Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00123-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00123-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2024-00123-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00123 00 (2230-2024)
Demandante: Javier Mantilla Rojas
Demandadas: Nación - Ministerio del Trabajo y otros1
Temas: Derechos a la libertad sindical y a la negociación colectiva de los
empleados públicos. Procesos de negociación con pluralidad de
organizaciones sindicales.
Decisión: Negar las pretensiones de la demanda.
La Sala decide la demanda de nulidad interpuesta contra el Decreto 243 del 29 de
febrero de 20242, expedido por las entidades accionadas. En concreto, se
cuestionan las modificaciones realizadas a los artículos 2.2.2.4.3 – numerales 6, 7,
8 y 13 –; 2.2.2.4.4 – numeral 2 del parágrafo transitorio –; 2.2.24.8; 2.2.2.4.9 –
numeral 2, parágrafos 1, 2, 3 y 4 –; 2.2.2.4.10; 2.2.2.4.11; 2.2.2.4.12; 2.2.2.4.13 –
numeral 1 del Decreto 1072 de 20153.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. El decreto controvertido modificó las reglas que regulan los procedimientos
de negociación colectiva con las organizaciones de empleados públicos. En
particular, la parte actora reprochó las disposiciones relacionadas con el pliego
único de solicitudes4, la comisión negociadora unificada sindical5, el grado de
1 Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Administrativo de la Función Pública.
2 «Por el cual se modifica el Capítulo 4 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de
2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo en lo relativo a los procedimientos de negociación y
solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos».
3 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo».
4 «Pliego único de solicitudes: Es el documento final que unifica todas las solicitudes de las
organizaciones sindicales, a través de su concertación previa e interna, sin duplicar peticiones de las
diferentes organizaciones. Este documento se constituye en requisito sin el cual no se instalará la
mesa de negociación, ni se dará inicio al mismo».
5 «Comisión negociadora unificada sindical: Es el grupo de negociadores delegados por las
organizaciones sindicales, de acuerdo con el ámbito de negociación, resultante del proceso de
concertación entre ellas, la cual debe ser presentada con el pliego de solicitudes unificado».
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representatividad de las organizaciones6 y los requisitos para participar en el
proceso de negociación.
2. Explicó que, para determinar el grado de representatividad, el decreto exige
acreditar el número de empleados públicos afiliados a cada sindicato y el pago de
las correspondientes cuotas sindicales. Asimismo, dispone que la falta de entrega
de esa certificación acarrea la suspensión del derecho de participar en el proceso
de negociación múltiple y la pérdida de los permisos sindicales en relación con ese
trámite.
3. Señaló que, en los eventos en que exista pluralidad de organizaciones
sindicales, se obligó a realizar previamente actividades de coordinación dirigidas a
unificar el pliego de solicitudes y conformar una comisión negociadora única.
Agregó que los sindicatos que no manifiesten su intención de participar
conjuntamente del procedimiento pueden quedar excluidos de la negociación.
4. Además, el decreto condicionó el número de delegados de cada
organización en la comisión negociadora única a su grado de representatividad,
determinado por el número de afiliados que pagan cuota. Excepcionalmente se
permite que aquellos sindicatos que no cuenten con los miembros mínimos se
asocien con otros para designar un representante conjunto.
5. A juicio del demandante, estas exigencias vulneran los derechos de libertad
sindical y de negociación colectiva previstos en los artículos 39 y 55 de la
Constitución Política y en los Convenios 87, 98 y 151 de la OIT. Lo anterior porque
condicionan el ejercicio efectivo de tales garantías al cumplimiento de requisitos
adicionales diferentes a la constitución y reconocimiento jurídico de las
organizaciones sindicales.
6. Sostuvo que, una vez inscrita el acta de constitución, las organizaciones de
los trabajadores adquieren personería jurídica y pueden ejercer las facultades
inherentes a su naturaleza, entre ellas promover y participar en los procesos de
negociación colectiva. En esa medida, afirmó que las reglas de representatividad
afectan especialmente a los sindicatos minoritarios, pues el número de afiliados
determina su posibilidad efectiva de integrar la comisión negociadora.
7. De igual forma, cuestionó la consecuencia prevista para las organizaciones
que no aporten debidamente la certificación sobre el número de afiliados. Afirmó
que la suspensión de la participación del proceso de negociación conjunta, de los
permisos sindicales y de las demás garantías constituye una sanción impuesta por
vía administrativa, sin observancia del debido proceso, que desconoce la reserva
judicial establecida para la suspensión o cancelación de la personería jurídica
sindical en el artículo 39 de la Constitución Política y en el Convenio 87 de la OIT.
