Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2012-00156-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2012-00156-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2012-00156-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
28 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 11001 03 25 000 2012 00156 00 (0673-2012)
Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
Demandado: Nación (Procuraduría General de la Nación)
Temas: Disciplinario (Destitución)
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala emite sentencia de reemplazo en el proceso1 que en ejercicio de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho presentó Juan Alberto Ramos Coronell
contra la Procuraduría General de la Nación; lo anterior en acatamiento de la orden
dada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en fallo de tutela del 31 de
octubre de 2024.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en
el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, el señor Juan Alberto Ramos
Coronell, por conducto de apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, en orden a que se declare la nulidad de los actos
administrativos expedidos el 25 de abril y el 26 de julio de 2005, por la Procuraduría
Provincial de Barranquilla y la Regional del Atlántico, respectivamente, mediante los
cuales se le declaró disciplinariamente responsable por los cargos formulados y se
1 Se precisa que la demanda fue presentada el 29 de noviembre de 2005 (folio 8) y fue tramitada, en
principio, por el Tribunal Administrativo del Atlántico, hasta el 16 de diciembre de 2011 (folio 83)
cuando fue remitido a esta Corporación por competencia.
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Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
le impusieron las sanciones de destitución e inhabilidad general para desempeñar
cargos públicos, por el término de diez años; y se confirmó tal decisión,
respectivamente.
Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó (i) conceder la indemnización de los perjuicios materiales actuales
y futuros generados con ocasión de la expedición de los actos acusados, en el
equivalente a trescientos cincuenta millones de pesos o lo que resulte demostrado
en el proceso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 308 del Código de
Procedimiento Civil; y la suma de quinientos salarios mínimos legales mensuales,
por concepto de los perjuicios morales causados; (ii) actualizar el monto a
reconocer; y (iii) disponer el cumplimiento de la sentencia dentro de los términos
señalados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, los apoderados2 del demandante señalaron los
siguientes:3
(i) Una ciudadana formuló denuncia ante la Procuraduría Provincial de Barranquilla,
por las presuntas irregularidades ocurridas en la entrega en concesión, por el
término de 20 veinte años, del cobro y recaudo de dineros por concepto de
impuestos municipales, que dio origen al inicio de la investigación disciplinaria con
radicado 140-3963- 2003, por presuntos hechos relacionados con la ilegalidad en la
expedición y aprobación del Acuerdo 019 de 2002, y por la celebración de los
contratos autorizados mediante dicho acuerdo.
(ii) Producto de tal denuncia, se iniciaron 2 investigaciones, en una de ellas, se
abstuvo de abrir investigación hasta que la Jurisdicción de lo Contencioso
2 En este caso, se refiere a los apoderados, teniendo en cuenta que uno fue quien interpuso la
demanda e invocó hechos y cargos en contra de las decisiones censuradas y otra fue quien aclaró
el libelo y complementó lo pertinente, de modo que tanto la relación de hechos a que se contrae este
acápite, como la de los cargos formulados, que se expondrán más adelante, compilan lo planteado
por los profesionales que han ejercido, en el curso del proceso, la representación del accionante.
3 Se sintetizan tanto los relacionados en la demanda, como en la aclaración de esta.
2
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Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
Administrativo resolviera acerca de la legalidad y validez del acuerdo municipal en
cuestión. Tal decisión se adoptó, por parte de la Procuraduría Provincial de
Barranquilla, en el radicado 140-3969-2003, a través de providencia del 31 de mayo
de 2005; la otra, se dirigió en contra del exalcalde —demandante de este proceso—
bajo el radicado 140-3963-2003, en la que se le formuló pliego de cargos mediante
auto del 15 de marzo de 2004. Las conductas imputadas fueron las siguientes: a.
remitir a la Cámara de Comercio de Barranquilla el oficio del 10 de enero de 2003,
comunicando sobre la apertura y cierre de la licitación, lo que impidió a las personas
interesadas presentar las propuestas; b. no publicar, en un lugar visible, el aviso en
que indicara la entidad en la cual se podía consultar, en forma gratuita, el pliego de
condiciones o términos de referencia; c. celebración de contrato sin autorización
legal, porque se comprometieron recaudos del municipio por el término de 20 años,
en violación del artículo 76 de la Ley 617 de 2000; d. celebración del contrato del
31 de marzo de 2003, con la firma Vista Ltda., con inclusión de una cláusula lesiva
para los intereses del municipio, con lo cual se habrían desatendido los artículos 3
y 26, numerales 1 y 3, y 29 de la Ley 80 de 1993.
(iii) El demandante, por intermedio de apoderado, dio las explicaciones y
argumentos pertinentes frente al pliego de cargos, mediante escrito presentado el 7
de junio de 2004. Allí, señaló que era un despropósito abordar el desconocimiento
del artículo 76 de la Ley 617 de 2000, para lo cual se apoyó en la sentencia dictada
por el Consejo de Estado el 22 de febrero de 2001, magistrado ponente: Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, en la cual se explica y da alcance a la aplicación de
dicha norma.
(iv) Una vez concluidas las instancias del proceso disciplinario, la Procuraduría
Provincial emitió la decisión del 25 de abril de 2005, que se sustentó en iguales
argumentos que el pliego de cargos, la cual fue notificada al demandante, quien la
impugnó oportunamente. Su reproche consistió en que se incurrió en una vía de
hecho al aplicar la prohibición del artículo 76 de la Ley 617 de 2000, en torno al
procedimiento licitatorio adelantado en cumplimiento del Acuerdo 019 de 2002 del
Concejo de Juan de Acosta, porque dicha norma no es aplicable respecto de dicho
acuerdo. Además, es cuestionable que esa agencia fiscal se abstuviera de aplicar
3
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Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
el derecho a la igualdad, pues en el caso de los concejales del municipio, por iguales
circunstancias, la entidad de control se abstuvo de dar continuidad a la investigación
hasta que se resolviera sobre la legalidad del acuerdo ya referido.
(v) En la decisión disciplinaria de segunda instancia, el ente de control encontró
algunos hechos que permitían desestimar tres de los cuatro cargos formulados; por
lo tanto, el único que se mantuvo fue el tercero, consistente en haber comprometido
las rentas del municipio por un periodo superior al de su mandato como alcalde, y
en virtud del cual se habría incurrido en transgresión del artículo 76 de la Ley 617
de 2002. Con base en ello, se confirmó la sanción impuesta.
(vi) La injusticia inmersa en las decisiones censuradas ha llevado al demandante a
contratar servicios profesionales de abogados y pagarles altos honorarios para que
asuman su defensa, tanto ante la Procuraduría como ante la justicia ordinaria,
valores que superan la suma de $40.000.000 obtenidos mediante préstamos a
interés otorgados por amigos y familiares, lo cual se puede demostrar con las
declaraciones de Hernán Mauri Santiago y Wilton J. Molina Siado. Además, como
consecuencia de la sanción e inhabilidad, ha dejado de recibir ingresos por más de
$2.500.000 mensuales.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 28 de la Constitución Política; 76 de la Ley
617 de 2000; y 4, 6, 15 y 20 de la Ley 734 de 2002.
Al desarrollar el concepto de violación,4 los apoderados del demandante expusieron
los siguientes argumentos:
(i) Los actos administrativos que se cuestionan incurrieron en una indebida
aplicación de la Ley 617 de 2000, en lo que respecta a su artículo 76, según el cual
«no se podrá titularizar las rentas de una entidad territorial por un periodo superior
4 Tanto lo que se indicó en la demanda como en su aclaración.
4
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al mandato del gobernador o alcalde».
(ii) Para entender lo anterior, se debe partir de identificar lo que significa
titularización de rentas, según lo definido por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, así: «los procesos de titularización [son] operaciones de financiamiento que
anticipan la realización de activos, inversiones o rentas de tales entidades, y
comprometen su capacidad de endeudamiento en cuanto pueden representar una
disminución de sus ingresos» «la titularización es una operación financiera, mientras
que la fijación de una gestión específica a un recurso de la entidad territorial es una
manifestación de su autonomía, independientemente de las operaciones que en
función de dicha destinación puedan llevarse a cabo respecto al recurso cuya
destinación se ha fijado».
(iii) La decisión sancionatoria se sustentó en el artículo 76 de la Ley 617 de 2000
por haber dado cumplimiento a un acuerdo que lo autorizaba para «realizar
contratos que le generaran fuentes de recursos, para financiar otras obras, como
fue el contrato de gestión tributaria del municipio a 20 años, donde se busca la
modernización, actualización y debido recaudo de los tributos, a títulos de
honorarios al resultado» el cual no compromete las rentas del municipio, pues no
lleva implícito el traslado de bienes de la entidad territorial, anticipos de activos,
títulos o cualquier operación de titularización. El contrato constituye una gestión de
esfuerzo o de exclusividad y la norma que se dice desconocida no modificó la Ley
80 de 1993, que es la que rige en materia de contratación, procesos de licitación y
contratación por concesiones; por lo tanto, las actuaciones autorizadas por el
acuerdo municipal son legales, se ajustan al ordenamiento jurídico y a la ley de
contratación.
(iv) Los actos acusados transgreden el principio de legalidad, el cual debe ser
entendido desde varias perspectivas, la primera de ellas, como límite de la potestad
disciplinaria del Estado y, la segunda, como una garantía ciudadana. En ese
sentido, los operadores de las normas tienen como límite político y jurídico, las
disposiciones emanadas del legislador. Tal principio está inmerso en el inciso
segundo del artículo 29 constitucional y fue desconocido en el caso que se analiza.
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(v) Existe una diferencia entre un contrato de concesión y uno de titularización de
rentas, la cual se puede corroborar con el concepto emitido el 19 de septiembre de
2002, bajo el radicado 4660-02, de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de
Hacienda. Ante tal circunstancia, el artículo 76 de la Ley 617 de 2000 se tenía que
analizar en todo su contexto, por parte de los operadores disciplinarios, y atendiendo
la jurisprudencia en torno al significado legal y natural de lo que constituye la
titularización de rentas. De haber sido así, se habría llegado a la conclusión de que
no era viable declarar disciplinariamente responsable al demandante, pues no hubo
transgresión de la normativa invocada.
(vi) En efecto, el artículo 76 de la Ley 617 de 2000 solo es aplicable respecto del
periodo con que cuenta un gobernante elegido por voto popular para implementar y
ejecutar un proceso de titularización de rentas, bajo la perspectiva de lo establecido
en materia de operaciones de financiamiento que anticipen la realización de activos,
inversiones y rentas de las entidades territoriales, de acuerdo con las condiciones y
parámetros establecidos por el Ministerio de Hacienda para la estructuración de ese
tipo de proceso, para anticipar ingresos, es decir, recibir recursos sin que estos se
hayan causado, pero que esperan recibirse, hecho que no se estructuró en el
contrato de concesión que se analiza, en el cual se autorizó la cesión de unas
rentas, recursos o tasas como contraprestación por el cumplimiento del objeto
contratado, según lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, vigente para
la época de suscripción del contrato. Ante tal diferencia, no era viable que el
operador disciplinario se valiera de normas inaplicables con el objeto de configurar
una conducta reprochable disciplinariamente.
1.2. Contestación de la demanda y de su aclaración
La Procuraduría General de la Nación, por intermedio de sus apoderadas,5 contestó
la demanda6 y su aclaración,7 y se opuso a la prosperidad de sus pretensiones, con
5 Las contestaciones de la demanda y de su aclaración fueron presentadas por dos apoderadas
diferentes.
