Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2012-00156-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2012-00156-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2012-00156-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
8 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 11001 03 25 000 2012 00156 00 (0673-2012)
Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
Demandado: Nación (Procuraduría General de la Nación)
Temas: Disciplinario (Destitución)
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Se decide la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho presentó Juan Alberto Ramos Coronell contra la Procuraduría General
de la Nación.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en
el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, el señor Juan Alberto Ramos
Coronell, por conducto de apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, en orden a que se declare la nulidad de los actos
administrativos expedidos el 25 de abril y el 26 de julio de 2005, por la Procuraduría
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 25 000 2012 00156 00 (0673-2012)
Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
Provincial de Barranquilla y la Regional del Atlántico, respectivamente, mediante los
cuales se le declaró disciplinariamente responsable por los cargos formulados y se
le impusieron las sanciones de destitución e inhabilidad general para desempeñar
cargos públicos, por el término de diez años; y se confirmó tal decisión,
respectivamente.
Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó (i) conceder la indemnización de los perjuicios materiales actuales
y futuros generados con ocasión de la expedición de los actos acusados, en el
equivalente a trescientos cincuenta millones de pesos o lo que resulte demostrado
en el proceso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 308 del Código de
Procedimiento Civil; y la suma de quinientos salarios mínimos legales mensuales,
por concepto de los perjuicios morales causados; (ii) actualizar el monto a
reconocer; y (iii) disponer el cumplimiento de la sentencia dentro de los términos
señalados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, los apoderados1 del demandante señalaron los
siguientes:2
(i) Una ciudadana formuló denuncia ante la Procuraduría Provincial de Barranquilla,
por las presuntas irregularidades ocurridas en la entrega en concesión, por el
término de 20 veinte años, del cobro y recaudo de dineros por concepto de
impuestos municipales, que dio origen al inicio de la investigación disciplinaria con
radicado 140-3963- 2003, por presuntos hechos relacionados con la ilegalidad en la
expedición y aprobación del Acuerdo 019 de 2002, y por la celebración de los
contratos autorizados mediante dicho acuerdo.
1 En este caso, se refiere a los apoderados, teniendo en cuenta que uno fue quien interpuso la
demanda e invocó hechos y cargos en contra de las decisiones censuradas y otra fue quien aclaró
el libelo y complementó lo pertinente, de modo que tanto la relación de hechos a que se contrae este
acápite, como la de los cargos formulados, que se expondrán más adelante, compilan lo planteado
por los profesionales que han ejercido, en el curso del proceso, la representación del accionante.
2 Se sintetizan tanto los relacionados en la demanda, como en la aclaración de esta.
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Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
(ii) Producto de tal denuncia, se iniciaron 2 investigaciones, en una de ellas, se
abstuvo de abrir investigación hasta que la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo decidiera acerca de la legalidad y validez del acuerdo municipal en
cuestión. Tal decisión se adoptó, por parte de la Procuraduría Provincial de
Barranquilla, en el radicado 140-3969-2003, mediante providencia del 31 de mayo
de 2005; la otra, se dirigió en contra del exalcalde —demandante de este proceso—
bajo el radicado 140-3963-2003, en la que se le formuló pliego de cargos mediante
auto del 15 de marzo de 2004. Las conductas imputadas fueron las siguientes: a.
remitir a la Cámara de Comercio de Barranquilla el oficio del 10 de enero de 2003,
comunicando sobre la apertura y cierre de la licitación, lo que impidió a las personas
interesadas presentar las propuestas; b. no publicar, en un lugar visible, el aviso en
que indicara la entidad en la cual se podía consultar, en forma gratuita, el pliego de
condiciones o términos de referencia; c. celebración de contrato sin autorización
legal, porque se comprometieron recaudos del municipio por el término de 20 años,
en violación del artículo 76 de la Ley 617 de 2002; d. celebración del contrato del
31 de marzo de 2003, con la firma Vista Ltda., con inclusión de una cláusula lesiva
para los intereses del municipio, con lo cual se habrían desatendido los artículos 3
y 26, numerales 1 y 3, y 29 de la Ley 80 de 1993.
(iii) El demandante, mediante apoderado, dio las explicaciones y argumentos
pertinentes frente al pliego de cargos, mediante escrito presentado el 7 de junio de
2004. Allí, señaló que era un despropósito abordar el desconocimiento del artículo
76 de la Ley 617 de 2000, para lo cual se apoyó en la sentencia dictada por el
Consejo de Estado el 22 de febrero de 2001, magistrado ponente: Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo, en la cual se explica y da alcance a la aplicación de dicha norma.
(iv) Una vez concluidas las instancias del proceso disciplinario, la Procuraduría
Provincial emitió la decisión del 25 de abril de 2005, que se sustentó en iguales
argumentos que el pliego de cargos, la cual fue notificada al demandante, quien la
impugnó oportunamente. Su reproche consistió en que se incurrió en una vía de
hecho al aplicar la prohibición del artículo 76 de la Ley 617 de 2000, en torno al
procedimiento licitatorio adelantado en cumplimiento del Acuerdo 019 de 2002 del
Concejo de Juan de Acosta, porque dicha norma no es aplicable respecto de dicho
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Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
acuerdo. Además, es cuestionable que esa agencia fiscal se abstuviera de aplicar
el derecho a la igualdad, pues en el caso de los concejales del municipio, por iguales
circunstancias, la entidad de control se abstuvo de dar continuidad a la investigación
hasta que se decidiera sobre la legalidad del acuerdo ya referido.
(v) En la decisión disciplinaria de segunda instancia, el ente de control encontró
algunos hechos que permitían desestimar tres de los cuatro cargos formulados; por
lo tanto, el único que se mantuvo fue el tercero, consistente en haber comprometido
las rentas del municipio por un periodo superior al de su mandato como alcalde, y
en virtud del cual se habría incurrido en transgresión del artículo 76 de la Ley 617
de 2002. Con base en ello, se confirmó la sanción impuesta.
(vi) La injusticia inmersa en las decisiones demandadas ha llevado al demandante
a contratar servicios profesionales de abogados y pagarles altos honorarios para
que asuman su defensa, tanto ante la Procuraduría como ante la justicia ordinaria,
valores que superan la suma de $40.000.000 obtenidos mediante préstamos a
interés otorgados por amigos y familiares, lo cual se puede demostrar con las
declaraciones de Hernán Mauri Santiago y Wilton J. Molina Siado. Además, como
consecuencia de la sanción e inhabilidad, ha dejado de recibir ingresos por más de
$2.500.000 mensuales.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 28 de la Constitución Política; 76 de la Ley
617 de 2000; y 4, 6, 15 y 20 de la Ley 734 de 2002.
Al desarrollar el concepto de violación,3 los apoderados del demandante expusieron
los siguientes argumentos:
(i) Los actos administrativos que se cuestionan incurrieron en una indebida
aplicación de la Ley 617 de 2000, en lo que respecta a su artículo 76, según el cual
3 Tanto lo que se indicó en la demanda como en su aclaración.
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«no se podrá titularizar las rentas de una entidad territorial por un periodo superior
al mandato del gobernador o alcalde».
(ii) Para entender lo anterior, se debe partir de identificar lo que significa
titularización de rentas, según lo definido por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, así: «los procesos de titularización [son] operaciones de financiamiento que
anticipan la realización de activos, inversiones o rentas de tales entidades, y
comprometen su capacidad de endeudamiento en cuanto pueden representar una
disminución de sus ingresos» «la titularización es una operación financiera, mientras
que la fijación de una gestión específica a un recurso de la entidad territorial es una
manifestación de su autonomía, independientemente de las operaciones que en
función de dicha destinación puedan llevarse a cabo respecto al recurso cuya
destinación se ha fijado».
