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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2014-00408-00

Recurso extraordinario de revisión: causal quinta (5) de nulidad

Fecha
14 de junio de 2018
Consejero ponente
Carmelo Darío Perdomo Cuéter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2014-00408-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1.º Declárase impróspero el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el accionante contra la sentencia de 15 de noviembre de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección C), dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho incoado por el señor Telémaco Vargas contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, conforme a la parte motiva. 2.° No condenar en costas a la parte recurrente. 3.° Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente ordinario al juzgado de origen y archívense las presentes diligencias, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2014-00408-00

Consejero ponente: Carmelo Darío Perdomo Cuéter

14 de junio de 2018

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Causal quinta (5) de nulidad / CAUSAL QUINTA (5) DE NULIDAD - Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación / SUSPENSIÓN POR PREJUDICIALIDAD – Solicitud en segunda instancia / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Pretende que se desarrolle un nuevo examen de la decisión / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – No es una tercera instancia

[C]omoquiera que la petición de suspensión del proceso por prejudicialidad formulada por el demandante, se presentó durante el trámite de segunda instancia, en particular en el escrito de alegatos de conclusión, lo cierto es que no encuentra la Sala vulneración del derecho al debido proceso, como lo afirma del actor al resolverla el Tribunal en la sentencia, puesto que no procede recurso de apelación contra esa decisión, aunque se hubiese adoptado mediante auto, se insiste, al haberse resuelto en la segunda instancia. (…) Como se advierte a partir del contenido trascrito, los artículos 2 y 4 del Decreto 2863 de 2007 no adolecen de vicio de inconstitucionalidad, comoquiera que los agentes no se encuentran en una situación asimilable a la de los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, dado que se trata de servidores públicos diferentes en relación con los niveles, grados, tareas, responsabilidades, régimen de ingreso, ascenso, retiro, remuneración y prestaciones. De igual modo, resulta constitucionalmente válido que se confieran tratamientos desiguales en materia salarial y prestacional para los servidores públicos, lo cual no desconoce el derecho a la igualdad. Así las cosas, no se evidencia, en consecuencia, causal alguna de nulidad de la sentencia impugnada, y la Sala se percata de que la alegación de la parte recurrente pretende un examen de la decisión como si se tratara de una tercera instancia, lo cual escapa al ámbito de competencia del juez del recurso, por lo que este resulta infundado.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTICULO 250 NUMERAL 5

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER

Bogotá D.C., catorce (14) de junio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-25-000-2014-00408-00(1322-14)

Actor: TELÉMACO VARGAS

Demandado: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL (CASUR)

Medio de control
:
Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema
:
Reajuste de asignación de retiro con inclusión de la prima de actividad
Actuación
:
Decide recurso extraordinario de revisión

Procede la Sala a decidir el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el demandante (ff. 1 a 9 c. ppal.) contra la sentencia de 15 de noviembre de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección C), mediante la cual confirmó el fallo de 4 de julio de 2013 del Juzgado Dieciséis Administrativo de Bogotá, que negó las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

1.1 Medio de control (ff. 12 a 31 del expediente ordinario). El señor Telémaco Vargas, mediante apoderado, ocurrió ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur), con el propósito de obtener (i) la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad por omisión legislativa respecto de los artículos 2 y 4 del Decreto 2863 de 2007, al no incluir al personal de agentes de la Policía Nacional, y (ii) la anulación del oficio 2374 de 16 de julio de 2012, originario del señor director general de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, a través del cual le negó el reajuste de la asignación de retiro con base en la prima de actividad previsto en el Decreto 2863 de 2007.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara a la demandada (i) reliquidar su asignación de retiro con un porcentaje de 45% por concepto de variación en el cómputo del factor salarial de la prima de actividad, con fundamento en el Decreto 1213 de 1990 y Decreto 2863 de 2007, desde el 1º de julio de 2007; (ii) dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA; (iii) cancelar los intereses moratorios conforme a lo señalado en el inciso tercero del mismo artículo 192 ibidem; y (iv) realizar la respectiva actualización de los valores adeudados en los términos del artículo 187 ib.

1.2 Fundamentos fácticos y consideraciones de la parte demandante. Relata el actor que por haber prestado sus servicios a la Policía Nacional, en calidad de agente, le fue reconocida asignación de retiro desde el 27 de marzo de 1994.

Que al momento de su retiro le fue reconocida la partida computable denominada prima de actividad en su asignación de retiro en un porcentaje del 20%, sin embargo, según lo dispuesto por la nueva normativa (Decreto 2863 de 2007), le corresponde el 45% de esta, «Situación que no quiso entender el Director de la Demandada al momento de la reclamación del derecho».

Mediante escrito de 3 de mayo de 2012 pidió de la entidad accionada el reajuste de su asignación de retiro, con base en la prima de actividad, lo que le fue negado con oficio accionado.

Destacó que al expedirse el Decreto 2863 de 2007, se reconoció el principio de oscilación consagrado en las Leyes 2ª de 1945 y 923 de 2004 y los Decretos 4433 de 2004 y 1515 de 2007, y se ordenó un incremento en la prima de actividad para los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, así como del personal civil del Ministerio de Defensa Nacional; pero se excluyeron a los agentes de la Policía Nacional, con lo que se incurrió en omisión legislativa relativa que conlleva la violación de normas superiores, toda vez que ello genera una desigualdad injustificada.