6 Folio 255.
7 Folios 159 a 166.
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Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
base en los siguientes argumentos:
(i) Las decisiones enjuiciadas están ajustadas a derecho y fueron expedidas en
virtud del poder disciplinario atribuido a ese ente de control; además, al actor se le
respetaron todos los derechos, en calidad de investigado, y ejerció su defensa y
contradicción en cada una de las etapas procesales.
(ii) Del texto de la demanda solo se puede extraer, someramente, la cita acerca de
algunos artículos de la Constitución Política sin que se haya precisado, en forma
clara, la manera en que estos habrían resultado desconocidos, vaguedad que
debería conducir a una sentencia inhibitoria.
(iii) En todo caso, en lo que respecta a la responsabilidad disciplinaria, en materia
contractual, se debe señalar que los principios rectores de la contratación
administrativa fueron desconocidos en cada una de las actuaciones desarrolladas
por el actor y que dieron lugar a la imposición del reproche disciplinario,
especialmente el principio de responsabilidad que impone deberes en cabeza de
todos los funcionarios que intervienen en procesos de contratación y, en particular,
que la etapa precontractual exige que en los pliegos de condiciones o términos de
referencia «se definan reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la
confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren la escogencia objetiva y
eviten la declaratoria de desierta de la licitación o concurso».
(iv) En el caso del actor las acusaciones por omisión en las gestiones contractuales
desvirtuaron la naturaleza y objeto de los procesos de valorización y se desconoció
la selección objetiva y la mejor garantía de calidad. Adicionalmente, la declaratoria
de nulidad de los actos administrativos solo procede ante la configuración de las
causales de nulidad establecidas en el artículo 84 del Código Contencioso
Administrativo. Y, en este proceso, no se desvirtuó la presunción de legalidad de la
que están investidos los actos administrativos.
(v) El fallador disciplinario de primera instancia encontró probados los cuatro cargos
que le fueron imputados el actor y, en particular, en torno a la licitación pública
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cuestionada, se observó que aunque su finalidad se dirigía a contratar, mediante el
sistema de concesión, las funciones de administración, recaudo, registro, control,
investigación, fiscalización y gestión tributaria integral del ente territorial, al final, se
suscribió un contrato de consultoría, pese a que el alcalde no contaba con
facultades para ello. Adicionalmente, se advirtió que hubo maniobras engañosas
para adjudicar el contrato a la sociedad Visca Escaff Ltda.
(vi) En la decisión disciplinaria de segunda instancia, aunque se desvirtuaron los
cargos 1, 2 y 4, que se habían endilgado al actor, se mantuvo el tercero de ellos, lo
que dio lugar a mantener la sanción disciplinaria impuesta, pues es evidente que el
contrato celebrado fue de consultoría y no de concesión; además, en él se
comprometieron recursos de la entidad territorial por más de 20 años, determinación
que contravino las previsiones del artículo 76 de la Ley 617 de 2000. Valga aclarar
que, «al estar dentro del objeto del contrato referido el recaudo de unas rentas e
impuestos del ente territorial estaba inmersa la figura de la titularización de rentas
establecida en la norma mencionada».
1.3. Alegatos de conclusión
Las partes demandante y demandada guardaron silencio durante esta etapa
procesal.8
1.4. Concepto del Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.9
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
8 Folio 228.
9 Folio 228.
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Se circunscribe a establecer si con la emisión de las decisiones disciplinarias
censuradas se incurrió en violación de la ley, particularmente, de lo dispuesto en la
Ley 617 de 2000 y si se desconoció el principio de legalidad y el derecho al debido
proceso del actor.
2.2. Marco normativo
2.2.1. Acerca de la competencia de la Procuraduría General en materia
disciplinaria
El régimen de responsabilidad de los servidores públicos está delimitado por lo
previsto en el artículo 6 de la Constitución Política, según el cual «los particulares
solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes.
Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación
en el ejercicio de sus funciones».
El artículo 125, inciso 4, constitucional establece que el retiro del servicio en los
órganos y entidades del Estado se produce por «calificación no satisfactoria en el
desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás
causales previstas en la Constitución o la ley»10.
Por su parte, los artículos 277 y 278, numerales 6 y 1, ibidem, respectivamente,
confieren en el procurador general de la Nación las funciones de «[e]jercer vigilancia
superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas,
inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario;
adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas
sanciones conforme a la ley» y «[d]esvincular del cargo, previa audiencia y
mediante decisión motivada, al funcionario público que incurra en alguna de las
siguientes faltas: infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley; derivar
evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus
10 Negrilla fuera de texto.
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Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
funciones; obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que realice la
Procuraduría o una autoridad administrativa o jurisdiccional; obrar con manifiesta
negligencia en la investigación y sanción de las faltas disciplinarias de los
empleados de su dependencia, o en la denuncia de los hechos punibles de que
tenga conocimiento en razón del ejercicio de su cargo».
Entre tanto, para la época en que ocurrieron los hechos que se investigaron y dieron
origen a la sanción disciplinaria impuesta al demandante, regía la Ley 734 de 2002,
en cuyo artículo 3 otorgaba a la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del
poder preferente, la facultad de «iniciar, proseguir o remitir cualquier investigación
o juzgamiento de competencia de los órganos de control disciplinario interno de las
entidades públicas»11 y según el libro I del título I ibidem, el ejercicio del poder
disciplinario se debe regir por los principios de legalidad, debido proceso,
presunción de inocencia, favorabilidad, proporcionalidad, motivación, entre otros;
además, la actuación procesal debe estar sujeta a los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y contradicción,
al tenor de lo dispuesto en el artículo 94 ibidem.
Producto de una investigación de tal naturaleza, el ente de control podía imponer
las sanciones a que alude el artículo 44 de la ley citada, dentro de las cuales están:
i) destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas
con culpa gravísima; ii) la suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial,
para las faltas graves dolosas y gravísimas culposas; iii) la suspensión, para las
faltas graves culposas; v) la multa, para faltas leves dolosas; y v) la amonestación
escrita, para las faltas leves culposas.
En particular, las faltas gravísimas que daban lugar a imponer la sanción de
destitución e inhabilidad general, están expresamente señaladas en el artículo 48
de la ley en comento y, dentro de ellas, unas de las que le fueron endilgadas al
actor, esto es, las establecidas en sus numerales 22 y 30, que son del siguiente
tenor: «Asumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes o en
11 Tal previsión también estaba contemplada en el artículo 3 de la Ley 200 de 1995.
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exceso del saldo disponible de apropiación o que afecten vigencias futuras, sin
contar con las autorizaciones pertinentes» y «30. Intervenir en la tramitación,
aprobación, celebración o ejecución de contrato estatal con persona que este
incursa en causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Constitución o
en la ley, o con omisión de los estudios técnicos, financieros y jurídicos previos
requeridos para su ejecución o sin la previa obtención de la correspondiente
licencia ambiental».
2.2.2. Acerca de los derechos políticos y sus restricciones
El artículo 40 de la Constitución Política establece el derecho de los ciudadanos a
«participar en la conformación, ejercicio y control del poder político» y, para hacer
efectivo este derecho pueden, entre otras cosas, «elegir y ser elegido[s]»; sin
embargo, tal derecho no es ilimitado, toda vez que encuentra restricciones, entre
ellas, las señaladas en los artículos 98, 122, 172, 177 y 171 ibidem relacionados
con la pérdida o suspensión del ejercicio de la ciudadanía, la comisión de delitos, la
nacionalidad y la edad, respectivamente.
Por su parte, en la Ley 734 de 2002, concretamente en su artículo 44, se estableció
como sanción disciplinaria, entre otras, la destitución, que tiene como destinatarios
a aquellos que hubieren incurrido en las faltas gravísimas de que trata el artículo 48
ibidem, cometidas a título de dolo o culpa gravísima. En ese sentido y como el
artículo 277 constitucional confirió al procurador general de la Nación la función de
ejercer la potestad disciplinaria y, en ese marco, sancionar a los infractores, entre
ellos, a quienes desempeñen funciones públicas, incluso, si fueren elegidos por voto
popular, se infiere que ese marco normativo le daba la competencia para imponer
la aludida sanción a este tipo de servidores.
No obstante lo anterior, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
aprobada por Colombia a través de la Ley 16 del 30 de diciembre de 1972, en
materia de derechos políticos se estableció lo siguiente:
Artículo 23. Derechos Políticos.
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Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes libremente elegidos;
b) De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio
universal e igual y por voto que garantice la libre expresión de la voluntad de los
electores, y
c) De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas
de su país.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que
se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad,
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez
competente, en proceso penal. (Se resalta)
2.3. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
2.3.1. Acerca del trámite del proceso disciplinario y las decisiones censuradas
(i) El 2 de julio de 2003,12 la señora Betty Echevarría de Danies dirigió queja ante la
procuradora provincial de Barranquilla, en la cual puso en conocimiento algunas
conductas que podrían resultar irregulares, y que habrían sido cometidas por el
alcalde del municipio de Juan de Acosta.
(ii) El 9 de julio de 2003,13 la Procuraduría Provincial de Barranquilla dio apertura a
la investigación y dispuso escuchar en versión libre al señor Juan Alberto Ramos
Coronell, en su condición de alcalde del municipio de Juan de Acosta.
12 Folios 1 a 9 del archivo «denuncia y anexos folios 1 al 22» del CD marcado como «Respuesta
oficio 2099 0673/2012» incluido en el sobre que aparece en el folio 289 del expediente.
13 Folios 23 y 24 del archivo «denuncia-aanexos folios 77 a 99 y apertura de investigación» del CD
marcado como «Respuesta oficio 2099 0673/2012» incluido en el sobre que aparece en el folio 289
del expediente.
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Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
(iii) El 15 de marzo de 2004,14 la procuraduría provincial de Barranquilla formuló
pliego de cargos en contra del demandante, así:15
3.- En fecha 31 de Marzo del 2003 celebro [sic] con la firma Visca Ltda. el contrato de
consultoría, cuyo objeto es la asesoría Técnica de administración y coordinación
integral de la gestión tributaria a cago del contratista consultor y en desarrollo de esa
asesoría deberá realizar las actividades que de ella implique: procesamiento, revisión,
fiscalización, programación, liquidación, facturación, recaudo, gestión para la
recuperación de cartera ordinaria y morosa para el aumento de los recaudos de los
impuestos municipales entre estos el predial unificado, industria y comercio, avisos y
tableros, delineamiento urbanístico y licencias de construcción o urbanización y
demás impuestos municipales e impuestos varios controlando la revisión y elusión
con el fin de generar beneficios para los contribuyentes y el municipio de Municipio
[sic] de Juan de Acosta a través de una permanente modernización tecnológica e
investigación sobre los predios catastrales para solicitar rectificación y reavaluo [sic]
ante el Instituto geográfico Agustín Codazzi, sin que existiera autorización legal
para tal proceder, por cuanto se comprometen los recaudos del municipio por
un término de 20 años, en abierta violación de lo previsto en el Art. 76 de la Ley
617 de 2002. [se destaca]
(iv) El 7 de junio de 2004, el demandante, por intermedio de apoderado, presentó
descargos, en los cuales se refirió a las gestiones realizadas dentro del proceso
licitatorio censurado.16 En torno a la conducta que dio origen a la imposición de la
sanción, expuso:
En lo referente a la posible violación del Artículo 76 de la “Ley 617 DE 2002” que alega
la Procuraduría, y que creo se debe entender que se refiere es el artículo 76 de la Ley
617 de 2000, yerro este que le permitió la Procuraduría proferir auto de cargos, esto
por cuanto la confusión de la [sic] leyes les permitió pensar que con el contrato de
licitación se estaba titularizando las rentas a favor de la empresa beneficiaria, es
necesario manifestar que el artículo 76 de la Ley 617 de 2000 en ninguno de sus
apartes impide o niega celebrar contratos de concesión por período superior al
mandato de los alcaldes o gobernadores, ya que dicha norma lo que prohíbe es
titularizar rentas, entendiéndose esta como la enajenación de activos o pasivos,
circunstancia este [sic] no acontecida en el contrato objeto de investigación
disciplinaria; toda vez que dicho contrato versa única y exclusivamente en lo referente
a la gestión del cobro y recaudo de los impuestos, labor esta por la cual el
concesionario cobra un [sic] tarifa fijada en dicho contrato, lo cual no constituye
titularización de renta alguna.