6 «Mayor grado de representatividad: Es la organización más representativa respecto de su número
de afiliados, según el ámbito y de acuerdo con los requisitos de comparecencia».
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8. Finalmente, sostuvo que el Gobierno nacional excedió la potestad
reglamentaria porque mediante un decreto introdujo condiciones que, en su criterio,
restringen el contenido de derechos reconocidos directamente por la Constitución
Política y los convenios internacionales del trabajo. Para sustentar este
planteamiento invocó un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado, según el cual la reglamentación de la negociación colectiva
debe facilitar su ejercicio y respetar la autonomía sindical, sin que las autoridades
puedan suplir la voluntad de las organizaciones respecto de la unificación de los
pliegos y demás decisiones propias de su autonomía.
Contestaciones de la demanda
9. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opuso a las pretensiones
de la demanda y sostuvo que las disposiciones acusadas fueron expedidas dentro
de los límites de la potestad reglamentaria atribuida al Gobierno nacional. En ese
sentido, afirmó que las normas cuestionadas no establecieron un régimen
autónomo, sino que desarrollaron el marco legal existente sobre negociación
colectiva en el sector público y actualizaron la reglamentación contenida en el
Decreto 1072 de 2015.
10. Frente a la presunta vulneración de la libertad sindical y del derecho de
negociación colectiva, señaló que las reglas sobre unificación de los pliegos,
conformación de la comisión negociadora y representatividad sindical no restringen
esos derechos, sino que buscan armonizar el pluralismo sindical con la eficacia del
proceso de negociación. Indicó que tales medidas responden a las dificultades
generadas por la proliferación de organizaciones sindicales y la presentación de
múltiples pliegos.
11. En cuanto a la reserva de ley, manifestó que el Decreto 243 de 2024 no creó
derechos, obligaciones o restricciones sustanciales en materia sindical, sino que
precisó aspectos procedimentales necesarios para desarrollar la negociación
colectiva en el sector público. Por ello, consideró que el Presidente de la República
actuó al amparo del numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y dentro
del marco establecido, entre otras disposiciones, por la Ley 411 de 1997,
aprobatoria del Convenio 151 de la OIT.
12. Finalmente, descartó que la certificación del número de afiliados constituya
una intervención indebida del Ministerio del Trabajo en la autonomía sindical.
Expuso que esa exigencia no incide en la constitución, existencia o funcionamiento
interno de las organizaciones sindicales, sino que permite verificar objetivamente
su grado de representatividad para efectos de la negociación colectiva.
13. El Departamento Administrativo de la Función Pública se opuso a las
pretensiones de la demanda y sostuvo que las disposiciones cuestionadas se
ajustan a los artículos 39 y 53 de la Constitución Política y a los convenios de la
OIT invocados por el demandante. Explicó que el derecho a la negociación colectiva
de los empleados públicos no es absoluto, pues está sujeto a las particularidades
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propias de la función pública y a las competencias constitucionalmente atribuidas a
las autoridades para determinar las condiciones del empleo.
14. Respecto de las reglas de representatividad y conformación de las
comisiones negociadoras, manifestó que el Decreto 243 de 2024 respondió a
dificultades advertidas durante la aplicación de la regulación anterior, relacionadas
con la multiplicidad de pliegos, la falta de acuerdo entre las organizaciones
sindicales sobre su representación y el elevado número de negociadores. Señaló
que estas circunstancias habían dificultado la organización y eficacia de las mesas
de negociación, por lo que la nueva reglamentación estableció límites al número de
negociadores y adoptó la cantidad de afiliados como criterio objetivo de
representatividad.
15. Finalmente, sostuvo que la determinación de un número máximo de
integrantes de las comisiones negociadoras y su distribución conforme a la
representatividad numérica no afecta el núcleo esencial de la libertad sindical ni del
derecho a la negociación colectiva. Por ello, consideró que las disposiciones
demandadas no desconocen las normas superiores invocadas ni exceden la
potestad reglamentaria.
16. El Ministerio del Trabajo se opuso a las pretensiones de la demanda y
sostuvo que las disposiciones acusadas se ajustan al marco constitucional, legal e
internacional que regula la negociación colectiva de los empleados públicos.
