es sancionable disciplinariamente, debe
verificar, no solo la vulneración del deber, es decir la ocurrencia de la
antijuridicidad formal propiamente dicha, sino que además le corresponde
examinar la sustancialidad de la ilicitud.
• Se considera que existe «ilicitud sustancial», cuando se comprueba que el
quebrantamiento del deber implica una real y efectiva afectación del buen
funcionamiento del Estado, del interés general y/o de la función pública.
• No es la ocurrencia del daño lo que determina la responsabilidad, sino la
sustancialidad del deber. Por tanto, basta con que se afecte de forma sustancial
el deber funcional para que se produzca la falta. Ello siempre y cuando, el
quebrantamiento del deber funcional no esté amparado por algunas de las
causales de exclusión de responsabilidad de que trata el artículo 28 del Código
Disciplinario Único.
49 Al respecto se puede consultar: Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de junio de 2022, radicado:
110010325000201500480 00 (1211-2015).
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Entonces, el incumplimiento sustancial del deber funcional es necesariamente el
que orienta la determinación de la antijuridicidad de las conductas que se reprochan
por la ley disciplinaria y, en ese sentido, aquellas que no se realicen en el marco de
este no generan responsabilidad.
En el presente caso, los demandantes se limitaron a señalar que su conducta no
fue lesiva o materialmente antijurídica en relación con la función pública. Sobre esto,
la Sala estima que no les asiste razón, por cuanto es patente que la conducta
consistente en la suscripción del informe final y decisión del 31 de marzo de 2004,
acerca del traslado de la totalidad de afiliados de la comunidad wayuu de Riohacha
a la AIC EPSI y la consecuente contratación con dicha entidad para tales efectos, se
realizó en ejercicio de las funciones públicas que les correspondía cumplir como
servidores de la Alcaldía de ese ente territorial.
Entonces, dada la calidad de los empleos que ostentaban (asesora jurídica,
secretario de Hacienda y Gestión Financiera, jefes de las Oficinas de
Descentralización en Salud y de Contratación y Asuntos Especiales) y como
miembros del comité para definir la contratación de las ARS para la administración
del régimen subsidiado del municipio de Riohacha, tenían el deber de velar porque
dicha actividad precontractual se llevara a cabo de forma eficiente, no obstante,
omitieron atender la normativa aplicable respecto del traslado en comento, lo cual
demuestra una clara afectación al deber funcional sin justificación legal alguna.
Además, como se dijo, tal decisión la tomaron con desconocimiento de los principios
constitucionales y legales de transparencia y contradicción, siendo su deber
funcional observarlos en todas sus actuaciones. Por esto, tampoco hay lugar a
declarar la nulidad de los actos acusados en lo que tiene que ver con este cargo, ya
que la conducta reprochada sí fue sustancialmente ilícita.
De la supuesta vulneración del debido proceso porque la decisión se basó en
un acto administrativo emanado de la Superintendencia de Salud que luego
fue declarado nulo
Acerca de la ilegalidad sobreviviente, y bajo la consideración de que la validez del
acto administrativo enjuiciado debe confrontarse con las normas vigentes en las que
debía fundarse en el momento de su expedición, esta Corporación ha estimado que
tal ilegalidad no lo vicia de nulidad, en la medida en que la disposición reglamentaria
que sustentó el acto se presumía legal en ese entonces y, de esa manera, las
consecuencias de la anulación posterior de ese fundamento de derecho solo
pueden verse reflejadas en la pérdida de los efectos del acto, también llamada
«decaimiento» 50.
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
27 de mayo de 1999, radicado: 13644.
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Así, la desaparición de los fundamentos de derecho del acto administrativo por la
ilegalidad sobreviniente de la norma reglamentaria que le sirvió de sustento por su
posterior declaración de nulidad, no conlleva la invalidez del acto que se fundó en
ella mientras se presumía legal, sino que tal circunstancia deriva en la pérdida de
sus efectos o decaimiento, el cual, por lo demás, es oponible por vía de excepción
por cualquier persona con interés en el asunto, sin necesidad de declaración de la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo, de acuerdo con lo señalado en el
artículo 67 del CCA.
En este caso, la parte demandante alega que los actos acusados están afectados
por ilegalidad sobreviniente, debido a la declaración de nulidad por parte del
Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira de los actos sancionatorios
proferidos por la Superintendencia Nacional de Salud en el proceso que esa entidad
adelantó en contra de los demandantes por estos mismos hechos, ya que, en el
fallo disciplinario de segunda instancia, el procurador general de la Nación se sirvió
de algunos argumentos de la Supersalud que luego fueron considerados inválidos
por el referido tribunal.
