Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2012-00197-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2012-00197-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2012-00197-00
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
28 de abril de 2022
Radicado: 110010325000201200197 00 (0815-2012)
Demandante: Edgar Ernesto Torres Caicedo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN “A”
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 110010325000201200197 00 (0815-2012).
Demandante: EDGAR ERNESTO TORRES CAICEDO.
Demandados: NACIÓN, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL DE
BOGOTÁ.
Temas: Control judicial integral de los actos sancionatorios disciplinarios.
Interpretación de la demanda y excepción a la aplicación del
principio de la justicia rogada en el análisis de la tipicidad de la
conducta por la que fue sancionado el demandante. Elementos
necesarios para la configuración de la falta disciplinaria gravísima
consagrada en el numeral 31 del artículo 48 del CDU, por participar
en la actividad contractual con desconocimiento de los principios
constitucionales y legales de la contratación estatal y la función
administrativa.
Decisión: Se declara la nulidad de los actos sancionatorios acusados, en lo
que tiene que ver con la sanción que el procurador general de la
Nación le impuso definitivamente al demandante, y se ordena el
restablecimiento del derecho.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA (Decreto 01 de 1984)
ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado dicta la sentencia que en derecho corresponda, en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 85 del Decreto
01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo (CCA)1, que se tramitó por la
demanda interpuesta mediante apoderado por el señor Edgar Ernesto Torres Caicedo
en contra de la Nación, a través de la Procuraduría General de la Nación, y de la
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital de Bogotá (UAECD), con ocasión
1 Vigente para la época de la demanda.
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Demandante: Edgar Ernesto Torres Caicedo
de la sanción disciplinaria de suspensión del cargo por cuatro meses que le fue
impuesta al actor, en su calidad de profesional especializado código 222, grado 11 de
la División de Conservación de la Subdirección Técnica, de la segunda entidad
mencionada.
LA DEMANDA2
Pretensiones
De nulidad:
• Declarar la nulidad del acto sancionatorio del 18 de diciembre de 2009,
expedido por la viceprocuradora general de la Nación3, por el cual, en primera
instancia, el señor Edgar Ernesto Torres Caicedo fue destituido e inhabilitado
por doce años para ejercer cargos y funciones públicas.
• Anular el acto sancionatorio de segunda instancia del 20 de septiembre de
2011, mediante el cual el procurador general de la Nación4 revocó parcialmente
la anterior decisión, y le impuso definitivamente al demandante una sanción de
suspensión del cargo por cuatro meses.
• Declarar la nulidad de la Resolución 36 del 30 de enero de 2012, emitida por la
Dirección de la UAECD, que hizo efectiva la sanción disciplinaria.
Del restablecimiento del derecho:
• Que, con ocasión de lo precedente, ordenar la eliminación de los antecedentes
disciplinarios generados en la hoja de vida del actor y en el Sistema de
Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI) de la
Procuraduría.
• Disponer el reconocimiento y pago de los salarios, prestaciones y demás
emolumentos que dejó de percibir el señor Edgar Ernesto Torres Caicedo en el
periodo en el que fue suspendido de su cargo.
• Que la suma reconocida por el anterior concepto sea indexada y, además, que
sobre esta se paguen intereses moratorios, conforme lo prevén los artículos
176, 177 y 178 del CCA.
• Que se declare que no hubo solución de continuidad respecto del vínculo laboral
del demandante con la UAECD.
Fundamentos fácticos relevantes
Según el abogado del señor Torres Caicedo, la investigación disciplinaria que se
adelantó en contra de su poderdante tuvo origen en presuntas irregularidades
2 Folios 238-277 del cuaderno físico principal del proceso.
3 Martha Isabel Castañeda Curvelo.
4 Alejandro Ordóñez Maldonado.
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relacionadas con el proceso de formación y actualización catastral del año 2006 en el
Distrito de Bogotá, particularmente, frente a la ejecución de los Contratos 454 y 473
de esa anualidad, cuyo objeto era el reconocimiento predial y la digitalización de la
información sobre dicha materia en la mencionada entidad territorial.
En ese sentido, señaló que la Procuraduría General de la Nación hizo uso de su poder
preferente para avocar conocimiento del asunto, el cual, inicialmente, había sido
asumido por la Personería de Bogotá y por la Oficina de Control Interno Disciplinario
de la UAECD. Así pues, el apoderado indicó que el señor Edgar Ernesto Torres
Caicedo, en su calidad de profesional especializado código 222, grado 11 de la División
de Conservación de la Subdirección Técnica de la Unidad Administrativa antes
enunciada, fue vinculado al procedimiento disciplinario el 5 de octubre de 2007,
mediante decisión que adicionó el auto de apertura de la investigación del 13 de abril
de ese año, con el que ya se habían incluido a otras personas en la actuación
sancionatoria.
Asimismo, expuso que luego, el 13 de marzo de 2008, el ente de control le formuló dos
cargos al demandante, enmarcados en la misma tipificación de la falta gravísima del
numeral 31 del artículo 48 del Código Disciplinario Único (CDU), a título de dolo, por
«[p]articipar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del
patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal
y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley», a partir de las
siguientes conductas: (i) haber recibido correspondencia sobre las correcciones
realizadas por el contratista Consorcio Actualización 2006, a solicitud del Área de
Actualización de la UAECD, sin la verificación pertinente y desatendiendo los fines de
la contratación estatal y (ii) permitir que personal de la firma contratista antes
mencionada tuviera acceso al sistema y documentación de la UAECD, para subsanar
inconsistencias del proceso de actualización catastral del 2006, sin contar con la
autorización debida, desconociendo los principios de eficacia y responsabilidad en la
actividad contractual.
El abogado manifestó que, con base en lo precedente, el 18 de diciembre de 2009, la
viceprocuradora general de la Nación emitió el acto sancionatorio de primera instancia,
en el que confirmó ambos cargos y sancionó al actor con destitución e inhabilidad
general por doce años. Dicha decisión fue apelada y, el 20 de septiembre de 2011, en
segunda instancia, el procurador general de la Nación la revocó parcialmente,
exonerando de responsabilidad al señor Torres Caicedo frente al primer cargo y
modificando la imputación de la culpabilidad del segundo, por culpa grave. Con ello, la
sanción fue finalmente definida en cuatro meses de suspensión en el ejercicio de su
empleo, y esta se hizo efectiva el 30 de enero de 2012, cuando el demandante fue
notificado de la Resolución 36 de la misma fecha, emitida por la Dirección de la
UAECD, que ejecutó la decisión de la Procuraduría.
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Por último, el apoderado señaló que, el 3 de febrero de 2012, el demandante presentó
la solicitud de conciliación ante la Procuraduría para agotar el requisito de
procedibilidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y la
audiencia para tales efectos se llevó a cabo el 27 de marzo siguiente, sin que en ella
se hubiere llegado a ningún acuerdo conciliatorio. Igualmente, precisó que, en el año
de servicios previo a la presentación de la demanda, el señor Edgar Ernesto Torres
Caicedo devengó un salario promedio de $6.083.580, distribuidos en $3.253.251 de
asignación básica, $227.728 de prima técnica, $1.626.626 de prima de antigüedad y
$975.975 de gastos de representación.
Normas violadas y concepto de violación
Para la parte demandante, los actos administrativos sancionatorios acusados
desconocieron las siguientes normas:
• Constitución Política de 1991: artículos 25, 113, 116, 123 y 209.
• Código Disciplinario Único: artículos 5.°, 13, 16, 22, 23, 28 y 73.
• Ley 14 de 1983.
• Resolución 2555 de 1988, expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
• Decreto 3496 de 1983.
• Código Contencioso Administrativo: artículo 66.2.
La formulación del concepto de violación en la demanda se expresó así:
• Transgresión de las normas en las que debían fundarse y falsa motivación de los
actos acusados por la inexistencia de ilicitud sustancial
Con apoyo en distintas consideraciones dogmáticas, entre ellas, las de la Corte
Constitucional en la sentencia C-948 de 2002, el abogado alegó que, respecto del
cargo por el que su poderdante fue finalmente sancionado, no se demostró la
existencia de ilicitud sustancial, por cuanto en el expediente disciplinario no hay
pruebas sobre la supuesta afectación de los intereses del conglomerado social,
invocada por la Procuraduría, derivada de la turbación a la fe pública por el acceso al
sistema informático catastral del distrito por parte de personal del Consorcio
Actualización 2006. En ese sentido, sostuvo que tal situación no se pudo presentar,
porque el software usado por la UAECD en la época de los hechos garantizó en todo
momento la calidad de la información incorporada e identificó a quienes hicieron las
modificaciones en el programa, que eran contratistas de la entidad distrital y, por ende,
no eran terceros sin ninguna relación jurídica con esta.
Del mismo modo, afirmó que el uso del software por parte de estos últimos no dependía
únicamente de la autorización del señor Torres Caicedo como responsable del Área
de Conservación del catastro, sino que también necesitaba de la asignación de claves
de acceso por la Subdirección de Informática de la UAECD, en un procedimiento que
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requería la solicitud previa de la primera dependencia aludida y la identificación con
número de cédula de ciudadanía, nombre completo y tipo de vinculación con la entidad
de quien iba a operar el sistema. Adicionalmente, señaló que, una vez se modificaba
el programa, el Área de Conservación emitía una resolución magnética que
garantizaba la calidad e idoneidad del dato único catastral y que estaba cobijada por
la presunción de legalidad de los actos administrativos.
También, advirtió que las modificaciones que se hicieron en el programa se
encontraban dentro de la competencia del Área de Conservación que lideraba en ese
entonces el demandante, pues el proceso de actualización catastral del año 2006 ya
había terminado cuando las correcciones fueron realizadas por personal del contratista
en los primeros meses del 2007. Igualmente, aseveró que esos cambios fueron
puntuales y estuvieron relacionados con las observaciones del Área de Actualización
y del consorcio, en las que se definía claramente el inmueble y el yerro a corregir, sin
que en tal sentido se hubiese generado confusión sobre el dato catastral y, por lo tanto,
sin que se haya afectado sustancial e injustificadamente el deber funcional del señor
Edgar Ernesto Torres Caicedo.
Acerca de esto último, el apoderado sostuvo que el deber funcional del actor no
comprendía la supervisión o la vigilancia y control de los contratos para la actualización
catastral, como, según él, se desprende de la acusación que le hizo la autoridad
disciplinaria por supuestamente haber violado lo dispuesto en los numerales 1.°, 2.° y
4.° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993. En esa ilación, precisó que tal deber era del
Área de Actualización de la UAECD, a cargo del ingeniero Manuel Bolívar, quien no
procuró por la entrega eficiente y oportuna de los documentos por parte del contratista
y, a partir de ello, propició la necesidad de acudir a mecanismos indirectos para lograr
las correcciones en la información suministrada por el consorcio, las cuales eran
requeridas para poder liquidar los contratos.