II. PROVIDENCIA IMPUGNADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección C), en sentencia de 15 de noviembre de 2013, confirmó el fallo de 4 de julio de 2013 del Juzgado Dieciséis Administrativo de Bogotá, que negó las súplicas de la demanda.

Respecto de la solicitud de prejudicialidad formulada por el actor en el escrito de alegaciones finales, advierte que «[…] no se configura un [sic] dependencia frente al proceso que se tramita en el Máximo Tribunal de esta jurisdicción, que impida desatar la controversia que se suscita en el sub examine, pues de conformidad con la pretensión primara [sic] de la demanda si esta Corporación al momento de proferir la sentencia correspondiente al caso bajo estudio, encuentra demostrado que los artículos 2 y 4 de [sic] Decreto 2863 de 2007, resultan violatorios a las disposiciones contempladas en la Constitución Política, deberá dar aplicación a la excepción de inconstitucionalidad, sin que sea necesario dejar la decisión suspendida en el tiempo a la espera de lo decidido por el H. Consejo de Estado».

En lo atañedero al fondo del asunto, considera que «Es cierto que el referido Decreto 2863 de 2007 no incluyó a los Agentes de la Policía Nacional como destinatarios del incremento de la prima de actividad dispuesto en sus artículos 2° y 4°, ni tampoco a sus beneficiarios; sin embargo, tal circunstancia en criterio de la Sala no configura por sí misma, la vulneración del derecho a la igualdad que alega el demandante y que sirve de fundamento a la excepción de inconstitucionalidad invocada».

Que «[…] al evidenciarse que el demandante en su calidad de Agente retirado de la Policía Nacional, no se encuentra en la [sic] mismas circunstancias fácticas y jurídicas en que se ubican los Oficiales y Suboficiales de dicha Institución, la Sala encuentra que no se puede predicar que exista vulneración del derecho a la igualdad para el presente asunto, como en efecto lo señalo [sic] el a quo», por lo que «[…] las disposiciones cuya inaplicabilidad solicita la parte actora, bajo los cargos formulados por el actor, no presentan oposición alguna con el texto de la Constitución, y en esa medida no estarían dadas las condiciones para dar cabida a la excepción de inconstitucionalidad por ella planteada».

Sostiene que «[…] por vía de la excepción de inconstitucionalidad, a esta Corporación no le está permitido invadir la órbita de competencia de los organismos judiciales a quienes la Carta Fundamental ha asignado el control abstracto de constitucionalidad. Así las cosas, teniendo en cuenta que el actor planteó la existencia de omisiones legislativas y la existencia de violaciones directas a la Constitución Política, respecto del contenido normativo de los artículos 2° y 4° del Decreto 2863 de 2007, argumentos que como tal está llamados a producir efectos generales y no particulares, lo procedente es que acuda a la acción de nulidad por inconstitucionalidad ante el Honorable Consejo de Estado, Corporación en la que se concentra el control de constitucionalidad de decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponde a la Corte Constitucional (Artículo 237 numeral 2° C.P.), o si lo considera, coadyuve con sus planteamientos en el proceso a que refiere en sus alegatos de conclusión».

Que «Siendo claro que al demandante no le es aplicable el incremento que el artículo 4° del decreto 2863 de 2007 consagró sobre el factor denominado prima de actividad, por estar dirigido expresamente para los Oficiales y Suboficiales de la Fuerza Pública, y al quedar establecido que la entidad accionada le viene reconociendo al actor la prima de actividad como factor integrante de su asignación de retiro, la Sala encuentra que dicha pretensión en consecuencia, tampoco será acogida, razón que igualmente imposibilita declarar la nulidad del acto ficto presunto que negó el reajuste de la prima de actividad con base en el Decreto 2863 de 2007».

III. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

El demandante, mediante apoderado, interpuso recurso extraordinario de revisión, el 19 de febrero de 2014, contra el anterior fallo (ff. 1 a 9 c. ppal.), con fundamento en la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, esto es, «Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación», ya que es violatorio de «[…] la Constitución Nacional (artículos 29,53, 228 y 230), [y] contrario a Derecho en todas y cada [una] de sus expresiones y contradictorio en toda su extensión, [pues] puso fin al Proceso [cuando] no le procede recurso de apelación y como quiera que SE DECIDIÓ LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR PREJUDICIALIDAD DENTRO DE LA MISMA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO, SE VIOLENTÓ EL DERECHO DE DEFENSA Y EL DEBIDO PROCESO, LA PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL, EL IMPERIO DE LA LEY, ES DECIR, EL MARCO NORMATIVO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LAS LEYES, LO QUE GENERA VÍA DE HECHO Y POR ENDE NULIDAD DE ORDEN CONSTITUCIONAL. Así lo ha argumentado y decidido el Honorable Consejo de Estado en innumerables oportunidades, como por ejemplo, en la providencia de fecha 28 de octubre de 2010, Consejera Ponente la Doctora BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PÁEZ, dentro del expediente 05001-23-31-000-2004-00658-01 (1922-09), Demandante LUZ MARINA GÓMEZ CÁRDENAS, Demandado HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL DE ENVIGADO E.S.E. […]».

