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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2014-00486-00

Convenios internacionales del trabajo

Fecha
19 de agosto de 2021
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2014-00486-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A Primero.- Denegar las pretensiones de la demanda formulada por el señor Nilson Arturo Vega Vásquez en contra de los artículos 8, numerales 1 y 8, parcial; 9, numeral 1; 10, numeral 2; 11, numerales 1, 5, parcial, 6, 7 y 9; y 14 del Decreto 160 del 5 de febrero de 2014 «[p]or el cual se reglamenta la Ley 411 de 1997 aprobatoria del Convenio 151 de la OIT, en lo relativo a los procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos» y 1, incisos 2 y 3, del Decreto 89 del 20 de enero de 2014 «[p]or el cual se reglamentan los numerales 2 y 3 el artículo 374 del Código Sustantivo del Trabajo», de conformidad con las consideraciones que anteceden. Segundo.- No imponer costas procesales. Tercero.- En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2014-00486-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

19 de agosto de 2021

CONVENIOS INTERNACIONALES DEL TRABAJO / CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICO / POTESTAD UNILATERAL DEL ESTADO PARA ESTABLECER LA REMUNERACIÓN Y FUNCIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

En torno a los convenios internacionales del trabajo ratificados por Colombia, la Corte Constitucional (…) sostuvo que no ofrece ninguna duda que aquellos fueron integrados a la legislación interna, por disposición expresa del inciso 4 del artículo 53 de la Constitución, lo que significa que «adquieren el carácter de normas jurídicas obligatorias en el derecho interno por el solo hecho de su ratificación, sin que sea necesario que se dicten nuevas leyes para incorporar su contenido específico en el ordenamiento jurídico del país o para desarrollarlo» y que constituyen «fuente principal y son aplicables directamente para resolver las controversias». [E]n lo que respecta a la fijación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, la Constitución Política determina que tanto la remuneración como las funciones son establecidas, en forma unilateral, por el Estado, en efecto, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) al Congreso le está encomendado expedir las leyes marco a las que se debe sujetar el Gobierno Nacional para i) fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos y ii) fijar el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales; mientras que al presidente de la República, en el ámbito nacional, le corresponde señalar las funciones especiales y fijar los emolumentos de los empleos que demande la administración central.

NULIDAD DEL DECRETO 160 DE 2014 / CONVENIOS Y RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO – OIT / DERECHO DE SINDICACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA / FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA / DERECHO DE ASOCIACIÓN PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS / PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA SINDICAL / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA SINDICAL / PRINCIPIO DE DEMOCRACIA SINDICAL

El decreto del que se acusan algunos apartes se dictó por el Gobierno nacional en ejercicio de las competencias atribuidas al presidente de la República en el artículo 189, numeral 11, esto es, en uso de «la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes» y, en particular, la norma que reglamentó fue la Ley 411 de 1997 «[p]or medio de la cual se aprueba el "Convenio 151 sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública", adoptado en la 64 Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 1978». Por lo anterior, es preciso señalar que la Corte Constitucional en Sentencia C-377 de 1998 declaró que el contenido general del convenio 151 —aprobado mediante la Ley 411 de 1997— era compatible con la Constitución y, en términos generales, sostuvo que la finalidad de este consistía en «completar ciertos vacíos normativos en el derecho laboral internacional, ya que los convenios y recomendaciones precedentes de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva no son aplicables a todas las personas empleadas por el Estado» y bajo ese entendido, los empleados del Estado se encontraban parcialmente desprotegidos en sus derechos a la asociación sindical y algunas formas de negociación colectiva, por lo cual, el convenio aprobado buscó «establecer unas garantías mínimas para la libertad sindical de quienes trabajan para el Estado». En dicha sentencia, la Corte consideró que «en general los servidores públicos gozan de los derechos constitucionales como toda persona, con las limitaciones derivadas del ejercicio de sus cargos» de ahí que se justifique la exclusión de tales derechos a los miembros de la Fuerza Pública o a aquellos empleados que «se desenvuelven en cargos de autoridad o confianza». En todo caso, a la luz de lo dispuesto en los artículos 4, 5 y 6 del Convenio sostuvo que el reconocimiento del derecho de asociación para los servidores públicos implica que estos gozan de «todas las otras garantías que son consustanciales al ejercicio de ese derecho, como es el amparo contra actos de discriminación antisindical, la protección de la independencia de las organizaciones sindicales y la necesaria concesión de ciertas facilidades a los representantes de la misma, como el fuero sindical». En tal contexto, declaró la exequibilidad de tales disposiciones, bajo el entendimiento «de que consagran un mínimo de garantías para los servidores públicos en relación con el derecho de asociación, las cuales pueden ser desarrolladas de manera más generosa por la legislación nacional». Por otro lado, en materia de determinación de las condiciones de empleo en el sector público y la solución de conflictos, a que aluden los artículos 7 y 8 del Convenio, la Corte consideró que al respecto era necesario hacer una distinción entre los trabajadores oficiales y los empleados públicos, pues en cuanto a los primeros no se encontraba ninguna objeción de las disposiciones del convenio, ya que armonizaban con los principios y valores constitucionales; sin embargo, en lo que atañe a tales derechos para los empleados públicos sostuvo que como la Constitución Política determina que las funciones y remuneración de esta clase de servidores se establecen en forma unilateral por el Estado en los distintos órdenes territoriales, pareciera que tales artículos no podrían ser aplicados a este tipo específico de servidores públicos. […] Artículo 8, numeral 1.

En el artículo 8 del decreto cuya nulidad se solicita se fijan las condiciones y requisitos para la comparecencia sindical a la negociación y, entre ellas, en su numeral 1, señala que ante la pluralidad de organizaciones sindicales de empleados públicos, estas deben realizar actividades previas de coordinación para integrar las solicitudes, con el fin de concurrir en unidad de pliego y en unidad de integración de las comisiones negociadoras y asesoras. […] [L]a Sala no vislumbra en qué forma podría verse afectado el principio de participación democrática sindical con el requisito impuesto en el numeral 1 del artículo 8 del decreto demandado, pues, por el contrario, constituye un desarrollo de aquel, en tanto lo que exige es la realización de actividades de coordinación entre las diferentes organizaciones sindicales que participan en una negociación de esta naturaleza, de modo que se permita la participación de todas ellas con un fin definido, que es el de concurrir a las mesas de negociación de manera unificada, todo ello con el propósito de facilitar el proceso de negociación y, en todo caso, constituye una manera para lograr el cumplimiento de las reglas previstas en el artículo 3, numeral 3, del Decreto 160 de 2014, que consiste en que solo habrá una mesa de negociación y un solo acuerdo colectivo por entidad o autoridad pública. […] Artículo 9, numeral 1. El artículo 9 del decreto cuestionado se refiere al grado de representatividad sindical y la conformación de la comisión negociadora, y, en particular, se cuestiona lo previsto en el numeral 1, según el cual «en caso de que concurran a la negociación varias organizaciones sindicales de empleados públicos, éstas en ejercicio de su autonomía sindical determinarán el número de integrantes de la comisión negociadora y su distribución entre los distintos sindicatos. En el evento en que no haya acuerdo para la distribución de los representantes ante la mesa de negociación, ésta debe ser objetiva y proporcional al número de afiliados con derecho y pago de su cuota sindical depositada en banco, conforme a los artículos 393 y 396 del Código Sustantivo del Trabajo y según certificación del tesorero y secretario». […] [L]a Subsección considera que lo que plantea la disposición cuestionada es, en primer lugar, dejar al arbitrio de las asociaciones sindicales concurrentes, la decisión de determinar el número de integrantes de la comisión negociadora y su distribución entre los distintos sindicatos, todo ello, atendiendo el principio de autonomía sindical, pero, en segundo lugar, y en el evento de desacuerdo sobre ese particular, fija unas reglas que no tienden a favorecer a las mayorías, sino que buscan una participación objetiva y proporcional al número de trabajadores sindicalizados, lo que, en sentir de la Sala, se aviene al principio de democracia sindical, para la distribución de los representantes de los sindicatos ante la mesa de negociación.

La Sala estima que los términos en que está planteada la regla, para efecto de la distribución de los representantes ante la mesa de negociación, permiten la participación de todos los sindicatos concurrentes, bien sea que tengan la mayoría de afiliados o que no sea así, pues se determina que esta distribución debe ser «objetiva y proporcional al número de afiliados» pero, en momento alguno, se impone que solo los sindicatos mayoritarios tendrán la representatividad y, en todo caso, «con el propósito de garantizar valores como el pluralismo y la participación, las democracias modernas han entendido que la mejor manera de salvaguardar los principios aludidos es a través de sistemas proporcionales de elección que permiten la participación de las minorías en el ejercicio del poder, cosa totalmente distinta sucede con los sistemas mayoritarios en los cuales el poder solo es ejercido por quien obtiene la mayoría con desconocimiento total de cualquiera grupo minoritario» y, en ese sentido, se entiende que al no existir un desconocimiento total de grupos minoritarios, sino que la elección surja de un proceso objetivo y proporcional, no se está desechando el derecho de las minorías. […] [L]a Sala entiende que la disposición orientada a que sean las propias organizaciones sindicales las que determinen el número de integrantes de la comisión negociadora y su distribución entre los distintos sindicatos o la distribución objetiva y proporcional al número de afiliados, en caso de desacuerdo sobre esa materia, no es otra cosa que un mecanismo definido por el ejecutivo para lograr la participación de los empleados públicos, o de sus representantes, en la determinación de sus condiciones de empleo, que la Corte consideró válida, tal como lo expuso en la Sentencia C-377 de 1998. […] [L]a Sala concluye que lo que la norma pretende es, por un lado, priorizar la autonomía sindical y que, en ejercicio de ella, los sindicatos concurrentes elijan el porcentaje de participación de cada uno de ellos en el proceso de negociación y a sus representantes, pero, en caso de divergencia de criterios, fija una solución adecuada y garante de los principios que rigen la actividad sindical, para solucionar tal conflicto y, en ese orden, no prospera el cargo propuesto. Artículo 10, numeral 2. […] [L]a previsión contenida en el artículo 10, numeral 2, de la norma cuestionada, para el ejercicio de la autonomía sindical, en el marco del principio de proporcionalidad en la participación, lo que hace es garantizar la intervención de todos los actores de la negociación, por parte de las asociaciones sindicales, pero enmarcada en una medida que se adecúa y es compatible con la Constitución Política, como es que se haga uso del principio de proporcionalidad —en el marco de la democracia sindical— a efecto de elegir a sus representantes. Así se garantiza la participación de aquellos para la determinación de sus condiciones del empleo, tal como lo prescribe el Convenio 151 de la OIT, pero se armoniza esa participación con los límites del ordenamiento interno que determinan que esta debe atender principios democráticos.

Artículos 8, numeral 3 parcial, 11, numeral 1. […] [E]l marco temporal para la presentación del pliego obedece a un componente técnico que tiene como finalidad atender el calendario de programación presupuestal, lo que es concordante con el artículo 7 del Convenio 151 de la OIT en el que se prevé que para que se logre la participación de los empleados públicos en la determinación de las condiciones del empleo, en caso de ser necesario, se deben adoptar «medidas adecuadas a las condiciones nacionales», de ahí que el ejecutivo haya visto la necesidad de ajustar el proceso de negociación al calendario presupuestal, en forma concordante con lo que al respecto prevén los artículos 151, 346 y 352 de la Constitución Política. […] [L]os recursos del Estado son limitados y el tiempo para su ejecución también, por ello, la definición del ámbito temporal que impuso el ejecutivo para la presentación del pliego resulta razonable y coherente con las reglas de orden presupuestal que hacen parte del ordenamiento interno, bajo ese entendido se trata de una previsión que armoniza el mecanismo de la negociación colectiva con las normas bajo las cuales se estructura la preparación del presupuesto dentro de la vigencia fiscal que se vaya a ver impactada por las determinaciones materia de negociación. […] [E]l marco temporal que se fijó por el ejecutivo es razonable y congruente con las disposiciones de orden presupuestal reseñadas y no se trata de un obstáculo o talanquera al ejercicio del mecanismo de la negociación sindical, sino que constituye una forma de armonizarlo con las previsiones internas en materia de planeación presupuestal y, por ende, no prospera el cargo. Artículo 11, numerales 5 parcial, 6, 7 y 9. […] [E]l hecho de que el ejecutivo haya acudido solo a uno de los mecanismos enunciados en el Convenio y no haya incorporado los otros dos que se presentaban como alternativas para ese propósito, no conlleva una desatención de la norma convencional, ni mucho menos hace nugatoria la negociación colectiva con miras a lograr el mejoramiento de las condiciones de empleo de los destinatarios del Decreto 160 de 2014, valga aclarar que en el propio convenio se habilitó para que los Estados acudieran al mecanismo que se adaptada «de manera apropiada a las condiciones nacionales». En torno a la figura de la mediación, se debe señalar que está instituida como un mecanismo alternativo de solución de conflictos y constituye «un procedimiento consensual, confidencial a través del cual las partes, con la ayuda de un facilitador neutral entrenado en resolución de conflictos, interviene para que las partes puedan discutir sus puntos de vista y buscar una solución conjunta al conflicto»; por ende, la Sala considera que su acogida, por parte del ejecutivo, para resolver las diferencias ocurridas dentro del proceso de negociación es adecuada, pues se trata de un negociador neutral cuya intervención tiene como propósito resolver el conflicto suscitado entre las partes. Artículo 14. […] [L]os empleados públicos están vinculados al Estado a través de una relación legal y reglamentaria, es necesario que los acuerdos a los que se llegue dentro del proceso de negociación, se incorporen en el ordenamiento, pues, de lo contrario, no se harían exigibles. Al respecto, es preciso indicar que a diferencia del proceso de negociación sindical de particulares o de trabajadores oficiales, para quienes la sola suscripción del acuerdo o convención colectiva efectiviza las condiciones pactadas, ello no ocurre en caso de los empleados públicos, dada la sujeción de su relación laboral a lo que esté previsto en el ordenamiento.