Por otro lado, aseguró que no es cierto que el señor Torres Caicedo no contó con
autorización para permitir el acceso del personal del contratista al sistema de
información catastral, pues este manifestó lo contrario, bajo juramento, en su versión
libre. De esa manera, no obstante que ello fue negado en las declaraciones rendidas
en el trámite sancionatorio por otros servidores, con los distintos oficios y
comunicaciones cruzadas entre las Áreas de Conservación y Actualización durante los
meses de enero a abril de 2007, se puede demostrar que el demandante dijo la verdad.
Finalmente, el abogado expuso que una de las razones más importantes para permitir
el acceso al programa informático a empleados del consorcio contratista, fue la
carencia de personal en el Área de Conservación de la UAECD, en relación con
volumen de trabajo que implicaba la realización de las correcciones de la actualización
catastral del 2006, que, de haberse atendido con los escasos recursos humanos de la
entidad distrital, hubiese tomado varios meses más de los que efectivamente tomó,
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afectando así las finanzas distritales por la relevancia tributaria que tenía todo este
proceso.
• Violación de las normas superiores por el desconocimiento de la proscripción de
la responsabilidad objetiva en materia disciplinaria, por la inexistencia de nexo de
causalidad y por la configuración de la causal de exclusión de responsabilidad
cuando la conducta se realiza en estricto cumplimiento de un deber constitucional
o legal de mayor importancia que el sacrificado
El apoderado sostuvo que uno de los principales fundamentos de la decisión disciplinaria
acusada radicó en la afirmación del procurador general de la Nación en el acto
sancionatorio de segunda instancia, sobre las consecuencias en la credibilidad de la
información catastral que podía haber acarreado la conducta reprochada al demandante.
En ese orden de ideas, para el abogado, eso implicó la imputación de responsabilidad
objetiva por un resultado que, por lo demás, no fue probado en el proceso disciplinario y
tampoco dependía de la voluntad del actor, ya que este no hacía parte del procedimiento
contractual y los yerros en el ajuste catastral del 2006 no fueron ocasionados por él sino
por el Área de Actualización de la UAECD y por el contratista, ante los cuales el señor
Torres Caicedo hizo una serie de advertencias que están demostradas en el expediente
sancionatorio.
Asimismo, manifestó que, según las actas de avance de la ejecución contractual del
proceso de ajuste catastral, el consorcio debía colaborar en la corrección de los errores
que se venían presentando en el Área de Actualización. Por ello, la actuación del
demandante, al permitir el acceso al sistema por parte del personal del contratista, estuvo
encaminada a favorecer el bien común, la efectividad de los derechos y la satisfacción
de las necesidades generales de los ciudadanos, lo que se enmarca en la causal de
exclusión de responsabilidad consagrada en el numeral 2.° del artículo 28 del CDU, en
la medida en que su proceder se dio en estricto cumplimiento de un deber constitucional
o legal de mayor importancia que el sacrificado.
• Pérdida del fundamento de la decisión sancionatoria por el decaimiento de los
actos administrativos que dieron origen al proceso disciplinario
El abogado aseveró que la decisión sancionatoria contenida en los actos demandados
perdió su base, en la medida en que, a través de la Resolución 219 del 23 de abril de
2007, la UAECD dejó sin valor ni efecto todo el proceso de ajuste catastral del año
2006 y produjo así el decaimiento de los actos administrativos que dieron origen a la
investigación disciplinaria. En tal sentido, expuso que, si el fundamento del reproche que
se le hizo al señor Torres Caicedo radicó en unas consecuencias para la credibilidad de
la información catastral, al haber perdido sus efectos el proceso de actualización, ese
resultado debe ser tenido como inexistente y, por lo tanto, el actor debe ser exonerado
de responsabilidad.
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Demandante: Edgar Ernesto Torres Caicedo
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
1. UAECD5
• Pronunciamiento frente a las pretensiones
La apoderada de la UAECD se opuso a las pretensiones de la demanda.
• Manifestación frente a los hechos de la demanda
En términos generales, valoró que el relato de los hechos de la demanda está
demostrado en los documentos que obran en el expediente.
• Excepciones
Pidió que se declare la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
respecto de la UAECD, toda vez que la sanción disciplinaria que se demanda fue
impuesta por la Procuraduría General de la Nación y la entidad distrital se limitó a darle
ejecución, de acuerdo con lo que prevé el numeral 3 del artículo 172 del CDU.
Igualmente, solicitó que sea declarada cualquier otra excepción que resulte probada
en el proceso.
• Acerca de las causales de nulidad que fundamentan la demanda
No expresó argumentos sobre los temas de fondo planteados en la demanda.
2. Procuraduría General de la Nación6
• Pronunciamiento frente a las pretensiones
El abogado de la Procuraduría General de la Nación se opuso a las pretensiones de
la demanda e indicó que la actuación de la autoridad disciplinaria fue válida y estuvo
ajustada al ordenamiento jurídico.
• Manifestación frente a los hechos de la demanda
Señaló que se atiene a lo que se logre demostrar en este proceso.
• Excepciones
Pidió que sea declarada cualquier excepción que llegue a probar.
5 Folios 315-317 del cuaderno físico principal de este proceso.
6 Folios 323-332 ibidem.
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• Acerca de las causales de nulidad que fundamentan la demanda
El apoderado no se refirió de manera concreta a los argumentos de la demanda y se
limitó a transcribir apartes del pliego de cargos y de los actos sancionatorios, para
indicar que, de acuerdo con lo que allí se dijo, la actuación disciplinaria estuvo ajustada
a las normas superiores.
Por otro lado, sostuvo que la carga de la prueba para desvirtuar la presunción de
legalidad de los actos acusados le corresponde al actor y, además, que según la
jurisprudencia de la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación7, el
proceso jurisdiccional no puede constituirse en una tercera instancia del trámite
administrativo sancionatorio y, por ende, lo relacionado con la valoración probatoria, la
interpretación del derecho y el procedimiento adelantado por la autoridad disciplinaria,
debe ser analizado con una cierta deferencia por parte del juez, lo que solo le permite
declarar la nulidad de los actos administrativos sobre esta materia cuando se
evidencien graves violaciones de los derechos fundamentales, lo cual, según él, no se
presentó en este caso.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Parte demandante8
En general, el abogado del señor Edgar Ernesto Torres Caicedo reiteró lo expuesto en
la demanda.
Parte demandada
1. UAECD9
De la misma manera, la abogada de la Unidad Administrativa insistió en la solicitud de
que, frente a esa entidad, se declare la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva y no se le haga responsable de la violación normativa invocada en la
demanda ni se le condene a pagar el restablecimiento o la reparación pretendida por
el actor.
2. Procuraduría General de la Nación
No presentó alegatos de conclusión.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 12 de mayo de 2011, rad. 250002325000200294801 y sentencia del 19 de mayo de 2011, rad.
25000232500020030076401.
8 Folios 420-430 del cuaderno físico principal del proceso.
9 Folios 431-434 ibidem.
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CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO10
La procuradora segunda delegada ante el Consejo de Estado presentó concepto en
este proceso. En él, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, con
fundamento en las siguientes razones:
Inicialmente, la Agencia del Ministerio Público sostuvo que no hay lugar a que se
declare la excepción de falta de legitimación en la causa de la UAECD, toda vez que
esa entidad tuvo participación en los hechos que dieron origen a esta demanda, al
haber proferido el acto que ejecutó la sanción impuesta por la Procuraduría. De esa
manera, aseguró que, frente a una eventual prosperidad de las pretensiones, dicha
situación la llevaría a responder juntamente con el órgano de control.
En lo que tiene ver con los argumentos de la demanda, destacó que la parte
demandante no cuestionó la adecuación típica de su conducta y se enfocó en rebatir
su antijuridicidad. En ese sentido, indicó que comparte lo señalado en los actos
acusados sobre la ilicitud sustancial o antijuridicidad de la conducta por la que fue
sancionado el señor Edgar Ernesto Torres Caicedo. Esto, por cuanto consideró que,
si bien es cierto que por virtud de lo dispuesto en los numerales 1.° y 5.° del artículo
92 de la Resolución 2555 de 1988 del IGAC y en la Resolución 998 del 28 de diciembre
de 2006 de la UAECD, a partir del 1 de enero de 2007, cuando finalizó el proceso de
actualización catastral del año 2006 en el Distrito de Bogotá, el Área de Conservación
que estaba a cargo del actor asumió la competencia para mantener actualizados los
documentos catastrales, ello no justificaba la autorización de acceso al sistema y a la
documentación de la entidad al personal del Consorcio Actualización 2006 para hacer
las correcciones de la etapa anterior de ese proceso, pues, conforme con el artículo
98 de la Resolución 2555 antes mencionada, ese era su deber y no el del contratista.
En esa ilación, la procuradora delegada sostuvo que al demandante le correspondía
haber informado a sus superiores sobre la existencia de las falencias en la
actualización catastral, y eso no era excusable en el cumplimiento de las obligaciones
contractuales del consorcio. Con esto, aseveró que no tiene cabida la causal de
exclusión de responsabilidad por haber actuado en cumplimiento de un deber
constitucional o legal de mayor importancia.
Del mismo modo, estimó que no se configuró el fenómeno del decaimiento de los actos
administrativos, como lo planteó la parte demandante, porque la Resolución 219 del
23 de abril de 2007 de la UAECD, que dejó sin efectos la actualización catastral del
año 2006, lo que hizo fue revocar directamente los actos administrativos relacionados
con dicho proceso y, en ese orden, ello no se enmarcó en los supuestos de pérdida de
fuerza ejecutoria previstos en el artículo 66 del CCA. En todo caso, remarcó que eso
no resultaba relevante para determinar la responsabilidad disciplinaria del señor Edgar
10 Folios 436-445 ibidem.
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Ernesto Torres Caicedo porque esta se basa, generalmente, en la mera conducta del
disciplinado y no en sus resultados.
VI. CONSIDERACIONES
BREVE RECUENTO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO
Los cargos y la sanción disciplinaria
En el siguiente cuadro se resume la concordancia entre el pliego de cargos y los actos
administrativos sancionatorios de primera y segunda instancia demandados en este
proceso:
PLIEGO DE CARGOS DEL 13 ACTO ACTO SANCIONATORIO DE
DE MARZO DE 200811 SANCIONATORIO SEGUNDA INSTANCIA DEL 20
DE PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 201113
INSTANCIA
DEL 18 DE
DICIEMBRE DE
200912
CARGO 1: CARGO 1:
Se confirmó la
«[E]n su condición de imputación «[…] Este despacho comparte
Responsable del Área de disciplinaria del plenamente los planteamientos
Conservación, recepcionó pliego de cargos. efectuados por el disciplinado
correspondencia enviada a su frente a este cargo, pues dadas
nombre por el Director del las circunstancias particulares
Proyecto del Consorcio que rodearon la situación, como
Actualización 2006 con las fue el hecho que se hayan
correcciones solicitadas por el expedido las resoluciones que
Área de Actualización de varios ordenaron el cierre del proceso
predios sectorizados a fin de que de actualización, es creíble y
se realizara en el sistema, sin que normal que el disciplinado
previamente se cumpliera el creyera con fundadas razones
trámite previsto en el reglamento, que a partir de este momento la
en el sentido de proceder a la dependencia a su cargo adquiría
revisión pertinente por el área de competencia para efectuar las
actualización, dependencia anotaciones y correcciones
solicitante de tales correcciones y correspondientes por empezar ya
al mismo tiempo supervisor del la etapa de conservación, aún
Proyecto». más cuando muchas de estas
solicitudes provenían del área de
actualización, donde era de
11 Folios 159-180 ibidem. El análisis sobre la responsabilidad del señor Edgar Ernesto Torres Caicedo
se encuentra en los folios 170-174 ejusdem
12 Folios 54-158 ibidem. El análisis sobre la responsabilidad del señor Edgar Ernesto Torres Caicedo se
encuentra en los folios 128-142 ejusdem.