Que «La razón u origen de la nulidad está ínsita en la Sentencia, al existir un pronunciamiento irregular que debía ser resuelto antes del fallo de Segundo Grado, en relación con la suspensión del proceso de prejudicialidad, por parte de los H. Magistrados de la Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca».

IV. TRÁMITE PROCESAL.

Mediante auto de 16 de julio de 2015 (f. 27 c. ppal.), se admitió el recurso y se ordenó la notificación a los señores director general de Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y procurador delegado ante esta Corporación.

La parte demandada (ff. 8 a 10 c. ppal.), a través de apoderada, arguye que «De acuerdo al artículo 170 numeral 2 del C.P.C es causal de suspensión del proceso o prejudicalidad [sic], que no se pueda dictar sentencia porque en otro proceso dependa de lo que deba dictarse en sentencia en otro proceso judicial, que verse sobre cuestión que no sea procedente resolver en el primero».

Que «[…] descendiendo al caso sub-examine, según el recurrente no se podía dictar la sentencia de Segunda Instancia hasta tanto no se hiciera el control de constitucionalidad por VÍA DE ACCIÓN, a que se refiere la nulidad por inconstitucionalidad con el número 11001032500020100013600, cuyo demandante es el señor CHRISTIAN FERNANDO JOAQUI TAPIA y que cursa en el despacho del H. consejero de segunda del Consejo de Estado y que versa sobre la nulidad simple del artículo 2 del decreto 2863 de 2007».

Asevera que «[…] el fallador de Segunda Instancia no tenía la necesidad de esperar a que el Consejo de Estado dictara sentencia en el proceso de Nulidad por Inconstitucionalidad, puesto que a folio 11 del fallo de Segunda Instancia y por VÍA DE EXCEPCIÓN hace el estudio correspondiente de la norma al caso en concreto llegando el ad-quem a la decisión de confirmar el fallo del a-quo argumentando que la consolidación de derechos en el caso en concreto para los efectos de la prima de actividad se dio bajo una normatividad anterior al decreto 1213 de 1990 razón por la cual al actor no se le vulneraron sus derechos al no aplicarle lo establecido en el decreto 2863 de 2007».

Que «[…] esta entidad no ha desconocido ningún derecho al actor, contrario sensu, el reconocimiento de su asignación cumplió con todos y cada uno de los requisitos de la norma de ese momento, es decir del Decreto 0609 de 1997 y demás normas aplicables, por lo tanto, los incremento que se realicen al personal activo son los de obligatorio cumplimiento para el personal retirado y no viceversa como pretende el actor».

Período probatorio. A través de proveído de 30 de junio de 2016 (ff. 49 y 50 c. ppal.), se tuvieron como pruebas los documentos allegados por las partes.

V. CONSIDERACIONES

5.1 Cuestión previa. Antes de decidir si en el presente asunto se configura la causal de revisión invocada, resulta menester precisar el régimen jurídico aplicable, toda vez que el recurso extraordinario de revisión fue presentado el 19 de febrero de 2014 (f. 1 c. ppal.) contra la sentencia de segunda instancia proferida el 15 de noviembre de 2013 (ff. 128 a 136 del expediente ordinario), notificada por correo electrónico el 20 siguiente (ff. 137 a 142 del expediente ordinario).

Sobre la naturaleza del recurso extraordinario de revisión, consideró la sala de lo contencioso-administrativo de esta Corporación que no comporta una tercera instancia, sino una «[…] nueva acción con un objeto de impugnación diferente, cual es una sentencia que ostenta la condición de inmutabilidad en virtud de la cosa juzgada y que por la vía del Recurso Extraordinario de Revisión busca ser invalidada», es decir, un proceso nuevo, autónomo, independiente con trámite propio (etapas procesales) y fallo que define sobre la legalidad de una sentencia ejecutoriada, como medio excepcional de impugnación.

Al respecto, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) se aplica «[…] a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia» (2 de julio de 2012).

Así las cosas, comoquiera que el recurso extraordinario de revisión no comporta una tercera instancia u otra adicional, sino un nuevo proceso o mecanismo de control, este se rige bajo la norma que esté en vigor al momento de su presentación.

En similares términos lo estimó esta subsección, en proveído de 28 de septiembre de 2016, al precisar que «[…] el recurso extraordinario de revisión procede contra sentencias ejecutoriadas que se profirieron en procesos que ya están culminados. En este mismo sentido como la revisión no es una tercera instancia, sino un procedimiento nuevo, al citado recurso se aplica, en principio, la normatividad vigente al momento de su interposición».

Por lo tanto, como este recurso extraordinario de revisión se presentó el 19 de febrero de 2014 (f. 1 c. ppal.), el régimen jurídico aplicable es el contenido en el CPACA.

5.2 Competencia. En relación con la competencia de esta Colegiatura para conocer del medio extraordinario de impugnación que se analiza, el artículo 249 del CPACA prevé:

De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión.

De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.

De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.

De la precitada norma se colige que la competencia para decidir el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo, corresponde a las secciones y subsecciones de esta Corporación, según la materia.

Analizado el asunto sometido a consideración, a la luz de la precitada disposición, se observa que la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión fue dictada, en segunda instancia, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección A), el 20 de enero de 2011, y el tema abordado fue el reconocimiento de la prima técnica por evaluación del desempeño.