NULIDAD DEL DECRETO 089 DE 2014 / DERECHO DE ASOCIACIÓN SINDICAL

la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación consideró que la determinación relativa a la unidad de negociación en una sola mesa y en una sola convención colectiva no limita el derecho de asociación sindical sino que «establece un mecanismo que de manera claramente diferente a instituir una limitación al derecho de asociación sindical, lo que introduce es la posibilidad real de comparecencia de todos los sindicatos, en proporción a su representación y a sus afiliados y sobre sus respectivos pliegos de peticiones, con una indudable coherencia frente al principio democrático aplicado a la actividad sindical».

EXCESO DE LA FACULTAD REGLAMENTARIA /

[L]a Sección Segunda del Consejo de Estado ha señalado que no todas las leyes son susceptibles de ser reglamentadas, pues i) existen materias cuya regulación está reservada a la ley, caso en el cual, al legislador le corresponde desarrollarla de manera exclusiva; ii) las leyes que deban ser ejecutadas por la administración no pueden ser objeto de regulación; y iii) Cuando la ley ha sido formulada de manera tan detallada y los temas en ella contenidos han sido desarrollados en forma tan minuciosa, que en principio, no necesitaría de reglamentación. En lo que atañe a los artículos cuestionados, la sala advierte que la reglamentación se encargó, por un lado, —Decreto 160 de 2014— de: i) fijar condiciones y requisitos para la comparecencia sindical a la negociación, ello dentro de los principios de autonomía y democracia sindical; ii) fijar parámetros para establecer el grado de representatividad sindical y la comisión negociadora en caso de concurrencia de organizaciones sindicales de empleados públicos; iii) demarcar reglas de la negociación, enmarcado en el principio de autonomía y proporcionalidad en la representación; iv) definir un marco temporal para la presentación de pliegos, en forma armónica con las normas constitucionales y legales que fijan los plazos para el trámite de la aprobación del presupuesto, en consideración al tipo de sujetos de la negociación —empleados públicos— cuya remuneración debe estar previstas en el presupuesto; v) la consagración de la figura del mediador a efecto de que se resuelvan los conflictos que se llegaren a suscitar dentro del proceso de negociación colectiva; y vi) el instrumento para efectivizar los acuerdos a los que se llegue como resultado de tal negociación; y por otro lado, —Decreto 89 de 2014— de vii) implementar un mecanismo de negociación concentrada, en forma proporcional al número de afiliados y con el propósito de negociar los conflictos en una sola mesa, ello con el propósito de garantizar la racionalidad y economía en el procedimiento. Ahora bien, las leyes reglamentadas son la 411 de 1997, por la cual se aprobó el Convenio 151 de la OIT relativo a los procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos y los numerales 2 y 3 del artículo 374 del Código Sustantivo del Trabajo. Al respecto, la Sala advierte que las previsiones de tal convenio fijan unas pautas generales que han de tener en cuenta los Estados a efecto de garantizar el derecho de asociación sindical a los servidores públicos; sin embargo, les otorga a aquellos la potestad de adoptar las «medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación» esa adopción requiere una reglamentación, pues, como se señaló en las consideraciones del decreto bajo análisis «se encontró que se requiere hacer precisiones en el procedimiento para adelantar la negociación, en especial en lo relacionado con las instancias competentes para discutir los pliegos de peticiones, la elección de los representes de los sindicatos en las mesas de negociación y en los mecanismos de solución de controversias». En tales condiciones, las anteriores materias lejos de constituir restricciones o límites al ejercicio del derecho de asociación sindical, lo que hacen es desarrollar e implementar procedimientos para que el proceso de negociación sea realizable y que en él participen todos los sindicatos concurrentes; igual consideración comparte la reglamentación del numeral 3 del artículo 374 del Código Sustantivo del Trabajo, por ello, la Sala considera que los asuntos reglamentados por los artículos acusados lo que buscaron fue establecer reglas generales para hacer efectivas las disposiciones materia de reglamentación, y en ese sentido, el ejecutivo no desbordó las atribuciones que, en esa materia tiene atribuidas constitucionalmente.

RÉPLICA DE UNA NORMA DECLARADA INEXEQUIBLE POR LA CORTE CONSTITUCIONAL

[L]a Corte Constitucional se pronunció sobre la demanda de inconstitucionalidad formulada en contra del numeral 2º. del artículo 26 del Decreto Legislativo 2351 de 1965, que disponía: «2. Cuando en una misma empresa coexistiere un sindicato de base con uno gremial o de industria, la representación de los trabajadores, para todos los efectos de la contratación colectiva, corresponderá al sindicato que agrupe a la mayoría de los trabajadores de dicha empresa». […] [A]l revisar el texto de los artículos de los Decretos 089 y 160 de 2014, que se cuestionan en el sub lite (…) no se vislumbra, en primer lugar, que ninguna de las normas que se acusan se refieran a la coexistencia de un sindicato de base con uno gremial o de industrita y tampoco se determina, en ninguno de ellos, que la representación para todos los efectos de la negociación colectiva, esté en manos del sindicato que agrupe a la mayoría de los trabajadores de la empresa (…) ninguno de los artículos materia de censura endilgan en el sindicato mayoritario la representación de todos los trabajadores, cuando hay concurrencia de organizaciones sindicales, sino que permite que, en ejercicio de mecanismos democráticos, entre todos los sindicatos designen a sus representantes.

FUENTE FORMAL: CP - ARTÍCULO 53 / CP - ARTÍCULO 150 NUMERAL 19 LITERALES E) Y F) / CP – ARTÍCULO 189 NUMERAL 11 / CP – ARTÍCULO – 151 / CP – ARTÍCULO 346 / CP – ARTÍCULO 352 / LEY 411 DE 1997 / CST - ARTÍCULO 393 / CST – ARTÍCULO 396 / DECRETO 089 DE 2014 / DECRETO 160 DE 2014 / CONVENIO 151 DE LA OIT

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “A”

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-25-000-2014-00486-00(1563-14)

Actor: NIXON TORRES CÁRCAMO

Demandado: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – MINISTERIO DEL TRABAJO / MINISTERIO DE SALUD / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Referencia: DECRETOS 89 DEL 20 DE ENERO DE 2014 Y 160 DEL 5 DE FEBRERO DE 2014. AUTONOMÍA SINDICAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS, NEGOCIACIÓN EN CASOS DE CONCURRENCIA DE ORGANIZACIONES Y COMISIÓN NEGOCIADORA SINDICAL.

Procede la Sala, conforme a lo previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, a resolver la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad, se promovió en contra de los artículos 8, numerales 1 y 8, parcial; 9, numeral 1; 10, numeral 2; 11, numerales 1, 5, parcial, 6, 7 y 9; y 14 del Decreto 160 del 5 de febrero de 2014 «[p]or el cual se reglamenta la Ley 411 de 1997 aprobatoria del Convenio 151 de la OIT, en lo relativo a los procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos» y 1, incisos 2 y 3, del Decreto 89 del 20 de enero de 2014 «[p]or el cual se reglamentan los numerales 2 y 3 el artículo 374 del Código Sustantivo del Trabajo».
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el señor Nixon Torres Cárcamo, quien actúa en nombre propio, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en orden a que se declare la nulidad de los artículos 8, numerales 1 y 8, parcial; 9, numeral 1; 10, numeral 2; 11, numerales 1, 5, parcial, 6, 7 y 9; y 14 del Decreto 160 del 5 de febrero de 2014 «[p]or el cual se reglamenta la Ley 411 de 1997 aprobatoria del Convenio 151 de la OIT, en lo relativo a los procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos» y 1, incisos 2 y 3, del Decreto 89 del 20 de enero de 2014 «[p]or el cual se reglamentan los numerales 2 y 3 el artículo 374 del Código Sustantivo del Trabajo».

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el demandante señaló los siguientes:

i) En los apartes de las normas demandadas, el Gobierno nacional, en uso de facultades reglamentarias, se arrogó la atribución de «legislar en materia de negociación colectiva del empleado público y de la negociación colectiva del trabajo en general» pues estableció pautas o reglas jurídicas que limitan el derecho de negociación en general.

ii) Con las previsiones que se acusan, el Gobierno nacional replicó disposiciones jurídicas que fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-063 de 2008.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

El demandante sostuvo que con las previsiones acusadas se violaron el preámbulo y los artículos 39, 53, 55, 93 y 189, numeral 11, de la Constitución Política, 2, 3 y 8 del Convenio 87; 1 y 2 del Convenio 98; 1, 2, 3 y 5 del Convenio 135; 2, 3, 5, 7 y 8 del Convenio 154, todos de la OIT.

Al desarrollar el concepto de violación, planteó el cargo de violación de la Constitución y de los convenios internacionales, y lo sustentó así:

i) El preámbulo de la Constitución Política resulta transgredido en cuanto se restringe la participación democrática de las organizaciones sindicales, pues se les impone realizar actividades de coordinación para integrar las solicitudes, las comisiones negociadoras y la unidad de pliego. Lo anterior limita la participación democrática de aquellas pues desconoce sus diferencias ideológicas, filosóficas o culturales, conlleva un antagonismo entre las distintas propuestas que se puedan elaborar por cada una de ellas y propicia limitaciones en el principio democrático de participación y respeto por los intereses y la defensa de las distintas ópticas.

La previsión del Decreto 160 de 2014 que impone la proporcionalidad en el número de negociadores según la cantidad de afiliados, para constituir una gran comisión negociadora crea reglas antidemocráticas pues los negociadores de los sindicatos mayoritarios terminan imponiendo sus decisiones en asuntos como los puntos a negociar, el pliego a discutir y las aprobaciones que dependan de las mayorías por parte de ese extremo de la negociación colectiva. De igual manera, limita la participación democrática de los trabajadores en cuanto a la fecha en que libremente decidan iniciar un conflicto de trabajo, lo que no es propio del uso de la facultad reglamentaria.

ii) Los apartes demandados de los Decretos 160 de 2014 y 089 de 2014 vulneran el artículo 39 constitucional, pues comportan una injerencia negativa del Estado en cuanto al funcionamiento de las organizaciones sindicales, sus representantes y los efectos de la afiliación a aquellas. En los términos en que están concebidas las reglas para conformar un solo extremo en la negociación por parte de la comisión negociadora, un solo pliego y una sola negociación hacen nugatorio el derecho de negociación en conexidad con el de asociación, pues excede la facultad reglamentaria en la medida en que las excepciones al derecho de negociación es un asunto de resorte del poder legislativo y no del ejecutivo, de modo que con ello no solo se quebranta el artículo citado, sino el principio de división de poderes.

iii) El desconocimiento del artículo 53 de la Constitución Política se predica de los apartes demandados del Decreto 160 de 2014, en cuanto desconocen la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, como el de la negociación colectiva que hace parte de la legislación interna, por la incorporación en ella de los Convenios 135, 151 y 154 de la OIT, en los que no se estipula que los Estados miembros pueden limitar los tiempos de negociación en una vigencia fiscal. El menoscabo del derecho a la negociación colectiva se configura por a. la imposición del límite temporal según el cual este tipo de negociación tan solo se puede desarrollar en el primer bimestre del año; y b. la imposición de una regla obligatoria ante la coexistencia de varias organizaciones sindicales en una sola empresa, según la cual se debe conformar una sola comisión negociadora y un solo pliego, sin consideración a las diferencias de criterios y pluralidad de pensamiento entre aquellas.

iv) Con las disposiciones acusadas se vulnera el artículo 55 constitucional porque el Gobierno nacional está alterando la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo al imponer límites al derecho a la negociación colectiva en lo que respecta a los tiempos, dentro de una vigencia fiscal, en los cuales se puede llevar a cabo la aludida negociación y «la potestad del empleador de adoptar y dejar sin efectos la negociación que se surta», asuntos que constituyen excepciones o limitaciones que deben debatirse en el seno del Congreso, que es el escenario constitucional apropiado para ello.

v) Se transgrede el artículo 93 de la Constitución Política debido a que se violan directamente los artículos 2, 3, 8 del Convenio 87; 1 y 2 del Convenio 98; 1, 2, 3 y 5 del Convenio 135; y 2, 3, 5, 7 y 8 del Convenio 154 de la OIT, que hacen parte del bloque de constitucionalidad —con excepción del 135— y que constituyen los parámetros a los que se deben sujetar los decretos demandados, como pasa a desarrollarse:

El presidente de la República se apartó de las obligaciones contenidas en el numeral 1 y literal a) del numeral 2 del artículo 5 del Convenio 154, según los cuales se deben adoptar las medidas adecuadas a las condiciones nacionales para fomentar la negociación colectiva y tales medidas tendrán por objeto que la negociación colectiva sea posibilitada a todos los empleadores y a todas las categorías de trabajadores de las ramas de actividad a las que aplique dicho convenio, respectivamente, tal desconocimiento se concreta en que en lugar de crear o establecer la figura del arbitraje o la conciliación obligatoria, en cabeza de un juez, creó la figura del mediador que impide concretar o materializar de forma efectiva el derecho a la negociación colectiva.

Se inaplicó el numeral 2 del artículo 8 del Convenio 87 de la OIT que prohíbe que la legislación interna menoscabe las garantías previstas en tal convenio, pues el desarrollo de las políticas internas debe constituir un desarrollo de los acuerdos internacionales y no la imposición de reglas antidemocráticas que revivan el tema de los sindicatos mayoritarios frente a los minoritarios en su derecho a la negociación colectiva, en tanto que las reglas de participación se establecieron con base en el número de afiliados, lo que conlleva la imposición de las posturas del sindicato mayoritario en la gran comisión negociadora, en la cual tendrían una mayor participación y sus conclusiones estarían por encima de las de los trabajadores y negociadores que pertenezcan a sindicatos minoritarios.

Se vulneraron los artículos 2, 3 y 8 del Convenio 87 al establecer límites en el tiempo para poder negociar dentro de una vigencia fiscal, pues ello atenta contra la libertad sindical y desconoce la obligación que le asiste al Gobierno nacional de auspiciar mecanismos que desarrollen la negociación colectiva.

Los artículos 1 y 2 del Convenio 98 de la OIT se transgredieron por parte de los dos decretos demandados, por las reglas que se implementaron para conformar la comisión negociadora y la presentación del pliego único para poder iniciar la negociación colectiva y que, en últimas, si no hay acuerdo, no existe mecanismo legal para materializar los puntos discutidos en la negociación, lo anterior es una forma de desestimular a los empleados a convertirse en miembros del sindicato, en el entendido de que la capacidad de negociación es nula.