Explicó que la nueva regulación respondió a las dificultades advertidas durante la
aplicación del Decreto 160 de 2014, particularmente por la dispersión de las
organizaciones sindicales, los problemas de representatividad, la multiplicidad de
pliegos y las dificultades para desarrollar de manera ágil y eficaz las mesas de
negociación.
17. En ese contexto, defendió la adopción de criterios objetivos de
representatividad y de reglas orientadas a garantizar la unidad de la negociación
colectiva, sin desconocer la libertad sindical ni impedir la participación de las
organizaciones de empleados públicos. Asimismo, señaló que el Decreto 243 de
2024 encuentra sustento en los Convenios 87, 151 y 154 de la OIT y en las
recomendaciones internacionales relacionadas con la representatividad y la
negociación colectiva.
Trámite de sentencia anticipada
18. Mediante auto del 1 de junio de 2026 se dispuso el trámite de sentencia
anticipada en los términos del artículo 182A del CPACA, al evidenciarse la
concurrencia de las causales previstas en los literales a), b) y c) del numeral 1 de
esa disposición. En consecuencia, se resolvió sobre el decreto de pruebas, se fijó
el litigio y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio
Público para rendir concepto.
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19. En esa decisión también se rechazaron las demandas que fueron remitidas
para acumulación procesal porque en ninguno de esos asuntos se subsanaron las
irregularidades advertidas en el auto de inadmisión.
Alegatos de conclusión
20. El Ministerio del Trabajo enfatizó que debe distinguirse entre el derecho
de participación de las organizaciones sindicales y su grado de representación en
la mesa de negociación. Explicó que el Decreto 243 de 2024 garantiza que todas
las organizaciones que presenten pliegos puedan intervenir en la etapa de
unificación, con independencia de su número de afiliados, mientras que la
conformación de la comisión negociadora responde a criterios de proporcionalidad.
21. Adicionalmente, sostuvo que la regulación debe examinarse a partir de las
características de la estructura sindical colombiana, marcada, según afirmó, por
una baja densidad de afiliación y una elevada dispersión organizativa. Para
sustentarlo, presentó información comparativa según la cual Colombia registra una
sindicalización inferior al 5 %, distribuida entre más de 12.000 sindicatos y 13
centrales, y contrastó esta situación con países que presentan mayores niveles de
afiliación y concentración sindical. A partir de esos datos, argumentó que la
fragmentación reduce la capacidad de incidencia de las organizaciones y que, por
tanto, las medidas encaminadas a promover la unidad de los pliegos y de las
comisiones negociadoras no restringen la libertad sindical, sino que pretenden
fortalecer la capacidad de negociación colectiva de los empleados públicos.
22. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público sostuvo que los reproches
de la demanda no demuestran una contradicción directa entre las disposiciones
acusadas y las normas superiores invocadas como desconocidas, sino que plantea
una discrepancia acerca del diseño que debería tener el procedimiento de
negociación colectiva de los empleados públicos. En ese sentido, afirmó que el
control de nulidad no supone sustituir al Gobierno en la definición técnica del
procedimiento cuando este respeta los límites superiores. Añadió que las reglas
cuestionadas deben valorarse integralmente, pues buscan evitar negociaciones
paralelas e indefinidas, preservar las competencias de las autoridades públicas y
compatibilizar el ejercicio de la negociación colectiva con las exigencias fiscales y
presupuestales propias del empleo público.
23. La parte demandante guardó silencio y el Ministerio Público no rindió
concepto.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
24. De conformidad con lo previsto en el artículo 149 del CPACA, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer en
única instancia de la nulidad de los actos administrativos expedidos por las
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autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado
que cumplan funciones administrativas en el mismo orden.
Problema jurídico
25. La Sala considera que el problema jurídico que se deberá resolver en la
presente providencia judicial es el siguiente:
¿Las disposiciones demandadas del Decreto 243 de 2024, mediante las
cuales se establecieron reglas relativas a la representatividad sindical, la
unificación de pliegos de solicitudes, la conformación de comisiones
negociadoras unificadas y los requisitos de comparecencia para participar
en los procesos de negociación colectiva del sector público vulneran los
artículos 39 y 55 de la Constitución Política, al restringir el ejercicio de la
libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva de las
organizaciones sindicales de empleados públicos?