14
Archivo «pliego de cargos» del CD marcado como «Respuesta oficio 2099 0673/2012» incluido en
el sobre que aparece en el folio 289 del expediente.
15 Se cita solamente el cargo que contiene la falta que dio origen a la imposición de la sanción
disciplinaria que se analiza.
16 Sin embargo, no se ahondará en ello, pues no fue la conducta que, en últimas, motivó la imposición
de la sanción disciplinaria.
13
Radicado: 11001 03 25 000 2012 00156 00 (0673-2012)
Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
Sobre el concepto de tutela titularización de las rentas, la Sección Primera del
Consejo de Estado, en sentencia adiada 22 de febrero de 2001, con ponencia del
Consejero, doctor GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, precisó lo siguiente. [se cita]
Así las cosas, visto el contrato, de él se infiere que no estamos en presencia de
titularización alguna, esto por cuanto jamás y nunca se convirtieron bienes en títulos
negociables; muy a pesar de lo anterior, incurriendo la Procuraduría en abierta vía de
hecho, sin prueba que corrobore tal incriminación, endilga cargos a mi procurado por
violación a la citada ley, siendo que en el referido contrato de concesión, en ningún
momento se han [sic] titularizado renta alguna a favor del I.C.I. VISCA.
Es tan legal el contrato de concesión, que la Fiscalía 26 delegada ante la Unidad de
Delitos Contra la Administración Pública, en proceso radicado número S- 159.706, a
través de auto fechado en Noviembre 11 de 2003, y luego de analizar las probanzas
que se llegaron al mismo, decidió preferir auto de preclusión de investigación, esto
por considerar que el contrato de concesión se ajustaba a los postulados legales
fijados en la Ley de contratación administración [sic] (Ley 80 de 1993) [...]
(v) El 25 de abril 2005,17 la procuradora provincial de Barranquilla emitió decisión
disciplinaria de primera instancia, en contra del señor Juan Alberto Ramos Coronell,
por conductas disciplinariamente reprochables cometidas durante el periodo en que
se desempeñó como alcalde del municipio de Juan de Acosta.
En particular, el ente de control consideró que el actor incurrió en desconocimiento
del principio de transparencia, en el proceso de licitación pública 002 de 2003
dirigido a «contratar mediante el sistema de concesión las funciones de
administración, recaudo, registro, control, investigación, fiscalización y gestión
tributaria integral territorial del municipio y todo lo que ella implique mediante
sistemas tecnológicos». Lo anterior, teniendo en cuenta que no publicó, en un lugar
visible, un aviso en el que se indicara el lugar en donde se podía consultar, en forma
gratuita, el proyecto del pliego de condiciones y términos de referencia, lo que
impidió que se presentaran varias propuestas y que la única que se presentó haya
correspondido a la compañía a la que el alcalde le quería adjudicar el contrato, es
decir, se ocultó el proceso licitatorio a quienes pudieran haberse interesado en él.
Adicionalmente, se constató que aunque la licitación tuvo como objeto la
contratación mediante el sistema de concesión, finalmente, lo que se suscribió fue
17 Folios 247 a 262.
14
Radicado: 11001 03 25 000 2012 00156 00 (0673-2012)
Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
uno de consultoría, es decir que se cambió la modalidad del contrato que se había
definido en forma inicial.
Por otra parte, con la cláusula segunda, numeral 5, del aludido contrato de
consultoría, en la cual se ordena «irrevocablemente al contratista a cobrarse y
deducir los honorarios que le correspondan por concepto de su gestión tributaria el
valor mínimo estimado por la gestión objeto de este contrato que es de Cien Millones
de Pesos por año equivalente a los costos operacionales» se puso en situación
crítica el presupuesto del municipio, al no contar con los recursos necesarios para
cumplir con esa cláusula, lo que constituye una extralimitación, que ocurrió en
detrimento de la entidad territorial y transgredió los artículos 3, 26 y 29 de la Ley 80
de 1993, en materia de principios de la contratación estatal, máxime cuando de
conformidad con el artículo 76 de la Ley 617 de 2000 no se puede titularizar rentas
de una entidad territorial por un periodo superior al mandato del gobernador o
alcalde.
Puntualmente, en torno al tercer cargo endilgado, el análisis fue el siguiente:
3.- En fecha 31 de marzo del 2003 celebró con la firma Visca Ltda. el contrato de
consultoría, cuyo objeto es la asesoría Técnica de administración y coordinación
integral de la gestión tributaria a cargo del contratista consultor y en desarrollo de esa
asesoría deberá realizar las actividades que de ello implique: procesamiento revisión,
fiscalización, programación [...] sin que existiera autorización legal para tal
proceder, por cuanto se comprometen los recaudos del municipio por un
término de 20 años, en abierta violación de lo previsto en el Art. 76 de la Ley 617
del 2000.
Es de señalar que la Licitación Pública No. 002 del 2003 era con el fin de contratar
mediante el sistema de CONCESIÓN las funciones de administración, recaudo, registro,
control, investigación, fiscalización y gestión tributaria integral territorial del municipio
y todo lo que implique mediante sistemas tecnológicos. Sin embargo todo terminó en
un CONTRATO DE CONSULTORÍA, sin estar facultado para ello. No se puede desconocer
que el señor Alcalde estuvo asistido por maniobras engañosas para confundir y llevar
a cabo el objetivo de adjudicar el contrato motivado porque el día 03 de enero de 2003
mediante “reunión extraordinaria de la Junta de socios de la sociedad denominada
Molinares & Vargas Molvar ltda, se reunieron para reformar la sociedad.[...]
En si [...] la empresa no estaba facultada para contratos de CONCESIÓN, ya que su
objeto no lo permite, en ninguno [sic] de sus reformas. Por lo anterior fue que actuaron
el contrato a CONSULTORÍA de mala fe porque actuar de buena fe, es obtener el
cumplimiento de la ley, que en este caso la actuación fue contraria al cambiar de
denominación un contrato de CONCESIÓN por uno de CONSULTORÍA. Es decir, se
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Radicado: 11001 03 25 000 2012 00156 00 (0673-2012)
Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
adoptó una decisión que no estaba conforme con el ordenamiento constitucional y
legal.
En resumen, el disciplinado no pudo desvirtuar la acusación ni objetiva ni
subjetivamente, razón por la cual se le declarará responsable disciplinariamente.
Aquí es bueno resaltar las definiciones de los contratos de concesión y consultoría
que trae LUIS ALFONSO RICO PUERTA en TOERÍA [sic] GENERAL Y PRÁCTICA DE LA
CONTRATACIÓN ESTATAL, GRUPO EDITORIAL LEYER. [Se citan las definiciones.]
Titularización de rentas. No se podrá titularizar las rentas de una entidad territorial por
un período superior al mandato del gobernador o alcalde.
En ese orden, y en atención al análisis de todos los cargos, se concluyó que el
disciplinado «infringió los artículos 3., 24 numerales 2 y 3; 26 numerales 1 y 3; 29
de la Ley 80-93; 76 de la Ley 617-00 y 23 del Decreto 111-96, 315 numeral 1 de la
Constitución Política; 34 numerales 1., 2.; 35 numeral 1.; 48 numerales 22 y 30 de
la Ley 734-03»
Todo lo anterior conllevó la imposición de las sanciones de destitución e inhabilidad
general por 10 años para ejercer la función pública.
(vi) El 26 de julio de 2005,18 la Procuraduría Regional del Atlántico resolvió el
recurso de apelación interpuesto por el demandante, en contra de la decisión
anterior y la confirmó «en todas sus partes». Dentro de su análisis, en dicha
decisión, se concluyó que no había prueba para atribuir responsabilidad al
disciplinado respecto de los cargos uno y dos, esto es, por la falta de publicidad del
proceso de licitación pública 002-02 e igual falencia respecto del pliego de
condiciones o términos de referencia para su consulta gratuita. En lo que se refiere
al cargo cuarto, relacionado con incluir, dentro del contrato celebrado con Visca
Ltda., una cláusula lesiva a los intereses de la entidad territorial y, con ella la
transgresión de los fines de la contratación y el deber de selección objetiva, fue
desestimado, pues se consideró que tales fines no guardan relación con la falta
atribuida. Ahora bien, en lo que se refiere al tercer cargo, que dio lugar a confirmar
la sanción disciplinaria, el análisis fue el siguiente:
18 Folios 263 a 269.
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Radicado: 11001 03 25 000 2012 00156 00 (0673-2012)
Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
La tercera imputación consiste en que el 31 de marzo de 2003 celebró contrato de
consultoría con la firma Visca Ltda, cuyo objeto era la asesoría técnica de la
administración y coordinación integral de la gestión tributaria, sin tener autorización
legal para tal proceder, por haber comprometido los recaudos del municipio por
un término de veinte (20) años.
Al respecto, dentro de la investigación penal que adelantó la Fiscalía Veintiséis
Delegada de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, por el presunto
delito de celebración Indebida de contratos contra el señor JUAN ALBERTO RAMOS
CORONELL e ISMAEL GUILLERMO VISBAL REYES, profirió preclusión de la investigación en
providencia del 11 de noviembre de 2003 (folios 385-391), con el siguiente argumento:
[se cita lo pertinente]
La actuación que llevó a celebrar la licitación pública No. 002 de 2003, también fue
objeto de demanda contencioso administrativa, en el auto admisorio de la demanda
el Tribunal Administrativo del Atlántico en providencia del 16 de octubre de 2003
(folios 375-381), ordenó la suspensión provisional del Acuerdo 019 del 10 de octubre
de 2002, mediante el cual el Concejo municipal de Juan de Acosta autorizó al
mandatario municipal a celebrar el contrato en cuestión, con el siguiente argumento
[se cita lo pertinente]
Entonces, si bien el Acuerdo 019 autorizó al Alcalde para “comprometer vigencias
futuras de cada uno de los recursos asignados en el artículo octavo del presente
acuerdo, por un término máximo de veinte años el señor JUAN RAMOS CORONELL, por
su condición de Abogado se presume conoce la existencia de un orden jerárquico
entre las [sic] normatividad del país, y que un acuerdo del Concejo Municipal no puede
modificar, derogar, o conceder al burgomaestre autorizaciones fuera del contexto
legal.
Esta tercera imputación consistió en comprometer los recaudos del municipio
por 20 años en abierta violación del artículo 76 de la Ley 617 de 2002, y a pesar
de que el contrato se suscribió con base en una autorización proveniente del cabildo
municipal, la norma citada como violada prohíbe expresamente titulizar las
rentas de los entes territoriales por un periodo superior al mandado del
Gobernador o el Alcalde, y al suscribir el contrato con una duración de veinte
(20) (sic) con la firma Inversores, Construcciones e Inmobiliaria Visbal Eskaff Ldsa.