13 Folios 7-53 ibidem. El análisis sobre la responsabilidad del señor Edgar Ernesto Torres Caicedo se
encuentra en los folios 40-45 ejusdem
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Demandante: Edgar Ernesto Torres Caicedo
Falta imputada: Falta gravísima suponer ya debían de haberse
de acuerdo con el numeral 31 del efectuado las verificaciones
artículo 48 del CDU «al participar pertinentes, por lo cual se
en la actividad contractual configuraría así la causal de
desconociendo los principios que exclusión de responsabilidad
regulan la función administrativa y disciplinaria enlistada en el
la contratación estatal numeral 6.° del artículo 28 de la
contemplados en la Constitución y Ley 734 de 2002, de estar
en la ley, en especial los de actuando el disciplinado con la
eficacia y responsabilidad […]». convicción errada e invencible de
En concurso aparente con la que con su conducta no estaba
infracción del deber previsto en el desconociendo normatividad
numeral 2.° del artículo 34 ibidem. alguna y por ende no estaba
incurriendo en falta disciplinaria
Normas violadas con la alguna. […]
conducta: «1. Se desconoce el Así las cosas, se corresponden
artículo 209 de la Constitución los anteriores argumentos para
Política, en cuanto al principio de desvirtuar y declarar no
EFICACIA, con el cual se debe demostrado el primer cargo
ejercer la función administrativa. formulado al disciplinado por la
Principio desarrollado legalmente primera instancia y en su lugar
por el artículo 3.° del Código disponer absolverlo del mismo
Contencioso Administrativo y […]».
reiterado en su aplicación por el
artículo 3.° de la Ley 489 de 1998,
pues los procedimientos deben CARGO 2:
lograr su finalidad y ello no se
cumplió en la medida que al haber «Frente a este […] cargo
recepcionado la correspondencia comparte este despacho los
referente a las correcciones argumentos expuestos por la
efectuadas por el Director del primera instancia, en el sentido
Proyecto del Consorcio que no existe en el proceso
Actualización 2006 a solicitud del evidencia probatoria de haberse
Área de Actualización, sin que autorizado por parte del personal
previamente la misma fuera objeto directivo de la UAECD el ingreso
de las verificaciones pertinentes, de personal ajeno a la entidad al
se desatendieron los fines de la área de conservación para
contratación estatal. […] manipular la información y
efectuar correcciones en el
2. Se vulneró el principio de sistema, pues por el contrario la
responsabilidad previsto en el prueba testimonial arrimada al
artículo 26 numerales 1.°, 2.° y 4.° plenario indica que en ningún
de la Ley 80 de 1993, en momento se dio esa autorización,
concordancia con el artículo 3.° además debe indicar este
ibidem, por cuanto el doctor despacho que es un hecho grave
Torres Caicedo, al haber el que contratistas o particulares
recepcionado la correspondencia ajenos a la entidad puedan
en cita sin competencia para ello, ingresar y manipular una
no buscó el cumplimiento de los información tan delicada del
fines de la contratación debiendo distrito capital, como es el
responder por su actuación registro catastral de sus predios,
antijurídica, pues además su con las consecuencias en cuanto
actuación debió estar presidida a credibilidad en la información
por las reglas sobre que esto podía haber
administración de bienes ajenos y acarreado».
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Demandante: Edgar Ernesto Torres Caicedo
no entorpecer el trámite regular,
cual era que dicha Falta imputada: La misma
correspondencia se enviara al imputada en el pliego de cargos.
Área de Actualización, solicitante
de las correcciones, para su Normas violadas con la
verificación y posterior ingreso al conducta: Se mencionaron las
sistema. […]». mismas de la formulación de
cargos y el acto sancionatorio de
Culpabilidad: La falta se imputó a primera instancia.
título de dolo.
Culpabilidad: «En lo que tiene
CARGO 2: que ver con la imputación
subjetiva efectuada por la
«[C]omo Responsable del Área de instancia a título de dolo, en
Conservación, para la época de consideración a que “como
los hechos, permitió que personal responsable del Área de
de la firma contratista Consorcio conservación permitió el ingreso
Actualización 2006 tuviera acceso de personal del consorcio
al sistema y documentación de la actualización 2006 a efectos de
Unidad Administrativa Especial de realizar correcciones originadas
Catastro Distrital, para subsanar en el proceso contractual de
inconsistencias del proceso de actualización sin autorización ni
Actualización 2006, sin que ello orden superior con pleno
hubiera sido ordenado o conocimiento de que el proceso
autorizado por funcionario alguno en cita había sido clausurado y
(Director-Subdirector Técnico- (…) ser su determinación
Responsable Área de consciente de la producción de
Actualización) de la Unidad hechos contrarios a lo
Administrativa Especial de preceptuado en la ley”, debe
Catastro Distrital». expresar este despacho que de
una rectificación doctrinal que
Falta imputada: Falta gravísima últimamente ha establecido esta
de acuerdo con el numeral 31 del jefatura, se ha considerado que
artículo 48 del CDU «por participar para efectos de la configuración
en la actividad contractual del dolo tanto para conductas
desconociendo los principios que omisivas y aún con mayor razón
regulan la función administrativa y para conductas activas, sí se
la contratación estatal requiere el elemento de la
contemplados en la Constitución y voluntad o la intención de
en la ley, en especial los de desconocer la norma y no solo
eficacia y responsabilidad […]». basta el conocimiento de los
hechos y el conocimiento de la
Normas violadas con la ilicitud, razón suficiente para
conducta: «1. Se vulneró el considerar que al no encontrarse
artículo 209 de la Constitución demostrado probatoriamente en
Política, en cuanto al principio de el presente caso que por parte
EFICACIA, con el cual se debe del disciplinado se tuviera la
ejercer la función administrativa. intención o voluntad de
Principio que encuentra desarrollo desconocer las normas
legal en el artículo 3.° del Código contractuales, sino que se
Contencioso Administrativo y que presentó fue una falta de cuidado
es reiterado en su aplicación en el al permitir en su condición de jefe
artículo 3.° de la Ley 489 de 1998, del área de conservación el
ya que los procedimientos deben ingreso de personal ajeno a la
lograr su finalidad y ello no se misma nos lleva a considerar que
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cumplió, habida consideración, el disciplinado incurrió en la
que al haber permitido que conducta materia de reproche
personal de la firma contratista con culpa grave». (Negrita
Consorcio Actualización 2006 propia del texto).
tuviera acceso al sistema y
documentación de la Unidad
Administrativa Especial de
Catastro Distrital, para subsanar
inconsistencias del proceso de
Actualización 2006, sin que ello
hubiera sido ordenado o
autorizado por funcionario alguno
de la [UAECD] (Director-
Subdirector Técnico-Responsable
Área de Actualización), se
desatendieron los fines de la
contratación estatal. […]
2. Se vulneró el principio de
responsabilidad de que trata el
artículo 26 numerales 1.°, 2.° y 4.°
de la Ley 80 de 1993, en
concordancia con el artículo 3.°
ibidem, pues el doctor Torres
Caicedo, al haber permitido que
personal de la firma contratista
Consorcio Actualización 2006
accediera de manera indebida y
por ende irregular al sistema y
documentación de la [UAECD],
para subsanar inconsistencias del
proceso de Actualización 2006,
sin que ello hubiera sido ordenado
o autorizado por funcionario
alguno de la [UAECD], no buscó el
cumplimiento de los fines de la
contratación debiendo responder
por su actuación antijurídica, pues
además su actuación debió estar
presidida por las reglas sobre
administración de bienes ajenos y
no desatender sus propias
funciones.
Culpabilidad: La falta se imputó a
título de dolo.
Decisión sancionatoria en segunda instancia:
«SEGUNDO: Confirmar, con las precisiones anotadas, el fallo de primera instancia del 18
de diciembre de 2009, en cuanto declaró responsable disciplinariamente a […] Edgar
Ernesto Torres Caicedo […] en su condición de […] responsable del área de conservación
[…] de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD, pero imponiendo las
siguientes sanciones disciplinarias, conforme los considerandos expuestos en la parte
motiva: […]
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Demandante: Edgar Ernesto Torres Caicedo
Edgar Ernesto Torres Caicedo: […] se le impondrá una sanción de suspensión en el
ejercicio del cargo por un término de cuatro (4) meses. […]». (Negrita propia del texto).
CUESTIONES PREVIAS
1. Control judicial integral respecto de las decisiones administrativas
sancionatorias
Con la sentencia de unificación proferida el 9 de agosto de 2016 por la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado14, se dio inicio a una nueva línea
interpretativa en torno al control que ejerce la jurisdicción de lo contencioso
administrativo sobre los actos administrativos de naturaleza disciplinaria.
Al respecto, señaló la providencia que, con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva,
ese control es de carácter integral por cuanto exige una revisión legal y constitucional
de las actuaciones surtidas ante los titulares de la acción disciplinaria, sin que, para
tales efectos, el juez se encuentre sometido a limitantes que restrinjan su competencia.
En dicha oportunidad, la Corporación fue enfática en explicar que, siendo la función
disciplinaria una manifestación de la potestad pública sancionatoria que busca
mantener la actividad estatal sujeta a los límites legales y constitucionales, no es dable
restringir las facultades de la jurisdicción en la realización de dicho estudio.
Esta integralidad se proyecta en múltiples aspectos que son destacados en la
providencia en los siguientes términos:
«1) La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia especial” respecto
de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción
de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto
administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado
por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la
valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco
que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán
valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia
e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es
de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial
integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo
contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva […]».
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del 9 de
agosto de 2016, rad. 110010325000201100316 00 (1210-11).
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Demandante: Edgar Ernesto Torres Caicedo
Así pues, el control judicial que ha de efectuarse en el presente caso tiene como hoja
de ruta los parámetros dispuestos en aquella decisión judicial, lo que desde ya implica
descartar los argumentos con los que se pretende desconocer las amplísimas
facultades del juez de lo contencioso administrativo para efectuar una revisión seria y
profunda de todas las actuaciones y etapas surtidas en el procedimiento disciplinario.