(iii) La decisión sancionatoria se sustentó en el artículo 76 de la Ley 617 de 2000
por haber dado cumplimiento a un acuerdo que lo autorizaba para «realizar
contratos que le generaran fuentes de recursos, para financiar otras obras, como
fue el contrato de gestión tributaria del municipio a 20 años, donde se busca la
modernización, actualización y debido recaudo de los tributos, a títulos de
honorarios al resultado» el cual no compromete las rentas del municipio, pues no
lleva implícito el traslado de bienes de la entidad territorial, anticipos de activos,
títulos o cualquier operación de titularización. El contrato constituye una gestión de
esfuerzo o de exclusividad y la norma que se dice desconocida no modificó la Ley
80 de 1993, que es la que rige en materia de contratación, procesos de licitación y
contratación por concesiones; por lo tanto, las actuaciones autorizadas por el
acuerdo municipal son legales, se ajustan al ordenamiento jurídico y a la ley de
contratación.
(iv) Los actos censurados transgreden el principio de legalidad, el cual debe ser
entendido desde varias perspectivas, la primera de ellas, como límite de la potestad
disciplinaria del Estado y, la segunda, como una garantía ciudadana. En ese
sentido, los operadores de las normas tienen como límite político y jurídico, las
disposiciones emanadas del legislador. Tal principio está inmerso en el inciso
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segundo del artículo 29 constitucional y fue desconocido en el caso que se analiza.
(v) Existe una diferencia entre un contrato de concesión y uno de titularización de
rentas, que se puede corroborar con el concepto emitido el 19 de septiembre de
2002, bajo el radicado 4660-02, de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de
Hacienda. Ante tal circunstancia, el artículo 76 de la Ley 617 de 2000 se tenía que
analizar en todo su contexto, por parte de los operadores disciplinarios, y atendiendo
la jurisprudencia en torno al significado legal y natural de lo que constituye la
titularización de rentas. De haber sido así, se habría llegado a la conclusión de que
no era viable declarar disciplinariamente al demandante, pues no hubo transgresión
de la normativa invocada.
(vi) En efecto, el artículo 76 de la Ley 617 de 2000 solo es aplicable respecto del
periodo con que cuenta un gobernante elegido por voto popular para implementar y
ejecutar un proceso de titularización de rentas, bajo la perspectiva de lo establecido
en materia de operaciones de financiamiento que anticipen la realización de activos,
inversiones y rentas de las entidades territoriales, de acuerdo con las condiciones y
parámetros establecidos por el Ministerio de Hacienda para la estructuración de ese
tipo de proceso, para anticipar ingresos, es decir, recibir recursos sin que estos se
hayan causado, pero que esperan recibirse, hecho que no se estructuró en el
contrato de concesión que se analiza, en el cual se autorizó la cesión de unas
rentas, recursos o tasas como contraprestación por el cumplimiento del objeto
contratado, según lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, vigente para
la época de suscripción del contrato. Ante tal diferencia, no era viable que el
operador disciplinario se valiera de normas inaplicables con el objeto de configurar
una conducta reprochable disciplinariamente.
1.2. Contestación de la demanda y de su aclaración
La Procuraduría General de la Nación, por intermedio de sus apoderadas,4 contestó
4 Las contestaciones de la demanda y de su aclaración fueron presentadas por dos apoderadas
diferentes.
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la demanda5 y su aclaración,6 y se opuso a la prosperidad de sus pretensiones, con
base en los siguientes argumentos:
(i) Las decisiones enjuiciadas están ajustadas a derecho y fueron expedidas en
virtud del poder disciplinario atribuido a ese ente de control; además, al actor se le
respetaron todos los derechos, en calidad de investigado, y ejerció su defensa y
contradicción en cada una de las etapas procesales.
(ii) Del texto de la demanda solo se puede extraer, someramente, la cita acerca de
algunos artículos de la Constitución Política sin que se haya precisado, en forma
clara, la manera en que estos habrían resultado desconocidos, vaguedad que
debería conducir a una sentencia inhibitoria.
(iii) En todo caso, en lo que respecta a la responsabilidad disciplinaria, en materia
contractual, se debe señalar que los principios rectores de la contratación
administrativa fueron desconocidos en cada una de las actuaciones desarrolladas
por el actor y que dieron lugar a la imposición del reproche disciplinario,
especialmente el principio de responsabilidad que impone deberes en cabeza de
todos los funcionarios que intervienen en procesos de contratación y, en particular,
que en la etapa precontractual exige que en los pliegos de condiciones o términos
de referencia «se definan reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan
la confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren la escogencia objetiva
y eviten la declaratoria de desierta de la licitación o concurso».
(iv) En el caso del actor las acusaciones por omisión en las gestiones contractuales
desvirtuaron la naturaleza y objeto de los procesos de valorización y se desconoció
la selección objetiva y la mejor garantía de calidad. Adicionalmente, la declaratoria
de nulidad de los actos administrativos solo procede ante la configuración de las
causales de nulidad establecidas en el artículo 84 del Código Contencioso
Administrativo. Y, en este proceso, no se desvirtuó la presunción de legalidad de la
5 Folio 255.
6 Folios 159 a 166.
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que están investidos los actos administrativos.
(v) El fallador disciplinario de primera instancia encontró probados los cuatro cargos
que le fueron imputados el actor y, en particular, en torno a la licitación pública
cuestionada, se observó que aunque su finalidad se dirigía a contratar, mediante el
sistema de concesión, las funciones de administración, recaudo, registro, control,
investigación, fiscalización y gestión tributaria integral del ente territorial, al final, se
suscribió un contrato de consultoría, pese a que el alcalde no contaba con
facultades para ello. Adicionalmente, se advirtió que hubo maniobras engañosas
para adjudicar el contrato a la sociedad Visca Escaff Ltda.
(vi) En la decisión disciplinaria de segunda instancia, aunque se desvirtuaron los
cargos 1, 2 y 4, que se habían endilgado al actor, se mantuvo el tercero de ellos, lo
que dio lugar a mantener la sanción disciplinaria impuesta, pues es evidente que el
contrato celebrado fue de consultoría y no de concesión; además, en él se
comprometieron recursos de la entidad territorial por más de 20 años, determinación
que contravino las previsiones del artículo 76 de la Ley 617 de 2000. Valga aclarar
que, «al estar dentro del objeto del contrato referido el recaudo de unas rentas e
impuestos del ente territorial estaba inmersa la figura de la titularización de rentas
establecida en la norma mencionada».
1.3. Alegatos de conclusión
Las partes demandante y demandada guardaron silencio durante esta etapa
procesal.7
1.4. Concepto del Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.8
La Sala decide, previas las siguientes
7 Folio 228.
8 Folio 228.
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Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer si se configuraron los vicios planteados en la demanda
respecto de las decisiones disciplinarias objeto de censura. Previo a ello, se deberá
analizar la legalidad de estas teniendo en consideración que recayeron sobre un
servidor público elegido por voto popular, de modo que, para ese efecto, se
verificará si se sujetan a la normativa que rige en materia de restricción de los
derechos políticos y las garantías judiciales, a la luz de lo establecido en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
2.2. Marco normativo
2.2.1. Acerca de las competencias de la Procuraduría General en materia
disciplinaria
El régimen de responsabilidad de los servidores públicos está delimitado por lo
previsto en el artículo 6 de la Constitución Política, según el cual «los particulares
solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes.
Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación
en el ejercicio de sus funciones»9.
El artículo 125, inciso 4, constitucional establece que el retiro del servicio en los
órganos y entidades del Estado se produce por «calificación no satisfactoria en el
desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás
causales previstas en la Constitución o la ley»10.
Por su parte, los artículos 277 y 278, numerales 6 y 1, ibidem, respectivamente,
confieren en el procurador general de la Nación las funciones de «[e]jercer vigilancia
9 Negrilla de la Sala.
10 Negrilla fuera de texto.
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Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas,
inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario;
adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas
sanciones conforme a la ley» y «[d]esvincular del cargo, previa audiencia y
mediante decisión motivada, al funcionario público que incurra en alguna de las
siguientes faltas: infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley; derivar
evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus
funciones; obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que realice la
Procuraduría o una autoridad administrativa o jurisdiccional; obrar con manifiesta
negligencia en la investigación y sanción de las faltas disciplinarias de los
empleados de su dependencia, o en la denuncia de los hechos punibles de que
tenga conocimiento en razón del ejercicio de su cargo».