Análisis del problema jurídico
26. La Sala no accederá a las pretensiones de la demanda porque las garantías
constitucionales de conformar libremente sindicatos y a la negociación colectiva,
establecidas en los artículos 39 y 55 de la Constitución Política, no fueron limitadas
ni desconocidas con las reglas establecidas en el decreto demandado. En efecto,
figuras como el pliego único de solicitudes, la comisión negociadora unificada y el
criterio de la representatividad pretenden organizar, con unos presupuestos claros
y objetivos, los procesos de negociación cuando a estos concurren de manera
múltiple varias organizaciones sindicales de empleados públicos.
Los derechos a la libertad sindical y a la negociación colectiva de los
empleados públicos
27. La libertad sindical fue establecida en el artículo 39 de la Constitución
Política, disposición que señala que tanto los trabajadores como los empleadores
tienen el derecho a constituir sindicatos o asociaciones para la defensa y protección
de sus derechos e intereses. Para la creación de estas organizaciones no se
requiere autorización o intervención estatal y su reconocimiento jurídico se produce
con la inscripción del acta de constitución ante el Ministerio del Trabajo.
28. Por su parte, el Convenio 87 de la OIT7, relativo a la Libertad Sindical y a
la Protección del Derecho de Sindicación, en su artículo 2 señaló que «los
trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa,
tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así
como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los
estatutos de la misma».
7 Aprobado mediante la Ley 26 de 1976.
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29. Así las cosas, el alcance y contenido del derecho a la libertad sindical
comprende los siguientes ámbitos: i) la libertad para crear y organizar sindicatos; ii)
la libertad de los trabajadores y empleados públicos para afiliarse y desafiliarse de
estos; iii) la autonomía de las organizaciones sindicales respecto de su constitución,
organización y funcionamiento interno, ámbitos en los que el Estado no puede
interferir; y iv) la disolución o cancelación de la personería jurídica de un sindicato
solo puede ser ordenada por vía judicial.
30. A su vez, el Convenio 98 de la OIT8, sobre el derecho de sindicalización y
de negociación colectiva, establece que los trabajadores deberán recibir protección
contra todo acto de discriminación o persecución por el ejercicio de la libertad
sindical. Entre esas medidas se prohíbe sujetar el empleo de un trabajador a la
condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de este
tipo de organización; despedir a un trabajador o perjudicarlo a causa de su afiliación
sindical o de su participación en actividades sindicales fuera del horario laboral.
31. Este convenio también prohíbe los actos de injerencia del Estado o de los
empleadores sobre los sindicatos de los trabajadores. La injerencia fue definida
como las medidas que tienden a fomentar la constitución de organizaciones de
trabajadores dominadas por un empleador o a sostener económicamente
organizaciones de trabajadores con objeto de colocarlas bajo el control del patrono.
32. Por su parte, el derecho a la negociación colectiva es la garantía reconocida
a los trabajadores y a sus organizaciones para participar, mediante un proceso de
diálogo y de concertación, con los empleadores o las autoridades competentes en
la determinación de las condiciones del empleo. Su ejercicio comprende la
posibilidad real y efectiva de formular propuestas, discutirlas y procurar la
consecución de acuerdos.
33. En este contexto, la negociación colectiva permite que las organizaciones
de trabajadores desarrollen la representación y defensa de los intereses de sus
afiliados. El Convenio 154 de la OIT9 señaló que esta garantía comprende todos
los acercamientos entre un empleador y una organización o varias organizaciones
de trabajadores con el fin de: (a) fijar las condiciones de trabajo y empleo, (b) regular
las relaciones entre empleadores y trabajadores, (c) regular las relaciones entre
empleadores y las organizaciones de trabajadores.
34. Es importante resaltar que a los empleados públicos inicialmente no se les
reconocieron de manera expresa los derechos a la libertad sindical y a la
negociación colectiva, bajo el presupuesto de que estos servidores estaban sujetos
a una relación legal y reglamentaria y, por tanto, las condiciones del empleo eran
definidas previamente por la ley o la Administración. También se sostenía que las
reclamaciones y reivindicaciones particulares de los empleados podía poner en
8 Aprobado mediante la Ley 26 de 1976.
9 Aprobado mediante la Ley 524 de 1999.
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peligro la eficiente prestación del servicio público y la satisfacción de los intereses
generales.