2. Exclusión del control judicial de la Resolución 36 del 30 de enero de 2012,
emitida por la Dirección de la UAECD, que hizo efectiva la sanción
disciplinaria
Una de las pretensiones de la demanda consiste en que se declare la nulidad de la
Resolución 36 del 30 de enero de 2012, expedida por el director de la UAECD, «[p]or
la cual se hace efectiva una sanción disciplinaria a Edgar Ernesto Torres Caicedo»15. Al
respecto debe decirse que dicha resolución es un acto de ejecución, de los cuales, se
ha señalado, no son actos administrativos, sino que pertenecen a una categoría más
amplia que ha sido denominada «actos de la administración», que, en principio, se
encuentran excluidos del control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo16.
La jurisprudencia de esta Corporación y particularmente la de esta Sección, ha
sostenido que estos actos quedan exceptuados del control jurisdiccional, ya que se
limitan a dar cumplimiento a una decisión administrativa o judicial, y son expedidos
únicamente con el propósito de materializar o ejecutar esas decisiones17. Así pues, si
bien el acto de ejecución también es unilateral de la administración, este no crea,
modifica o extingue ninguna situación jurídica, pues el efecto jurídico lo debió producir
con anterioridad el acto administrativo definitivo objeto de ejecución.
En ese orden, de la relación existente entre el acto definitivo y el acto de ejecución se
desprende que la vigencia del segundo depende de la del primero. Por ello, si el acto
administrativo definitivo desaparece del ordenamiento jurídico, el acto de ejecución
debe tener el mismo destino, toda vez que se han eliminado sus fundamentos de hecho
o de derecho.
Por lo expuesto, no se emitirá un pronunciamiento sobre la legalidad de la Resolución
36 del 30 de enero de 2012 proferida por el director de la UAECD, aunque se advierte
que, en todo caso, de anularse el acto definitivo demandado, el sustento del acto de
ejecución también se tendría por inexistente.
15 La resolución puede ser consultada en el folio 219 del cuaderno físico principal de este proceso.
16 Cfr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Compendio de derecho administrativo, Bogotá, Universidad
Externado de Colombia, 2017, pp. 550-551.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de mayo de 2020, rad.
270012333000201300338 01 (4885-2014); Subsección B, sentencia del 6 de julio de 2017, rad.
11001032500020130177800 (4701-13).
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3. Decisión sobre la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por la UAECD
La legitimación en la causa hace referencia a la posibilidad que tienen las partes de
proponer o controvertir las pretensiones planteadas en la demanda, al ser sujetos
procesales con interés, por activa o pasiva, en la relación jurídico sustancial que se
ventila en el proceso.
En efecto, a la parte pasiva de la litis le asiste una legitimación en la causa cuando se
encuentra en una relación directa con las pretensiones de la demanda. En ese sentido,
con la notificación del auto admisorio, a quien se le vincula en la calidad de
demandado, le asiste la legitimación procesal para intervenir en el trámite judicial con
el objetivo de ejercer sus derechos de contradicción y defensa, lo que hace parte de la
denominada legitimación de hecho o procesal. Por otro lado, la jurisprudencia de esta
Corporación ha identificado otra clase de legitimación denominada «material», que
alude a la participación en los hechos que originan la demanda, circunstancia que ha
llevado a afirmar que esta es una excepción «mixta» que debe abordarse
necesariamente en el momento de proferirse la sentencia, comoquiera que es allí
donde debe dilucidarse si existe esa relación entre la parte demandante y demandada
con respecto a la pretensión formulada18.
De acuerdo con lo anterior, se advierte que, en el presente asunto, entre las
pretensiones de la demanda se encuentran dos, que consisten, por un lado, en que se
ordene la eliminación de los antecedentes disciplinarios generados en la hoja de vida
del señor Edgar Ernesto Torres Caicedo y, por el otro, que se declare que no hubo
solución de continuidad respecto del vínculo laboral del demandante con la UAECD.
En esa ilación, la Subsección considera que la intervención pasiva en la litis por parte
de esa entidad del Distrito Capital de Bogotá se hace necesaria porque, ante una
eventual prosperidad de las pretensiones, como empleadora del actor, es la llamada a
hacer los ajustes respectivos en la hoja de vida de este, de acuerdo con lo que solicitó
en este medio de control19.
En todo caso, se aclara que, en lo que tiene que ver con la responsabilidad patrimonial
frente al restablecimiento del derecho pretendido por el señor Torres Caicedo, tal y
como lo ha aplicado la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, auto del
5 de julio de 2018, rad. 05001-23-33-000-2016-01082-01(0900-18).
19 El artículo 2.2.17.11 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario de la Función Pública, prevé
que la unidad de personal de la entidad en la que labore el servidor público, o la que haga sus veces,
será la encargada de custodiar la información de su hoja de vida. Esto preceptúa dicha disposición:
«Guarda y custodia de las hojas de vida y la declaración de bienes y rentas. Continuará la obligación
de mantener en la unidad de personal o de contratos o en las que hagan sus veces la información de
hoja de vida y de bienes y rentas, según corresponda, aun después del retiro o terminación del contrato,
y su custodia será responsabilidad del jefe de la unidad respectiva, siguiendo los lineamientos dados en
las normas vigentes sobre la materia».
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Corporación20, el posible éxito de las pretensiones del líbelo solo comprometería a la
Procuraduría General de la Nación, pues fue su manifestación unilateral de voluntad
la que modificó la situación jurídica disciplinaria del demandante, con la suspensión de
su cargo por cuatro meses. De esa manera, contrario a lo afirmado por la Agencia del
Ministerio Público en su concepto, la Subsección considera que la Unidad
Administrativa no tiene la obligación de reparar al señor Torres Caicedo en esta
materia, ya que su actuación se limitó a darle cumplimiento al deber legal consagrado
en el numeral 3 del artículo 172 del CDU21, de ejecutar la sanción impuesta por el
órgano de control.
Por lo dicho, la vinculación de la UAECD a este proceso está justificada en su relación
directa con algunas pretensiones de la demanda. Por ello, con la salvedad antes
expuesta, esta excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por
dicha entidad no tiene vocación de prosperar.
4. Procedencia de la decisión de fondo en este asunto frente a la alegada
pérdida de fundamento de los actos administrativos acusados
Esta Subsección considera necesario aclarar también, como cuestión previa, que la
alegación de pérdida de fundamento de los actos administrativos acusados por la
configuración del decaimiento de las normas distritales que reglamentaron el proceso
de actualización catastral del año 2006 en Bogotá no lleva implícita la imposibilidad
de que en este asunto se pueda emitir un pronunciamiento de fondo, toda vez
que la parte demandante planteó tal razonamiento a partir de la expedición de la
Resolución 219 del 23 de abril de 2007 de la UAECD, que es de una fecha anterior a
la emisión de los que fueron demandados en este medio de control22 y, además, como
lo ha señalado la doctrina, la pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo
«deja incólume su presunción de legalidad y su impugnabilidad si la oportunidad para ello no
ha precluido o caducado»23.
En todo caso, para la Sala, lo argüido en la demanda en este tema se erige como un
cuestionamiento de lo sustancial o el fondo de la responsabilidad disciplinaria
endilgada al señor Edgar Ernesto Torres Caicedo, ya que su abogado lo que advirtió
fue que, en la medida en que esta tuvo fundamento en un resultado negativo para la
credibilidad de la información catastral, al haber perdido sus efectos el proceso de
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 15 de noviembre de
2017, rad. 110010325000201400360 00 (1131-14).
21 CDU, art. 172, n.°: «Funcionarios competentes para la ejecución de las sanciones. La sanción
impuesta se hará efectiva por: […]
3. El nominador, respecto de los servidores públicos de libre nombramiento y remoción o de carrera.
[…]».
22 El acto sancionatorio de primera instancia fue proferido el 18 de diciembre de 2009 y el de segunda
el 20 de septiembre de 2011.
23 Luis Enrique Berrocal Guerrero, Manual del acto administrativo, 7.ª ed., Bogotá, Librería Ediciones
del Profesional, 2016, p. 501.
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actualización, esta consecuencia debe ser tenida como inexistente y el demandante
debía ser exonerado.
Por lo dicho, este planteamiento se enunciará más adelante como un problema jurídico
asociado a la causal de nulidad de las normas en que debían fundarse los actos
sancionatorios impugnados.
5. Interpretación de la demanda y excepción a la aplicación del principio de la
justicia rogada en el análisis de la tipicidad de la conducta por la que fue
sancionado el demandante
Antes de definir los problemas jurídicos para resolver el fondo de lo planteado por las
partes en el litigio, esta Sala estima que, si bien, de la titulación de los tres cargos de
nulidad contenidos en el concepto de violación de la demanda podría entenderse,
como lo asumió la procuradora segunda delegada en su concepto, que se está
cuestionando solo la ilicitud sustancial y la culpabilidad de la conducta reprochada al
señor Edgar Ernesto Torres Caicedo, además de la configuración del decaimiento de
los actos administrativos que fundamentaron la investigación disciplinaria, esto no
refleja plenamente los argumentos desarrollados en el líbelo, pues, como se tuvo la
oportunidad de señalar, en este también se alega, por ejemplo, que el actor no tenía
el deber funcional de supervisar o vigilar y controlar los contratos para la actualización
catastral y por eso no se le debió imputar la falta gravísima por la que fue sancionado.
En relación con lo último, aquí se considera que se trata de una razón que busca
desvirtuar la adecuación típica de la falta gravísima por haber participado en la
actividad contractual de la UAECD con desconocimiento de los principios de eficacia
y responsabilidad, ya que, como lo ha indicado esta Subsección, toda falta disciplinaria
lleva implícita la afectación del deber funcional y, por ello, en las faltas gravísimas, este
se encuentra inmerso en el tipo disciplinario24.
Además de lo precedente, la necesidad de estudiar el elemento de la tipicidad en el
presente asunto también se origina en lo que, a partir de la lectura de los apartes del
pliego de cargos y los actos sancionatorios que fueron transcritos y resumidos en esta
providencia, aquí se considera es una plausible vulneración del derecho fundamental
de aplicación inmediata del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Carta,
que se expresa, entre otras formas, en la garantía de que «[n]adie podrá ser juzgado sino
conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa». Esto, por el incumplimiento por
parte de la Procuraduría de los parámetros de la sentencia C-818 de 2005 de la Corte
Constitucional, que condicionaron la exequibilidad del numeral 31 del artículo 48 del
24 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 23 de julio de 2020, rad. 11001032500020170007300(0301-17). Esta afirmación fue
apoyada en la doctrina sobre la materia: Cfr. John Harvey Pinzón Navarrete, La ilicitud sustancial en el
derecho disciplinario, Bogotá, Grupo Editorial Ibáñez, 2018, pp. 42-44 y Despacho del procurador
general de la Nación, Fallo de segunda instancia del 11 de enero de 2011, rad. IUS 2006-277830, IUC
021-151885-06.