Entre tanto, para la época en que ocurrieron los hechos que se investigaron y dieron
origen a la sanción disciplinaria impuesta al demandante, regía la Ley 734 de 2002,
en cuyo artículo 3 otorgaba a la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del
poder preferente, la facultad de «iniciar, proseguir o remitir cualquier investigación
o juzgamiento de competencia de los órganos de control disciplinario interno de las
entidades públicas»11 y según el libro I del título I ibidem, el ejercicio del poder
disciplinario se debe regir por los principios de legalidad, debido proceso,
presunción de inocencia, favorabilidad, proporcionalidad, motivación, entre otros;
además, la actuación procesal debe estar sujeta a los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y contradicción,
al tenor de lo dispuesto en el artículo 94 ibidem.
Producto de una investigación de tal naturaleza, el ente de control podía imponer
las sanciones a que alude el artículo 44 de la ley citada, dentro de las cuales están:
i) destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas
con culpa gravísima; ii) la suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial,
para las faltas graves dolosas y gravísimas culposas; iii) la suspensión, para las
11 Tal previsión también estaba contemplada en el artículo 3 de la Ley 200 de 1995.
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Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
faltas graves culposas; v) la multa, para faltas leves dolosas; y v) la amonestación
escrita, para las faltas leves culposas.
En particular, las faltas gravísimas que daban lugar a imponer la sanción de
destitución e inhabilidad general, están expresamente señaladas en el artículo 48
de la ley en comento, entre ellas, las de los numerales 1 y 17, que consisten en
«[r]ealizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito
sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como
consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo» y [a]ctuar u omitir, a
pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de
intereses, de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales», que le fueron
atribuidas al demandante y que dieron lugar a la imposición de la sanción que se
cuestiona en este proceso.
2.2.1. Acerca de los derechos políticos y sus restricciones
El artículo 40 de la Constitución Política establece el derecho de los ciudadanos a
«participar en la conformación, ejercicio y control del poder político» y, para hacer
efectivo este derecho pueden, entre otras cosas, «elegir y ser elegido[s]»; sin
embargo, tal derecho no es ilimitado, toda vez que encuentra restricciones, entre
ellas, las señaladas en los artículos 98, 122, 172, 177 y 171 ibidem relacionados
con la pérdida o suspensión del ejercicio de la ciudadanía, la comisión de delitos, la
nacionalidad y la edad, respectivamente.
Por su parte, en la Ley 734 de 2002, concretamente en su artículo 44, se estableció
como sanción disciplinaria, entre otras, la destitución, que tiene como destinatarios
a aquellos que hubieren cometido las faltas gravísimas de que trata el artículo 48
ibidem, cometidas a título de dolo o culpa gravísima. En ese sentido y como el
artículo 277 constitucional confirió al procurador general de la Nación la función de
ejercer la potestad disciplinaria y, en ese marco, sancionar a los infractores, entre
ellos, a quienes desempeñen funciones públicas, incluso, si fueren elegidos por voto
popular, se infiere que ese marco normativo le daba la competencia para imponer
la aludida sanción a este tipo de servidores.
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Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
No obstante lo anterior, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
aprobada por Colombia a través de la Ley 16 del 30 de diciembre de 1972, en
materia de derechos políticos se estableció lo siguiente:
Artículo 23. Derechos Políticos.
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes libremente elegidos;
b) De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio
universal e igual y por voto que garantice la libre expresión de la voluntad de los
electores, y
c) De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas
de su país.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que
se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad,
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez
competente, en proceso penal. (Se resalta)
2.3. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
2.3.1. Acerca de las decisiones disciplinarias censuradas
(i) El 25 de abril 2005,12 la procuradora provincial de Barranquilla emitió decisión
disciplinaria de primera instancia, en contra del señor Juan Alberto Ramos Coronell,
por conductas disciplinariamente reprochables cometidas durante el periodo en que
se desempeñó como alcalde del municipio de Juan de Acosta.
En particular, el ente de control consideró que el actor incurrió en desconocimiento
del principio de transparencia, en el proceso de licitación pública 002 de 2003
12 Folios 247 a 262.
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Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
dirigido a «contratar mediante el sistema de concesión las funciones de
administración, recaudo, registro, control, investigación, fiscalización y gestión
tributaria integral territorial del municipio y todo lo que ella implique mediante
sistemas tecnológicos». Lo anterior, teniendo en cuenta que no publicó, en un lugar
visible, un aviso en el que se indicara el lugar en donde se podía consultar, en forma
gratuita, el proyecto del pliego de condiciones y términos de referencia, lo que
impidió que se presentaran varias propuestas y que la única que se presentó haya
correspondido a la compañía a la que el alcalde le quería adjudicar el contrato, es
decir, se ocultó el proceso licitatorio a quienes pudieran haberse interesado en él.
Adicionalmente, se constató que aunque la licitación tuvo como objeto la
contratación mediante el sistema de concesión, finalmente, lo que se suscribió fue
uno de consultoría, es decir que se cambió la modalidad del contrato que se había
definido en forma inicial.
Por otra parte, con la cláusula segunda, numeral 5, del aludido contrato de
consultoría, en la cual se ordena «irrevocablemente al contratista a cobrarse y
deducir los honorarios que le correspondan por concepto de su gestión tributaria el
valor mínimo estimado por la gestión objeto de este contrato que es de Cien Millones
de Pesos por año equivalente a los costos operacionales» se puso en situación
crítica el presupuesto del municipio, al no contar con los recursos necesarios para
cumplir con esa cláusula, lo que constituye una extralimitación, que ocurrió en
detrimento de la entidad territorial y transgredió los artículos 3, 26 y 29 de la Ley 80
de 1993, en materia de principios de la contratación estatal, máxime cuando de
conformidad con el artículo 76 de la Ley 617 de 2000 no se puede titularizar rentas
de una entidad territorial por un periodo superior al mandato del gobernador o
alcalde.
En ese orden, se concluyó que el disciplinado había desatendido los deberes
enunciados en el artículo 34, numerales 1 y 2, de la Ley 734 de 2002 y había
incurrido en la prohibición referida en el numeral 1 del artículo 35 ibidem.
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Radicado: 11001 03 25 000 2012 00156 00 (0673-2012)
Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
Todo lo anterior conllevó la imposición de las sanciones de destitución e inhabilidad
general por 10 años para ejercer la función pública.
(ii) El 26 de julio de 2005,13 la Procuraduría Regional del Atlántico resolvió el recurso
de apelación interpuesto por el demandante, en contra de la decisión anterior y la
confirmó en su integridad.
2.3.2. En relación con las pruebas solicitadas y recaudadas en este proceso
judicial
(i) En el escrito de demanda,14 el actor solicitó tener como pruebas las siguientes:
1)- Se oficie a la procuraduría Provincial de Barranquilla, se remita copia autenticas
(sic) de todos los documentos y providencias del proceso disciplinario radicado No.
140-3963-2003
• Copia de la denuncia
• auto de pliego de cargo de fecha 15 de marzo del 2004
• Escrito de respuestas al pliego de Cargo, de fecha junio 7/2004
• Fallo de primera Instancia de fecha Abril 25/2005
• Escrito de Apelación al fallo de primera instancia de fecha Mayo 24/2005
• Fallo de segunda instancia de la procuraduría Regional del Atlántico de fecha Julio
26/2005.
2)- providencias del proceso disciplinario No. 140-3969-2003
-apertura de investigación
-providencia del 31 de Mayo del 2005
3) Sírvase recepcionar declaraciones a los señores Hernan (sic) Maury Santiago, willi
menkel padilla, (sic) wilton (sic) J. Molina Siado y Dimas Alberto Arteta Alba, para que
declaren sobre los hechos de los perjuicios económicos causados, los cuales
se les pueden notificar en la dirección del demandante [Se destaca]
(ii) El 4 de julio de 2019,15 el despacho ponente recibió la declaración del señor
Dimas Alberto Arteta y se dejó constancia de que no se pudo recaudar el testimonio
del señor Hernán Maury Santiago, pues se desconocía el lugar de residencia para
citarlo, ni la del señor Willi Menkel Padilla, comoquiera que está residenciado en
13 Folios 263 a 269.
14 Se precisa que en el escrito de aclaración de la demanda no hubo ninguna solicitud probatoria que
hubiera complementado la que aquí se refiere.