35. Sin embargo, con la ratificación del Convenio 151 de la OIT10, mediante la
Ley 411 de 1997, se realizó un cambio sustancial del anterior paradigma al
reconocer de manera expresa los derechos a la libertad sindical y a la negociación
colectiva de los servidores estatales. En virtud de las garantías constitucionales
como el derecho de los ciudadanos a participar en las decisiones que los afecten,
se reconoció a los empleados públicos la posibilidad de iniciar procesos de
negociación para la fijación de las condiciones de sus empleos.
36. Salvo algunas excepciones, el Convenio 151 extendió a los empleados
públicos la mayoría de las garantías que se habían establecido previamente en
relación con los derechos a la libertad sindical y a la negociación colectiva para los
trabajadores privados. La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-377 de
1998, declaró la exequibilidad de la Ley 411 de 1997, bajo el supuesto de que el
derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos no desvirtúa la
facultad de las autoridades de, una vez agotados los intentos de concertación,
expedir unilateralmente los actos jurídicos que fijan las condiciones del empleo.
37. Esta ampliación de los derechos dio lugar a que el procedimiento de
negociación colectiva con las organizaciones de empleados públicos fuera
reglamentado mediante el Decreto 160 de 2014. Esta normativa estableció unas
reglas similares a las reconocidas actualmente por el decreto demandado en este
proceso como el criterio de unidad de pliego, el deber de conformar una única
comisión negociadora y el parámetro de la representatividad para la conformación
de esa comisión.
38. En relación con esos criterios, esta Sala de Decisión tuvo la oportunidad de
pronunciarse en una reciente providencia en la que se resolvió una demanda de
nulidad interpuesta contra el Decreto 160 de 2014. En efecto, en la sentencia del
19 de agosto de 202111, se concluyó que el deber de coordinación exigido para que
las organizaciones sindicales presentaran un pliego unificado y concurrieran al
proceso de negociación mediante una comisión única era un desarrollo del principio
de participación democrática que tenía como finalidad:
Realizar actividades con miras a concurrir en unidad de pliego y unidad de
integración de las comisiones negociadoras constituye una herramienta para
integrar las diversas posturas ideológicas y que estas y las peticiones que de
ellas derivan, se depuren para que resulten plasmadas en el contenido de un
solo pliego en el que se concreten las diferentes peticiones, en síntesis, es
hacer uso de la autonomía sindical, a través de los representantes de las
organizaciones, para lograr acuerdos previos estratégicos que sean comunes
a todas ellas y que se puedan negociar y lograr su concreción, lo que en lugar
de dividirlos, tiende a su fortalecimiento y conlleva la racionalización del
10 «Sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las
condiciones de empleo en la administración pública».
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de agosto de 2021
proferida en el proceso con número de radicación 11001-03-25-000-2014-00486-00 (1563-14).
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proceso de negociación, pues de ese modo se logra identificar con mayor
precisión los puntos a negociar12.
39. En relación con el criterio de la representatividad para la conformación de
la comisión negociadora, en la providencia judicial citada se señaló que ese
método, utilizado en la mayoría de los sistemas democráticos, permite la
participación de todos los sindicatos concurrentes, bien sea porque tengan la
mayoría de los afiliados o porque se asocien con otros para alcanzar un mínimo de
participación.
40. En este orden, el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva de
los empleados públicos no impide que el ordenamiento establezca reglas para
organizar su ejercicio, particularmente cuando concurren varias organizaciones
sindicales en un mismo ámbito de negociación.
41. En efecto, del reconocimiento de la libertad sindical y del derecho a la
negociación colectiva no se sigue que cada organización tenga derecho a definir
unilateralmente las condiciones procedimentales bajo las cuales debe desarrollarse
la negociación. Una cosa es la titularidad del derecho, que corresponde a las
organizaciones sindicales y no puede ser desconocida por la Administración, y otra
distinta la regulación de las condiciones necesarias para articular su ejercicio
simultáneo con el de las demás organizaciones que concurren al mismo proceso.
42. Justamente las disposiciones del Decreto 243 de 2024 demandadas en el
presente asunto regularon los escenarios en los que varias organizaciones de
empleados públicos presentan pliegos de peticiones a una misma autoridad. Como
lo señalaron las entidades accionadas, una de las razones por las que se modificó
el Decreto 160 de 2014 fue la necesidad de establecer unas pautas que orientan el
procedimiento de negociación múltiple debido a los diferentes conflictos que se
presentaron entre las organizaciones sindicales que acudieron a una misma entidad
con diferentes pliegos de solicitudes.