Dichos presupuestos permiten concluir que la competencia para conocer del presente recurso es de esta Sección, no solo por cuanto fue interpuesto contra una providencia dictada por un tribunal administrativo, sino además porque su materia es de carácter laboral.

Así las cosas, en este caso resulta procedente el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la accionante contra la sentencia de 15 de noviembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección A), mediante la cual confirmó el fallo de 15 de noviembre de 2013 del Juzgado Dieciséis Administrativo de Bogotá, que negó las súplicas de la demanda.

5.3 Término para su interposición. Comoquiera que la sentencia objeto del presente recurso extraordinario de revisión, alcanzó su ejecutoria el 25 de noviembre de 2013, es decir, en vigor del CPACA, que prevé el término de un (1) año siguiente a la ejecutoria del respectivo fallo, se tendrá como oportunamente presentado, toda vez que se incoó el 19 de febrero de 2014 (f. 1 c. ppal.).

5.4 Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión. El recurso de revisión, que, en materia de lo contencioso-administrativo, se encuentra regulado por el capítulo I del título VI del CPACA, reviste una connotación extraordinaria no solo porque con su ejercicio se pretenden desvirtuar las presunciones de legalidad y certeza que amparan una sentencia, sino porque procede únicamente contra las providencias relacionadas en el artículo 249 ibidem, y, además, las causales de procedencia las consagró de manera taxativa el legislador en el artículo 250 idem, lo cual implica que las facultades del juez que conoce del recurso extraordinario se reducen al estudio de los planteamientos esgrimidos por el recurrente, que deben estar dirigidos a configurar la causal alegada como sustento de la pretensión de revisión, sin que sea posible incluir argumentos distintos ni revivir la controversia jurídica y fáctica propia del proceso en el que se profirió la sentencia objeto del recurso extraordinario.

En este orden de ideas, para que este recurso prospere no solo resulta imperativo que se demuestre la existencia de un motivo o causal de revisión que de manera inequívoca tenga la aptitud suficiente para variar los resultados de la decisión, sino que tal demostración debe corresponder a las circunstancias fácticas señaladas en forma restringida en la ley como causales de revisión en el artículo 250 del CPACA.

5.5 La causal invocada. En el presente caso se invocó la causal 5.ª contenida en el artículo 250 del CPACA, consistente en «Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».

Esta causal se refiere a que, en el momento de dictar sentencia que no es susceptible de recurso de apelación, el juzgador puede incurrir en irregularidades que pueden constituir nulidad. Al respecto, con el fin de que el fallador de revisión no se convierta en juez de instancia, la sala plena de lo contencioso-administrativo, en sentencia de 5 de abril de 2016, precisó las circunstancias que pueden conformar la causal así:

9. El segundo requisito consiste en que la sentencia presente un vicio grave o insaneable que afecte su validez. La jurisprudencia de esta Corporación ha identificado los siguientes defectos como causantes de nulidad en la sentencia:

9.1. Dictarse sentencia a pesar de la terminación previa del proceso por desistimiento, transacción o perención, porque revive un proceso legalmente concluido.

9.2. Dictarse sentencia cuando el proceso se encuentra suspendido.

9.3. Dictarse sentencia sin las mayorías necesarias para la decisión, por la firma de más o menos jueces de los requeridos legalmente.

9.4. Pretermitir la instancia, por ejemplo: (i) al proferir una sentencia sin motivación; (ii) violar el principio de la non reformatio in pejus (como cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en la demanda o por causa distinta a la invocada) o (iii) proferir sentencia condenatoria contra un tercero que no fue vinculado al proceso.

9.5. Decidir aspectos que no corresponden, por falta de jurisdicción o competencia del juez.

9.6. Proferir sentencia con fundamento en una prueba obtenida con violación del debido proceso”.

10. En relación con la nulidad originada en la sentencia por ausencia de motivación, la jurisprudencia de esta Corporación ha diferenciado la falta absoluta de motivación de la deficiente o errada, y ha señalado que únicamente la carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho que le permiten arribar a una decisión, es motivo de revisión bajo la causal sexta. De manera que es improcedente, con fundamento en dicha causal, alegar situaciones relacionadas con deficiencias en la motivación derivadas, por ejemplo, de la estimación errada de las pruebas o de los hechos por parte del juez; de la indebida interpretación de las normas jurídicas aplicadas; o del desconocimiento del precedente judicial (…).

Por otra parte, también se han aceptado las situaciones que devienen de la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política, aunque no se encuentren establecidas en los estatutos procesales como causales de nulidad; pero con la advertencia de que al juez le corresponde establecer si el hecho que se afirma es irregular y tiene la entidad de afectar la inmutabilidad de la sentencia que puso fin al proceso; y, por ende, configurar la mentada causal de revisión.

Por ello, la sala especial de decisión 26 de esta Corporación así lo concibió al señalar que «las causales de nulidad de la sentencia son las previstas en el estatuto procesal civil, en las condiciones que establece el art. 142 del mismo y las que se originen en la sentencia por violación del debido proceso constitucional, contemplado en el artículo 29».

5.6 Caso concreto. Mediante sentencia de 15 de noviembre de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección C), se confirmó el fallo de 4 de julio de 2013 del Juzgado Dieciséis Administrativo de Bogotá, que negó las súplicas de la demanda. Contra esta decisión, el actor interpuso recurso extraordinario de revisión, con fundamento en la causal 5ª consagrada en el artículo 250 del CPACA.