15 Folios 205 a 208.
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Radicado: 11001 03 25 000 2012 00156 00 (0673-2012)
Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
Alemania y no le es posible viajar a Colombia. De la exposición rendida por el señor
Arteta, se extrae lo siguiente:
Cuando él salió, salió sin el mínimo vital […] yo le prestaba a él, le presté dinero para
que él subsistiera […] yo le presté a él en esa época, más o menos me acuerdo
como 10 millones de pesos, me firmó una letra y con el tiempo que ha pasado, me
fue abonando […] y gracias a Dios me alcanzó a cancelar eso y eso ha sido mi labor
con Juan desde que salió de la Alcaldía. […] no solamente mi persona le colaboraba
sino que su familia y varios de sus amigos le colaboraron [...] Preguntado. Cuál fue
el estado de ánimo del señor Juan Alberto Ramos Coronell tan pronto él salió de la
alcaldía, en el año 2005 y siguientes. Contestó. Su estado de ánimo era depresivo
[...] cuando a uno lo inhabilitan, que no puede conseguir trabajo [...] lógicamente que
entra en depresión, entra en estrés, eso es lo que entiendo [...] nosotros
aconsejándolo [...] que no se preocupara, que echara pa´lante, que él estaba joven,
en esa época estaba más joven y le dábamos ánimo para que siguiera luchando […]
tengo yo entendido que […] comerciales, por ejemplo, […] la venta de una finquita, él
buscaba el cliente y se ganaba su comisión, más o menos con eso se defendía […]él
desde que salió de alcalde quedó completamente inhabilitado, se dedicó fue a lo que
le dije, a buscar oportunidades […] actividades comerciales [...] [Negrilla de la Sala]
(iii) El 4 de julio de 2019, (folios 219 a 221) el despacho ponente recibió la
declaración del señor Wilton José Molina Siado
Preguntado. Sírvase precisar al despacho si conoce al señor Juan Alberto Ramos
Coronell, en caso afirmativo cuánto hace y por qué lo conoce. Contestó. Sí al señor
Juan Ramos Coronell lo conozco desde por allá en el año 2000 [...] en mi condición
como abogado él a veces me absolvía consultas y yo se las respondía, lo mismo que
él me contrató como abogado para atender el proceso en la Procuraduría y unas
acciones de una tutela referente frente al fallo de la Procuraduría y también
inicialmente para presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho. [...] el proceso de contratación del litigio desde el año 2003 cuando se
presentaron las demandas disciplinarias ante la procuraduría y posteriormente por los
fallos tuvimos que presentar unas acciones de tutela porque la inhabilidad generaba
un perjuicio, entonces se presentaron las acciones de tutela, las que fueron negadas
por improcedentes porque estaba la vía contenciosa administrativa. [...] Preguntado.
Sírvase decirle al despacho si le constan los hechos que le han ocasionado, o los
perjuicios que le han ocasionado o [en] que ha estado incurso este señor Juan Alberto
Ramos Coronell en razón de su destitución impuesta por la Procuraduría, lo cual es
objeto del proceso. Contestó. Sí me consta, inicialmente cuando [a] él le abrieron
pliego de cargos en la Procuraduría, ese pliego de cargos los presentó otro
abogado, no preciso el nombre ahora, al cual él le pagó unos honorarios acorde
con su trabajo, posteriormente entré yo y también estaba pagando mis
honorarios. Entre las dos instancias, la gestión de la primera instancia y la
segunda instancia y las acciones de tutela él me pagó alrededor de cuarenta
millones de pesos, en forma, de a dos millones, de a cinco millones, de a tres, de
acuerdo a como fuera avanzando y como él fuera consiguiendo los recursos, porque
la gestión en este proceso demanda los costos que un profesional del derecho debe
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Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
ganar [...] Él tenía aproximadamente 37 años cuando le impusieron la sanción por
parte de la Procuraduría. [...] Preguntado. Sírvase precisarle al despacho con qué
frecuencia usted se encontraba con el señor Juan Alberto Ramos Coronell del año
2005 a la fecha, más o menos haga una evolución cronológica, para saber qué tan
cercano estaba con él. Contestó. [...] la frecuencia normal que se ve un abogado con
su cliente cuando requiere de la gestión de la defensa y para sufragar los gastos
necesarios para desenvolverse como abogado [...] El despacho deja constancia que
el doctor Wilton J. Molina Siado fue quien presentó la demanda y quien fue
inicialmente quien fungió como apoderado ante esta jurisdicción de lo contencioso, lo
anterior para efectos de que sea tenido en cuenta y valorado al momento de decidir
el asunto. [Se destaca]
3. El caso concreto. Análisis de la Sala
En el asunto sub examine, se somete a consideración de la Sala el estudio de la
legalidad de las decisiones disciplinarias emitidas por la Procuraduría General de la
Nación, a través de las cuales se impusieron, en contra del señor Juan Alberto
Ramos Coronell, las sanciones de destitución e inhabilidad general por 10 años,
para desempeñar cargos públicos, producto de conductas que se reprocharon en
su condición de alcalde del municipio de Juan de Acosta.
Pues bien, según se anunció en el acápite marco normativo de esta providencia, la
Constitución Política de Colombia revistió al procurador general de la Nación, por sí
o por medio de sus delegados y agentes, de la función de investigar y sancionar a
los infractores de la ley disciplinaria, incluso de aquellos de elección popular, y, para
tal efecto, imponer los correctivos que se establecen en la ley, entre ellos, la
destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos.
Sin embargo, en estudio reciente, realizado por la Sala de la Sección Segunda de
esta Corporación16 se llegó a la conclusión de que si bien es cierto la Constitución
y la ley colombianas confirieron tales facultades en el aludido funcionario, la
normativa al respecto riñe con la garantía de derechos políticos de los servidores
elegidos por voto popular, en los términos previstos en el artículo 23.2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y conforme a la interpretación
que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha dado a tal normativa, toda
16 Providencia respecto de la cual, el ponente de la presente aclaró el voto.
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vez que la limitación de tales derechos tan solo procede por parte de un juez
competente. Así se discurrió:17
74. Por ello, en virtud de esta competencia constitucional y legal, el Procurador
General de la Nación se encuentra facultado para investigar y sancionar a los
servidores públicos, incluso los de elección popular, “conforme a la Ley”. (Negrilla
y cursiva propia del texto transcrito)
[…]
86. En este sentido, para la Sección Segunda del Consejo de Estado es importante
puntualizar que la interpretación que debe darse al concepto de “condena, por juez
competente, en proceso penal”, contenido en el artículo 23.2 de la Convención, está
referido no solo al proceso regulado en el Código de Procedimiento Penal, sino a
cualquier tipo de proceso desarrollado en ejercicio del poder punitivo del
Estado, que sea de carácter judicial, como lo es la pérdida de investidura, por
ejemplo, en el que su fin, además de ser una medida sancionadora, correctiva y
restablecedora de la ética en las corporaciones públicas de elección popular, es
connaturalmente ejemplarizante. [Resalta esta Sala]
Como consecuencia de lo anterior, en la providencia citada, la sala de la Sección
Segunda realizó un estudio armónico entre las previsiones de la Constitución
Política con las de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en torno a
la restricción de los derechos políticos de los servidores públicos elegidos por voto
popular, en el siguiente sentido:
88. La Sección Segunda del Consejo de Estado en su deber de aplicar
preferentemente las normas constitucionales y a la vez cumplir con los instrumentos
internacionales, máxime cuando hacen parte del bloque de constitucionalidad por el
carácter vinculante que le otorga la misma Constitución Política, considera que, con
el fin de consolidar la efectividad de los derechos humanos, los artículos 277.6 de la
Constitución Política y el 23 de la CADH deben armonizarse, mediante una
interpretación integradora, finalista y sistemática.