Los dos decretos demandados también quebrantan los artículos 2, 3, 5, 7 y 8 del Convenio 154 de la OIT pues el procedimiento que se señala anula los acuerdos a que se llegue dentro de la negociación colectiva pues el empleador solo adopta las decisiones contenidas en el acta final, sin embargo, los demás puntos que no hubieren quedado como acuerdos en el acta fenecen con el acta final, pese a que son pretensiones legítimas de los trabajadores.

La expresión negociación colectiva se refiere a «fijar las condiciones de trabajo y empleo, regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez» sin embargo, con las disposiciones atacadas todas esas acciones se desconocen, cuando lo que impera en cualquier proceso de negociación de los empleados públicos, es la decisión unilateral del empleador y cuando el ejercicio del derecho de negociación para este tipo de empleados se limita a los dos primeros meses de cada año.

vi) Se configuró la violación del artículo 189, numeral 11, de la Constitución Política pues, a través de la potestad reglamentaria, el Gobierno nacional pretendió sustituir el papel del legislador al expedir reglas claras que imponen límites al derecho a la negociación colectiva, sin consideración a que este tipo de restricciones tienen reserva legal, es decir, las excepciones al derecho de negociación y las reglas para «supuestamente» armonizar los procesos de negociación colectiva en el país son temas exclusivos del legislador y no del Gobierno nacional.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Nación (Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

La entidad demandada, por intermedio de apoderado, contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, para lo cual expuso las razones que se relacionan a continuación:

i) En cuanto al Decreto 160 de 2014, no está afectado por los cargos que se le endilgan, pues fue expedido en uso de facultades constitucionales y legales y no contraviene el ordenamiento jurídico; por el contrario, su finalidad es reglamentar la Ley 411 de 1997 en el marco de las directrices allí señaladas. En lo que toca al Decreto 089 de 2014 no es viable hacer pronunciamiento sobre las funciones administrativas que corresponden a otra autoridad estatal.

ii) Cuando se afirma que el ejecutivo actuó sustituyendo al legislador, se da a entender que actuó sin competencia; sin embargo, la atribución de la que se hizo uso está prevista en el artículo 189, numeral 11, que impone la potestad reglamentaria y, para el caso, esta se ejerció respecto de la Ley 411 de 1997, de cuyos artículos 7 y 8 deriva la necesidad de reglamentación, materializada en el Decreto 160 de 2014.

iii) El artículo 1 del Convenio 151 de la OIT sobre protección del derecho de sindicación y procedimientos para determinar las condiciones del empleo en la administración pública transfiere en la legislación interna la facultad para determinar el alcance de las garantías en ciertos casos; bajo ese entendido, ninguna de las disposiciones acusadas constituye una transgresión a la ley reglamentada o al Convenio 151.

1.2.2. Nación (Ministerio del Trabajo)

El Ministerio demandado, por intermedio de su apoderado, contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones, por las razones que se exponen a continuación:

i) El actor realiza afirmaciones generalizadas, además plantea la resolución de un conflicto jurídico subjetivo, en el sentido de que los sindicatos mayoritarios podrían imponer sus condiciones a los minoritarios, de esa manera, el medio de control previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no es idóneo para cuestionar objetivamente la validez de una norma.

ii) En todo caso, desde la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo de 1919 se abordó el tema de la democracia sindical, siendo así, la negociación colectiva se funda en los principios de democracia y representatividad y ello también se ve reflejado en el artículo 39 constitucional, en ese orden, la norma acusada no pretende privilegiar a las organizaciones sindicales mayoritarias sino permitir su representación en la negociación colectiva en el marco del principio de la democracia sindical. Por otro lado, no se observa que en las normas acusadas se hayan usurpado las competencias del legislador, sino que se expidieron en conformidad con la potestad reglamentaria.

iii) En lo que atañe a sujetar la negociación colectiva a una vigencia fiscal determinada y que su inicio solo pueda tener lugar en el primer bimestre del año, ello obedece a que los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva no son absolutos y pueden sufrir restricciones por parte del legislador, en particular, y debido a que los recursos del Estado son limitados así como su tiempo de ejecución, las entidades se deben sujetar a unas reglas de orden fiscal, que se deben atender para llevar de manera ordenada la ejecución presupuestal y a ello obedece la delimitación de tiempo que se cuestiona.

iv) En cuanto a la utilización de la figura del mediador, esta deviene del Convenio 151 de la OIT y constituye uno de los procedimientos independientes para solucionar los conflictos colectivos y, finalmente, el hecho de que en los actos administrativos que implementan los acuerdos, no se dejen plasmados los desacuerdos de la negociación, se precisa que aquellos tienen como objeto declarar la manifestación de la voluntad estatal en punto a materializar el resultado de la negociación, por lo que resultaría inane reflejar los desacuerdos. Por todo lo anterior, propuso la excepción de fondo de inexistencia de la causal de nulidad.

1.2.3. Nación (Departamento Administrativo de la Función Pública)

La apoderada de la entidad demandada, manifestó su oposición frente a las pretensiones, con los argumentos que se resumen a continuación:

i) A partir de la reforma constitucional de 1968 el régimen salarial de los empleos públicos se ha fijado a través de leyes marco o cuadro, y se han precisado las competencias que, al respecto, le competen al Congreso de la República y al Gobierno nacional, las cuales han variado entre la Constitución de 1986 y la de 1991.

ii) Ahora bien, las organizaciones sindicales de empleados públicos carecen de competencia plena para la negociación, como lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia C-1234 de 2005, aunque están llamadas a concertar las condiciones de empleo con las entidades públicas, pero dentro de los parámetros fijados por el ordenamiento superior y la jurisprudencia. En las anteriores condiciones, no puede entenderse que los Convenios 151 y 154 lleven implícita la obligación para las autoridades, de negociar sin restricciones, máxime cuando ello no emerge del contenido de aquellos, sino que, al respecto advierten, que la preceptiva se debe ajustar a las situaciones propias de cada Nación; por ello, ante el evento de no lograr concertación, las condiciones de empleo deben ser fijadas por quien tiene competencia constitucional para ello.

iii) En lo que respecta a las competencias constitucionales para fijar las condiciones del empleo, constituyen una potestad pública, así: en el nivel nacional, le corresponde al Congreso dictar las normas generales a las que se debe sujetar el Gobierno nacional para a. fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, y b. fijar el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales; mientras que al presidente de la República le compete fijar las funciones y emolumentos de los empleos que demande la administración central; en el nivel territorial, la distribución de competencias es similar entre las Asambleas y el gobernador y los concejos municipales o distritales y los alcaldes, en los términos de los artículos 300, 305, 313 y 315 de la Constitución Política.

iv) Lo que el demandante está invocando como causal de nulidad no es una circunstancia que afecte la validez de los actos demandados, sino un conflicto subjetivo que podría surgir de su aplicación, en cuanto los negociadores de los sindicatos mayoritarios podrían terminar imponiendo sus condiciones a los minoritarios, de modo que se está haciendo uso del medio de control de nulidad simple, para cuestionar subjetivamente la validez de una norma, por ello, resulta improcedente realizar un pronunciamiento en torno a esa materia; en todo caso, el principio de representatividad democrática está previsto desde la integración de la organización internacional del trabajo, en 1919, y en el ordenamiento superior, se previó en su artículo 39; por ende la norma cuestionada no pretende privilegiar a las organizaciones sindicales mayoritarias.

v) Tampoco hay usurpación de las competencias del legislador, pues al presidente le está encomendado ejercer su potestad reglamentaria, en este caso, en el desarrollo de las medidas para llevar a cabo la negociación colectiva. En lo que respecta a la sujeción de la negociación colectiva a una vigencia fiscal y que su inicio solo tenga lugar en el primer bimestre, ello obedece a que el Convenio 151 de la OIT en su artículo 7 permite adoptar las medidas adecuadas a las condiciones nacionales, para fomentar el pleno desarrollo y utilización de los procedimientos de negociación y, por ello, los términos de la disposición acusada atienden un criterio de razonabilidad, a fin de que se puedan armonizar con los previstos por el legislador en materia presupuestal, que comprenden su apropiación, aprobación y ejecución.

vi) Finalmente en lo que respecta al uso de la figura de mediador, su consagración surge de la aplicación del Convenio 151, artículo 8, en el cual se establece como uno de los procedimientos independientes para la solución de conflictos durante la negociación y aunque en él se prevén, de igual forma, la conciliación y el arbitraje, ello no implica que el haber acogido dentro de la legislación interna solo una de ellas —la del mediador— conlleve vulneración del ordenamiento superior.

1.2.4. Intervención ciudadana

El señor Jairo Villegas Arbeláez se opuso a las pretensiones de la demanda, con sustento en los argumentos que se sintetizan a continuación:

i) También actúa como demandante de algunas expresiones del Decreto 160 de 2014 relacionadas con la omisión de incluir el arbitraje consagrado en el artículo 8 del Convenio 151. Pese a lo anterior no comparte los argumentos de la demanda de la referencia toda vez que está fundada en una confusión derivada de la omisión de distinguir dos vínculos laborales diferentes que son el contractual, que gobierna a los trabajadores privados y oficiales y legal y reglamentario aplicable a los empleados públicos, que son los destinatarios del Decreto 160 de 2014, en ese orden, no se puede «totalizar, confundir o refundir» lo que es diferente. Para este último tipo de vinculación laboral, por mandato constitucional, todas las condiciones del empleo están determinadas en la ley y el reglamento.

ii) En la Constitución de 1986 la competencia era unilateral para fijar las condiciones de empleo de los empleados públicos, mientras que con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 se contempló la bilateralidad del contenido sustantivo previo y por ello se consagró el derecho a la negociación colectiva, para regular las relaciones laborales; sin embargo, se conservó la unilateralidad de las autoridades para fijar las condiciones del empleo.

iii) En efecto, para resolver la situación derivada de lo anterior, la Corte Constitucional, en Sentencia C -377 de 1998 aplicó el principio hermenéutico de armonización concreta o de concordancia práctica bajo el entendido de que «la facultad de las autoridades de fijar unilateralmente las condiciones de trabajo y los emolumentos de los empleados públicos, en manera alguna excluye que existan procesos de consulta entre las autoridades y los trabajadores sobre esta materia, y que en caso de conflicto se busquen, hasta donde sea posible, soluciones concertadas» pero contrario a lo que ocurre con la negociación de los trabajadores oficiales, que tienen un derecho de negociación pleno, en caso de los empleados públicos la búsqueda de soluciones concertadas y negociadas no puede afectar la facultad que la Constitución le otorga a las autoridades, para fijar unilateralmente las condiciones del empleo.

iv) En el anterior contexto, el numeral 1 del artículo 8 de la norma acusada, que trata sobre la coordinación entre los varios sindicatos con el fin de concurrir en unidad de pliego y en unidad de integración de las comisiones negociadoras y asesoras, es consecuencia del artículo 3.3. ibidem que determina que solo habrá una mesa de negociación y un acuerdo colectivo por entidad, es decir, se trata de una previsión enmarcada dentro de la autonomía sindical y no en contra de ella. En cuanto al artículo 8, numeral 3, que dispone que el pliego sindical se debe aceptar en Asamblea y presentarse dentro de los 2 meses siguientes a su realización, constituye la materialización del artículo 376 del Código Sustantivo del Trabajo que así lo dispone. Entre tanto, los artículos 9 y 10, numeral 2, establecen que ante desacuerdos de distintos sindicatos, estos se deben resolver de manera objetiva y proporcional al número de afiliados, ello, no constituye algo distinto a la ejecución de los principios democráticos conforme al artículo 39 constitucional.

v) El numeral 1 del artículo 11 que trata sobre la oportunidad para la presentación del pliego por parte de empleados públicos, tal limitación deriva del tipo de empleados a los que está dirigida la disposición, quienes están amparados por una relación legal y reglamentaria, y, por ende, los gastos salariales y prestacionales que debe asumir el empleador están sujetos a la previsión y provisión presupuestal, ello justifica la secuencia progresiva que se desarrolla así: a. pliego en el primer bimestre; b. negociación del pliego que concluya con acuerdos colectivos en los dos bimestres siguientes; c. presentación del proyecto de presupuesto anual, por parte del ejecutivo en el tercero trimestre; y d. expedición de la ley, ordenanza o acuerdo de presupuesto, en el cuarto trimestre.

vi) Por último, los numerales 5, 6, 7 y 9 del artículo 11 que se refiere a la figura de la mediación para la solución de conflictos constituye un desarrollo del artículo 8 del Convenio 151 de la OIT, aprobado por la Ley 411 de 1997. Y la previsión del artículo 14, sobre el cumplimiento e implementación del Acuerdo Colectivo, mediante la expedición de actos administrativos, respetando las competencias constitucionales y legales, también encuentra justificación en que se dirige a regular asuntos de empleados públicos, cuya relación laboral es legal y reglamentaria, por ello, la autoridad pública debe implementar lo decidido en el acuerdo colectivo.

1.3. Audiencia inicial

El 3 de septiembre de 2018, se celebró la audiencia inicial, en la cual se procedió al saneamiento del proceso, se resolvió en forma desfavorable la excepción previa de ineptitud sustantiva de la demanda y se fijó el litigio en los siguientes términos:

El despacho señala que la pretensión se contrae a la declaratoria de nulidad de los artículos 8-1 y 3, 9-1, 10-2, 11-1, 5 a 7 y 9 y 14, inciso primero del Decreto 160 del 5 de febrero de 2014, «Por el cual se reglamenta la Ley 411 de 1997 aprobatoria del Convenio 151 de la OIT, en lo relativo a los procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos»; y del artículo 1, incisos 1 y 2, del Decreto 089 del 20 de enero de 2014, «Por el cual se reglamentan los numerales 2 y 3 del artículo 374 del Código Sustantivo del Trabajo», todas las normas en los apartes destacados en la demanda.

[…]
En síntesis el problema jurídico a resolver se contrae a definir sobre la legalidad de los apartes demandados de los decretos 160 de 2014 y 089 del 2014, que el demandante alega están incursos en las causales de anulación de violación de los principios y las normas superiores en que han debido fundarse e incompetencia.

En torno a lo anterior, las partes manifestaron estar conformes con la fijación del litigio.