El recurso extraordinario de revisión no se constituye como una instancia más del proceso ordinario, sino que tiene la particularidad de presentarse como una excepción al principio de la cosa juzgada, pues tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra ejecutoriada, y, por ello, la ley ha establecido unas causales taxativas para su procedencia, las cuales se encuentran plasmadas en la actualidad en el artículo 250 del CPACA (antes en el 188 del Código Contencioso Administrativo [CCA]); de ahí que estas deben encontrarse debidamente acreditadas para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia de la etapa procesal anterior.

Para que se configure esta causal, como se dijo, es indispensable que se trate de irregularidades «[…] en que, al tiempo de proferir la sentencia no susceptible de recurso de apelación o casación, pueda incurrir el fallador y que sean capaces de constituir nulidad, como lo sería, por ejemplo, el proferir sentencia en proceso terminado anormalmente por desistimiento, transacción o perención, o condenar en ella a quien no ha figurado como parte; o cuando dicha providencia se dicta estando suspendido el proceso».

Dentro de este contexto, la sala plena de lo contencioso-administrativo de esta Corporación, en sentencia de 2 de marzo de 2010, al referirse a las causales establecidas en el artículo 188 del CCA, y, en especial, a la 6.ª, expresó:
[…] ninguno de los yerros que se relacionan en los numerales del mencionado artículo se refiere de modo directo a la actividad analítica del juez, dado que ninguno cuestiona la labor intelectual de juzgamiento, sino que todos involucran, bien sea una irregularidad de carácter procesal (numeral 6°, referido a la existencia de causal de nulidad originada en la sentencia, y numeral 8°, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien, aspectos que atañen a la validez intrínseca o insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron el sentido de la decisión (numerales 1°, 2°, 3°, 4° y 7°).
[…]

Cuando la norma se refiere a la “nulidad originada en la sentencia” exige que el vicio se configure en el preciso momento procesal en que se profiere la sentencia, por desconocimiento grave o insaneable de alguna ritualidad sustantiva propia de esa actuación. Dichas restricciones se explican por la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión, en cuanto vía procesal que hace excepcionalmente posible la infirmación de una sentencia ejecutoriada y, por tanto, el quebrantamiento de la cosa juzgada.

No será posible, entonces, alegar como causal del recurso extraordinario de revisión la nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia, máxime si se advierte que la proposición de nulidades procesales se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y legitimación previstas en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio del deber que el artículo 145, íbídem, impone al juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que observe “antes de dictar sentencia”.

No obstante, la jurisprudencia de esta Sala ha aceptado la posibilidad de alegar como nulidad originada en la sentencia aquella que, aunque ocurrida en momento anterior al de la emisión del fallo definitivo no apelable, no pudo ser advertida por el recurrente durante el curso del proceso.

Así las cosas, en el presente asunto, el recurrente para sustentar la causal 5ª del artículo 250 del CPACA esgrime el argumento de que en la sentencia de segunda instancia se decidió la solicitud de prejudicialidad, lo cual debía haberse efectuado con anterioridad, por lo que se incurrió en la causal de nulidad 5ª del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil (CPC), al igual que en violación al debido proceso.

Ahora bien, de acuerdo con el numeral 5 del artículo 140 del CPC, comporta causal de nulidad «Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si en estos casos se reanuda antes de la oportunidad debida».

Acerca de la suspensión del proceso, en el artículo 170 del CPC, en su numeral 2, prevé tal posibilidad «Cuando la sentencia que deba dictarse en un proceso, dependa de lo que deba decidirse en otro proceso civil que verse sobre cuestión que no sea procedente resolver en el primero, o de un acto administrativo de alcance particular cuya nulidad esté pendiente del resultado de un proceso contencioso administrativo, salvo lo dispuesto en los códigos Civil y de Comercio y en cualquiera otra ley» (prejudicialidad).

Respecto del trámite de suspensión, el artículo 171 de la mencionada obra normativa preceptúa:

Corresponderá al juez que conoce del proceso resolver sobre la procedencia de la suspensión.

La suspensión a que se refieren los numerales 1º y 2º del artículo precedente, sólo se decretará mediante la prueba de la existencia del proceso que la determina y una vez que el proceso que debe suspenderse se encuentre en estado de dictar sentencia.

La suspensión del proceso producirá los mismos efectos de la interrupción a partir del hecho que la genere o de la ejecutoria del auto que la decrete, el cual es apelable en el efecto suspensivo. El que la niegue, en el devolutivo.

De la precitada normativa se colige que la prejudicialidad comporta una causal de suspensión del proceso, esto es, cuando la resolución de un asunto depende de otro, respecto del cual resulta necesario que sea decidido primero, por lo tanto, el proceso se suspenderá ante la existencia de tal asunto y cuando se encuentre en estado de proferir sentencia, decisión contra la cual procede el recurso de apelación, cuyo efecto dependerá del sentido de la decisión frente a la correspondiente solicitud.

Por consiguiente, la solicitud de suspensión del proceso ha de resolverse de manera previa a la sentencia, empero, acerca de la procedencia del recurso de apelación, este será dable solo cuando el trámite de suspensión se dé en primera instancia. En este sentido, se pronunció esta Corporación, en proveído de 20 de octubre de 2014, expediente 11001-33-31-013-2011-00562-01 (4638 - 2013), consejero ponente Alfonso Vargas Rincón, así:

El problema jurídico gira en torno a establecer si procede el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto de 9 de agosto de 2013 expedido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante el cual se negó la suspensión del proceso por prejudicialidad.