Al respecto, teniendo como premisa que en este tipo de situaciones no se transmite
el vicio de nulidad, hay que indicar que, en efecto, mediante sentencia del 9 de
marzo de 2011, el tribunal declaró la nulidad de las Resoluciones 1343 del 24 de
septiembre de 2004, 0151 del 10 de febrero de 2005 y 0699 del 31 de mayo de esa
misma anualidad, a través de las cuales la Supersalud les impuso a los
demandantes y a otros involucrados en el asunto una multa de 250 salarios mínimos
legales mensuales vigentes, por el incumplimiento de lo previsto en el artículo 6.°
del Acuerdo 258 del CNSSS, así como de los numerales 2.° y 3.° de la Circular
Externa 026 del 1.° de abril de 2004 del Ministerio de la Protección Social 51.
De acuerdo con el Tribunal Administrativo de La Guajira, la circular cuya violación
se endilgó era inoponible para los actores debido a que no había sido publicada en
el Diario Oficial cuando estos decidieron el traslado de ARS de la comunidad
indígena wayuu de Riohacha y, por lo tanto, la sanción administrativa no podía
basarse en dicho acto.
Precisado lo anterior, la Sala recuerda que el fundamento de la responsabilidad
disciplinaria de los demandantes radicó en la participación en la etapa
precontractual del contrato 010 del 1 de abril de 2004 con desconocimiento de los
principios constitucionales y legales de la función administrativa de imparcialidad y
contradicción, según las reglas contenidas en el numeral 3.° del artículo 159 de la
Ley 100 de 1993 y 3.° del CCA y, por ello, lo decidido por el aludido tribunal en nada
afecta la imputación realizada por la PGN.
51 La sentencia se encuentra en los folios 499 a 538 del cuaderno principal.
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Además, de acuerdo con el último inciso del artículo 2 del CDU, «la acción disciplinaria
es independiente de cualquiera otra que pueda surgir de la comisión de la falta», razón por
la cual, se reitera, no se configuró ningún tipo de ilegalidad sobreviniente respecto
de los actos administrativos acusados en este proceso.
De la presunta falta de proporcionalidad de la sanción disciplinaria
El principio de proporcionalidad se encuentra descrito en el artículo 18 de la Ley 734
de 2004, en los siguientes términos: «la sanción disciplinaria debe corresponder a la
gravedad de la falta cometida. En la graduación de la sanción deben aplicarse los criterios
que fije esta ley».
En virtud ello, se exige que tanto la falta descrita como la sanción correspondiente
a la misma resulten adecuadas a los fines de la norma, esto es, a la realización de
los principios que gobiernan la función pública. También implica que ella no resulte
excesiva en rigidez frente a la gravedad de la conducta, ni tampoco carente de
importancia frente a esa misma gravedad.
En el presente asunto ya se ha definido que la conducta de los demandantes supuso
la comisión de la falta gravísima tipificada en el numeral 31 del artículo 48 del CDU ,
realizada a título de dolo por Nellys del Carmen Fuenmayor López, Walter Jesús
Cardona Camargo y Óscar Emilio Gómez Moscote, y con culpa gravísima por Doris
Esther Mejía Guerra.
De otro lado, el artículo 50 de la misma disposición, define las faltas graves y leves
como el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación
de las funciones, o la violación al régimen de prohibiciones, impedimentos,
inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados en la
Constitución o en la ley.
Por su parte, debe verificarse el grado de culpabilidad, esto es, si esas faltas
gravísimas, graves o leves, fueron cometidas con dolo o con culpa grave o
gravísima.
Los conceptos de culpa gravísima y grave, se encuentran definidos en el parágrafo
del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, en los siguientes términos: «[…] Habrá culpa
gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención
elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave
cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que
cualquier persona del común imprime a sus actuaciones».
La definición de dolo, no se encuentra establecida en dicha ley, sin embargo, la
Corporación 52 ha sostenido sobre el particular lo siguiente:
52 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 29 de enero de 2015, radicado: 11001-
03-25-000-2013-00190-00.
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«Por otro lado se ha definido que el dolo está integrado: i) por el conocimiento de
que los hechos son constitutivos de infracción disciplinaria y, ii) por la voluntad en
la realización de la conducta. Por tanto, cuando estas dos circunstancias
concurren es dable afirmar que la conducta fue realizada a título de dolo. Sobre el
particular la jurisprudencia ha indicado53:
[…]
Por otra parte por la vía de la jurisprudencia constitucional y de la doctrina se ha
aceptado que el dolo se entiende configurado, en principio, cuando el disciplinado
conoce la tipicidad de su conducta y, pese a ello, actúa en contra de sus deberes
funcionales, con lo cual el conocer involucra el querer, ya que si se tiene
conocimiento y pese a ello se realiza la conducta es porque efectivamente quiere
el resultado. [...]»