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CDU que, para lo que aquí interesa, prevé como falta gravísima participar en la
actividad contractual «con desconocimiento de los principios que regulan la contratación
estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley». Frente a esto,
según la Corte, debe entenderse que «la conducta constitutiva de la falta gravísima debe
ser siempre de carácter concreto y estar descrita en normas constitucionales de aplicación
directa o en normas legales que desarrollen esos principios» o, en otras palabras, se debe
«acreditar que la infracción disciplinaria de uno de tales principios tiene un carácter concreto
y específico a partir de su complementación con una regla que le permita determinar de
manera específica su contenido normativo, describiendo con claridad cuál es el deber,
mandato o prohibición que fue desconocido por el servidor público o por los particulares en los
casos previstos en la ley». (Negrita fuera de texto).
De conformidad con lo dicho, la Subsección estima que en este asunto se debe aplicar
lo definido por la Corte Constitucional en la sentencia C-197 de 1999, en la que esa
Corporación efectuó un análisis de constitucionalidad del numeral 4.° del artículo 137
del CCA25 y declaró su exequibilidad condicionada, bajo la premisa de que, en virtud
de la presunción de legalidad de los actos administrativos y de otros criterios prácticos,
quien demanda tiene el deber de explicar el concepto de violación frente a los actos
acusados, no obstante que, «si el juez administrativo advierte la violación de un
derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá proceder a su
protección, aun cuando el actor en la demanda no hubiere cumplido con el requisito de
señalar las normas violadas y el concepto de violación. Igualmente, cuando dicho juez
advierte incompatibilidad entre la Constitución y una norma jurídica tiene la obligación
de aplicar el art. 4 de la Constitución». (Negrita fuera de texto).
En ese sentido, en aplicación del principio constitucional de prevalencia de lo
sustancial sobre lo formal26, y en ejercicio del poder de interpretación de la demanda
que tiene el juez27, la Sala analizará como primer problema jurídico de esta sentencia,
si en este caso la Procuraduría respetó las garantías asociadas a la categoría
dogmática de la tipicidad como presupuesto de la responsabilidad disciplinaria.
Así, los problemas jurídicos que se deben resolver son los siguientes:
25 CCA, art. 137, n.° 4: «Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal
competente y contendrá: […]
4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto
administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación. […]».
26 CP, art. 228: «La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes.
Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas
prevalecerá el derecho sustancial. […]». (Negrita fuera de texto).
27 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 5 de
mayo de 1980, rad. 2732; Subsección A, sentencia del 7 de febrero de 2002, rad. 73001-23-31-000-
1998-02125-01(0166-01); Subsección A, sentencia del 16 de junio de 2016, rad. 54001-23-31-000-
2006-00003-01(2590-14); Subsección A, sentencia de tutela del 20 de abril de 2017, rad. 11001-03-15-
000-2016-03756-01(AC); y Subsección B, sentencia del 26 de noviembre de 2018, rad. 23001-23-33-
000-2015-00216-01(3327-18).
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PROBLEMAS JURÍDICOS
1. ¿Los actos sancionatorios deben ser anulados por la violación del derecho de
audiencia y defensa del señor Edgar Ernesto Torres Caicedo, debido a que la
adecuación típica de la falta gravísima que le fue imputada no cumplió con los
parámetros de concreción exigidos en la sentencia C-818 de 2005 de la Corte
Constitucional, en la que se declaró la exequibilidad condicionada del numeral 31
del artículo 48 del CDU que la contiene?
2. ¿Los actos demandados están viciados por la transgresión de las normas en que
debían fundarse o por falsa motivación, porque la Procuraduría General de la
Nación no demostró la ilicitud sustancial de la conducta reprochada
disciplinariamente al señor Edgar Ernesto Torres Caicedo?
3. ¿Los actos acusados fueron expedidos con violación del ordenamiento superior
en la medida en que la sanción disciplinaria impuesta al actor se basó en un
criterio de responsabilidad objetiva, sin demostrar el nexo de causalidad entre su
conducta y el resultado predicado de ella por la Procuraduría, y por haber ignorado
que se configuró la causal de exclusión de responsabilidad cuando la actuación
se realiza en estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor
importancia que el sacrificado?
4. ¿Los actos sancionatorios demandados se profirieron con desconocimiento de las
normas en las que debían fundarse, toda vez que las decisiones administrativas
que fundamentaron el proceso de actualización catastral de 2006 en el Distrito
Capital de Bogotá decayeron con la emisión de la Resolución n.° 219 del 23 de
abril de 2007 de la UAECD, que dejó sin efectos la actuación que dio origen al
procedimiento disciplinario?
1. Primer problema jurídico
¿Los actos sancionatorios deben ser anulados por la violación del derecho de
audiencia y defensa del señor Edgar Ernesto Torres Caicedo, debido a que la
adecuación típica de la falta gravísima que le fue imputada no cumplió con los
parámetros de concreción exigidos en la sentencia C-818 de 2005 de la Corte
Constitucional, en la que se declaró la exequibilidad condicionada del numeral 31 del
artículo 48 del CDU que la contiene?
Tesis de la Sala: Los actos acusados sí deben ser anulados por la violación del
derecho de audiencia y defensa del señor Edgar Ernesto Torres Caicedo, por cuanto
la adecuación típica de la falta gravísima que le fue imputada no cumplió con los
parámetros de concreción exigidos en la sentencia C-818 de 2005 de la Corte
Constitucional, en la que se declaró la exequibilidad condicionada del numeral 31 del
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artículo 48 del CDU que la contiene, al ser expresada únicamente en normas con
estructura de principio.
En la resolución de este problema se abordarán las siguientes materias: (1.1) La causal
de nulidad por violación del derecho de audiencia y defensa. (1.2.) La garantía de
tipicidad en el derecho disciplinario. (1.3) Elementos necesarios para la configuración
de la falta disciplinaria gravísima consagrada en el numeral 31 del artículo 48 del CDU,
por participar en la actividad contractual con desconocimiento de los principios
constitucionales y legales de la contratación estatal y la función administrativa. (1.4)
Caso concreto.
1.1. La causal de nulidad por violación del derecho de audiencia y defensa
El derecho de audiencia y defensa es quizá el más relevante de todas las garantías
que le incumben al investigado, pues aquel comprende una serie de prerrogativas que
están dirigidas a contener el poder que se ejerce a través del ejercicio de cualquier
expresión del poder sancionatorio del Estado. En esa ilación, la causal de nulidad por
violación de este derecho se relaciona con el aforismo jurídico de que nadie puede ser
condenado si no ha sido oído y vencido en juicio28, y tiene una estrecha conexión con
la de expedición irregular29, por estar fundamentadas, principalmente, en la garantía
del debido proceso consagrada en el artículo 29 de la Constitución30.
Así, este vicio se configura cuando el acto administrativo es emitido sin haberle
permitido al afectado emplear todos los medios legítimos y adecuados para ser oído,
con el fin de obtener una decisión favorable en el proceso y puede cobijar aspectos
como la claridad de la imputación, la contradicción de las pruebas, el tiempo y los
medios adecuados para la preparación de la defensa, la asistencia de un abogado
cuando se requiera, la igualdad ante la ley, la buena fe y la lealtad procesal31.
No obstante, es menester aclarar que, debido al vínculo que tiene esta causal con la
dimensión procedimental del acto administrativo, le resulta aplicable el principio de
trascendencia de los defectos procesales que consagra el artículo 310, numeral 1.°,
de la Ley 600 de 2000, traído al proceso disciplinario en virtud del artículo 143 del
CDU, que en su parágrafo dispone la incorporación de los principios que, en materia
penal, orientan la declaratoria de nulidad y su convalidación32. Así, esta norma señala,
sobre el principio en cuestión, que «quien alegue la nulidad debe demostrar que la
28 Luis Enrique Berrocal Guerrero, op. cit., p. 552.
29 Carlos Betancur Jaramillo, Derecho procesal administrativo, 8.ª ed., Medellín, Señal Editora, 2013, p.
298.
30 CP, art. 29, inc. 4: «[…] Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un
abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso
público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su
contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. […]».
31 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-980 de 2010.
32 CDU, art. 143: «[…] Parágrafo. Los principios que orientan la declaratoria de nulidad y su
convalidación, consagrados en el Código de Procedimiento Penal, se aplicarán a este procedimiento».
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irregularidad sustancial afecta garantías de los sujetos procesales, o desconoce las bases
fundamentales de la instrucción y el juzgamiento»33.
De conformidad con lo anterior, las irregularidades que no tengan consecuencias
negativas en el núcleo esencial de los derechos y garantías fundamentales como el
debido proceso, o que no comprometan los presupuestos básicos de la decisión o no
incidan en su sentido final, pueden ser subsanadas y no implican necesariamente la
anulación del acto34.
1.2. La garantía de tipicidad en el derecho disciplinario
La tipicidad como categoría dogmática del derecho disciplinario encuentra su razón de
ser en el principio de legalidad como expresión del debido proceso que implica que
nadie puede ser juzgado si no por una infracción, falta o delito descrito previamente
por la ley (nullum crimen, nulla poena sine lege). En efecto, como ya se advirtió, el
artículo 29 de la Constitución Política impone que «nadie podrá ser juzgado sino conforme
a leyes preexistentes al acto que se le imputa […]» y, en términos de la Corte
Constitucional, este principio «cumple con la función de garantizar, por un lado, la libertad
y seguridad individuales al establecer en forma anticipada, clara e inequívoca qué
comportamientos son sancionados, y de otro proteger la seguridad jurídica»35.
Así las cosas, le corresponde exclusivamente al legislador definir, de forma abstracta
y objetiva, qué conductas desplegadas, por quienes ejercen funciones públicas, deben
ser objeto de sanción por afectar el correcto desarrollo del servicio que les ha sido
encomendado.
En esa ilación, el proceso de adecuación típica supone la comprobación lógica y
razonada de la relación de subsunción entre la descripción legal de la conducta
disciplinable y la efectivamente desplegada por el sujeto activo, de lo cual surge a su
vez, una relación de contrariedad entre el comportamiento de quien tiene a su cargo
el ejercicio de funciones públicas y el deber presuntamente incumplido.
El análisis de la tipicidad es un apartado fundamental en la motivación del acto
administrativo que impone una sanción disciplinaria y dentro de este, la autoridad
cuenta con un margen de interpretación más amplio que el que se encuentra en el
derecho penal, pues la precisión con la cual deben estar descritos los comportamientos
disciplinariamente reprochables tiene una mayor flexibilidad al concebido en materia
criminal, ante la dificultad de que la ley haga un listado detallado de absolutamente
33 L. 600/2000, art. 310, n.° 2.
34 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 18 de enero
de 1994, rad. 2779 y en la doctrina: Cfr. Miguel Largacha Martínez y Daniel Posse Velásquez, Causales
de anulación de los actos administrativos, Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley, 1988, p. 87 y Luis Enrique
Berrocal Guerrero, op. cit., pp. 551-552.