Previo a resolver es necesario aclarar que el presente asunto se tramitó en primera instancia ante el Juzgado Trece Administrativo de Bogotá y encontrándose en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para proferir fallo de segunda instancia, el actor solicitó la suspensión del proceso por prejudicialidad, la cual fue negada mediante auto de 9 de agosto de 2013, como ya se indicó en los antecedentes.

Para efectos de decidir, se tiene lo siguiente:

El artículo 181 del C.C.A. en relación con el recurso de apelación, dispone:

“Son apelables las sentencias de primera instancia de los tribunales de los jueces y los siguientes autos proferidos en la misma instancia por dichos organismos, en pleno o en una de sus secciones o subsecciones, según el caso; o por los jueces administrativos
[…]

De lo anterior se infiere que en el presente asunto el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante resulta improcedente, pues se dirige contra el auto de 9 de agosto de 2013 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en segunda instancia.

Es cierto que los artículos 170 y 171 del Código de Procedimiento Civil (aplicables por remisión del artículo 267 del C.C.A.), establecen la procedencia del recurso de apelación contra el auto que niega la suspensión del proceso por prejudicialidad, no obstante, ha de tenerse en consideración la instancia en la que se profiere, pues no puede generarse una tercera instancia.

Si bien el anterior derrotero se estudió a la luz del Código Contencioso Administrativo (CCA), el CPACA tampoco contempla la posibilidad de apelar la decisión acerca de la solicitud de suspensión del proceso, e incluso su artículo 243 (parágrafo) establece que «La apelación solo procederá de conformidad con las normas del presente Código, incluso en aquellos trámites e incidentes que se rijan por el procedimiento civil», pese a la remisión normativa que realiza el artículo 306 del CPACA al CPC (hoy Código General del Proceso) para los aspectos no regulados.

En este orden de ideas, comoquiera que la petición de suspensión del proceso por prejudicialidad formulada por el demandante, se presentó durante el trámite de segunda instancia, en particular en el escrito de alegatos de conclusión (ff. 121 a 124 del expediente ordinario), lo cierto es que no encuentra la Sala vulneración del derecho al debido proceso, como lo afirma del actor al resolverla el Tribunal en la sentencia, puesto que no procede recurso de apelación contra esa decisión, aunque se hubiese adoptado mediante auto, se insiste, al haberse resuelto en la segunda instancia.

Asimismo, sobre el tema de la prejudicialidad el Consejo de Estado, en auto de 15 de julio de 2010, expresó:

Se hace necesario para la procedencia de la prejudicialidad, la existencia de dos procesos judiciales ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, uno de nulidad contra el acto de carácter general que incida en la decisión que ha de tomarse en los procesos de nulidad y restablecimiento de derecho contra los actos de carácter particular, los cuales deben encontrarse para dictar sentencia.
[...]

Por otro lado, la circunstancia de que el acto de carácter general esté demandado ante esta jurisdicción, no significa, necesariamente, que por ese sólo hecho pierda su fuerza ejecutoria, por cuanto goza de presunción de legalidad, es decir, se estima ha sido proferido dentro del marco de la ley y que tiene plena vigencia mientras la autoridad judicial no lo declare contrario a derecho, o al menos lo suspenda provisionalmente, como medida cautelar dentro del respectivo proceso en donde se controvierta la legalidad de los mismos.

De lo anterior se colige que es la suspensión provisional el mecanismo idóneo para que los actos demandados pierdan su eficacia durante el tiempo que dure el proceso [...].

De conformidad con lo anteriormente citado, resultaba improcedente la solicitud de suspensión del proceso por prejudicialidad del accionante, puesto que la presunción de legalidad del artículo 2 del Decreto 2863 de 2007, demandado en acción de simple nulidad ante el Consejo de Estado (expediente 11001-03-25-000-2010-00136-00), no se encuentra desvirtuada, ya que la presentación de esa demanda contra dicho acto no implica su ilegalidad, asimismo, no ha sido objeto de suspensión provisional.

Agrégase que la sección segunda de esta Corporación, en sentencia de 27 de marzo de 2014, expediente 11001-03-25-000-2009-00029-00 (656-2009), negó otra acción de nulidad interpuesta contra el mismo artículo 2° del Decreto 2863 de 2007, respecto de la posible vulneración del derecho a la igualdad de los agentes de Policía y del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional y de los soldados profesionales, por cuanto no se les incrementó el porcentaje de prima de actividad, al considerar:

Como fundamento de la pretensión de nulidad contra el artículo 2 del Decreto 2863 de 2007 expone el actor que se viola el derecho a la igualdad de los agentes de policía, del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional y de los soldados profesionales, porque el incremento del 50% del porcentaje de la prima de actividad previsto en la norma en comento solamente se concede a los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares, de la Policía Nacional, y a los empleados públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional.