“I.C.I. VISCA LTDA”, el disciplinado vulneró la prohibición legal contenida en la
norma citada, por tanto resulta responsable disciplinariamente del tercer cargo
señalado.
[…]
La falta por la cual se encuentra responsable disciplinariamente, es decir, el haber
comprometido las rentas del municipio por un periodo superior al de su
mandado como Alcalde, en abierta infracción de lo estatuido por el artículo 76
de la ley 617 de 200 [sic], necesariamente la cometió a título de dolo, por cuanto su
condición de abogado y desempeñando el cargo de Alcalde Municipal, hace presumir
su conocimiento acerca de la prohibición anotada contenida en la Ley que modificó el
Régimen Municipal, sin embargo aceptó una autorización del Concejo de la localidad,
en una abierta transgresión al orden jerárquico de las leyes, conocida como pirámide
de Kelsen y establecido en la ley 57 de 1887.
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Radicado: 11001 03 25 000 2012 00156 00 (0673-2012)
Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
El conocimiento de la ilicitud y la realización de la conducta a pesar de ello, hace que
su conducta tenga los elementos cognoscitivo y volitivo del dolo, por ende la
imputación se hace a título de dolo.
De acuerdo a la calificación que al comportamiento señalado como irregular hace el
numeral 22 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, la falta es gravísima.
Ahora bien, en el artículo 44 de la ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario), se
establecen las sanciones a imponer de acuerdo con el tipo de falta y de culpabilidad,
señalando que las faltas gravísimas cometidas a título de dolo le señala la sanción de
destitución e inhabilidad general, este despacho al resolver el presente recurso dejará
en firme la sanción impuesta en primera instancia, consistente en destitución nominal
del cargo de Alcalde Municipal de Juan de Acosta e inhabilidad general de diez (10)
años para ejercer cargos públicos. [negrilla de la Sala]
2.3.2. Las pruebas recaudadas en el proceso disciplinario relacionadas con el
cargo que dio origen a la sanción disciplinaria
(i) El 9 de octubre de 2002,19 el Concejo de Juan de Acosta expidió el Acuerdo 019-
2002 «por el cual se reglamentan aspectos relacionados con el uso y la
administración del espacio público, el paisaje y los elementos que constituyen el
amueblamiento urbano y la publicidad exterior visual, del área urbana del municipio
de Juan de Acosta, se concede autorización al alcalde para adelantar todas las
gestiones necesarias para desarrollar los aspectos tratados en el presente acuerdo
y se dictan otras disposiciones». Los artículos octavo, noveno y décimo de dicho
acuerdo son del siguiente tenor:
ARTÍCULO OCTAVO. RECURSOS: Para financiar los proyectos de administración del
espacio público y el paisaje así como el manejo de la publicidad exterior visual y la
instalación de elementos de amoblamiento urbano, en el municipio de JUAN DE
ACOSTA, se autoriza a el [sic] alcalde para que ceda hasta el Quince por ciento (15%)
del Impuesto de Industria y Comercio, hasta el cien por ciento del impuesto de avisos
y tableros (100%) así como ceder los impuestos con destinación específica para
parques y arborización y alumbrado público, para lo cual podrá adecuar el cobro de
los impuestos, tasas, o tributos de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la ley
140 de 1994, y lo establecido en el decreto 1504 de 1998, la ley 56 de 1981, Ley 4 de
1913, Ley 97 de 1915, Decreto-Ley 1333 de 1986, según las normas legales
establecidas para tal efecto. [...]
ARTÍCULO NOVENO: AUTORIZACIONES. Autorizase al alcalde de Juan de Acosta, para
que dentro de los Seis (6) meses siguientes a la publicación del presente acuerdo,
seleccione a los contratista(s) que han de ejercer las actividades de: instalación,
19 Folios 14 a 19 del archivo «denuncia anexos 23 53» del CD marcado como «Respuesta oficio
2099 0673/2012» incluido en el sobre que aparece en el folio 289 del expediente.
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Radicado: 11001 03 25 000 2012 00156 00 (0673-2012)
Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
diseño, reparación, reposición, mantenimiento, y explotación de los elementos que
constituyen el amoblamiento urbano del municipio de JUAN DE ACOSTA, mediante el
sistema de concesión, o de cualquier otra modalidad, así como la contratación de las
labores de supervisión y control de los contratos suscritos relacionados con la [...]
concesiones del mantenimiento, operación y reposición de los elementos que
constituyen el amoblamiento urbano y el manejo de la publicidad exterior visual.
[...]
Autorizase al Alcalde de JUAN DE ACOSTA para comprometer vigencias futuras de cada
uno de los recursos asignados en el artículo octavo del presente acuerdo, por un
término máximo de veinte años.
El plazo máximo de duración de los contratos será de Veinte años contados a partir
de la fecha de suscripción del contrato.
ARTÍCULO DÉCIMO: CONSECUCIÓN DE RECURSOS. Para garantizar la disponibilidad de
recursos destinados a la administración del espacio público en el municipio de JUAN
DE ACOSTA, se autoriza al Alcalde Municipal de JUAN DE ACOSTA para que en un plazo
máximo de SEIS (6) meses adelante todas las acciones pertinentes para modernizar
la gestión tributaria y desarrollar con eficiencia las funciones de recaudo, registro,
control, investigación, fiscalización y administración de la información tributaria
territorial para lo cual la autorización incluye la contratación mediante cualquier
modalidad, o celebrar convenios con entidades públicas o privadas conforme a las
disposiciones y reglamentaciones legales vigentes.
(ii) El 31 de marzo de 2003,20 el alcalde del municipio de Juan de Acosta suscribió
contrato de consultoría con la empresa Inversiones, Construcciones e Inmobiliaria
Visbal Eskaff Limitada «I.C.I VISCA LTDA.» cuyo objeto21 se refería a «LA ASESORÍA
TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA A
CARGO DEL CONTRATISTA CONSULTOR Y EN DESARROLLO DE ESA ASESORÍA DEBERÁ
REALIZAR LAS ACTIVIDADES QUE DE ELLA IMPLIQUE: PROCESAMIENTO, REVISIÓN,
FISCALIZACIÓN, PROGRAMACIÓN, AFORO, CITACIONES, INVESTIGACIONES, LIQUIDACION,
FACTURACION, RECAUDO, GESTIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA ORDINARIA Y
MOROSA, PARA EL AUMENTO DE LOS RECAUDOS DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES , ENTRE
ESTOS PREDIAL UNIFICADO, INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS, DELINEAMIENTO
URBANÍSTICO Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN O URBANIZACIÓN Y DEMÁS IMPUESTOS
MUNICIPALES E IMPUESTOS VARIOS, CONTROLANDO LA REVISIÓN Y ELUSIÓN CON EL FIN DE
GENERAR BENEFICIOS PARA LOS CONTRIBUYENTES Y EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA A
TRAVÉS DE UNA PERMANENTE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA E INVESTIGACIÓN SOBRE LOS
20 Folios 4 a 12 del archivo «denuncia anexos 23 53» del CD marcado como «Respuesta oficio 2099
0673/2012» incluido en el sobre que aparece en el folio 289 del expediente.
21 Según la cláusula primera.
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Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
PREDIOS CATASTRALES PARA SOLICITAR RECTIFICACIÓN Y REEVALÚO ANTE EL INSTITUTO
GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI» y, en su cláusula segunda, se pactó, entre otras
cosas, lo siguiente:
CLÁUSULA SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El municipio de JUAN DE
ACOSTA, cancelará al CONTRATISTA como contraprestación a la ejecución del objeto
del presente Contrato los siguientes conceptos y porcentajes […] 4º.) Para los efectos
de la cancelación de los valores descritos en esta Cláusula, EL MUNICIPIO DE JUAN DE
ACOSTA, apropiará los porcentajes mencionados en este punto, en los
presupuestos durante el término del CONTRATO DE CONSULTORÍA, que es de Veinte
(20) años, una vez agotada la reserva presupuestal mencionada EL MUNICIPIO hará la
respectiva provisión necesaria para garantizar el pago del saldo del presente
Contrato. Este dinero resultante, se entregará a INVERSIONES CONSTRUCCIONES E
INMOBILIARIA VISBAL ESKAFF LIMITADA “I.C.I. VISCA LTDA”, durante los primeros cinco (5)
días de cada mes, el CONTRATISTA presentará de la respectiva relación de recaudo
como al igual las deducciones por conceptos de honorarios para verificar los estados
financieros acompañándose los diferentes soportes legales. 5) El MUNICIPIO ordena
irrevocablemente AL CONTRATISTA a cobrarse y a deducir los honorarios que le
corresponda por concepto de su gestión Tributaria El valor mínimo estimado
por la Gestión objeto de este Contrato es de Cien Millones de Pesos M/L por
año valor que se determina para los efectos fiscales del presente Contrato.
Equivalentes a los costos anuales operacionales señalados en el Anexo No. 1. En el
evento en que los ingresos anuales de EL [SIC] MUNICIPIO estén debajo del valor
mínimo señalado anteriormente, se reunirán las partes con el fin de elaborar un anexo
al presente Contrato, a la instrucción irrevocable y los demás documentos que haga
parte integral del presente documento […]
2.3.3. En relación con las pruebas solicitadas y recaudadas en este proceso
judicial
(i) En el escrito de demanda,22 el actor solicitó tener como pruebas las siguientes:
1)- Se oficie a la procuraduría Provincial de Barranquilla, se remita copia autenticas
[sic] de todos los documentos y providencias del proceso disciplinario radicado No.
140-3963-2003
• Copia de la denuncia
• auto de pliego de cargo de fecha 15 de marzo del 2004
• Escrito de respuestas al pliego de Cargo, de fecha junio 7/2004
• Fallo de primera Instancia de fecha Abril 25/2005
• Escrito de Apelación al fallo de primera instancia de fecha Mayo 24/2005
• Fallo de segunda instancia de la procuraduría Regional del Atlántico de fecha Julio
26/2005.
22 Se precisa que en el escrito de aclaración de la demanda no hubo ninguna solicitud probatoria que
hubiera complementado la que aquí se refiere.