1.4. Alegatos de conclusión

El apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la apoderada del Departamento Administrativo de la Función Pública descorrieron el término de traslado para alegar, reiteraron los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y solicitaron negar las pretensiones. El demandante hizo lo propio, reiteró los argumentos del libelo e insistió en que el ejecutivo revivió disposiciones declaradas inexequibles por la Corte Constitucional y solicitó acceder a las súplicas del libelo.

1.5. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Púbico no rindió concepto.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer si los artículos 8, numerales 1 y 8, parcial; 9, numeral 1; 10, numeral 2; 11, numerales 1, 5, parcial, 6, 7 y 9; y 14 del Decreto 160 del 5 de febrero de 2014 «[p]or el cual se reglamenta la Ley 411 de 1997 aprobatoria del Convenio 151 de la OIT, en lo relativo a los procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos» y 1, incisos 2 y 3, del Decreto 89 del 20 de enero de 2014 «[p]or el cual se reglamentan los numerales 2 y 3 el artículo 374 del Código Sustantivo del Trabajo» son violatorios de los artículos 39, 53, 55, 93 y 189, numeral 11, de la Constitución Política, 2, 3 y 8 del Convenio 87; 1 y 2 del Convenio 98; 1, 2, 3 y 5 del Convenio 135; 2, 3, 5, 7 y 8 del Convenio 154, todos de la OIT.

2.2. Marco normativo

En el preámbulo de la Constitución Política se fija como propósito el asegurar a los integrantes de la Nación, el trabajo, la justicia la igualdad, todo ello dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo; y, en particular, en materia de derechos sindicales, el artículo 39 ibidem prevé lo siguiente:

Artículo 39. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución.

La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos.

La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo procede por vía judicial.

Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión.

No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la Fuerza Pública.

En consonancia con lo anterior, el artículo 55 de la Constitución Política garantiza el derecho a la negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones dispuestas en la ley, y, en todo caso, impone en el Estado el deber de promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos de trabajo.

Los aludidos derechos también están garantizados por el artículo 53 constitucional que reconoce que los tratados internacionales debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna, entre ellos, aquellos que propugnan por la asociación sindical y la negociación colectiva de las condiciones de la relación laboral, previsión que también se desprende del artículo 93 superior.

En cuanto a los convenios internacionales que consagran tales garantías, y que interesan al sub examine, se destacan los siguientes: i) Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, de 1948, aprobado por la Ley 26 de 1976; ii) Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, de 1949, aprobado mediante la Ley 27 de 1976; iii) Convenio 151 relativo a los procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos, aprobado por la Ley 411 de 1997; y iv) Convenio 154 sobre el fomento de la negociación colectiva, de 1981, aprobado mediante la Ley 524 de 1999.

En particular, el Convenio 151 de 1978, trata sobre las relaciones de trabajo en la administración pública y aplica a todos los empleados de ella, en cuanto no estén amparados por disposiciones más favorables; en la parte II trata sobre la protección del derecho de sindicación y en la parte IV se refiere a los procedimientos para la determinación de las condiciones de empleo, aspecto en torno al cual señala que «[d]eberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones»; por su parte, el artículo 8, relativo a la solución de conflictos, señala que esta «se deberá tratar de lograr, de manera apropiada a las condiciones nacionales, por medio de la negociación entre las partes o mediante procedimientos independientes e imparciales, tales como la mediación, la conciliación y el arbitraje, establecidos de modo que inspiren la confianza de los interesados».

Como ya se enunció, el anterior convenio fue incorporado a la legislación interna a través de la Ley 411 de 1997, cuyo control de constitucional se llevó a cabo mediante la Sentencia C-377 de 1998, de la cual se extrae el siguiente análisis acerca de las medidas de negociación entre los sindicatos de empleados públicos y su empleador:

[…]
Sin embargo, la Constitución reconoce a todas las personas el derecho a participar en las decisiones que puedan afectarlas (CP art. 2º). Además, en materia de conflictos de trabajo, la Carta establece que es deber del Estado promover la concertación y otros medios de similar naturaleza para la solución pacífica de esas controversias (CP art. 55). Nótese que esta última norma no distingue, lo cual significa que el deber del Estado de fomentar una solución concertada se predica de todos los conflictos laborales. Conforme a lo anterior, los empleados públicos tienen derecho a participar, en alguna forma, en la definición de sus condiciones de trabajo, puesto que se trata de determinaciones que indudablemente los afectan. Igualmente, en desarrollo del mandato del artículo 55 superior, es deber del Estado promover la concertación también en caso de que ocurra un conflicto colectivo en relación con los empleados públicos pues, como se dijo, la Carta consagra una obligación estatal general. Por ende, la decisión de excluir a los empleados públicos de los beneficios propios de la negociación, (artículos 7º y 8º de la Convención bajo revisión), no parece adecuada, pues no sólo desconoce el derecho de estos servidores a participar en alguna forma en decisiones que los afectan significativamente sino que, además, restringe indebidamente la obligación estatal de promover una solución concertada y pacífica de todos los conflictos laborales. En tales circunstancias, y en virtud del principio hermenéutico de armonización concreta o de concordancia práctica, según el cual siempre se debe preferir aquella interpretación que permite satisfacer simultáneamente las normas constitucionales en conflicto, la Corte entra a analizar si es posible hacer compatible la facultad que tienen las autoridades de señalar unilateralmente las condiciones de trabajo de los empleados públicos con el deber del Estado de promover la solución concertada de los conflictos laborales y con el derecho de los empleados públicos a participar en estas determinaciones

17- La Corte encuentra que esa armonización es posible, por cuanto la facultad de las autoridades de fijar unilateralmente las condiciones de trabajo y los emolumentos de los empleados públicos en manera alguna excluye que existan procesos de consulta entre las autoridades y los trabajadores sobre esta materia, y que en caso de conflicto, se busquen, hasta donde sea posible, soluciones concertadas, tal y como lo establece el artículo 55 superior. Esto significa que nada en la Carta se opone a que los empleados públicos formulen peticiones a las autoridades sobre sus condiciones de empleo y las discutan con ellas con el fin de lograr un acuerdo en la materia, lo cual implica que el derecho de negociación colectiva no tiene por qué considerarse anulado. Sin embargo, y a diferencia de lo que sucede con los trabajadores oficiales, que tienen un derecho de negociación pleno, la búsqueda de soluciones concertadas y negociadas no puede llegar a afectar la facultad que la Carta confiere a las autoridades de fijar unilateralmente las condiciones de empleo. Esto significa que la creación de mecanismos que permitan a los empleados públicos, o sus representantes, participar en la determinación de sus condiciones de empleo es válida, siempre y cuando se entienda que en última instancia la decisión final corresponde a las autoridades señaladas en la Constitución, esto es, al Congreso y al Presidente en el plano nacional, y a las asambleas, a los concejos, a los gobernadores y a los alcaldes en los distintos órdenes territoriales, que para el efecto obran autónomamente. Con esa misma restricción, es igualmente legítimo que se desarrollen instancias para alcanzar una solución negociada y concertada entre las partes en caso de conflicto entre los empleados públicos y las autoridades.

Ahora bien, las anteriores precisiones en manera alguna implican que la Corte debe condicionar el alcance de los artículos 7º y 8º del convenio bajo revisión en relación con los empleados públicos, por cuanto esas normas autorizan a tomar en cuenta las especificidades de las situaciones nacionales. Así, el artículo 7º no consagra un derecho de negociación colectiva pleno para todos los servidores públicos sino que establece que los Estados deben adoptar “medidas adecuadas a las condiciones nacionales” que estimulen la negociación entre las autoridades públicas y las organizaciones de servidores públicos, lo cual es compatible con la Carta. Además, esa misma disposición prevé la posibilidad de que se establezcan “cualesquiera otros métodos” que permitan a los representantes de los servidores estatales “participar en la determinación de dichas condiciones”, lo cual es armónico con la posibilidad de que existan consultas y peticiones de los empleados públicos a las autoridades, sin perjuicio de las competencias constitucionales de determinados órganos de fijar unilateralmente el salario y las condiciones de trabajo de estos empleados. Igualmente, el artículo 8º reconoce que los procedimientos conciliados de solución de las controversias deben ser apropiados a las condiciones nacionales, por lo cual la Corte entiende que esa disposición se ajusta a la Carta, pues no desconoce la facultad de las autoridades de, una vez agotados estos intentos de concertación, expedir unilateralmente los actos jurídicos que fijan las funciones y los emolumentos de los empleados públicos. En tal entendido, la Corte declarará la exequibilidad de esas disposiciones. [Resalta la Sala]

Lo anterior quiere decir que la Corte Constitucional encontró que el Convenio se ajustaba al ordenamiento constitucional, en el sentido de que si bien consagra el derecho a la negociación colectiva para todos los servidores públicos, esta no es plena, y que, al respecto, los Estados deben adoptar medidas adecuadas que se armonicen con el ordenamiento interno y, en momento alguno, desconoce la facultad que les asiste a las autoridades para que, una vez agotadas los intentos de concertación, procedan a fijar, en forma unilateral, las funciones y emolumentos de los empleados públicos.

Por otra parte, el Convenio 154 de 1981, sobre la negociación colectiva, en su parte II trata sobre el fomento a la negociación colectiva y, para tal efecto prevé, entre otras cosas, que i) se deberán adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales para fomentar la negociación colectiva; ii) tales medidas deberán tener por objeto que a. la negociación colectiva sea posibilitada a todos los empleadores y a todas las categorías de trabajadores de las ramas de actividad a que se aplique el Convenio; b. la negociación colectiva sea progresivamente extendida a todas las materias a que se refieren los apartados a), b) y c) del artículo 2 de ese Convenio; c. sea fomentado el establecimiento de reglas de procedimiento convenidas entre las organizaciones de los empleadores y las organizaciones de los trabajadores; d. la negociación colectiva no resulte obstaculizada por la inexistencia de reglas que rijan su desarrollo o la insuficiencia o el carácter impropio de tales reglas; y e. los órganos y procedimientos de solución de los conflictos laborales estén concebidos de tal manera que contribuyan a fomentar la negociación colectiva; iii) las medidas adoptadas por las autoridades públicas para estimular y fomentar el desarrollo de la negociación colectiva deberán ser objeto de consultas previas y, cuando sea posible, de acuerdos entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores; iv) las medidas previstas con objeto de fomentar la negociación colectiva no deberán ser concebidas o aplicadas de modo que obstaculicen la libertad de negociación colectiva.

El análisis de constitucionalidad del anterior Convenio tuvo lugar mediante Sentencia C-161 de 2000, en la cual, frente al alcance de la negociación, la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente:

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 55 superior la negociación colectiva es un derecho destinado a “regular las relaciones laborales”, el cual está ligado con otros derechos como el de asociación sindical, pues la primera es una consecuencia de la existencia de sindicatos cuyo “ejercicio potencializa y vivifica la actividad de la organización sindical, en cuanto le permite a ésta cumplir la misión que le es propia de representar y defender los intereses económicos comunes de sus afiliados”. Por esta razón, la jurisprudencia constitucional ha considerado que la negociación colectiva puede adquirir la categoría de derecho fundamental cuando su desconocimiento implica la vulneración o amenaza de los derechos al trabajo o de asociación sindical.

De otra parte, de acuerdo con la Carta y con la jurisprudencia constitucional, los objetivos de la negociación colectiva se centran en la concertación voluntaria y libre de condiciones de trabajo, la necesidad del diálogo que afiance el clima de tranquilidad social, la defensa de los intereses comunes entre las partes del conflicto económico laboral, la garantía de que los representantes de las partes sean oídos y atendidos y, el afianzamiento de la justicia social en las relaciones entre trabajadores y empleadores. [Se destaca]

Y, en lo que respecta a los métodos de negociación colectiva, en la aludida providencia se expuso:

13. La siguiente disposición del convenio deja en libertad a los Estados para tomar las medidas adecuadas para cumplir con su finalidad de fomentar la negociación colectiva, pues los métodos que adoptan pueden ser diferentes pero todos dirigidos a posibilitar, a universalizar, a extender progresivamente a materias no contempladas en el convenio y a fomentar la negociación colectiva. Por lo tanto, el instrumento consagra como cláusula general el principio de fomento de la negociación colectiva, mientras que las cláusulas específicas deberán ser desarrolladas por la legislación interna, dentro de los objetivos allí señalados. De todas maneras, tal y como lo señala el artículo 8º del Convenio, las medidas de fomento no podrán concebirse o aplicarse de tal forma que obstaculicen la libertad de negociación colectiva.

Así, este instrumento complementa el Convenio 98 de la OIT “relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva”, el cual fue ratificado por Colombia mediante Ley 27 de 1976. A su vez, la Recomendación 163 de la OIT “sobre el fomento de la negociación colectiva” desarrolla el instrumento objeto de estudio. En estos ellos, se hace un especial énfasis en la libertad legislativa para adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales que propendan efectivamente a facilitar la expansión y creación de organizaciones de empleadores y trabajadores que utilicen la negociación colectiva.

La Corte no encuentra ningún problema constitucional en los artículos 5º y 8º del Convenio 154, pues como se anotó anteriormente, el fomento del derecho a la negociación colectiva también es un objetivo que consagra el artículo 55 de la Carta. [Negrilla fuera del original]

En síntesis, en materia de negociación colectiva, la Corte Constitucional encontró ajustadas al ordenamiento interno, las previsiones del Convenio 154 porque, en todo caso, garantiza la libertad legislativa, en torno a la adopción de medidas adecuadas a las condiciones nacionales, para efecto de fomentar esa negociación.

En torno a los convenios internacionales del trabajo ratificados por Colombia, la Corte Constitucional en la Sentencia C-401 de 2005 sostuvo que no ofrece ninguna duda que aquellos fueron integrados a la legislación interna, por disposición expresa del inciso 4 del artículo 53 de la Constitución, lo que significa que «adquieren el carácter de normas jurídicas obligatorias en el derecho interno por el solo hecho de su ratificación, sin que sea necesario que se dicten nuevas leyes para incorporar su contenido específico en el ordenamiento jurídico del país o para desarrollarlo» y que constituyen «fuente principal y son aplicables directamente para resolver las controversias».