El accionante sostiene que se desconoce el artículo 216 de la Constitución Política porque la fuerza pública está integrada por las fuerzas militares y la Policía Nacional, igualmente señala que no existe una razón objetiva y razonable que justifique la exclusión de los agentes, personal del nivel ejecutivo y soldados profesionales, cuando en su criterio éstos son los que más riesgo asumen en la prestación del servicio y “dentro de la jerarquía de la fuerza pública somos los más débiles, en cuanto grado y económicamente se refiere” (fl. 5).
[…]

[…] la Sala precisa que la regulación del régimen prestacional de la fuerza pública se realiza de manera concurrente entre el legislador quien fija las pautas generales, a través de leyes cuadro y el Gobierno Nacional mediante decretos reglamentarios lo desarrolla. En efecto la Ley 4 de 1992 señaló en el artículo 2 los lineamientos que debe acatar el Gobierno:

“i) La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las limitaciones presupuestales para cada organismo o entidad;

j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño;”

De la lectura de estos literales se observa que la remuneración de los miembros de la fuerza pública debe obedecer al nivel de los cargos, las funciones, responsabilidades y calidades, por lo que es claro que todos no pueden tener la misma remuneración y prestaciones.

En efecto el actor estima que la Constitución Política al establecer en el artículo 216 que la fuerza pública está integrada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, establece un criterio de paridad entre quienes las integran, esto es, que todos los integrantes de la fuerza pública deben tener la misma remuneración por su trabajo. Esta interpretación a la que acude el accionante desconoce justamente el artículo 53 de la Constitución, según el cual “la remuneración mínima es vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo”; así al tratarse de un cuerpo jerarquizado, donde hay diferentes funciones y responsabilidades, el mandato constitucional impone que la retribución por el trabajo sea proporcional a las funciones.

Así, en el presente caso no se está frente a sujetos que se encuentren en las mismas condiciones y que desempeñen las mismas funciones, supuestos necesarios para que se predique la violación del derecho a la igualdad.

Insiste la Sala que el Gobierno Nacional al incrementar la prima de actividad debe seguir el mandato constitucional por el cual se señala que al mismo trabajo corresponde el mismo salario; e igualmente debe sujetarse a la racionalización y disponibilidad de los recursos públicos, y la naturaleza de los cargos y las funciones, como lo señala la Ley 4 de 1992.

En suma, se destaca que para demostrar la violación del derecho a la igualdad a partir de la comparación entre supuestos de hechos diferentes y entre personas cobijadas por regímenes distintos, como lo plantea el actor en este proceso, se “exige un análisis constitucional encaminado a justificar que los que son diferentes deben ser tratados igual, lo cual sólo esta constitucionalmente ordenado en circunstancias extraordinarias de manifiesta desproporcionalidad no compensada por otros beneficios. (subrayado y negrilla de la Sala)

Como se advierte a partir del contenido trascrito, los artículos 2 y 4 del Decreto 2863 de 2007 no adolecen de vicio de inconstitucionalidad, comoquiera que los agentes no se encuentran en una situación asimilable a la de los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, dado que se trata de servidores públicos diferentes en relación con los niveles, grados, tareas, responsabilidades, régimen de ingreso, ascenso, retiro, remuneración y prestaciones. De igual modo, resulta constitucionalmente válido que se confieran tratamientos desiguales en materia salarial y prestacional para los servidores públicos, lo cual no desconoce el derecho a la igualdad.

Así las cosas, no se evidencia, en consecuencia, causal alguna de nulidad de la sentencia impugnada, y la Sala se percata de que la alegación de la parte recurrente pretende un examen de la decisión como si se tratara de una tercera instancia, lo cual escapa al ámbito de competencia del juez del recurso, por lo que este resulta infundado.

Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se declarará impróspero el recurso extraordinario de revisión interpuesto.

Por otra parte, conforme al criterio adoptado por esta Sala en sentencia de 17 de noviembre de 2016, no se impondrán costas a la parte vencida, por cuanto, «[…] a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, circunstancia que limita el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma» (artículo 188 del CPACA).

Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses de la recurrente, se tiene que el derecho de acción fue ejercido en forma legítima y no se observa que haya empleado maniobras temerarias o dilatorias en la defensa de sus intereses; de igual modo, la Sala infiere que el recurso extraordinario de revisión fue ejercido con la posibilidad de que el superior funcional revisara soluciones probables diferentes a las que arribó el tribunal de instancia, por lo que no se impondrá condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1.º Declárase impróspero el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el accionante contra la sentencia de 15 de noviembre de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección C), dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho incoado por el señor Telémaco Vargas contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, conforme a la parte motiva.

2.° No condenar en costas a la parte recurrente.

3.° Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente ordinario al juzgado de origen y archívense las presentes diligencias, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