43. Las disposiciones cuestionadas establecieron figuras como el pliego único
de solicitudes, la comisión negociadora unificada sindical y el criterio de
representatividad, con el propósito de racionalizar el procedimiento de negociación
colectiva en escenarios en los que concurren varias organizaciones de trabajadores
y propiciar una negociación coordinada entre ellas.
44. La parte accionante sostiene que las reglas establecidas en los artículos
del decreto demandado desconocieron las garantías constitucionales a la libertad
sindical y el derecho a la negociación colectiva porque, en su criterio, impusieron
unos nuevos requisitos para la constitución o creación de los sindicatos de
empleados públicos.
45. El accionante expresamente alegó que el requisito de presentar el
certificado del número de afiliados que pagan la cuota sindical desconoce la
12
Ibidem.
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garantía constitucional de que para el reconocimiento de la personería jurídica de
los sindicatos basta con la inscripción del acta de constitución en el Ministerio de
Trabajo. En este orden, sostuvo que las reglas controvertidas desconocen el
derecho de los empleados y servidores de crear organizaciones sindicales y
establecer su organización interna.
46. La Sala no comparte este reproche porque los parámetros establecidos en
el decreto demandado no restringen ni limitan el derecho a la libertad sindical, pues
todos ellos van encaminados a reglamentar un escenario específico de los
procesos de negociación colectiva, en el que varias organizaciones presentan
paralelamente varias solicitudes de peticiones. Ninguna de estas reglas impide que
los empleados públicos conformen sindicatos, establezcan su estructura y las
reglas internas de esas organizaciones.
47. La cuestión planteada por el accionante parte de una premisa que no es
cierta: considerar que las reglas y requisitos establecidos en las disposiciones del
decreto demandado son para regular la creación y el reconocimiento de la
personería jurídica de los sindicatos. Como se ha explicado, estos parámetros
fueron creados para una situación particular: los procedimientos de negociación
colectiva múltiple entre una entidad estatal y varias organizaciones de empleados
públicos.
48. En similar sentido, no es cierto que la exclusión de un sindicato del proceso
de negociación colectiva múltiple por no manifestar su intención de unificar el pliego
de solicitudes o no presentar el certificado de afiliados signifique un
desconocimiento de la garantía constitucional de que la personería de los sindicatos
solo puede ser cancelada o suspendida por orden de autoridad judicial.
49. En ese sentido, la consecuencia prevista por la norma no tiene naturaleza
sancionatoria ni supone el ejercicio de la potestad punitiva de la Administración. Se
trata de un efecto asociado al incumplimiento de una carga necesaria para
participar en un procedimiento específico, toda vez que la información sobre el
número de afiliados permite establecer el grado de representatividad y, a partir de
este, determinar la participación que corresponde a cada organización en la
comisión negociadora. De ahí que, mientras no se suministre la información
indispensable para aplicar ese criterio, resulte razonable que la organización no
pueda ejercer las prerrogativas que dependen precisamente de su participación en
ese proceso.
50. Además, dicha consecuencia es temporal y se encuentra circunscrita al
procedimiento de negociación en el cual se incumplió la carga de acreditar la
representatividad. Por tanto, no comporta la suspensión de la organización sindical,
no afecta su existencia jurídica ni le impide desarrollar las demás actividades
inherentes a la libertad sindical. Esta diferencia permite descartar la aplicación de
la reserva judicial prevista en el artículo 39 de la Constitución Política, pues esta
opera frente a la suspensión o cancelación de la personería jurídica del sindicato y
no respecto de las consecuencias procedimentales derivadas del incumplimiento
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de los requisitos establecidos para intervenir en un determinado proceso de
negociación colectiva.
51. En el escenario regulado no se toma ninguna decisión sobre la personería
jurídica de la organización, sino que se le excluye de un particular proceso de
negociación por su falta de interés en intentar coordinar con los demás sindicatos
un pliego unificado de solicitudes y ante la decisión deliberada de no aportar el
documento que acredite su grado de representatividad.
52. Respecto de las demás garantías que son propias del contenido de los
derechos a la libertad sindical y a la negociación colectiva, las medidas objeto de
análisis no implican ningún tipo de restricción. Los sindicatos excluidos del
particular proceso pueden ejercer plenamente y sin restricción alguna todas las
demás prerrogativas que les reconocen los artículos 39 y 55 de la Constitución
Política.