Ahora bien, en lo que respecta a la fijación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, la Constitución Política determina que tanto la remuneración como las funciones son establecidas, en forma unilateral, por el Estado; en efecto, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) al Congreso le está encomendado expedir las leyes marco a las que se debe sujetar el Gobierno Nacional para i) fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos y ii) fijar el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales; mientras que al presidente de la República, en el ámbito nacional, le corresponde señalar las funciones especiales y fijar los emolumentos de los empleos que demande la administración central.

En los ámbitos territoriales —departamental, municipal y distrital— las competencias entre las corporaciones públicas —Asamblea o Concejo— y el ejecutivo —gobernadores o alcaldes— son las siguientes:

En el ámbito departamental

Artículo 300. Corresponde a las Asambleas Departamentales por medio de ordenanzas:
[…]
7. Determinar la estructura de la administración departamental, las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo; crear los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del departamento y autorizar la formación de sociedades de economía mixta.
[…]
Las ordenanzas a que se refieren los numerales 3, 5 y 7 de este artículo, las que decreten inversiones, participaciones o cesiones de rentas y bienes departamentales y las que creen servicios a cargo del departamento o los traspasen a él, sólo podrán ser dictadas o reformadas a iniciativa del gobernador. [Se resalta]

Artículo 305. Son atribuciones del gobernador:

[…]
7. Crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley y a las ordenanzas respectivas.
Con cargo al tesoro departamental no podrá crear obligaciones que excedan al monto global fijado para el respectivo servicio en el presupuesto inicialmente aprobado.
8. Suprimir o fusionar las entidades departamentales de conformidad con las ordenanzas. [Se destaca]

En el ámbito municipal y distrital

Artículo 313. Corresponde a los concejos:

[…]
6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta. [Negrilla fuera de texto]

Artículo 315. Son atribuciones del alcalde:

[…]
4. Suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales, de conformidad con los acuerdos respectivos.
[…]
7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado. [Resalta la Sala]

Sin embargo, frente a lo anterior, la Corte Constitucional ha considerado que pese a la unilateralidad antes descrita, ello no obsta para que tales empleados tengan la capacidad de negociar, en cuanto sea posible, sus condiciones laborales, así lo sostuvo:

La Corte encuentra que esa armonización es posible, por cuanto la facultad de las autoridades de fijar unilateralmente las condiciones de trabajo y los emolumentos de los empleados públicos en manera alguna excluye que existan procesos de consulta entre las autoridades y los trabajadores sobre esta materia, y que en caso de conflicto, se busquen, hasta donde sea posible, soluciones concertadas, tal y como lo establece el artículo 55 superior. Esto significa que nada en la Carta se opone a que los empleados públicos formulen peticiones a las autoridades sobre sus condiciones de empleo y las discutan con ellas con el fin de lograr un acuerdo en la materia, lo cual implica que el derecho de negociación colectiva no tiene por qué considerarse anulado. Sin embargo, y a diferencia de lo que sucede con los trabajadores oficiales, que tienen un derecho de negociación pleno, la búsqueda de soluciones concertadas y negociadas no puede llegar a afectar la facultad que la Carta confiere a las autoridades de fijar unilateralmente las condiciones de empleo. Esto significa que la creación de mecanismos que permitan a los empleados públicos, o sus representantes, participar en la determinación de sus condiciones de empleo es válida, siempre y cuando se entienda que en última instancia la decisión final corresponde a las autoridades señaladas en la Constitución, esto es, al Congreso y al Presidente en el plano nacional, y a las asambleas, a los concejos, a los gobernadores y a los alcaldes en los distintos órdenes territoriales, que para el efecto obran autónomamente. Con esa misma restricción, es igualmente legítimo que se desarrollen instancias para alcanzar una solución negociada y concertada entre las partes en caso de conflicto entre los empleados públicos y las autoridades. (Resalta la Sala).

2.3. El caso concreto. Análisis de la Sala

2.3.1. Texto de las normas acusadas

El señor Nixon José Torres Cárcamo acusa las expresiones resaltadas de los decretos que se citan a continuación:
2.3.1.1. Decreto 160 de 2014: «[p]or el cual se reglamenta la Ley 411 de 1997 aprobatoria del Convenio 151 de la OIT, en lo relativo a los procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos»

Artículo 8°. Condiciones y requisitos para la comparecencia sindical a la negociación. Para la comparecencia sindical a la negociación se deben cumplir las siguientes condiciones y requisitos:

1. Dentro de la autonomía sindical, en caso de pluralidad de organizaciones sindicales de empleados públicos, éstas deberán realizar previamente actividades de coordinación para la integración de solicitudes, con el fin de concurrir en unidad de pliego y en unidad de integración de las comisiones negociadoras y asesoras.
2. Los negociadores deben ser elegidos en Asamblea Estatutaria.
3. El pliego de solicitudes debe adoptarse en asamblea y presentarse dentro de los dos meses siguientes a la realización de la misma.
4. El escrito sindical por el cual se presenta y anexa el pliego a las entidades y autoridades públicas competentes, deberá ir con copia al Ministerio del Trabajo e indicar la fecha de la asamblea sindical y los nombres de los negociadores designados.

Artículo 9°. Grado de representatividad sindical y conformación de la comisión negociadora. El grado de representatividad sindical y la conformación de la comisión negociadora, se efectuará, así:
1. En caso de que concurran a la negociación varias organizaciones sindicales de empleados públicos, éstas en ejercicio de su autonomía sindical determinarán el número de integrantes de la comisión negociadora y su distribución entre los distintos sindicatos. En el evento en que no haya acuerdo para la distribución de los representantes ante la mesa de negociación, ésta debe ser objetiva y proporcional al número de afiliados con derecho y pago de su cuota sindical depositada en banco, conforme a los artículos 393 y 396 del Código Sustantivo del Trabajo y según certificación del tesorero y secretario.
2. El número de integrantes de la comisión negociadora sindical debe ser razonablemente proporcional al ámbito de la negociación.

Artículo 10°. Reglas de la negociación. Las partes adelantarán la negociación bajo las siguientes reglas:

1. Iniciar y adelantar la negociación en los términos del presente decreto.
2. Autonomía para determinar el número de negociadores y asesores, aplicando el principio de la razonable proporcionalidad, según el ámbito de la negociación y el número de afiliados.
3. Designar los negociadores, quienes se presumen investidos de la representatividad suficiente para negociar y acordar sin perjuicio del marco de las competencias atribuidas en la Constitución y la ley.
4. Concurrir a las reuniones de negociación buscando alternativas para la solución del pliego.
5. Suministrar la información necesaria sobre los asuntos objeto de negociación, salvo reserva legal.
6. Otorgar a los negociadores principales o en ausencia de éstos a los suplentes, las garantías necesarias para la negociación.
7. Respetar y permitir el ejercicio del derecho de asesoría y de participación en el proceso de negociación.

Artículo 11°. Términos y etapas de la negociación. La negociación del pliego se desarrollará bajo los siguientes términos y etapas:
1. Los pliegos se deberán presentar dentro del primer bimestre del año.
2. La entidad y autoridad pública competente a quien se le haya presentado pliego, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al último día del primer bimestre, con copia al Ministerio del Trabajo, informará por escrito los nombres de sus negociadores y asesores, y el sitio y hora para instalar e iniciar la negociación.
3. La negociación se instalará formalmente e iniciarán los términos para la misma, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la designación de los negociadores.
4. La negociación se desarrollará durante un período inicial de veinte (20) días hábiles, prorrogables, de mutuo acuerdo, hasta por otros veinte (20) días hábiles.
5. Si vencido el término inicial para la negociación y su prórroga no hubiere acuerdo o éste solo fuere parcial, las partes dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, podrán convenir en acudir a un mediador designado por ellas. El Ministerio del Trabajo reglamentará la designación del mediador cuando no haya acuerdo sobre su nombre.
6. Cuando no haya acuerdo en el nombre del mediador las partes podrán solicitar la intervención del Ministerio del Trabajo para efectos de actuar como mediador.
7. El mediador, dentro (sic) los cinco (5) días hábiles siguientes a su designación, se reunirá con las partes, escuchará sus puntos de vista y posibles soluciones, y coordinará nueva audiencia para dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, en la que el mediador les propondrá en forma escrita, fórmulas justificadas de avenimiento que consulten la equidad, el orden jurídico y el criterio constitucional de la sostenibilidad fiscal.
8. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, las partes podrán no acoger o acoger integral o parcialmente las fórmulas de mediación para convenir el acuerdo colectivo.
9. Si persistieren diferencias, deberá realizarse audiencia dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, con participación del mediador y de las partes, en la que la fórmula o fórmulas de insistencia por el mediador, orientarán a las partes para ser utilizadas por ellas en la solución y acuerdo colectivo, respetando la competencia constitucional y legal de las entidades y autoridades públicas.
10. Cumplidos los términos anteriormente señalados para la etapa de la negociación y para adelantar la mediación, se dará cierre a la misma y se levantarán las actas respectivas.

Artículo 14. Cumplimiento e implementación del acuerdo colectivo. La autoridad pública competente, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la suscripción del acta final, y con base en ésta, expedirá los actos administrativos a que haya lugar, respetando las competencias constitucionales y legales.
Parágrafo. Para la suscripción del acuerdo colectivo de aplicación nacional, de manera obligatoria, los representantes del Gobierno en la mesa de negociación deberán consultar y obtener la autorización previa del Gobierno Nacional.

2.3.1.2. Decreto 89 de 2014 «[p]or el cual se reglamentan los numerales 2 y 3 el artículo 374 del Código Sustantivo del Trabajo»

Artículo 1°. Cuando en una misma empresa existan varios sindicatos, estos, en ejercicio del principio de la autonomía sindical, podrán decidir, comparecer a la negociación colectiva con un solo pliego de peticiones, e integrar conjuntamente la comisión negociadora sindical.

Si no hubiere acuerdo, la comisión negociadora sindical se entenderá integrada en forma objetivamente proporcional al número de sus afiliados y los diversos pliegos se negociarán en una sola mesa de negociación para la solución del conflicto, estando todos los sindicatos representados en el procedimiento de negociación y en la suscripción de la convención colectiva.

Los sindicatos con menor grado de representatividad proporcional al número de sus afiliados, tendrán representación y formarán parte de la comisión negociadora.

Parágrafo 1°. La prueba de la calidad de afiliado a uno o a varios sindicatos, se determinará aplicando las reglas contenidas en el Decreto 2264 de 2013.

Parágrafo 2°. En las convenciones colectivas de trabajo y en los laudos arbitrales, deberán articularse en forma progresiva, las fechas de vigencia, con el objeto de hacer efectiva en el tiempo, la unidad de negociación, unidad de pliego o pliegos y de convención o laudo.

2.4.2. Análisis de legalidad de las disposiciones acusadas

2.4.2.1. El Decreto 160 de 2014

El decreto del que se acusan algunos apartes se dictó por el Gobierno nacional en ejercicio de las competencias atribuidas al presidente de la República en el artículo 189, numeral 11, esto es, en uso de «la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes» y, en particular, la norma que reglamentó fue la Ley 411 de 1997 «[p]or medio de la cual se aprueba el "Convenio 151 sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública", adoptado en la 64 Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 1978».

Por lo anterior, es preciso señalar que la Corte Constitucional en Sentencia C-377 de 1998 declaró que el contenido general del convenio 151 —aprobado mediante la Ley 411 de 1997— era compatible con la Constitución y, en términos generales, sostuvo que la finalidad de este consistía en «completar ciertos vacíos normativos en el derecho laboral internacional, ya que los convenios y recomendaciones precedentes de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva no son aplicables a todas las personas empleadas por el Estado» y bajo ese entendido, los empleados del Estado se encontraban parcialmente desprotegidos en sus derechos a la asociación sindical y algunas formas de negociación colectiva, por lo cual, el convenio aprobado buscó «establecer unas garantías mínimas para la libertad sindical de quienes trabajan para el Estado».

En dicha sentencia, la Corte consideró que «en general los servidores públicos gozan de los derechos constitucionales como toda persona, con las limitaciones derivadas del ejercicio de sus cargos» de ahí que se justifique la exclusión de tales derechos a los miembros de la Fuerza Pública o a aquellos empleados que «se desenvuelven en cargos de autoridad o confianza». En todo caso, a la luz de lo dispuesto en los artículos 4, 5 y 6 del Convenio sostuvo que el reconocimiento del derecho de asociación para los servidores públicos implica que estos gozan de «todas las otras garantías que son consustanciales al ejercicio de ese derecho, como es el amparo contra actos de discriminación antisindical, la protección de la independencia de las organizaciones sindicales y la necesaria concesión de ciertas facilidades a los representantes de la misma, como el fuero sindical». En tal contexto, declaró la exequibilidad de tales disposiciones, bajo el entendimiento «de que consagran un mínimo de garantías para los servidores públicos en relación con el derecho de asociación, las cuales pueden ser desarrolladas de manera más generosa por la legislación nacional».