35 Corte Constitucional, sentencia C-769 de 1999.
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todas las conductas constitutivas de falta36. Como consecuencia de ello, se ha avalado,
desde un punto de vista constitucional37, la inclusión de conceptos jurídicos
indeterminados y la formulación de los tipos abiertos y en blanco que están redactados
con una amplitud tal que hace necesario remitirse a otras normas en las que se
encuentren consagrados los deberes, las funciones o las prohibiciones que se
imponen en el ejercicio del cargo, y que exigen un proceso de hermenéutica
sistemática y lógica que demuestre, en forma congruente, cómo la conducta
investigada se subsume en la descrita por la ley.
Conviene destacar que esta tipicidad flexible es admisible en la consagración de
infracciones disciplinarias, siempre que las remisiones a otras normas o a otros
criterios, posibilite determinar con claridad y concreción los comportamientos
censurables, pues permitir que el operador disciplinario sea quien defina
discrecionalmente la conducta sancionable, sin referentes normativos precisos,
implicaría desconocer el principio de legalidad38.
1.3. Elementos necesarios para la configuración de la falta disciplinaria
gravísima consagrada en el numeral 31 del artículo 48 del CDU, por
participar en la actividad contractual con desconocimiento de los principios
constitucionales y legales de la contratación estatal y la función
administrativa
El numeral 31 del artículo 48 del CDU contempla, como falta gravísima disciplinaria, la
conducta de «[p]articipar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en
detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la
contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la
ley». (Negrita fuera de texto).
Al respecto, cabe decir que de la redacción de esta disposición se puede extraer que
el sujeto activo de la falta puede ser cualquier servidor público, en la medida en que el
precepto no prevé ningún tipo de restricción en su aplicación solo para aquellos que
tengan funciones evidentemente asociadas con la actividad contractual, como pueden
ser el jefe o representante legal de la entidad estatal, los servidores delegatarios de
funciones relacionadas con la contratación, los que hacen parte de los Comités de
Evaluación de Ofertas o los supervisores de los contratos. En ese sentido, lo relevante
será que se demuestre que existe una relación entre las funciones del servidor con el
36 Al respecto la Corte Constitucional en la sentencia C-404 de 2001 indicó que «la naturaleza de las
conductas reprimidas, los bienes jurídicos involucrados, la teleología de las facultades sancionatorias,
los sujetos disciplinables y los efectos jurídicos que se producen frente a la comunidad, hacen que la
tipicidad en materia disciplinaria admita -en principio- cierta flexibilidad»36, posición reiterada en las
sentencias C-818 de 2005 y C-030 de 2012.
37 Frente a este punto se pueden ver varias sentencias de la Corte Constitucional, entre ellas, la C-393
de 2006.
38 Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-530 de 2003, C-406 de 2004 y C-030 de 2012.
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ejercicio de las actividades contractuales de la entidad para la que presta sus
servicios39.
Por otro lado, la parte resaltada del precepto fue declarada condicionalmente exequible
por la Corte Constitucional en la sentencia C-818 de 2005, bajo la consideración de
que, para convalidar la imputación de un principio de los antes mencionados como
descriptor de un comportamiento constitutivo de falta gravísima, se requiere:
«(i) Acreditar que la infracción disciplinaria de uno de tales principios tiene un
carácter concreto y específico a partir de su complementación con una regla que le
permita determinar de manera específica su contenido normativo, describiendo con
claridad cuál es el deber, mandato o prohibición que fue desconocido por el servidor
público o por los particulares en los casos previstos en la ley. Para ello, es indispensable
demostrar que a pesar de tener la conducta reprochable su origen en un principio, (a) la
misma se desarrolla conforme a una norma constitucional de aplicación directa,
como sucede, por ejemplo, en las hipótesis previstas en los artículos 126 y 268 del Texto
Superior, el primero, que para garantizar el principio de moralidad pública prohíbe el
nepotismo, y el segundo, que para lograr el mismo fin prohíbe a los Congresistas dar
recomendaciones a fin de proveer empleos en la Contraloría General de la República; (b)
o que a pesar de su generalidad, éste se puede concretar acudiendo a una
disposición de rango legal que lo desarrolle de manera específica, como sucedería, a
manera de ejemplo, con algunas de las reglas previstas en los artículos 23 a 26 de la
Ley 80 de 1993.
(ii) Cuando se formule la acusación disciplinaria debe señalarse tanto la conducta
imputable como la norma que la describe, según lo ordena el artículo 163 del Código
Disciplinario Único. Así las cosas, no es suficiente la simple manifestación de haber
vulnerado un principio, sino que resulta exigible su descripción y determinación
conforme a la disposición de rango legal o al precepto constitucional de aplicación
directa que le sirve de complemento […]» (Negrita fuera de texto).
La Corte llegó a esta conclusión en aras de proteger los principios de legalidad,
tipicidad y reserva de la ley, frente a lo que manifestó que, en virtud del primer mandato
de optimización señalado, la ley debe, entre otras cosas y de forma previa, establecer
el comportamiento sancionable y la sanción. Ello porque es un derecho del disciplinado
conocer anticipadamente cuáles son las conductas prohibidas y la punición que se
deriva de incurrir en ellas.
En cuanto al segundo, precisó que es indispensable que la norma disciplinaria
establezca de forma clara, expresa e inequívoca las conductas que pueden ser
sancionadas, por lo que la descripción que tipifica el legislador con su correspondiente
sanción no debe dar campo a especulaciones y, por tanto, tiene que ser de tal
claridad que permita al servidor público saber exactamente la conducta
disciplinable. En ese orden, en la sentencia en comento se indicó que, los principios,
por sí solos, «[…] tiene[n] una vocación normativa de carácter general, contraria a la
concreción y especificidad que se requiere para la descripción de una falta disciplinaria […]»40,
39 Cfr. Mauricio Rodríguez Tamayo, Derecho disciplinario de la contratación estatal, Bogotá, Legis, 2020,
pp. 123-124.
40 Corte Constitucional, sentencia C-818 de 2005.
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y una acusación basada únicamente en ellos implicaría una amplia discrecionalidad
para la autoridad en la determinación de la tipificación del proceder sancionable.
Finalmente, en cuanto al principio de reserva legal, la Corte expresó que es obligación
del Estado, cuando se trata de conductas punitivas, someter el tratamiento de estas a
la ley, tal como lo advierte el artículo 29 de la Constitución Política, cuando instituye
que nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa. Por esa razón, sostuvo que no es posible que normas con rango inferior a la
ley tipifiquen conductas disciplinarias41.
En síntesis, de acuerdo con la sentencia C-818 de 2005, solo procede invocar el
quebrantamiento de un principio que regula la contratación estatal o la función
administrativa como único elemento descriptor de una conducta disciplinaria cuando
esta se desarrolla conforme a una norma constitucional o legal de aplicación directa
con estructura de regla, en la cual se puede determinar con claridad cuál es el deber,
mandato o prohibición que fue desconocido por el servidor público42.
1.4. Caso concreto
Esta Sala de decisión estima que, si bien no le asiste razón al apoderado del
demandante al descartar la tipicidad de la conducta que le fue reprochada a su
poderdante, únicamente por el hecho de que no era el supervisor de los contratos cuya
ejecución fue cuestionada, este debe ser exonerado de responsabilidad a partir de la
anulación de los actos acusados, toda vez que en la imputación de la falta disciplinaria
gravísima del numeral 31 del artículo 48 del CDU, por la que fue sancionado el señor
Edgar Ernesto Torres Caicedo, la Procuraduría General de la Nación no cumplió con
los parámetros de constitucionalidad definidos en la sentencia C-818 de 2005 antes
41 La Corte completó su análisis manifestando que: «[…] De admitirse que una norma distinta a la ley
permita la complementación de los principios para la definición de las faltas disciplinarias, llegaríamos
al absurdo que además de la generalidad del principio, y de la ausencia de ley, las conductas
sancionables terminen siendo descritas por reglamentos o normas de menor entidad. Así las
cosas, esta Corporación concluye que solamente en aquellos casos en que sea posible la concreción
de un principio a través de disposiciones de rango legal o de preceptos constitucionales de aplicación
directa, se satisface los principios constitucionales que rigen en el derecho punitivo del Estado, y
especialmente, en el derecho disciplinario […]»: Corte Constitucional, sentencia C-818 de 2005. (Negrita
fuera de texto).
42 El anterior parámetro jurisprudencial, que tiene efectos erga omnes por virtud de lo consagrado en el
numeral 1.° del artículo 48 de la Ley Estatutaria 270 de 1996 de Administración de Justicia, ha sido
reiterado por esta Subsección en múltiples oportunidades: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de octubre de 2018, rad.
11001032500020130023400 (0530-13); sentencia del 4 de julio de 2019, rad.
11001032500020170032700 (1564-17); sentencia del 23 de julio de 2020, rad.
11001032500020170007300(0301-17), entre otras. E igualmente, fue acogido por la doctrina
especializada en la materia que ha señalado, a manera de ejemplo, que «resulta desacertado imputar
responsabilidad disciplinaria a un alcalde simplemente por el desconocimiento del principio de
economía, por no responder una solicitud de restablecimiento económico elevada en el curso de la
ejecución del contrato, sin indicar la regla que no se atendió por dicho servidor público. Si la
investigación disciplinaria se sustenta únicamente en la vulneración del precitado principio, no habrá
otro camino que absolver al funcionario, pues no se estructuró correctamente la falta disciplinaria en
ese caso particular -garantía de tipicidad-»: Mauricio Rodríguez Tamayo, op. cit., p. 8.
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abordada, pues el desconocimiento de los principios de eficacia y responsabilidad
invocado por el ente de control no fue concretado en reglas constitucionales o legales,
entendidas estas últimas como normas de estructura condicional hipotética cuya
premisa mayor es del tipo «Si A, entonces debe ser B»43, que permitan subsumir la
conducta del disciplinado de haber permitido, sin contar con autorización para ello, que
personal del consorcio contratista del proceso de actualización catastral del año 2006
tuviera acceso al software y a la documentación de la UAECD para subsanar
inconsistencias en dicha materia.
En efecto, en lo que tiene que ver con el principio de eficacia, el ente de control se
limitó a señalar normas que enuncian de manera general dicho mandato de
optimización de la función administrativa a saber:
• Artículo 209 de la Carta Política
Que consagra que «[l]a función administrativa está al servicio de los intereses generales y
se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones. […]». (Negrita fuera de texto).
Para la Sala, esta disposición constitucional, en lo que aquí interesa, se limita a
enunciar el principio de eficacia entre los que debe observar quien ejerza la función
administrativa y no ofrece ningún tipo de regla concreta que permita subsumir la
conducta del señor Torres Caicedo.
• Artículo 3.° del CCA
Que prevé que «[l]as actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios
de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción […] En virtud del
principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad,
removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias. Las
nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán sanearse en cualquier tiempo de
oficio o a petición del interesado. […]». (Negrita fuera de texto).