20
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Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
2)- providencias del proceso disciplinario No. 140-3969-2003
-apertura de investigación
-providencia del 31 de Mayo del 2005
3) Sírvase recepcionar declaraciones a los señores Hernan [sic] Maury Santiago, willi
menkel padilla, [sic] wilton [sic] J. Molina Siado y Dimas Alberto Arteta Alba, para que
declaren sobre los hechos de los perjuicios económicos causados, los cuales
se les pueden notificar en la dirección del demandante [Se destaca]
(ii) El 4 de julio de 2019,23 el despacho ponente recibió la declaración del señor
Dimas Alberto Arteta y se dejó constancia de que no se pudo recaudar el testimonio
del señor Hernán Maury Santiago, pues se desconocía el lugar de residencia para
citarlo, ni la del señor Willi Menkel Padilla, comoquiera que está residenciado en
Alemania y no le es posible viajar a Colombia. De la exposición rendida por el señor
Arteta, se extrae lo siguiente:
Cuando él salió, salió sin el mínimo vital […] yo le prestaba a él, le presté dinero para
que él subsistiera […] yo le presté a él en esa época, más o menos me acuerdo
como 10 millones de pesos, me firmó una letra y con el tiempo que ha pasado, me
fue abonando […] y gracias a Dios me alcanzó a cancelar eso y eso ha sido mi labor
con Juan desde que salió de la Alcaldía. […] no solamente mi persona le colaboraba
sino que su familia y varios de sus amigos le colaboraron [...] Preguntado. Cuál fue
el estado de ánimo del señor Juan Alberto Ramos Coronell tan pronto él salió de la
alcaldía, en el año 2005 y siguientes. Contestó. Su estado de ánimo era depresivo
[...] cuando a uno lo inhabilitan, que no puede conseguir trabajo [...] lógicamente que
entra en depresión, entra en estrés, eso es lo que entiendo [...] nosotros
aconsejándolo [...] que no se preocupara, que echara pa´lante, que él estaba joven,
en esa época estaba más joven y le dábamos ánimo para que siguiera luchando […]
tengo yo entendido que […] comerciales, por ejemplo, […] la venta de una finquita, él
buscaba el cliente y se ganaba su comisión, más o menos con eso se defendía […]él
desde que salió de alcalde quedó completamente inhabilitado, se dedicó fue a lo que
le dije, a buscar oportunidades […] actividades comerciales [...] [Negrilla de la Sala]
(iii) El 4 de julio de 2019, (folios 219 a 221) el despacho ponente recibió la
declaración del señor Wilton José Molina Siado
Preguntado. Sírvase precisar al despacho si conoce al señor Juan Alberto Ramos
Coronell, en caso afirmativo cuánto hace y por qué lo conoce. Contestó. Sí al señor
Juan Ramos Coronell lo conozco desde por allá en el año 2000 [...] en mi condición
como abogado él a veces me absolvía consultas y yo se las respondía, lo mismo que
él me contrató como abogado para atender el proceso en la Procuraduría y unas
acciones de una tutela referente frente al fallo de la Procuraduría y también
inicialmente para presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho. [...] el proceso de contratación del litigio desde el año 2003 cuando se
23 Folios 205 a 208.
21
Radicado: 11001 03 25 000 2012 00156 00 (0673-2012)
Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
presentaron las demandas disciplinarias ante la procuraduría y posteriormente por los
fallos tuvimos que presentar unas acciones de tutela porque la inhabilidad generaba
un perjuicio, entonces se presentaron las acciones de tutela, las que fueron negadas
por improcedentes porque estaba la vía contenciosa administrativa. [...] Preguntado.
Sírvase decirle al despacho si le constan los hechos que le han ocasionado, o los
perjuicios que le han ocasionado o [en] que ha estado incurso este señor Juan Alberto
Ramos Coronell en razón de su destitución impuesta por la Procuraduría, lo cual es
objeto del proceso. Contestó. Sí me consta, inicialmente cuando [a] él le abrieron
pliego de cargos en la Procuraduría, ese pliego de cargos los presentó otro
abogado, no preciso el nombre ahora, al cual él le pagó unos honorarios acorde
con su trabajo, posteriormente entré yo y también estaba pagando mis
honorarios. Entre las dos instancias, la gestión de la primera instancia y la
segunda instancia y las acciones de tutela él me pagó alrededor de cuarenta
millones de pesos, en forma, de a dos millones, de a cinco millones, de a tres, de
acuerdo a como fuera avanzando y como él fuera consiguiendo los recursos, porque
la gestión en este proceso demanda los costos que un profesional del derecho debe
ganar [...] Él tenía aproximadamente 37 años cuando le impusieron la sanción por
parte de la Procuraduría. [...] Preguntado. Sírvase precisarle al despacho con qué
frecuencia usted se encontraba con el señor Juan Alberto Ramos Coronell del año
2005 a la fecha, más o menos haga una evolución cronológica, para saber qué tan
cercano estaba con él. Contestó. [...] la frecuencia normal que se ve un abogado con
su cliente cuando requiere de la gestión de la defensa y para sufragar los gastos
necesarios para desenvolverse como abogado [...] El despacho deja constancia que
el doctor Wilton J. Molina Siado fue quien presentó la demanda y quien fue
inicialmente quien fungió como apoderado ante esta jurisdicción de lo contencioso, lo
anterior para efectos de que sea tenido en cuenta y valorado al momento de decidir
el asunto. [Se destaca]
3. El caso concreto. Análisis de la Sala
3.1. Asunto previo
En el proceso sub examine, se somete a consideración de la Sala el estudio de la
legalidad de las decisiones disciplinarias emitidas por la Procuraduría General de la
Nación, a través de las cuales se impusieron, en contra del señor Juan Alberto
Ramos Coronell, las sanciones de destitución e inhabilidad general por 10 años,
para desempeñar cargos públicos, producto de conductas que se reprocharon en
su condición de alcalde del municipio de Juan de Acosta.
Esta Subsección, el 8 de febrero de 2024, profirió sentencia de única instancia, a
través de la cual accedió a las pretensiones de la demanda bajo el argumento de
que la Procuraduría General de la Nación carecía de competencia para imponer la
sanción disciplinaria al demandante, pues se trataba de un servidor elegido por voto
22
Radicado: 11001 03 25 000 2012 00156 00 (0673-2012)
Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
popular. Para llegar a esa conclusión se aplicó la excepción de inconvencionalidad24
respecto de las normas que radican en el procurador general de la Nación, en su
condición de autoridad administrativa, la competencia para imponer sanciones
como la destitución a empleados elegidos por voto popular, decisión con la que se
buscó garantizar los principios de jurisdiccionalidad, que exige que ese tipo de
sanción solo provenga de una autoridad judicial, y favorabilidad en materia laboral,
según el cual se debe preferir la interpretación más beneficiosa para el trabajador,
en caso de que una norma permita dos o más interpretaciones, así como en garantía
de los derechos a la igualdad y a la protección judicial.
En contra de dicha providencia, la entidad de control presentó acción de tutela,
proceso en el que se emitió fallo de segunda instancia el 31 de octubre de 2024,
emanado de la Sección Quinta del Consejo de Estado.25 En él se amparó el derecho
al debido proceso de dicho organismo y se ordenó dictar sentencia de reemplazo,
bajo las consideraciones allí plasmadas, así:
108. En consonancia con los parámetros de la jurisprudencia Constitucional, la
Sección Segunda del Consejo de Estado llevó a cabo una aplicación del control de
convencionalidad con desconocimiento del artículo 93 de la Constitución Política. La
interpretación tanto del artículo 23 convencional, como de la sentencia del caso Petro
Urrego contra Colombia, se efectuó de forma autónoma y aislada de los parámetros
constitucionales establecidos por la Corte Constitucional desde la sentencia C-028 de
2006 y reiterados pacíficamente.
109. En efecto, las subsecciones A y B de la Sección Segunda de esta corporación
desconocieron la supremacía constitucional ante una aplicación irrestricta de la norma
convencional y el referido fallo de la Corte IDH, obviando su obligación de llevar a
cabo una interpretación armónica y sistemática del tratado internacional con las
normas de la Carta Política. Con ello, se incurrió en una inaplicación del artículo 277.6
superior, el cual le otorga a la Procuraduría General de la Nación la potestad
disciplinaria y sancionatoria sobre los servidores públicos con inclusión de aquellos
elegidos por voto popular.
110. Con ello, se incurrió en un desconocimiento de la arquitectura institucional que
en materia disciplinaria previó tanto el constituyente como el legislador y, con ello, se
desatendió los principios y mandatos que estructuran el ejercicio de la función pública
en el ordenamiento. En las decisiones objeto de esta acción, la Sección Segunda del
Consejo de Estado no solo transgredió normas de naturaleza constitucional, como los
24 Aplicando, para tal efecto, el criterio empleado en la sentencia del 11 de octubre de 2023, radicado:
15001 23 33 000 2014 00564 01 (5828-2018), M.P. César Palomino Cortés.
25 Providencia de segunda instancia, dictada en el radicado 11001 03 15 000 2024 03021 01.
23
Radicado: 11001 03 25 000 2012 00156 00 (0673-2012)
Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
artículos 118 y 277, sino que desconoció el diseño institucional previsto por la Ley
734 de 2002, específicamente, por sus artículos 44.1, 45.d y 46.
111. La sala insiste en que la Corte Constitucional en reiteradas oportunidades
contempló que dicha normativa no se oponía al artículo 93 de la Constitución ni al
artículo 23 de la CADH, pues en una interpretación armónica y sistemática de la
norma convencional, no existía una restricción para que el ordenamiento interno
estableciera sanciones disciplinarias que implicaran una suspensión temporal o
definitiva de los derechos políticos de tales servidores públicos.
[…]
113. En este orden de ideas, no procede hacer excepción de inconvencionalidad o
inaplicación de normas y sentencias internas cuando la Corte Constitucional ya se ha
pronunciado en sentencia de inconstitucionalidad. El control difuso de
convencionalidad equivale a la excepción de inconstitucionalidad, su régimen de
procedencia es idéntico, motivo por el cual aquella no procede cuando hay un
pronunciamiento previo por parte de la corte constitucional sobre la validez de la ley.
Bajo este entendido, de igual forma que no procede la excepción de
inconstitucionalidad, no es posible hacer control difuso de convencionalidad.
114. Los jueces en general, incluyendo al Consejo de Estado, no tienen competencia
para decidir las inaplicaciones de leyes o de validez de sentencias cuando ese mismo
problema jurídico ya fue decidido por la Corte Constitucional en sentencia de
constitucionalidad. Las leyes que han sido declaradas constitucionales no pueden ser
inaplicadas mediante excepción o control de convencionalidad (que en el
ordenamiento colombiano son figuras coincidentes). Solo en caso de que no exista
un pronunciamiento de tal naturaleza, se habilita la competencia para hacer control
de convencionalidad, entendido como inaplicaciones de normas internas por
contrariar la convención-constitución.
115. Por tanto, el yerro en el que incurrió la Sección Segunda del Consejo de Estado
consiste no solo en que se desconocieron unas normas constitucionales (dada su
inaplicación), sino que también y, principalmente, porque se actuó sin competencia
para excepcionar la ley. En este sentido, se trata de una flagrante incompetencia la
consideración de que la Ley 734 es inválida.
Pese a que la Subsección difiere del anterior análisis, en acatamiento de lo allí
dispuesto, se examinarán los cargos formulados en la demanda, en el siguiente
acápite.
3.2. Estudio de fondo del cargo propuesto en la demanda
El planteamiento del ente de control, que llevó a la imposición de la sanción
disciplinaria bajo examen, consistió en que el señor Juan Alberto Ramos Coronell
incurrió en la falta gravísima descrita en el numeral 22 del artículo 48 de la Ley 734
de 2002, esto es, «[a]sumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales
24
Radicado: 11001 03 25 000 2012 00156 00 (0673-2012)
Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
inexistentes o en exceso del saldo disponible de apropiación o que afecten vigencias
futuras, sin contar con las autorizaciones pertinentes» en concordancia con lo
establecido en el artículo 76 de la Ley 617 de 2000,26 según la cual «no se podrá
titularizar las rentas de una entidad territorial por un periodo superior al mandato del
gobernador o alcalde», lo anterior, según el pliego de cargos, por haber celebrado
el contrato de consultoría con la firma Visca Ltda., «sin que existiera autorización
legal para tal proceder, por cuanto se comprometen los recaudos del municipio por
un término de 20 años, en abierta violación de lo previsto en el Art. 76 de la Ley 617
de [2000]27».