[…]
90. Efectivamente, en este proceso de armonización debe quedar claro que no se
puede privar de contenido ni la CADH ni la Constitución Política; corresponde al
interprete conciliar, hacer efectivas las dos normas en el sentido de reconocer que, si
bien es cierto, conforme con el artículo 9 Superior, las relaciones exteriores del Estado
se fundamentan en la soberanía nacional y en el respeto a la autodeterminación de
los pueblos; también lo es que, conforme a la misma disposición y a los artículos 26
y 27 de la Ley 32 de 1985, aprobatoria de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados de 1969, esta relación se fundamenta en el reconocimiento de los
principios del derecho internacional aceptados por Colombia, entre ellos, el deber de
17 Sentencia del 11 de octubre de 2023, radicado: 15001 23 33 000 2014 00564 01 (5828-2018),
M.P. César Palomino Cortés.
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cumplir los tratados de buena fe, principio pacta sunt servanda. 91. Pues bien, sobre
el principio de jurisdiccionalidad que se encuentra ínsito en el artículo 23.2 de la CADH,
de cara a las facultades de la Procuraduría para destituir a funcionarios públicos de
elección popular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Petro
Urrego Vs. Colombia, reconoció que el inciso 6º del artículo 277 y el numeral primero
del artículo 278 de la Constitución Política de Colombia no eran incompatibles con el
artículo 23 de la Convención Americana, pero su interpretación debía darse de
manera que no quebrantara dicha disposición. […]
92. La interpretación del artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos que ha efectuado la CIDH, como quedó explicado en el acápite anterior,
tiene fuerza vinculante, comoquiera que es el intérprete auténtico de la Convención,
por lo tanto, en esta labor armonizadora, se debe tener en cuenta no solo las normas
convencionales sino la interpretación que de ella ha hecho la Corte Interamericana.
93. De acuerdo con lo anterior, y en la perspectiva de una interpretación integradora
de la Constitución Política con la CADH, y dado el alcance fijado por la CIDH en el caso
Petro Urrego Vs. Colombia, la Sección Segunda de la Corporación considera que el
artículo 277.6 de la Carta es una norma que goza de todo su rigor y que la
Procuraduría General de la Nación, como autoridad autónoma, tiene intacta sus
atribuciones para investigar y sancionar disciplinariamente a servidores públicos de
elección popular, cuando dicha sanción no implique la restricción de sus derechos
políticos, por lo tanto, una lectura armónica y sistemática del bloque de
constitucionalidad significa que frente a tales servidores el órgano de control puede
aplicar otro tipo de sanciones, pero que no lleve a suspender o inhabilitar el ejercicio
de derechos políticos. 94. En ese orden la norma constitucional es compatible con
la Convención, pues el artículo 277.6 no enuncia el tipo de sanción que puede
imponer la PGN en ejercicio de la potestad disciplinaria; este artículo claramente remite
a la Ley, que es la que contiene el catálogo de sanciones. En este contexto, la
Procuraduría goza de la potestad disciplinaria frente funcionarios elegidos
democráticamente, siempre que las sanciones a imponer no restrinjan sus derechos
políticos.
95. No sucede lo mismo con los artículos 4418 y 4519 del Código General Disciplinario,
sobre los cuales, la CIDH, en el fallo del 8 de julio de 2020, consideró que sí eran
18 Cita propia del texto transcrito «ARTÍCULO 44. Clases de sanciones. El servidor público está
sometido a las siguientes sanciones: 1. Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas
dolosas o realizadas con culpa gravísima. 2. Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad
especial para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas. 3. Suspensión, para las faltas graves
culposas. 4. Multa, para las faltas leves dolosas. 5. Amonestación escrita, para las faltas leves
culposas.»
19 Cita propia del texto transcrito «ARTÍCULO 45. Definición de las sanciones. 1. La destitución e
inhabilidad general implica: a) La terminación de la relación del servidor público con la administración,
sin que importe que sea de libre nombramiento y remoción, de carrera o elección, o b) La
desvinculación del cargo, en los casos previstos en los artículos 110 y 278, numeral 1, de la
Constitución Política, o c) La terminación del contrato de trabajo, y d) En todos los casos anteriores,
la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por el término señalado
en el fallo, y la exclusión del escalafón o carrera. 2. La suspensión implica la separación del ejercicio
del cargo en cuyo desempeño se originó la falta disciplinaria y la inhabilidad especial, la imposibilidad
de ejercer la función pública, en cualquier cargo distinto de aquel, por el término señalado en el fallo.
3. La multa es una sanción de carácter pecuniario. 4. La amonestación escrita implica un llamado de
atención formal, por escrito, que debe registrarse en la hoja de vida. Si al momento del fallo el
servidor público o el particular sancionado presta servicios en el mismo o en otro cargo similar en la
misma entidad o en otra entidad oficial, incluso en período diferente, deberá comunicarse la sanción
al representante legal o a quién corresponda, para que proceda a hacerla efectiva.»
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incompatibles con la Convención, por violación del principio de jurisdiccionalidad, en
los siguientes términos: [se cita lo pertinente]
96. Este pronunciamiento de la CIDH en el caso Petro Urrego Vs. Colombia es claro
en señalar que la vigencia de las normas que facultan a la Procuraduría a imponer
sanciones de inhabilitación o destitución a funcionarios democráticamente electos,
previstas en el Código Disciplinario Único constituyen un incumplimiento al deber de
adoptar disposiciones de derecho interno; por ello, el Estado es responsable por la
violación al artículo 23 de la Convención Americana.
[…]
98. Ante este panorama, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al
Estado colombiano que efectuara los ajustes al ordenamiento interno, a través de
medidas legislativas, como también así lo había exhortado la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en el fallo del 15 de noviembre de
201741, al que hace referencia la CIDH en su sentencia del 8 de julio de 2020.
[…]
102. De acuerdo con lo anterior, pese a la intención de la Ley 2094 de 2021 de ajustar
la competencia de la Procuraduría General de la Nación al sistema interamericano de
derechos humanos que consagra la reserva judicial para los casos de sanciones de
destitución, suspensión e inhabilidad de servidores de elección popular, lo cierto es
que, conforme al pronunciamiento de la Corte Constitucional, este ente de control en
tanto es una autoridad que ejerce función disciplinaria de orden administrativo, la
naturaleza de sus actos sancionatorios siguen siendo administrativos.
Y, a partir del anterior análisis, la Sección Segunda del Consejo de Estado concluyó:
103. La Sección Segunda del Consejo de Estado considera que es imperioso para el
juez contencioso administrativo, en sede del control de legalidad de los actos
sancionatorios disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación que restringen
los derechos políticos de servidores públicos elegidos popularmente, tener en cuenta
los postulados trazados por el derecho convencional, aun de forma oficiosa, por el
deber de respeto como Estado parte de la CADH.
104. Lo anterior, por varias razones; la primera, porque, conforme al artículo 9 de la
Constitución Política y los artículos 26 y 27 de la Ley 32 de 1985, aprobatoria de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, el Estado colombiano
reconoce los principios de derecho internacional y debe cumplir los tratados de buena
fe, principio pacta sunt servanda; sin que sea permitido invocar disposiciones de
derecho interno para incumplir los tratados internacionales20.
[…]
109. Así las cosas, el Estado colombiano, al haber suscrito el documento
internacional, tiene la obligación de cumplir los derechos reconocidos en el texto, así
como el deber de efectuar el control de convencionalidad de manera obligatoria, tarea
20 Cita propia del texto transcrito «Artículo 26. Pacta Sunt Servanda. Todo tratado en vigor obliga a
las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Artículo 27. El derecho interno y la observancia
de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación
del incumplimiento de un tratado.»
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en cabeza de toda autoridad administrativa y judicial. Este control difuso de
convencionalidad a un caso concreto constituye la aplicación de la excepción de
inconvencionalidad.