53. Para la Sala la regla de excluir un sindicato tampoco afecta el contenido
esencial de los derechos a la libertad sindical o a la negociación colectiva, pues
comporta una limitación mínima circunscrita a un contexto específico. Además,
estos criterios tienen una finalidad legítima consistente en organizar y racionalizar
escenarios complejos en los que varias organizaciones, de manera independiente,
acuden a la misma entidad para iniciar un proceso de negociación colectiva sobre
las condiciones del empleo.
54. Exigir, como lo hacen las disposiciones del decreto demandado, la
realización previa de actividades de coordinación entre todas las organizaciones
con el fin de que presenten un pliego unificado y conformen una comisión única
negociadora materializa importantes principios que rigen las actuaciones
administrativas como los de economía y celeridad. En contraste, la alternativa de
que cada organización sindical pueda promover y tramitar libremente un proceso
de negociación colectiva puede llevar a que se presenten situaciones de
desigualdad entre empleados públicos que ejercen las mismas funciones y cumplen
con los mismos requisitos para ejercer el cargo.
55. La exigencia de concurrir mediante un pliego unificado tampoco supone
que las organizaciones sindicales deban renunciar a sus propias reivindicaciones
ni que una de ellas pueda imponer su voluntad sobre las demás. La autonomía
sindical se conserva en la definición inicial de las solicitudes y en las actividades de
coordinación que deben adelantar las organizaciones para determinar cuáles serán
incorporadas al documento conjunto. Lo que se unifica, entonces, es el instrumento
mediante el cual las distintas pretensiones concurren a la mesa de negociación, y
no la voluntad interna de cada sindicato ni su capacidad para identificar y defender
los intereses de sus miembros.
56. Tampoco es cierto que para el ejercicio de los derechos a la libertad
sindical y negociación colectiva se requiera acreditar un número mínimo de
afiliados. La regla de la representatividad establecida en el decreto demandado fue
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creada para determinar la forma en que se debe conformar la comisión negociadora
única. El criterio utilizado fue que el número de representantes por sindicato debía
ser proporcional al número de afiliados.
57. En este contexto, el criterio de representatividad basado en el número de
integrantes constituye un mecanismo objetivo para distribuir la participación de las
organizaciones sindicales en la comisión negociadora, especialmente en aquellos
escenarios en los que concurre una pluralidad de sindicatos. Su finalidad no es
excluir a las organizaciones minoritarias del proceso de negociación, sino evitar que
la sola existencia de múltiples organizaciones, con independencia de su grado de
representatividad, conduzca a una participación desproporcionada que desconozca
el peso relativo de cada una de ellas y dificulte el desarrollo eficaz del proceso de
concertación.
58. En efecto, reconocer a todas las organizaciones sindicales una
participación idéntica en la comisión negociadora, con prescindencia del número de
trabajadores que representan, podría generar una distorsión en la conformación de
la mesa, en la medida en que organizaciones con un reducido número de afiliados
tendrían el mismo peso que aquellas que agrupan a una proporción
significativamente mayor de empleados. De esta manera, la representatividad
procura conciliar el pluralismo sindical con la necesidad de que la integración de la
comisión refleje, de forma objetiva y proporcional, la dimensión real de las
organizaciones que concurren al proceso de negociación, sin desconocer por ello
la existencia ni la autonomía de las organizaciones minoritarias.
59. Esta conclusión no significa que la representatividad pueda utilizarse como
instrumento para privar de toda posibilidad de participación a las organizaciones
minoritarias. Su compatibilidad con la libertad sindical depende precisamente de
que el criterio opere como un mecanismo de distribución proporcional de la
representación y no como una barrera para el ejercicio del derecho. En el régimen
examinado, las organizaciones que no alcancen individualmente el número de
afiliados requerido pueden asociarse con otras para designar conjuntamente un
representante, de manera que la menor representatividad incide en la forma y
proporción de participación en la comisión, pero no desconoce la existencia del
sindicato ni, por esa sola circunstancia, lo priva del derecho a intervenir en el
proceso de negociación.
60. De esta manera, el sistema procura equilibrar dos exigencias concurrentes:
de una parte, preservar el pluralismo derivado de la libertad de constituir
organizaciones sindicales y, de otra, impedir que la fragmentación de la
representación altere la correspondencia entre el número de trabajadores
representados y la integración de la comisión negociadora. El criterio de
representatividad no pretende privilegiar la existencia de determinadas
organizaciones sobre otras, sino establecer el peso relativo que corresponde a cada
una dentro de un órgano necesariamente limitado en su composición.