En ese contexto, con miras a analizar la legalidad de las decisiones cuestionadas
en contraste con los reproches formulados por el demandante, es necesario
referirse a lo que se entiende por el compromiso o afectación de vigencias futuras,28
pues es uno de los componentes esenciales del tipo disciplinario, y la claridad en
torno a ello permite identificar si la conducta desplegada por el señor Ramos
Coronell se enmarcó o no en aquel. Para tal efecto, se debe señalar que esta
Subsección se ha pronunciado sobre esa materia, en los siguientes términos:29
Tanto la doctrina como la jurisprudencia han determinado que la vigencia futura es
una autorización otorgada para la Nación, por el Confis y, posteriormente, sometida
a la aprobación del Concejo Municipal o la Asamblea Departamental, según
corresponda, para la asunción de obligaciones que afecten el presupuesto de
gastos de vigencias fiscales subsiguientes, es decir, autorizaciones sobre
recursos fiscales dentro de presupuestos futuros, para ejecutar un determinado gasto,
con excepción al principio de anualidad del presupuesto público.
[…]
26 Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986,
se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional.
27 En el texto original del pliego de cargos se refirió erróneamente el año de la ley, pues se indicó
2002, cuando, en realidad es 2000, por ello se incluye en paréntesis la fecha correcta.
28 «[…]las vigencias futuras ordinarias para las entidades territoriales son un instrumento de
planeación presupuestal de operaciones del gasto, que consisten en autorizaciones para adquirir
compromisos en las que, como mínimo se deberán apropiar el quince por ciento (15%) en la vigencia
fiscal en la que estas sean autorizadas». Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil,
Concepto 2509 del 5 de septiembre de 2003, M.P. Óscar Darío Amaya Navas.
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de febrero de 2024, radicado:
05001-23-33-000-2013-00219-01, número interno: 3233-2014, M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas.
25
Radicado: 11001 03 25 000 2012 00156 00 (0673-2012)
Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
Ahora, si bien se puede hacer uso de las vigencias futuras, esto debe hacerse bajo lo
dispuesto en el artículo 12 de la Ley 819 de 200330, que señala: «En las entidades
territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas
por la asamblea o concejo respectivo, a iniciativa del gobierno local, previa aprobación
por el Confis o el órgano que haga sus veces.». [Resalta la Sala]
En este punto, la Sala considera oportuno precisar e insistir que el comportamiento
disciplinariamente reprochable se cimentó no solo en el hecho de comprometer
vigencias futuras, sino en que ello ocurrió «en abierta violación de lo previsto en el
Art. 76 de la Ley 617 de [2000]» norma que establece que «[n]o se podrá titularizar
las rentas de una entidad territorial por un período superior al mandato del
gobernador o alcalde». Pues bien, en voces de la Corte Constitucional31 la
titularización de rentas consiste en «la conversión de bienes, de cualquier clase, en
títulos negociables en el mercado de valores. Esta operación permite que se
obtengan recursos sin necesidad de recurrir al endeudamiento directo, a través de
la movilización de activos».
Ahora bien, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado,32 se ha
pronunciado en relación con la limitación de la titularización de rentas de que trata
dicha ley y la improcedencia de aplicar, por analogía, la normativa que rige el
compromiso de vigencias futuras, por parte de las entidades territoriales, así:
Se pregunta a la Sala si las limitaciones previstas para el trámite de endeudamiento
y titularización, establecidas por el artículo 76 de la ley 617 de 2000, son aplicables
por analogía a vigencias futuras.
[…]
En primer término debe decirse que la materia de esta disposición [artículo 76]33
tiene un contenido diferente al presupuestal que trata la adquisición de
compromisos de vigencias futuras, que es una materia de objeto exclusivo de la
ley orgánica del presupuesto, como en forma extensa se ha tratado en esta consulta,
de manera que no resulta viable la aplicación analógica de legislación ordinaria a este
asunto presupuestal de reserva de ley orgánica, pues es claro que esta disposición
de la ley 617 de 2000 no tiene la jerarquía de norma orgánica, según su artículo 95.
30
«Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y
transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.»
31 Corte Constitucional, Sentencia C- 897 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
32 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1520 del 23 de octubre de 2003,
M.P. Augusto Trejos Jaramillo.
33 El inserto en paréntesis corresponde a la Subsección, para poner el contexto la norma a la que se
hace referencia en la cita.
26
Radicado: 11001 03 25 000 2012 00156 00 (0673-2012)
Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
Ciertamente, este precepto tiene el alcance de una ley ordinaria, no obstante que
algunas disposiciones de la ley lo tienen de norma orgánica, pero solamente aquellas
que expresamente están así calificadas y que además surtieron el tramite
constitucionalmente previsto para ello. En efecto, el artículo 95 dispone que los
artículos 3o., 4o., 5o., 6o., 7o., 8o., 9o., 10, 11, 13, 14, 52, 53, 54, 55, 56, 89, 91, 92
y 93 de la ley 617 son normas orgánicas de presupuesto, entre los cuales no se
encuentra el 76.
Debe resaltarse que la limitación prevista para el caso de la titularización de
rentas de una entidad territorial, por un período superior al período del
gobernador o del alcalde, corresponde en términos similares a la prevista por
disposición expresa de la ley orgánica del presupuesto y no por vía de aplicación
analógica, para contraer compromisos de vigencias futuras a partir de la ley 819 de
2003, pues según el artículo 12 su autorización no puede superar el respectivo
período de gobierno del gobernador o alcalde, salvo los proyectos declarados de
importancia estratégica. Inclusive se prohíbe la aprobación de vigencias futuras en el
último año de gobierno - con excepción del presente período -, excepto la celebración
de operaciones de crédito público. [Destaca la Sala]
Hechas las anteriores precisiones, corresponde a la Subsección examinar los
reproches formulados por el señor Ramos Coronell en contra de las decisiones
disciplinarias bajo examen, así:
En el concepto de violación de la demanda se adujo que los actos acusados
incurrieron en violación de la ley toda vez que el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público ha definido los procesos de titularización de rentas como «operaciones de
financiamiento que anticipan la realización de activos, inversiones o rentas de tales
entidades, y comprometen su capacidad de endeudamiento en cuanto pueden
representar una disminución de sus ingresos» y ello no fue lo que se determinó en
el contrato de consultoría censurado, pues la obligación contractual no llevaba
implícito el traslado de bienes de aquel, ni anticipos de activos, de títulos o de
cualquier operación de titularización; en ese sentido, la entidad demandada tenía
que analizar la gestión contractual en todo su contexto y atendiendo el significado
legal y natural de lo que constituye la titularización de rentas, pero no lo hizo.
También se agregó, en la demanda, que las actuaciones autorizadas por el acuerdo
municipal son legales, se ajustan al ordenamiento jurídico y a la ley de contratación
y que si bien en el contrato que se examina se autorizó la cesión de unas rentas,
recursos o tasas como contraprestación por el cumplimiento del objeto contratado,
ello tuvo sustento en lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, de manera
27
Radicado: 11001 03 25 000 2012 00156 00 (0673-2012)
Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
que la actuación del demandante estuvo acorde con el ordenamiento jurídico,
particularmente con la ley que rige la contratación estatal; por lo tanto, la
interpretación realizada en los actos acusados transgrede el debido proceso del
demandante.
En el anterior escenario, la Sala procede a examinar los argumentos que se
invocaron para la formulación del cargo estudiado,34 en contraste con la falta
disciplinaria que se le atribuyó al demandante, esto es, la de «asumir compromisos
sobre apropiaciones presupuestales inexistentes o en exceso del saldo disponible
de apropiación o que afecten vigencias futuras, sin contar con las autorizaciones
pertinentes» y lo que se resolvió en los actos acusados, en esa materia.
Pues bien, en el pliego de cargos se observa que el comportamiento reprochado al
señor Ramos Coronell consistió en la celebración del aludido contrato de consultoría
«sin que existiera autorización legal para tal proceder, por cuanto se comprometen
los recaudos del municipio por un término de 20 años, en abierta violación de lo
previsto en el Art. 76 de la Ley 617 de [2000]»; la formulación realizada en esos
términos llevó a que el actor, al presentar sus descargos, centrara su esfuerzo de
defensa, en sostener que la norma en mención «en ninguno de sus apartes impide
o niega celebrar contratos de concesión por período superior al mandato de los
alcaldes o gobernadores, ya que dicha norma lo que prohíbe es titularizar rentas,
entendiéndose esta como la enajenación de activos o pasivos […] toda vez que
dicho contrato versa única y exclusivamente en lo referente a la gestión del cobro y
recaudo de los impuestos […] lo cual no constituye titularización de renta alguna».
Por su parte, lo que se analizó en la decisión disciplinaria de primera instancia frente
al tercer cargo35 se centró en que la licitación pública tuvo por objeto contratar
mediante la modalidad de concesión, pero que, en últimas, lo que se suscribió fue
un contrato de consultoría. A pesar de ello, en el fallo disciplinario de segunda
instancia36 se adujo, por una parte, que aunque el Concejo autorizó al alcalde para
34 Transcrito en el acápite 2.3.1. numeral (iii) de esta providencia.
35 Su trascripción se encuentra en el acápite 2.3.1., numeral (v) de esta providencia.
36 Lo dicho, al respecto, se transcribió en el acápite 2.3.1., numeral (vi) de esta providencia.
28
Radicado: 11001 03 25 000 2012 00156 00 (0673-2012)
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comprometer vigencias futuras por un término máximo de 20 años, era cuestionable
que este, debido a su cargo y a su formación profesional de abogado, desconociera
que dicho organismo no podía conceder autorizaciones fuera del contexto legal,
pero, particularmente, que la imputación se centró en «comprometer los recaudos
del municipio por 20 años en abierta violación del artículo 76 de la Ley 617 de
[2000]» y pese a que el acto jurídico contó con una autorización emanada del
Concejo «la norma citada como violada prohíbe expresamente titulizar las rentas de
los entes territoriales por un periodo superior al mandado del Gobernador o el
Alcalde» de modo que «al suscribir el contrato con una duración de veinte (20)
[años]» el disciplinado vulneró la prohibición legal.
De lo expuesto, se concluye que el comportamiento realizado por el actor, que fue
objeto de cuestionamiento desde el pliego de cargos y que motivó la imposición de
la sanción disciplinaria consistió en comprometer los recaudos del municipio por un
término de 20 años, pese a que la norma —artículo 76 de la Ley 617 de 2000—
prohíbe titularizar las rentas de los entes territoriales por un término superior al del
mandato del alcalde.
Ello quiere decir que, al margen de que se hubiera invocado la falta descrita en el
numeral 22 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002,37 la circunstancia que motivó
el cuestionamiento no se centró en la falta de autorización para haber asumido
compromisos sobre vigencias futuras, sino en que el compromiso de los
recaudos del municipio por el término de 20 años contravino el artículo 76 de la Ley
617 de 2000 que «prohíbe titularizar las rentas de los entes territoriales por un
término superior al del mandato del alcalde».
Sobre lo anterior, la Sala debe aclarar que si bien es cierto en el pliego de cargos
se refirió a la falta de autorización para la suscripción del contrato, porque en él se
comprometían recaudos del municipio por un tiempo excesivo, también lo es que,
en últimas, la carencia de dicha autorización no fue lo que motivó la imposición de
37 Asumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes o en exceso del saldo
disponible de apropiación o que afecten vigencias futuras, sin contar con las autorizaciones
pertinentes.
29
Radicado: 11001 03 25 000 2012 00156 00 (0673-2012)
Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
la sanción, pues fue clara la segunda instancia disciplinaria al concluir lo siguiente
«a pesar de que el contrato se suscribió con base en una autorización
proveniente del cabildo municipal, la norma citada como violada prohíbe
expresamente titulizar las rentas de los entes territoriales por un periodo
superior al mandado del Gobernador o el Alcalde, y al suscribir el contrato
con una duración de veinte (20) [años] […] el disciplinado vulneró la
prohibición legal contenida en la norma citada».