110. Adicionalmente, porque el control de legalidad que efectúa la jurisdicción de lo
contencioso administrativa, sobre las decisiones adoptadas por los titulares de la
acción disciplinaria, es pleno, comoquiera que no está supeditado a limitaciones ni
restricciones, sin que por ello se constituya en una tercera instancia21; e integral, pues
incluye un juicio sustancial del acto sancionador a la luz del respeto por la garantía de
los derechos fundamentales del disciplinado22. […]
112. Bajo el anterior contexto, el juez del control de legalidad debe considerar, y tener
en cuenta al momento de emitir sentencia, el entorno de la realidad en virtud del
derecho viviente que obliga a todas las autoridades, sin excepción alguna -cuanto
más a quienes administran justicia-, a realizar una interpretación de la normativa
interna de cara a los postulados y mandatos trazados por órganos judiciales
internacionales, frente a los cuales no se puede oponer.
[…]
119. Por ello, sin duda alguna, la sentencia proferida el 8 de julio de 2020 por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Petro Urrego Vs. Colombia, marca
un precedente en relación con la manera como deben interpretarse y acatarse en
nuestro ordenamiento jurídico, las disposiciones de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, por cuanto el instrumento jurídico internacional y las sentencias
proferidas por la CIDH constituyen, en conjunto, la convencionalidad como fuente
normativa en la teoría del derecho viviente23.
[…]
121. El juicio de convencionalidad efectuado por la CIDH al sistema normativo interno
para condenar al Estado colombiano como responsable por la violación del derecho
político del demandante, protegido por el artículo 23 del tratado internacional, sentó
como ratio decidendi que el Código Disciplinario Único le otorgó a la Procuraduría
General de la Nación la facultad de imponer sanciones como la destitución a
funcionarios públicos elegidos democráticamente, contraviniendo la norma
convencional que excluye dicha competencia por vía de autoridad administrativa.
[…]
128. Ahora bien, el control de convencionalidad efectuado por la CIDH en el caso Petro
Urrego Vs. Colombia no se agotó con el principio de jurisdiccionalidad; su estudio
abarcó también el examen al cumplimiento de los derechos a las garantías judiciales
21 Cita propia del texto transcrito «Sentencia del 11 de julio de 2013 radicación interna (1982-09)
M.P. Gerardo Arenas Monsalve.»
22 Cita propia del texto transcrito «Este control integral comprende, por supuesto, el tema de la ilicitud
sustancial, al considerar que el juez está autorizado para realizar el análisis de racionalidad,
razonabilidad y/o proporcionalidad respecto de esta, al punto que, si el asunto lo exige, puede valorar
los argumentos que sustenten la afectación sustancial del deber funcional y las justificaciones
expuestas por el disciplinado.»
23 Cita propia del texto transcrito «A pesar de que la Ley 16 del 20 de diciembre de 1972 mediante
la cual se aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos en nuestro sistema normativo,
fue expedida con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, lo cierto
es que sus preceptivas tienen total aplicación en virtud del artículo 93 superior que le reconocen
prevalencia en el ordenamiento interno, por tratarse de un tratado internacional ratificado por el
Congreso de la República que reconoce derechos humanos.»
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previstas en el artículo 8 Convencional, lo que a juicio de la Sala significa,
adicionalmente, la aplicación del principio de favorabilidad, in dubio pro disciplinado o
pro homine, que, tratándose del ius puniendi tiene una importancia superlativa, como
pasa a explicarse.
[…]
136. Entonces, de acuerdo con lo anterior, la resolución de los casos en que se
analice la conformidad de sanciones disciplinarias impuestas por la PGN a servidores
de elección popular, debe atender al principio de favorabilidad, el cual se encuentra
reforzado por el hecho de estar involucrados sus derechos políticos que son
protegidos por la CADH y sus derechos laborales, que, como se señaló al principio de
este acápite, deben garantizarse en virtud del principio pro homine, conforme con el
artículo 53 Superior.
[…]
150. Ciertamente, a juicio de la Sala, dentro de la actuación disciplinaria debe
garantizarse una independencia e imparcialidad de parte de quien investiga como de
quien sanciona y no que se constituya al mismo tiempo en juez y parte, como sucede
en el proceso disciplinario previsto en la Ley 734 de 2002. 151. De acuerdo con lo
anterior, adicional a la vulneración al principio de jurisdiccionalidad, como quedó
analizado en el acápite anterior, se evidencia, a partir de la interpretación de las
normas convencionales, en especial del artículo 8, que en el proceso sancionatorio
disciplinario adelantado por la PGN, conforme a las disposiciones de la Ley 734 de
2002, no se cumplen con las garantías judiciales para el disciplinado de (i) ser oído
por un juez imparcial; (ii) presumirse su inocencia y (iii) ejercer realmente su derecho
de defensa.
152. Ahora bien, la excepción de inconvencionalidad aplicada con base en las
consideraciones efectuadas en los acápites anteriores sobre los principios de
jurisdiccionalidad y de las garantías judiciales, de conformidad con las normas
convencionales y con el fallo del 8 de julio de 2020, proferido por la CIDH en el caso
Petro Urrego Vs. Colombia, debe ser adoptada por los jueces y por la administración
en los asuntos de supuestos jurídicos similares, no solo por virtud de la obligatoriedad
de su aplicación por el hecho que el país hace parte del Pacto de San José de Costa
Rica, y por el principio de favorabilidad, como quedó explicado sino por derecho a la
igualdad y a la protección judicial […]
En ese sentido, a partir de la decisión judicial en comento, es criterio de la Sección
Segunda que «en los casos en que se controvierten sanciones disciplinarias que
restringen los derechos políticos de los funcionarios de elección popular debe
aplicarse el control de convencionalidad, no solo como expresión del derecho
viviente sino porque dichos disciplinados tienen derecho a la misma protección
judicial.».
Así las cosas, en aplicación de la excepción de inconvencionalidad respecto de las
normas que radican en el procurador general de la Nación, en su condición de
autoridad administrativa, la competencia para imponer sanciones como la
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destitución a empleados elegidos por voto popular, y en procura de garantizar los
principios de jurisdiccionalidad, que exige que ese tipo de sanción solo provenga de
una autoridad judicial, y favorabilidad en materia laboral, según el cual se debe
preferir la interpretación más beneficiosa para el trabajador, en caso de que una
norma permita dos o más interpretaciones, así como en garantía de los derechos a
la igualdad y a la protección judicial, la Sala declarará la nulidad de los actos
administrativos cuestionados en este proceso, comoquiera que, a través de ellos,
se impuso en un servidor público elegido popularmente, la sanción de destitución,
lo que conlleva una restricción de derechos políticos, facultad que, según el criterio
antes expuesto, está reservada a las autoridades judiciales competentes.
Ahora bien, en las pretensiones de restablecimiento del derecho formuladas en la
demanda, el señor Ramos Coronel reclamó «[el] pago de perjuicios materiales,
actuales y futuros, los cuales se estipulan como minimo [sic] en la suma de
Trescientos Cincuenta Millones de pesos (350.000.000) o conforme a lo que resulte
probado dentro del proceso y se regule de conformidad con el artículo 308 del
C.P.C., actualizando sus valores, y perjuicios morales los taso en la suma
equivalente a 500 salarios mínimos mensuales».
Sobre el anterior aspecto, según se relacionó en el acápite 2.3.2. de esta
providencia, las pruebas que pretendían demostrar la causación de los perjuicios
que fundamentaban la pretensión de restablecimiento del derecho se concretaron
en las testimoniales requeridas, respecto de los señores Hernán Maury Santiago,
Willi Menkel Padilla, de quienes no se pudo recibir su versión, conforme a lo
señalado en el acápite respectivo, y Wilton Molina Siado y Dimas Alberto Arteta
Alba, que rindieron las versiones del caso.