En lo relativo a este artículo, la Subsección considera que lo indicado por el legislador
sobre lo que debe tenerse en cuenta frente al principio de eficacia, solo ofrece unos
lineamientos generales que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida
posible, que es lo que caracteriza a las normas con estructura de principio 44. En ese
sentido, el mandato de optimización referido a que, para lograr los fines estatales, en
las actuaciones administrativas debe prevalecer lo sustancial sobre lo accidental,
43 Cfr. Carlos Bernal Pulido, El derecho de los derechos, Bogotá, Universidad Externado de Colombia,
2005, pp. 95-96.
44 Cfr. Robert Alexy, Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la teoría de los principios, Bogotá,
Universidad Externado de Colombia, 2002, p. 95, citado en: Carlos Bernal Pulido, El derecho de los
derechos, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2005, p. 96.
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accesorio o formal, no fue concretado en una regla, y puede ser aplicado en una
cantidad indeterminada de variados supuestos de hecho que, por lo demás, no resulta
claro que el imputado al actor sea uno de ellos.
• Artículo 3.° de la Ley 489 de 1998
La última disposición citada como fundamento del desconocimiento del principio de
eficacia, preceptúa que «[l]a función administrativa se desarrollará conforme a los principios
constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad,
economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y
transparencia. Los principios anteriores se aplicarán, igualmente, en la prestación de servicios
públicos, en cuanto fueren compatibles con su naturaleza y régimen. […]». (Negrita fuera de
texto).
Al igual que el artículo 209 de la Constitución, este precepto legal se limita a enunciar
el principio de eficacia como uno de los que debe atender la función administrativa.
Por lo tanto, tampoco existe en esta disposición una norma con estructura de regla en
la que se pueda subsumir el supuesto de hecho de la conducta imputada al
demandante.
De esa manera, en lo concerniente a la eficacia de la función administrativa, la
autoridad disciplinaria se limitó a invocar normas con estructura de principio y no las
concretó en reglas de rango constitucional o legal. Así, conforme con lo indicado por
la Corte en la sentencia C-818 de 2005, la acusación que le hizo la Procuraduría al
señor Torres Caicedo violó la garantía de la tipicidad, ya que no ofreció la suficiente
claridad que se requiere para conocer con exactitud la conducta punitiva previamente
definida por el legislador, facilitando con esta indeterminación la adopción de
decisiones subjetivas y arbitrarias.
Ahora bien, en lo concerniente al desconocimiento del principio de
responsabilidad en la contratación estatal, las disposiciones invocadas fueron las
siguientes:
• Numeral 1.° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993
Que prevé que, en virtud del principio de responsabilidad, «[l]os servidores públicos están
obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta
ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los
terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato».
La Sala estima que este precepto contiene una norma amplia, con estructura de
principio, dado que puede encajar en una cantidad indeterminada de diferentes
supuestos de hecho, incluso contradictorios entre sí, como pueden ser aquellos en los
que entren en colisión los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que
puedan verse afectados con la ejecución del contrato, eventos en los que el operador
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jurídico debe acudir a reglas constitucionales o legales con supuestos de hecho claros
para solucionar dicha contradicción y darle efectividad al principio, o construir, a través
de la ponderación, una solución al caso concreto a partir de sus circunstancias fácticas
y jurídicas. No obstante, se reitera que para la configuración de la falta gravísima por
la que fue sancionado el demandante se requiere que la regla tenga origen
constitucional o legal.
Así, aquí se considera que la invocación de esta disposición no cumple con los
parámetros de constitucionalidad condicionada del numeral 31 del artículo 48 del CDU.
• Numeral 2.° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993
Señala que, con ocasión del principio de responsabilidad, «[l]os servidores públicos
responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños
que se causen por razón de ellas».
Esta disposición, que reproduce el principio constitucional de responsabilidad
patrimonial del Estado y de sus agentes por los daños antijurídicos que sean
imputables a sus acciones u omisiones45, puede ser aplicada a variados supuestos de
hecho y no permite identificar, a través de una regla, cuál es la conducta antijurídica
digna de reproche. Por esto, la invocación del numeral en análisis tampoco ofrece la
certeza requerida para la configuración de la falta gravísima imputada al actor.
• Numeral 4.° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993
Preceptúa que, en aplicación del principio de responsabilidad, «[l]as actuaciones de los
servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y
por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia».
Sobre este numeral, se resalta que en el cargo formulado al señor Torres Caicedo la
Procuraduría sostuvo que el haber permitido el acceso irregular del personal del
Consorcio Actualización 2006 al software y a la documentación de la UAECD para
subsanar inconsistencias del proceso de actualización catastral de ese año, constituyó
una violación de las reglas sobre administración de bienes ajenos que debían presidir
su conducta. No obstante, la autoridad disciplinaria no precisó en qué consistían tales
reglas y de qué manera la actuación del demandante se podía subsumir en ellas.
45 CP, art. 90: «El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya
sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir
contra éste». Sobre el carácter de principio de este precepto, ver: Corte Constitucional, sentencia C-892
de 2001.
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En todo caso, tal y como lo ha señalado la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta
Corporación46, se interpreta que la disposición en comento se refiere a las reglas
consagradas en los artículos 6347, 160448 y 215549 del Código Civil, que establecen la
responsabilidad hasta de la culpa leve del mandatario en el cumplimiento de su
encargo y lo que se entiende por esta. En ese orden de ideas, en el marco del principio
de la contratación estatal en estudio, la Sala estima que la mención de las reglas sobre
administración de bienes ajenos implica que el servidor público debe responder incluso
por los descuidos leves o ligeros.
A pesar de las consideraciones precedentes, aquí se valora que en la mención del
numeral 4 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, no es posible identificar una regla clara
en la que se pueda subsumir la conducta que le fue cuestionada al actor, razón por la
cual frente a esta disposición tampoco se cumplen los parámetros de la sentencia C-
818 de 2005 de la Corte Constitucional.
Sobre esto último, se recuerda que, en esa providencia, la Corte expone a manera de
ejemplo que los principios de la contratación estatal se pueden concretar acudiendo
algunas de las reglas previstas en los artículos 23 a 26 de la Ley 80 de 1993. Se
destaca que la mención es a algunas de las reglas, como puede ser la del numeral 4.°
del artículo 24 ibidem, que establece de manera concreta que «[l]as autoridades
expedirán a costa de aquellas personas que demuestren interés legítimo, copias de las
46 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 29 de julio de 1996, rad. 846.
47 CC, art. 63: «Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.
Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con
aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios
propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.
Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres
emplean ordinariamente en sus negocios propios.
Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone
a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre
de familia, es responsable de esta especie de culpa.
Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en
la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o
cuidado.
El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro».
48 CC, art. 1604: «Responsabilidad del deudor. El deudor no es responsable sino de la culpa lata en los
contratos que por su naturaleza solo son útiles al acreedor; es responsable de la leve en los contratos
que se hacen para beneficio recíproco de las partes; y de la levísima en los contratos en que el deudor
es el único que reporta beneficio.
El deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido en mora (siendo el caso
fortuito de aquellos que no hubieran dañado a la cosa debida, si hubiese sido entregado al acreedor), o
que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa.
La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al
que lo alega.
Todo lo cual, sin embargo, se entiende sin perjuicio de las disposiciones especiales de las leyes, y de
las estipulaciones expresas de las partes».
49 CC, art. 2155: «Responsabilidad del mandatario. El mandatario responde hasta de la culpa leve en el
cumplimiento de su encargo.
Esta responsabilidad recae más estrictamente sobre el mandatario remunerado.
Por el contrario, si el mandatario ha manifestado repugnancia al encargo, y se ha visto en cierto modo
forzado a aceptarlo, cediendo a las instancias del mandante, será menos estricta la responsabilidad que
sobre él recaiga».
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actuaciones y propuestas recibidas, respetando la reserva de que gocen legalmente las
patentes, procedimientos y privilegios», porque, como lo ha señalado esta Subsección50,
hay otros literales y numerales de esos artículos que corresponden a normas con
estructura de principio, como los que invocó la Procuraduría para sustentar la
imputación disciplinaria al señor Edgar Ernesto Torres Caicedo.
• Artículo 3.° de la Ley 80 de 1993
Finalmente, este artículo, que se refiere a los fines de la contratación estatal, consagra
que «[l]os servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la
ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la
continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines» y
que «[l]os particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las
entidades estatales que […] colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función
social que, como tal, implica obligaciones».
La Sala estima que esta disposición contiene una norma con estructura de principio,
pues se entiende que ordena cumplir en la mayor medida posible los fines estatales
en la celebración y ejecución de los contratos estatales, sin que exista en ella una regla
clara con un supuesto de hecho en el que se pueda subsumir la conducta por la que
fue sancionado el demandante.
De acuerdo con todo lo dicho, la Sala valora que ninguna de las disposiciones
señaladas por la Procuraduría en el pliego de cargos y en los actos sancionatorios
emitidos en contra del señor Torres Caicedo, ofrece la concreción o determinación
propia de las normas con estructura de regla que, de acuerdo con los parámetros de
exequibilidad condicionada del numeral 31 del artículo 48 del CDU, debe contener la
imputación de esa falta disciplinaria gravísima. Por lo tanto, se configuró una violación
trascendental de su derecho fundamental al debido proceso en su vertiente
relacionada con el derecho de defensa y la garantía de tipicidad y, en esa medida, se
deberá acceder a las pretensiones de la demanda.
En conclusión: Los actos acusados sí deben ser anulados por la violación del derecho
de audiencia y defensa del señor Edgar Ernesto Torres Caicedo, por cuanto la
adecuación típica de la falta gravísima que le fue imputada no cumplió con los
parámetros de concreción exigidos en la sentencia C-818 de 2005 de la Corte
Constitucional, en la que se declaró la exequibilidad condicionada del numeral 31 del
artículo 48 del CDU que la contiene, al ser expresada únicamente en normas con
estructura de principio.
50Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 25 de enero de 2018, rad. 11001032500020120035700(1358-12).
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Por lo demás, se considera que en este caso no resulta necesario el estudio de los
demás problemas jurídicos planteados en esta providencia, toda vez que las demás
categorías dogmáticas que siguen al análisis de la tipicidad pierden su base por la
declaración de ilegalidad de esta.
VII. DECISIÓN DE ÚNICA INSTANCIA
Al encontrarse probada la causal de nulidad por violación del derecho de audiencia y
defensa, la Subsección accederá a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho presentada por Edgar Ernesto Torres Caicedo en contra
de la Nación, a través de la Procuraduría General de la Nación y la UAECD.
Pretensiones del restablecimiento del derecho
En la demanda se formularon las siguientes pretensiones de restablecimiento del
derecho: (i) que se ordene la eliminación de los antecedentes disciplinarios generados
en la hoja de vida del actor y en sistema SIRI de la Procuraduría. (ii) Que se disponga
el reconocimiento y pago de los salarios y demás emolumentos que dejó de percibir el
demandante en los cuatro meses que duró suspendido de su cargo. (iii) Que la anterior
suma sea indexada y que se paguen los intereses moratorios conforme lo prevén los
artículos 176, 177 y 178 del CCA. (iv) Y que se declare que no hubo solución de
continuidad respecto del vínculo laboral del señor Edgar Ernesto Torres Caicedo con
la UAECD.