La aclaración que antecede es indispensable, toda vez que para enmarcar la
conducta en el tipo disciplinario establecido en el numeral 22 del artículo 48 de la
Ley 734 de 2002 era necesario, por un lado, que se hubiera demostrado que el
servidor público asumió compromisos sobre las apropiaciones presupuestales allí
descritas o que afectó vigencias futuras y, por otro lado, que ello lo hizo sin contar
con las autorizaciones pertinentes.
En ese contexto, es preciso indicar que pese a que el reproche, en el pliego de
cargos, se formuló porque el actor contrató «sin que existiera autorización legal
para tal proceder, por cuanto se comprometen los recaudos del municipio por un
término de 20 años» se entendió que tal comportamiento era censurable porque,
con ello, había incurrido en la prohibición establecida en el artículo 76 de la Ley 617
de 2000, el cual identifica como conducta reprochable la de titularizar las rentas por
un término superior al del mandado del alcalde.
Precisamente por ello, en la decisión disciplinaria de segunda instancia ya no hubo
reproche concreto sobre la falta de autorización para contratar, pues respecto de
esta se dijo que sí se había concedido por parte del Concejo de Juan de Acosta, y
aunque se mencionaron las actuaciones judiciales en las que, por un lado, se
examinó dicha autorización de cara a la configuración de un tipo penal, en una
investigación de esa naturaleza seguida, entre otros, en contra del actor; y, por otro
lado, el trámite que, hasta ese momento, se había realizado en el proceso de nulidad
formulado en contra del acuerdo que confirió tal autorización, el juzgador
disciplinario no ahondó en la ausencia de esta, ni circunscribió la configuración del
tipo disciplinario a la falta de ese requisito.
30
Radicado: 11001 03 25 000 2012 00156 00 (0673-2012)
Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
Por el contrario, la conclusión que dio lugar a confirmar la sanción impuesta al actor
tuvo como sustento la existencia de la «autorización proveniente del cabildo
municipal»; por ello, enfocó su reproche en que «la norma citada como violada
prohíbe expresamente titulizar las rentas de los entes territoriales por un periodo
superior al mandado del Gobernador o el Alcalde, y al suscribir el contrato con una
duración de veinte (20) [años]» y, fue en ese contexto que concluyó que «el
disciplinado vulneró la prohibición legal contenida en la norma citada».
La exposición anterior lleva a concluir que el comportamiento investigado por el ente
de control no se enmarca en el tipo disciplinario que llevó a la imposición de la
sanción, pues, si bien es cierto en el contrato de consultoría hubo compromiso de
vigencias futuras, también lo es que la actuación que se censuró en torno a esa
circunstancia no fue la falta de autorización para tal efecto, que es lo que configura
la conducta reprochable, sino el hecho de que con ello se hubiera desconocido la
prohibición establecida en el artículo 76 de la Ley 617 de 2000 que impedía
titularizar rentas de la entidad territorial por un término superior al periodo del
alcalde.
En cuanto a ese último aspecto, conviene indicar que al revisar el contenido del
Contrato de Consultoría objeto de censura,38 concretamente las cláusulas primera
y segunda, se advierte que su objeto no tiene ninguna relación con titularización de
rentas, como tampoco la tiene lo dispuesto en cuanto a la forma de pago pactada,
pues lo que se dispuso en torno a esta fue que con el propósito de cancelar los
valores materia del contrato, la entidad territorial apropiaría los porcentajes
respectivos durante el tiempo de duración del contrato —20 años—; por otra parte,
se autorizó u «ordenó irrevocablemente» al contratista a cobrar y deducir sus
honorarios por concepto de su gestión tributaria, determinaciones que no se
enmarcan en el concepto de titularización de rentas, la cual, se repite, comporta la
conversión de bienes en títulos valores y ello no fue, en momento alguno, lo que se
acordó en el negocio jurídico suscrito por el demandante.
38 Según lo transcrito en el acápite 2.3.2., numeral (ii) de esta providencia.
31
Radicado: 11001 03 25 000 2012 00156 00 (0673-2012)
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Como consecuencia de lo anterior, la Sala considera que el reproche formulado al
demandante no se debió enmarcar en la prohibición establecida en el artículo 76 de
la Ley 617 de 2000, pues, se repite, el contrato de consultoría que se examinó no
llevaba inmersa ninguna cláusula que tuviera por objeto la titularización de rentas.
Lo expuesto no quiere decir que en dicho negocio jurídico no se comprometieron
recursos de la entidad territorial por un término superior al periodo del alcalde, pues
ello sí ocurrió, como se explicó en precedencia; no obstante, el comportamiento
reprochable que se investigaba no encajaba en el desconocimiento de la norma en
cita, pues la limitación en ella prevista expresamente se dirige a impedir la
titularización de rentas más allá del periodo del alcalde, pero esto no fue lo que se
pactó en el contrato tantas veces mencionado.
Corolario de lo expuesto, la Sala considera que el actor sí logró desvirtuar la
legalidad de los actos acusados, pues en ellos se incurrió en violación del derecho
al debido proceso, y violación de la Ley 617 de 2000, por indebida aplicación, en la
medida en que la conducta investigada no se enmarcó en el tipo disciplinario que
dio origen a la imposición de la sanción, lo que conlleva declarar su nulidad.
3.3. El restablecimiento del derecho reclamado
Ahora bien, en las pretensiones de restablecimiento del derecho formuladas en la
demanda, el señor Ramos Coronel reclamó «[el] pago de perjuicios materiales,
actuales y futuros, los cuales se estipulan como minimo [sic] en la suma de
Trescientos Cincuenta Millones de pesos (350.000.000) o conforme a lo que resulte
probado dentro del proceso y se regule de conformidad con el artículo 308 del
C.P.C., actualizando sus valores, y perjuicios morales los taso en la suma
equivalente a 500 salarios mínimos mensuales».
Sobre el anterior aspecto, según se relacionó en el acápite 2.3.2. de esta
providencia, las pruebas que pretendían demostrar la causación de los perjuicios
que fundamentaban la pretensión de restablecimiento del derecho se concretaron
32
Radicado: 11001 03 25 000 2012 00156 00 (0673-2012)
Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
en las testimoniales requeridas, respecto de los señores Hernán Maury Santiago,
Willi Menkel Padilla, de quienes no se pudo recibir su versión, conforme a lo
señalado en el acápite respectivo, y Wilton Molina Siado y Dimas Alberto Arteta
Alba, que rindieron las versiones del caso.
Además, según se indicó en el acápite probatorio de la demanda, los testigos
depondrían acerca de los perjuicios económicos causados con las decisiones
disciplinarias, los cuales, según los hechos segundo y tercero de la demanda, se
concretaron en la contratación de abogados que ejercieran la defensa del
demandante tanto en sede administrativa como en judicial «que superan la suma
de los Cuarenta millones de pesos los cuales debe en prestamos [sic] al interés a
varios amigos y familiares» y la imposibilidad de recibir ingresos producto de la
inhabilidad impuesta, por lo cual habría recibido «mas [sic] de $2.500.000.oo de
pesos mensuales».
Pues bien, en lo que atañe a los perjuicios materiales, se debe señalar que estos
derivan de los daños patrimoniales que se hubieran generado a la parte que los
reclama, con ocasión de los hechos que se invocan como dañinos y comprenden el
daño emergente y el lucro cesante; el primero de ellos se refiere al «perjuicio o la
pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido
imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento», mientras que el
segundo corresponde a «la ganancia o provecho que deja de reportarse a
consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplídola imperfectamente,
o retardado su cumplimiento».39
En relación con el daño emergente, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha
precisado:
El daño emergente supone, por tanto, una pérdida sufrida, con la consiguiente
necesidad ⎯para el afectado⎯ de efectuar un desembolso si lo que quiere es
recuperar aquello que se ha perdido. El daño emergente conlleva que algún bien
económico salió o saldrá del patrimonio de la víctima. Cosa distinta es que el
daño emergente pueda ser tanto presente como futuro, dependiendo del momento
en que se haga su valoración. De este modo, el reconocimiento y pago ⎯que la parte
39
Las definiciones entre comillas corresponden al texto del artículo 1614 del Código Civil.
33
Radicado: 11001 03 25 000 2012 00156 00 (0673-2012)
Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
actora solicita⎯ de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el
momento en que se produce la suspensión del demandante en el ejercicio de sus
funciones, no puede catalogarse como una modalidad del daño emergente, sino de
lucro cesante.40
Entre tanto, frente al lucro cesante, la aludida sección ha sostenido que:
De conformidad con la jurisprudencia reiterada57 y unificada58 de esta Sección, el
perjuicio material a indemnizar, en la modalidad de lucro cesante, debe ser cierto y,
por ende, edificarse en situaciones reales, existentes al momento de ocurrencia
del evento dañino, toda vez que el perjuicio eventual o hipotético, por no
corresponder a la prolongación real y directa del estado de cosas producido
por el daño, no es susceptible de reparación.41 (Se resalta)
En aplicación de los anteriores precedentes, se concluye que el daño emergente
deviene de la pérdida de algún bien económico que salió o saldrá del patrimonio de
la víctima, producto del incumplimiento o cumplimiento tardío de la obligación,
mientras que el lucro cesante corresponde a la ganancia o provecho que se dejó
de obtener como resultado de tal incumplimiento o cumplimiento tardío.
En torno a ese particular, en la demanda, a título de perjuicios materiales se reclamó
la suma de $350.000.000 o lo que resulte demostrado en el proceso, los cuales, en
sentir del accionante, están representados, por un lado, en los gastos en que
incurrió por los honorarios que tuvo que pagar para ejercer su defensa tanto en el
proceso disciplinario ante la Procuraduría, como en la «justicia ordinaria», que
superaron los $40.000.000, que fueron obtenidos producto de préstamos otorgados
por amigos y familiares, y que, entiende la Sala, constituyen el daño emergente y,
por otro lado, el equivalente a $2.500.000 mensuales, que dejó de recibir, a causa
de la inhabilidad impuesta, que comprenderían el componente de lucro cesante.
No obstante lo anterior, la Sala observa que los hechos que se pretenden aducir
para demostrar los perjuicios materiales causados, no se encuentran probados,
como pasa a explicarse.
40
Consejo de Estado, Sección Tercera, Consejo de Estado. Sentencia del 4 de diciembre de 2006,
número interno 13168.
41
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de noviembre de 2018,
radicación 68001-23-31-000-2006-02670-01, número interno 42966, M.P: Consejera Ponente: María
Adriana Marín.
34
Radicado: 11001 03 25 000 2012 00156 00 (0673-2012)
Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
Por un lado, en lo que respecta a la prueba de los préstamos que le otorgaron al
actor, solo aparece la declaración rendida por el señor Dimas Alberto Arteta, quien,
como se anotó en el acápite 2.3.3. de esta providencia, manifestó que le concedió
un préstamo de dinero al demandante, para lo cual éste suscribió como respaldo
una letra de cambio. En torno a ello, la Sala concluye que ese testimonio es
inconducente para demostrar ese hecho.