Además, según se indicó en el acápite probatorio de la demanda, los testigos
depondrían acerca de los perjuicios económicos causados con las decisiones
disciplinarias, los cuales, según los hechos segundo y tercero de la demanda, se
concretaron en la contratación de abogados que ejercieran la defensa del
demandante tanto en sede administrativa como en judicial «que superan la suma
de los Cuarenta millones de pesos los cuales debe en prestamos [sic] al interés a
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varios amigos y familiares» y la imposibilidad de recibir ingresos producto de la
inhabilidad impuesta, por lo cual habría recibido «mas [sic] de $2.500.000.oo de
pesos mensuales».
Pues bien, en lo que atañe a los perjuicios materiales, se debe señalar que estos
derivan de los daños patrimoniales que se hubieran generado a la parte que los
reclama, con ocasión de los hechos que se invocan como dañinos y comprenden el
daño emergente y el lucro cesante; el primero de ellos se refiere al «perjuicio o la
pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido
imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento», mientras que el
segundo corresponde a «la ganancia o provecho que deja de reportarse a
consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplídola imperfectamente,
o retardado su cumplimiento».24
En relación con el daño emergente, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha
precisado:
El daño emergente supone, por tanto, una pérdida sufrida, con la consiguiente
necesidad ⎯para el afectado⎯ de efectuar un desembolso si lo que quiere es
recuperar aquello que se ha perdido. El daño emergente conlleva que algún bien
económico salió o saldrá del patrimonio de la víctima. Cosa distinta es que el
daño emergente pueda ser tanto presente como futuro, dependiendo del momento
en que se haga su valoración. De este modo, el reconocimiento y pago ⎯que la parte
actora solicita⎯ de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el
momento en que se produce la suspensión del demandante en el ejercicio de sus
funciones, no puede catalogarse como una modalidad del daño emergente, sino de
lucro cesante.25
Entre tanto, frente al lucro cesante, la aludida sección ha sostenido que:
De conformidad con la jurisprudencia reiterada57 y unificada58 de esta Sección, el
perjuicio material a indemnizar, en la modalidad de lucro cesante, debe ser cierto y,
por ende, edificarse en situaciones reales, existentes al momento de ocurrencia
del evento dañino, toda vez que el perjuicio eventual o hipotético, por no
24
Las definiciones entre comillas corresponden al texto del artículo 1614 del Código Civil.
25
Consejo de Estado, Sección Tercera, Consejo de Estado. Sentencia del 4 de diciembre de 2006,
número interno 13168.
23
Radicado: 11001 03 25 000 2012 00156 00 (0673-2012)
Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
corresponder a la prolongación real y directa del estado de cosas producido
por el daño, no es susceptible de reparación.26 (Se resalta)
En aplicación de los anteriores precedentes, se concluye que el daño emergente
deviene de la pérdida de algún bien económico que salió o saldrá del patrimonio de
la víctima, producto del incumplimiento o cumplimiento tardío de la obligación,
mientras que el lucro cesante corresponde a la ganancia o provecho que se dejó
de obtener como resultado de tal incumplimiento o cumplimiento tardío.
En torno a ese particular, en la demanda, a título de perjuicios materiales se reclamó
la suma de $350.000.000 o lo que resulte demostrado en el proceso, los cuales, en
sentir del accionante, están representados, por un lado, en los gastos en que
incurrió por los honorarios que tuvo que pagar para ejercer su defensa tanto en el
proceso disciplinario ante la Procuraduría, como en la «justicia ordinaria», que
superaron los $40.000.000, que fueron obtenidos producto de préstamos otorgados
por amigos y familiares, y que, entiende la Sala, constituyen el daño emergente y,
por otro lado, el equivalente a $2.500.000 mensuales, que dejó de recibir, a causa
de la inhabilidad impuesta, que comprenderían el componente de lucro cesante.
No obstante lo anterior, la Sala observa que los hechos que se pretenden aducir
para demostrar los perjuicios materiales causados, no se encuentran probados,
como pasa a explicarse.
Por un lado, en lo que respecta a la prueba de los préstamos que le otorgaron al
actor, solo aparece la declaración rendida por el señor Dimas Alberto Arteta, quien,
como se anotó en el acápite 2.3. de esta providencia, manifestó que le concedió un
préstamo de dinero al demandante, para lo cual éste suscribió como respaldo una
letra de cambio. En torno a ello, la Sala concluye que ese testimonio es
inconducente para demostrar ese hecho.
26
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de noviembre de 2018,
radicación 68001-23-31-000-2006-02670-01, número interno 42966, M.P: Consejera Ponente: María
Adriana Marín.
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Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
Frente a lo anterior, se considera oportuno señalar que el testimonio no es el medio
probatorio idóneo para demostrar «hechos sobre los cuales la ley impone otro medio
de prueba, como son los actos sometidos a requisitos ad substantiam actus o ad
probationem», dentro de los cuales están los «títulos valores: cheques, pagarés,
etcétera».27
Siendo así, si el demandante suscribió una letra de cambio para respaldar la deuda
adquirida con el señor Arteta, el medio probatorio conducente para demostrarlo era
allegar copia del título valor respectivo, pues si bien es cierto el artículo 225 del
Código General del proceso señala que «cuando se trate de probar obligaciones
originadas en contrato o convención, o el correspondiente pago, la falta de
documento o de un principio de prueba por escrito, se apreciará por el juez como
un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las
circunstancias en que tuvo lugar haya sido imposible obtenerlo, o que su valor
y la calidad de las partes justifiquen tal omisión» también lo es que aunque el
señor Ramos Coronell adujo que los declarantes rendirían testimonio acerca de la
configuración de perjuicios económicos producto de los actos demandados, en
momento alguno invocó alguna circunstancia que le impidiera aportar los
documentos que demostraran deudas como la referida por el declarante, por ello, la
sola declaración en esa materia es insuficiente para demostrar el hecho pretendido.
Además, la Sala considera que si el demandante pretendía demostrar los perjuicios
materiales, sustentado en que tuvo que contratar abogados para ejercer su defensa,
este hecho no se comprobaba con la mera declaración del abogado que habría
contratado para el desarrollo de esa actividad profesional, pues, para tal efecto, era
necesario que allegara el contrato de prestación de servicios profesionales y la
factura o constancia que acreditara el pago de tales servicios al abogado.
27 NISIMBLAT Nattan, Derecho probatorio Técnicas de Juicio Oral, págs. 392, 502 y 503.
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Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
Sobre ese aspecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó los criterios
en torno al reconocimiento y a la liquidación de los perjuicios materiales causados
por los honorarios profesionales prestados por abogados,28 de la siguiente manera:
Tratándose del reconocimiento del daño emergente derivado del pago de
honorarios profesionales del abogado que intervino en defensa de quien
fue privado injustamente de la libertad, esta Sección ha admitido como prueba
de ese perjuicio la documental consistente en los recibos de pago que dan
cuenta de la cancelación de los honorarios profesionales29 y, en su defecto, las
certificaciones emitidas por los profesionales del derecho, acerca del pago de
sus honorarios30.
Sin embargo, debe recordarse que el artículo 615 del Estatuto Tributario
dispone que las personas que ejercen profesionales liberales, es decir,
profesiones en las cuales “… predomina el ejercicio del intelecto, que han
sido reconocidas por el Estado y para cuyo ejercicio se requiere la habilitación
a través de un título académico”31, están obligadas a “… expedir factura o
documento equivalente, y conservar copia de la misma por cada una de las
operaciones que realicen, independientemente de su calidad de
contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la
Dirección General de Impuestos Nacionales.
En virtud de lo anterior, debe entenderse que, como el derecho es una
profesión liberal, quienes lo ejercen están obligadas a expedir la
respectiva factura o su documento equivalente (el cual debe satisfacer los
requisitos previstos en el artículo 617 del mismo estatuto32); por tanto, si los
abogados están obligados a expedir una factura por el valor de sus honorarios
profesionales, es dable concluir que ésta es la prueba idónea del pago.
Así, en armonía con las referidas normas tributarias, en los eventos de privación
injusta de la libertad, cuando el demandante pretenda obtener la
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera,
sentencia del 18 de julio de 2019, exp. 44.572, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
29 Cita propia del texto transcrito: “Entre otras, sentencia del 14 de marzo de 2018, expediente:
46.666”.