Por otro lado, en materia de determinación de las condiciones de empleo en el sector público y la solución de conflictos, a que aluden los artículos 7 y 8 del Convenio, la Corte consideró que al respecto era necesario hacer una distinción entre los trabajadores oficiales y los empleados públicos, pues en cuanto a los primeros no se encontraba ninguna objeción de las disposiciones del convenio, ya que armonizaban con los principios y valores constitucionales; sin embargo, en lo que atañe a tales derechos para los empleados públicos sostuvo que como la Constitución Política determina que las funciones y remuneración de esta clase de servidores se establecen en forma unilateral por el Estado en los distintos órdenes territoriales, pareciera que tales artículos no podrían ser aplicados a este tipo específico de servidores públicos. No obstante, más adelante consideró que ello sí era posible en tanto hubiera una armonización. La Sala procede a transcribir lo pertinente, pues constituye el marco dentro del cual se resolverán los cargos propuestos:

Sin embargo, la Constitución reconoce a todas las personas el derecho a participar en las decisiones que puedan afectarlas (CP art. 2º). Además, en materia de conflictos de trabajo, la Carta establece que es deber del Estado promover la concertación y otros medios de similar naturaleza para la solución pacífica de esas controversias (CP art. 55). Nótese que esta última norma no distingue, lo cual significa que el deber del Estado de fomentar una solución concertada se predica de todos los conflictos laborales. Conforme a lo anterior, los empleados públicos tienen derecho a participar, en alguna forma, en la definición de sus condiciones de trabajo, puesto que se trata de determinaciones que indudablemente los afectan. Igualmente, en desarrollo del mandato del artículo 55 superior, es deber del Estado promover la concertación también en caso de que ocurra un conflicto colectivo en relación con los empleados públicos pues, como se dijo, la Carta consagra una obligación estatal general. Por ende, la decisión de excluir a los empleados públicos de los beneficios propios de la negociación, (artículos 7º y 8º de la Convención bajo revisión), no parece adecuada, pues no sólo desconoce el derecho de estos servidores a participar en alguna forma en decisiones que los afectan significativamente sino que, además, restringe indebidamente la obligación estatal de promover una solución concertada y pacífica de todos los conflictos laborales. En tales circunstancias, y en virtud del principio hermenéutico de armonización concreta o de concordancia práctica, según el cual siempre se debe preferir aquella interpretación que permite satisfacer simultáneamente las normas constitucionales en conflicto, la Corte entra a analizar si es posible hacer compatible la facultad que tienen las autoridades de señalar unilateralmente las condiciones de trabajo de los empleados públicos con el deber del Estado de promover la solución concertada de los conflictos laborales y con el derecho de los empleados públicos a participar en estas determinaciones

17- La Corte encuentra que esa armonización es posible, por cuanto la facultad de las autoridades de fijar unilateralmente las condiciones de trabajo y los emolumentos de los empleados públicos en manera alguna excluye que existan procesos de consulta entre las autoridades y los trabajadores sobre esta materia, y que en caso de conflicto, se busquen, hasta donde sea posible, soluciones concertadas, tal y como lo establece el artículo 55 superior. Esto significa que nada en la Carta se opone a que los empleados públicos formulen peticiones a las autoridades sobre sus condiciones de empleo y las discutan con ellas con el fin de lograr un acuerdo en la materia, lo cual implica que el derecho de negociación colectiva no tiene por qué considerarse anulado. Sin embargo, y a diferencia de lo que sucede con los trabajadores oficiales, que tienen un derecho de negociación pleno, la búsqueda de soluciones concertadas y negociadas no puede llegar a afectar la facultad que la Carta confiere a las autoridades de fijar unilateralmente las condiciones de empleo. Esto significa que la creación de mecanismos que permitan a los empleados públicos, o sus representantes, participar en la determinación de sus condiciones de empleo es válida, siempre y cuando se entienda que en última instancia la decisión final corresponde a las autoridades señaladas en la Constitución, esto es, al Congreso y al Presidente en el plano nacional, y a las asambleas, a los concejos, a los gobernadores y a los alcaldes en los distintos órdenes territoriales, que para el efecto obran autónomamente. Con esa misma restricción, es igualmente legítimo que se desarrollen instancias para alcanzar una solución negociada y concertada entre las partes en caso de conflicto entre los empleados públicos y las autoridades.

Ahora bien, las anteriores precisiones en manera alguna implican que la Corte debe condicionar el alcance de los artículos 7º y 8º del convenio bajo revisión en relación con los empleados públicos, por cuanto esas normas autorizan a tomar en cuenta las especificidades de las situaciones nacionales. Así, el artículo 7º no consagra un derecho de negociación colectiva pleno para todos los servidores públicos sino que establece que los Estados deben adoptar “medidas adecuadas a las condiciones nacionales” que estimulen la negociación entre las autoridades públicas y las organizaciones de servidores públicos, lo cual es compatible con la Carta. Además, esa misma disposición prevé la posibilidad de que se establezcan “cualesquiera otros métodos” que permitan a los representantes de los servidores estatales “participar en la determinación de dichas condiciones”, lo cual es armónico con la posibilidad de que existan consultas y peticiones de los empleados públicos a las autoridades, sin perjuicio de las competencias constitucionales de determinados órganos de fijar unilateralmente el salario y las condiciones de trabajo de estos empleados. Igualmente, el artículo 8º reconoce que los procedimientos conciliados de solución de las controversias deben ser apropiados a las condiciones nacionales, por lo cual la Corte entiende que esa disposición se ajusta a la Carta, pues no desconoce la facultad de las autoridades de, una vez agotados estos intentos de concertación, expedir unilateralmente los actos jurídicos que fijan las funciones y los emolumentos de los empleados públicos. En tal entendido, la Corte declarará la exequibilidad de esas disposiciones. (Resalta la Sala)

Bajo los anteriores parámetros y en línea de las consideraciones de la Corte Constitucional en materia del derecho de asociación sindical y la medida de la negociación colectiva, como mecanismo para que las organizaciones que representan a los empleados públicos participen con las autoridades públicas en el establecimiento de las condiciones de trabajo, a continuación se realizará el análisis de cada uno de los apartes que se acusan.

2.4.2.1.1. Artículo 8, numeral 1

En el artículo 8 del decreto cuya nulidad se solicita se fijan las condiciones y requisitos para la comparecencia sindical a la negociación y, entre ellas, en su numeral 1, señala que ante la pluralidad de organizaciones sindicales de empleados públicos, estas deben realizar actividades previas de coordinación para integrar las solicitudes, con el fin de concurrir en unidad de pliego y en unidad de integración de las comisiones negociadoras y asesoras.

Frente a la anterior previsión, el actor sostiene que exigir la realización de actividades de coordinación entre las diferentes organizaciones sindicales, con el fin de concurrir en unidad de pliego y en unidad de integración de las comisiones negociadoras y asesoras limita la participación democrática de los diferentes sindicatos, en tanto que impone reglas organizativas sin consideración a las diferencias ideológicas, filosóficas y culturales de aquellas.

Para resolver el anterior cuestionamiento, la Sala debe precisar que la disposición bajo análisis hace parte de la autonomía sindical y constituye un desarrollo del principio de participación democrática en materia sindical derivado del artículo 39 constitucional, según el cual «[l]a estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos».

Esta sujeción a principios democráticos no transgrede los convenios internacionales en materia de garantías sindicales, tal como lo ha sostenido la Corte Constitucional, que considera que «no es admisible reconocer el carácter absoluto de la libertad sindical» pues la propia Constitución establece su sujeción al orden legal y a los principios democráticos y que «los Convenios Internacionales sobre derechos humanos autorizan que por vía legislativa puedan imponerse restricciones a los derechos, en cuanto ellas sean necesarias, mínimas, indispensables y proporcionadas a la finalidad que se persiga, para garantizar la seguridad nacional, el orden, la salud o moral públicos, los derechos y deberes ajenos y, en general, el cumplimiento de cualquier finalidad que se estime esencialmente valiosa. Por lo tanto, se advierte, que las aludidas restricciones o limitaciones no pueden, en modo alguno, afectar lo que se considera el núcleo esencial del derecho a la libertad sindical, de modo que la desnaturalicen o impidan su normal y adecuado ejercicio».

En el anterior contexto, la Sala no vislumbra en qué forma podría verse afectado el principio de participación democrática sindical con el requisito impuesto en el numeral 1 del artículo 8 del decreto demandado, pues, por el contrario, constituye un desarrollo de aquel, en tanto lo que exige es la realización de actividades de coordinación entre las diferentes organizaciones sindicales que participan en una negociación de esta naturaleza, de modo que se permita la participación de todas ellas con un fin definido, que es el de concurrir a las mesas de negociación de manera unificada, todo ello con el propósito de facilitar el proceso de negociación y, en todo caso, constituye una manera para lograr el cumplimiento de las reglas previstas en el artículo 3, numeral 3, del Decreto 160 de 2014, que consiste en que solo habrá una mesa de negociación y un solo acuerdo colectivo por entidad o autoridad pública.

Adicional a lo expuesto, realizar actividades con miras a concurrir en unidad de pliego y unidad de integración de las comisiones negociadoras constituye una herramienta para integrar las diversas posturas ideológicas y que estas y las peticiones que de ellas derivan, se depuren para que resulten plasmadas en el contenido de un solo pliego en el que se concreten las diferentes peticiones, en síntesis, es hacer uso de la autonomía sindical, a través de los representantes de las organizaciones, para lograr acuerdos previos estratégicos que sean comunes a todas ellas y que se puedan negociar y lograr su concreción, lo que en lugar de dividirlos, tiende a su fortalecimiento y conlleva la racionalización del proceso de negociación, pues de ese modo se logra identificar con mayor precisión los puntos a negociar.

En consonancia con lo anterior, la Sala estima que la disposición analizada, en manera alguna vulnera las disposiciones constitucionales —incluyendo aquellas que hacen parte del bloque de constitucionalidad— señaladas como quebrantadas y, bajo ese presupuesto, considera que no se probó el cargo de violación planteado en la demanda.

2.4.2.1.2. Artículo 9, numeral 1

El artículo 9 del decreto cuestionado se refiere al grado de representatividad sindical y la conformación de la comisión negociadora, y, en particular, se cuestiona lo previsto en el numeral 1, según el cual «en caso de que concurran a la negociación varias organizaciones sindicales de empleados públicos, éstas en ejercicio de su autonomía sindical determinarán el número de integrantes de la comisión negociadora y su distribución entre los distintos sindicatos. En el evento en que no haya acuerdo para la distribución de los representantes ante la mesa de negociación, ésta debe ser objetiva y proporcional al número de afiliados con derecho y pago de su cuota sindical depositada en banco, conforme a los artículos 393 y 396 del Código Sustantivo del Trabajo y según certificación del tesorero y secretario».

El reproche formulado por el demandante en contra de la anterior disposición se contrae a cuestionar la exigencia de integrar una comisión negociadora, dependiendo del número de afiliados, pues ello conllevaría que la «suma de negociadores de los sindicatos mayoritarios, terminan imponiendo sus decisiones en la coordinación […] en materia de los puntos a negociar, el pliego a discutir y finalmente las aprobaciones que se pueden desprender de las mayorías en el extremo de las organizaciones sindicales como parte o extremo de la negociación colectiva».

En torno al anterior planteamiento, tanto el Ministerio del Trabajo como el Departamento Administrativo de la Función Pública consideraron que lo que el actor propone es un juicio subjetivo, que tan solo se presentaría ante la materialización de la norma en un caso particular y, por ende, no debería abordarse su estudio a través de medio de control de la referencia; no obstante, la Sala considera que sí es viable resolver el cargo propuesto en la demanda en tanto que la norma busca fijar unas reglas generales, para hacerlas efectivas ante una situación específica y, en ese orden, su análisis no lleva implícito un análisis subjetivo sobre un caso en particular, sino fijación de la regla que habría de aplicarse ante el supuesto descrito.

Hecha la anterior precisión, la Subsección considera que lo que plantea la disposición cuestionada es, en primer lugar, dejar al arbitrio de las asociaciones sindicales concurrentes, la decisión de determinar el número de integrantes de la comisión negociadora y su distribución entre los distintos sindicatos, todo ello, atendiendo el principio de autonomía sindical, pero, en segundo lugar, y en el evento de desacuerdo sobre ese particular, fija unas reglas que no tienden a favorecer a las mayorías, sino que buscan una participación objetiva y proporcional al número de trabajadores sindicalizados, lo que, en sentir de la Sala, se aviene al principio de democracia sindical, para la distribución de los representantes de los sindicatos ante la mesa de negociación.

La Sala estima que los términos en que está planteada la regla, para efecto de la distribución de los representantes ante la mesa de negociación, permiten la participación de todos los sindicatos concurrentes, bien sea que tengan la mayoría de afiliados o que no sea así, pues se determina que esta distribución debe ser «objetiva y proporcional al número de afiliados» pero, en momento alguno, se impone que solo los sindicatos mayoritarios tendrán la representatividad y, en todo caso, «con el propósito de garantizar valores como el pluralismo y la participación, las democracias modernas han entendido que la mejor manera de salvaguardar los principios aludidos es a través de sistemas proporcionales de elección que permiten la participación de las minorías en el ejercicio del poder, cosa totalmente distinta sucede con los sistemas mayoritarios en los cuales el poder solo es ejercido por quien obtiene la mayoría con desconocimiento total de cualquiera grupo minoritario» y, en ese sentido, se entiende que al no existir un desconocimiento total de grupos minoritarios, sino que la elección surja de un proceso objetivo y proporcional, no se está desechando el derecho de las minorías.

En efecto, sobre la anterior materia, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado ha considerado que «esta norma ofrece una solución consistente en que se conforme de manera objetiva y proporcional al número de afiliados con pago de la cuota sindical en bancos, de acuerdo a certificación del tesorero y el secretario».

Valga precisar, además, que el propio Convenio 151 de la OIT se refiere a la intervención de los sindicatos a través de la representación y esta se desarrolla, en el ordenamiento Colombiano, en ejercicio del principio democrático que es el que se presenta, en la norma descrita, como alternativa ante conflicto en la decisión de determinar el número de integrantes de la comisión negociadora y su distribución entre los distintos sindicatos. Además, el artículo 5, numeral 3, del convenio en cita identifica como actos de injerencia de las autoridades públicas, aquellos «destinados a fomentar la constitución de organizaciones de empleados públicos dominadas por la autoridad pública, o a sostener económicamente, o en otra forma, organizaciones de empleados públicos con el objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de la autoridad pública» y ninguno de tales propósitos es el que orientó al ejecutivo, al fijar el lineamento que se analiza, sino el de buscar una solución a un conflicto y atender, para ello, los principios democráticos.

Por otro lado, esta Subsección considera que no es acertado concluir, como lo hace el demandante, que el ejecutivo haya replicado normas declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, pues si bien es cierto que en la Sentencia C-567 de 2000, declaró la inexequibilidad del numeral 3, del artículo 3 del Decreto 2351 de 1965 que señalaba que «si ninguno de los sindicatos agrupa a la mayoría de los sindicatos de la empresa, la representación corresponderá conjuntamente a todos ellos» al considerar que el ejercicio conjunto de la representación afectaba «de manera grave la autonomía sindical» también lo es que la norma que aquí se analiza, otorga a las organizaciones sindicales concurrentes la decisión de determinar el número de integrantes de la comisión negociadora y su distribución entre los distintos sindicatos, y solo ante un desacuerdo sobre ese particular, fija reglas que buscan una participación objetiva y proporcional al número de trabajadores sindicalizados, en desarrollo del principio de democracia sindical, pero con intervención de todos los sindicatos que hacen parte de la negociación.