CARMELO PERDOMO CUÉTER

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Relatoria JORM
Folios 128 a 136 del expediente ordinario. Folios 128 a 136 del expediente ordinario. Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, consejera ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez, auto de 12 de agosto de 2014, exp.110010315000201302110 00; actor: Jairo Luis Polanía Carrizosa, recurso extraordinario de revisión-impedimento. Artículo 308 del CPACA. Sección segunda, subsección B, C. P. César Palomino Cortés, providencia de 28 de septiembre de 2016, expediente 11001-03-25-000-2013-00023-00 (0068-2013).
“(…) El Recurso Extraordinario de Revisión no constituye una instancia adicional (…) con la demanda de revisión se inicia una instancia que cuenta con trámite propio y diferentes etapas procesales que se enmarcan dentro del debido proceso, hasta culminar con un fallo que define sobre la legalidad de una sentencia ejecutoriada (…)”. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez. Auto de 12 de agosto de 2014. Expediente. No. 110010315000201302110-00. Actor. Jairo Luis Polanía Carrizosa. El aparte «sin exclusión de la sección que profirió la decisión» fue declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-450 de 16 de julio de 2015. Sobre las generalidades del recurso extraordinario de revisión pueden consultarse, entre otras: Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso administrativo, sentencias de 27 de febrero de 2017 (11001-03-15-000-2016-01440-00 REV), 20 de junio de 2016 (expediente 11001-03-15-000-2007-00958-00, 2 de marzo de 2010 (expediente REV-2001-00091), 6 de abril de 2010 (expediente REV-2003-00678), 20 de octubre de 2009 (expediente Rad. REV-2003-00133), 12 de julio de 2005 (expediente REV-1997-00143-02), 14 de marzo de 1995 (expediente REV-078), 16 de febrero de 1995 (expediente REV-070), 20 de abril de 1993 (expediente REV-045) y 11 de febrero de 1993 (REV-037); sección segunda, subsección A, sentencias de 27 de julio de 2017 (expedientes 05001-23-31-000-2002-01628-01 [0379-12] y 05001-23-31-000-2002-01080-02 [1829-12]) y de 27 de abril de 2017 (expediente 05001-23-31-000-2002-00574-01 [0557-12]) y subsección B, sentencia de 26 de mayo de 2010 (expediente: 15001-23-31-000-2001-06339-01 [0702-01]); sección tercera, sentencias de 2 de marzo de 2017 (73001-23-31-000-2004-00818-02 [35392]), 22 de abril de 2009 (expediente: 35995) y sección quinta, auto de 25 de mayo de 2017, expediente: 11001-03-28-000-2017-00013-00, C.P. Rocío Araújo Oñate. Sala catorce especial de decisión del Consejo de Estado, radicación: 110010315000 2008 00320 00, actor: José Joaquín Palma Vengoechea, demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación, consejero ponente: Danilo Rojas Betancourth
Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso- administrativo, sentencias de 11 de mayo de 1998, rad. REV-093; de 18 de octubre de 2005 rad. 2000-00239, de 20 de octubre de 2009, rad. REV-2003-00133; y de sentencia de 7 de abril de 2015, rad. 2013-02724-00(REV), consejero ponente. Jorge Octavio Ramírez; sección segunda, Subsección B, sentencia de 11 de junio de 2009, rad. 836-06; y sección primera, sentencia de 14 de diciembre de 2009, rad. 2006-00123. Si bien la sentencia citada hace referencia a las causales contempladas en el Decreto 01 de 1984, tiene plena vigencia en relación con la invocada por los recurrentes que se encuentra contemplada actualmente en el numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, que consagra como supuesto de hecho la nulidad originada en la sentencia. Consejo de estado, sala especial 26, sentencia de 3 de febrero de 2015, radicado 11001-03-15-000-2011-01639-00 (REV), demandante: Vehivalle S.A., consejera ponente: Olga Mélida Valle de De la Hoz. Corte Suprema de Justicia, sala de casación civil, sentencia de 18 de julio de 1974 (recurso extraordinario de revisión), magistrado ponente: Humberto Murcia Ballén, demandantes: Gonzalo Prieto y Jesús Barrera, demandado: Automotores R. A. Pérez e Hijos Limitada.

Gaceta Judicial CXLVIII, pp. 184-185. Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso-administrativo, sentencia de 2 de marzo de 2010, radicación 11001-03-15-000-2001-00091-01 (REV), actor: Pedro Antonio Durán, demandado: Contraloría General de la República. Sentencia del 20 de abril de 2004, expediente REV-00132.
«Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos: 1. El que rechace la demanda. 2. El que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trámite. 3. El que ponga fin al proceso. 4. El que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales, recurso que solo podrá ser interpuesto por el Ministerio Público. 5. El que resuelva la liquidación de la condena o de los perjuicios. 6. El que decreta las nulidades procesales. 7. El que niega la intervención de terceros. 8. El que prescinda de la audiencia de pruebas. 9. El que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente. Los autos a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 relacionados anteriormente, serán apelables cuando sean proferidos por los tribunales administrativos en primera instancia. El recurso de apelación se concederá en el efecto suspensivo, salvo en los casos a que se refieren los numerales 2, 6, 7 y 9 de este artículo, que se concederán en el efecto devolutivo […]». En el que pidió «[…] la suspensión del Proceso de la referencia ‘POR PREJUDICIALIDAD’, hasta tanto no se resuelva y quede en firme el Proceso de Nulidad Simple distinguido con el número 11001032500020100013600 […] que versa sobre la Nulidad Simple del artículo 2 del Decreto 2863 de 2007 […]» al considerar que «El Proceso de la referencia, depende necesariamente de las resultas de la nulidad impetrada dentro del Proceso de Simple Nulidad que cursa en el Honorable Consejo de Estado […]». Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección A, consejero ponente Alfonso Vargas Rincón, expediente 11001-03-25-000-2009-00070-00(1063-09). Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve. Sentencia C-980 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 17 de noviembre de 2016, radicado 05001-23-33-000-00091-01 (823-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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