30 Cita propia del texto transcrito: “Entre otras, sentencia del 24 de octubre de 2016, expediente:
41.861”.
31 Cita propia del texto transcrito: “Tomado de www.ccb.org.co”.
32 Cita propia del texto transcrito: “ ARTICULO 617. REQUISITOS DE LA FACTURA DE VENTA: Para efectos
tributarios, la expedición de factura a que se refiere el artículo 615 consiste en entregar el original de
la misma, con el lleno de los siguientes requisitos:
“a. Estar denominada expresamente como factura de venta.
“b. Apellidos y nombre o razón (sic) y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.
“c. Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la
discriminación del IVA pagado.
“d. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.
“e. Fecha de su expedición.
“f. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados.
“g. Valor total de la operación.
“h. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura.
“i. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas”.
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Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
indemnización del daño emergente derivado del pago de honorarios
profesionales cancelados al abogado que asumió la defensa del afectado
directo con la medida dentro del proceso penal, quien haya realizado el pago
deberá aportar: i) la prueba de la real prestación de los servicios del
abogado y ii) la respectiva factura o documento equivalente expedido por
éste, en la cual se registre el valor de los honorarios correspondientes a su
gestión y la prueba de su pago, de suerte que, si solo se aporta la factura o
solo se allega la prueba del pago de la misma y no ambas cosas, no habrá
lugar a reconocer la suma pretendida por concepto de este perjuicio [Negrilla
fuera de texto].
En ese orden de ideas, la declaración del abogado, sin soporte documental del
contrato que dé cuenta del acuerdo de voluntades sobre la prestación de ese
servicio profesional y, adicionalmente, de las facturas o constancias de pago por su
gestión, impiden demostrar que, en efecto, tales perjuicios se causaron e
imposibilitan acceder a la pretensión de restablecimiento al respecto.
Por otro lado, el señor Ramos Coronell adujo que como consecuencia de la
inhabilidad dejó de recibir el equivalente a $2.500.000 mensuales, los cuales,
entiende la Sala, se reclaman a título de lucro cesante.
En relación con lo anterior, la Sala observa que al demandante no solo se le impuso
la sanción de destitución, sino la de inhabilidad para el acceso a cargos públicos, lo
cual le habría impedido devengar un salario en ese sector, por el término de diez
años; sin embargo, tal determinación, en sentir de la Subsección, no vulnera el
derecho al trabajo ni le impide el desarrollo de alguna actividad profesional que le
permita recibir ingresos, pues la limitación de acceso a un empleo solo se presentó
en la esfera del empleo público, razón por la cual no podría decirse que la decisión
disciplinaria, por sí sola, conlleva la materialización de perjuicios materiales y
morales.
Ahora bien, respecto de ese componente indemnizatorio, tampoco hubo una prueba
conducente que permita demostrar su causación, pues la suma indicada no tiene
soporte que permita inferir que surge de situaciones reales, susceptibles de ser
reparadas, sino de un valor que eventual o hipotéticamente pudo recibir
mensualmente el actor, durante el tiempo en que transcurrió la inhabilidad.
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Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
Nótese que las únicas pruebas que se pidieron y recaudaron con fin de demostrar
tales daños fueron las testimoniales ya citadas, de las que no se deriva un daño real
y directo que demuestre los perjuicios irrogados, sino las aseveraciones, por un
lado, de un amigo cercano del actor, quien sostuvo que con posterioridad a las
decisiones cuestionadas, este empezó a desarrollar actividades comerciales de
intermediación para la compra de bienes inmuebles y de ahí derivó sus ingresos y,
por otro lado, del abogado que ejerció la defensa del actor en el proceso disciplinario
y en parte de esta acción judicial, que, en forma genérica, producto de la edad que
tenía el señor Ramos Coronell a la fecha de imposición de la sanción, se refirió a la
frustración de su ejercicio profesional que impediría recibir recursos derivados de él,
pero de las que no se constata, en forma real y efectiva, la cesación para aquel del
recaudo de la suma mensual pretendida, lo que impide acceder la pretensión
resarcitoria en ese aspecto.
Finalmente, en lo que se refiere a los perjuicios morales, «se encuentra[n]
compuesto[s] por el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de
desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima
directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo.»33
Para resarcir tales daños, en la demanda se reclamó la suma de quinientos salarios
mínimos legales mensuales, y para demostrar su causación, al igual que respecto
de los demás perjuicios reclamados, tan solo se recaudó la prueba testimonial a la
que se ha hecho referencia. En ambos testimonios se mencionó la situación de
aflicción, depresión y estrés que habría sufrido el demandante y que, en sentir de
los declarantes, se habría originado en las decisiones disciplinarias; sin embargo,
dichos testigos no son idóneos ni técnicos para corroborar, por un lado, que, en
efecto, el señor Ramos Coronell estaba padeciendo tales patologías y, por otro lado,
el nexo de estas con las decisiones disciplinarias censuradas, pues uno de ellos,
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, radicación
66001-23-31-000-2001-00731-01, número interno 26251, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
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Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
según su versión, es economista y, el otro, abogado, de donde se infiere que no
tienen una especialidad médica que les permita realizar esa aseveración.
Ante tales circunstancias, lo que surge de sus declaraciones es solo una percepción
del estado anímico del actor que carece de valor probatorio para acreditar la
causación de los perjuicios reclamados y que impide acceder a la pretensión al
respecto.
Así las cosas, se debe concluir que no es viable acceder a los perjuicios reclamados,
pues para que procediera su reconocimiento era indispensable que el actor los
demostrara, pues se trata de una carga probatoria que, al tenor de lo establecido en
artículo 17734 del entonces vigente Código de Procedimiento Civil le eran exigibles.
En todo caso, como la sanción impuesta al actor fue registrada en División de
Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación,35 se ordenará oficiar a
dicha dependencia para que incorpore esta decisión en el Sistema de Información
de Registro de Sanciones e inhabilidades, SIRI, y, en consecuencia, proceda a
efectuar la desanotación de la respectiva sanción.
4. La condena en costas
El artículo 174 del Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 55 de Ley 446 de
1998, en materia de costas establecía que, «en todos los procesos, con excepción
de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las
partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso,
en los términos del Código de Procedimiento Civil». Bajo la anterior consideración
y comoquiera que, en el sub lite, no se advierte que las partes hayan incurrido en
alguna conducta dilatoria del trámite y que sus argumentos estuvieron dirigidos a
defender sus planteamientos, la Sala se abstendrá de imponer condena en costas.
34 «Artículo 177. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. […]»
35 Por virtud de lo ordenado en el numeral tercero de la parte resolutiva de la decisión del 25 de abril
de 2005, confirmada en segunda instancia disciplinaria.
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Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
5. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que (i) se logró desvirtuar la presunción de legalidad
de los actos acusados, lo que da lugar a su anulación; (ii) se dispondrá oficiar a la
División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación para que, en
sus sistemas de información, registre esta decisión y efectúe la desanotación de la
sanción impuesta al demandante; (iii) no hay lugar a reconocer los perjuicios
reclamados, por las razones antes descritas; y (iv) no hay lugar a imponer condena
en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. ANULAR las decisiones disciplinarias emitidas el 25 de abril de 2005 y el 26
de julio de 2005 por la Procuraduría Provincial de Barranquilla y la Procuraduría
Regional del Atlántico, en las cuales se declaró responsable al señor Juan Alberto
Ramos Coronell, y se le impuso sanción de destitución e inhabilidad general por el
término de diez años para ejercer la función pública, según lo expuesto en las
consideraciones que anteceden.
Segundo. OFICIAR a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de
la Nación para que registre esta decisión en el Sistema de Información de Registro
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Radicado: 11001 03 25 000 2012 00156 00 (0673-2012)
Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
de Sanciones e inhabilidades, SIRI, y, en consecuencia, proceda a efectuar la
correspondiente desanotación de las anteriores sanciones.
Tercero. Negar las demás pretensiones de la demanda, según lo expuesto en las
consideraciones que anteceden.
Cuarto. No imponer condena en costas.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DDG
31
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