En torno a lo anterior también resulta forzoso indicar que los derechos sindicales a los que se refirió la Corte Constitucional en la sentencia aludida, son aquellos plenos que se predican de las relaciones laborales particulares o de los trabajadores oficiales, mientras que los que se estudian en el sub judice no tienen esa condición, pues se trata de empleados públicos que «están sometidos a la fijación unilateral del Estado, por medio de leyes, ordenanzas, acuerdos y reglamentos, de las condiciones generales del empleo, por lo cual los empleados públicos tienen el derecho de participar en la determinación de sus condiciones de trabajo, pero no en forma plena» de ahí que la Corte haya entendido que la incorporación de las disposiciones convencionales que rigen a este tipo de empleados, implicaba una armonización entre la facultad de las autoridades de fijar unilateralmente las condiciones de trabajo y los emolumentos de los empleados públicos y la posibilidad de consulta previa entre empleador y trabajadores sobre esta materia, con el fin de buscar, hasta donde sea posible, soluciones concertadas.

En las anteriores condiciones, la Sala entiende que la disposición orientada a que sean las propias organizaciones sindicales las que determinen el número de integrantes de la comisión negociadora y su distribución entre los distintos sindicatos o la distribución objetiva y proporcional al número de afiliados, en caso de desacuerdo sobre esa materia, no es otra cosa que un mecanismo definido por el ejecutivo para lograr la participación de los empleados públicos, o de sus representantes, en la determinación de sus condiciones de empleo, que la Corte consideró válida, tal como lo expuso en la Sentencia C-377 de 1998.

En orden de lo anterior, la Sala concluye que lo que la norma pretende es, por un lado, priorizar la autonomía sindical y que, en ejercicio de ella, los sindicatos concurrentes elijan el porcentaje de participación de cada uno de ellos en el proceso de negociación y a sus representantes, pero, en caso de divergencia de criterios, fija una solución adecuada y garante de los principios que rigen la actividad sindical, para solucionar tal conflicto y, en ese orden, no prospera el cargo propuesto.

2.4.2.1.3. Artículo 10, numeral 2

La norma que se acusa, prevé las reglas a las que deben sujetarse las partes que adelantan la negociación y, en particular, el numeral 2 se refiere a la autonomía para determinar el número de negociadores y asesores, aplicando el principio de la razonable proporcionalidad, según el ámbito de la negociación y el número de afiliados.

La Sala entiende que lo que el actor cuestiona en torno a la anterior disposición es que el principio de autonomía sindical se ejerza aplicando el principio de la razonable proporcionalidad, según el ámbito de la negociación y el número de afiliados; sin embargo, al igual que se analizó en el acápite anterior, la regla sobre ese particular en congruente y desarrolla el principio de democracia sindical, el cual, según lo planteado en el artículo cuestionado, no busca la imposición de la postura de la mayoría, sino la participación proporcional, según el número de afiliados a cada una de las organizaciones sindicales participantes en el proceso de negociación.

Ese tipo de mecanismos de participación proporcional, en materia sindical, está avalado por la Corte Constitucional, pues tiene como propósito «garantizar valores como el pluralismo y la participación» y se han entendido como «la mejor manera de salvaguardar los principios aludidos es a través de sistemas proporcionales de elección que permiten la participación de las minorías en el ejercicio del poder, cosa totalmente distinta sucede con los sistemas mayoritarios en los cuales el poder solo es ejercido por quien obtiene la mayoría con desconocimiento total de cualquiera grupo minoritario» máxime cuando «los fundamentos y principios democráticos son un límite natural a la libertad sindical».

Además, la representatividad sindical está sustentada en el Convenio 154 de la OIT, siempre que en la legislación interna se adopten «medidas que garanticen que la existencia de los representantes no se utilice para menoscabar la posición de las organizaciones de trabajadores interesadas» y, en momento alguno, la medida dispuesta en el artículo bajo análisis está pretendiendo menoscabar la posición de alguna de las organizaciones sindicales, sino, por el contrario, garantizar la participación de todas ellas, a través de un sistema proporcional de elección.

Aunado a ello, en criterio de la Corte Constitucional, «los sindicatos no pueden contradecir, en ejercicio de la autonomía sindical, los principios rectores de una sociedad democrática sino, por el contrario, deben integrar a sus políticas y a su organización mecanismos para hacerlos efectivos, procurando así la efectiva participación de todos los trabajadores en las decisiones que los afectan, toda vez que los sindicatos a los que éstos pertenecen actúan como sus representantes en la consecución de condiciones laborales más favorables a sus intereses».

En ese orden, la previsión contenida en el artículo 10, numeral 2, de la norma cuestionada, para el ejercicio de la autonomía sindical, en el marco del principio de proporcionalidad en la participación, lo que hace es garantizar la intervención de todos los actores de la negociación, por parte de las asociaciones sindicales, pero enmarcada en una medida que se adecúa y es compatible con la Constitución Política, como es que se haga uso del principio de proporcionalidad —en el marco de la democracia sindical— a efecto de elegir a sus representantes. Así se garantiza la participación de aquellos para la determinación de sus condiciones del empleo, tal como lo prescribe el Convenio 151 de la OIT, pero se armoniza esa participación con los límites del ordenamiento interno que determinan que esta debe atender principios democráticos.

Resulta oportuno destacar que en el marco de la democracia sindical, la Corte Constitucional ha considerado que «dentro de los elementos de la democracia sustantiva o también denominados principios materiales de la democracia, se encuentran la dignidad humana, libertad, la igualdad y el pluralismo y, dentro de los elementos propios de la democracia procedimental o principios estructurales encontramos, por ejemplo, la participación, la representación, la adopción de decisiones por mayoría, el respeto por las minorías, la prohibición de la arbitrariedad y el principio de imparcialidad» y que « de los contenidos importantes del derecho de asociación sindical en el seno de una sociedad democrática se encuentra el derecho de los afiliados a participar en la toma de decisiones trascendentales de la organización y a que su voto tenga la validez de disidencia o de construcción de la mayoría para que, de manera directa o por intermedio de sus representantes, se ejecuten las actividades dirigidas a defender los intereses comunes, por lo que es natural que los representantes sindicales sólo puedan expresar la voluntad colectiva y no la individual que apenas lo identifica como afiliado».

Las anteriores consideraciones, llevan a concluir que esa participación de las minorías se ve garantizada al implementar procesos que atiendan el «principio de la razonable proporcionalidad», a efecto de determinar el número de negociadores, lo que va ligado al principio de democracia sindical, cuyo enfoque, como se señaló en el acápite anterior, integra tanto el interés de las mayorías como el de las minorías y no solo se aquellas, como ocurriría en un sistema mayoritario.

2.4.2.1.4. Artículos 8, numeral 3 parcial, 11, numeral 1

Confluye en este acápite el análisis de las normas citadas en cuanto consagran límites temporales dentro del proceso de negociación, por un lado, —artículo 8, numeral 3 parcial— lo relativo al término durante el cual se debe presentar el pliego después de su adopción en asamblea y, por otro lado, los términos y las etapas de la negociación, en particular, la presentación de los pliegos dentro del primer bimestre del año.

En torno a las disposiciones anteriores, el actor considera que esas restricciones de orden temporal alteran la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo y constituyen un desconocimiento de los artículos 53 y 93 constitucionales que incorporan los Convenios Internacionales del Trabajo a la legislación interna, «los cuales no estipulan […] que los Estados miembros, pueden limitar los tiempos de negociación en una vigencia fiscal, estableciéndose un menoscabo y la irrenunciabilidad al derecho de negociación por las limitaciones establecidos por los tiempos en que esta se puede desarrollar en el primer bimestre del año».

Frente a este particular, la Sala comparte la argumentación dada tanto por el Ministerio del Trabajo como por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en el entendido de que el marco temporal para la presentación del pliego obedece a un componente técnico que tiene como finalidad atender el calendario de programación presupuestal, lo que es concordante con el artículo 7 del Convenio 151 de la OIT en el que se prevé que para que se logre la participación de los empleados públicos en la determinación de las condiciones del empleo, en caso de ser necesario, se deben adoptar «medidas adecuadas a las condiciones nacionales», de ahí que el ejecutivo haya visto la necesidad de ajustar el proceso de negociación al calendario presupuestal, en forma concordante con lo que al respecto prevén los artículos 151, 346 y 352 de la Constitución Política.

Frente a lo anterior, es oportuno indicar que los recursos del Estado son limitados y el tiempo para su ejecución también, por ello, la definición del ámbito temporal que impuso el ejecutivo para la presentación del pliego resulta razonable y coherente con las reglas de orden presupuestal que hacen parte del ordenamiento interno, bajo ese entendido se trata de una previsión que armoniza el mecanismo de la negociación colectiva con las normas bajo las cuales se estructura la preparación del presupuesto dentro de la vigencia fiscal que se vaya a ver impactada por las determinaciones materia de negociación.

Frente al punto bajo análisis, es necesario insistir en que el derecho de asociación sindical de los empleados públicos no es pleno y que «las limitaciones a los derechos de sindicación y de negociación colectiva podrán ser justificadas en cuanto busquen proteger bienes constitucionalmente relevantes como la prevalencia del interés general, el cumplimiento de los objetivos trazados por la política económica y social del Estado, la estabilidad macroeconómica y la función social de las empresas, entre otros».

Así las cosas, la Sala concluye que el marco temporal que se fijó por el ejecutivo es razonable y congruente con las disposiciones de orden presupuestal reseñadas y no se trata de un obstáculo o talanquera al ejercicio del mecanismo de la negociación sindical, sino que constituye una forma de armonizarlo con las previsiones internas en materia de planeación presupuestal y, por ende, no prospera el cargo.

2.4.2.1.5. Artículo 11, numerales 5 parcial, 6, 7 y 9

De los numerales 5 parcial, 6, 7 y 9 del artículo 11, lo que cuestiona el demandante es el uso de la figura del mediador ante situaciones de desacuerdo o de acuerdo parcial en el marco de la negociación del pliego y su reparo va orientado a que el Gobierno nacional se abstuvo de incluir las figuras de arbitraje o conciliación obligatoria para resolver ese tipo de conflicto, lo que, en su sentir, hace nugatoria la negociación colectiva.

Para resolver el anterior cuestionamiento, se considera oportuno citar el artículo 8 del Convenio 151 de la OIT que trata sobre la solución de conflictos en el proceso de negociación, así:

La solución de los conflictos que se planteen con motivo de la determinación de las condiciones de empleo se deberá tratar de lograr, de manera apropiada a las condiciones nacionales, por medio de la negociación entre las partes o mediante procedimientos independientes e imparciales, tales como la mediación, la conciliación y el arbitraje, establecidos de modo que inspiren la confianza de los interesados.

Según la norma citada, dentro de los procedimientos independientes e imparciales que el propio Convenio 151 de la OIT reconoce a efecto de solucionar los conflictos que se presenten para determinar las condiciones del empleo, está la figura de la mediación, que fue la que acogió el ordenamiento interno para resolver una situación conflictual en el marco del proceso de negociación, lo que conlleva concluir que no se configura la transgresión de la norma superior, en tanto que en ella se hizo una enunciación de los diferentes medios de negociación, pero no se impuso acogerlos todos o uno en particular.

En ese sentido, el hecho de que el ejecutivo haya acudido solo a uno de los mecanismos enunciados en el Convenio y no haya incorporado los otros dos que se presentaban como alternativas para ese propósito, no conlleva una desatención de la norma convencional, ni mucho menos hace nugatoria la negociación colectiva con miras a lograr el mejoramiento de las condiciones de empleo de los destinatarios del Decreto 160 de 2014, valga aclarar que en el propio convenio se habilitó para que los Estados acudieran al mecanismo que se adaptada «de manera apropiada a las condiciones nacionales».

En torno a la figura de la mediación, se debe señalar que está instituida como un mecanismo alternativo de solución de conflictos y constituye «un procedimiento consensual, confidencial a través del cual las partes, con la ayuda de un facilitador neutral entrenado en resolución de conflictos, interviene para que las partes puedan discutir sus puntos de vista y buscar una solución conjunta al conflicto»; por ende, la Sala considera que su acogida, por parte del ejecutivo, para resolver las diferencias ocurridas dentro del proceso de negociación es adecuada, pues se trata de un negociador neutral cuya intervención tiene como propósito resolver el conflicto suscitado entre las partes.

Es importante destacar que si bien el mediador propone en forma escrita, fórmulas justificadas de avenimiento que consulten la equidad, el orden jurídico y el criterio constitucional de la sostenibilidad fiscal, estas son presentadas ante las partes para que sean ellas quienes convengan en su aprobación o no y, en todo caso, su orientación en la solución y logro del acuerdo colectivo siempre atiende las disposiciones de orden constitucional y legal.

Por las razones expuestas, no se declarará la nulidad de la disposición que acude al uso de la figura del mediador para la solución de los conflictos generados en el marco de la negociación de las condiciones de empleo con las asociaciones sindicales de empleados públicos.

2.4.2.1.6. Artículo 14

La disposición cuestionada prevé que para el cumplimiento e implementación del acuerdo colectivo la autoridad pública deberá expedir los actos administrativos con base en el acta final, respetando las competencias constitucionales y legales.

Para proceder al análisis de la anterior previsión, es necesario reiterar que el asunto que en materia sindical se reglamentó a través del decreto bajo análisis concierne a empleados públicos, los cuales «no gozan de los plenos derechos de asociación y convención colectiva, como ocurre con los trabajadores oficiales» y que «la Constitución y los Convenios sí les permiten participar en la determinación de sus condiciones de empleo, siempre y cuando se entienda que en última instancia, la decisión final corresponde al Congreso de la República y al Presidente, en el plano nacional, y a las asambleas, concejos, gobernadores y alcaldes, en el plano territorial».

En el anterior contexto, y como los empleados públicos están vinculados al Estado a través de una relación legal y reglamentaria, es necesario que los acuerdos a los que se llegue dentro del proceso de negociación, se incorporen en el ordenamiento, pues, de lo contrario, no se harían exigibles. Al respecto, es preciso indicar que a diferencia del proceso de negociación sindical de particulares o de trabajadores oficiales, para quienes la sola suscripción del acuerdo o convención colectiva efectiviza las condiciones pactadas, ello no ocurre en caso de los empleados públicos, dada la sujeción de su relación laboral a lo que esté previsto en el ordenamiento.