Se observa entonces que la entidad accionada al momento de calificar las faltas,
así como el grado de culpabilidad y la sanción a imponer, aplicó adecuadamente el
numeral 1.º del artículo 44 de la Ley 734 ibidem, el cual señala que el servidor
público que incurra en una falta gravísima a título de dolo o culpa gravísima, se hará
acreedor a destitución e inhabilidad general, cuyo término se encuentra consagrado
en el artículo 46 de la misma disposición, esto es, de diez a veinte años.
En efecto, el ente disciplinario, en el fallo de primera instancia, concluyó lo siguiente:
«Teniendo en cuenta que la conducta fue realizada con conocimiento de causa,
ya que en el numeral 4º de las consideraciones del informe cuestionado se acepta
que AIC no estaba a paz y salvo con la red prestadora de bienes y servicios, pues
presentó certificación de donde se desprende que no estaba al día con sus pagos
a sus proveedores de bienes y prestadores de servicios de salud, y que los saldos
a estos adeudados obedecían al no giro de los recursos por parte de los entes
territoriales dentro de sus plazos establecidos para tal efecto; mientras que en el
cuestionado informe, aunque se citó el procedimiento establecido en el artículo 21
del Acuerdo 244 de 2003, la Comisión no lo cumplió, significando lo anterior que
eran plenamente conocedores de su contenido y a pesar de ello lo omitió; además
dentro del informe se plasmaron falsas motivaciones tales como incumplimientos
de las EARS en otorgar subsidios alimentarios a cargo del propio Estado, la
culpabilidad de los Investigados ILDER RAMÓN MEJÍA CURIEL, WALTER DE
JESÚS CARDONA CAMARGO, OSCAR (SIC) EMILIO GÓMEZ MOSCOTE y
NELLYS DEL CARMEN FUENMAYOR LÓPEZ, se califica a título de dolo.
Frente al grado de culpabilidad de la señora DORIS ESTHER MEJÍA GUERRA,
se ha de tener en cuenta que, tal como consta a folio 277, la investigada no fue
notificada ni se le comunicó en legal forma por la administración municipal, de la
resolución 140 de 2004; no existe certeza de que antes de la suscripción del
informe del Comité de fecha 31 de marzo de 2004, la disciplinada tuviera
conocimiento de su existencia, en relación con la conformación del comité para
los fines en ella previstos; la declaración de MARCOS OSPINO coincide con su
dicho respecto a que la investigada firmó el informe porque ya había sido suscrito
por su jefe inmediato; la declaración de ELENA MOSCOTE, reafirma que después
de la firma del señalado documento, la disciplinada participó en una reunión con
53 Sentencia del Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Radicado: 11001-03-25-000-2013-
00190-00(0449-13), del 29 de enero de 2015. Ver también sentencia T- 319 a de 2012 proferida por la Corte
Constitucional.
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Radicación: 11001-03-25-000-2011-00614-00 (2367-2011)
la participación del Alcalde y el Secretario de Salud entre otros asistentes, donde
la señora DORIS MEJÍA manifestó su inconformismo con la decisión tomada en
el informe referido; y de la copia de los autos proferidos por la Comisión el 28 de
abril, mediante los cuales se pronuncian sobre solicitud de revocatoria directa y
admiten algunos recursos, se determina que la señora DORIS MEJÍA no participó
en la elaboración y firma de los referidos autos.
[…]
En razón a lo anterior y conforme con los argumentos esgrimidos por la defensa,
las pruebas anteriormente relacionadas indican que la conducta de la investigada
en la suscripción del informe materia de cuestionamiento, no fue realizada con
dolo, como se había calificado en el pliego de cargos. En el presente caso se
determina que cometió la falta por desatención elemental y así lo revela su pasivo
comportamiento al suscribir displicentemente el documento cuestionado, sin
pensar en las consecuencias que su proceder acarrearía; es ilícito actuar con las
dudas de las que se puede salir previamente, sin tener en cuenta las posibles
consecuencias de sus actos, para determinar si la actuación es consentida ha
debido en forma diligente abstenerse de actuar previamente a la actualización de
su conocimiento, requisito previo del obrar es conocer y sólo quien sabe cómo son
las cosas pueden obrar con rectitud. Aunque su responsabilidad es menor que la
de los demás disciplinados, este descuido de la información es una especie de
ignorancia culpable, sin que sea suficiente la buena intención, por ello igualmente
debe responder por sus actos y conforme lo define el parágrafo del artículo 44 del
CDU, se modifica el grado de culpabilidad determinado inicialmente y en su lugar
habrá de decirse que con su actuación obró con culpa gravísima. [...]».