La Sala decidirá sobre dichas pretensiones así:
• Eliminación de antecedentes disciplinarios
Con ocasión de la declaratoria de nulidad del acto demandado, se ordenará a la
Procuraduría General la Nación que elimine cualquier antecedente disciplinario que
pueda existir en sus bases de datos, de la sanción impuesta al señor Edgar Ernesto
Torres Caicedo. No obstante, se aclara que, de acuerdo con el certificado ordinario de
antecedentes 193175723 de fecha 28 de marzo de 2022 de la Procuraduría, el señor
Torres Caicedo no registra sanciones ni inhabilidades vigentes, lo cual se explica en
lo dispuesto en el artículo 174 del CDU, que prevé que «[l]a certificación de antecedentes
deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o
inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. […]». Se recuerda en este
sentido, que la sanción de suspensión impuesta al demandante quedó ejecutoriada el
12 de octubre de 201151.
51 Ver folio 219 del cuaderno físico principal de este proceso, en el que se indica esta fecha en el acto
de ejecución de la sanción.
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Del mismo modo, se ordenará a la UAECD que elimine los antecedentes disciplinarios
generados en la hoja de vida del actor, en virtud de los actos administrativos que aquí
se anulan.
• Reconocimiento y pago de salarios, prestaciones sociales, emolumentos con
indexación
El periodo que la Procuraduría debe pagarle al demandante por este concepto está
comprendido por los cuatro meses siguientes a la fecha en la que se hizo efectiva la
sanción disciplinaria (30 de enero de 2012)52.
En este sentido, se advierte que en este caso no hay lugar a aplicar ninguna clase de
descuento de los salarios y prestaciones sociales que por la persona hubiese recibido
durante el tiempo en el que estuvo separada del servicio, por cuanto los supuestos de
hecho abordados en las sentencias de unificación de tutela de la Corte Constitucional,
SU-288 de 2015 y SU-354 de 2017, que tratan este tema, se refieren es a las
demandas presentadas por miembros de la Fuerza Pública y de empleados de carrera
administrativa nombrados en propiedad que fueron retirados ilegalmente del
servicio. En ese sentido, la suspensión del cargo como sanción disciplinaria no es una
causal de retiro del servicio53.
De acuerdo con lo anterior, se ordenará a la Nación, Procuraduría General de la
Nación, que, a título de restablecimiento del derecho, proceda a pagar lo equivalente
a los salarios y prestaciones sociales y demás emolumentos legales dejados de
percibir por el señor Edgar Ernesto Torres Caicedo durante los cuatro meses de
suspensión de su cargo.
Las sumas de la condena deberán indexarse conforme a la siguiente fórmula:
52 Ibidem.
53 D 1083/2015, art. 2.2.11.1.1: «Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio implica la cesación
en el ejercicio de funciones públicas y se produce por:
1. Declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y remoción.
2. Declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no satisfactorio
en la evaluación del desempeño laboral de un empleado de carrera administrativa.
3. Renuncia regularmente aceptada.
4. Retiro por haber obtenido la pensión de jubilación o vejez.
5. Invalidez absoluta.
6. Edad de retiro forzoso.
7. Destitución, como consecuencia de proceso disciplinario.
8. Declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo.
9. Revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para el desempeño del empleo, de
conformidad con el artículo 5º de la Ley 190 de 1995, y las normas que lo adicionen o modifiquen.
10. Orden o decisión judicial.
11. Supresión del empleo.
12. Muerte.
13. Las demás que determinen la Constitución Política y las leyes».
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En el que el valor presente (R) resulta de multiplicar el
valor histórico (Rh), que corresponde a la suma
R= Rh x Índice final adeudada, por el guarismo que resulte de dividir el
Índice inicial índice final de precios al consumidor, vigente a la fecha
de ejecutoria de esta sentencia certificado por el DANE,
por el índice inicial vigente a la fecha en que debió
realizarse el pago correspondiente.
• Respecto de los intereses de mora
En lo relativo a este tema, debe tenerse en cuenta que, tal y como lo ha señalado esta
Subsección54, la indexación es incompatible con la condena al pago de intereses de
mora y, por lo tanto, no se emitirá una condena en este sentido. No obstante, se aclara
que según el quinto inciso del artículo 177 del CCA55, invocado por la parte
demandante, y por las consideraciones de la Corte Constitucional en la sentencia C-
188 de 1999, «los intereses moratorios se causan a partir de la ejecutoria de la respectiva
sentencia, sin perjuicio de la aplicación del término de dieciocho (18) meses que el precepto
contempla para que la correspondiente condena sea ejecutable ante la justicia ordinaria».
• Inexistencia de solución de continuidad respecto del vínculo laboral
Por último, en virtud de la anulación de los actos administrativos a través de los cuales
se le impuso la sanción disciplinaria de suspensión del cargo por cuatro meses al
demandante, se declarará que no hubo solución de continuidad respecto del vínculo
laboral del señor Edgar Ernesto Torres Caicedo con la UAECD.
54 «[L]a indexación se aplica a los casos en los que la tardanza en el pago de una deuda conlleva una
razón de ser, como puede ser un proceso sistemático con la superación de etapas, la fijación de un
término específico para el cumplimiento de la obligación o la materialización de una condición que se
configura por el paso del tiempo. Por el contrario, los intereses moratorios por su naturaleza
sancionatoria, deben estar estipulados previamente en la norma que regule el asunto y tienen que
obedecer a una causa injustificada en la dilación del abono, que se relacione con la demostración por
parte de quien los solicita, de la mala fe o la intención del deudor de no cumplir a pesar de estar
expresamente conminado a ello. Lo expuesto significa que pese a ser cierto el hecho de que ambas
figuras ostentan una naturaleza diferente, esto es, una de carácter compensatorio y la otra de tipo
sancionatorio, debe tenerse en cuenta que las dos instan por un mismo fin que es restablecer los efectos
adversos del cumplimiento tardío de una obligación en cantidad líquida, razón por la cual no es
procedente asentir en su compatibilidad o en la posibilidad de liquidar una y luego otra, así se solicite
descontar lo ya cancelado por alguno de estos conceptos, pues tanto los aspectos divergentes como el
semejante impiden su coexistencia»: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 16 de septiembre de 2012, rad.
170012333000201800218-01(6254-19), entre otras.
55 CCA, art. 177, inc. 5: «[…] Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán
intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria y moratorios después de
este término. (Texto tachado declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-
188 de 1999) […]».
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Sobre la condena en costas
No hay lugar a condenar en costas porque no se demostró temeridad o mala fe de las
partes, tal y como lo regulaba el artículo 171 del CCA56 vigente para este proceso, que
consagraba un criterio subjetivo para efectos de la imposición de costas.
Reconocimiento de personería
En el folio 447 del cuaderno físico principal de este proceso se encuentra un memorial
en el que la abogada de la UAECD, Nydia Esperanza Vega López, le sustituye el poder
al profesional del derecho Fernando Suárez Arias, identificado con la cédula de
ciudadanía 80.734.561 y con la tarjeta profesional 186.736. De conformidad con lo
anterior, la Sala le reconocerá personería a este último, ya que después de
consultados sus antecedentes disciplinarios en el registro del Consejo Superior de la
Judicatura, se encuentra habilitado para actuar57.
Igualmente, se le reconoce personería y se acepta la renuncia al poder otorgado por
la Procuraduría General de la Nación a la abogada Candelaria Alcira Acuña Oyola,
identificada con la cédula de ciudadanía 43.562.414, portadora de la tarjeta profesional
104.334, dado que, para lo primero, la abogada no tenía ningún tipo de inhabilidad
para actuar en este proceso58, y frente a lo segundo, cumplió con el deber de informar
a su poderdante de la renuncia al poder, conforme se puede observar en el folio 471
del cuaderno físico principal.
Aceptación de impedimento
El consejero Rafael Francisco Suárez Vargas manifestó su impedimento respecto del
asunto sub examine, al considerar que estaba incurso en la causal contenida en el
numeral 9 del artículo 141 del Código General del Proceso 59, toda vez que tiene una
amistad íntima con el entonces procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez
Maldonado, quien profirió el acto sancionatorio de segunda instancia que aquí fue
estudiado60.
En consecuencia, se acepta el impedimento presentado por el consejero Rafael
Francisco Suárez Vargas al considerarlo fundado.
56 CCA, art. 171: «Condena en costas. En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas,
el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida
en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil».
57 Según certificado n.° 315582 del 28 de marzo de 2022, emitido por el secretario judicial de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial.
58 Según certificado n.° 315606 del 28 de marzo de 2022, emitido por el secretario judicial de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial. Ver folio 460 con el poder otorgado.
59 CGP, art. 141, num. 9. «Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes: […] 9.
Existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o
apoderado [...]».
60 Ver índice 83 del expediente digital de este proceso.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Se declara la nulidad del acto sancionatorio del 18 de diciembre de 2009,
expedido por la viceprocuradora general de la Nación, y del acto sancionatorio de
segunda instancia del 20 de septiembre de 2011, en lo que tiene que ver con la sanción
que el procurador general de la Nación le impuso definitivamente al demandante,
consistente en la sanción de suspensión del cargo por cuatro meses.
Segundo: Se ordena a la Procuraduría General de la Nación que pague la suma
indexada de los salarios, prestaciones sociales y emolumentos dejados de percibir por el
señor Edgar Ernesto torres Caicedo desde el 30 de enero de 2012 y por los cuatro meses
en los que estuvo suspendido de su cargo.
Tercero: Se ordena oficiar a la División de Registro y Control de Procuraduría General
de la Nación para que elimine cualquier anotación o antecedente disciplinario del señor
Edgar Ernesto Torres Caicedo, relativo a los actos sancionatorios anulados.
Cuarto: Se declara no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva propuesta por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital de Bogotá.
Quinto: Se ordena a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital de Bogotá,
que elimine cualquier antecedente disciplinario que conste en la hoja de vida del señor
Edgar Ernesto Torres Caicedo con ocasión de la sanción que aquí se anula y que
señale que no existió solución de continuidad en la vinculación del demandante con
dicha entidad durante el periodo en el que fue suspendido de su cargo.
Sexto: Sin condena en costas en esta instancia.
Séptimo: Se reconoce personería para actuar al abogado Fernando Suárez Arias en
representación de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital de Bogotá y a
la abogada Candelaria Alcira Acuña Oyola en nombre de la Procuraduría General de la
Nación. Sobre esta última, también se acepta la renuncia presentada al poder que le fue
otorgado.
Octavo: Declarar fundado el impedimento presentado por el consejero Rafael
Francisco Suárez Vargas, por lo señalado en la parte motiva.
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Demandante: Edgar Ernesto Torres Caicedo
Noveno: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente disciplinario a la
Procuraduría General de la Nación y háganse las anotaciones pertinentes en el
sistema Samai.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
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