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61. En cuanto al presunto exceso de la potestad reglamentaria, la Sala
tampoco comparte el planteamiento del demandante. Si bien la facultad prevista en
el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política no permite al Gobierno
modificar, ampliar o restringir el contenido material de las disposiciones objeto de
reglamentación, sí lo habilita para establecer los aspectos necesarios para su
adecuada ejecución. En este caso, el artículo 7 del Convenio 151 de la OIT,
aprobado mediante la Ley 411 de 1997, impone la adopción de medidas adecuadas
a las condiciones nacionales para estimular y fomentar procedimientos que
permitan la negociación entre las autoridades y las organizaciones de empleados
públicos.
62. En consecuencia, la definición de reglas destinadas a ordenar la
concurrencia de varias organizaciones sindicales dentro de un mismo ámbito de
negociación corresponde al desarrollo procedimental necesario para hacer efectivo
el mandato superior y no a la creación de una restricción autónoma al derecho de
negociación colectiva.
63. Se trata, por tanto, de reglas dirigidas a articular el ejercicio simultáneo del
derecho por varias organizaciones y a permitir el funcionamiento efectivo de la
negociación, materia respecto de la cual esta Corporación ya ha reconocido que la
unidad de negociación y la representación proporcional no desconocen, por sí
mismas, la autonomía sindical.
64. Así, debe diferenciarse entre la injerencia de la Administración en las
decisiones internas que corresponden exclusivamente a las organizaciones
sindicales y la regulación general del procedimiento mediante el cual aquellas
ejercen el derecho a la negociación colectiva frente a las autoridades públicas.
Mientras la primera desconoce la autonomía sindical, la segunda resulta compatible
con los artículos 39 y 55 de la Constitución Política y con el Convenio 151 de la
OIT, siempre que las medidas adoptadas faciliten el ejercicio del derecho y no
constituyan barreras injustificadas para su realización.
65. Como las reglas examinadas persiguen ordenar la concurrencia sindical
mediante parámetros objetivos de participación y representatividad, sin sustituir la
voluntad de las organizaciones en la definición del contenido de sus solicitudes ni
en la defensa de sus intereses, no se advierte, por este aspecto, que el Gobierno
nacional hubiera excedido la potestad reglamentaria.
66. En definitiva, la Sala negará las pretensiones de la demanda porque los
cargos contra las disposiciones cuestionadas no permiten advertir que estas
condicionan la existencia de las organizaciones sindicales ni les impiden ejercer los
derechos derivados de la libertad sindical y la negociación colectiva. Las reglas
relativas a la unificación de los pliegos, la conformación de la comisión negociadora
y la representatividad regulan la forma en que debe articularse el ejercicio
simultáneo de esos derechos cuando concurren varias organizaciones en un mismo
ámbito de negociación, mediante criterios objetivos dirigidos a garantizar una
participación proporcional y a hacer posible el desarrollo ordenado y efectivo del
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procedimiento. En consecuencia, tampoco se advierte que, al establecerlas, el
Gobierno nacional hubiera excedido su potestad reglamentaria.
Condena en costas
67. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma no
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la demanda
carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de interés
público, creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos.
68. En este contexto, el artículo 188 del CPACA establece que, por regla
general, no habrá condena en costas cuando el asunto objeto de litigio sea de
interés público; y que, excepcionalmente, procederá la imposición de costas en este
escenario cuando la demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal.
La norma hace referencia a las pretensiones cuyo interés trasciende la esfera de lo
particular al abordar asuntos de provecho general o común que pueden ser
promovidos por cualquier persona y no persiguen el reconocimiento de derechos
subjetivos en favor de un sujeto determinado.
69. En el caso concreto, la demanda fue promovida en ejercicio del medio de
control de nulidad, el cual trasciende la esfera particular y se proyecta sobre asuntos
de interés general, puede ser ejercido por cualquier persona y no persigue el
reconocimiento de derechos subjetivos. Adicionalmente, no se advierte una
carencia manifiesta de fundamento legal, pues los cargos formulados contra el acto
acusado plantearon cuestionamientos jurídicos razonables, serios y plausibles,
sustentados en una argumentación suficiente para controvertir su legalidad, sin que
se observe que hubieran desconocido, sin justificación, reglas jurisprudenciales
consolidadas aplicables al asunto. En consecuencia, se prescindirá de la condena
en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. Sin condena en costas.
TERCERO. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse
las anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI y archívese el expediente.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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