Frente a lo anterior, se considera oportuno señalar que el testimonio no es el medio
probatorio idóneo para demostrar «hechos sobre los cuales la ley impone otro medio
de prueba, como son los actos sometidos a requisitos ad substantiam actus o ad
probationem», dentro de los cuales están los «títulos valores: cheques, pagarés,
etcétera».42
Siendo así, si el demandante suscribió una letra de cambio para respaldar la deuda
adquirida con el señor Arteta, el medio probatorio conducente para demostrarlo era
allegar copia del título valor respectivo, pues si bien es cierto el artículo 225 del
Código General del proceso señala que «cuando se trate de probar obligaciones
originadas en contrato o convención, o el correspondiente pago, la falta de
documento o de un principio de prueba por escrito, se apreciará por el juez como
un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las
circunstancias en que tuvo lugar haya sido imposible obtenerlo, o que su valor
y la calidad de las partes justifiquen tal omisión» también lo es que aunque el
señor Ramos Coronell adujo que los declarantes rendirían testimonio acerca de la
configuración de perjuicios económicos producto de los actos demandados, en
momento alguno invocó alguna circunstancia que le impidiera aportar los
documentos que demostraran deudas como la referida por el declarante, por ello, la
sola declaración en esa materia es insuficiente para demostrar el hecho pretendido.
Además, la Sala considera que si el demandante pretendía demostrar los perjuicios
materiales, sustentado en que tuvo que contratar abogados para ejercer su defensa,
42 NISIMBLAT Nattan, Derecho probatorio Técnicas de Juicio Oral, págs. 392, 502 y 503.
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este hecho no se comprobaba con la mera declaración del abogado que habría
contratado para el desarrollo de esa actividad profesional, pues, para tal efecto, era
necesario que allegara el contrato de prestación de servicios profesionales y la
factura o constancia que acreditara el pago de tales servicios al abogado.
Sobre ese aspecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó los criterios
en torno al reconocimiento y a la liquidación de los perjuicios materiales causados
por los honorarios profesionales prestados por abogados,43 de la siguiente manera:
Tratándose del reconocimiento del daño emergente derivado del pago de
honorarios profesionales del abogado que intervino en defensa de quien
fue privado injustamente de la libertad, esta Sección ha admitido como prueba
de ese perjuicio la documental consistente en los recibos de pago que dan
cuenta de la cancelación de los honorarios profesionales44 y, en su defecto, las
certificaciones emitidas por los profesionales del derecho, acerca del pago de
sus honorarios45.
Sin embargo, debe recordarse que el artículo 615 del Estatuto Tributario
dispone que las personas que ejercen profesionales liberales, es decir,
profesiones en las cuales “… predomina el ejercicio del intelecto, que han
sido reconocidas por el Estado y para cuyo ejercicio se requiere la habilitación
a través de un título académico”46, están obligadas a “… expedir factura o
documento equivalente, y conservar copia de la misma por cada una de las
operaciones que realicen, independientemente de su calidad de
contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la
Dirección General de Impuestos Nacionales.
En virtud de lo anterior, debe entenderse que, como el derecho es una
profesión liberal, quienes lo ejercen están obligadas a expedir la
respectiva factura o su documento equivalente (el cual debe satisfacer los
requisitos previstos en el artículo 617 del mismo estatuto47); por tanto, si los
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera,
sentencia del 18 de julio de 2019, exp. 44.572, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
44 Cita propia del texto transcrito: “Entre otras, sentencia del 14 de marzo de 2018, expediente:
46.666”.
45 Cita propia del texto transcrito: “Entre otras, sentencia del 24 de octubre de 2016, expediente:
41.861”.
46 Cita propia del texto transcrito: “Tomado de www.ccb.org.co”.
47 Cita propia del texto transcrito: “ ARTICULO 617. REQUISITOS DE LA FACTURA DE VENTA: Para efectos
tributarios, la expedición de factura a que se refiere el artículo 615 consiste en entregar el original de
la misma, con el lleno de los siguientes requisitos:
“a. Estar denominada expresamente como factura de venta.
“b. Apellidos y nombre o razón (sic) y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.
“c. Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la
discriminación del IVA pagado.
“d. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.
“e. Fecha de su expedición.
“f. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados.
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abogados están obligados a expedir una factura por el valor de sus honorarios
profesionales, es dable concluir que ésta es la prueba idónea del pago.
Así, en armonía con las referidas normas tributarias, en los eventos de privación
injusta de la libertad, cuando el demandante pretenda obtener la
indemnización del daño emergente derivado del pago de honorarios
profesionales cancelados al abogado que asumió la defensa del afectado
directo con la medida dentro del proceso penal, quien haya realizado el pago
deberá aportar: i) la prueba de la real prestación de los servicios del
abogado y ii) la respectiva factura o documento equivalente expedido por
éste, en la cual se registre el valor de los honorarios correspondientes a su
gestión y la prueba de su pago, de suerte que, si solo se aporta la factura o
solo se allega la prueba del pago de la misma y no ambas cosas, no habrá
lugar a reconocer la suma pretendida por concepto de este perjuicio [Negrilla
fuera de texto].
En ese orden de ideas, la declaración del abogado, sin soporte documental del
contrato que dé cuenta del acuerdo de voluntades sobre la prestación de ese
servicio profesional y, adicionalmente, de las facturas o constancias de pago por su
gestión, impiden demostrar que, en efecto, tales perjuicios se causaron e
imposibilitan acceder a la pretensión de restablecimiento al respecto.
Por otro lado, el señor Ramos Coronell adujo que como consecuencia de la
inhabilidad dejó de recibir el equivalente a $2.500.000 mensuales, los cuales,
entiende la Sala, se reclaman a título de lucro cesante.
En relación con lo anterior, la Sala observa que al demandante no solo se le impuso
la sanción de destitución, sino la de inhabilidad para el acceso a cargos públicos, lo
cual le habría impedido devengar un salario en ese sector, por el término de diez
años; sin embargo, tal determinación, en sentir de la Subsección, no vulnera el
derecho al trabajo ni le impide el desarrollo de alguna actividad profesional que le
permita recibir ingresos, pues la limitación de acceso a un empleo solo se presentó
en la esfera del empleo público, razón por la cual no podría decirse que la decisión
disciplinaria, por sí sola, conlleva la materialización de perjuicios materiales y
morales.
“g. Valor total de la operación.
“h. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura.
“i. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas”.
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Ahora bien, respecto de ese componente indemnizatorio, tampoco hubo una prueba
conducente que permita demostrar su causación, pues la suma indicada no tiene
soporte que permita inferir que surge de situaciones reales, susceptibles de ser
reparadas, sino de un valor que eventual o hipotéticamente pudo recibir
mensualmente el actor, durante el tiempo en que transcurrió la inhabilidad.
Nótese que las únicas pruebas que se pidieron y recaudaron con fin de demostrar
tales daños fueron las testimoniales ya citadas, de las que no se deriva un daño real
y directo que demuestre los perjuicios irrogados, sino las aseveraciones, por un
lado, de un amigo cercano del actor, quien sostuvo que con posterioridad a las
decisiones cuestionadas, este empezó a desarrollar actividades comerciales de
intermediación para la compra de bienes inmuebles y de ahí derivó sus ingresos y,
por otro lado, del abogado que ejerció la defensa del actor en el proceso disciplinario
y en parte de esta acción judicial, que, en forma genérica, producto de la edad que
tenía el señor Ramos Coronell a la fecha de imposición de la sanción, se refirió a la
frustración de su ejercicio profesional que impediría recibir recursos derivados de él,
pero de las que no se constata, en forma real y efectiva, la cesación para aquel del
recaudo de la suma mensual pretendida, lo que impide acceder la pretensión
resarcitoria en ese aspecto.
Finalmente, en lo que se refiere a los perjuicios morales, «se encuentra[n]
compuesto[s] por el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de
desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima
directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo.»48
Para resarcir tales daños, en la demanda se reclamó la suma de quinientos salarios
mínimos legales mensuales, y para demostrar su causación, al igual que respecto
de los demás perjuicios reclamados, tan solo se recaudó la prueba testimonial a la
que se ha hecho referencia. En ambos testimonios se mencionó la situación de
aflicción, depresión y estrés que habría sufrido el demandante y que, en sentir de
los declarantes, se habría originado en las decisiones disciplinarias; sin embargo,
48 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, radicación
66001-23-31-000-2001-00731-01, número interno 26251, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
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dichos testigos no son idóneos ni técnicos para corroborar, por un lado, que, en
efecto, el señor Ramos Coronell estaba padeciendo tales patologías y, por otro lado,
el nexo de estas con las decisiones disciplinarias censuradas, pues uno de ellos,
según su versión, es economista y, el otro, abogado, de donde se infiere que no
tienen una especialidad médica que les permita realizar esa aseveración.
Ante tales circunstancias, lo que surge de sus declaraciones es solo una percepción
del estado anímico del actor que carece de valor probatorio para acreditar la
causación de los perjuicios reclamados y que impide acceder a la pretensión al
respecto.
Así las cosas, se debe concluir que no es viable acceder a los perjuicios reclamados,
pues para que procediera su reconocimiento era indispensable que el actor los
demostrara, pues se trata de una carga probatoria que, al tenor de lo establecido en
artículo 17749 del entonces vigente Código de Procedimiento Civil le eran exigibles.
En todo caso, como la sanción impuesta al actor fue registrada en División de
Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación,50 se ordenará oficiar a
dicha dependencia para que incorpore esta decisión en el Sistema de Información
de Registro de Sanciones e inhabilidades, SIRI, y, en consecuencia, proceda a
efectuar la desanotación de la respectiva sanción.
4. La condena en costas
El artículo 174 del Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 55 de Ley 446 de
1998, en materia de costas establecía que, «en todos los procesos, con excepción
de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las
partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso,
en los términos del Código de Procedimiento Civil». Bajo la anterior consideración
y comoquiera que, en el sub lite, no se advierte que las partes hayan incurrido en
49 «Artículo 177. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. […]»
50 Por virtud de lo ordenado en el numeral tercero de la parte resolutiva de la decisión del 25 de abril
de 2005, confirmada en segunda instancia disciplinaria.
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alguna conducta dilatoria del trámite y que sus argumentos estuvieron dirigidos a
defender sus planteamientos, la Sala se abstendrá de imponer condena en costas.
5. Conclusión
Con el propósito de acatar la orden de tutela del 31 de octubre de 2024, 51 y previo
el análisis de los cargos formulados por la parte demandante, la Sala considera que
(i) se logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos acusados, lo que da
lugar a su anulación; (ii) se dispondrá oficiar a la División de Registro y Control de
la Procuraduría General de la Nación para que, en sus sistemas de información,
registre esta decisión y efectúe la desanotación de la sanción impuesta al
demandante; (iii) no hay lugar a reconocer los perjuicios reclamados, por las
razones antes descritas; y (iv) no hay lugar a imponer condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Acatar la orden de tutela emitida en el fallo del 31 de octubre de 2024,
por la Sección Quinta del Consejo de Estado en el radicado 11001 03 15 000 2024
03021 01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
Segundo. ANULAR las decisiones disciplinarias emitidas el 25 de abril de 2005 y el
26 de julio de 2005 por la Procuraduría Provincial de Barranquilla y la Procuraduría
Regional del Atlántico, en las cuales se declaró responsable al señor Juan Alberto
Ramos Coronell, y se le impuso sanción de destitución e inhabilidad general por el
51 Consejo de Estado, Sección, Quinta, radicado 11001 03 15 000 2024 03021 01, M.P. Pedro
Pablo Vanegas Gil.
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Demandante: Juan Alberto Ramos Coronell
término de diez años para ejercer la función pública, según lo expuesto en las
consideraciones que anteceden.
Tercero. OFICIAR a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de
la Nación para que registre esta decisión en el Sistema de Información de Registro
de Sanciones e inhabilidades, SIRI, y, en consecuencia, proceda a efectuar la
correspondiente desanotación de las anteriores sanciones.
Cuarto. Negar las demás pretensiones de la demanda, según lo expuesto en las
consideraciones que anteceden.
Quinto. No imponer condena en costas.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DDG
41
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