Así las cosas, empezando con la señora Doris Esther Mejía Guerra, resulta claro
que la graduación de la sanción se hizo correctamente pues se movió dentro de los
márgenes previstos en el citado artículo 46 para finalmente atenuar la sanción al
mínimo término contemplado en la ley (inhabilidad general de diez años), en
consideración a la naturaleza de la falta y al título de culpabilidad con la que cometió
la conducta.
Y en lo que tiene que ver con los otros demandantes, partiendo de la imputación
dolosa en la comisión de la falta gravísima, la inhabilidad general de quince años
también fue adecuada, pues en el fallo disciplinario de primera instancia se explicó
que a estos se les reprochaba, al igual que al entonces alcalde de Riohacha, «el
grave daño social de la conducta que afectó derechos de la salud encaminados a la
población indígena» 54, conforme con lo previsto en el literal g) del numeral 1.° del
artículo 47 del CDU. En ese sentido, la Sala coincide con la dosificación que hizo la
autoridad disciplinaria frente a esta inhabilidad, pues se ajustó a los criterios de
graduación de la sanción consagrados en esta última disposición.
Del supuesto vicio de falsa motivación
Los elementos indispensables para que se configure la falsa motivación son los
siguientes: i) la existencia de un acto administrativo motivado total o parcialmente,
pues de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación distinta; ii) la
existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que induce
54 Folio1002 del cuaderno 4 del expediente disciplinario.
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Radicación: 11001-03-25-000-2011-00614-00 (2367-2011)
a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente por la
administración pública o la calificación de los hechos, y iii) la efectiva demostración
por parte del demandante del hecho de que el acto administrativo se encuentra
falsamente motivado 55.
Entonces, para la configuración de la falsa motivación es preciso que se cumplan
los presupuestos enunciados. Además, a quien alega la existencia de esta causal
de nulidad, le corresponde demostrarla, en tanto que los actos administrativos
gozan de presunción de legalidad.
Frente a lo anterior, la parte demandante da a entender que los actos acusados se
profirieron adoleciendo de este vicio, en la medida en que la AIC EPSI sí cumplió los
requisitos establecidos en el artículo 1.° del Decreto 163 de 2004 para ser inscrita
en el municipio de Riohacha como ARS y que, no es cierto, como lo afirmó la
autoridad disciplinaria, que necesitara autorización especial de la Supersalud para
operar en ese ente territorial.
Para la Sala, la falsa motivación no se configura respecto de la sanción disciplinaria
impuesta a los actores, en la medida en que, se reitera nuevamente, el tema de la
inscripción de la AIC EPSI en Riohacha no fue su fundamento, sino la suscripción del
informe final y decisión del 31 de marzo de 2004, con el que ellos participaron en la
etapa precontractual con desconocimiento de los principios constitucionales y
legales de la función administrativa de imparcialidad y contradicción.
Pues en dicho documento se decidió que todos los indígenas afiliados a las ocho
EARS serían trasladados a la AIC EPS, y con base en aquel, el alcalde de Riohacha
suscribió el contrato 010 del 1.° de abril de 2004, para la administración de recursos
del régimen subsidiado de seguridad social en salud, de forma masiva a 16.662
indígenas sin ser consultados en su totalidad, los cuales se encontraban afiliados al
régimen subsidiado de dicho ente territorial.
Así las cosas, la presunción de legalidad de los actos sancionatorios demandados
tampoco fue desvirtuada en este aspecto y, en ese orden, se negarán las
pretensiones de la demanda.
De la condena en costas
No hay lugar a condenar en costas porque no se demostró temeridad o mala fe de
las partes, tal y como lo regula el artículo 171 del CCA, vigente para este proceso,
que consagra un criterio subjetivo para tales efectos.
55 Al respecto se puede consultar: Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 17 de marzo de 2016,
radicado: 11001-03-25-000-2012-00317-00 (1218-12) y del 6 de agosto de 2020, radicado: 50001-23-33-000-
2013-00384-01(3031-19).
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Radicación: 11001-03-25-000-2011-00614-00 (2367-2011)
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Negar las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la
parte considerativa de esta sentencia.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. Una vez ejecutoriada esta sentencia, archívese el expediente.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
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