En tales condiciones, se hace necesaria la expedición de actos administrativos en los que la administración declare su voluntad en torno a acoger o implementar los acuerdos a que se llegó dentro del proceso de negociación, pues estos actos son los que, en últimas, permiten materializarlos. En todo caso, se precisa que la previsión al respecto es clara en determinar que los actos administrativos que se expiden, en el marco de las competencias constitucionales y legales, se basan en el acta de acuerdo, es decir, que de alguna manera, se considera como el acto preparatorio que sirve de fundamento al acto definitivo plasmado el acto administrativo de implementación.

Resulta oportuno indicar que uno de los reproches planteados por el actor en torno a la norma que se analiza, consiste en que producto de ella «solo [se] adopta[n] las decisiones contenidas en el acta final, sin embargo, frente a los demás puntos que según el acta no hayan quedado como acuerdo, los mismos como pretensiones de los trabajadores fenecen en el acta final y por ende la capacidad de adopción de la autoridad competente»; sin embargo, tal objeción, en sentir de la Sala, carece de fundamentación práctica, pues no tendría sentido que en el acto administrativo de implementación de los acuerdos a los que se llegó en el proceso de negociación colectiva se incorporaran aquellos puntos que no fueron acogidos por las partes.

Precisamente, el objeto del acto administrativo es plasmar la voluntad de la administración con miras a reconocer y efectivizar aquellas condiciones que impacten el empleo, producto del proceso de negociación previo, razones suficientes para concluir que no se probó el cargo propuesto en contra del artículo 14 del decreto analizado.

2.4.2.2. El Decreto 089 de 2014

Lo primero que se ha de señalar en torno al decreto en referencia, es que este reglamenta los numerales 2 y 3 del Código Sustantivo del Trabajo, es decir, que sus previsiones no están destinadas a los sindicatos de empleados públicos como sí ocurre con el decreto que se analizó en el acápite precedente.

Ahora bien, el cuestionamiento en torno al decreto del que se ocupa este acápite se concreta en lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 1, en el cual se determina que si no hubiere acuerdo, la comisión negociadora sindical se entenderá integrada objetivamente proporcional al número de sus afiliados y los diversos pliegos se negociarán en una sola mesa, con la representación de todos los sindicatos en el procedimiento de negociación en la suscripción de la convención colectiva.

Sobre el anterior aspecto, en pronunciamiento previo, la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación consideró que la determinación relativa a la unidad de negociación en una sola mesa y en una sola convención colectiva no limita el derecho de asociación sindical sino que «establece un mecanismo que de manera claramente diferente a instituir una limitación al derecho de asociación sindical, lo que introduce es la posibilidad real de comparecencia de todos los sindicatos, en proporción a su representación y a sus afiliados y sobre sus respectivos pliegos de peticiones, con una indudable coherencia frente al principio democrático aplicado a la actividad sindical».
La Sala reitera la anterior postura y la acoge como fundamento para resolver el cargo analizado y agrega que la reglamentación al respecto no hace nugatorio el derecho de asociación sindical, ni constituye una excepción frente al derecho de negociación, como lo sostiene el demandante; por el contrario, permite que, en forma proporcional, todos los sindicatos comparezcan a la mesa de negociación para que en ella se negocien los diversos pliegos y se haga efectiva la participación de todos los sindicatos.

Consecuente con lo anterior, la Sala considera que el actor no logró desvirtuar la legalidad del inciso segundo del artículo 1 del Decreto 89 de 2014 y, por ende, se negará su pretensión.

2.4.2.3. Cargos comunes a los artículos cuestionados de los dos decretos anteriores

2.4.2.3.1. Exceso de la facultad reglamentaria

El actor considera que en las disposiciones cuya nulidad pretende, el presidente de la República excedió la facultad reglamentaria que le está encomendada; por ello, para resolver el cargo es preciso señalar que la potestad reglamentaria está atribuida al presidente de la República, en el artículo 189, numeral 11 de la Constitución Política, con el objeto de que expida normas de carácter general con el fin de lograr la correcta ejecución y cumplimiento de la ley; sin embargo, tal potestad está sujeta a ciertos límites «que no son otros que la Constitución y la ley misma, ya que no puede en este último evento ampliar, restringir o modificar su contenido. Es decir, que las normas reglamentarias deben estar subordinadas a la ley respectiva y tener como finalidad exclusiva la cabal ejecución de ella».

Además, en el ejercicio de esta atribución, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha señalado que no todas las leyes son susceptibles de ser reglamentadas, pues i) existen materias cuya regulación está reservada a la ley, caso en el cual, al legislador le corresponde desarrollarla de manera exclusiva; ii) las leyes que deban ser ejecutadas por la administración no pueden ser objeto de regulación; y iii) Cuando la ley ha sido formulada de manera tan detallada y los temas en ella contenidos han sido desarrollados en forma tan minuciosa, que en principio, no necesitaría de reglamentación.

En lo que atañe a los artículos cuestionados, la sala advierte que la reglamentación se encargó, por un lado, —Decreto 160 de 2014— de: i) fijar condiciones y requisitos para la comparecencia sindical a la negociación, ello dentro de los principios de autonomía y democracia sindical; ii) fijar parámetros para establecer el grado de representatividad sindical y la comisión negociadora en caso de concurrencia de organizaciones sindicales de empleados públicos; iii) demarcar reglas de la negociación, enmarcado en el principio de autonomía y proporcionalidad en la representación; iv) definir un marco temporal para la presentación de pliegos, en forma armónica con las normas constitucionales y legales que fijan los plazos para el trámite de la aprobación del presupuesto, en consideración al tipo de sujetos de la negociación —empleados públicos— cuya remuneración debe estar previstas en el presupuesto; v) la consagración de la figura del mediador a efecto de que se resuelvan los conflictos que se llegaren a suscitar dentro del proceso de negociación colectiva; y vi) el instrumento para efectivizar los acuerdos a los que se llegue como resultado de tal negociación; y por otro lado, —Decreto 89 de 2014— de vii) implementar un mecanismo de negociación concentrada, en forma proporcional al número de afiliados y con el propósito de negociar los conflictos en una sola mesa, ello con el propósito de garantizar la racionalidad y economía en el procedimiento.

Ahora bien, las leyes reglamentadas son la 411 de 1997, por la cual se aprobó el Convenio 151 de la OIT relativo a los procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos y los numerales 2 y 3 del artículo 374 del Código Sustantivo del Trabajo. Al respecto, la Sala advierte que las previsiones de tal convenio fijan unas pautas generales que han de tener en cuenta los Estados a efecto de garantizar el derecho de asociación sindical a los servidores públicos; sin embargo, les otorga a aquellos la potestad de adoptar las «medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación» esa adopción requiere una reglamentación, pues, como se señaló en las consideraciones del decreto bajo análisis «se encontró que se requiere hacer precisiones en el procedimiento para adelantar la negociación, en especial en lo relacionado con las instancias competentes para discutir los pliegos de peticiones, la elección de los representes de los sindicatos en las mesas de negociación y en los mecanismos de solución de controversias».

En tales condiciones, las anteriores materias lejos de constituir restricciones o límites al ejercicio del derecho de asociación sindical, lo que hacen es desarrollar e implementar procedimientos para que el proceso de negociación sea realizable y que en él participen todos los sindicatos concurrentes; igual consideración comparte la reglamentación del numeral 3 del artículo 374 del Código Sustantivo del Trabajo, por ello, la Sala considera que los asuntos reglamentados por los artículos acusados lo que buscaron fue establecer reglas generales para hacer efectivas las disposiciones materia de reglamentación, y en ese sentido, el ejecutivo no desbordó las atribuciones que, en esa materia tiene atribuidas constitucionalmente.

2.4.2.3.2. Réplica de una norma declarada inexequible por la Corte Constitucional

El actor aseguró que en las disposiciones que se invocaron como transgresoras del ordenamiento, se replicó aquella declarada inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C – 063 de 2008; sin embargo, la Sala no comparte tal consideración, según se expone a continuación.

En la sentencia que se citó, la Corte Constitucional se pronunció sobre la demanda de inconstitucionalidad formulada en contra del numeral 2º. del artículo 26 del Decreto Legislativo 2351 de 1965, que disponía: «2. Cuando en una misma empresa coexistiere un sindicato de base con uno gremial o de industria, la representación de los trabajadores, para todos los efectos de la contratación colectiva, corresponderá al sindicato que agrupe a la mayoría de los trabajadores de dicha empresa».

Entre tanto, al revisar el texto de los artículos de los Decretos 089 y 160 de 2014, que se cuestionan en el sub lite, cuya transcripción se efectuó en el acápite 2.3.1. de esta providencia, no se vislumbra, en primer lugar, que ninguna de las normas que se acusan se refieran a la coexistencia de un sindicato de base con uno gremial o de industrita y tampoco se determina, en ninguno de ellos, que la representación para todos los efectos de la negociación colectiva, esté en manos del sindicato que agrupe a la mayoría de los trabajadores de la empresa; por el contrario, y como se analizó a lo largo de esta providencia, ninguno de los artículos materia de censura endilgan en el sindicato mayoritario la representación de todos los trabajadores, cuando hay concurrencia de organizaciones sindicales, sino que permite que, en ejercicio de mecanismos democráticos, entre todos los sindicatos designen a sus representantes.

En consideración a lo anterior, el cargo bajo análisis tampoco tiene vocación de prosperidad, por lo que se debe concluir que el demandante no logró desvirtuar la legalidad de los actos acusados.

2.5. La condena en costas

En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia y con base en el acervo probatorio, se concluye que el señor Nixon Torres Cárcamo no logró desvirtuar la legalidad de los artículos 8, numerales 1 y 8, parcial; 9, numeral 1; 10, numeral 2; 11, numerales 1, 5, parcial, 6, 7 y 9; y 14 del Decreto 160 del 5 de febrero de 2014 «[p]or el cual se reglamenta la Ley 411 de 1997 aprobatoria del Convenio 151 de la OIT, en lo relativo a los procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos» y 1, incisos 2 y 3, del Decreto 89 del 20 de enero de 2014 «[p]or el cual se reglamentan los numerales 2 y 3 el artículo 374 del Código Sustantivo del Trabajo»; en consecuencia, se deberán denegar las pretensiones de la demanda y no habrá condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A

Primero.- Denegar las pretensiones de la demanda formulada por el señor Nilson Arturo Vega Vásquez en contra de los artículos 8, numerales 1 y 8, parcial; 9, numeral 1; 10, numeral 2; 11, numerales 1, 5, parcial, 6, 7 y 9; y 14 del Decreto 160 del 5 de febrero de 2014 «[p]or el cual se reglamenta la Ley 411 de 1997 aprobatoria del Convenio 151 de la OIT, en lo relativo a los procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos» y 1, incisos 2 y 3, del Decreto 89 del 20 de enero de 2014 «[p]or el cual se reglamentan los numerales 2 y 3 el artículo 374 del Código Sustantivo del Trabajo», de conformidad con las consideraciones que anteceden.

Segundo.- No imponer costas procesales.

Tercero.- En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

DDG
Se precisa que aunque en la demanda se invocó como nulidad por inconstitucionalidad, en el auto introductor (folios 36 a 42) se dio trámite de nulidad, al tenor de lo dispuesto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, decisión contra la cual el demandante no interpuso recurso alguno. En todo caso, se aclara que la decisión antes señalada fue objeto del recurso de reposición por parte del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, pero debido a su vinculación como parte demandada, razón que llevó a desvincularlo, como consta en auto del 30 de septiembre de 2016 (folios 128 a 130). Folios 120 a 126. Folios 76 a 95. Folios 209 a 213. Folios 215 a 216 y 226 a 228, respectivamente. Folios 227 a 225. Folio 229. M.P. Alejandro Martínez Caballero. Es decir, las relativas a «(a)fijar las condiciones de trabajo y empleo, o
(b) regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o
(c) regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez.»
M.P. Alejandro Martínez Caballero. Cita propia del texto transcrito «Sentencia C-009 de 1994 M.P. Antonio Barrera Carbonell. Al respecto también, véase la sentencia C-013 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.»
Cita propia del texto transcrito: «Puede consultarse la sentencia SU-342 de 1995 M.P. Antonio Barrera Carbonell»
Corte Constitucional, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Constitución Política, artículo 189, numeral 14. Corte Constitucional, Sentencia C-377 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero. M.P. Alejandro Martínez Caballero. Corte Constitucional, Sentencia C-797 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell. Corte Constitucional, Sentencia C-466 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 2339 del 15 de mayo de 2017, radicación: 11001-03-06-000-2017-00078-00, M.P. Germán Alberto Bula Escobar. Corte Constitucional, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Corte Constitucional, Sentencia C-162 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Corte Constitucional, Sentencia C-377 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Corte Constitucional, Sentencia C-466 de 2008, M.P. Jaime Araujo Rentería. Ibidem. Corte Constitucional, Sentencia C-161 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Corte Constitucional, Sentencia C-674 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Ibidem. Artículo 151. El Congreso expedirá leyes orgánicas a las cuales estará sujeto el ejercicio de la actividad legislativa. Por medio de ellas se establecerán los reglamentos del Congreso y de cada una de las Cámaras, las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones y del plan general de desarrollo, y las relativas a la asignación de competencias normativas a las entidades territoriales. Las leyes orgánicas requerirán, para su aprobación, la mayoría absoluta de los votos de los miembros de una y otra Cámara. Artículo 346. Modificado. A.L. 3/2011, art. 3º. El Gobierno formulará anualmente el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, que será presentado al Congreso dentro de los primeros diez días de cada legislatura. El presupuesto de rentas y ley de apropiaciones deberá elaborarse, presentarse y aprobarse dentro de un marco de sostenibilidad fiscal y corresponder al Plan Nacional de Desarrollo. Artículo 352. Además de lo señalado en esta Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar. Corte Constitucional, Sentencia C- 063 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

Corte Constitucional, Sentencia C-1195 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra. Apartes citados de la Sentencia C-1234 de 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 16 de mayo de 2019; radicación: 11001-03-25-000-2014-00919-00, número interno: 2837-14, M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Corte Constitucional, Sentencia C-302 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de julio de 2017, radicación: 11001-03-24-000-2008-00390-00, número interno: 0585-09, M.P. William Hernández Gómez. Corte Constitucional, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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